Quinto Sol, vol. 30, n.º 3, septiembre-diciembre 2026, ISSN 1851-2879, pp. 1-22

Expansión ganadera y subalternización de la población indígena en Santa Cruz (1885-1906)

Livestock expansion and subalternization of the indigenous population in Santa Cruz (1885-1906)

Expansão da pecuária e subalternização da população indígena em Santa Cruz (1885-1906)

Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Centro de Investigaciones y Transferencia de Santa Cruz

A partir de la creación del Territorio Nacional de Santa Cruz, la Patagonia austral fue considerada como un espacio factible para la colonización ganadera, que tuvo como momento inicial la segunda mitad de la década de 1880. La imposición de un nuevo modelo ganadero-ovino incluyó desplazamientos, expulsiones y desalojos de la población originaria, que resultó marginada de sus territorios tradicionales. En este contexto de desplazamiento, abordamos las nuevas formas de organización que adoptaron los grupos indígenas en la región y cómo se reconfiguraron, en tensión con colonos o agentes estatales, reconociendo un escenario histórico que incluyó su inscripción en posiciones de subalternidad. Para ello, analizamos las formas de colonización de la región y nos centramos en aquellas experiencias derivadas de la aplicación de nuevas formas de control sobre grupos indígenas, como también en sus prácticas de resistencia e incorporación forzada.

Following the creation of the National Territory of Santa Cruz, southern Patagonia was considered a suitable area for livestock colonization, which began in the second half of the 1880s. The imposition of a new livestock-sheep farming model involved the displacement, expulsion, and eviction of the Indigenous population, who were marginalized from their traditional territories. Within this context of displacement, we examine the new forms of organization adopted by Indigenous groups in the region and how they reconfigured themselves, in tension with settlers and state agents, recognizing a historical scenario that included their subordination. To this end, we analyze the forms of colonization in the region and focus on those experiences resulting from the application of new forms of control over Indigenous groups, as well as their practices of resistance and forced incorporation.

A partir da criação do Território Nacional de Santa Cruz, a Patagônia austral foi considerada um espaço viável para a colonização pecuária, que teve seu início na segunda metade da década de 1880. A imposição de um novo modelo pecuário-ovino incluiu deslocamentos, expulsões e despejos da população originária, que acabou sendo marginalizada de seus territórios tradicionais. Nesse contexto de deslocamento, abordamos as novas formas de organização adotadas pelos grupos indígenas da região e como eles se reconfiguraram, em tensão com colonos e/ou agentes estatais, reconhecendo um cenário histórico que incluiu sua inscrição em posições de subalternidade. Para isso, analisamos as formas de colonização da região e nos concentramos nas experiências decorrentes da aplicação de novas formas de controle sobre os grupos indígenas, bem como em suas práticas de resistência e incorporação forçada.

Expansión ganadera y subalternización de la población indígena en Santa Cruz (1885-1906)

En este trabajo proponemos abordar la situación de los grupos indígenas asentados en Santa Cruz desde una perspectiva histórica durante el período inicial de la configuración territorial; dicho proceso de ocupación se entiende como constituido simultáneamente por la expansión de la soberanía estatal y la introducción de la actividad ganadera ovina (Harambour, 2019). Para ello, analizaremos las relaciones de tensión y conflicto existentes entre las familias indígenas pertenecientes al pueblo tehuelche, mapuche y mapuche-tehuelche, y los primeros colonos y agentes estatales asentados en el extremo sur del país. Estas situaciones se enmarcan en el proceso de territorialización y de imposición de una matriz Estado-nación-territorio sobre los pueblos originarios, impulsado a partir de la extensión de las fronteras de la República Argentina (Delrio, 2005). En este sentido, la producción del espacio patagónico, que implicó el proceso de transformación del ‘’desierto’’ en nuevos territorios nacionales (Pérez, 2016), supuso la aplicación de formas de violencia estatal que operaron sobre las prácticas de producción y reproducción del espacio indígena, como así también en sus formas tradicionales de subsistencia, movilidad y circulación (Pérez, 2016).

Durante la segunda mitad de 1880, el naciente Territorio Nacional de Santa Cruz^[1] —que fuera hasta entonces ocupado tradicionalmente por distintos pueblos y comunidades indígenas— fue organizado por el gobierno nacional como un espacio factible para la colonización ganadera. Esta política favorecía a los capitales ya asentados en la región de Magallanes, Tierra del Fuego e Islas Malvinas, los cuales se establecieron en los principales campos de pastoreo situados al sur del río Santa Cruz (véase Figura 1). Esta forma de ocupación del espacio marcó un punto de quiebre respecto de los anteriores asentamientos nacionales, caracterizados por su debilidad, precariedad y poca efectividad en la construcción de nuevas soberanías nacionales en la región (Harambour, 2019). De esta forma, la ganadería se convirtió en el instrumento privilegiado de la colonización del espacio austral y en el emblema de un nuevo ciclo de ocupación, donde los Estados de Argentina y Chile pasaron a una nueva fase de asentamiento, entregaron privilegios de colonización y ofertaron tierras bajo criterios raciales a europeos. Así, la soberanía de los Estados avanzó a paso de oveja y de forma combinada con la radicación local de la soberanía del capital y la plena incorporación de la región a los circuitos económicos internacionales (Harambour, 2019).

La expansión de la frontera ganadera impuso nuevas formas de dominación y de subalternización. Además de la introducción de grandes capitales, el asentamiento del modelo ganadero-ovino incluía la promesa de conversión de los indígenas en peones de las nuevas estancias, exigiendo para ello la erradicación del ‘’nomadismo’’ y el despliegue de la ‘’civilización’’ a través de distintas instituciones, prácticas y políticas de asimilación de los valores de la civilidad. Conforme se asentaron las primeras estancias, se registran desplazamientos, expulsiones y desalojos de la población indígena, que resultó marginada de las tierras ocupadas tradicionalmente y de las cuales eran reconocidos como dueños originales (Lista, 1894). Estas acciones fueron denunciadas en diversas crónicas y registros históricos que, pese a no formar parte de las principales narrativas y memorias oficiales de Santa Cruz, fueron dando cuenta de algunos aspectos centrales de los procesos de desestructuración y subalternización (Lista, 1894; Payró, 1898; Onelli, 1899; Dutari Rodríguez, 1906, entre otros). Desde el reconocimiento de esta reestructuración social, que significó la imposición de un orden social sobre otro, y de las tensiones derivadas de la propia colonización blanca en el territorio, nos proponemos indagar acerca de los grados de integración, autonomía y resistencia de los principales grupos indígenas, e identificar sus diversas estrategias ante las transformaciones materiales y simbólicas que operaron tras la conformación de un nuevo territorio nacional (Pérez, 2016).

