Diplomacia pontificia, jurisdicción eclesiástica y fronteras: un frustrado vicariato apostólico y la incipiente chilenización de Tacna y Arica (1892-1910)

Vatican diplomacy, ecclesiastical jurisdiction, and border disputes: a frustrated apostolic vicariate and the incipient Chileanization of Tacna and Arica (1892-1910)

Diplomacia pontifícia, jurisdição eclesiástica e fronteiras: um vicariato apostólico frustrado e a incipiente chilenização de Tacna e Arica (1892-1910)

A partir de documentos del Archivo Apostólico Vaticano y de informes de sacerdotes vinculados, de diversas maneras, a la controversia diplomática sobre la definición de la soberanía de las provincias de Tacna y Arica (1894–1929) entre Perú y Chile, en este artículo se examinan las gestiones de la diplomacia chilena ante la Santa Sede para establecer un vicariato apostólico en esa región a comienzos del siglo XX. Se argumenta que Chile intentó desvincular estos territorios de la jurisdicción eclesiástica de la diócesis peruana de Arequipa como parte de una estrategia más amplia para la chilenización de la región. En respuesta, la Santa Sede, observando los principios del derecho internacional vigente, procuró evitar que el factor religioso fuera instrumentalizado políticamente por las partes en disputa. Asimismo, propuso alternativas para atender las necesidades pastorales de los habitantes sin agitar las pasiones nacionalistas. Con ello, también se buscaba proteger los intereses católicos y las relaciones entre la Iglesia y los Estados involucrados. Al no prosperar el proyecto del vicariato apostólico, las autoridades chilenas adoptaron medidas más drásticas contra los sacerdotes peruanos en la región y buscaron legitimar la presencia del clero chileno, asegurando su cooperación con el proceso de nacionalización de la zona.

Drawing on documents from the Vatican Apostolic Archive and on reports by priests connected in various ways to the diplomatic controversy over the definition of sovereignty of the provinces of Tacna and Arica (1894–1929) between Peru and Chile, this article examines the efforts of Chilean diplomacy before the Holy See to establish an apostolic vicariate in the region in the early twentieth century. It argues that Chile sought to detach these territories from the ecclesiastical jurisdiction of the Peruvian diocese of Arequipa as part of a broader strategy for the Chileanization of the area. In response, the Holy See, adhering to the international law in force at the time, sought to prevent the religious sphere from being politically instrumentalized by the parties in conflict. It also proposed alternatives to address the pastoral needs of the inhabitants without inflaming nationalist passions. In doing so, it aimed to protect Catholic interests and the relations between the Church and the states involved. When the vicariate project failed to advance, Chilean authorities adopted more drastic measures against Peruvian priests in the region and sought to legitimize the presence of Chilean clergy, ensuring their cooperation with the area’s nationalization process.

Com base em documentos do Arquivo Apostólico Vaticano e em relatórios de padres ligados, de diversas maneiras, à controvérsia diplomática sobre a definição da soberania das províncias de Tacna e Arica (1894-1929) entre o Peru e o Chile, este artigo examina as negociações da diplomacia chilena junto à Santa Sé para estabelecer um vicariato apostólico nessa região no início do século XX. Argumenta-se que o Chile tentou desvincular esses territórios da jurisdição eclesiástica da diocese peruana de Arequipa como parte de uma estratégia mais ampla para a chilenização da região. Em resposta, a Santa Sé, observando os princípios do direito internacional vigente, procurou evitar que o fator religioso fosse instrumentalizado politicamente pelas partes em disputa. Além disso, propôs alternativas para atender às necessidades pastorais dos habitantes sem agitar as paixões nacionalistas. Com isso, buscava-se também proteger os interesses católicos e as relações entre a Igreja e os Estados envolvidos. Com o fracasso do projeto do vicariato apostólico, as autoridades chilenas adotaram medidas mais drásticas contra os padres peruanos na região e buscaram legitimar a presença do clero chileno, garantindo sua cooperação com o processo de nacionalização da zona.

Diplomacia pontificia, jurisdicción eclesiástica y fronteras: un frustrado vicariato apostólico y la incipiente chilenización de Tacna y Arica (1892-1910)^[1]

El presente trabajo analiza un aspecto del conflicto religioso entre Perú y Chile en el contexto de la llamada “Cuestión de Tacna y Arica” (1894-1929) y sus implicaciones políticas y diplomáticas. El enfoque se centra en las gestiones que realizó la diplomacia chilena a inicios del siglo XX para que la Santa Sede creara un vicariato apostólico (en adelante, VA) en Tacna y Arica, con el fin de desvincular estos territorios de la jurisdicción eclesiástica de la diócesis peruana de Arequipa. Se argumenta que estas acciones formaban parte de la estrategia de este gobierno para avanzar en un programa más amplio de chilenización de dichas provincias, anticipando un posible plebiscito que definiría si estas continuarían bajo dominio chileno o retornarían al Perú.^[2]

La presencia de sacerdotes peruanos bajo la autoridad eclesiástica de un obispo de ese país era vista por las autoridades chilenas como un serio obstáculo para este proyecto. Por su parte, el gobierno y el episcopado del Perú recurrieron a diversos medios diplomáticos y políticos para mantener la jurisdicción de la diócesis de Arequipa en la región, en un esfuerzo por resistir y contrarrestar la propaganda de chilenización y defender la identidad peruana de la zona.

En cuanto a la Santa Sede, sus representantes adoptaron una política de respeto al derecho internacional, procurando evitar que los Estados instrumentalizaran el factor religioso para promover sus intereses en el conflicto fronterizo. En esta línea, el delegado pontificio en Perú, monseñor Pietro Gasparri (1852-1934), al comprender que las gestiones chilenas ante Roma buscaban utilizar dicha jurisdicción eclesiástica como parte de su proyecto de incorporación definitiva de las provincias a su soberanía, recomendó a sus superiores que no aprobaran la creación de un VA sin el consentimiento peruano. Tanto Gasparri como el secretario de Estado, el cardenal Mariano Rampolla (1843-1913), sabían que cualquier signo de parcialidad podría comprometer los intereses de la Iglesia y afectar negativamente las relaciones diplomáticas con ambos países, que eran predominantemente católicos y confesionales (Chile hasta 1925). En este contexto, la Santa Sede propuso soluciones consensuadas para atender las necesidades pastorales de los territorios en disputa, aunque estas propuestas eventualmente enfrentaron obstáculos tanto en Chile como en Perú.

