Quinto Sol, vol. 30, n.º 3, septiembre-diciembre 2026, ISSN 1851-2879, pp. 1-24

Caudillos de frontera y comandantes de milicias. Orden social y poder en la frontera de Salta, 1850–1880

Frontier caudillos and militia commanders. Social order and power on the Salta frontier, 1850–1880

Caudilhos da fronteira e comandantes de milícias. Ordem social e poder na fronteira de Salta, 1850–1880

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales e Instituto de Estudios Históricos y Sociales

En el presente artículo se analizaron formas de liderazgo en los departamentos de la frontera de Salta, a través de la reconstrucción de las trayectorias de tres líderes locales: Tiburcio Balderrama en Anta, Melesio Frías en Rivadavia y Aniceto Latorre en Rosario de la Frontera. La investigación sostiene que los liderazgos personalistas, basados en el carisma y la movilización miliciana, entraron en tensión con el avance de las agencias estatales y el nuevo marco legal constitucional posterior a la batalla de Caseros (1852). Los casos estudiados revelaron procesos de regulación judicial de la violencia tradicional en Anta, la disputa entre colonos y las misiones franciscanas por el control de la tierra y la mano de obra en el Chaco, junto con la consolidación de los comandantes de milicias como mediadores políticos. El análisis de estos recorridos particulares evidenció que la militarización y la aplicación de leyes liberales modificaron las estructuras de lealtad rural y favorecieron una transición hacia un orden institucionalizado, aunque persistieron lógicas de servidumbre indígena y jerarquías sociales de raíz colonial. Finalmente, se plantea un interrogante en torno a si estos cambios pueden asociarse con el nuevo clima ideológico marcado por el avance de la cultura liberal.

This article analyzes leadership styles in the frontier departments of Salta province by reconstructing the trajectories of three local leaders: Tiburcio Balderrama in Anta, Melesio Frías in Rivadavia, and Aniceto Latorre in Rosario de la Frontera. The research argues that personalistic leadership, based on charisma and militia mobilization, came into conflict with the expansion of state agencies and the new constitutional legal framework following the Battle of Caseros (1852). The cases studied revealed processes of judicial regulation of traditional violence in Anta, the dispute between settlers and Franciscan missions for control of land and labor in the Chaco region, and the consolidation of militia commanders as political mediators. The analysis of these particular trajectories demonstrates that militarization and the application of liberal laws modified the structures of rural loyalty and fostered a transition toward an institutionalized order, although logics of indigenous servitude and social hierarchies with colonial roots persisted. Finally, a question arises as to whether these changes can be associated with the new ideological climate marked by the advance of liberal culture.

No presente artigo, foram analisadas formas de liderança nos departamentos da fronteira de Salta, por meio da reconstrução das trajetórias de três líderes locais: Tiburcio Balderrama em Anta, Melesio Frías em Rivadavia e Aniceto Latorre em Rosario de la Frontera. A pesquisa sustenta que as lideranças personalistas, baseadas no carisma e na mobilização miliciana, entraram em conflito com o avanço dos órgãos estatais e com o novo marco jurídico constitucional pós-batalha de Caseros (1852). Os casos estudados revelaram processos de regulação judicial da violência tradicional em Anta, a disputa entre colonos e as missões franciscanas pelo controle da terra e da mão de obra no Chaco, juntamente com a consolidação dos comandantes das milícias como mediadores políticos. A análise desses percursos específicos evidenciou que a militarização e a aplicação de leis liberais modificaram as estruturas de lealdade rural e favoreceram uma transição para uma ordem institucionalizada, embora tenham persistido lógicas de servidão indígena e hierarquias sociais de origem colonial. Por fim, levanta-se a questão de saber se essas mudanças podem ser associadas ao novo clima ideológico marcado pelo avanço da cultura liberal.

Caudillos de frontera y comandantes de milicias. Orden social y poder en la frontera de Salta, 1850–1880

La extensa región conocida como la frontera se extendía al este y sur de la capital provincial de Salta, abarcando cinco departamentos: Campo Santo, Rosario de la Frontera, Metán, Anta y Rivadavia. Los tres primeros fueron ocupados durante la época colonial. En Campo Santo, el clima cálido y húmedo favoreció el desarrollo de la agricultura subtropical, destacándose el cultivo de caña de azúcar. En cambio, en Rosario y Metán predominaba la actividad ganadera. En Anta y Rivadavia, caracterizados por procesos recientes de colonización, la ganadería extensiva coexistía con antiguas misiones y fuertes. Las características sociales distintivas de la frontera estaban influidas por la coyuntura política pos Caseros que tuvo mayor impacto en Rosario, según explicaremos más adelante. Excepto Campo Santo, los otros departamentos limitaban con las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y el Chaco, este último todavía controlado por parcialidades indígenas (ver Mapa 1).

Nota: 1. Campo Santo; 2. Anta; 3. Metán; 4. Rosario de la Frontera; 5. Rivadavia.

Rosario de la Frontera había experimentado una intensa movilización militar durante las guerras de independencia que se prolongó por décadas (Mata, 1999, 2012). Después de Caseros se convirtió en el límite político de Salta (predominio federal constitucional) con Tucumán y Santiago del Estero (ascendente liberal). Aunque los liberales salteños accedieron al gobierno durante la presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868), pronto se dividieron y quedaron en minoría frente a los federales constitucionalistas, que recuperaron el poder y prolongaron su hegemonía hasta 1870, contrariamente a lo ocurrido en Tucumán y Santiago donde la fortaleza de la dirigencia liberal favoreció una alianza con el gobierno nacional (Navajas, 2012; Míguez, 2021).

En este trabajo se analizaron las formas en las que se ejerció el poder a mediados del siglo XIX en la frontera, a través de las trayectorias de tres personajes: Tiburcio Balderrama, Melesio Frías y Aniceto Latorre. Es necesario hacer algunas aclaraciones sobre el método biográfico empleado. Si bien la documentación limita la estandarización de las carreras y las comparaciones rigurosas, puesto que la información sobre Balderrama se concentra en la década de 1850, los datos sobre Frías en los años de 1860 y los de Latorre en los 1870, esta organización permite trazar una periodización sobre los cambios ocurridos en la frontera durante las tres décadas. En tercer lugar, empleo términos como caudillos, frontera y liberalismo, que conviene precisar.

Los tres líderes consolidaron su poder a finales del rosismo por su capacidad para movilizar fuerzas armadas apelando al valor, al carisma y a una red de jefaturas menores subordinadas. Mediante la adquisición de tierras y a través de acuerdos con las dirigencias urbanas, legitimaron sus liderazgos militares. Su influencia descansaba en el ejercicio de un poder personalista para movilizar fuerzas de guerra y controlar las fronteras.^[2] Esta palabra está tomada de la documentación histórica que designaba a espacios que, si bien estaban dentro de los límites provinciales, escapaban al control efectivo del gobierno. En estas zonas de transición los caudillos funcionaban como mediadores entre el orden urbano y los territorios a menudo controlados por sociedades indígenas, como el Chaco.

