Fuente: Rodríguez, J. (1921). Riquezas y Bellezas Australes. Buenos Aires, s/ed.
http://dx.doi.org/10.19137/qs0867
ARTÍCULOS
Alberto Harambour R.2
Resumen: Este artículo analiza la monopolización de la violencia en el ciclo inicial de colonización de Patagonia austral para lo cual propone, primero, que la precariedad local de los Estados de Argentina y Chile descansó en la fuerza expansiva de la industria ganadera para la instalación de su soberanía territorial; y segundo, que la clausura de la delimitación fronteriza solo se produjo en el verano de 1922, como resultado de la represión a la insurgencia obrera. A partir de una extensa investigación en fuentes oficiales y empresariales referidas a Santa Cruz, Magallanes y Tierra del Fuego, así como en la prensa local, se investiga y compara la presencia de la fuerza policial y militar en las subdivisiones administrativas del extremo sur; además se examinaron similitudes y diferencias en las estrategias de control social.
Palabras clave: Construcción del Estado; Colonialismo; Monopolio de la violencia; Soberanía; Frontera.
Monopolizing violence in a colonial frontier. The Police and the Army in southern Patagonia (Argentina and Chile, 1870-1922)
Abstract: This article analyses the State’s monopolization of the violence in the early cycle of southern Patagonia colonization, proposing first, that the local precariousness of Argentinean and Chilean states relied upon the expansive strength of the sheep farming industry for materializing their territorial sovereignty; and, secondly, that the enclosure of the international delimitation in the summer of 1922 resulted from the repression of the workers’ insurgency. Based on a wide research on official and entrepreneurial sources, on Santa Cruz, Magallanes and Tierra del Fuego, as well as on local press, it examines and compares the presence of police and military forces in the extreme South, explaining the similitudes and differences of the strategies of social control.
Keywords: State building; Colonialism; Monopoly of violence; Sovereignty; Frontier studies.
Introducción: colonización, soberanía y monopolio de la violencia
Las “ficciones jurídicas” argentinas y chilenas definieron tempranamente, siguiendo
la doctrina del Uti Possidetis, que el inmenso espacio patagónico
formaba parte de sus respectivas jurisdicciones (Guerra, 1989).3 Sin acuerdo
sobre la delimitación, recién alcanzada con el Tratado de Límites de 1881, los
esfuerzos coloniales desplegados por Chile no alcanzaron hasta entonces sino
la forma de exclaves (1842, 1848) con escasa capacidad de penetración hacia
la estepa.4 En Tierra del Fuego fue solo a partir de 1884 que avanzó la soberanía ovina; esto es, la ocupación efectiva del espacio por medio de las concesiones
ganaderas, en un proceso que precedió al avance del saber/poder de Estado.
En el territorio nacional argentino de Santa Cruz, por ejemplo, los exclaves oficiales
solo se expandieron en la década de 1880; es decir, después de la ocupación
militar de Patagonia norte denominada como “Conquista del desierto”.5 En contraposición a las fantasías nacionalistas que consideraron que la diplomacia,
las fundaciones y otros dispositivos administrativos definieron la “plena
incorporación” del extremo sur a uno u otro campo nacional (soberano), la
imposición del orden estatal en el sur tomaría décadas.6 Así, se considera que
el colonialismo poscolonial (el desplegado por los Estados latinoamericanos
sobre territorios independientes de hecho o derecho) fue capaz de imponer su
soberanía territorial efectiva (Escudé, 1988) a partir de una ocupación del espacio
basada en la industria ganadera y no en poderes públicos.
En este artículo nos concentraremos en una dimensión clave de esa doble
instalación de Estado y mercado (Pinto Rodríguez, 2002), para analizar las
sobreposiciones entre autoridades económicas y políticas en el establecimiento
efectivo de fuerzas armadas estatales o agentes del orden. Si consideramos,
con Max Weber, que el Estado-nación se define por reclamar “exitosamente
el monopolio del uso de la fuerza física dentro de un territorio” (1946, p. 4),
en el caso de la colonización de Patagonia no cabría si no comprender su “incorporación”
a cada Estado como un proceso bastante más tardío de lo que la
historia diplomática ha planteado. El artículo refiere así al proceso que llevó
a la Argentina y a Chile a imponer el patrimonio de la violencia, a destacar
cuerpos armados y hacer efectivos los límites de 1881. Si la presencia estatal
definió el carácter público de la tierra indígena, y a partir de ese acto impulsó
la concentración de la propiedad de la tierra –con lo cual se reproducía así
una sociedad de clases a imagen de la metropolitana–, la clave explicativa de
la construcción de la delimitación internacional debe buscarse precisamente
en la alteración de ese orden social, antes que en una amenaza de los pueblos
indígenas o del país vecino.
