DOI: http://dx.doi.org/10.19137/qs0981

ARTÍCULOS

Las comisiones investigadoras durante la “Revolución Libertadora”. Usos del archivo en la historiografía sobre peronismo y antiperonismo¹

Investigative Comittees during “Revolución Libertadora”. Archive usages on the historiography about Peronism and anti-Peronism

Silvana Ferreyra²

Resumen: Este artículo pone de relieve y caracteriza el fondo documental de la Comisión Nacional de Investigaciones, institución creada en 1955 por la “Revolución Libertadora” con el objeto de investigar las supuestas irregularidades producidas durante la gestión del peronismo y que se transformó en uno de los emblemas de la persecución política contra el régimen depuesto. Un paneo general sobre su estructura, así como de la documentación que produjo, constituyen un primer aporte de este trabajo. En segundo término, rastreamos el modo en que distintas partes del corpus (expedientes, memorias, el Libro Negro) han sido utilizadas para la reconstrucción histórica. Alejados de la idea del archivo como territorio neutral, nuestro objetivo es identificar los lazos equívocos que vinculan el proceso de las comisiones investigadoras, el archivo que legaron y los usos que le hemos dado los historiadores profesionales. Articulando elementos propios de la investigación empírica con herramientas teóricas e historiográficas, esta reflexión se constituye como punto de partida para construir una agenda de interrogantes sobre la “desperonización”. El enfoque privilegia la perspectiva “de abajo hacia arriba” a partir del análisis de los expedientes judiciales, con el propósito de construir una lectura más vivencial del conflicto peronismo-antiperonismo.

Palabras clave: Archivo; Peronismo; “Revolución Libertadora”; Comisión Nacional de Investigaciones; Expedientes judiciales.

Abstract: This article highlights and portrays the features of the document collection of the National Investigative Committee. This institution was created in 1955 during “Revolución Libertadora” in order to investigate alleged irregularities during the administration that they themselves had overthrown and became one of the emblems of political persecution against Peronism. A broad overview on its structure, as well as the documentation produced, is a first contribution of this article. Secondly, we track how different parts of the corpus (files, memories, the Black Book) have been used for historical reconstruction. Away from the idea of the archive as neutral territory, our goal is to identify the ambiguous ties linking the process of investigative committees, its documents and the uses that we have given professional historians. Articulating elements proper to empirical research with theoretical and historiographical tools, this reflection constitutes a starting point to build an agenda of issues concerning “desperonización”. The approach seeks to focus on a “from the bottom up” perspective based on the analysis of judicial records. The general aim is to construct a more experiential interpretation of the Peronism-anti-Peronism conflict.

Key words: Archive; Peronism; “Revolución Libertadora”; National Investigative Committee; Judicial records.

Las comisiones investigadoras durante la “Revolución Libertadora”. Usos del archivo en la historiografía sobre peronismo y antiperonismo

Las comisiones investigadoras que creó el gobierno de facto surgido del golpe de 1955, autodenominado “Revolución Libertadora”, son un episodio conocido de la historia argentina. Creadas con el objeto de investigar las irregularidades producidas durante la gestión del régimen al que habían derrocado, se transformaron en símbolo de la persecución política contra el peronismo. Como otras medidas “desperonizadoras” implementadas durante los gobiernos de Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, han sido analizadas en tanto punto de partida de una escalada ascendente de violencia estatal, pero escasamente en su densidad histórica.³
En este sentido, aunque mencionadas y brevemente abordadas en todos los trabajos que estudian dicho golpe de Estado, no han merecido todavía un análisis exhaustivo y general.⁴ Esta vacancia contrasta con el recurrente uso de los documentos que legaron las comisiones, utilizados como fuente para reconstruir aspectos diversos relativos al gobierno peronista. En concreto, nos referimos a los cinco tomos publicados como memorias de la Comisión Nacional de Investigaciones (CNI), el famoso Libro Negro de la Segunda Tiranía, y al más recientemente explorado Fondo de la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, depositaria del acervo documental que las comisiones dejaron tras su cierre.
Partiendo de una vacancia y esta aparente paradoja, en este artículo nos proponemos reflexionar sobre las características y los usos de los documentos legados por la CNI. En las páginas siguientes entrelazaremos reflexiones sobre los lazos equívocos que vinculan el proceso de las comisiones investigadoras, el archivo que legaron y los usos que le hemos dado los historiadores profesionales. Alejados de la idea del archivo como territorio neutral, nos interrogamos sobre su estructura, sus exclusiones y omisiones, así como en torno a las lógicas que atravesaron su creación y mantenimiento.
Las peculiaridades de la propuesta propician que el perfil del artículo se ubique a medio camino entre un trabajo de investigación y un ensayo teórico-historiográfico. Dado que la problematización respecto a los contextos de producción de las fuentes ha sido escasamente transitada en la historiografía argentina, parece difícil recorrer el tópico recurriendo a un género tradicional. Así, este texto intenta ser un híbrido que emerge de la necesidad de conciliar la reflexión sobre un archivo habitualmente utilizado por la historiografía, en el marco de la investigación en torno a un problema poco indagado. El primer apartado, busca describir en detalle un corpus y una estructura institucional como la de la CNI, que no habían sido puntualizados. En el segundo, se reflexiona sobre elementos teóricos en torno a los usos del archivo en historia y se proyectan luego estas impresiones para el caso de la indagación historiográfica sobre el corpus recortado. La tercera sección, de más difícil clasificación, busca hilvanar estas reflexiones con los resultados iniciales de nuestra investigación. En esta línea, se trata de construir una agenda de interrogantes sobre la “desperonización”, privilegiando la perspectiva “de abajo hacia arriba” a partir del análisis de los expedientes judiciales, con el propósito de construir una lectura más vivencial del conflicto peronismo-antiperonismo.

La Comisión Nacional de Investigaciones: estructura, funcionamiento y expedientes

Mediante el decreto 479/55 se creó esta comisión, cuya finalidad era investigar exhaustivamente las supuestas irregularidades producidas durante la gestión del régimen peronista depuesto. Fue instituida el 7 de octubre de 1955, durante la presidencia de Eduardo Lonardi, y terminó su accionar el 31 de marzo de 1956, durante el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu. Estaba conformada por cinco integrantes, número que rápidamente fue considerado insuficiente para cumplir las amplias funciones que se le habían atribuido. Un organismo complementario fue la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, facultada para comprobar el origen lícito o ilícito de los bienes de funcionarios públicos y de terceros vinculados a la administración anterior, buscando recuperarlos para la órbita estatal.
Pero esta institución no fue el único organismo subsidiario de la CNI. El artículo 4° la autorizaba para nombrar todas las comisiones que fueran necesarias con el fin de investigar cada rama o dependencia estatal. Estas subcomisiones no eran una reproducción exacta de la nacional; podían, por ejemplo, cambiar la cantidad de miembros, aunque la estructura de presidente y secretario se repetía en todos los casos.
De este modo, a medida que transcurrieron las semanas se abrieron otras 60 comisiones, cuya lógica de creación respondía tanto a la estructura burocrática como al ritmo y la lógica de la investigación. Surgieron las vinculadas a ministerios y secretarías,⁵ las dedicadas a organismos autárquicos y empresas estatales,⁶ las que se conformaron para indagar a personajes o grupos sospechosos,⁷ las que se abocaron al seguimiento de supuestos negociados –casos en que las culpabilidades públicas y privadas se entremezclaban–⁸ y las que se concentraron en organizaciones de la sociedad civil,⁹ junto con un par más de difícil clasificación.¹⁰
Este número ya importante de comisiones se incrementó exponencialmente cuando observamos que cada intervención provincial o territoriana creó una propia para investigar el Estado provincial, la que a su vez estableció o autorizó subcomisiones que, además de reproducir el esquema anterior de ministerios y secretarías, agregaban una para cada comuna, departamento o municipio, según los nombres que tomaba en cada espacio la administración de lo local. Como se puede ver en la tabla que sigue, a partir de ahí el número se vuelve difícil de reconstruir. A las 60 anteriores –entre las cuales estaba ya la comisión de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (C32)– hay que agregarle 21 de índole provincial, cada una de las cuales, a su vez, creó nuevas subcomisiones.