Es necesario aclarar que un VA es una jurisdicción eclesiástica establecida en áreas donde no se puede constituir una diócesis debido a circunstancias peculiares. Su importancia radica en que permite una administración eclesiástica directa por parte de la Santa Sede. El ordinario del VA no es el obispo del vicariato, sino el de una sede titular, y gobierna el VA en representación del papa. De acuerdo con el derecho canónico, un VA es generalmente asimilado a las diócesis, a menos que la Santa Sede disponga un régimen especial distinto. Aunque su carácter es esencialmente provisional, su existencia puede prolongarse indefinidamente (Taunton, 1906).

En el contexto del conflicto sobre la administración eclesiástica en Tacna y Arica, la creación de un VA favorecía la estrategia de Chile. En primer lugar, ofrecía una forma de sustituir la jurisdicción de un obispo peruano por una administración eclesiástica que, idealmente, podría ser dirigida por un vicario chileno o al menos por un sacerdote extranjero neutral. Este movimiento no solo buscaba asegurar una influencia del país en la región, sino también contribuir a la chilenización del territorio al facilitar la llegada de sacerdotes chilenos, que podrían apoyar los esfuerzos de su gobierno en la zona.

Este trabajo, que es parte de una investigación más amplia, se apoya en una serie de fuentes documentales que reflejan las posturas de los actores clave. Entre ellas, destaca el intercambio epistolar entre monseñor Pietro Gasparri y el cardenal Mariano Rampolla entre 1899 y 1900, documentos que se encuentran en el Archivo Apostólico Vaticano. También se incluyen los escritos sobre el conflicto religioso del sacerdote chileno José Luis Fermandois (†1951), provicario castrense de Chile, que complementan la perspectiva diplomática y brindan un panorama más amplio del conflicto.

El artículo está estructurado en tres partes: primero, se examinan las gestiones iniciales de la diplomacia chilena para establecer un VA en Tacna y Arica, situándolas en el contexto del conflicto político-religioso en la región. En la segunda parte, se exploran las posiciones adoptadas por la diplomacia vaticana ante la "Cuestión de Tacna y Arica" y las razones detrás de la negativa de la Santa Sede a la solicitud chilena. Finalmente, se analiza cómo, tras el fracaso de esta línea de negociación, las autoridades chilenas reorientaron su estrategia respecto a la jurisdicción eclesiástica y las implicancias de este cambio en el proceso de chilenización de los territorios.

2. Las gestiones chilenas para la creación de un vicariato apostólico en Tacna y Arica

La llamada “Cuestión de Tacna y Arica” ha sido uno de los asuntos más críticos en las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile. Su origen se encuentra en el Tratado de Ancón (1884) que dio fin a la guerra librada entre ambos países entre 1879 y 1884. En dicho documento, Perú reconoció el triunfo chileno y cedió a perpetuidad el rico territorio salitrero y minero de Tarapacá. Asimismo, según el artículo 3, las provincias peruanas de Tacna y Arica quedaban bajo la ocupación de Chile durante diez años. Al término de este período (1894), un plebiscito debía decidir su permanencia definitiva bajo la soberanía chilena o si debían regresar al Perú.

Sin embargo, el plebiscito nunca se ejecutó debido a desacuerdos acerca del protocolo especial para realizar dicha consulta popular. El desenlace de este diferendo recién se produjo en 1929 cuando, por mutuo acuerdo entre los gobiernos de ambos países, se firmó el Tratado de Lima, el cual estipuló que Arica sería chilena permanentemente y Tacna peruana. En el lapso de más de tres décadas que precedió a este acuerdo, el proyecto chileno fue adquirir las dos provincias, en un primer momento con la intención cederlas a Bolivia y, posteriormente, para incorporarlas a su territorio nacional. Para lograr este objetivo, desde los primeros años del siglo veinte, el gobierno chileno inició una intensa campaña de chilenización de los territorios ocupados en vistas a ganar un eventual plebiscito en la zona. Estas acciones hicieron que la disputa fronteriza se convirtiera en un asunto extremadamente controvertido y sensible que afectó directamente a poblaciones, identidades y territorios en ambos países. En el Perú, se transformó en una causa nacional en torno a la cual se aunaron fervientemente diferentes tendencias políticas y clases sociales.

En este contexto, la dimensión religiosa se convirtió en un aspecto esencial en el conflicto debido a la peculiar situación canónica de Tacna y Arica. Aunque ambas provincias estaban bajo el dominio político de Chile, la Santa Sede decidió que continuaran bajo la jurisdicción eclesiástica del obispo de Arequipa, en Perú, hasta que se definiera qué país ejercería la soberanía permanente sobre ellas. En consecuencia, se produjo un insólito escenario en el que autoridades civiles y militares chilenas gobernaban Tacna y Arica, mientras que los sacerdotes, que eran peruanos, obedecían a un obispo peruano y seguían comprometidos con la causa de su país. Cabe señalar que tanto en Perú como en Chile existía una unión entre la Iglesia y el Estado, manteniéndose vigente el patronato. Esta situación desató intensas disputas sobre la cuestión religiosa, que involucraron a diplomáticos, autoridades civiles y eclesiásticas, periodistas y ciudadanos de ambos países.

Los gobiernos de Perú y Chile eran conscientes de que el factor religioso podía tener importantes consecuencias sociales, diplomáticas y geopolíticas. Debido a la profunda influencia cultural del catolicismo, se consideraba que el ascendiente de los sacerdotes sobre las poblaciones locales podría repercutir en un eventual plebiscito. Además, una posición favorable de la Santa Sede a las demandas de uno u otro país podría significar un avance en la campaña diplomática desplegada para lograr el reconocimiento internacional (y una legitimación moral en el ámbito nacional) de sus pretensiones territoriales.

Uno de los principales protagonistas y estudiosos chilenos del conflicto religioso en Tacna y Arica fue el padre José Luis Fermandois. Durante uno de los períodos más críticos de la disputa, se desempeñó como provicario castrense con el rango de coronel del ejército, y actuó como un estrecho colaborador de monseñor Rafael Edwards Salas, vicario castrense de Chile. Este último fue, probablemente, el eclesiástico que más explícita y activamente promovió el proceso de chilenización en Tacna y Arica. Posteriormente, Fermandois sucedió a monseñor Edwards en el cargo, ejerciéndolo entre 1938 y 1941.