En noviembre de 1906, en una calle de Punta Arenas, Bartolo, Pedro
y Luis Urrutia atacaron a palos a un policía por motivos que desconocemos.
Con la llegada de refuerzos, los tres fueron detenidos. Entre los aprehensores
figuraba el guardián Pantoja, “del que los Urrutia prometieron vengarse”.7 Los
hermanos habían nacido en Chiloé y vivían con su abuelo, su madre, una hermana
de ésta, su marido y su hija. Magallanes era el territorio/provincia con
mayor hacinamiento de Chile. Seis meses después de la pelea se encontraron
con el guardia, convertido en subinspector, y cumplieron su promesa. Herido
en la cabeza por un golpe con manopla, Pantoja buscó apoyo y volvió por ellos
hasta su casa. Como nadie abrió, de acuerdo con su versión, ordenó rodear la
vivienda y con otro guardián avanzó por un sitio baldío. Entonces, declaró,
fueron agredidos “con barras de fierro” hasta quedar inconscientes. El guardián
Emilio Banda, quien recién bajaba de su caballo, también fue atacado. Según
Banda, efectuó un tiro “al aire”, tras el cual Luis Urrutia cayó muerto. De acuerdo
con la versión de su hermano Pedro, un carpintero de 19 años, ellos estaban
tranquilos en su casa hasta que el tío salió a orinar al patio y fue atacado por
desconocidos. Al buscar refugio fue seguido por hombres que “principiaron
por atropellar” a todos, lo cual inició la pelea.
Para el juez existían dos delitos: la embestida contra Pantoja y el asesinato
de Luis Urrutia. Respecto del primero, Luis fue absuelto por razones obvias,
y contra sus hermanos no hubo pruebas. De los otros dos sospechosos no se
logró establecer el paradero. En el conocimiento del segundo delito asumió la
defensa un abogado, privilegio poco común en 1907, cuando las denuncias se
resolvían con declaraciones judiciales y atendiendo, ocasionalmente, a presentaciones
del promotor fiscal. Cuando los acusados contaban con defensa, ésta
difícilmente hacía algo más que redactar alguna apelación. En este caso, en
cambio, el abogado Óscar Feliú realizó una extensa exposición: con “el deber
de hacer respetar la autoridad”, Banda había enfrentado a sujetos armados;
hubiese disparado al aire o al cuerpo “el acto estaba perfectamente justificado”,
y debía ser absuelto. Además, “innumerables muertes” ocurrían a diario
por la “insalubridad de las poblaciones y por otros cien factores”. Si eso no era
sancionado, menos debía serlo un “hombre honrado que ha resistido caballerosamente
el asalto de tres individuos de sospechosa conducta”; si se pretendía dar “al fallo una trascendencia inminentemente social”, la absolución traería
“más benéficos resultados”.
El abogado volvió una y otra vez sobre la necesidad de liberar a Banda.
Antes que por justicia, se trataba de legitimar la estatalidad (representada por
el autor del disparo) y el monopolio de la violencia (el disparo como representación
del poder legítimo). Para Feliú, debía considerarse la necesidad de al fin establecer la autoridad en una región apartada a la que Banda amaba y a la
que había llegado para imponer el orden y formar un hogar.8 Así, el abogado
terminaba su alegato señalando que:
“ni Punta Arenas, ni Magallanes tiene[n] porqué aspirar a defenderse de Emilio Banda…porque es preciso no olvidar que Magallanes, por próspero que se le considere desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo y de composición demótica [sic] es apenas algo más que un presidio, una colonia penal en estado floreciente; los tribunales todos de la República se encargan de aumentar la población penal de la colonia enviando anualmente una pequeña contribución de delincuentes; vagabundos de América, de Europa, de el África, de Australia; aventureros de antecedentes no muy claros, desertores de naves, presidiarios de Ushuaia caen en esta rejión buscando fortuna fácil…En este ambiente social, más que en ninguna otra parte, deben las instituciones públicas conservar incólumes todo su prestijio. Aquí la autoridad necesita acentuar su mano con firmeza si quiere evitar para lo futuro trastornos que seguramente ha de acarrear la fermentación de tanto residuo…Hasta ahora toda la seguridad del elemento honrado de Punta Arenas reposa en los ochenta guardianes de la Policía. El desprestijio que caería sobre este Cuerpo el día en que se condenara a un guardián porque no se ha dejado matar, reduciría por completo á la impotencia á esta institución de defensa social en medio de una población de doce mil habitantes, de los cuales tal vez la mitad tendría que armarse para constituirse por sí mismos en defensores de sus propias vidas”.9
El discurso no tuvo acogida. El subinspector fue condenado a 200 días
de cárcel, inhabilitación de cargos públicos y pago de costas y alimentos para
los Urrutia. El procurador fiscal apeló la resolución: pidió elevar la reclusión
a cinco años y un día. Pasado el caso a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ésta dejó constancia de que, aun tomando en consideración las atenuantes,
debía elevarse la condena a un año. De esta manera, el Estado condenó el crimen,
y así, contrarió el argumento de su necesidad social en la región al mismo
tiempo que reafirmó el poder superior de las instituciones metropolitanas.