La persistencia de distintas formas de organización por parte de los pueblos indígenas no pasó inadvertida a las nuevas autoridades de la gobernación de Santa Cruz, quienes observaron en la continuidad de las tolderías y el ‘’nomadismo’’ expresiones perturbadoras a la narrativa modernizadora. En virtud de ello, dispusieron de una variedad de acciones tendientes a regular y controlar la vida de esas poblaciones, incluida la aplicación de distintos dispositivos de control, vigilancia y disciplinamiento (Rodríguez, 2010), a la vez que fueron prefigurando imágenes que alternaron entre su peligrosidad e inutilidad según las circunstancias.

El abordaje propuesto lo realizaremos analizando las formas de organización de los grupos indígenas en Santa Cruz y cómo estas se reconfiguraron y tensionaron a partir de las relaciones que establecieron con colonos y agentes estatales en el territorio. Inicialmente, presentamos los antecedentes de estudios referidos a las poblaciones indígenas en Patagonia austral, incluyendo una descripción de la propuesta teórica y metodológica. Luego, trabajaremos en torno a las formas de colonización de la región impulsadas por el gobierno nacional, entre ellas, la introducción de la ganadería ovina y los rasgos principales que adquirió la campaña en Santa Cruz a partir de esta actividad. En relación con esto último, indagaremos en las experiencias derivadas de la aplicación de políticas de control sobre grupos indígenas, como también en las estrategias de resistencia e incorporación a partir del acceso a las tierras. Finalmente, examinaremos la incipiente proletarización e incorporación como mano de obra al modelo de explotación ovino-lanero, y los vínculos de tensión entre el nuevo sistema productivo y las prácticas de subsistencia indígenas tradicionales.

En Patagonia austral, el abordaje de la situación de los pueblos indígenas desde perspectivas históricas se ha realizado de forma discontinua y fragmentaria. Los enfoques clásicos, a partir del empleo de perspectivas etnológicas, buscaron delimitar el campo de acción de los grupos indígenas australes según límites hidrográficos estrictos o bien recurrieron al empleo de distintos diacríticos culturales y raciales (Acuña Lugo, 2023). Estos modelos fueron de gran influencia para la historiografía regional, destacándose la obra de Mateo Martinic (1995). El prolífico autor magallánico aplicó los modelos etnológicos, considerando al pueblo aonikenk como una forma de ‘’cultura prístina’’, al mismo tiempo que destacó la condición de ‘’buen salvaje’’ que se había construido en distintos relatos de viajeros y navegantes sobre dicha etnia a lo largo del siglo XIX (Martinic, 2013). Esta consideración fue producto de los frecuentes vínculos que líderes tehuelches establecieron con extranjeros y criollos, incluyendo tratos e intercambios con autoridades, como también con balleneros y loberos que recalaban en la región (Martinic, 2008). Esas relaciones contenían episodios de violencia interétnica, tales como el ataque a los tripulantes del bergantín Avon en 1847 o el asesinato del gobernador de Magallanes Bernardo Phillippi en 1853 (Martinic, 2013).

Las visiones tradicionales de la etnología patagónica fueron revisadas a partir de los aportes de Lidia Nacuzzi (1998). Su trabajo desafió abiertamente el enfoque primordialmente lingüístico y racial de los etnólogos, propuso una visión histórica renovada mediante el uso de fuentes de archivo y rechazó el empleo de analogías históricas directas a partir del presente etnográfico. En el campo de la lingüística, los trabajos de campo de Ana Fernández Garay (1998) permitieron reconocer los vínculos extendidos que existieron entre tehuelches y mapuches en Patagonia austral, al identificar formas de comercio y viajes frecuentes que superaban los límites hidrográficos planteados por los modelos etnológicos tradicionales, visibilizando formas de cohabitación y matrimonios interétnicos entre mapuches y tehuelches.

Desde nuevos enfoques teóricos, la antropóloga santacruceña Mariela Rodríguez (2010) consideró que la historiografía, la arqueología, la antropología y la lingüística del siglo XX —a partir de presupuestos raciales y discursos nacionalistas— colaboraron con el planteo de la ‘’extinción’’ tehuelche, al invisibilizar la presencia indígena y sus procesos de cambio. Estas contribuciones dialogan con otros estudios que, desde perspectivas críticas, abordaron los mecanismos de colonización en la región, reconociendo la existencia de tensiones estructurales entre la racionalidad capitalista asociada a la expansión ganadera y las formas de vida indígena. Estas investigaciones han propuesto una serie de categorías analíticas: región autárquica (Barbería, 1995), soberanía salvaje (Bascopé Julio, 2010), colonialismo poscolonial (Harambour, 2019) y colonialismo de pioneros (Nahuelquir y Rodríguez, 2021). Estas categorías resultan valiosas para abordar —sin abandonar la perspectiva regional, nacional o incluso trasnacional— la singularidad de los procesos de expoliación a las poblaciones indígenas en la región durante el proceso de asentamiento ‘’pionero’’ y las configuraciones que asumieron las nuevas sociedades incorporadas jurisdiccionalmente a las soberanías argentina-chilena, pero integradas al capital internacional en Patagonia austral.

Como adelantamos, este trabajo presenta un abordaje de las formas de organización indígenas como expresiones de una subalternidad construida a partir del proceso de colonización estatal y privado. Apelamos a la categoría de subalternidad, en tanto nos permite inscribir a los grupos dentro de una trama de relaciones de dominación, focalizando tanto en la condición como en la experiencia de la subordinación.^[2] Esta perspectiva se inscribe en una importante tradición dentro de las ciencias sociales en general y de la historiografía en particular, que se interroga sobre los procesos de subjetivación de sectores subalternos, al centrar sus intereses en un amplio repertorio de problematizaciones asociadas a las transformaciones de los lenguajes, a los lugares de enunciación y a las posiciones de los sujetos frente a las mediaciones políticas y los Estados nacionales.^[3]

La subalternidad indígena se materializó en distintos dispositivos, prácticas e instrumentos legales. A partir de la aplicación del principio de soberanía territorial, el Estado desconoció toda forma de ocupación preexistente y anexó formalmente territorios bajo control indígena a los nuevos límites pretendidos por la República Argentina (Quijada, 2002). Del mismo modo, en distintos decretos y formas institucionales que acompañaron las iniciativas oficiales de colonización en la región, los pueblos originarios asentados en Santa Cruz fueron reconocidos como una alteridad a la cual era necesario ‘’someter’’ y ‘’reducir’’.^[4] Así, la subalternidad indígena aparece como pura diferencia y fuerza de desestabilización dentro de la identidad del término dominante (Gorbrach y Rufer, 2016). En consecuencia, dicha identidad excluyó la posibilidad de ser indígena. De este modo, el sentido común ciudadano de reconocerse como tales equivalía a renunciar a ser incluido en la selecta categoría de argentino “tipo”, por ende, a ser sospechado de extranjero (Lenton et al., 2019). Estos procesos de invisibilización de las identidades indígenas han sido interpretados por Rodríguez (2010) como un conjunto de prácticas heterogéneas (discursivas y no discursivas) que operaron a través de una serie de dispositivos, tales como discursos científicos (basados en presupuestos raciales), discursos nacionalistas, procesos de enajenación de las tierras, normativas jurídicas y formas de reclusión o de vigilancia aplicados a los pueblos indígenas.