Según Fermandois, el origen del problema político y religioso en estas regiones se encontraba en el Tratado de Ancón, que, en 1883, había puesto fin a la Guerra del Pacífico, transfiriendo el control y la soberanía de ambos territorios a Chile hasta la celebración de un plebiscito. Sin embargo, el sacerdote criticaba que en este acuerdo no se hubieran incluido disposiciones sobre la jurisdicción eclesiástica en los territorios en disputa. Esta omisión, según Fermandois, añadió una dimensión significativa al conflicto fronterizo y exacerbó las tensiones entre Chile y Perú. El sacerdote lamentaba la falta de previsión de los negociadores al respecto y destacaba la incongruencia de que, aunque las provincias estuvieran bajo administración chilena, siguieran dependiendo eclesiásticamente de la diócesis peruana de Arequipa. Para él, esta situación, donde el clero respondía a un obispo de una nación con intereses opuestos, era una fuente de conflicto innecesario.

En el caso de la provincia de Tarapacá, que había sido cedida permanentemente a Chile, la Santa Sede autorizó la creación de un VA bajo la autoridad de Propaganda Fide, es decir, del delegado apostólico en Lima. Es necesario recordar que Chile no contaba con un representante pontificio, ya que había roto sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede en 1883 y solo las restableció en 1902 (González Errázuriz, 1996). En 1892, el presbítero chileno Daniel Fuensalida fue nombrado vicario eclesiástico para la región, quien daba cuenta de su administración al delegado apostólico en Lima.

Durante los años inmediatamente posteriores a la firma del tratado, Tacna y Arica conservaron su identidad peruana en las escuelas, la prensa y el clero. Para enfrentar esta situación, una de las primeras medidas del gobierno chileno fue el cierre de las escuelas peruanas en 1900. A partir de entonces, según Fermandois, los sacerdotes peruanos, con el apoyo sistemático, aunque reservado, de su gobierno, se convirtieron en el principal medio de preservación de la influencia peruana en la zona. Fermandois consideraba ingenuo suponer que los sacerdotes peruanos se limitarían únicamente a sus funciones eclesiásticas sin involucrarse en la política. En su opinión, el clero peruano, bajo la autoridad del obispo de Arequipa, se convirtió en un baluarte de las esperanzas nacionales y en un representante de la conciencia patriótica en las provincias ocupadas (Fermandois, 1921).

Chile consideró inicialmente la opción de ceder Tacna y Arica a Bolivia como compensación por la pérdida de su litoral. No obstante, bajo el gobierno de José Manuel Balmaceda (1886-1891), el país empezó a desarrollar una estrategia integral para retener estas provincias, incluyendo las cuestiones religiosas. La ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, junto con la Guerra Civil de 1891 y las tensiones con Argentina, interrumpieron temporalmente su atención al tema de la jurisdicción eclesiástica.

Las gestiones chilenas para resolver este asunto según sus intereses geopolíticos se realizaron en varias etapas y orientaciones. Primero, en 1892, se solicitó a la Santa Sede la creación de un VA, semejante a los de Antofagasta y Tarapacá, con vicario chileno y personal de la misma nacionalidad. Al ser denegada esta opción, se propuso que el VA tuviera un vicario extranjero, ni peruano ni chileno. Esta solicitud tampoco fue aceptada. Posteriormente, se requirió que se nombraran curas chilenos destinados en ambas provincias, propuesta bloqueada por la diócesis de Arequipa, sobre la cual recaía la jurisdicción eclesiástica de dichos territorios. Lo mismo sucedió con las gestiones para que nombraran capellanes chilenos para el servicio religioso en los hospitales y con la creación de una VA dependiente de la diócesis de Arequipa, pero dirigida por un vicario extranjero neutral (Fermandois, 1921).

A partir de 1900, el gobierno chileno buscó estudiar con mayor detenimiento la cuestión religiosa en Tacna. En respuesta a esta necesidad, el presidente Federico Errázuriz nombró al abogado Mariano Guerrero Bascuñán como delegado del gobierno chileno, enviándolo a Tacna. Guerrero Bascuñán contribuyó a diseñar la estrategia respecto a la cuestión religiosa en el contexto de la chilenización de Tacna y Arica. En dos notas fechadas el 20 de agosto de 1900 y el 30 de marzo de 1901, así como en un extenso informe presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización en octubre de 1901, expuso la importancia política del servicio religioso en dichas provincias y propuso diversas medidas para su regulación.

Durante sus gestiones ante el obispo de Arequipa, monseñor Manuel Segundo Ballón (1854-1923), Guerrero Bascuñán solicitó la sustitución de sacerdotes locales por clérigos extranjeros. Sin embargo, estas peticiones fueron firmemente rechazadas por el obispo, quien incluso procedió a remover a sacerdotes extranjeros como el español Pedro Ruiz, que tenía simpatías por Chile. Ante estos obstáculos, Guerrero Bascuñán consideró la creación de un servicio religioso chileno en Tacna mediante la implementación de capellanes militares y la solicitud a la Santa Sede para la extensión de su jurisdicción mediante la creación de un VA, siguiendo el modelo utilizado en Antofagasta y Tarapacá. El gobierno chileno, en efecto, persiguió la creación de este VA como un medio para consolidar su influencia en Tacna. Sin embargo, el desenlace de este proyecto también dependía de los criterios, principios y líneas de acción de las autoridades vaticanas, cuya perspectiva y decisiones se desarrollarán en la siguiente parte del análisis (Fermandois, 1921; Skuban, 2007; Camus, 2022).

Los lineamientos de la diplomacia vaticana y las impresiones de sus funcionarios frente a la cuestión de Tacna y Arica pueden rastrearse en la correspondencia entre el delegado apostólico en Perú, monseñor Pietro Gasparri, y el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Mariano Rampolla, durante los años 1899 y 1900.^[3] Tras haber recibido la Santa Sede la solicitud de Chile para erigir un VA en las disputadas provincias, el cardenal Rampolla solicitó la opinión de monseñor Gasparri. Este último desaconsejó que se accediera a esta petición en amplios informes, basado en argumentos jurídicos y tomando en consideración las implicancias políticas y pastorales de este caso.