Por esas mismas fechas se celebró en la mansión de Moritz Braun una
fiesta. Un abanico “de encaje de Inglaterra” –propiedad de María Menéndez,
esposa de Francisco Campos– circuló entre los invitados pasando de las manos
de Josefina Menéndez a las de Ernesto Manns y Carmen Correa, esposa de Jorge
Matta. Rodeado de las principales familias de Patagonia, el abanico desapareció.
Se sospechó de los sirvientes, ya que “se dijo el valor que podía tener así es que los mozos pudieron apreciar lo que valía”, como señaló Josefina cuando
el juzgado se constituyó en su mansión para tomarle declaración. Este hecho
inédito, que se repitió en casa de Matta, debió obedecer tanto al estatus de las
testigos como al valor del objeto, equivalente a más de cuatro años de arriendo
de una pieza de conventillo (Zorrilla, 1925).10 Finalmente el caso fue sobreseído,
sin procesados.11
Inútil como abanico en la estepa, la aplicación de justicia operó hasta la
década de 1910 en el restringido espacio de los pueblos y desde las estancias,
intentando someter las conductas al escrutinio de las leyes y a la voluntad de
sus agentes. Su capacidad efectiva de hacerlo estuvo determinada menos por
los cuerpos legales que por los recursos y la infraestructura, por la motivación
y los intereses del secretario, del juez y de los comisarios, por la eficacia de los
policías y la autoridad moral entre la población. Si bien la administración de
justicia expresa una capacidad central para modelar la soberanía interior del
Estado, de acuerdo con el testimonio del abogado Feliú, después de 55 años de
ocupación los habitantes de Magallanes todavía se dividían entre criminales en
potencia y posibles víctimas.
Esa división, sin embargo, había acabado formalmente en 1878, tras el
motín que destruyó parcialmente Punta Arenas y terminó con su carácter de colonia
penal militar (Martinovic, 2007). El grueso de las tropas de guardia fueron
retiradas, con el argumento de que la distancia amenazaba la disciplina (Ministerio
de Relaciones Exteriores, 1883, CXLV), pero un pequeño destacamento
tuvo presencia esporádica hasta la constitución de un batallón en 1911.12 En
distintas coyunturas el gobernador no pudo disponer de fuerza armada alguna,
por ejemplo, el Ministerio del Interior le pedía en 1891 que contactara a “los Intendentes de Valdivia y Chiloé” para intentar dotarse de guardias.13 Dos años
más tarde existían 30 gendarmes (“apenas suficientes”), y en vez de cárcel había
un “inseguro calabozo” para un número de detenidos que aumentaba “más
rápido que la población”.14 La precariedad se mantuvo, debiendo el alcaide
formar una guardia de civiles sin uniformes ni armas, hasta que en 1896 logró “enganchar” a 17 policías en el norte.15 Solo en 1900 la dotación policial aumentó considerablemente, y llegó a 100 guardias. En Santa Cruz, en tanto, los
guardiacárceles solo se profesionalizaron a mediados de la década siguiente,
tras un período inicial en que el servicio osciló entre civiles y soldados (Navas,
2012).
En la inmensidad de los campos patagónicos no existió fuerza policial
hasta que el Estado traspasó sus facultades fuera del radio urbano en favor
de los empresarios. En 1899, el gobernador de Magallanes Carlos Bories creó
doce “Comisarías Rurales servidas ad-honorem por los propietarios o administradores
de estancias” (Zorrilla, 1925, p. 231; Levicoy, 1992, p. 15; Martinic y
Campbel, 2010), las que solo se implementaron efectivamente tres años más
tarde con la designación ante el Ministerio del Interior de personas calificadas
como “de reconocida honorabilidad y prestijio dentro de la respectiva sección”
territorial.16 Con ello, un delegado del poder económico ejercía la autoridad
policial en una jurisdicción coincidente con las delimitaciones de cada estancia,
lo cual reforzaba la soberanía del capital junto con la del Estado. En 1909,
por ejemplo, Juan Bitsch era comisario en Tres Puentes, Juan Braun en Cabo
Negro, Walter Harries en Última Esperanza, Percy Hobbs en Tierra del Fuego,
Alexander Cameron en Caleta Josefina, G. Wood en San Sebastián y Von Maltzen
en Punta Delgada (Zorrilla, 1925, p. 204). Todos ellos eran funcionarios,
accionistas o socios de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (La Explotadora).