Al tomar en cuenta estas consideraciones teóricas y metodológicas, en este trabajo abordamos un corpus documental que permite visibilizar conflictos y tensiones entre indígenas, colonos y agentes estatales. Para ello, recuperamos memorias, crónicas y diarios de viaje que dan cuenta de los procesos de desestructuración y de subalternización de las poblaciones originarias (Lista, 1894; Payró, 1898; Onelli, 1899; Dutari Rodríguez, 1906, entre otros). A su vez, examinamos las fuentes oficiales pertenecientes a la gobernación de Santa Cruz, resguardadas en el Archivo Histórico de esa provincia, porque permiten reconstruir la agenda de control establecida hacia las poblaciones indígenas y los procesos de territorialización impulsados por el Estado (Delrio, 2005).

Ocupación inicial de colonos en Santa Cruz: una nueva configuración territorial

Hacia finales del siglo XIX, la región austral de la Patagonia fue considerada como ‘’desierto’’. Esta región, anexada formalmente al país tras el ‘’Tratado de Límites’’ con la República de Chile (1881) y organizada jurídicamente como Territorio Nacional de Santa Cruz —a partir de la Ley 1532 de creación de los Territorios Nacionales de 1884—, se ofreció como un sitio lejano de las grandes metrópolis, poco conocido e inhóspito para la colonización agrícola. Pese a dichas condiciones, la expansión ganadera proveniente de las regiones de Magallanes e Islas Malvinas propició la radicación de los primeros colonos y pobladores dedicados a la producción ovina. Este proceso de ocupación inicial se caracterizó por la conformación de grandes propiedades ligadas a la expansión de los capitales británicos y magallánicos, extendiéndose hasta la culminación de la Primera Guerra Mundial (Barbería, 1995).

La incorporación plena de la región al comercio mundial y a la administración nacional, requirió de leyes especiales y de una nueva organización judicial y administrativa. En el caso específico de Santa Cruz, su situación geográfica y las condiciones ambientales sirvieron de justificación para el ensayo de una política especial en cuanto a la distribución de la tierra, lo cual se tradujo en una serie de ventajas económicas y fiscales para los nuevos colonos.^[5]

Entre los procedimientos que facilitaron la conformación de la gran propiedad en la región, debemos señalar el empleo de distintos mecanismos de acaparamiento de las tierras. El aprovechamiento de una legislación liberal permitió la rápida concentración de la propiedad en manos de sociedades anónimas, a través de la Ley de Remates Públicos y la compra a terceros. Otras modalidades se asociaron al empleo fraudulento de la figura de concesionarios y de arrendatarios, que permitieron la explotación de una mayor cantidad de tierras por parte de diferentes compañías, generándose la formación de auténticos ‘’latifundios’’ (Barbería, 1995). Asimismo, los primeros arrendatarios y ocupantes lograron regularizar el acceso a la propiedad de la tierra a partir de la sanción de la denominada Ley Grumbein (1894), que fijó precios preferenciales para los mejores campos situados al sur del río Santa Cruz (véase Figura 1).

Para el arribo de inversores, arrendatarios y ocupantes, resultó determinante el accionar del primer gobernador de Santa Cruz, Carlos María Moyano, quien gestionó personalmente las solicitudes y visitó las Islas Malvinas y Punta Arenas ofreciendo tierras y grandes facilidades para el asentamiento de pobladores. Quienes accedieron a los beneficios fueron en su mayoría extranjeros. Algunos de ellos contaron con grandes capitales, como fue el caso de Walter Waldron, Harry Wood y Thomas Greenshild (The Patagonian Sheep Farming Co.), beneficiados con un total de 200.000 ha mediante una resolución especial firmada por el presidente Julio Argentino Roca.

Entre 1880 y 1900, la nueva política de tierras tuvo como resultado la transferencia a privados de un total de 3.762.000 ha (Barbería, 1995), este proceso marcó el inicio de la construcción de las primeras estancias dedicadas a la actividad ganadera. En un informe de 1906, el gobernador de Santa Cruz, Segundo Dutari Rodríguez, advirtió respecto a la concentración de las tierras productivas en manos de pocos propietarios extranjeros. Entre las observaciones del mandatario, se desprende que la extensión promedio de las principales explotaciones ganaderas superaba las 20.000 ha, destacándose la rápida expansión de la actividad, en tanto que el censo de 1895 estimó una cantidad de 369.264 ovinos en el territorio, mientras que hacia 1906 el stock ovino alcanzó un total de 2.057.859 (Dutari Rodríguez, 1906).

En una perspectiva comparada, estas modalidades de ocupación de la Patagonia austral presentan elementos distintivos respecto al proceso impulsado por la ‘’Conquista del desierto’’ en Patagonia norte. Al respecto, Alberto Harambour (2019) señaló que la región austral, formada por los Territorios Nacionales de Santa Cruz y Tierra del Fuego, permaneció como una anomalía a los procesos de centralización estatal hasta la década de 1920. Esta zona se integraría plenamente al esquema productivo imperial británico a partir de la resolución de los conflictos diplomáticos entre Argentina y Chile hacia 1881. Más allá de sus elementos en común, Joaquín Bascopé Julio (2018) destacó las diferencias que se establecieron entre la Patagonia continental y el área del Fuego o fueguina, reconociendo la constitución de áreas de conocimiento diferentes entre los grupos de cazadores terrestres continentales y los canoeros fueguinos. Estas variaciones también tendrían su expresión en la aplicación de dispositivos de poder sobre las poblaciones indígenas, estableciéndose en la Isla Grande de Tierra del Fuego una privatización del exterminio y de la tierra (Harambour, 2019). Como resultado de ello, la población fueguina debió afrontar simultáneamente expediciones militares, matanzas y persecuciones realizadas por hacendados y buscadores de oro, como así también deportaciones y traslados a establecimientos religiosos (Casali, 2013). Estas acciones dan cuenta de la existencia de una política sistemática de erradicación indígena, visible en distintos acuerdos entre autoridades políticas, religiosas y empresariales para “borrar del mapa fueguino al pueblo selknam” (Harambour, 2017, p. 40).

El perfil económico del Territorio Nacional de Santa Cruz se constituyó principalmente a partir del desarrollo de la gran explotación ovina, con eje en la concentración de la tierra por parte de los capitales internacionales. Esto último, gracias a la continua intervención de los agentes estatales. Sobre esta estructura de generación y acaparamiento de la renta, se moldearon relaciones sociales atravesadas no solo por las desigualdades económicas, sino también por la “inferiorización” o subalternización que estas contuvieron, de aquellos y aquellas que no encajaban dentro del sujeto colonial que se construyó durante el proceso de distribución de la tierra.