En cuanto al liberalismo, la historiografía reconoce al menos dos dimensiones. Una primera, entendida como la emergencia de una cultura liberal entre las élites latinoamericanas de mediados del siglo XIX que fue definida como consenso liberal por Tulio Halperin Donghi (2007) o liberalismo federal según Natalio Botana (1993). Dicha tendencia se expresó en la sanción de constituciones y la creación de instituciones para organizar los nuevos Estados. La segunda dimensión entiende por liberal a sectores políticos provinciales que apoyaron al mitrismo a nivel nacional. La familia Uriburu fue la expresión salteña de este fenómeno y sus miembros gobernaron la provincia entre 1862 y 1864.^[3]

Este artículo dialoga con tres conjuntos historiográficos para construir y examinar su objeto de estudio. Primero, se abordan las ideas clásicas relacionadas con la formación del Estado y las dirigencias políticas, como el consenso liberal y el liberalismo federal. Un segundo conjunto de estudios sobre las provincias destaca que estas se constituyeron como el elemento clave para comprender cómo surge el orden político nacional. En tercer lugar, estudios sobre militarización y las fronteras han revelado que la participación de las sociedades indígenas fue importante para el avance del Estado sobre esos espacios.^[4]

Aunque el caso salteño no ha recibido mucha atención, varios trabajos sugieren que, al igual que en otros espacios fronterizos, el avance estatal se tradujo en una creciente militarización que no impidió la recuperación de las dirigencias urbanas (Cuesta Figueroa, 1986; Quintián Nocetti, 2017). Por su parte, la historia social de la guerra ha revelado la existencia de un mundo guerrero anterior al mundo militar moderno. Militarización irregular o militarización sin mundo militar son conceptos que ayudan a entender los procesos que se dieron a partir de 1862.^[5] Si, por un lado, sabemos que los jefes definían las condiciones de reclutamiento de colonos y paisanos; por otro, sugiere que el primer avance sobre la frontera fue el resultado del acuerdo entre las dirigencias urbanas, comandantes de milicias y órdenes religiosas, que luego se quebró (Torino y Figueroa, 1982; Macías y Navajas, 2012, 2015).

En el caso de Salta, los antecedentes están formados por estudios clásicos, entre los que sobresalen Bernardo Frías (1926, 1973) y Atilio Cornejo (1947, 1984). Estos trabajos pioneros señalaron la capacidad de movilización popular de la frontera salteña y su consolidación como bastión federal durante los gobiernos de los hermanos Saravia (1842-1852). Los jefes políticos y comandantes militares eran designados por el gobernador para recaudar impuestos, reclutar guardias nacionales, garantizar el abasto de los pueblos y desempeñar las tareas de policía. Pero en la década de 1870, cuando se establecieron las municipalidades, fueron reemplazados por los comisarios de campaña (Cuesta Figueroa, 1977). A diferencia de Buenos Aires o Córdoba, es muy poco lo que se conoce sobre los jueces de paz. Sus funciones eran desempeñadas por los comandantes militares que en los años setenta se emparentaron con los líderes políticos provinciales. Por debajo de ellos se encontraban los capitanes de milicias, generalmente subordinados al comandante militar, pero con cierta autonomía para construir sus propias redes que reforzaban su influencia en la zona, como demuestran los estudios de Guido Cordero (2013) y de Geraldine Davies Lenoble (2017, 2022). Algunos estaban emparentados con familias de trayectoria política en la provincia, a lo que agregaron la posesión de estancias, como los Saravia en Anta durante la década de 1840 o los Latorre entre 1850 y 1870 en Rosario (Teruel, 2005).

A pesar de estas contribuciones, entre los estudios recientes predomina un análisis simplista del avance sobre la frontera en el cual los intereses de las agencias estatales no se distinguen de los impulsados por los sectores propietarios (Jaime, 2003; Michel y Savic, 1999; Michel et al., 2010). En contraste, la historia económica, que emplearemos a continuación (Teruel, 1995, 2005), muestra una abundante producción que ayuda a reconstruir la estructura social.

En la década de 1870 comenzó un proceso de diferenciación económica por el cual Campo Santo se especializó en la producción azucarera, mientras que Anta se convirtió en el centro de la expansión ganadera. Esto impulsó la concentración de la tierra entre las familias patricias como Cornejo y Figueroa —grandes terratenientes de Campo Santo que fundaron el ingenio San Isidro— y, tras seguir una pauta muy tradicional, se emparentaron con otras familias patricias como Saravia. Varios de ellos desempeñaban cargos políticos, como Alejandro Figueroa comandante militar de Campo Santo y diputado provincial, o Juan Pablo Saravia gobernador entre 1873 y 1875. Es decir, conformaron la dirigencia política provincial.^[6] En cambio, en Anta el acceso a tierras fiscales fomentó la dispersión de la propiedad. Los notables locales eran familias nuevas sin raíces coloniales que obtuvieron mercedes de tierras del gobierno provincial en la década de 1850 o que provenían de otras regiones a poblar la frontera. Este fue el caso de Juan José Matorras, comandante de la frontera salteña y principal propietario de Anta; o Manuel Padilla, gran estanciero local que fue diputado provincial en 1864.^[7]

Por último, existieron dos características distintivas de la frontera salteña. La primera es que su ocupación fue consecuencia de una guerra internacional. En 1869 las fuerzas argentinas se establecieron en Villa Occidental y reclamaron soberanía sobre parte del Chaco en disputa hasta 1878. Mientras tanto, el avance se gestionaba desde las Comandancias de Frontera establecidas en Santa Fe, Santiago del Estero y Salta (Chao, 2021). En segundo lugar, la presencia de órdenes religiosas —como los franciscanos— que hacían contacto con las comunidades indígenas para establecer sus misiones, y competían con los colonos por tierras y mano de obra, según veremos adelante.

Nuestra hipótesis es que el orden social de la frontera, basado originalmente en el liderazgo personal de jefes milicianos y caudillos, se transformó ante el avance de las agencias estatales y la aplicación del marco constitucional. En consecuencia, la reconstrucción de las trayectorias de Tiburcio Balderrama, Melesio Frías y Aniceto Latorre permite analizar el impacto de esta transición en la estructura política regional.

La estructura social de Anta estaba en formación, circunstancia que generaba una especialización laboral limitada. Puesteros, criadores y labradores —muchos de ellos identificados como indios— compartían tareas, vivían en estancias similares y participaban en las mismas celebraciones. El prolongado contacto con diversas parcialidades indígenas del Chaco propició un intenso mestizaje biológico y cultural que, sumado al aislamiento de las ciudades, contribuyó a la formación de una sociedad con cierta movilidad, aunque inestable. Esto reforzaba la importancia de las guardias nacionales para la defensa frente a amenazas externas, así como para fortalecer la cohesión interna en un entorno fronterizo marcado por el conflicto y la fragilidad.

El análisis del censo provincial de 1865 confirma esta impresión: el 50 % de la población fue considerada india, un 23 % no fue clasificada, un 20 % se registró como decente, y un 6 % como negros y mulatos. En cuanto a la división del trabajo, las principales ocupaciones femeninas eran costureras y teleras. Entre los hombres predominaban los criadores, puesteros y labradores, lo cual sugiere una complementariedad entre las actividades rurales (ganadería y agricultura) y el trabajo artesanal. Por último, la presencia de peones, jornaleros y sirvientes indica que, finalizado el acceso a tierras fiscales había comenzado un proceso de valorización que respondía a la especialización productiva mencionada, la presión sobre el valor del suelo y la demanda de mano de obra para las tareas rurales y domésticas.^[8]

Tiburcio Balderrama había nacido en 1810 en un diminuto pueblo de Rosario de la Frontera. En 1836, estimulado por la política de tierras del gobernador Felipe Heredia, se trasladó al recién creado departamento de Anta, donde los primeros poblados surgieron alrededor de las antiguas reducciones y fuertes del período colonial.^[9] Por entonces, los fuertes eran instalaciones precarias que albergaban una guarnición compuesta por un comandante, un teniente, un cabo, un cura, un intérprete y unos veinte soldados, que vivían con sus familias. Se mantenían con lo recaudado del ramo de la sisa,^[10] que a menudo era insuficiente. La escasez se compensaba con frecuentes saqueos y pillaje de ganado, en los que se confundían indígenas con colonos y soldados. Para remediar esto, Heredia impulsó el asentamiento de milicianos mediante el otorgamiento de mercedes de tierras como pago por sus servicios. En 1837, se le otorgaron a Balderrama dos leguas cuadradas para la cría de ganado. Posteriormente, durante la década de 1840, parientes del gobernador Saravia, así como Marcelino y Luis Sosa—hermanos del comandante Ignacio Sosa— también recibieron terrenos para estancias ganaderas.^[11]