Comisiones y subcomisiones dependientes de la Comisión Nacional de Investigaciones

Fuente: Vicepresidencia de la Nación-Comisión Nacional de Investigaciones (VPN-CNI), (1958, tomo IV). Para Río Negro consultamos a Ruffini (2012), para Chaco las Memorias en versión facsimilar y en el caso de Jujuy a Castillo (2014).

Considerando que hay provincias para las que aún no contamos con datos, tenemos un total de 413 comisiones y subcomisiones, la que –podemos afirmar con seguridad– es una cifra seguramente menor que la real. Los únicos datos oficiales, si bien no dejan de ser significativos, parecen estar focalizados en Capital Federal:

“a título informativo, a fin de dar una somera idea de la labor cumplida, puedo adelantar que hasta la fecha han sido elevados a la justicia 314 sumarios y puestos a su disposición 1045 procesados. Mesa de entradas ha recibido 15.119 notas y expedientes. Como información complementaria debo agregar que han colaborado en la Comisión en la Capital 2500 personas” (VPN-CNI, 1958, tomo I, p. 10).

El número nos habla de la magnitud que alcanzó el proceso. El hecho de que la CNI no brinde ningún dato certero sobre la cantidad de comisiones existentes, da cuenta de su grado de autonomía y descentralización. En efecto, el procedimiento establecido indicaba que todas las subcomisiones creadas por la provincia debían elevar sus resultados a la comisión provincial y ésta los presentaba a la nacional, que también concentraba los resultados de otras 60. Sin embargo, el mecanismo no funcionó de modo tan aceitado. Muchas subcomisiones locales retrasaron sus envíos y la comisión provincial, urgida por las circulares emitidas desde nación, envió en varias ocasiones la documentación de modo parcial. El descontento generado entre sus integrantes por el cierre compulsivo de las comisiones por parte del gobierno central habría sido en parte responsable de este descalabro.¹¹ En otros casos, como el de la provincia de Buenos Aires, la comisión se declaró autónoma en defensa del federalismo y consideró que sus expedientes no debían salir del fuero provincial. El procedimiento, entonces, fue la distribución directa a los jueces del crimen, cuando se acreditaba la existencia de hechos delictuosos; o a los ministerios, municipalidades y otros organismos, cuando se trataba de irregularidades administrativas.¹²
De cualquier modo, y considerando todos estos vaivenes, un número importantísimo de expedientes fue enviado a la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial. Este organismo se transformó en la depositaria del material cuando el decreto 6132/56 hizo cesar en sus funciones a la CNI y a la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial. También, en forma eventual, se encargó de continuar las funciones de investigación, con la excepción de aquellos expedientes pasados a la Justicia, lo que constituyó un nuevo recorte del corpus.¹³ En 1967, las funciones de la fiscalía y sus residuales pasaron a la Secretaría General de la Presidencia, y en 1973, el Ministerio de Justicia se transformó en el depositario del acervo documental. Desde 2002, se encuentra disponible para su consulta en el Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación y consta nada menos que de 230 metros lineales de expedientes.¹⁴
Hasta el momento, en buena medida a raíz de su reciente incorporación a la consulta pública, este repositorio ha sido menos utilizados en la investigación histórica que los documentos bibliográficos producidos a partir de este proceso. Nos referimos a las Memorias de la Comisión Nacional de Investigaciones tituladas Documentación, Autores y Cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía y al todavía más popular Libro Negro de la Segunda Tiranía. Las Memorias ocuparon cinco tomos y se construyeron a partir de los materiales elevados por cada una de las 60 comisiones y las 21 comisiones provinciales.¹⁵ Se trata de informes más bien dispares, pues fueron elaborados a criterio de cada comisión. En algunos casos son simplemente un resumen de los expedientes armados y un listado de personas y bienes interdictos; en otros, hay un relato de los hechos de corrupción más sonantes; a veces, una reproducción de las notas que se enviaban a la prensa; en otras oportunidades, una simple carta dirigida a la CNI en la cual daban cuenta de las actividades realizadas e incluso, en ocasiones, la comisión no elaboró materiales.
El Libro Negro tiene otras características. Pensado para un público más amplio, presenta un discurso más homogéneo, a la vez que su lenguaje es simple y directo. Aunque contó con diversos colaboradores y fue sometido a la aprobación de una comisión,¹⁶ el escritor encargado de la obra fue Julio Noé. El autor era un intelectual demócrata progresista, liberal, conocido tanto por su rol de literato como por sus tareas de abogado e industrial. Al momento de la escritura tenía ya 63 años y había dirigido colecciones de la Editorial Estrada y revistas reconocidas, como Nosotros (1920-24) y Política (1923-24). Aunque sus primeras y más notorias ediciones son de 1958, el Libro Negro tuvo otras dos reediciones: una en 1973 y otra en 1980.
Si bien presenta frases como: “este no es un libro de historia, pero servirá para escribirla”, queda claro que el texto procura colaborar en la construcción de una versión sobre la historia de la Argentina peronista. En la actualidad, estas publicaciones continúan siendo emblema de grupos antiperonistas, que plantean la necesidad de rescatar los valores de la “Libertadora” frente a una “historia del peronismo que se oculta, se niega o tergiversa para mantener un mito que no es”.¹⁷ Más allá de los usos políticos actuales, lo que aquí nos interesa es detenernos en las apropiaciones académicas de este archivo.

Las comisiones investigadoras y la historiografía sobre peronismo

El Libro Negro se podría considerar como el texto fundador de la versión del peronismo como un fenómeno patológico en la historia argentina, al que caracteriza por la corrupción, manipulación, represión, censura y su “ataque totalitario” a las expresiones democráticas. En esta línea, se puede incluir en la lista de publicaciones aparecidas en los meses y años inmediatamente posteriores al derrocamiento de Perón, escritas por opositores al régimen.¹⁸
Aunque la historiografía académica de las últimas décadas ha revisado esta visión para reemplazarla por una perspectiva “normalizadora”, que integra al peronismo en una línea de continuidad con una serie de procesos históricos iniciados en los años treinta,¹⁹ el corpus descripto en el apartado anterior sigue siendo un insumo para caracterizar la naturaleza del peronismo. Si bien las referencias generales han sido más comunes que las citas concretas, en general se reproduce un tipo de información que se presume objetiva.²⁰ Desde ya, su incorporación como fuente para la reconstrucción de la historia peronista no implicó su reproducción acrítica, al punto que se descartó fuertemente la asociación entre peronismo y totalitarismo, a la par que se eliminaron los rumores que se juzgaron exagerados.²¹
No obstante, parece que otros tópicos asociados al imaginario “libertador” (peronismo y corrupción, peronismo y dogmatismo, peronismo y centralismo) continuaron reproduciéndose.²² En esta línea, resulta oportuno preguntarse sobre las posibilidades historiográficas del uso de este archivo para pensar el peronismo, esta vez reflexionando acerca de las lecturas sobre el acervo documental y no respecto de las interpretaciones sobre el fenómeno.
El libro de Arlette Farge señala dos amenazas que acechan al historiador en su relación con los fondos documentales: “el ‘archivo-reflejo’ –del que no se sacan más que informaciones– y el ‘archivo-prueba’ que concluye las demostraciones, con el aspecto de acabar de una vez por todas con el material” (Farge, 1991, p. 94). Si bien el primer fantasma parece totalmente alejado de una historia profesional, el segundo resulta más difícil de apartar, pues en última instancia toda investigación informa al fondo documental a partir de sus preguntas. ¿Cómo lograr un equilibrio entonces entre la búsqueda centrada únicamente en elementos que refuerzan la hipótesis y la necesaria incorporación de parámetros de lectura para trascender la mera repetición de anécdotas? Este problema, pese a su complejidad, es quizás solo el primero en la relación del historiador con el archivo. Como han señalado Carlos Aguirre Ramírez y Javier Villa Flores (2009), los historiadores debemos avanzar en la indagación de las lógicas existentes detrás de la creación, organización y funcionamiento de los corpus documentales para cuestionar nuestro propio quehacer. En definitiva, señalan los autores, preguntarnos en qué modo su forma y su contenido han condicionado los temas de estudio y el tipo de narrativa sobre el pasado producida por los historiadores profesionales.
Un encadenamiento de citas compartidas por un conjunto de textos en los que se examina la Fundación Eva Perón (FEP) nos parece particularmente interesante para reconstruir algunos usos historiográficos de los documentos legados por las comisiones investigadoras. La cadena se inicia en el análisis de Marysa Navarro sobre los recursos con que se financiaba la FEP. Navarro alude a un texto de Américo Ghioldi, socialista y ferviente antiperonista, que condensa una serie de mitos sobre el financiamiento de la fundación a partir de donaciones forzosas de empresarios. La autora encuentra en las Memorias de las comisiones evidencia que, paradójicamente, contradice este mito: no existe ninguna denuncia sobre este tipo de prácticas (Navarro, 1993, p. 213). Para Navarro, este hallazgo permite matizar el mito antiperonista de las donaciones forzosas. Unos años después, Mariano Plotkin retoma esta cita. El fragmento merece ser citado in extenso…