Los grupos sociales vinculados al control de los circuitos productivos y comerciales del territorio mostraron un interés recurrente en la orientación de las acciones estatales que permitieran desarticular los comportamientos inherentes a la dinámica de la sociedad de frontera, que alteraba o ponía en riesgo el sistema de propiedad. Estas expresiones de regulación de la frontera, aunque manifestadas de manera no siempre articulada, adoptaron cada vez más el tono de una prédica modernizadora sobre los espacios fronterizos, que no tardó en identificar una serie de obstáculos para su concreción. Entre los tópicos de sentido utilizados frecuentemente, se destacaron las desatenciones de las autoridades nacionales y, derivado de lo anterior, las escasísimas capacidades del Estado territorial para garantizar el orden y la seguridad en la campaña a través de sus dispositivos —policía y cárcel—:

Estos departamentos al encontrarse limítrofes con Punta Arenas son el refugio obligado de todo cuanto individuo del mal vivir existe tanto en el territorio chileno como en el argentino, viniendo a convertirse en el azote de la campaña, lo que es motivo para que frecuentemente reclamen los estancieros en demanda de auxilio, viéndose la gobernación obligada a hacer oídos sordos por la imposibilidad en que se halla de prestarle ninguna ayuda.^[6]

Lo dicho anteriormente se reflejó en las permanentes solicitudes formuladas por la policía de las diversas comisarías y destacamentos de Santa Cruz a los gobernadores de turno, y de estos al Ministerio del Interior, pidiéndole la provisión de los elementos básicos para garantizar su funcionamiento (botas, monturas, fusiles, víveres, uniformes, entre otros). Estas condiciones materiales no solo resultan claves para comprender la tarea de control desarrollada en el Territorio, también brindan elementos concretos para pensar el vínculo siempre complejo entre las instituciones estatales responsables de asegurar el orden y los sujetos de la frontera:

Pongo en su conocimiento que me es absolutamente imposible dar cumplimiento a la orden de llevar a la gente que tiene el comisario Bargas… no tengo caballo para Ferreira pues se me han cansado con todos. En casa de Ortiz voy a sacar caballos y en lo de Guillaurme también; ó en calidad de préstamo ó por la fuerza pues no tengo ni para llegar a la mitad de camino.^[7]

En este sentido, las frecuentes requisas ‘’voluntarias’’ o forzosas realizadas por la institución policial a pequeños y medianos hacendados de recursos básicos, o bien el alto grado de dependencia o de endeudamiento que registraron con las casas comerciales que operaban en el Territorio de Santa Cruz, evidenciaban la configuración de una praxis policial mucho más real, donde más que desestructurar aquellas prácticas de la sociabilidad de frontera, consideradas impropias, la institución estatal se convirtió en un actor más que reforzó, en muchos casos, esa trama fronteriza que se pretendía controlar. Otro de los ejemplos del tono difuso con el cual intervinieron las instituciones de justicia en los espacios fronterizos, lo constituyó el propio testimonio del legendario bandolero de la Patagonia, Asencio Brunel:

Fueron las policías chilenas y argentinas quienes me encauzaron en esa vida… carabineros y comisarios me mandaban alternadamente a uno y otro lado de la frontera a robar caballos ya que siempre carecían de los necesarios para sus recorridas. Ambos corrían parejo principalmente en cuanto a las recompensas que prometían, regalos cuando les traía lo que codiciaban, palos y calabozos cuando no.^[8]

En ese escenario fronterizo de opacidades y de tensiones entre quienes buscaron imponer las condiciones sociales favorables al desarrollo de la explotación ovina y de quienes se ubicaron en posiciones marginales, se inscribió la forma de vida en las tolderías indígenas.

En el contexto de territorialización estatal, gran parte de los supuestos construidos sobre la población indígena, acarreados desde tiempos previos a la conquista, fueron empleados por las nuevas fuerzas policiales como forma de validación de sus operaciones (Pérez, 2016). La emergencia de la figura del indígena como ‘’peligro’’ se instaló y reprodujo en los discursos de las autoridades y funcionarios estatales, justificando de este modo distintas coacciones disciplinarias hacia la población originaria, especialmente aquellas que se dirigieron a reprimir las resistencias al nuevo rol asignado al indígena en la sociedad (Mases, 2010). Estas formas de control ejercidas por las autoridades estatales se pueden entender como constitutivas de dispositivos disciplinarios que buscaron individualizar a los sujetos, interpelándolos diferencialmente bajo distintas formas de vigilancia (Rodríguez, 2010).

En Santa Cruz fue posible reconocer nuevas iniciativas que se orientaron en el sentido señalado. Durante la gobernación de Ramón Lista (1887-1892) se instrumentó una nueva agenda de control en los espacios rurales. Fruto de ese accionar, el gobierno estableció un estado de sospecha permanente sobre los grupos indígenas, el cual involucró la identificación de los robos o atentados contra la propiedad que se registraron en el período a la presencia de ‘’malones’’ o de ‘’indios malones’’. Estas expresiones fueron empleadas por el subprefecto de Santa Cruz, Juan Williams, para justificar una expedición en persecución de indígenas acusados del robo de caballos hacia finales de 1889:

Con el objeto de perseguir a los indios malones que aparecieron aquí i de lo que oportunamente le di cuenta, mandé una comisión de veinte i dos hombres formados por la tripulación de esta y algunos vecinos que se prestaron a acompañarlos y a más los indios araucanos que viven en este punto. La comisión ha perseguido a los indios hasta mui cerca del Lago San Martín, donde han regresado sin poder alcanzarlos por la falta afectada de caballos, pues los que llevaban eran mui pocos i se destrosaron completamente debido al mal campo en su viaje hasta piedra, donde han tenido que operar. En cuanto a los indios malones hay dos cristianos que han sido vistos por los indios araucanos de aquí, i que sean probablemente uno de ellos el prófugo de esa Ascensio Brunel por que entre los animales caballares que se le han visto durante la persecución hay algunos que han sido robados en ese puerto por dicho individuo.^[9]

La asociación de la figura del famoso bandolero Asencio Brunel con los grupos indígenas también fue empleada por Roberto Payró (1898), quien describió los ataques del bandolero como ‘’malón’’, dando cuenta de su metodología de cuatrerismo: “Hace sus incursiones dos veces al año, sin que la policía se preocupe mayormente, y roba caballos, ovejas, cuanto encuentra á mano, para volver después con toda tranquilidad á su escondite y prepararse para el malón siguiente” (p. 91). La identificación del bandolerismo y del indio como figuras que atentaron contra el proceso de modernización, resonó como una problemática recurrente y común de las élites en los territorios nacionales patagónicos. Mucho más cuando las tolderías fueron referenciadas como espacios de refugio de quienes escapaban de la ley. De esta manera, esas representaciones sobre el peligro o las inseguridades condensaron construcciones simbólicas de los “enemigos” y los miedos, al mismo tiempo que fueron construyendo consensos punitivos. Muestra de ello se reflejó en el accionar conjunto que propuso años antes la gobernación de Chubut para dar captura a un indio considerado como “cuatrero de profesión”:

Se fugó de esta gobernación en el mes de setiembre robando cinco caballos una yegua y un potrillo pertenecientes al empleado de este territorio D. Jacinto Zanezza y dos caballos del vecino D. Malaquias, también llevo tres caballos y una yegua… el mencionado indio es grueso lleva el cabello corto y un aro en la oreja izquierda vestido: blusa y pantalón azul, con corvo colorado alpargatas, etc. Este indio se habia presentado a esta gobernación cansado, según desia de andar en el desierto, pero por informasiones resulta ser cuatrero de profesión habiendo cometido varias fechorías de esta naturaleza.^[10]

Poco a poco, tanto en Santa Cruz como en el resto de los territorios patagónicos, se fue cimentando la idea de una campaña como ámbito peligroso para los intereses ganaderos, a partir del reconocimiento de un conjunto amplio de sujetos cuyas prácticas se ubicaron en los márgenes de cualquier sociabilidad deseada por aquellos sectores mejor posicionados económica y políticamente (Rafart, 2008). Ante la situación expuesta, una de las primeras normativas que dictó la gobernación de Santa Cruz en enero de 1888, destinada a la regulación, control y vigilancia, fue la prohibición de la venta de armas.^[11] Esta resolución, desarrollada a través de la sanción de una ordenanza especial, se corresponde con la intención del gobierno de limitar el poder de fuego en las tolderías, aspecto que buscó garantizar su dominación efectiva por parte del Estado. Respecto de esta normativa, el comisario Burnett le informó a Ramón Lista (impulsor de la medida) de su visita a las tolderías situadas en los alrededores de Santa Cruz con el objeto de desarmar a los indios, pero fue imposible hacer efectivo el desarme completo ante la falta de caballos para recorrer la totalidad del territorio.^[12] Junto con esta regulación, el gobernador reglamentó la caza y estableció la prohibición de la venta de alcohol en los campamentos indígenas (Ministerio del Interior, 1888, p. 547). Estas políticas regulatorias, si bien no tuvieron continuidad y su aplicación efectiva resultó muy limitada según reconoce el propio Lista (1894), cumplieron su objetivo estratégico de exhibir el poder de la nueva autoridad estatal.

En relación con lo que venimos señalando, resulta importante identificar las limitaciones de las instituciones que conformaron el entramado punitivo del Territorio Nacional de Santa Cruz para garantizar la acción disciplinadora deseada. Entre las dificultades recurrentes, se advirtió la existencia de cuadros policiales con bajo grado de profesionalización y, vinculado con lo anterior, los escasos recursos disponibles para el funcionamiento de las distintas agencias de control (Navas, 2013). Bajo estas condiciones materiales se explica el decreto del Poder Ejecutivo de noviembre de 1904, que habilitó la creación de las subcomisarías honorarias en espacios rurales, mediante esta medida se facultó a los gobernadores a nombrar subcomisarios a vecinos que fueran administradores o propietarios de establecimientos comerciales, industriales o agrícolas.^[13] Según el decreto citado, las tareas que se les asignaron eran las de asistir y cooperar con las partidas de policías volantes. En el caso de Santa Cruz, para el período analizado, se crearon las subcomisarias de Chale Aike y Cerro Palique.^[14]

La creación de las subcomisarías ad honorem expresó con mayor nitidez las dificultades del Estado nacional para atender la demanda de la seguridad en los ámbitos rurales en los Territorios Nacionales, a la vez que delegaba el monopolio del uso de la violencia en los sectores propietarios. Si bien esta resolución no se sostuvo, sobre todo en la medida que se fueron ampliando los planteles de seguridad oficiales, lo cierto es que, para esta etapa, garantizar el orden y la seguridad en la campaña no fue únicamente una función del Estado.

En el contexto de creación de un nuevo espacio —en el caso del Territorio Nacional de Santa Cruz, determinado a partir de la expansión ganadera ovina y la radicación de grandes capitales extranjeros—, la población originaria resultó despojada de los mejores campos y fue obligada a ‘’largos peregrinajes’’, como resultado de la nueva política de territorialización del Estado (Delrio, 2005). En referencia a dichos desplazamientos de la población originaria, Clemente Onelli (1899) denunciaba que las ‘’tribus’’ indígenas de Santa Cruz guardaban desconfianza hacia las autoridades, no encontrándose con campamentos de importancia en cercanías de las colonias producto de los permanentes desalojos y expulsiones a las cuales eran expuestos:

En el recorrido donde las pampas tienen inmensas extensiones del uno y del otro lado del Santa Cruz, no he encontrado las tribus indígenas que antes cazaban en este territorio: señores de la tierra, al principio eran racionados por el gobierno y se les permitía cazar: después se perdió la ración y ahora huyen a Chile porque desconfían de las autoridades que los remueve a su antojo de un lugar a otro. (s. p.)

Para evitar nuevas persecuciones, las familias tehuelches y mapuches desplazadas debieron recurrir al desenvolvimiento de estrategias de ciudadanización. Con estas nuevas formas de organización política buscaban asegurar la obtención de permisos de ocupación de las tierras, que se conseguían como resultado de amplias negociaciones con el Estado, e incluyeron, por parte de las poblaciones indígenas, un despliegue del conocimiento de la lectoescritura y de los códigos de la incipiente burocracia estatal. Estas políticas fueron acompañadas con la aplicación de nuevos dispositivos disciplinarios orientados a imponer la sedentarización forzada, una práctica resistida por las poblaciones indígenas, que continuaron desplazándose con fines de caza, desafiando el imaginario de las élites locales que pretendían limitar las formas de vida indígenas a través de la radicación en un lugar fijo (Rodríguez, 2016).

El ejemplo más emblemático de este proceso se encuentra en la concesión brindada al cacique tehuelche Mulato en el territorio de Magallanes, quien en 1893 fue beneficiado con un permiso precario de ocupación de 10.000 ha otorgadas en la zona del río Zurdo, en el límite fronterizo entre Chile y Argentina (Barbería, 1995; Martinic, 1995). Para mantener su ocupación, los indígenas fueron sometidos a múltiples exigencias y obligados por el Estado a la adopción de la ganadería ovina y la formación de viviendas fijas (Martinic, 1995). Esta situación estuvo marcada por nuevas conflictividades y agresiones de los colonos, como el avance progresivo del alambrado sobre las tierras concedidas, factor que obligó al traslado del asentamiento indígena respecto de su ubicación original establecida en 1893. Mediante la complicidad estatal, los hacendados lograron que se revoquen los permisos conferidos en favor de Mulato por el Estado de Magallanes, sus tierras fueron rematadas y adquiridas en 1905 por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Finalmente, la enajenación de las tierras provocó encendidas protestas por parte del cacique, quien en dos oportunidades llevó personalmente su reclamo al presidente de Chile, en 1896 a Federico Errázuriz y en 1905 a German Riesco. En esta última ocasión, Mulato contrajo viruela, epidemia que terminó con su vida y la de varios miembros de su comunidad que lo acompañaron hasta Santiago, la capital del país (Bustos Azócar, 2023).