Monseñor Gasparri, en un informe al cardenal Rampolla fechado el 28 de julio de 1899, señalaba que el artículo 3 del Tratado de Ancón claramente estipulaba que, una vez transcurridos diez años desde la ratificación del tratado, debía ejecutarse un plebiscito para decidir si dichas provincias serían chilenas o peruanas. El país que perdiera el plebiscito tendría que compensar al otro con diez millones de pesos. Según Gasparri, todos los demás artículos del tratado habían empobrecido al Perú e enriquecido a Chile. Si en 1893 Perú no insistió en la ejecución del artículo 3, esto se debió a su debilidad política en ese momento. Tras la llegada de Nicolás de Piérola a la presidencia en 1895, se iniciaron negociaciones con Chile que culminaron en el Protocolo Billinghurst-Latorre, “accettato a malincuore dal Governo Cileno per la forza della giustizia evidente” [aceptado a regañadientes por el gobierno chileno por la fuerza de la justicia evidente].^[4] Perú sostenía que los votantes debían ser solo los nacidos en Tacna y Arica. Chile proponía que también debían incluirse a los migrantes chilenos. En el protocolo, se decidió que la reina de España mediaría para arbitrar estas diferencias.

En 1898, el Congreso peruano aprobó el protocolo. Sin embargo, según Gasparri, era evidente que Chile no tenía ninguna intención de devolver las dos provincias, menos aún en ese momento, en que habían surgido problemas limítrofes con Argentina. La previsión de Gasparri se cumplió y, efectivamente, el Senado chileno, en 1901, no aprobó dicho protocolo, lo que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y Chile hasta 1905. Para Gasparri, el objetivo chileno en las negociaciones del protocolo era ganar tiempo para promover la chilenización de Tacna y Arica, donde aún residía una mayoría peruana. Al mismo tiempo, alertaba al secretario de Estado sobre rumores de que Chile estaba apoyando una rebelión de Andrés A. Cáceres en Perú contra el régimen de Piérola. Según esta información, con el apoyo a Cáceres, Chile buscaba disminuir la posibilidad de que Perú contara con los diez millones de pesos de indemnización en caso de que ganara un eventual plebiscito.

Tomando en cuenta estos elementos, Gasparri aseguraba que la creación de un VA en Tacna y Arica formaba parte de este programa de chilenización. De ello, Gasparri deducía que la aprobación de un VA favorecería la política chilena y estaría yendo en contra de una clara disposición de un tratado internacional solemnemente celebrado entre dos naciones. En ese sentido, Gasparri era enfático en recomendar que la Santa Sede no debía prestarse a la estrategia chilena. En cambio, sugería que antes de tomar cualquier decisión al respecto, debía consultarse al gobierno peruano ya que, en su opinión, “essendo il Perú nell’attuale situazione il vero proprietario delle due province” [siendo el Perú en la situación actual, es el verdadero propietario de ambas provincias].^[5]

Si Perú no presentaba objeciones, la Santa Sede podría erigir el VA sin dificultades. No obstante, si el gobierno peruano se oponía, sería necesario comunicar a Chile que lo más equitativo sería esperar a que ambos países resolvieran el conflicto de manera definitiva antes de decidir un cambio de jurisdicción eclesiástica en las provincias. Gasparri especulaba que lo más probable era que Perú se opondría a la propuesta de Chile, pero el hecho de haber sido consultado previamente por la Santa Sede sería visto de manera muy favorable por las autoridades peruanas, disponiéndolas mejor para la causa católica.

En su respuesta del 9 de septiembre de 1899, Rampolla instruyó a Gasparri a mantener absoluta confidencialidad sobre la propuesta chilena de crear un VA en la región, es decir, que este proyecto no fuera comunicado al gobierno peruano. Rampolla dejó en claro que, en caso de aceptarse la creación del VA, la Santa Sede lo haría conforme a su política habitual, como una medida estrictamente eclesiástica, desvinculada de consideraciones políticas, y orientada al bienestar espiritual de las poblaciones locales. Además, subrayó que el gobierno chileno podría, si lo consideraba necesario, tomar las medidas pertinentes para proteger los derechos políticos que estimara relevantes respecto a esas provincias.^[6]

Este intercambio epistolar evidencia dos enfoques distintos sobre cómo debía manejarse el asunto. Gasparri había abogado por incluir al gobierno peruano en la discusión sobre la solicitud chilena, destacando su preocupación por la adherencia al espíritu y a la letra del artículo 3 del Tratado de Ancón y su alineación con las normas del derecho internacional. Además, Gasparri estaba convencido de que Chile estaba utilizando la propuesta del VA como parte de una estrategia para consolidar su dominio sobre la región, lo que sería percibido internacionalmente como una forma de validación tácita de una situación desfavorable e injusta para Perú.

En contraste, el cardenal Rampolla prefería una línea de acción más reservada, que priorizara las necesidades pastorales de las poblaciones afectadas y que permitiera a la Santa Sede mantener una postura de neutralidad reconocida por ambas partes, para evitar que el factor eclesiástico fuera utilizado políticamente como un pretexto para profundizar aún más las tensiones entre Chile y Perú.

El enfoque del cardenal Rampolla no pudo concretarse debido a que la propuesta del VA se hizo pública tanto en Chile como en Perú. En febrero de 1900, Gasparri informó a Rampolla que el deseo de Chile de establecer un VA en Tacna y Arica había sido revelado por la prensa, generando controversias y especulaciones. Según Gasparri, era probable que esta filtración proviniera del propio gobierno chileno. Gasparri subrayó que esta revelación pública había cambiado el escenario anterior y, por lo tanto, este asunto debía ser cuidadosamente considerado por la Santa Sede al momento de tomar su decisión.