Las destinaciones de cada administrador-comisario cambiaron en los
años siguientes, acorde a los enroques técnicos de los empleados de las compañías.
En 1915, la nómina de comisarios consignaba que Von Maltzen había
sido trasladado a Cerro Castillo, y que en Punta Delgada lo sucedía George Cameron;
en tanto, Archibald Cameron, se había convertido en comisario de San Gregorio, Alejandro Ross de Morro Chico y Juan McKay de Cabo Negro.17 Aún
en 1925 el comisario-estanciero mantenía su fuerza, expandiendo el número
de jurisdicciones a su cargo hasta 27 (Zorrilla, 1925, p. 233).
En la parte de Tierra del Fuego asignada a Chile la situación fue similar.
Solo en 1892 se nombró a un representante oficial del Estado, el subdelegado
John Mc Rae, escocés, administrador de la primera gran estancia del territorio
(de la alemana Casa Wehrhahn). McRae sería luego empleado de La Explotadora
y socio de Rudolph Stubenrauch, a quien regaló una niña Selknam que había
sido tomada prisionera en 1891.18 Como cazador de indios para las estancias y
subdelegado del Estado, McRae fue agente de la soberanía del capital, la que
ejerció revestido de la autoridad soberana del Estado nacional, eliminando por
la vía del genocidio la amenaza a las ovejas y, por tanto, a la expansión de la
estatalidad (Bascopé, 2010). Para 1893, la única fuerza armada chilena en Tierra
del Fuego era la de los empleados de estancias, principalmente británicos,
al punto que no era posible “hacer efectiva la autoridad del Subdelegado que...
no puede hacerse obedecer, ni reprimir”, informaba un enviado oficial a la zona.19 Solo la intervención del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso,
Leoncio Rodríguez, tras recorrer la isla en 1894 consiguió que se enviasen
policías para apoyar en la “extracción de los indios”. Rodríguez ya era el jefe
jurídico de La Explotadora (Braun, 1985, p. 125), que estaba solucionando
privadamente el “problema del indio”; el que abrió paso a los “nuevos indios”
como principal amenaza a la estabilidad de la soberanía ovina (Harambour,
2012).
Entre 1896 y 1903 la dotación policial aumentó de 4 a 35 agentes, pero
se mantuvo la precariedad material y el número seguía resultando insuficiente
para evitar “los frecuentes crímenes” atribuidos a la “embriaguez no refrenada”
de una población “blanca” trashumante. Por ello, una reforma jurisdiccional
intentó racionalizar el despliegue de fuerzas, y dividió la isla grande
en tres partes, que corresponderían a “los límites que la compañía Explotadora
de Tierra del Fuego [se] ha fijado”; en cada una de estas áreas operarían
policías “bajo las órdenes del Comisario ad-honorem respectivo”,20 con
lo que se cumplió la antigua demanda empresarial que un subdelegado había conceptualizado como un “servicio voluntario de los estancieros bajo la dirección
de la Gobernación”.21 De esa forma, la racionalización estatal del despliegue
de la fuerza policial se plegaba a las técnicas de la explotación ganadera.
Una lógica mixta operó en Santa Cruz. Uno de los problemas clave en
la centralización del Estado argentino era la monopolización de la violencia
frente a montoneras y provincias. En términos de configurar una elite nacional,
además, el aparato burocrático se había expandido para proporcionar funcionarios
metropolitanos capaces de limitar las soberanías locales desde inicios
del proceso independentista. Esta reducción a la unidad se fortaleció tras 1880,
con la supresión de la rebelión bonaerense y el aumento del gasto policial y
militar. Por lo mismo, los hombres destinados a jefaturas en los campos santacruceños
no eran empleados de estancias sino, por lo general, policías o
funcionarios menores. Su instalación efectiva dependía, sin embargo, del favor
de los estancieros, pues al iniciarse el siglo XX los guardianes no tenían siquiera “simples casillas” donde instalarse, y eran “casi ambulantes”.22
La institución de los comisarios-estancieros en Magallanes solucionó
parcialmente esta carencia, en tanto las propiedades de La Explotadora se extendían
sin enfrentar otra delimitación que las de la racionalidad ganadera.