El despojo de Mulato da cuenta de los mecanismos que impuso el proceso colonizador y las políticas oficiales en la perturbación de las formas de movilidad tradicional de las poblaciones indígenas, generando procesos de sedentarización forzados. Asimismo, se puede observar que el cacique asumió un rol activo como colono ganadero, ya que adquirió cierta notoriedad como criador de caballares y bovinos en Magallanes, al mismo tiempo que optó por abandonar el toldo y edificar una vivienda para él y su familia (Martinic et al., 1995). Sin embargo, estas vías resultaron infructuosas en tanto que los permisos individuales otorgados a Mulato fueron revocados, al igual que la mayor parte de las tierras entregadas a indígenas. En efecto, las políticas de concesión de tierras a familias indígenas estuvieron dirigidas principalmente a fijar a la población originaria en enclaves para “civilizarlos” y, simultáneamente, se los sometía a formas de vigilancia en aspectos tales como sus desplazamientos con fines de caza. En ese contexto, la única vía posible de su incorporación a la sociedad fue su progresiva conversión en trabajadores asalariados en las nuevas estancias. En las denominadas “reservas”, los indígenas fueron considerados como ‘’residuos de aboriginalidad’’ (Rodríguez, 2016, p. 288), o bien como incapaces o ‘’menores’’ que no realizaban una ocupación racional del espacio, entre otras representaciones negativas que buscaban legitimar los procesos de privatización de sus tierras (Rodríguez, 2010).

Ya para comienzos del siglo XX, la expansión de las grandes empresas ganaderas junto con la disminución de las tensiones políticas por los límites jurisdiccionales entre Argentina y Chile, horadaron el rol estratégico que otrora habían cumplido los tehuelches para ambos gobiernos —comercio de carnes, pieles y plumas, o bien enarbolar la bandera de uno u otro país en las tolderías—. Por el contrario, luego la circulación y las propias concesiones a los indígenas se transformaron en un problema (Bustos Azócar, 2023). Como parte del mismo proceso, en Santa Cruz se autorizó la ocupación de tierras fiscales por los tehuelches asentados en el valle del río Coyle, a través del decreto presidencial del 11 de enero de 1898.^[15] Desde el inicio de esta concesión primaría una antinomia entre ‘’civilización’’ y ‘’barbarie’’, siendo visible la vigilancia policial y la conformación de instituciones de Patronato por parte de la gobernación (Martinic, 1995). Estas iniciativas no lograron evitar el choque progresivo entre los modos de subsistencia basados en la caza y la modalidad ovina, visible en las reiteradas protestas de los hacendados hacia la población tehuelche asentada en la ‘’reserva’’, con el fin de justificar distintas intrusiones por parte de ganaderos o de aspirantes a serlo, mediante argumentos tales como que los indígenas no explotaban la tierra (Barbería, 1995). Las resistencias de los representantes indígenas del río Coyle limitaron los disciplinamientos ensayados por el gobierno, incluido un amplio repertorio de acciones que no solo contemplaron el rechazo a las políticas de sedentarización, sino que también evitaron distintos intentos de usurpación de sus tierras, recurriendo para ello al empleo de estrategias que les posibilitaron legitimar sus reclamos ante las autoridades estatales (Rodríguez, 2010). Estas prácticas permiten destacar el rol que jugaron diferentes caciques, quienes oficiaron como mediadores y negociadores, convirtiéndose en personajes claves en el proceso de negociación entre las parcialidades y el Estado (Nacuzzi, 1998).

Otras familias indígenas asentadas en la zona norte de Santa Cruz se instalaron bajo la modalidad de ocupantes individuales (Rodríguez, 2016). En los documentos oficiales, podemos registrar las ocupaciones de Pedro Copolque, quien declaró estar asentado en campo fiscal desde 1902.^[16] También se puede citar el caso de familias mapuches, como la de Paylan radicada en el departamento de Santa Cruz o la de Mariano Limonao en Colonia Las Heras, que declaró estar allí desde 1905 junto a su familia.^[17] Este acceso a permisos de ocupación de la tierra o de asentamientos como ocupantes, de hecho no fue la solución definitiva para la situación de itinerancia, incertidumbre e inseguridad que debieron afrontar los grupos indígenas en el período (Delrio, 2005). En estos nuevos espacios, los privados y los colonos ensayaron sucesivos intentos para apoderarse de esas mismas tierras, muchas veces por medios violentos, lo cual se tradujo en enfrentamientos frecuentes, desalojos y expulsiones (Barbería, 1995). Esta precariedad de las ocupaciones indígenas fue advertida por el gobernador Cornelio Gutiérrez en 1905, quien señaló con dramatismo esa situación:

Varias familias cuyo total de individuos apenas si alcanza a un centenar, hacen una vida nómade, ocupando temporalmente y como intrusos campos ajenos de donde son desalojados para ir a otro, de donde a su vez son expulsados. Y así recorren el territorio en la más grande miseria y sufriendo los rigores del clima crudo de la Patagonia.^[18]

De las denuncias de este funcionario se desprende que, hacia 1905, existían en el territorio diversos campamentos de familias indígenas que permanecieron en ocupaciones autónomas, en una situación de despojo y desprotección.

Las principales familias pertenecientes al pueblo tehuelche y mapuche asentadas en Santa Cruz desafiaron los espacios a los cuales fueron circunscriptos por la política estatal y continuaron desplazándose para cazar colectivamente (Rodríguez, 2016). Esta economía doméstica permitió reforzar su posición dentro de la campaña, en tanto estrategia productiva independiente a la economía ganadera, siendo el guanaco la fuente principal de subsistencia que garantizaba alimentación, vivienda y vestimenta. Las distintas formas de ‘’nomadismo’’ que continuaron practicando estos grupos estaban lejos de ser formas de salvajismo, primitividad o simpleza. Tal como señaló Nacuzzi (1998), los indígenas presentaron una forma de vida organizada, eficiente y compleja, marcada por el aprovechamiento diferencial del espacio y sus recursos. Para su éxito, estas formas de organización requerían de un acabado conocimiento del paisaje y sus características, distinguiendo con nombres específicos diferentes ‘’paraderos’’. Asimismo, la acción de estos grupos se estructuró a partir de movimientos programados, por itinerarios preestablecidos (rutas) con fines de caza, comercio o de encuentro.