“Un argumento que ha sido muy repetido particularmente en la literatura antiperonista es que la mayor parte de los recursos financieros de la FEP era obtenida por medio de donaciones extraídas del mundo de la industria y los negocios por medios coercitivos. Los dos casos que usualmente se citan como ejemplos son los de la fábrica de caramelos Mu-Mu y el laboratorio Massone, ambas clausuradas por el gobierno por supuestas deficiencias higiénicas. Sin embargo, era vox populi entre los medios opositores que la verdadera razón de las clausuras era que ambas compañías industriales habían rehusado hacer ‘donaciones’ a la FEP. Aunque en estos dos casos particulares me fue imposible encontrar evidencia concreta sobre la veracidad de esta versión, lo cierto es que, como señalan Fraser y Navarro en su libro sobre Eva Perón, luego de la caída de Perón se estableció una comisión para investigar las supuestas exacciones forzosas cometidas por la FEP, comisión ante la cual se presentó un solo denunciante, un fabricante de muebles. El caso no fue decidido en su favor. Dado el nivel de los sentimientos antiperonistas imperantes poco después de la Revolución Libertadora, resulta difícil creer que cualquiera que hubiera tenido la más mínima evidencia de haber sido coactivamente forzado a hacer donaciones no hubiera presentado una denuncia frente a una comisión excelentemente predispuesta a recibirla. Sin embargo, es muy probable que la FEP haya ejercido algún tipo de ‘coerción informal’ o que algunos empresarios hubieran sentido temor de no realizar donaciones ‘voluntarias’” (Plotkin, 2007, p. 239).

El análisis de Plotkin abre una brecha clave para iniciar una interesante conversación sobre este archivo, al marcarnos la frontera entre evidencia histórica y evidencia judicial. En este sentido, el autor advierte algo que todos estaríamos dispuestos a admitir: un funcionario (de cualquier gobierno) no deja rastros escritos de sus “sugerencias” para aumentar arcas. Pero ¿qué debemos hacer con esa certeza y la documentación de las comisiones?
Mientras que esta argumentación es válida para la interpretación histórica, donde los investigadores pueden ofrecer observaciones variadas con una apropiada metodología, las nociones legales de evidencia implican otros parámetros. Así, al observar el mismo corpus, Martín Stawski y Ricardo Cortés (2008) buscan reforzar su argumento histórico con evidencia judicial. Por esta vía, los autores proceden a buscar irregularidades en torno a la FEP en otros tramos de las Memorias, para finalmente encontrarlas en los detalles de la comisión liquidadora de las empresas Bemberg. Lo cierto es que, volviendo a la lógica de la evidencia histórica, podríamos considerar también posiciones alternativas a la de Plotkin. Como ya lo han sugerido otros autores (Kaplan, 1985; Sáenz Quesada, 2007), las cúpulas del gobierno de la “Libertadora” se preocuparon porque el mundo de los negocios no fuese el foco de estas investigaciones, puesto que consideraban que indagar en la corrupción del ámbito privado terminaría afectando la normalización económica del país. En esa clave, la ausencia de denuncias sobre “cooperaciones forzadas” a la FEP se puede entender también como una marca de clase del nuevo gobierno.
En efecto, lo interesante entonces es que los parámetros de la evidencia, lejos de la objetividad que les asignaría el positivismo, tienen diferentes interpretaciones en distintas visiones del mundo (Anderson, 2013). Así los efectos del análisis de la serie, lejos de fomentar un patrullaje sobre el uso de los archivos, nos interrogan sobre las tensiones que suscita un proceso mediado por la intencionalidad político-ideológica de “desperonizar” y la lógica judicial que rige sus decisiones. Asimismo, nos induce a pensar en qué modo esa intencionalidad, que parece estar anclada en la estructura semántica del archivo,²³ se cruza con la interpretación histórica, tal como lo hace con la judicial.
Más recientemente, algunos autores se han centrado en el uso de los expedientes de las comisiones y los caracterizaron como documentos más promisorios para el análisis. (Marcilese, 2007; Barry, 2014; Lichtmajer, 2014). En efecto, considerando que la documentación bibliográfica (Memorias y Libro Negro) tuvo como función específica relatar, difundir, informar, recrear o instruir una historia sobre el peronismo, es claro que no fue éste el objetivo con el que fueron acumulados los expedientes, cuyo archivo responde –al menos a priori– a finalidades administrativas.²⁴ Si consideramos que la Fiscalía de Recuperación Patrimonial fue el productor del fondo documental y el Ministerio de Justicia la última institución que gestionó esos documentos, la lógica judicial ocupa un primer plano.
Siguiendo esta línea, creemos que pueden surgir resultados muy fructíferos al revisar el repositorio de las comisiones, a partir de un diálogo fluido con los aportes que se han realizado para la crítica de fuentes judiciales y los documentos de la represión desde otros campos de la historiografía argentina (Mayo, Mallo y Barreneche, 1989; Palacio, 2005; Kahan, 2007; Galluci, 2010). En particular, resultan de interés los problemas vinculados al análisis de indagatorias, que son, a la vez, un ejercicio de poder y estigmatización (Ginzburg, 2004).
En cualquier caso, este diálogo vuelve a recordarnos que, en última instancia, todo el archivo muestra una particular configuración de poder. Al considerar esta situación, Hamilton, Harris y Reid (2002) ponen como ejemplo para pensar el problema de las relaciones porosas entre fuentes, discursos y procesos sociales, el modo en que un documento sobre gays y lesbianas se leerá en cien años. La pregunta es sugerente en varios aspectos. Por un lado, señala las posibilidades de “refigurar” o “cambiar el sentido” de un archivo, más allá de la estructura semántica inicial que hemos señalado.²⁵ Por otro lado, nos interpela respecto al modo en que éste se trama sobre la base de una identidad, a la vez que la articula.

Las comisiones y la “desperonización”: los expedientes y la mirada de “abajo hacia arriba”