Unos años después, Balderrama se casó con Carmen Gil, con quien tuvo cinco hijos. Durante este tiempo, inició su carrera ascendente relacionada con Andrés Matorras, el nuevo comandante de la Frontera nombrado por el gobernador de Salta, Tomás Arias, en 1853.^[12] A su vez, Matorras designó a Balderrama capitán del Regimiento n.° 9. Reemplazar a los jefes milicianos vinculados a los Saravia era crucial para controlar la frontera. En un contexto político caracterizado por las rebeliones que organizaba el exgobernador Celedonio Gutiérrez con el apoyo de los Saravia, estos líderes amenazaban con invadir Salta respaldados por fuerzas de Tucumán.^[13] Tomás Arias se lo explicaba al gobernador de Santiago del Estero, Manuel Taboada:

Javier Saravia ocupa un punto en donde le son desafectos casi la totalidad de los jefes de aquel Dpto. Sus hermanos están en el mismo caso: el Comandante en jefe que se ha nombrado y los oficiales le son contrarios personalmente y por opinión.^[14]

El hallazgo de expedientes judiciales nos permite reconstruir el impacto que el reemplazo del comandante militar provocó en este rincón de la frontera. Las causas judiciales contra Balderrama son una muestra de los conflictos generados por los familiares de su predecesor, el comandante Ignacio Sosa. Estas tensiones se agravaron por la expansión ganadera que fomentaba la colonización, reemplazaba los fuertes por estancias y alentaba la competencia por la tierra y la mano de obra indígenas. En este escenario, la incipiente estructura judicial intervino para regular las tensiones y disciplinar a los actores sociales.^[15]

Los expedientes judiciales, a su vez, revelan las limitaciones del Estado provincial. En primer lugar, se destaca la falta de personas calificadas: “notoria ausencia del Juez de 1ª Instancia y la falta de un suplente”. En segundo lugar, el entramado de vínculos familiares sobre los que descansaba la rudimentaria burocracia comprometía su imparcialidad. Ejemplo de ello es la recusación del juez de Anta al comprobarse que Balderrama era su cuñado.^[16]

La causa judicial se inicia con la denuncia contra Balderrama por intento de asesinato a Mariano Palma. A mediados de febrero, varios hombres estaban reunidos en la casa de un miliciano bebiendo licor cuando el capitán y Mariano Palma comenzaron a pelear. Balderrama hirió a Palma con su espada y luego ordenó que lo amarraran a un árbol cercano. Al enterarse de lo sucedido, Felipe Palma acudió a ayudar a su hermano, a quien encontró ebrio y atado. Lo liberó y llevó a su casa, no sin antes increpar a Balderrama por el trato. Unos días después, Mariano Palma, al saber que era buscado, escapó a Santiago del Estero hasta que los ánimos se calmaran. Sin embargo, al regresar semanas más tarde, el capitán lo estaba esperando. Con la ayuda del alférez, el cabo y su hijo, Balderrama lo capturó y lo ató de nuevo a un árbol, le aplicó azotes y lo desterró a Jujuy, bajo custodia. Después de varios días recuperándose de las heridas, Palma solicitó el arresto de Balderrama, alegando que su vida corría peligro.^[17]

Balderrama fue arrestado y trasladado a la capital, donde continuó el proceso judicial preso en el Cabildo. Afirmaba que las acusaciones eran falsas y los castigos a Palma merecidos porque era un miliciano insubordinado que lo había amenazado con un puñal. Advertía que su arresto era injusto y traería consecuencias peligrosas:

pues mi residencia es en las últimas poblaciones de cristianos, amagadas por los salvajes y donde la más estricta subordinación militar es la única salvaguardia de las vidas y propiedades…

los habitantes de aquella parte son de un carácter rudo y feroz, allí no han penetrado las luces de la civilización y por lo mismo no pueden tener aplicación esacta [sic] las practicas Constitucionales: allí donde el hombre en Estado primitivo tiene que atender a su propia conservación luchando cuerpo a cuerpo con la barbarie.^[18]

En el expediente la frontera es presentada como un espacio excepcional donde las nuevas normas liberales contradecían los usos y costumbres. Según Balderrama: “en aquel punto tan distante de la Capital, lejos de cárceles, de los Jueces y de todo aquel aparato que hace prestigiar a la autoridad civil, me vi en la necesidad de contrarrestar la fuerza con la fuerza”.^[19] Ante la falta de pruebas, el juez de alzadas advirtió al de primera instancia por arrestar a Balderrama sin fundamento:

si se manda aprisionar al hombre que investido fuerza y valor contiene y reprime los delitos poniendo en peligro su vida amenazada por una orda [sic] de malandrines la cual tiene por garantía de su impunidad el desierto y por subsistencia el robo, luego quedará despoblada aquella parte de la Provincia y los salvajes volverán a tomar posesión de ella.^[20]

Esta oración ilustra los efectos contradictorios que el Estado provincial provocaba al avanzar sobre la frontera. Para garantizar el orden social era necesario fortalecer a individuos que desconfiaban de las leyes. Balderrama recurrió a su experiencia y utilizó su fuerza para imponer orden. Pocos días después fue liberado al declarar que obedecía órdenes del comandante militar.

Por su parte, los hermanos Palma calificaban como crimen de Estado los azotes aplicados por Balderrama y reclamaban el cumplimiento de las nuevas leyes.^[21] El juez de alzadas ordenó devolver el expediente donde ocurrieron los hechos, pero los términos se invirtieron.^[22] Balderrama denunció a los hermanos Palma por robo, amenazas y daños. Los testimonios afirmaron que:

Palma quiso emprender pelea con el sargento Agustín Gil y no habiéndole dado lugar continuo tomando guarapo y a insultar a la dueña de casa… Palma tiró una puñalada al Capn quien se la atajo y disparo al campo… dijo el Capn que Felipe es camorrero como bos y Palma contestó q si era bochinchero… Felipe salió desafiándolo con más fervor al Cap. Balderrama.^[23]

La pelea comenzó en la reunión de comadres, entre coplas y guitarreadas, una mezcla de tradiciones indígenas y prácticas gauchas. Esta disputa resalta la importancia de los lazos familiares en el entramado social, ya que fortalecen la autoridad en pueblos donde los conflictos son más colectivos que individuales. Los frecuentes enfrentamientos demuestran que la importancia de la violencia, la destreza en la pelea y el uso de armas eran un valor en sí mismo. A manera de ejemplo, se puede considerar el caso de Mariano Palma quien, en medio de insultos, admitió con orgullo su carácter pendenciero. Aunque fue arrestado y desterrado, continuó con el robo de caballos. Finalmente, junto al excomandante Ignacio Sosa, Palma terminó preso en Santiago del Estero por integrar una banda de ladrones.^[24]

Balderrama y los hermanos Palma eran representativos de los habitantes de Anta. El proceso judicial revela un cambio: si bien los imputados defendían el uso de la fuerza, la justicia logró intervenir para regular el uso arbitrario de la violencia, primero con el arresto de Balderrama y luego con el de los Palma. Esto resulta interesante porque revela aspectos culturales del avance estatal: los protagonistas no eran conscientes de las modificaciones sobre sus conductas tradicionales.

El capitán Tiburcio Balderrama fue finalmente destituido por un motín que se produjo en 1864. El gobierno provincial envió a Juan Fernández Cornejo para que interviniera y ordenara la situación.^[25] El abuso de autoridad relacionado con el reclutamiento, la toma de animales y las rivalidades personales fueron los motivos esgrimidos para destituirlo. Según Cornejo: “Por persuasión y en garantía de la libertad de los ciudadanos, estimé conveniente suspender en el ejercicio de sus funciones al Cmte. Balderrama hasta tanto S. E disponga lo que fuere más conforme a su juicio”.^[26] De esta forma, el gobierno legitimó la destitución de Balderrama. Pero dejemos Anta para avanzar hacia el este, región que estaba en contacto directo con los infieles.