En 1908, el administrador de Cerro Castillo (en Chile) y Cerro Palique (en Argentina),
Thomas Burbury, informaba al gobernador argentino que uno de sus
dependientes, Walter Harries, era comisario y subdelegado chileno, y que la
compañía contaba con línea propia de teléfono a Punta Arenas. Por ello, proponía
que se estableciera también una comisaría argentina, a la que ofrecía
casa, potrero y carne gratis.23 En 1911, al instalarse un destacamento en el
lago Argentino, se lo hizo “en un puesto de la estancia del señor Carlos Henstock”,
mientras los diez gendarmes se alojaban en otro puesto, cedido por el
estanciero Podestá.24 Aun cuando el Estado destinaba remesas para la compra
de caballos y de víveres, los fondos desaparecían, y los animales, la alimentación
y el alojamiento eran provistos por los estancieros, que hacia 1911 comenzaron
a quejarse por los altos gastos.25 Alrededor de 1918, una propuesta
de enviar gendarmes con sus familias desde Buenos Aires chocó con la falta de infraestructura, al tiempo que seguían siendo miserables los salarios para
empleados solteros en Magallanes y en Santa Cruz.26 Allí, como ha señalado
Pablo Navas, los agentes desarrollaban su actividad “como empleo estacional
o fuente de ingresos extra” (2008, p. 82). Ya en 1906 el jefe de Policía planteó que había dado de baja a los miembros de una partida volante: “indios, ineptos
e incompetentes [que] trabajan la mayor parte del año como peones, en los
establecimientos ganaderos”.27
Los problemas de carencia material y de subordinación de la autoridad
al poder estanciero, junto con el reclutamiento de personal ‘inadecuado’,
generalizaron las críticas contra la acción policial. En ellas confluyeron, por
razones diversas y a veces opuestas, los grupos de interés que desplegaron su
acción en la década de 1910, desde las organizaciones obreras a la Sociedad
Rural y las ligas patrióticas. Para la prensa liberal-conservadora reinaba “la falta
de disciplina más completa” en la policía de Santa Cruz, con empleados
“suspendidos, exonerados, procesados o apercibidos” por crímenes.28 Solo en
1913, por ejemplo, el diario La Unión de Río Gallegos denunció más de doce
casos de violencia excesiva, encubrimiento de asesinatos y venta de favores,
que llevaron a la suspensión de los comisarios de San Julián, Caleta Olivia y
Deseado.29 Todavía en 1920 era frecuente encontrar denuncias por asaltos protagonizados
por agentes, coimas exigidas por comisarios y desalojos extrajudiciales.30 En suma, como informara el excomisario y gobernador interino Edelmiro
Correa Falcón (convertido en líder de la asociación de estancieros y de
la Liga Patriótica), la policía era “muy mala”, y “ni medianamente llena[ba] la
compleja y honrosa misión que les está[ba] asignada” (Correa Falcón, 1920).31
Remuneración escasa y alta rotación eran características compartidas
por policías y trabajadores. En Patagonia austral, caracterizadas las relaciones
sociales por la estacionalidad del vínculo salarial, la escasez de relaciones familiares
transgeneracionales y la alta movilidad, el control fuera de los nodos
productivos fue prácticamente imposible hasta la década de 1920. Incluso los poblados estuvieron permeados por prácticas de campo, como el uso de armas
y la resolución privada de conflictos. Mientras en 1910 la policía de Punta
Arenas intentaba hacer efectiva la prohibición de portar armas, en Gallegos el
porte era legal. De acuerdo con La Unión, era ésta una “costumbre tan arraigada…
que el revólver, llevado de modo más ó menos ostensible” era una prenda
masculina más.32 Enfrentada a la irrupción del movimiento obrero, la elite santacruceña
hizo suyo el diagnóstico de Feliú en 1907: ante “la abundancia de
elementos disolventes y perturbadores…tendremos absoluta necesidad de vivir
completamente recluidos o al salir a la calle hacerlo armados hasta los dientes…
amenazados en nuestras vidas e intereses por una cáfila de aventureros”.33
Para el movimiento obrero, por su parte, los cuerpos armados eran objeto
de críticas ideológicas (la fuerza armada como “escuela del crimen”) y prácticas
(vigilantes corruptos, dependientes o “domésticos” de los estancieros).34 La concentración de funciones convertía al estanciero, en expresión del periódico El Socialista, en un “señor de horca y cuchillo” que podía despedir del