El delegado examinó los argumentos en favor del VA que se estaban difundiendo en los medios. Para ello, citó un artículo del periódico La Ley de Santiago, que sostenía que la creación del VA bajo un sacerdote chileno debía seguir el modelo de Antofagasta, un territorio boliviano ocupado por Chile, donde se había erigido un VA a pesar de existir solo un pacto de tregua y no un tratado formal de cesión. El periódico argumentaba que en Tacna debía regir la ley chilena en su totalidad, incluyendo el patronato, para evitar la "promiscuidad de soberanías".^[7]

Gasparri señalaba que los argumentos en favor del VA presentados por La Ley de Santiago no eran válidos, ya que los casos de Antofagasta y de Tacna y Arica eran diametralmente distintos. El pacto de tregua entre Bolivia y Chile, firmado en 1884, estipulaba que, durante la vigencia de dicha tregua, Chile “continuará gobernando con sujeción al régimen político y administrativo que establece la ley chilena”^[8] todos los territorios bolivianos ocupados. En ese sentido, desde el punto de vista del derecho internacional, la presencia chilena en la zona era perfectamente legal. A esto, se añadían tres consideraciones importantes: cuatro quintas partes de la población de Antofagasta era chilena, la región se encontraba lo bastante alejada de las diócesis bolivianas para ser atendida pastoralmente desde allí, y el gobierno boliviano no expresó ninguna oposición o protesta contra el VA. De esta manera, la creación de un VA en dicha región estaba plenamente justificada.

En cambio, en el caso de Tacna y Arica, Gasparri insistía en que, según el artículo 3 del Tratado de Ancón, el plazo para ejecutar el plebiscito había expirado el 20 de octubre de 1893. Desde esa fecha, la posesión chilena de las provincias contravenía lo dispuesto por un tratado internacional solemnemente firmado. Esto evidentemente perjudicaba al Perú, que persistía en reclamar su derecho a la realización del plebiscito. En consecuencia, el argumento de que Chile, de acuerdo con aquel Tratado, tenía el derecho de aplicar toda la fuerza de sus leyes en las provincias solo era válido hasta octubre de 1893. Después de esa fecha, Gasparri afirmaba que “il possesso cileno è un usurpo di fatto contrario al diritto” [la posesión chilena es una usurpación de facto contraria al derecho].^[9] En este sentido, Gasparri reiteraba que aceptar la propuesta chilena sería interpretado como una legitimación tácita de la ocupación chilena.

Además de los argumentos legales, Gasparri señalaba tres consideraciones adicionales: en primer lugar, la mayoría de los habitantes de Tacna y Arica eran peruanos, razón por la cual Chile evitaba la ejecución del plebiscito. De otro lado, las provincias no estaban muy alejadas de Arequipa, por lo que no presentaban las mismas dificultades para ser atendidas pastoralmente desde dicha sede eclesiástica, a diferencia de la situación de Antofagasta con respecto a las diócesis bolivianas. Finalmente, señalaba, un aspecto fundamental por tener en cuenta era que, en contraste con el caso boliviano, las autoridades peruanas se oponían a la creación del VA.

Ante esta situación, Gasparri planteaba dos hipótesis sobre las posibles acciones del gobierno chileno. La primera era que, libre de cualquier preocupación por eventuales reclamaciones de Argentina, Chile podría anexar las dos provincias. Si esto ocurriera, Perú lanzaría una intensa campaña de protesta ante esta “iniquità internazionale” [injusticia internacional] en América y suspendería sus relaciones comerciales con Chile. La segunda hipótesis era que Chile no anexaría inmediatamente los territorios, pero que, bajo nuevos pretextos, dilataría la realización del plebiscito mientras continuaba con la difícil chilenización de Tacna y Arica, hasta lograr tener la capacidad de ganarlo. En tal caso, Gasparri reiteraba al cardenal Rampolla que la Santa Sede no debía aceptar la solicitud chilena, ya que hacerlo generaría gran animosidad entre la población peruana hacia los representantes vaticanos y perjudicaría la causa católica.^[10] Las recomendaciones de Gasparri fueron acogidas por la Santa Sede, que optó por no aceptar la solicitud chilena. Esta decisión se basó en un análisis exhaustivo de los fundamentos legales y en la necesidad de preservar una política de neutralidad en la disputa territorial entre Chile y Perú.

4. El replanteamiento de la estrategia respecto a la cuestión político-religiosa y la chilenización de Tacna y Arica

Las acciones del gobierno chileno respecto a la cuestión religiosa buscaron cubrir dos frentes principales: el diplomático ante la Santa Sede y el político-religioso en Tacna y Arica. Como se ha expuesto previamente, la estrategia inicial fue gestionar ante Roma la desvinculación de ambas provincias de la jurisdicción del obispo de Arequipa. Sin embargo, después del fracaso de esta primera línea de acción, las autoridades chilenas concentraron sus esfuerzos en el segundo frente, tomando medidas directas contra el clero peruano y el ejercicio de sus funciones pastorales.

En este sentido, los representantes de Chile advirtieron repetidas veces a las autoridades vaticanas que, si no se accedía a sus exigencias sobre la jurisdicción eclesiástica de Tacna y Arica, se verían obligados a tomar medidas de fuerza. Un ejemplo de ello fue la carta del ministro plenipotenciario de Chile ante la Santa Sede, Rafael Errázuriz Urmeneta, dirigida al cardenal Rafael Merry del Val, secretario de Estado de la Santa Sede, el 16 de diciembre de 1907:

Advierto que aún no creo llegado el momento de tomar medidas violentas con los eclesiásticos en el territorio mismo… Dichas medidas anunciadas ya a la Santa Sede, como una hipótesis, serán el recurso futuro, cuando nos hayamos convencido realmente de que sus complacencias con el Perú llevan a aquella a un completo desconocimiento de nuestras conveniencias nacionales.^[11]

Esta advertencia subrayaba la disposición de las autoridades chilenas a ejercer presión para forzar una resolución favorable a sus intereses, evidenciando el uso de la coacción como un instrumento en la disputa eclesiástica.

Sin embargo, desde el fin de la Guerra del Pacífico hasta 1902, la presión contra los sacerdotes peruanos fue de baja intensidad debido a varios factores de la política internacional chilena. Durante ese período, los curas, estando sujetos a la autoridad del obispo de Arequipa, ejercieron sus responsabilidades pastorales sin mayor interferencia por parte de los funcionarios públicos y sin que se les exigiera adherir explícitamente a las normativas del patronato chileno (González Errázuriz, 1996). A partir de 1902, las autoridades chilenas implementaron una estrategia más sistemática que, según el padre Fermandois (1921), abarcaba tres dimensiones: la moral, la constitucional y la diplomático-internacional.