Estas modalidades de subsistencia sufrieron una adecuación a las nuevas condiciones y posibilidades generadas por los procesos de territorialización (Pérez, 2016). Ello implicó pensar que la imposición de un nuevo orden y sus reglas provocaron condicionamientos a las estrategias grupales indígenas, las cuales adquirieron la impronta de las nuevas formas de dominación (Delrio, 2005). Al respecto, los márgenes de relativa autonomía que se registraron en el período se corresponden con la existencia de políticas de control estatales fluctuantes y débiles, que facilitaron —a las clases subalternas— el desarrollo de sus propias estrategias e iniciativas (Navas, 2013). En este sentido, resulta destacable señalar que los principales espacios de asentamiento de las poblaciones originarias, al encontrarse en tierras de escasa productividad, permanecieron relativamente autónomos ante el poco interés inicial del Estado y de sectores privados (Salomón Tarquini, 2010). Asimismo, las prácticas de “boleo” o “guanaqueadas” y las posibilidades de circulación en el territorio fueron “toleradas”, lo cual no anuló su progresiva conversión en un problema de seguridad (Pérez, 2016).

Si bien la mayoría de los indígenas se asentaron en tolderías y campamentos autónomos junto a sus familias, aspecto sobre el cual ya nos hemos referido, hacia 1895 sin embargo se registraron personas que fueron censadas como “peones” o “sirvientes” en distintas estancias del territorio. Los peones que figuran en el censo de 1895 contaban con un perfil similar: eran hombres solteros con una edad aproximada que variaba entre los veinte y los cuarenta años.^[19] Este registro da cuenta de un fenómeno novedoso, en tanto es un testimonio documental de la incorporación incipiente como fuerza de trabajo asalariada. El ingreso de jóvenes al mercado laboral fue análogo al desarrollo de los despojos y los éxodos en las comunidades, marcó una creciente individualización que alteraría los sentidos de pertenencia y la relación con la tierra de forma intergeneracional (Rodríguez, 2016).

En este contexto, la continuidad de los desplazamientos ligados a la caza y el sostenimiento de espacios de autonomía, se pueden entender como parte de un repertorio de acciones de resistencia y oposición. Estas prácticas dan cuenta de las dificultades del Estado para imponer medidas de destribalización o de conversión de los indígenas en peones rurales (Rodríguez, 2010). Asimismo, las distintas formas de evitar el trabajo asalariado, más que una estrategia planificada, pueden comprenderse como producto de un sentido práctico, en el cual los indígenas optaron por permanecer en sus comunidades y recurrir al empleo solo de forma temporal (Salomón Tarquini, 2010). La resistencia de las comunidades estuvo marcada por la reemergencia de la figura del indígena como sujeto indolente y vicioso dentro de los discursos y las narrativas oficiales (Mases, 2010). Al respecto, será el propio gobernador Dutari Rodríguez (1906) quien lamentaba la “ausencia de políticas para civilizar al indio”:

Desgraciadamente lo hemos dejado librado a su suerte y hoy encuéntrase en una situación muy inferior, bajo todo punto de vista, a la que se hallaba cuando dominada como señor absoluto en el territorio de Santa Cruz. El roce con el ‘’cristiano’’ que penetra en las tolderías –de ordinario, vago, ocioso y criminal– lo ha pervertido, lo ha hecho contraer amor al alcohol; y como el que le expende el bolichero es siempre venenoso, el organismo del indio se ha debilitado, de modo que su raza se halla en un período de franca extinción. Ya quedan muy pocos, quinientos a lo sumo, que agrupados en familias diversas vagan como parias por el territorio, siendo arrojados de todas partes a donde van a pasear su miseria espantosa, porque no son útiles para nada y se vuelve repelentes, en la condición en que viven, en promiscuidad con los perros, sus más fieles amigos, sucios, indolentes y haraganes. (p. 73)

Los discursos de Dutari Rodríguez referidos a la situación del indígena en Santa Cruz marcaban las dificultades que afrontaron las élites locales para imponer su programa “civilizatorio” sobre los pueblos originarios, los cuales —según su opinión— habían dado muestras de amplias “destrezas” y “posibilidades de ser asimilados” al concurrir a la Feria Universal de Saint Louis, organizada en 1904 en los Estados Unidos de América. Para el gobernador, la posibilidad de modificar las ‘’costumbres bárbaras’’ por los hábitos del “hombre civilizado”, se reflejaron en la visita que hicieron tres tehuelches al restaurante Mac Taggu’s, local de la aristocracia estadounidense al cual habrían asistido de “incógnito’’ y “correctamente vestidos”, logrando sortear el criterio de expulsión del local de quienes no pertenecían a las clases superiores (Dutari Rodríguez, 1906, p. 72).

La participación de los tehuelches en esa Feria daba cuenta de los modos en los cuales operaron los distintos dispositivos de poder —soberanos y disciplinarios—, que impulsaron la exotización de los pueblos indígenas de manera paralela a la construcción de formas de subalternización y procesos de exclusión (Casali, 2013). Este evento tuvo amplia cobertura en el diario La Nación y la revista Caras y Caretas, e incluyó la publicación de distintos registros fotográficos (Mondelo, 2012). Los tehuelches enviados con el auspicio de la gobernación de Santa Cruz fueron identificados como Casimiro, Colojo, Bonifacio, Gechico, Sinchel, Lorenza y su hija Guiga, quienes fueron publicitados de forma estereotipada mediante discursos raciales, en tanto representantes de los “gigantes de la Patagonia”, seleccionados especialmente por Vicente Cané y miembros de la policía local como “los más vigorosos y corpulentos de esa raza que tiene fama de ser una de las más fuertes” (Mondelo, 2012, p. 173).

Los tehuelches expuestos en Saint Louis se alojaron en una aldea antropológica dispuesta al público estadounidense junto con otros individuos considerados igualmente “pueblos primitivos”, en una muestra organizada por McGee, jefe del Departamento de Antropología de la Exposición (Mondelo, 2012). Este evento demuestra cómo los tehuelches fueron reducidos a la condición de freak show (Pérez, 2016), es decir, la ejecución de una performance en la cual fueron colocados entre lo exótico y lo atemorizante, con la intención de representarlos de manera esencialista, deshumanizante y despolitizada. Impulsada y celebrada por la gobernación, la exhibición de los tehuelches también marcó la forma de incorporación forzada que se impuso a la población indígena sometida, al ser objeto de nuevos modos de disciplinamiento en las urbes, a los cuales asistía el público como audiencia. No obstante, como señalamos ampliamente en este trabajo, los indígenas se resistieron a ocupar esta posición y desarrollaron formas de agencia y de lucha que los convertirían, acorde a los discursos de la élite, en ‘’vagos’’, ‘’parias’’ e ‘’indolentes’’ (Dutari Rodríguez, 1906, p. 73).