El departamento de Rivadavia fue fundado en 1862 sobre ambas márgenes del río Bermejo, abarcando una extensa zona del Chaco occidental. En esta región se habían instalado misiones que cumplieron una función similar a las encomiendas en los pueblos andinos: asimilación e integración subordinada a la cultura occidental. A partir de la década de 1850, las misiones franciscanas se establecieron entre los wichís y comenzaron a competir con colonos y autoridades por la tierra, la mano de obra indígena y las formas de colonización. La fundación de Colonia Rivadavia, cercana a la misión de San Francisco de las Conchas, agravó las tensiones entre ellos, según explicaremos en este apartado. Otro agente clave en el avance sobre el Chaco fue el Ejército de línea, que en 1869 se estacionó en Rivadavia para asegurar esta región en litigio con Paraguay (Chao, 2021; Yujnovsky, 2022).^[27]

Melesio Filomeno Frías había nacido en 1831 en San Carlos (Valles Calchaquíes). Sus padres, Tomás Frías y Teresa Fernández Hoyos, pertenecían a la aristocracia colonial salteña. Su madre estaba emparentada con los Arenales y Uriburu; su padre era primo de Eustaquio Frías, héroe de la Independencia.^[28] Durante el siglo XIX, expandieron sus fincas en Cachi y Cafayate mediante alianzas matrimoniales y adquirieron influencia política.^[29] Esta estrategia tuvo éxito: Pedro José Frías, primo de Melesio y comandante militar de los Valles Calchaquíes, se unió al Partido Autonomista Nacional —PAN— y llegó a ser gobernador de Salta en 1890.

A mediados del siglo XIX Melesio formó una sociedad con sus dos hermanos, Ricardo y Benigno, para exportar ganado en pie a Bolivia y Chile. Los hermanos dividieron las tareas: Ricardo se estableció en Tinogasta y arrendó un potrero para engordar el ganado enviado por Benigno desde Salta; Melesio residía en Valparaíso, donde vendía los animales y enviaba las remesas a Salta. Cuando las ganancias se estabilizaron, Melesio cayó en los excesos del juego, despilfarró dinero y la sociedad quebró. Poco después, obtuvieron un préstamo para reanudar el comercio, pero un temporal en plena cordillera arruinó toda la tropa. Avergonzado por tener que disolver la sociedad definitivamente, Melesio se marchó al Chaco donde permaneció casi veinte años hasta recuperar su fortuna.

Melesio representó a esos segundones que por una mezcla de desgracias y desenfrenos se vieron obligados a partir hacia la frontera en busca de prestigio y fortuna perdidas.^[30] Este impulso vital coincidió con la política provincial que, a partir de la Ley de Tierras de 1857, estableció misiones y colonias militares en el Chaco. La Confederación también promovió la ocupación para mejorar la comunicación entre las provincias del Norte y el Litoral y abrir una ruta fluvial por el río Bermejo hacia el Paraná.^[31] Esta idea entusiasmó a los comerciantes salteños por la posibilidad de reducir costos navegando hacia Rosario. Por ejemplo, en 1854 se fundó la Compañía Salteña para unir Orán con Corrientes en un pequeño vapor.^[32] En 1858 la gran cantidad de sedimentos impidió la navegación, el vapor quedó varado y obligó a los tripulantes a refugiarse en la misión Esquina Grande.^[33] A pesar del fracaso, el episodio revela que en sus comienzos la colonización del Chaco unificó los esfuerzos de las élites salteñas, según lo expresaba el ministro provincial:

Los recursos con que debe Ud. dar principio a sus trabajos consisten en las sumas que contiene la suscripción que se ha levantado por algunos vecinos… Las murallas de palo a pique deben cerrar un cuadro de 50 varas [250 mts.] más las que fuesen necesarias para los corrales. Adjunta a la guarnición, procederá Ud. a construir una capilla y otra habitación para el padre misionero.^[34]

En la segunda mitad del siglo XIX, el Colegio de Propaganda Fide de San Diego en Salta fundó cinco misiones en el Chaco salteño (Esquina Grande, La Purísima Concepción del Bermejo, San Antonio, San Francisco de las Conchas y San Miguel de Miraflores). Inicialmente, los franciscanos apuntalaron la colonización oficial, pero en la década de 1860 las tensiones con colonos y autoridades se intensificaron.

Según los misioneros, para asentarse en las tierras indígenas tuvieron que negociar no solo con el gobierno, sino también con los caciques, a quienes daban ganado vacuno. Por ello, en 1856, el fray José Puigdengolas (fundador de Esquina Grande) llevó estancieros de Tarija, Santiago del Estero y Salta para que aportaran los animales.^[35] En 1859, la fundación de la segunda misión —La Purísima Concepción del Bermejo— provocó un serio conflicto con los colonos que requirió la intervención del gobernador. Por entonces, la autonomía y el celo de los franciscanos sobre los indígenas unificó distintos intereses en contra de la orden.

En 1862 el gobernador Juan Nepomuceno Uriburu nombró a Melesio Frías juez de paz de Rivadavia. Este cargo era uno de los más importantes a nivel local, pues entre sus atribuciones estaba deslindar tierras. La tensión en el pueblo, próximo a la misión de San Francisco de las Conchas, que albergaba a unas 600 personas de la comunidad indígena wichí, empeoró al año siguiente cuando una sequía severa llevó a los colonos a ocupar tierras que la misión consideraba suyas. Antes de que las autoridades provinciales lograran resolver el conflicto legalmente, un grupo de wichís atacó Rivadavia. Las sospechas de haber incitado la agresión recayeron sobre los franciscanos, quienes, al temer represalias, trasladaron a los indígenas a la hacienda Ledesma en Jujuy (Teruel, 2005).

Frías era uno de los pocos estancieros que vivía en Rivadavia, donde criaba ganado para venderlo en Salta. A sus 35 años, vivía con Flora Lobo, oriunda de Orán. Era costumbre que los colonos tomaran indígenas (chiriguanos, matacos y mocovíes) para trabajar en estancias, obrajes y tareas domésticas. La especialización en la captura de indios era conocida como sacadores de indios. En algunos casos, la convivencia entre indígenas y colonos creaba solidaridades, afinidades e incluso lazos de parentesco. Es probable que esto le sucediera a Melesio, quien convivía con dos criados: Teófilo (12 años) y Celina (7 años), ambos de Orán y de etnia mataca. Como era costumbre, les dio su apellido.^[36]

Esto se corresponde con datos estadísticos que muestran que Rivadavia era un pueblo-fortín de 1.231 habitantes, con un 86 % de inmigrantes, principalmente de Anta y Metán (30 %), Bolivia (25 %), Orán (20 %) y Santiago del Estero (10 %). La composición étnica era (50 %) mestiza, seguida por (20 %) blancos, y una minoría de mulatos e indios (15 % cada uno). En 1875 tres cuartas partes de las familias tenían acceso a la tierra, compensando el aislamiento y los conflictos con los indígenas.^[37]

En septiembre de 1864, mientras se desempeñaba como juez de paz, Melesio Frías asaltó la misión de San Francisco para vengarse del ataque del año anterior. El enfrentamiento terminó de la peor forma: la partida incendió la misión, Frías tomó prisionero al conversor y mató a otro fraile. El conflicto se desató cuando los franciscanos exigieron el pago de pastaje a los colonos, tributo que, según estos, violaba la ley.^[38] Por su parte, los frailes consideraban que los colonos eran “bandoleros que gobernaban una plebe impiadosa y de la peor calaña… sin un verdadero cristiano” (Diario de la Purísima Concepción del Bermejo, 1870, citado en Teruel, 2005, p. 91).^[39]

El entonces gobernador de Salta, el médico anticlerical Cleto Aguirre, se alineó a favor de los colonos, cediéndoles la mayoría de los terrenos fiscales antes concedidos a la misión. A casi diez años de iniciada la actividad misionera en el Chaco, el gobierno provincial consideraba a los franciscanos responsables de los desórdenes y, en sintonía con el gobierno nacional, fortaleció las estructuras militares.^[40] El ascenso de Frías a jefe político en 1865 y a coronel de Guardias Nacionales en 1872, evidencia el recelo hacia la Iglesia y la preferencia por el Ejército de línea como principal agente del Estado argentino.^[41]