trabajo (que además constituía la vivienda) lo mismo que encarcelar.35 Por ello,
los trabajadores afectados por robos no encontraban apoyo de la policía, que
concentraba sus energías en atender las denuncios de los propietarios.36 Las
acusaciones contra el clasismo policial se incrementaron precisamente cuando
la masividad de la movilización clasista alteró el orden social, lo que provocó
que la policía se volcara a la represión social antes que a la del delito.37 En septiembre
de 1918 se convocó a una manifestación contra los abusos policiales
en terrenos de La Explotadora en Puerto Natales, su “fundo”, según el censo de
1920 (Dirección General de Estadística, 1925, p. 229). De acuerdo a la Federación
Obrera de Magallanes (Federación), dos de sus miembros habían sido
“torturados bárbaramente” en el cuartel tras haber sido señalados como sospechosos
de hurto por un “súbdito extranjero”, posiblemente Corfitz Anderson,
gerente de Braun & Blanchard, y hasta hacía poco, subdelegado y comisario en Última Esperanza.38 Además se denunció la muerte del obrero Pedro Alvarado como resultado de haber sido “puesto en la barra” y golpeado en la comisaríade la estancia Cerro Castillo, un intento deviolación y un asalto contra un
correo de la Federación, todos perpetrados por carabineros.39 Policía coimera,
guardianes-delincuentes y tropas actuando como guardia privada de La Explotadora
fueron denuncias reiteradas en la prensa obrera, y se vieron refrendadas,
en menor medida, por sucesivas ‘depuraciones’ del cuerpo armado.40
Ejército, soberanía y frontera
La debilidad de los cuerpos policiales tuvo como correlato la ausencia de tropas del Ejército y de control sobre el tránsito a través de la delimitación cartográfica. Respecto de las fuerzas armadas, solo las Marinas de Guerra tuvieron presencia periódica a través del transportes, navíos de guerra y grupos de exploración. Los ejércitos, como se señalara, estuvieron presentes hasta principios de la década de 1880 (cuando se inició la expansión de la ganadería ovina) y después de 1911, cuando irrumpió la “cuestión obrera”; en Santa Cruz, no hubo fuerza militar permanente hasta 1942.41 La decisión de constituir un regimiento en Punta Arenas, en tanto, no apuntó a defender una soberanía amenazada por el fantasma argentino y la concentración de tierra en capitales europeos, sino a economizar gastos de transporte para los magallánicos, quienes debían cumplir el servicio militar obligatorio aun cuando sus derechos políticos no eran reconocidos (Zauritz, 2010, p. 210). Así, la instalación del Batallón Magallanes fue saludada por la elite como una contribución al orden y resistida por la prensa obrera por lo mismo, y debido a que los reclutas eran trabajadores. En poco tiempo los prejuicios se confirmaron, a raíz de vejaciones a los soldados, a su utilización como rompehuelgas, a las detenciones de civiles por parte de militares, a su acuartelamiento y a la ocupación de faenas con ocasión de conflictos sociales.42 Así, en 1915, El Socialista señalaba:
“¿qué misión tiene el Ejército? La de defender la Patria. Si es así, vamos [a] hacer este silogismo: el Ejército defiende la Patria, la Patria es la propiedad privada, luego el Ejército defiende la propiedad privada.
Si el Ejército defiende la propiedad privada y el trabajador o proletario no la tiene, quiere decir que el Ejército no lo defiende a él”.43
Esta impresión continuó ampliándose, tanto por la acción de la fuerza
armada como por el cambio en el argumento con que la elite demandaba
mayor seguridad. La intimidación de indígenas salvajes y de delincuentes internacionales
fue reemplazada en el discurso por el peligro de los subversivos y
de los bandoleros, igualmente nómades. La incapacidad estatal para enfrentar
la amenaza se manifestaba, según la elite, en la permisividad hacia un “agitador
extranjero” que debilitaba la nacionalidad, a diferencia del propietario
extranjero, que la fortalecía. El “anarquismo” sirvió así, desde la constitución
de la Federación, para reclamar mejores sueldos para la policía;44 mientras su
capacidad organizativa se expandió, también se fortaleció la demanda de la
elite por una regulación represiva de la relación entre capital y trabajo, hasta
entonces solo regulada por la insurgencia obrera.