El uso de documentos producidos por la CNI ha sido habitual para interrogarse sobre la naturaleza del peronismo, sin embargo, son escasas las referencias a él para analizar el proceso de “desperonización” encabezado por la “Revolución Libertadora”.
La investigación de Estela Spinelli (2005), que se ha constituido como referencia obligada para los estudiosos del período por la minuciosidad y complejidad con que aborda el tema, retoma este proceso a partir de las publicaciones del diario La Nación. La lectura de la prensa tiene la ventaja de dar cuenta de la importancia que el gobierno de facto le daba a la publicidad de estos actos, poniendo de manifiesto el modo en que la exhibición de los “vicios y pecados” peronistas tenía un carácter ritual para el antiperonismo. Estas lecturas, junto con la revisión del Libro Negro, le permiten a la autora examinar el accionar de la “desperonización”, al que caracteriza en sus facetas pedagógica y represiva. De este modo, Spinelli presenta un estudio de historia política concentrado en las diferencias entre las políticas “desperonizadoras” de los gobiernos de Lonardi y Aramburu, y el modo en que influyeron en ellas los distintos partidos políticos del arco antiperonista.
Pero si en el plano de las coyunturas políticas la “desperonización” mereció un tratamiento específico, incluso cuando se dejó en evidencia hasta qué punto se trató de una estrategia fracasada, ubicar el problema en otro campo de análisis podría darle una nueva relevancia. En esta línea, otras claves para pensar el proceso de “desperonización” pueden encontrarse si, en lugar de centrarnos en la comprensión de los actores al nivel de las cúpulas, aprovechamos la perspectiva “desde abajo hacia arriba” que nos brinda el proceso de denuncias generado por la iniciativa gubernamental de las comisiones investigadoras. Como ha señalado Mariana Nazar (2010), en los expedientes se pueden indagar las diferencias que tienen distintas áreas de una institución respecto a la visión sobre determinado problema, e incluso la opinión, mirada y/o participación de otros actores que no forman parte de dicha institución (otras instituciones del Estado, de la sociedad civil, individuos o familias, etcétera).
El trabajo de Martha Ruffini (2012) con el archivo de la comisión provincial de Río Negro es pionero en esta lectura. Su objetivo es advertir el involucramiento de la sociedad civil y sus organizaciones en la persecución y represión de los habitantes. En una clave similar, aunque mirando las comisiones en el marco de otras políticas “desperonizadoras”, Fernando Castillo (2014) hizo uso de los expedientes de la comisión de Jujuy. Allí el autor también señala el concurso de sectores civiles con la intervención militar, aunque su objetivo principal pasa por detectar las particularidades de la “desperonización” en esa provincia, al que caracteriza como un proceso desigual y gradual en contraste con las acciones más decididas y rápidas de la comisión nacional. Esta reflexión nos invita a pensar –a partir de un juego de escalas– la “desperonización” en niveles, del mismo modo que Spinelli ha pensado en la diversidad existente al seno de los partidos políticos.
Esta posibilidad que abren las historias provinciales permite seguir la línea, para un período posterior, que ya ha recorrido en profundidad la historiografía sobre el peronismo. También aquí, César Tcach (1994) inició el camino al analizar las estrategias políticas de los distintos partidos y las nuevas correlaciones de fuerzas que se tejieron en el escenario cordobés, punta de lanza de la “Revolución Libertadora”. Estos trabajos abrieron la indagación hacia otros gobiernos provinciales para la misma etapa, también en clave de la nueva historia política (Iuorno, 2008; Bona y Vilaboa, 2009; Santos Lepera y Lichtmajer, 2012).
Pero junto con esta aproximación a estudios de caso diversos, los abordajes regionales y locales nos ofrecen otra configuración, a partir de la reducción de escala. En efecto, pareciera no ser casual que la interrogación de los expedientes provenga principalmente de quienes han explorado en historias locales y provinciales, pues formularon cuestionarios más sensibles a los aportes de este corpus. Como ha señalado Palacio (2005), los archivos judiciales son una herramienta fundamental para reconstruir la historia local, porque brindan una idea bastante precisa del microclima y los “arreglos” locales (económicos, sociales, culturales, en su sentido más amplio). Por esta vía, señala el autor, la historia social de la justicia resaltó complejas prácticas de arreglos locales y maleabilidad jurídica donde antes parecería haber habido solamente arbitrariedades y violencias.
En esta línea, mirar la “desperonización” de “abajo hacia arriba”, pensando el problema desde la ilusión antiperonista de la erradicación identitaria, muestra todos los intersticios en que esta política no logró penetrar. El señalamiento se vuelve más relevante en la medida en que, ni la perspectiva del gobierno de facto ni la visión de los perseguidos, harían hincapié sobre esta realidad. Aun considerando las exclusiones de los casos judicializados del fondo de la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, resulta llamativa la enorme cantidad que terminan sin sentencia, pues se consideraron prescriptos, al no existir evidencia judicialmente válida. Como ya señalamos, la brecha entre la lógica judicial-administrativa y la lógica política aparece como un objetivo de indagación en sí mismo.
En efecto, si miramos la “desperonización” desde estas pequeñas hendijas podemos observar un sector de ciudadanos enfrentados al peronismo, pero también indignados con el cierre compulsivo de las comisiones por parte del gobierno. Una nota, enviada hacia el final del período de las comisiones, condensa estas emociones:

“Mientras se descargan todas las furias con los ex legisladores, especialmente los nacionales, aun sabiendo que no todos son culpables en la medida en que se le quiere situar; por lo menos ellos fueron elegidos por el Pueblo, se permite a estos elementos, verdaderos usufructuarios del sistema imperante antes de la Revolución, que lo sigan siendo hoy, aún después de la revolución, con toda impunidad, y sin que nadie les ajuste las clavijas a estos comerciantes de todos los momentos políticos del país. Esta gente estimado Doctor, compran y venden a cualquiera, y se arriman a cualquier color político con tal de utilizarlo para su provecho. Estos son verdaderos delincuentes profesionales del sistema institucional y político del país. Estos son los amorales de la política, son los usufructuarios de los Partidos que llegan a posiciones públicas, son los tipejos aspirantes a caudillista de baja estofa que todo pervierte y todo lo negocia. Ellos representan el verdadero cáncer de la política argentina en los comités, unidades básicas y agrupaciones”.²⁶

Desde ya, se trata solo de una cuestión de perspectiva, pues a la vez que hubo muchos espacios difíciles de impregnar por esta política, la magnitud del proceso no puede dejar de asombrarnos.²⁷ Justamente, y a raíz de que el campo de estudios sobre la resistencia peronista ha sido más prolífico para las ciencias sociales, existen trabajos que han avanzado en la perspectiva de “abajo hacia arriba” que desarrollamos aquí.²⁸ Nos interesa continuar con esta línea para el estudio de las comisiones investigadoras y sus consecuencias. En efecto, cuando el decreto 479/55 sancionó la posibilidad de investigar a funcionarios del gobierno depuesto, esto no implicó únicamente a Perón, ministros, gobernadores e intendentes. El funcionario corrupto, los beneficios del allegado al régimen, el empleado del Estado que trabaja con fines partidarios, el ineficiente, el ególatra, el obsecuente, el inmoral, son figuraciones que ocupan diferentes lugares en ese relato y cruzan distintos niveles del espacio público, desde las más altas cúpulas hasta los empleados más bajos.
Las figuras de corrupción atravesaban desde megacasos, como el de los sobreprecios en las licitaciones para la usina termoeléctrica de San Nicolás,²⁹ hasta la acusación al jefe de estación de la terminal de ómnibus de Mar del Plata por robar el dinero de la alcancía de la virgencita que protegía a los pasajeros. ³⁰ Respecto del culto al líder, se denunciaba tanto la construcción de un monumento a Eva Perón como el caso de un director de escuela en un pueblo de la provincia de Santa Fe, acusado por brindar un “discurso emocional” al morir Evita –de cuya urna guardaba una réplica en la escuela– y de organizar el “acto carnavalesco” del entierro.³¹
Estos relatos abren un amplio abanico de preguntas, en especial si hacemos el ejercicio de cruzar este proceso con los análisis efectuados para otras coyunturas políticas de investigación y juzgamiento enmarcadas por enfrentamientos sociales intensos. En ese plano, ya no sorprende tanto el hecho de que la causa de las comisiones se haya enfocado también en figuras menores. Sheila Fitzpatrick y Robert Gellately (1996) han mostrado que un número muy importante de denuncias en la mayoría de las sociedades que atravesaron situaciones similares fueron hechas contra gente ordinaria –vecinos, compañeros de trabajo, aldeanos–, con quienes los denunciantes tenían un trato cotidiano. En estas experiencias, al descender al nivel local, las denuncias –lejos de domesticarse– se radicalizaban. Así, figuraciones que referían inicialmente a la “desperonización” en términos de combate a la corrupción, personalismo e ineficiencia del régimen se proyectaban a nivel local en un plano más profundo, como un ataque a las transformaciones políticas, sociales y culturales acontecidas en la década peronista. Si en el plano del análisis de los proyectos de partidos y elencos gubernamentales es posible diferenciar acciones “desperonizadoras”, el estudio de su recepción para “gente ordinaria” difumina esas diferencias y resalta la intensidad del conflicto peronismo-antiperonismo, así como su carácter de reacción jerarquizadora.³² Solo a modo de ejemplo, podemos observar que la modalidad de la denuncia al recaudador de impuestos se repetía en escenarios diversos. En Villa Berteth (Chaco) varios “ciudadanos” denunciaron a un vecino por:

“haber manifestado en numerosísimas oportunidades que adoquinaría las calles con las cabezas de los contreras y otras amenazas insolentes que aún se recuerdan en esta localidad, de las cuales pueden dar fe la mayoría de los habitantes de este pueblo y colonia”.