El orden social en Rivadavia era muy inestable, resultado del entramado de lealtades personales entre misioneros, caciques, jefes militares y agencias nacionales. La expulsión de los franciscanos dejó el terreno libre para que los agentes económicos, las estancias ganaderas y los ingenios azucareros, sometieran a las sociedades indígenas (Jaime, 2003; Teruel, 2005; Chao, 2021).^[42] En síntesis, la desconfianza hacia los religiosos, sumada al creciente proceso de militarización, moldearon una sociedad que reforzó los mecanismos de servidumbre indígena, apropiándose de sus tierras y mano de obra, situación que se acentuó luego de 1880.^[43]

La estructura social de Rosario de la Frontera se caracterizaba por una fuerte interdependencia. Según el censo provincial, la población —compuesta mayoritariamente por indígenas (66 %) y mestizos (25 %), con un 10 % de blancos— conformaba una sociedad asentada sobre la propiedad de tierras y ganado. Esta dinámica integraba a estancieros criadores, labradores y artesanos que compartían un estilo de vida similar, marcado por la movilidad regional entre Tucumán, Santiago y Salta, y la movilización militar. Un rasgo distintivo era la especialización y complementación laboral: mientras un tercio de la población se dedicaba a la producción rural (puesteros, criadores y labradores), el resto se distribuía entre peones, sirvientes y artesanos.^[44]

En coincidencia con lo señalado por una extensa bibliografía sobre caudillismos latinoamericanos, la configuración sociocultural de Rosario de la Frontera muestra una sociedad campesina habituada a la movilización basada en liderazgos caudillistas como Saravia o Latorre.^[45] Esta localidad tuvo un rol crucial desde las guerras de independencia al proveer de hombres y ganado a las milicias de Martín Miguel de Güemes. Aunque la historia política salteña del siglo XIX es poco conocida, varios autores destacan su importancia en los conflictos regionales desde 1827. Esta relevancia se acentuó luego de Caseros, cuando los enfrentamientos entre dirigentes liberales y federales convirtieron a Rosario de la Frontera en la llave del equilibrio político del norte. Las revoluciones promovidas por los Saravia para derribar al gobernador Tomás Arias son un ejemplo de esto. La estabilidad política provincial no solo dependía de las instituciones, sino de la capacidad del gobierno para subordinar a caudillos locales, como se analizó en el caso de Balderrama en Anta.^[46]

Hacia 1865 la complementariedad productiva de Rosario excedía la dimensión económica. La movilidad de arrieros, troperos y criadores entre provincias no solo garantizaba el comercio, sino que formaba milicianos con un dominio del terreno vital para las montoneras. Esta dinámica se veía reforzada por una jerarquía social donde la dependencia entre puesteros, criadores y peones permitía que las unidades de trabajo se transformaran en montoneras bajo el liderazgo del hacendado devenido en caudillo local. La especialización artesanal de herreros, carpinteros y teleras favorecía la preparación de armamento, vestuario y provisiones para las milicias sin depender de los centros urbanos. En síntesis, los fronterizos tenían un estilo de vida donde la producción y la guerra eran formas de control territorial y movilización guerrera que incluía el saqueo de los vencidos.

Por otra parte, el respaldo de la dirigencia salteña al programa constitucional de Justo José de Urquiza consolidó las elecciones como la vía legal de acceso al gobierno. La reglamentación electoral, además de expandir la esfera pública y la vida política en general, estableció el enrolamiento en la Guardia Nacional como condición indispensable para votar. Esto reforzaba el poder de los comandantes que, a la movilización guerrera tradicional, agregaron su capacidad para definir elecciones, algo que cuestiona la idea de ciudadanía en armas. Para Hilda Sabato (2002, 2010, 2018) la “ciudadanía armada” fue un componente esencial de la cultura política republicana, donde el uso de las armas complementaba el derecho al voto y la autonomía para la intervención pública. Por su parte, Beatriz Bragoni (2010) advirtió que, en las áreas rurales alejadas de ciudades y con economías estancadas, esta práctica estuvo condicionada por los vínculos tradicionales que orientaban las lealtades de los milicianos hacia sus jefes inmediatos antes que hacia el Estado. En las fronteras como Rosario, la autonomía de los comandantes de milicias se veía reforzada por la costumbre de negociar con el Estado y limitaba la implantación de un orden basado en el apego a las instituciones.^[47]

El papel de Aniceto Latorre fue clave para derrotar a Celedonio Gutiérrez, exgobernador rosista de Tucumán, quien aliado a los Saravia organizó revoluciones para retomar al gobierno. Su amenaza al incipiente orden confederal motivó la unión entre los gobernadores de las provincias del norte para derrotarlo.^[48] De manera simultánea, el salteño Rudecindo Alvarado era nombrado ministro de Guerra de la Confederación, cargo que empleó para derivar armas y pertrechos a la frontera. A pesar de las limitaciones presupuestarias para crear un Ejército de línea por parte de la Confederación, pudo controlar los enfrentamientos provinciales y logró integrar a los comandantes de milicias como Latorre en una institución más centralizada que se consolidaría durante la presidencia de Mitre.^[49]

Aniceto era hijo de Pablo Latorre, primer gobernador federal de Salta, y de Petrona Sierra, descendiente de los fundadores y grandes estancieros de Rosario. Su matrimonio con Lorenza Arias lo emparentó con otra familia de tradición federal. Los Arias habían ocupado cargos desde 1832 y, a partir de 1842, fueron ministros de los Saravia. Tras la batalla de Caseros, Tomás Arias gobernó la provincia, mientras sus primos, Fernando y José Manuel Arias, accedieron a cargos nacionales en la Confederación y aun después de la Batalla de Pavón.^[50]

Latorre tuvo una extensa trayectoria hasta convertirse en comandante de milicias de Salta. De joven, se unió a las tropas federales levantadas contra los unitarios en 1831, pero luego enfrentó a los hermanos Heredia, a quienes acusó de traicionar a su padre, y se sumó a la Coalición del Norte contra Rosas. Tras la derrota, se refugió en Bolivia y acompañó los restos mortales del general Juan Lavalle hasta la Villa de Potosí. Sin embargo, en 1844 reconoció la autoridad de Rosas y regresó a Salta bajo la protección del gobernador, Manuel Antonio Saravia, quien lo nombró comandante militar en Metán. Después de Caseros, Latorre apoyó a Urquiza y derrotó la invasión de José Manuel Saravia y Celedonio Gutiérrez sobre Salta.^[51] En 1855 fue nombrado coronel del Ejército de la Confederación y, en 1860, el gobernador José María Todd lo designó comandante general de Milicias; esta nominación confirmó su liderazgo regional y la importancia de la frontera como contrapeso a los liberales de Tucumán y Santiago.^[52] Luego de Pavón, se enfrentó a los liberales tucumanos y santiagueños. A diferencia de sus sucesores, Alejandro y Eugenio Figueroa, quienes basaron su poder en la posesión de grandes estancias, Latorre fue un mediano propietario que construyó un liderazgo basado en el control de la Guardia Nacional.^[53] Su arraigo en la zona, su experiencia militar y sus relaciones personales lo convirtieron en un caudillo clave de la política del norte.