Como señalara el gobernador magallánico Fernando Chaineau en 1914: “estancieros, industriales y vecinos” exigían más policía, y él lo consideraba
urgente: “en todos mis informes” sobre huelgas, decía, he “solicitado aumento
de fuerza policial como medida indispensable para mantener el órden, y evitar
estas conmociones periódicas del elemento obrero que en Magallanes se
suceden sin interrupción y sin motivo”. Ante el funcionamiento del Frigorífico
Bories, a pocos kilómetros de Natales, consideraba que la clave era contar
con caballada suficiente para “asegurar en cualquier momento de tumultos,
huelgas ó desórdenes, el resguardo de los intereses jenerales de los estancieros,
comerciantes e industriales”.45 Aunque había aumentado la dotación, los sueldos
seguían siendo míseros; los oficiales, “de lo más pésimo”, y se mantenía el
déficit de caballos.46 Como aún en 1919 el gobierno no podía costearlos, los
continuaban proporcionando “gratuitamente” los estancieros.47
Para entonces, la proximidad de la temporada de campo suponía más
amenazas para las autoridades. Como señalara el subdelegado de Última Esperanza
en 1919, cada vez que se inician “nuevas faenas, [comienza] un movimiento
con caracteres subversivos”; por ello, el gobernador le expresaba que
ante una huelga le enviaría “al primer aviso un pelotón de soldados”.48 Esta
militarización del conflicto social se incrementó, considerando que solo entre
agosto de 1918 y enero de 1919 la Federación protagonizó nueve demostraciones
públicas, cinco huelgas (dos de ellas generales) y dos jornadas de protesta.
Las manifestaciones se dirigieron contra abusos laborales y policiales, así
como contra el desembarco de tropas; al mismo tiempo, la organización obrera
buscaba respaldar la resolución pacífica de un conflicto con Perú, alimentado
por rumores desde el Palacio de La Moneda –sede del presidente en Santiago
de Chile– (Harambour, 2000b; Muñoz, 2012). Ello coincidió con la fuga del
anarquista Simón Radowitzky desde el penal de Ushuaia, en una operación
organizada en Buenos Aires y desarrollada por militantes de Punta Arenas y
Río Gallegos, que fue frustrada por la acción conjunta de las Armadas chilena
y argentina.49 La movilización social aumentaba en el período, tanto nacional
como internacionalmente.
En las protestas de Patagonia el movimiento obrero comenzó a enfrentar
una severa represión, a pesar del civismo de sus prácticas. Primero en Punta
Arenas, en diciembre, cuando la policía cargó contra huelguistas portuarios y
cobró la vida de un trabajador. Además, tres dirigentes de la Federación fueron
detenidos en un buque de guerra. Uno de ellos, el español Eduardo Puente, fue
deportado a Río Gallegos y desde ahí a Ushuaia. La respuesta fue un paro con
protesta nocturna, que incluyó disparos y el acuartelamiento del Ejército. Al día
siguiente, apareció muerto a balazos uno de los pocos guardianes que salió a
patrullar (Harambour, 2000a, p. 94). Un mes más tarde, terminada la huelga,
una disputa entre dirigentes de La Federación y el administrador del Frigorífico
Bories derivó en un levantamiento armado. Cuatro trabajadores y cuatro carabineros
alojados por La Explotadora murieron, unas veinte personas resultaron
heridas y se prendió fuego a edificios de Braun & Blanchard (Vega, 1995, pp.
107-153; Harambour, 2000a, pp. 101-121; Arriagada, 2010). Los directivos
de casas comerciales y el mayor del Ejército Luis Bravo (el primer subdelegado
no estanciero) se fugaron y “el pueblo” –como señalara el periódico El Trabajo– “se constituyó en la única autoridad”.50 Solo dos días después retornó
el oficial, apoyado por militares argentinos.
La violencia tuvo eco en las discusiones que anarquistas y socialistas
mantuvieron en la Federación en torno a la Revolución bolchevique y la línea
clasista adoptada por la Federación Obrera de Chile. Aun cuando se firmaron
convenios para los trabajadores del campo, los mineros y los panaderos, las
tensiones entre el sindicato y la oligarquía se incrementaron, por la movilización
nacionalista y la represión antianarquista de mediados de 1920 en ciudades
del norte. Ese escenario facilitó el apoyo de las autoridades a las Ligas
Patrióticas. En el caso chileno, éstas tuvieron funcionamiento regional, particularmente
en Tarapacá y Magallanes, mientras que en la Argentina adquirieron
una estructura centralizada para hacer frente al movimiento obrero, los inmigrantes
y el gobierno radical. En uno y otro caso, representaron los intereses
oligárquicos contra las reformas y permitieron articular las demandas de las
elites locales con un movimiento de alcance nacional. En los casos de Magallanes
y Santa Cruz, las Ligas Patrióticas integraron a estancieros y funcionarios
(McGee, 2005; Bohoslavsky y Harambour, 2007).