El denunciado relacionó las imputaciones con el resentimiento que habría generado su rol como miembro del Secretariado General de la Federación Argentina de Seccionales Agrarias; en particular, en relación con el trabajo de percepción y liquidación del reajuste que les correspondía a los recolectores del algodón en bruto.³³ En la ciudad de Balcarce, la Dirección General de Transporte atendió las denuncias sobre la “forma decididamente parcial, discrecional e incontrolada” con la que actuó el agente responsable de la retención a los camioneros del impuesto del dos por ciento que establecía la ley 5632.³⁴
En estos conflictos no parecen haber existido únicamente disputas por dinero, sino que se pusieron en juego representaciones y prácticas en torno a las jerarquías sociales. Un caso similar a los anteriores fue el de un carnicero ruso que vivía en la capital de Chaco y consideraba que había sido perseguido por el inspector municipal. Ese acoso se habría manifestado en la realización de múltiples sumarios, que llegaron a una situación extrema cuando “busco sublevarle un peón, al que daba instrucciones para que no se presentara a trabajar, fingiéndose enfermo, y sin que le presentara certificado médico”.³⁵ De modo incluso más directo, la tensión social se tradujo en denuncias de terratenientes chaqueños que acusaban a colonos de ocupar tierras con amparo del sindicato de agricultores y afines.³⁶
Paradojalmente, antes que restaurar el orden, lo que nos muestra el Fondo de la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial es que el proceso de investigaciones encauzó una efervescencia social a la que el gobierno de facto decidió clausurar cerrando las comisiones. Aunque desde las más altas esferas se sostenía que no había razón para que estas indagaciones intranquilizaran al pueblo, porque “tal sensación solo la experimentaban los delincuentes y quienes deseaban el ocultamiento de su pasada actuación”,³⁷ la escena de la caza de brujas ganaba vigencia. El relato de un vecino de 9 de Julio, cuya “motocicleta Puma” había sido incautada, nos devuelve muchas de estas sensaciones, que difícilmente podríamos captar a través de otras fuentes. En una nota dirigida al presidente de la comisión investigadora de la provincia de Buenos Aires, el imputado señaló que una moto, que le había regalado Perón para trasladarse desde la ciudad hasta la escuela rural donde dictaba clases, le fue confiscada por la comisión municipal. En su narración, la motocicleta llegó como un inesperado regalo del primer mandatario, tras su pedido al gobernador Aloé para sacar un crédito en el Banco Nación que le facilitase el acceso al vehículo.
Aunque se declaraba comprensivo frente a las razones del secuestro del rodado, el maestro solicitaba una solución para trasladarse cotidianamente a su trabajo.³⁸
¿Se había transformado esta “desperonización” en un escollo para “normalizar” la situación social, política y económica, en definitiva, para la pacificación? En marzo de 1956, se cerraron las comisiones y se sancionó el decreto 4161 de prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista. Era un mes bisagra, la persecución se trasladó de los peronistas del pasado a los peronistas del presente.

Reflexiones finales

En resumen, este trabajo se propuso poner de relieve y caracterizar los documentos legados por la CNI. Abordado hasta el momento de modo parcial, un paneo general sobre la estructura de las comisiones y subcomisiones, así como de la producción bibliográfica y de archivo que produjeron, constituyen un primer aporte de este artículo. Nos hemos detenido en la magnitud del proceso, considerando especialmente el impacto de su dispersión provincial y local.
En segundo término, hemos rastreado el modo en que distintas partes del corpus han sido utilizadas para la reconstrucción histórica del período peronista. En líneas generales, exploramos la tensión entre el sentido de un material que se constituye para construir una memoria ominosa del régimen peronista y las posibilidades de su utilización en una historiografía académica que busca estudiar en contexto el lapso 1945-1955. Las particularidades de este relato advierten sobre la necesidad de reflexionar en torno a las múltiples mediaciones que atraviesa el trabajo del historiador al analizar un fondo documental: desde las herramientas precautorias que ofrece el oficio frente a la simple reiteración o la revisión de las exclusiones, hasta la compleja e inestable relación entre los autores de la documentación, los archivos e intérpretes como topos de sentidos e identidades posibles.
Atentos a los lazos complejos entre las lógicas políticas y judiciales que atravesaron la producción del repositorio, nos interrogamos sobre las “refiguraciones” realizadas por los historiadores en su quehacer profesional. Mientras que el corpus de la CNI ha sido utilizado en la disciplina centralmente para interrogarse sobre la naturaleza del peronismo, nos interesa indagar en lo que nos puede decir sobre el proceso de “desperonización”. Los expedientes acumulados en el Fondo de la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial parecen brindar una perspectiva privilegiada para este fin, pues si la documentación bibliográfica producida por las comisiones (Memorias y Libro Negro) tuvo como función específica relatar, difundir, informar, recrear o instruir una historia sobre el peronismo, los expedientes fueron acumulados con fines administrativos.
En las pequeñas descripciones que aparecen en esas fojas, donde se cruza el enojo de algunos actores por la permanencia de peronistas en puestos de relevancia y la impotencia de otros por el avance de las comisiones en múltiples ámbitos de lo público y lo privado, puede encontrarse la llave para construir una lectura más vivencial del conflicto peronismo- antiperonismo que la que devuelven los enfoques centrados en las altas cúpulas. Desde ya, como muestra el análisis de éste y otros procesos, lo personal puede mezclarse con lo político de múltiples modos. En líneas generales, creemos que aun cuando no puedan desconocerse dosis variables de oportunismo en las denuncias, su ejecución conlleva un importante y ambiguo proceso de identificación política. Alejándonos del rescate de denuncias que propone la lógica del “archivoreflejo” o de la búsqueda de un sentido único y concluyente en que deriva la lógica del “archivo prueba”, el objetivo a largo plazo es comprender el archivo como máquina de tramar sentidos identitarios: legalidad y antiperonismo; ilegalidad y peronismo.
Si la “desperonización” fue generadora de representaciones y estereotipos circulantes en el imaginario político, en la repetición de estas figuraciones a “ras de suelo”, las situaciones no se resolvieron siempre con la mera reproducción del tópico en distintas escalas. Al descender al nivel local, las denuncias, lejos de domesticarse, se radicalizaban. Así, figuraciones que referían a la “desperonización” en términos de combate a la corrupción, personalismo e ineficiencia del régimen, se proyectaban en un plano más profundo como un ataque a las transformaciones políticas, sociales y culturales acontecidas en la década peronista. La diferencia no parece residir en la lógica del juego de niveles, por el contrario, el análisis de juntas consultivas y dinámicas propias de actores políticos provinciales ha desembocado en una necesidad de revisar la tesis clásica según la cual la política argentina se organizó de modo casi exclusivo –a partir de 1955– sobre la base del clivaje peronismo- antiperonismo. La clave parece residir en la perspectiva analítica que brindan los expedientes de las comisiones. Si en el plano del estudio de los proyectos de partidos y elencos gubernamentales es posible diferenciar proyectos “desperonizadores”, el análisis de su recepción para “gente ordinaria” –vecinos, compañeros de trabajo, aldeanos– difumina esas diferencias y resalta la intensidad del conflicto, así como su carácter de reacción jerarquizadora.
En definitiva, a lo largo de estas páginas hemos tratado de avanzar en torno al problema metodológico de la utilización y contextualización de las fuentes documentales en el quehacer historiográfico. Los diálogos, aquí solo ensayados, con los trabajos sobre historias de la justicia y archivos de la represión, con las historiografías provinciales y locales, con las preguntas sobre identidades políticas o la bibliografía sobre denuncias en distintos regímenes políticos, pretenden dar apenas los primeros pasos en la construcción de una nueva agenda para el tratamiento de este archivo.