La primera mitad de la década de 1860 fue su momento de apogeo y mayor influencia. Durante esta etapa, logró movilizar a las milicias para frustrar la revolución de los Uriburu en 1864 y también al derrotar las invasiones de Santiago del Estero y Tucumán. Pero la guerra del Paraguay terminó creando un nuevo actor que modificaría la dinámica política nacional. El fortalecimiento del Ejército de línea y la llegada de Domingo F. Sarmiento a la presidencia marcaron una nueva coyuntura política, caracterizada por el avance del Estado nacional sobre las provincias y fronteras interiores. Para ello, Sarmiento empleó a una nueva generación de oficiales formada en el frente paraguayo que apoyó su candidatura, ya que vieron la oportunidad de modernizar la organización militar y fortalecer la autoridad nacional.^[54]

Entre 1867 y 1870 la dirigencia salteña pasó de la oposición a la candidatura de Sarmiento, a sumarse a los liberales no mitristas que respaldaron su gestión. En esta transición, hubo tres hechos que fueron decisivos: las invasiones de Felipe Varela a Salta, la intervención del Ejecutivo nacional para que Benjamín Zorrilla ganara la gobernación y, finalmente, el asesinato de Urquiza. En estos años, la suerte de Latorre se definió. Si bien marchó al frente paraguayo, tuvo una breve actuación y solicitó la baja pronto. Regresó a Salta para apoyar la invasión de Varela, pero fue derrotado por las tropas nacionales al mando de Antonino Taboada, José Miguel Arredondo y Julio Roca.^[55] Luego del triunfo sobre las montoneras, los batallones del Ejército de línea quedaron disponibles para intervenir en la política provincial, como se lo reconocía el presidente: “Tengo carta de un amigo sincero de Tucumán [Posse] que me dice que Roca trabaja en favor de los Uriburu”.^[56] Esta tendencia se afianzó al finalizar la guerra del Paraguay con el despliegue de batallones en lugares estratégicos. Oficiales como Napoleón Uriburu, Octaviano Navarro y Julio A. Roca se aliaron con las dirigencias provinciales para derrotar a las montoneras e imponer un nuevo orden, basado en el control electoral y el apoyo al Ejecutivo nacional.^[57]

En síntesis, Latorre fue un caudillo derrotado por la maquinaria militar perfeccionada por Sarmiento. Esto marcó el fin de los liderazgos caudillistas y la preeminencia de la dirigencia urbana que se integró a una coalición política interprovincial que asumió el control del poder central. El triunfo de Nicolás Avellaneda para la presidencia (1874-1880), expresó la continuidad del programa y la consolidación política de una fuerza que llevaría a Roca al poder. Si bien Latorre fue indultado en 1874 y reincorporado al Ejército, nunca más tuvo tropas a su mando y se retiró a su estancia de Rosario de la Frontera. A diferencia de otros jefes militares, Latorre no logró sobrevivir a estos cambios que determinaron el ocaso del federalismo y de las montoneras.

En estas páginas se reconstruyó el entramado social y las dinámicas de poder de los caudillos y comandantes de frontera a mediados del siglo XIX. El avance estatal sobre la frontera salteña dependió de la negociación entre los líderes tradicionales y el sistema liberal emergente, más que la simple imposición de normas e instituciones.

Las carreras de Tiburcio Balderrama, Melesio Frías y Aniceto Latorre muestran que sus liderazgos locales fueron condicionados por la aplicación de leyes que modificaron las relaciones con su base social. Balderrama tuvo que subordinar su autoridad a la justicia y debió aceptar la intervención de líderes provinciales que finalmente avalaron su destitución. El caso de Frías muestra que la defensa de la frontera se convirtió en una estrategia de ascenso social. Mediante su cargo de juez transformó al "miliciano" en "colono", proceso simultáneo a la decisión del gobierno provincial de sustituir el modelo misional por la militarización para establecer un orden social basado en la explotación indígena. Finalmente, el liderazgo de Latorre se vio afectado por la inestabilidad política posterior a Caseros. Su opción por el federalismo fue coherente con el liderazgo que había ejercido durante años, el cual dependía, a su vez, de las características sociales de Rosario de la Frontera que fomentaban la movilización. Fue derrotado por una joven camada de comandantes del Ejército de línea que representaban una alianza política entre las dirigencias provinciales. En conjunto, el ocaso de estos caudillos permitió que la dirigencia salteña se integrara en la liga de gobernadores, quienes, al consolidar la autoridad nacional, reforzaron su poder local.

Los tres personajes estudiados comparten rasgos comunes: ninguno era un gran estanciero, sino medianos o pequeños propietarios que construyeron poder mediante la movilización de hombres armados. La principal diferencia reside en que Frías y Latorre, ambos provenientes de familias con prestigio y capital social, pudieron emplearlos para apuntalar sus posiciones. Sin embargo, sus carreras se vieron condicionadas por la expansión de las estructuras militares nacionales y las transformaciones sociales de sus respectivos departamentos. Sus trayectorias no solo reflejan particularidades regionales, sino también los cambios específicos de cada década.

A partir de 1855, la justicia provincial comenzó a intervenir en Anta para limitar las arbitrariedades del capitán de milicias. Durante la década de 1860, esta tendencia se profundizó con el despliegue de la Guardia Nacional y, posteriormente, del Ejército de línea. Primero Frías y después Latorre debieron someterse a instituciones militares cada vez más reglamentadas, aliadas a los gobiernos provinciales y enfrentadas a corporaciones tradicionales (como las órdenes religiosas) celosas de su autonomía. En la década de 1870, finalizada la guerra del Paraguay, las capacidades estatales para intervenir en las fronteras se incrementaron. Por un lado, el Ejército de línea mejor equipado y subordinado al gobierno nacional, derrotó a caudillos como Varela, Latorre y Taboada. Por otro, entre 1874 y 1878 el Estado provincial reemplazó a los jefes políticos por comisarios de campaña y los subordinó a las municipalidades para reforzar el control civil y desarticular las redes de poder personalista.

Estos cambios institucionales fueron acompañados por una especialización productiva que convirtió a la frontera en el eje de la expansión ganadera y facilitó su integración a una economía en proceso de articulación a nivel nacional. El acceso fácil a la tierra contribuyó al notable crecimiento demográfico de una región que pasó de representar el 30 % de la provincia en 1854 al 44 % en 1895. Este incremento fue causa y consecuencia de la actividad ganadera, que permitió que hacia 1872 Anta, Rosario y Rivadavia concentraran el 53 % de la producción vacuna provincial.

En tercer lugar, la frontera operó como un espacio de ascenso social y reconversión de las élites. Más que desaparecer, estos espacios se transformaron a partir de la institucionalización de la violencia y la derrota de los jefes de milicias, que permitió a los grandes estancieros subordinar el poder militar y la posesión de tierras a las normas legales. Mientras que en 1850 el poder residía en el carisma y valor del capitán, en la década de 1870 las agencias estatales y los sectores propietarios terminaron por fundirse, excluyendo a los caudillos para formar una clase dirigente más homogénea.

En última instancia, el estudio demuestra una paradoja: el Estado empleó la violencia y el carisma de los caudillos para asegurar y poblar la frontera, pero una vez lograda la estabilidad mínima, esas mismas figuras se volvieron un obstáculo para el orden constitucional. La década de 1870 marcó la transición de un poder ejercido por líderes fuertes a otro administrado por instituciones, y cerró el ciclo de la frontera como espacio de autonomía política.

[2] Sigo la definición de Juan C. Garavaglia et al. (2012) referida a fuerzas de guerra. La Ley de Guardias Nacionales fue sancionada en 1855 por la Confederación. A su vez, cada provincia estableció sus respectivas leyes que recogían la experiencia desde la década de 1820.

[3] Los hermanos Manuel y Antonino Taboada se alternaron en el gobierno en Santiago del Estero hasta 1874. Las familias Posse, Frías y Zavalía controlaron el gobierno en Tucumán y, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), se integraron al gabinete nacional. Para mayor precisión consultar M. José Navajas y Flavia Macías (2023). Respecto a Salta, véase Juan Quintián Nocetti (2023).

[4] Las limitaciones de espacio dificultan desarrollar estas líneas. He tomado ideas, argumentos y formas de análisis de Silvia Ratto (2011), Ingrid de Jong (2011) y Davies Lenoble (2022).

[5] En referencia a la militarización, consultar el análisis de Germán Soprano y Alejandro Rabinovich (2017), quienes también lo consideran un estilo de gobierno. Acerca de la formación del mundo militar posterior a la guerra del Paraguay, ver Aldo Avellaneda (2024). Respecto al Ejército de Línea, remitimos a Lucas Codesido (2021).