La dimensión moral implicaba acusar a estos sacerdotes de conductas impropias, justificando así la necesidad de contar con clérigos chilenos para atender las necesidades espirituales de las familias chilenas, presentándolos como ministros más dignos. Para este fin, el gobierno chileno encargó la elaboración de expedientes en su contra, alegando múltiples irregularidades y una supuesta negativa a participar en ceremonias chilenas. Esto permitió emprender una campaña de desprestigio, acusándolos de llevar una vida inmoral y de promover propaganda antichilena.

La dimensión constitucional consistía en exigir a los sacerdotes peruanos el pase del gobierno chileno para ejercer sus funciones eclesiásticas.^[12] El principal ejecutor de estas acciones fue Máximo Lira Donoso (1846-1916), intendente de Tacna desde 1906 y un acérrimo promotor de la chilenización. Poco después de asumir su cargo, Lira desconoció el carácter de curas a todos los sacerdotes peruanos que no hubieran obtenido el pase constitucional.^[13] Su intención era que las parroquias quedaran vacantes, con el objetivo de presionar a la Santa Sede para que, ante la falta de sacerdotes para atender a los feligreses, cediera y permitiera la llegada de presbíteros de otras nacionalidades. Además, se empezaron a prohibir fiestas y procesiones religiosas tradicionales por estar vinculadas a la identidad peruana y al legado aymara de los pueblos del interior (Tudela Poblete, 1993; Díaz Araya et al., 2010). Estas acciones también incluyeron varios juicios contra los curas en aspectos relacionados con los terrenos y el patrimonio religioso artístico de las parroquias que administraban (Cubas Ramacciotti, 2018). Posteriormente, aunque antes de 1906 nunca se había planteado como una obligación para el clero peruano acatar el pase, el incumplimiento de esta exigencia se utilizó como pretexto legal para ejecutar dos medidas de fuerza: primero, la clausura de capillas y templos en Tacna, Arica y Tarata (noviembre de 1909) y, luego, la expulsión de los sacerdotes peruanos (marzo de 1910).^[14] En el plano diplomático-internacional, el gobierno chileno gestionó ante la Santa Sede la creación de un vicariato castrense, un cargo supradiocesano. El vicariato castrense confería jurisdicción eclesiástica solo para atender espiritualmente a los miembros de las fuerzas armadas chilenas y sus dependientes en todo el mundo. Roma aprobó esta solicitud porque, al ser un cargo extraterritorial, no menoscababa la autoridad de la diócesis de Arequipa sobre Tacna y Arica desde el punto de vista del derecho canónico. Así, en mayo de 1910, el presbítero Edwards fue nombrado vicario castrense.

Sin embargo, inmediatamente, el gobierno buscó utilizar el vicariato castrense como un instrumento de chilenización. Con este fin, se promulgó la Ley 2463 sobre el vicariato castrense, donde en su artículo 5 se estipulaba que, específicamente para la provincia de Tacna (y no de otra provincia del país), se consideraba como auxiliares del ejército al personal de la administración pública, a “los empleados y jornaleros de los talleres y obras que, por cuenta, con garantía o protección especial del Estado, se establezcan o realicen en la misma provincia” y a “los colonos colocados en Tacna por el Gobierno” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización de Chile, 1911, art. 5, inc. 2-4).

Asimismo, monseñor Edwards, quien, como ya se ha mencionado, fue un activísimo cooperador del poder político en el proceso de chilenización, poco después de su designación, se instaló en Tacna. Allí, nombró capellanes castrenses chilenos para Tacna y Arica y buscó impartir los sacramentos en los templos y las capillas que habían sido clausurados por las autoridades de su país. Paralelamente, el gobierno chileno declaró a los hospitales de Tacna y Arica como instituciones militares y numerosos puestos públicos fueron designados como auxiliares del ejército (González Errázuriz, 1996).

Estas acciones fueron ampliamente condenadas en Perú, donde se consideró que dicho vicariato castrense estaba siendo utilizado como un instrumento para impulsar las pretensiones territoriales de Chile. Los representantes de la Santa Sede comunicaron oficialmente al gobierno peruano y a la prensa que el vicariato castrense en ningún modo menoscababa la jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Arequipa sobre dichas provincias. Adicionalmente, en junio de 1910, monseñor Holguín emitió un decreto de entredicho sobre Tacna y Arica.^[15] Esta sanción impedía formalmente a los sacerdotes en la zona impartir los sacramentos (Salinas Araneda, 2012).

Sin embargo, monseñor Edwards esbozó justificaciones para evadir el entredicho de manera que sacerdotes chilenos pudieran oficiar los servicios religiosos en las iglesias que antes habían sido clausuradas, alegando que dichos servicios estaban dirigidos a personas vinculadas de alguna manera al ejército.^[16] Estas acciones llevaron a que tanto el gobierno peruano como el obispo de Arequipa enviaran documentos de protesta a la Santa Sede acusando al vicario Edwards de haber “usurpado funciones eclesiásticas de lata importancia”, incurriendo “en delito de abrir los templos, hacer sus inventarios, y nombrarse depositario y administrador de los mismos exigiendo su autorización para innovar en esos bienes”, invadiendo así los derechos diocesanos del obispo de Arequipa.^[17]

Durante los siguientes años, los pobladores peruanos en Tacna y Arica se vieron privados de recibir los sacramentos por parte de clérigos de ese país (y de escuchar sus prédicas), lo que generó una situación problemática para ellos, pues monseñor Edwards y la mayor parte de los capellanes castrenses estuvieron lejos de manifestar una posición pública neutral respecto del tema limítrofe. Por el contrario, dicho prelado publicó varios textos donde defendió la soberanía chilena de estos territorios y luego, en 1925, tomó un papel activo en la campaña plebiscitaria a favor de Chile.^[18]

La reacción de los eclesiásticos peruanos no se hizo esperar. El obispo de Arequipa, el franciscano Mariano Holguín (prelado de esa diócesis entre 1906 y 1945), defendió su jurisdicción eclesiástica por múltiples medios: realizó gestiones ante la Santa Sede, apoyó a los agentes pastorales de la zona, dirigió protestas a las autoridades civiles y eclesiásticas chilenas y coordinó con el gobierno peruano la estrategia diplomática frente a Roma y frente al Estado chileno. También publicó mensajes pastorales a la población peruana de la zona e impuso sanciones y restricciones canónicas, entre ellas limitaciones a las facultades ministeriales del clero chileno. Al mismo tiempo, participó en las conversaciones binacionales sobre el destino de ambas provincias. Acerca de estas acciones, el sacerdote Fermandois comentaba: “Si todos los Obispos de Arequipa han comprendido y desempeñado en Tacna su misión de obispos peruanos, ninguno lo ha hecho con mayor empeño y con más clara vehemencia que el Ilmo. señor Holguín” (Fermandois, 1921, p. 382).