Notas

¹ Aspectos parciales de este trabajo fueron presentados en 2014 en el Cuarto Congreso de Estudios del Peronismo en San Miguel de Tucumán y en las XII Jornadas de Historia Política del Grupo de Movimientos Sociales y Sistemas Políticos de la Argentina Moderna en Mar del Plata. Agradezco los comentarios recibidos por los participantes de los simposios donde expuse mi trabajo y las valiosas sugerencias de los evaluadores externos de la revista. Las referencias a los expedientes judiciales contenidas en el artículo respetan la política de protección de datos sensibles que implementó el Archivo Intermedio-Archivo General de la Nación, a cuyo personal agradecemos especialmente por el apoyo brindado en el transcurso de la investigación.

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Centro de Estudios Históricos-Facultad de Humanidades- Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina. Correo electrónico: silvanaferreyra82@gmail.com.

³ En su trabajo sobre las prácticas autoritarias y represivas en los gobiernos militares y democráticos entre 1955-1983, Franco (2012) ha señalado que el desafío es explicar esos elementos comunes que parecen caracterizar el período en su funcionamiento y en su propia densidad histórica y no como mero camino de acumulación represiva hacia su “clímax”. Una excepción destacable para la coyuntura que analizaremos es la investigación de Spinelli (2005).

⁴ Para una crónica histórica minuciosa de lo ocurrido durante la “Libertadora”, véase también Ruiz Moreno (1994) y Sáenz Quesada (2007).

⁵ Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública (C16), Ministerio de Comercio (C18), Subsecretaría de Prensa y Difusión (C21) sobre cine, teatro y radio (C17) y sobre radioemisoras privadas (C56), Ministerio de Comunicaciones (C24), Ministerio de Industria (C25), Ministerio de Agricultura y Ganadería (C29), ex Secretaría de Asuntos Técnicos y Presidencia de la Nación (C31), Ministerio de Trabajo y Previsión (C34), Ministerio de Obras Públicas (C36), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (C45), Ministerio de Asuntos Políticos (C47), Ministerio de Interior y Justicia e Institutos Penales (C48) y una vinculada a censos, estadísticas y padrones electorales (C42), Ministerio de Hacienda (C50), Ministerio de Educación (C20 y C4), Ministerio de Transportes (C27, C28, C41).

⁶ Comisión Nacional de Energía Atómica (C12), Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (C13), Dirección Nacional de Química (C5), Dirección General Impositiva (C10), Gestión Económica Financiera Banco Central y Organismos Comercializadores (C14), Banco Hipotecario Nacional (C19), Yacimientos Petrolíferos Fiscales (C22), Administración de Casinos Marítimos (C30), Dirección General de Aduanas y Contrabando (C33), Aerolíneas Argentinas (C37), Caja Nacional de Ahorro Postal (C53), Dirección Nacional de Puertos (C57), y una tan variopinta como la denominada “Organismos dependientes hasta el 16/09/55 de la Presidencia de la Nación” (C40). El gran número de denuncias sobre torturas y apremios ilegales hizo que la Policía Federal tuviera también su propia comisión (C58).

⁷ Aloé-Díaz (C7), Alberto Teisaire (C8), Jorge Antonio (C11), Román A. Subiza (C15), Ex Ministro Oscar Nicolini (C51), Alianza Libertadora Nacionalista (C59), Grupo Díaz (C60), Enriquecimiento Ilícito de Ex Legisladores (C43), y la correspondiente al seguimiento de las irregularidades administrativas imputables al presidente depuesto, que buscaba paradojalmente estigmatizarla a la vez que invisibilizar la figura de Perón (C2).

⁸ Superusina Termoeléctrica San Nicolás (C1), Automotores de la Capital (C3), Duarte-Álvarez Savedra (Hoteles) (C6), Monumento a Eva Perón (C9), FOCA S.A. y ley 14.122 (C35), Empresas Tricerri COFA y otras conexas (C38), ad hoc Muebles Sagasti (C54) y la más general sobre Fondos, Agio y Especulación (C26).

⁹ En el ámbito de lo público no estatal, una comisión se abocó a analizar las irregularidades existentes en las distintas asociaciones, confederaciones, federaciones, clubes (C49) y otra al delegado coordinador ante las comisiones internas (C46). Curiosamente, solo hubo dos comisiones relacionadas más directamente con el Movimiento Justicialista: la de la ex Fundación Eva Perón y del Instituto Nacional de Acción Social (C39) y la de la Escuela Superior Peronista (C52).

¹⁰ Asuntos Varios (C23) y Propiedad Enemiga (C55).

¹¹ Este descontento quedó plasmado en el discurso del presidente de la CNI, Leonardo Mac Lean, quien señaló en el acto oficial -luego del cual cesaban sus funciones-: “De acuerdo al decreto ley 6.132, la Comisión Nacional de Investigaciones pone hoy fin a sus actividades. No habíamos terminado aun totalmente la misión que nos fuera encomendada; muchos de nuestros colaboradores se hallaban en plena labor y todavía frente a una selva de irregularidades que abarcan todos los ámbitos de la actividad administrativa del régimen depuesto. Nos hacemos cargo del desaliento que les habrá causado el alto súbitamente impuesto a la tarea” (VPN-CNI, 1958, tomo I, p. 9).

¹² Nota de Julio Aramburu (presidente comisión PBA) a Mac Lean (presidente Comisión Nacional) 24 de abril de 1956. Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial. Clasificación y Custodia de Actuaciones. Comisión Provincial (FNRP. CCA.CP.), Caja 3. Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación (AI-AGN), Buenos Aires. La presencia en el archivo de la FNRP de siete cajas correspondientes a la provincia de Buenos Aires muestra que una buena parte del material fue desconcentrado, según indicaba el procedimiento desde nación, aunque desconocemos el volumen del faltante.

¹³ Aunque el recorte resulta cualitativamente significativo, si el porcentaje entre expedientes ingresados y enviados a la justicia es similar a la proporción entre 15.000 y 300 enunciada por Mc Lean, cuantitativamente no parece limitante. Como dato llamativo, aunque no se pueda considerar representativo, al explorar el archivo del Juzgado en lo Penal en Mar del Plata, en las causas asociadas a las comisiones los jueces suelen dictar sentencias por falta de mérito.

¹⁴ Descripción del fondo. AI-AGN, Buenos Aires. Agradecemos al personal de esa institución por su gentil atención y, en particular, por la importante labor que realizan al ofrecer un material de archivo profesionalmente descripto e inventariado.

¹⁵ En el Archivo Intermedio existen dos “versiones” de las Memorias de las comisiones. Por un lado, el material édito al que aludimos; por otro, las versiones originales de cada una de ellas, depositadas como expedientes en 13 cajas pertenecientes al fondo de la FNRP. Según el material de descripción del fondo, algunas de estas Memorias no fueron editadas. En efecto, en algunos casos, hemos podido constatar diferencias entre las Memorias originales y las éditas. Véase Inventario de Memorias. Fondo: Comisión Nacional de Investigaciones. AI-AGN, Buenos Aires.

¹⁶ Según el decreto 14.988/56, que reglamenta la publicación de antecedentes, documentación y conclusiones de la CNI, fueron convocados como colaboradores: Julián Duprat, Joaquín Otero y Atilio Barneix, quien no se hizo cargo de sus funciones. La comisión de examen y aprobación estuvo conformada por el vicealmierante Leonardo Mc Lean, el general de brigada Luis R. González, el brigadier mayor Federico F. A. Ruiz y el doctor Rodolfo Medina.

¹⁷ Véase http://lasegundatirania.blogspot.com.ar/.

¹⁸ Para una síntesis de éstas y de su impacto en el extranjero, remitimos a Hoffman (1956, 1959). También se puede consultar Spinelli (1997).

¹⁹ Para un análisis de la existencia de un proceso de normalización académica del peronismo, ver Acha y Quiroga (2012).