[6] Catastro de la propiedad territorial del Departamento de Campo Santo. 1872. Caja 376, carpeta 30, 10 folios. Fondo Gobierno (FG). Archivo Histórico de Salta (AHS), Salta, Argentina. En 1872, de los ocho grandes propietarios, seis eran Cornejo-Figueroa, y concentraban en conjunto el 76 % del valor del catastro. Para más detalles consultar Quintián Nocetti (2013, 2023).

[7] Catastro de la propiedad territorial de la Frontera del Este (Anta). Abril de 1859. Caja 247, 17 folios. FG. Registra once miembros de la familia Saravia con un patrimonio mayor a los 28.000 pesos (Teruel, 2005). En la década de 1860, los Saravia se emparentaron con la familia Cornejo y extendieron sus fincas a Campo Santo y Metán.

[8] Esto resulta de la comparación entre Catastro de la propiedad territorial de la Frontera Este. 1859. Caja 247, 17 folios. FG; Departamento de Anta, 18 folios; Censo Provincial (CP). 1865. Caja 283, carpeta 7. FG; Catastro de la propiedad territorial del Departamento de Anta. 1872. Caja 376, 20 folios. FG. Para estudios más detallados sobre la estructura agraria y social, véase Quintián Nocetti (2013, 2015).

[9] Las antiguas reducciones de Macapillo, Cuitripozo, Balbuena y del fuerte San Felipe del Tunillar. La estancia El Rey (36 mil ha.) provenía de una merced otorgada en 1767 a Juan Fernández Cornejo. Teruel (2005).

[10] La sisa era un impuesto colonial que gravaba las carretas que abastecían a las ciudades con productos de primera necesidad (harina, agua, vino, carne, etc.).

[11] Mercedes de Tierra de Anta, f. 108. Copiadores de Gobierno (CG) n.° 363. AHS. Sobre Anta en la década de 1850 consultar Rossana Córdoba (2005) y Ana Teruel (2005).

[12] Libro copiador de notas oficiales y comunicaciones con el exterior e interior de la Provincia. 22 de enero de 1853. CG n.° 123. Nombramiento de Andrés Matorras como comandante de la Frontera Este, con copia al anterior comandante, Ignacio Sosa, designado en 1844.

[13] José Manuel y Javier Saravia, aliados al exgobernador de Tucumán Celedonio Gutiérrez, invadieron Salta en agosto de 1853. Respecto al conflicto en el norte, consultar M. José Navajas (2012). Para una mirada más amplia sobre la construcción de un orden confederal, véase Eduardo Míguez (2021), capítulo 2.

[14] Carta de Tomás Arias a Manuel Taboada, Salta. 2 de febrero de 1853. Carta n.° 403. Fondo Taboada. Museo Mitre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Nicolás Saravia era el propietario rural más importante de Anta y colaboró con sus hermanos en la invasión a Salta en 1853.

[15] Causa Criminal (CC) contra Tiburcio Balderrama por tentativa de doble asesinato. 1855. Expediente 26, 35 folios; CC contra José Mariano Palma por amenazas a la autoridad. 1855. Expediente 41, 11 folios; CC contra Tiburcio Balderrama por abigeato.1856. Expediente 32, 36 folios. AHS. En el caso de Balderrama, sabe firmar.

[16] CC contra Tiburcio Balderrama por tentativa de doble asesinato. 1855. Folio 5. Disposición del Juez Celedonio de la Cuesta ante el parentesco de Balderrama con el juez de 1ª Instancia de Anta. Otro hecho frecuente era la intervención de los jefes militares ante las autoridades judiciales. En este caso, Andrés Matorras le escribió al juez elogiando a Balderrama y justificó su inasistencia. Balderrama recusó a Padilla y afirmó que existía enemistad personal entre ambos, esto motivó el traslado del expediente a la capital.

[17] CC contra Tiburcio Balderrama por tentativa de doble asesinato. 1855. Folios 3, 4, 6. Denuncia de Felipe Palma, no sabe firmar. Declaración de Mariano Palma, no sabe firmar.

[18] CC contra Tiburcio Balderrama por tentativa de doble asesinato. 1855. Folio 8. Ambas citas corresponden al mismo folio. Testimonio de Balderrama, sabe firmar. Mantengo la ortografía original.

[19] CC contra Tiburcio Balderrama por tentativa de doble asesinato. 1855. Folio 15. Segunda declaración de Balderrama.

[20] CC contra Tiburcio Balderrama por tentativa de doble asesinato. 1855. Folio 20r. Cursiva en original.

[21] CC contra Tiburcio Balderrama por tentativa de doble asesinato. 1855. Folios 23, 28. Alegato de José Mariano Palma.

[23] CC contra José Mariano Palma por amenazas a la autoridad. 1855. Folios 5-8. Declaración de Camilo Leguizamón, José Pereira y Juan de la Rosa. Ninguno sabe firmar. Mantengo la ortografía original.

[24] CC contra José Mariano Palma por amenazas a la autoridad. 1855. Folios 9, 10. Declaración del sargento Agustín Gil (cuñado de Balderrama), no sabe firmar, confirma el robo del ganado y la venta en el Tala (Tucumán).

[25] Expediente sobre Piquete. 18 de abril de 1864. Caja 272, carpeta n.° 13, 23 folios. FG. Sumario levantado por el coronel Juan Fernández Cornejo, jefe del Departamento de Campo Santo, gran estanciero, diputado provincial y miembro de la elite política salteña.

[26] Carta de Juan F. Cornejo al Sec. Gral. de Gbno. San Isidro. 6 de mayo de 1864. Caja 273, carpeta n.° 4. FG.

[27] Respecto a la ocupación del Chaco por el Ejército de Línea, consultar Daniel Chao (2021). Para un análisis de los mapas levantados por el Ejército en 1873, ver Inés Yujnovsky (2022). Las parcialidades indígenas identificadas fueron: toba, qom, moqoit, pilagá, chorotes, chulupíes, tapietés, guaraní, chanés y lules, liderados por unos 24 caciques.

[28] Véase Vicente Cutolo (1968-1985, vol. 3, p. 157). Los matrimonios de Frías pueden explorarse en: http://genealogiafamiliar.net/relationship.php?altprimarypersonID=&savedpersonID=I37014&secondpersonID=&maxrels=1&disallo
wspouses=0&generations=25&tree=BVCZ&primarypersonID=I63434. La familia Frías se alineó con los unitarios y, después de la caída de Juan Manuel de Rosas, se integraron a los liberales.

[29] Nabor y Urbano Frías eran dueños de enormes haciendas valuadas en más de 27.000 pesos según el Catastro de la propiedad territorial del Departamento de Cachi. 1872. FG.

[30] La palabra segundón hace referencia al hijo no primogénito que, según costumbres coloniales, no se ocupaba de administrar las fincas y estancias familiares.

[31] Aráoz (1881, pp. 44-45 y 50-51); ver reglamentación de la Ley de Tierras y la creación de una guarnición militar en Esquina Grande al mando del coronel Diego Wilde, ambas en 1857. Cabe recordar que Rudecindo Alvarado fue ministro de Guerra de la Confederación y consiguió recursos del gobierno de Paraná para los fuertes en Orán entre 1854 y 1855.

[32] El Comercio (17 de diciembre de 1856). Año 2 (170). Hemeroteca, AHS. En esa edición se publicó el acta de la creación de la sociedad Vapor Salta y la cantidad de acciones que cada miembro suscribió.

[33] Entre los sobrevivientes se encontraba fray Pedro María Pellichi, fundador del Colegio franciscano en Salta y primer prefecto de las misiones del Chaco, véase Teruel (1995).

[34] Instrucciones al coronel Wilde para establecer una guarnición en Esquina Grande, reproducidas en Contrato entre el Gobierno de la Provincia y el Dr. Pablo Mantegazza para el establecimiento de una colonia de Lombardos en las márgenes del Bermejo. 16 de diciembre de 1857; Aráoz, (1881, pp. 51-55).