En este trabajo hemos analizado las relaciones de tensión y de conflicto que se suscitaron entre indígenas, colonos y agentes estatales. Se planteó que, en el período de expansión de la ganadería ovina en el Territorio Nacional de Santa Cruz, los primeros enfrentaron nuevos mecanismos de dominación y de subalternización, los cuales fueron abordados desde una perspectiva centrada tanto en la condición como en la experiencia de subordinación. Estas formas estaban marcadas por la existencia de años de itinerancia o “largos peregrinajes” de la población indígena, generados por los desalojos frecuentes y las expulsiones de las principales tierras productivas (Delrio, 2005). Las políticas de territorialización impulsadas por el propio Estado y sostenidas a través de distintas prácticas de violencia, no hicieron más que reforzar las alteraciones de las formas tradicionales de movilidad, circulación y subsistencia de los grupos indígenas (Pérez, 2016).

Recurrimos a una “lectura a contrapelo” de los registros oficiales, como así también a crónicas, memorias y diarios de viaje, visualizando la existencia de amplias denuncias respecto a la situación de las poblaciones indígenas en Santa Cruz (Lista, 1894; Payró, 1898; Onelli, 1899; Dutari Rodríguez, 1906, entre otros). Estos registros permiten entender trayectorias alternativas y formas de resistencia a los procesos de territorialización impulsados por el Estado, las cuales se encuentran ampliamente mencionadas en los fondos y documentaciones oficiales elaboradas al respecto (Delrio, 2005).

Se planteó la reemergencia de la figura del indígena como “peligroso” en los territorios del sur (Pérez, 2016), a partir de supuestos que justificaron distintas intervenciones policiales y prácticas de vigilancia hacia la población originaria, que configuraron nuevos dispositivos disciplinarios (Rodríguez, 2010). En el caso de Santa Cruz, se visibilizó el impulso de la gobernación de Ramón Lista, que buscó establecer formas de control y de regulación sobre los campamentos y las tolderías, operando a partir de supuestos tales como la existencia de “indios malones” o de “cuatreros de profesión”, y esto implicó la identificación del indio con el bandolerismo. De esta manera, esas decisiones y acciones en la incipiente sociedad de frontera calificaron la existencia de la población indígena como un obstáculo de la modernidad.

Asimismo, se visibilizó el ensayo de estrategias a partir de las cuales distintos caciques y familias indígenas lograron el acceso a la tierra, generalmente en territorios de baja capacidad productiva (Salomón Tarquini, 2010). Estos nuevos asentamientos posibilitaron el desarrollo de una economía de subsistencia y la conservación de cierto grado de autonomía por parte de dichas poblaciones que fueron objeto de sedentarización forzada, coacciones disciplinarias crecientes y formas de vigilancia y de control para asegurar procesos de proletarización. Sin embargo, el fracaso de estas modalidades de destribalización, determinaron la existencia de amplios repertorios de resistencias y de agencia, entre los cuales se pueden incluir diversas maneras de evitar el trabajo asalariado, como también la continuidad de los desplazamientos con fines de cacería (Rodríguez, 2010).

A modo síntesis, proponemos que la situación de los pueblos indígenas en Santa Cruz se caracterizó por la presencia de un conjunto de experiencias y de trayectorias heterogéneas, en las cuales distintas familias continuaron habitando los márgenes de la campaña, incorporándose en posiciones de subalternidad a una sociedad que se afianzaba en la actividad ovina. En próximos trabajos abordaremos las distintas formas de integración implementadas durante el siglo XX, prácticas que no estuvieron exentas de nuevas tensiones, negociaciones y conflictos con las autoridades y los colonos del territorio.

[1] El Territorio Nacional de Santa Cruz abarcaba los mismos límites políticos que la actual provincia de Santa Cruz. En el período de estudio, este espacio formaba parte de una región económica transnacional conocida como Patagonia austral que incluía los territorios vecinos de Chubut, Tierra del Fuego e Islas Malvinas y el territorio de Magallanes (República de Chile).

[2] Ranajit Guha (2002) define la subalternidad como una posición de subordinación, la cual adquiere distintas formas históricas. Esta propuesta reconoce la política subalterna como un campo autónomo de la élite, basado en pautas de organización tradicionales como el parentesco y la territorialidad, como así también formas de movilización que tienden a la afiliación política horizontal (véase también Dipesh Chakrabarty, 2010).

[3] Desde la historiografía se han realizado importantes contribuciones respecto a las posibilidades y límites en el abordaje del subalterno frente al poder. Se destacan los Subaltern Studies, impulsados por un grupo de historiadores indios que cuestionaron las interpretaciones colonialistas, nacionalistas y marxistas. En el ámbito latinoamericano, sobresalen los aportes de los Latin American Subaltern Studies Group, que desde diversas adscripciones disciplinares detallaron las singularidades de la subalternidad americana a partir del reconocimiento de la herencia colonial de América Latina en las nuevas configuraciones de los Estados modernos. Para ampliar, ver Mallon (1995); Guha (2002); Beverley (2004); Sandoval (2011).

[4] Tanto el decreto de creación de la Subdelegación Marítima de Santa Cruz de 1878, como la Ley 1532 de la Constitución del Territorio Nacional de Santa Cruz de 1884, reconocen a los pueblos indígenas asentados en esa jurisdicción como grupos a los cuales era necesario someter.

[5] El 11 de junio de 1885, el Ministerio del Interior fijó bases espaciales para los contratos de arrendamiento en la gobernación de Santa Cruz, que fijaban el módico precio de 20 pesos m/n por cada 2500 ha, teniendo como límite regular de las concesiones las 40.000 ha por persona o empresa, y sujetar aquellos arrendamientos superiores a la resolución del gobierno nacional. Sobre estas bases, entre 1885 y 1888, dicha gobernación celebró múltiples contratos de arrendamiento y concesionó una superficie total de 752.500 ha (Ministerio del Interior, 1888).

[6] Libro Copiador de Notas de marzo de 1903 a febrero de 1904. Fondo de la gobernación de Santa Cruz (FG). Archivo Histórico de la Provincia de Santa Cruz, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

[11] Gobernador de Santa Cruz [ordenanza prohibiendo la venta de armas a los indígenas], 12 de enero de 1888. Expediente 2. FG.

[14] Harambour (2016) da cuenta de decisiones similares para la región de Magallanes (República de Chile), adoptadas por su gobernador Carlos Bories, quien en 1899 creó doce comisarías rurales servidas ad honorem por los propietarios o los administradores de las estancias.

[15] Ministerio de Justicia [remite copia de decreto a la gobernación]. 11 de enero de 1898. Expediente 91. FG.

[18] Cornelio Gutiérrez [comunicación al Ministerio del Interior]. 15 de junio de 1905. Expediente 404. FG.