El replanteamiento de la estrategia chilena respecto a la cuestión político-religiosa en Tacna y Arica se vio reflejado en un enfoque sistemático que combinó la presión diplomática con medidas coercitivas directas. Desde la búsqueda de una solución negociada con la Santa Sede hasta la implementación de políticas que afectaron directamente al clero peruano, la estrategia chilena demostró una clara intención de controlar la esfera religiosa en las provincias disputadas.

El uso de tácticas como la imposición de leyes restrictivas, el desprestigio del clero peruano y la creación de instituciones eclesiásticas propias reflejó un esfuerzo concertado por parte de Chile para consolidar su influencia en los territorios en disputa. Esta situación no solo afectó a la comunidad religiosa local, sino que también exacerbó las tensiones diplomáticas entre Chile y Perú, influyendo en la dinámica política y social de la región.

A lo largo del proceso, tanto las autoridades chilenas como las peruanas adoptaron posturas firmes y utilizaron diversos medios para defender sus intereses. La resistencia del obispo de Arequipa y el trabajo de los eclesiásticos peruanos demostraron el compromiso de Perú con la preservación de su jurisdicción eclesiástica y la defensa de su identidad nacional en medio de la controversia. En última instancia, la cuestión político-religiosa se convirtió en un componente crucial en la disputa territorial y en las relaciones bilaterales entre Chile y Perú durante este período.

El análisis de las gestiones para establecer un VA en Tacna y Arica ilustra un aspecto fundamental de la interacción entre jurisdicción eclesiástica, soberanía nacional y los principios de paz y atención pastoral. La complejidad de la jurisdicción eclesiástica en contextos de disputa territorial revela cómo la administración religiosa no solo se configura como un instrumento de control territorial, sino también como un campo de batalla en el que se entrelazan los intereses políticos con las aspiraciones espirituales.

La Santa Sede, al abordar este asunto, debía equilibrar múltiples factores clave. Para proteger los intereses católicos en el mundo y mantener su reconocimiento como mediador diplomático neutral confiable, ella debía adherirse a los principios del derecho internacional y, al mismo tiempo, considerar los escenarios políticos, culturales y sociales de cada país. En este marco, debía evaluar cómo sus decisiones podían afectar sus relaciones diplomáticas con los Estados involucrados, la situación política interna de esos países y las posibles repercusiones para la comunidad católica en cada uno de ellos.

En esta línea, la política vaticana integraba dos enfoques fundamentales: en primer lugar, una visión global desde Roma que abarcaba el panorama diplomático internacional y la situación de la Iglesia en el mundo. Al mismo tiempo, se apoyaba en la detallada información proporcionada por sus delegados acerca de las realidades políticas, culturales y sociales locales de cada país. Esta combinación enriquecía, pero también complicaba los criterios de juicio de la Santa Sede al tomar decisiones en escenarios complejos.

La integración de perspectivas globales y locales requería equilibrar diferentes prioridades y enfrentar tensiones entre el interés global de la Iglesia y las realidades concretas en cada país. La información local podía revelar conflictos o particularidades que necesitaban atención detallada y personalizada, pero que podían entrar en conflicto con otros asuntos de la Iglesia en el mundo. Así, las autoridades eclesiásticas enfrentaban el desafío de armonizar estos dos niveles de análisis para tomar decisiones que, desde el punto de vista de sus principios, fueran estratégicas y prácticas, sin que la consideración de un aspecto desfavoreciera al otro.

En el caso de Chile, se buscaba evitar la exacerbación de relaciones ya delicadas, sin añadir más tensiones a una situación compleja. En contraste con Perú, donde la relación era más estrecha y se debía evitar perder el apoyo del gobierno y alienar a la población local. Además, los documentos revelan que existía una genuina preocupación por cómo estos problemas afectarían la atención pastoral de Tacna y Arica.

Este delicado equilibrio requería una gestión cuidadosa, especialmente considerando que se trataba de dos países católicos regidos por un estado confesional y donde existía una candente disputa entre ambos que encendía las pasiones nacionalistas. Al rechazar la solicitud chilena, la diplomacia pontificia buscó evitar que sus acciones fueran usadas para profundizar estas animosidades, añadiendo una arista religiosa al conflicto. Asimismo, la necesidad de que ambas naciones reconocieran a la neutralidad de la Santa Sede era considerada por los funcionarios vaticanos esencial para evitar perjudicar a la situación de los católicos en cada uno de esos países.

La resistencia de las autoridades romanas a aceptar las propuestas chilenas subraya la dificultad de armonizar intereses nacionales con la neutralidad eclesiástica, un principio fundamental de la Iglesia que busca evitar la toma de partido en disputas territoriales. La negativa a imponer una jurisdicción que favoreciera a una de las partes refleja un compromiso con la imparcialidad y la integridad de la misión pastoral, que debe trascender las fronteras políticas y garantizar una atención pastoral que respete la diversidad y las sensibilidades locales.

El impacto de las medidas radicales adoptadas por Chile, como la expulsión de clérigos peruanos y la introducción de capellanes castrenses, pone de manifiesto las tensiones inherentes entre el ejercicio del poder y la misión pastoral. La implementación de estas políticas de manera coercitiva y unilateral revela las dificultades de lograr una paz duradera en contextos de conflicto, donde las decisiones que buscan consolidar la influencia territorial pueden, a su vez, agudizar las divisiones y obstaculizar la reconciliación.