[35] Teruel (1995) reproduce la relación de fray Pedro María Pellichi, testigo de la tarea de Puigdengolas en Esquina Grande. En 1857, el gobernador Güemes le otorgó 16 leguas cuadradas para la reducción y allí cultivaba mandioca, plátanos, piña, café y algodón que trajo desde Orán y Tarija; al respecto, ver Michel et al. (2010).

[36] Departamento de Rivadavia, Partido del Pueblo. 1865. Caja 283, folios 4, 6. FG. Frías fue registrado como criador y comerciante de ganado. Catastro de la propiedad territorial del Departamento de Rivadavia. 1875. Caja 377. FG. Además, era un propietario mediano con dos fincas de pastoreo valuadas en 3.500 pesos.

[37] Departamento de Colonia Rivadavia, Partido del Pueblo. 1865. 10 folios; Departamento de Colonia Rivadavia, Partido de la Campaña, 1865. 9 folios. FG. Por entonces se demoraba tres días en viajar de Rivadavia a Salta (Quintián Nocetti, 2015).

[38] Decreto Legislativo. 17 de julio de 1857. Aráoz, (1881, p. 53). Esta normativa eximía a los colonos del pago de la contribución directa por seis años.

[39] Melesio fue el tío del historiador salteño Bernardo Frías y primo de Pedro José Frías, gobernador de la provincia entre 1890-1893; al respecto, véase Teruel (2005).

[40] Existe un decreto legislativo de Aguirre que legaliza la quita de tierras a los franciscanos y su traspaso a los colonos. Su gobierno tuvo un fuerte conflicto con el obispo de Salta, Rizo Patrón, quien requirió la intervención del gabinete nacional. El ministro provincial fue Francisco J. Ortíz, futuro ministro de Relaciones Exteriores en la primera presidencia de Julio Argentino Roca, que cortó relaciones con el Vaticano y en 1884 expulsó al nuncio apostólico.

[41] Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se empleó al Ejército de Línea para subordinar a las Guardias Nacionales y a las misiones, en lo que Yujnovsky (2022) denominó la primera etapa de colonización del Chaco. A partir de 1872, con el nombramiento de Julio de Vedia como gobernador del Chaco, el gobierno nacional concentró el avance sobre las fronteras.

[43] La ley provincial de 1884 legalizó la concentración de tierras al entregar 2.645.000 ha a 89 particulares que obtuvieron 30.000 ha cada uno. La campaña del ministro de Guerra Benjamín Victorica expulsó en 1883 a todas las misiones y garantizó la soberanía del Estado nacional. Consultar Azucena Michel y Mercedes Quiñonez (2003).

[44] Catastro de la propiedad territorial del Departamento de Rosario de la Frontera, 1872. Caja 376, carpeta 30, 16 folios. FG. Un dato curioso es la expresión en hacendado [sic], anotada junto a los pocos hacendados registrados. Aunque no tenemos certeza de su significado, es muy probable que se refiera a propietarios de ganado vinculados a los dueños de las tierras, ya que en la década de 1860 aquellos eran más valiosos que las estancias. Entre los artesanos predominan: carpinteros, herreros, zapateros, costureras y teleras. También había troperos, arrieros y maestros de posta. Para profundizar al respecto, ver Teruel (2005) y Quintián Nocetti (2013, 2015).

[45] Pequeños y medianos propietarios sumaban el 54 % del valor del catastro de 1872 (Michel y Savic, 1999; Quintián Nocetti, 2013). La historiografía salteña señala que la movilización comenzó con Güemes y se prolongó con Pablo Latorre. Acerca de la relación entre estructura agraria y caudillismo, consultar: Chasteen (1995); Guardino (1996); de La Fuente (2000); Goldman y Salvatore (2003). Rosario de la Frontera se puede comparar con los llanos riojanos, por su estructura social y la capacidad para la movilización. Además, era la posta tradicional que comunicaba Salta con Tucumán, Santiago y Córdoba.

[46] En esto coinciden Bernardo Frías (1973), Atilio Cornejo (1947) y Mata (1999, 2012). Sobre la importancia de la frontera para el orden político regional, consultar Macías y Navajas (2012, 2015); Míguez (2021). En la década de 1870, los hijos y sobrinos de Güemes y Puch mantenían sus estancias en Rosario de la Frontera. Igual que en Metán con las fincas de Tamayo, Alemán, Ortiz y Saravia, todos federales.

[47] Este es uno de los motivos que explica la intervención de Sarmiento en Entre Ríos y Santiago del Estero, provincias con numerosas guardias nacionales y fuertes liderazgos caudillistas (Urquiza y Taboada respectivamente). Dicho de otra forma, si la ciudadanía armada hubiera prevalecido en las provincias, el proyecto de Sarmiento se volvería incoherente. Esto no implica que en Buenos Aires no haya existido una cultura política como plantea Sabato. Tal vez el desfasaje es resultado de generalizar un fenómeno urbano específico a todas las provincias.

[48] Sumario levantado con motivo de la Invasión ejecutada por D. José Manuel Saravia en el Departamento de Rosario de la Frontera. 1853. Causas Criminales, Expediente 14, 37 folios. FG. Luego de Caseros, Celedonio Gutiérrez, José Manuel Saravia y Nazario Benavídez mantuvieron influencias en sus provincias, por su capacidad para movilizar hombres. Los rivales los llamaban peyorativamente mazorqueros, por su estilo caudillesco que remitía al período rosista. Para un desarrollo más detallado, ver Quintián Nocetti (2025).

[49] Sobre la Confederación, consultar Ana Laura Lanteri (2015). En 1855, el Congreso de Paraná aprobó la creación de cinco circunscripciones militares subordinadas al presidente. En 1859, el Ministerio de Guerra reconoció el grado de oficiales del Ejército a 181 jefes de guardias nacionales. Ambas medidas marcaron la centralización de las fuerzas militares para limitar las atribuciones de los gobernadores (Auza ,1971).

[50] Fueron diputados y senadores nacionales por Salta, respectivamente entre 1857 y 1861, y entre 1869 y 1874 (Cutolo, 1968-1985, vol. 1, p. 115). Para más detalles, consultar Quintián Nocetti (2023).

[51] A. Latorre a M. Taboada, Metán. 13 de abril de 1853. Carta n.º 377. Fondo Taboada. Le solicita 100 ponchos de los más ordinarios destinados a la tropa y que le envíe cuánto cuestan (Cutolo, 1968-1985, vol. 4, p. 119).

[52] En las Actas Legislativas del 13 y 24 de diciembre de 1861 se aprobó un empréstito voluntario de 15 mil pesos, solicitado por Latorre para enfrentar la invasión de Tucumán. CG n.° 171.

[53] Latorre se puede comparar con los líderes que estudiaron Míguez (2010) y Leonardo Canciani (2012). Identificamos a Eulogio Tejerina, capitán de Latorre, en el Catastro de la propiedad Mobiliaria del Departamento de Candelaria. 1859. Folio 9. FG. Era un pequeño criador registrado con 65 vacas, 15 yeguas y 125 ovejas.

[54] Lucio V. Mansilla, Emilio Mitre, Eduardo Racedo, Inocencio Arias, Luis M. Campos, José Arredondo y Julio de Vedia fueron los principales oficiales que apoyaron a Sarmiento (Codesido, 2021). Para el surgimiento del pensamiento y ciencia militar, ver Avellaneda (2024).

[55] Carta de Felipe Varela a Aniceto Latorre. Antofagasta, 16 de agosto de 1867. Carta n.° 6212. Fondo Taboada. Estos cambios son analizados con mayor detalle en Quintián Nocetti (2025).

[56] Carta de Sarmiento al general Ignacio Rivas. 31 de marzo de 1869. Citada en Cornejo (1984, p. 89).

[57] Sarmiento procuró establecer el orden y la desmovilización política para reducir los conflictos, en sintonía con las transformaciones que experimentaban otros países sudamericanos a fines del siglo XIX. Para un desarrollo más integral, consultar Hilda Sabato (2018).