²⁰ Solo a modo de ejemplo, podemos citar el trabajo de Belini (2006, p. 122), quien se refiere al Libro Negro para señalar que el capital de la Mercedes Benz estaba distribuido entre la Daimler Benz con un 54% y Jorge Antonio con 45%. Por su parte, Gené cita las Memorias de las comisiones para describir uno de los modelos del escudo peronista para solapas: “según el informe de la Comisión Investigadora, este modelo, hecho en oro, se distribuía entre funcionarios del gobierno de cierta jerarquía y en las embajadas” (2005, p. 19).

²¹ Rein (2014) triangula evidencia para desechar las versiones construidas por la “Libertadora”. Así señala: “Las referencias a los líderes de la OIA como charlatanes y timadores también se basaban en material publicado por la Comisión Nacional de Investigación, formada por la Revolución Libertadora para documentar a los ‘autores y cómplices de las irregularidades durante la Segunda Tiranía’…. A lo largo de esta investigación, sin embargo, entrevisté a familiares y asociados de Salvador Woscoff, Adolfo Minyevsky, Sujer Matrajt, Luis Elías Sojit, Pablo Manguel, Natalio y Eduardo Cortés y Ezequiel Zabotinsky, logrando adquirir perspectivas que me han ayudado a atemperar la imagen negativa que la mayor parte de los historiadores describe respecto a la OIA”.

²² En un plano más general, que no se limita únicamente a esta fuente, dicho argumento puede seguirse en Ferreyra y Petitti (2014) para las nociones que circulan sobre la autonomía local en el peronismo, y en Petitti (2012) para la experiencia educativa.

²³ Para Anderson (2013), el archivo es una estructura semántica, estable e intencional que se mueve en el tiempo. Semántica, en esta definición, denota un sistema de signos, indicadores y/o símbolos que son combinados o ubicados de forma que ese significado o propósito es comunicado. Lo que interesa señalar aquí es que alguna estructura semántica esta en sitio, aun cuando la estructura no sea comprendida por el receptor.

²⁴ Para una distinción entre documentación bibliográfica y de archivo, véase Nazar (2010).

²⁵ La noción de “refiguración” es retomada en el libro recién citado (Hamilton, Harris y Reid 2002), donde el problema central son las políticas para modificar los archivos coloniales en Sudáfrica tras la abolición del apartheid. Problemas similares han rastreado Caimari y Nazar (2015) al abordar los dilemas de los cambios de sentido que atravesaron los archivos policiales tras la reapertura democrática. Un análisis sobre el acervo documental de la represión, con varios puntos de contacto, puede seguirse en da Silva Catela (2002).

²⁶ FNRP.CCA.CP. Santa Fe, Expediente 946, Caja 1079. AI-AGN, Buenos Aires.

²⁷ Estas miradas en tensión también pueden advertirse en la lectura de Stagnaro (2014) sobre la “desperonización” del poder judicial. En sus palabras, este proceso “no fue solo una recomposición de la antigua estructura judicial pre peronista, ni un desplazamiento de la cúpula del Poder Judicial percibida como favorable al régimen depuesto. Se trató de la aceptación de ciertos hechos sobre los que ya no había retroceso posible –la constitución de los Tribunales del Trabajo y la implementación de nuevos Departamentos– al tiempo que se encaraba la refundación desperonizada del Poder Judicial, con ánimos de ofrecer –de ahí en adelante– un Poder díscolo a las pretensiones políticas del peronismo, que si bien estaba proscrito, era aun potencialmente peligroso. Al declarar la inamovilidad de los jueces que como gobierno provisional nombraba, dejaba una profunda huella en los gobiernos constitucionales futuros” (Stagnaro, 2014, p. 138).

²⁸ Nos referimos principalmente a los trabajos dedicados al análisis del proceso represivo desatado por el decreto 4161 de prohibición de todo tipo de propaganda peronista. En este marco, el trabajo de Mases (1999, 2000) con expedientes del archivo del ex Juzgado Federal de Neuquén, que dan cuenta de la actividad represiva de la policía y otros organismos de seguridad ante la denuncia, delación o simple sospecha de actividades o presencia de símbolos peronistas prohibidos. Desde esta óptica, el autor busca reconstruir una batalla cultural entre sectores dominantes y populares que otro tipo de fuentes no permiten visibilizar. En el mismo camino, aunque acudiendo a otro archivo, el libro de Scoufalos (2007) propone una reconstrucción, a partir de los recuerdos de los militantes, sobre los efectos del citado decreto. La mirada de los presos políticos que dejó este proceso también comienza a ser explorada (Seveso, 2009; Castronuovo, 2014).

²⁹ VPN-CNI (1958, tomo I, pp. 21-49).

³⁰ Causa 1.083/1956. Archivo Judicial Mar del Plata, Mar del Plata.

³¹ FNRP.CCA.CP. Subcomisión Ceres, Santa Fe, Expediente 947, Caja 1079. AI-AGN, Buenos Aires.

³² Fiorucci (2013) mostró un universo similar para las denuncias del campo escolar durante el primer peronismo, las que, según la autora, dejaban entrever los quiebres que la emergencia del peronismo produjo en el orden local. En esta clave, es posible que las denuncias dirigidas a las comisiones durante la “Libertadora” tengan, en ese aspecto, un sentido opuesto, según el cual algunos actores sociales buscaron recomponer ese orden social que el peronismo había alterado.

³³ FNRP.CCA.CP. Subcomisión Villa Berthet, Chaco, Caja 9. AI-AGN, Buenos Aires.

³⁴ Causa 3022/1958. Archivo Judicial Mar del Plata, Mar del Plata.

³⁵ FNRP.CCA.CP. Subcomisión Santa Silvina, Chaco, Caja 9. AI-AGN, Buenos Aires.

³⁶ FNRP.CCA.CP. Subcomisión General San Martín, Chaco, Caja 9. AI-AGN, Buenos Aires.

³⁷ “Discurso del excelentísimo señor vicepresidente provisional de la Nación, contraalmirante don Isaac F. Rojas” en el acto de clausura de la CNI (VPN-CNI, 1958, tomo I, p. 7).

³⁸ FNRP.CCA.CP. Buenos Aires, Subcomisión 9 de Julio, Caja 3. AI-AGN, Buenos Aires.

Referencias bibliográficas

1. Acha, O. y Quiroga, N. (2012). El hecho maldito. Conversaciones para otra historia del peronismo. Rosario: Prohistoria.

2. Aguirre Ramírez, C. y Villa Flores, J. (2009). Los archivos y la construcción de la verdad histórica en América Latina. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas-Anuario de Historia de América Latina (JbLA), 46, 5-17. DOI: 10.7767/jbla.2009.46.1.5.

3. Anderson, K. (2013). The footprint and the stepping foot: archival records, evidence, and time. Archival Science, 13, 349-371. DOI: 10.1007/s10502-012-9193-2.

4. Barry, C. (2014). “Adscripta a la Señora”. Apuntes y reflexiones sobre los recursos de la política: el Partido Peronista Femenino. En L. Lichtmajer y D. Mauro (Comps.) Los costos de la política (pp. 99-117). Buenos Aires: Imago Mundi.

5. Belini, C. (2006). Negocios, poder y política industrial en los orígenes de la industria automotriz argentina, 1943-1958. Revista de Historia Industrial, año XV, 31 (2), 109-135.

6. Bona, A. y Vilaboa, J. (2009). La transición política de los territorios nacionales y la caída del peronismo: el caso de Santa Cruz. Estudios, 22. Disponible en: http://ref.scielo.org/vfjjkz.

7. Caimari, L. y Nazar, M. (2015). Detrás de una puerta gris. Notas sobre los archivos policiales públicos argentinos. En C. Aguirre y J. Villa Flores (Coords.) From the ashes of history. Loss and recovery of archives and libraries in Latin America (pp. 117-144). North Carolina: A contracorriente.

8. Castillo, F. (2014). Antiperonismo y resistencia en Jujuy durante la Revolución Libertadora. Tesis Doctoral inédita. Doctorado en Humanidades (área Historia). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.

9. Castronuovo, S. (2014). Una mirada a través del ojo de la cerradura: las detenidas políticas durante el período de la Revolución Libertadora. Ponencia presentada en el Cuarto Congreso de Estudios del Peronismo, Red de Estudios del Peronismo. Instituto Superior de Estudios Sociales-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. San Miguel de Tucumán, 18, 19 y 20 de septiembre, Universidad Nacional de Tucumán.