Finalmente, el conflicto entre Chile y Perú, y su resolución con el Tratado de Lima en 1929, subraya la necesidad de mecanismos que equilibren la soberanía nacional con el respeto a la jurisdicción eclesiástica y los principios de paz y justicia. Este tratado, al abordar las disputas y restablecer las relaciones bilaterales, demuestra que, en última instancia, la resolución de conflictos y la atención pastoral requieren un enfoque que integre tanto la diplomacia como el respeto por los principios religiosos y humanos fundamentales.

[1] El autor agradece a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) por el auspicio del presente trabajo, el cual ha sido desarrollado en el marco del Proyecto FONDECYT Iniciación N° 11190446. Investigador Responsable: Ricardo Cubas Ramacciotti, Universidad de los Andes, Chile. También agradece los comentarios de los evaluadores ciegos y el proceso de edición del artículo.

[2] El término chilenización es empleado ampliamente, tanto por la historiografía peruana como por la chilena, para referirse al conjunto de políticas —educativas, administrativas, policiales y eclesiásticas— mediante las cuales el Estado chileno buscó afirmar su soberanía y promover la asimilación cultural en territorios bajo su administración provisional tras la Guerra del Pacífico. En este artículo, el concepto se emplea específicamente para el caso de Tacna y Arica, aunque también ha sido aplicado a otros ámbitos y períodos.

[3] En 1914, monseñor Gasparri fue nombrado secretario de Estado de la Santa Sede, cargo que ocupó hasta febrero de 1930, es decir, hasta el fin de la “Cuestión de Tacna y Arica”, caso que siguió con interés desde este alto puesto.

[4] Carta de Pietro Gasparri, delegado apostólico en Lima, al cardenal secretario de Estado Mariano Rampolla, 28 de julio de 1899, Lima. Informe 883-217. Archivio Apostolico Vaticano, Ciudad del Vaticano, Nunziatura Apostolica in Perù (Nunz.Perù), Busta (B.) 44, Fascicolo (fas.) 138, folio (f.) 18v.

[5] Carta de Gasparri a Rampolla, 28 de julio de 1899, Lima. “La domanda di erezione di un Vicariato Apostolico in Tacna e Arica fa parte senza dubbio del programma di chileneizzazione delle due province”. Informe 883-217, ff. 18ar-18av.

[9] “È curioso poi che l’importante periodico di Santiago affermare che il Governo Cileno appoggiáre la sua domanda al trattato di Ancon, avendo in esso che ‘durante la ocupación del primero (Chile) en Tacna deben seguir con toda su fuerza en la provincia las leyes de Chile’. A forma del trattato di Ancon ciò è vero saltando per lo spazio di dieci anni, che terminarono, come detto, il 20 ottobre 1893; da quest'epoca il possesso cileno è un usurpo di fatto contrario al diritto”. Carta de Gasparri a Rampolla, 3 de febrero de 1900, Lima. Informe 1267-301, ff. 22r, 22v.

[11] Parte de este documento salió a la luz pública en una carta enviada al periódico peruano El Comercio, escrita por el padre Juan Vitaliano Berroa el 28 de agosto de 1928 y conservado en los papeles de monseñor Lorenzo Lauiri, nuncio de la Santa Sede en Perú. Ver B. 84, fascículo 302, f. 11. Nunz. Perú.

[12] Hay que recordar que, en un régimen de unión entre Iglesia y Estado, el patronato les concedía a los gobiernos, entre otras atribuciones, el derecho al “pase” o permiso para el nombramiento de las dignidades y puestos eclesiásticos.

[13] Según el Diccionario de la Lengua Española cura significa: “En la Iglesia católica, sacerdote encargado, en virtud del oficio que tiene, del cuidado, instrucción y doctrina espiritual de una feligresía”. Real Academia Española (RAE) (2018). Edición del tricentenario. https://dle.rae.es/cura?m=form

[14] Ellos fueron: Juan Vitaliano Berroa (párroco de Arica), Juan Gualberto Guevara (auxiliar de Berroa, quien años más tarde sería arzobispo de Lima y el primer cardenal peruano), José María Flores Mextre (párroco de Tacna), Francisco Quiróz (cura de Tacna), José Mariano Indacochea Zeballos (cura de Codpa), José Felix Cáceres (cura de Tarata) y Estaban Toccafondi (cura de Sama).

[15] Entredicho: “Censura eclesiástica por la cual se prohíbe a ciertas personas o en determinados lugares el uso de los divinos oficios, la administración y recepción de algunos sacramentos y la sepultura eclesiástica”. RAE. https://dle.rae.es/entredicho?m=form

[16] El cardenal Merry del Val, secretario de Estado de la Santa Sede, señaló respecto a la conducta de Mons. Edwards que este “reabrió al culto las iglesias cerradas después de la expulsión de los párrocos peruanos y dispuso que sus capellanes celebraron en ellas las funciones sagradas, sin cumplir la previa condición impuesta por el Motu Propio Pontificio, de presentar a la autoridad eclesiástica las cartas testimoniales, luego de lo cual el Obispo de Arequipa puso en entredicho las iglesias y oratorios públicos de Tacna y Arica; entredicho que a su vez, no se sujetó el vicario”. Citado en González Errázuriz (1996, p. 213).

[17] Carta de Juan M. de Goyeneche, ministro del Perú ante la Santa Sede, al cardenal Merry del Val, secretario de la Santa Sede, París, 27 febrero 1912. Trascrita en González Errázuriz (1996, pp. 215-2199).

[18] El historiador peruano y tacneño Jorge Basadre, señaló en sus memorias que: “el activísimo Obispo Rafael Edwards, cuyas giras proselitistas bajo el amparo de misas y sermones por todo el territorio en disputa eran muy frecuentes” (Basadre, 2009, p. 6). Un ejemplo de esto se ve expresado en el texto Las relaciones de Chile y el Perú escrito por monseñor Edwards y publicado en 1922. Luego, sería aún más explícito, en una entrevista afirmaba rotundamente: “la cuestión de Tacna es, para mí, una cuestión de conciencia... Puedo decir con honradez: la actitud de Chile es la única justa, Chile en Tacna y Arica es el único litigante que tiene razón”. Soiza Reilly, J. (19 de febrero de 1926). Las ideas del obispo de Santiago de Chile, monseñor Rafael Edwards. El Hogar, 22, (853), p. 14. https://digital.iai.spk-berlin.de/viewer/image/798849592/1/