10. Da Silva Catela, L. (2002). El mundo de los archivos. En E. Jelin y L. Da Silva Catela (Comps.) Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad (pp. 195-219). Buenos Aires: Siglo XXI.

11. Farge, A. (1991). La atracción del archivo. Valencia: Edicions Alfons el Magnánim.

12. Ferreyra, S. y Petitti, M. (2014). Populismo, instituciones locales y democracia (1945-1958). POSTdata, 19 (2), 681-712.

13. Ferreyra, S. (2014). El ´delito´ de ser peronista. Una aproximación a la comisión investigadora durante la “Revolución Libertadora”. Ponencia presentada en el Cuarto Congreso de Estudios del Peronismo, Red de Estudios del Peronismo. Instituto Superior de Estudios Sociales-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. San Miguel de Tucumán, 18, 19 y 20 de septiembre, Universidad Nacional de Tucumán.

14. Fiorucci, F. (2013). La denuncia bajo el peronismo. El caso del campo escolar. Latin American Research Review, 48 (1), 3-23. DOI: 10.1353/lar.2013.0004.

15. Fitzpatrick, S. y Gellately, R. (1996). Introduction to the Practices of Denunciation in Modern European History, 1789-1989. The Journal of Modern History, 68 (4), 747-767. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/2946718. DOI: 10.1086/245392.

16. Franco, M. (2012). Pensar la violencia estatal en la Argentina del siglo XX. Lucha Armada, 8, 20-31.

17. Gallucci, L. (2010). Las fuentes judiciales y el estudio de los sectores subalternos. Desafíos y posibilidades de su relación en la investigación historiográfica. Revista Electrónica de Fuentes y Archivos, 1.

18. Gené, M. (2005). Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo 1946-1955. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica-Universidad San Andrés.

19. Ginzburg, C. (2004). Tentativas. Rosario: Prohistoria.

20. Hamilton, C., Harris, V. y Reid, G. (2002). Introduction. En C. Hamilton (Ed.) Refiguring the archive. Springer Science+Business Media Dordrecht.

21. Hoffmann, F. (1956). Perón and After: A Review Article. The Hispanic American Historical Review, 36 (4), 510-528. DOI: 10.2307/2509558.

22. Hoffmann, F. (1959). Perón and After, Part II (Conclusion). The Hispanic American Historical Review, 39 (2), 212-233. DOI: 10.2307/2509857.

23. Iuorno, G. (2008). La provincialización de Río Negro. Interregno y conflictos de intereses nacionales y locales. En G. Iuorno y E. Crespo (Coords.) Nuevos Espacios. Nuevos problemas. Los territorios nacionales. Neuquén: Educo-Universidad Nacional del Comahue-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-Cehepyc. Disponible en: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/tn05.pdf.

24. Kahan, E. L. (2007). ¿Qué represión, qué memoria? El “archivo de la represión” de la DIPBA: problemas y perspectivas. Questión. 1 (16). Disponible en: http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/459/383.

25. Kaplan, M. (1985). Aspectos del Estado en América Latina. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

26. Lichtmajer, L. (2014). Operando sobre la coyuntura. Inflexiones en las vías de financiamiento de la UCR de Tucumán durante el primer peronismo. En L. Lichtmajer y D. Mauro (Comps.) Los costos de la política (pp. 81-98). Buenos Aires: Imago Mundi.

27. Marcilese, J. (2007). El poder judicial bonaerense en el primer peronismo: de la autonomía a la dependencia. Revista de Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 18 (2), 69-96.

28. Mases, E. (1999). El gato y el ratón: represión política y formas de resistencia popular en Neuquén a través de las fuentes judiciales, 1956-1957. En AAVV, La fuente judicial en la construcción de la memoria. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata-Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

29. Mases, E. (2000). Delito político, represión y formas de resistencia popular: El caso de Neuquén 1956-1957. Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia. General Roca, 8 y 9 de junio, Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue. Disponible en: http://www.hechohistorico.com.ar/Trabajos/Jornadas%20del%20Delito/ponenciaMases.rtf.

30. Mayo, C., Mallo, S. y Barreneche, O. (1989). Plebe urbana y justicia colonial: las fuentes judiciales. Notas para su manejo metodológico. Estudios/Investigaciones, 1, 47-80.

31. Navarro, M. (1993). Evita. Buenos Aires: Planeta.

32. Nazar, M. (2010). En torno a la especificidad del archivo como territorio de investigación. Ponencia en las Sextas Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos. Capital Federal, 11 al 13 de agosto, Instituto de Desarrollo Económico y Social.

33. Palacio, J. M. (2005). Hurgando en las bambalinas de “la paz del trigo”: Algunos problemas teórico-metodológicos que plantea la historia judicial. Quinto Sol, Revista de Historia, 9-10, 99-123. Disponible en: http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/709.

34. Petitti, M. (2012). Notas en torno a los estudios sobre educación durante el primer peronismo. A Contracorriente, 9 (3), 199-224. Disponible en: http://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/258.

35. Plotkin, M. (2007). Mañana es San Perón: Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1946-1955). Buenos Aires: Eduntref.

36. Quien es quien en la Argentina. Biografías contemporáneas. (1955). Buenos Aires: Kraft.

37. Rein, R. (2014). Más allá del crisol de razas: los judíos argentinos, el peronismo y la lucha por un hogar multicultural. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 59 (22), 141-60. DOI: 10.1016/s0185-1918(14)70213-2.

38. Ruffini, M. (2012). La Revolución Libertadora en el sur argentino. Persecución política y antiperonismo en Río Negro. E-latina, Revista electrónica de estudios latinoamericanos, 11 (41), 37-58. Disponible en: http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/e-latina.

39. Ruiz Moreno, I. (1994). La Revolución del 55. Buenos Aires: Emecé.

40. Sáenz Quesada, M. (2007). La Libertadora. De Perón a Frondizi. 1955-1958. Historia pública y secreta. Buenos Aires: Sudamericana.

41. Santos Lepera, L. y Lichtmajer, L. (2012). Repensando el golpe de 1955 desde una perspectiva provincial: Iglesia católica y radicalismo en Tucumán. Ponencia presentada en el Tercer Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2012). San Salvador de Jujuy, 18 al 20 de octubre de 2012, Universidad Nacional de Jujuy.

42. Scoufalos, C. (2007). 1955. Memoria y Resistencia. Buenos Aires: Biblos.

43. Seveso, C. (2009). Escuela de militancia: los presos políticos en Argentina, 1955-1972. A Contracorriente, 6 (3), 137-165. Disponible en: http://www.ncsu.edu/acontracorriente/spring_09/docs/Seveso.pdf.

44. Spinelli, M. E. (1997). El debate sobre la desperonización. Imágenes del peronismo en los ensayos políticos antiperonistas. En S. Bianchi y M. S. Spinelli (Comps.) Actores, ideas y proyectos políticos en la Argentina Contemporánea (pp. 233-262). Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

45. Spinelli, M. E. (2005). Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la “Revolución Libertadora”. Buenos Aires: Biblos.

46. Stagnaro, A. (2014). Peronización y desperonización del Poder Judicial bonaerense. En O. Barreneche y A. Oyhandy (Comps.) Leyes, justicias e instituciones de seguridad en la provincia de Buenos Aires (Siglos XIX a XXI) (pp.116-142). La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.

47. Stawski, M. y Cortés, R. (2008). Asistencialismo y negocios: la Fundación Eva Perón y el gobierno peronista. (1948-1955). En Actas Primer Congreso Estudios sobre el Peronismo. Mar del Plata, 6 y 7 de noviembre. Disponible en: http://redesperonismo.com.ar/archivos/CD1/EPP/stawski.pdf.

48. Tcach, C. (1994). Partidos y pactos políticos en la Córdoba Libertadora (1955-1958). Revista Estudios, 3, 17-30.

49. Vicepresidencia de la Nación-Comisión Nacional de Investigaciones. (1958). Documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía. 5 tomos. Buenos Aires: Servicio Oficial.

Fecha de recepción de originales: 25/04/2015.
Fecha de aceptación para publicación: 04/03/2016.