En julio de 1920, siguiendo a las movilizaciones “patrióticas” convocadas
por la Liga en Punta Arenas, una patota de uniformados y civiles asaltó
el local de la Federación. Se impuso la censura de la prensa y la detención y
tortura de dirigentes, lo que implicó la destrucción de la organización y el establecimiento
de un monopolio sobre el debate que clausuró la movilización
social (Marcolín Piado, 1922; Vega, 1995, pp. 190-247; Harambour, 2000a;
2000b, pp. 137-156). Como señalara El Trabajo, el órgano del sindicato que
desapareció por siete meses, “el cuerpo policial se convirtió en una autocracia
dentro del Estado mismo. No había Gobernador, no había autoridad capaz
de contener los desmanes de ese Cuerpo autocrático. El Cuerpo policial era
soberano”.51
En Santa Cruz se obtuvieron resultados similares. En el verano de 1918-1919, las detenciones por los casos de Radowitzky y Puente generaron manifestaciones
seguidas de allanamientos contra la Sociedad Obrera. La movilización
ante la falta de acuerdo para la temporada 1920-1921 –a lo que se
sumó el escándalo de la elite por la eficacia de los boicots decretados por los
trabajadores– llevó a La Unión a señalar que “Se han subvertido todos los valores… sustituyéndolos por el desórden, el desquicio y la difamación”, al mismo
tiempo, en dicha publicación se celebró la organización de guardias patrióticas en Puerto Deseado y Río Gallegos.52 Ante las carencias de la policía y la moderación
del presidente Hipólito Yrigoyen, se impulsó la acción privada en defensa
de un interés público definido como el particular estanciero. Argentinos
o extranjeros de bien debían sentir, sin diferencias de clase, “la necesidad de
eliminar esos elementos disolventes y antipatriotas, aun cuando se trate de sus
propios connacionales”.53
Clausurado el campo de acción obrera en Magallanes, la movilización
fue denunciada como “terrorismo”. Este “bandolerismo” generaba un “principio
de la autoridad subvertido” por “la actitud ensoberbecida de la Federación”,
sumado a “la falta de fuerza armada para contener…a los elementos
subversivos”.54 La readecuación del discurso de civilización o barbarie acentuó
la presión sobre el Poder Ejecutivo. El incremento de la policía sería positivo,
señalaba La Unión, pero mejor sería enviar al Ejército.55 En Buenos Aires operaron
en tal sentido Alejandro Menéndez y el exgobernador interino Correa
Falcón, representantes de la casa comercial La Anónima, la Sociedad Rural y
la Liga Patriótica santacruceña. Formando parte de un poderoso frente común
opositor, encabezado por la Asociación del Trabajo, la Sociedad Rural Argentina
y la Liga Patriótica, los representantes de los estancieros consiguieron de
Yrigoyen el envío de tropa.56
El teniente coronel Héctor Varela desembarcó con 50 soldados, saludado
tanto por la Sociedad Obrera como por la Sociedad Rural, y utilizó su
autoridad para colocar al Estado como mediador capaz de imponer a unos y
otros un convenio laboral. Ese poder, situado por sobre el conflicto de clases y
los intereses particulares, se inscribió en la lógica –breve e impotente– del radicalismo
en la Argentina y del alessandrismo en Chile. A poco de retornar las
tropas de Varela al norte, sin embargo, el acuerdo fue ignorado por los estancieros,
quienes reactivaron sus ataques a la labor “tolerante” del gobernador, el
juez letrado y el oficial, al considerar que la movilización social amenazaba la
autonomía empresarial.
Desde el primer semestre de 1921, la demanda represiva estableció un
eje entre Río Gallegos y Buenos Aires, entre La Unión y La Nación. Ambos periódicos reprodujeron mutuamente editoriales y notas en las que se presionaba
por un nuevo envío de tropas. En Buenos Aires se sumó a los Menéndez el
propio Moritz Braun, quien dirigía la mayor parte de los negocios iniciados por
su cuñado, Nogueira, y su suegro, Menéndez.57 En su lucha contra el “terrorismo”,
los dos diarios publicaron en agosto de 1921 un artículo que expresaba la
síntesis producida por los terratenientes. Atribuyendo “la situación anormal del
Territorio…a la falta de la acción oficial”, que habría alentado la desobediencia
social y retardaba la plena incorporación de Patagonia a la nación, dibujaba
una trayectoria de obstáculos y un bosquejo de solución:
“Después de la conquista del desierto…los ganaderos, agricultores y pobladores… se hallaron con un enemigo temible: el bandolero.
Este sustituyó al salvaje de la toldería, y el colono que se aventuraba con mujer y con hijos, en los fértiles territorios del sur, era con frecuencia su víctima. Los destacamentos de policía que recorrían de vez en cuando aquellas regiones, rara vez lograban batirlo…[y fue] uno de los motivos que demoraron la colonización. [Luego,] el progreso general, las comunicaciones más fáciles y el aumento de la policía fueron terminando con la plaga, y los criminales prófugos ya no hallaron allí una manera de vivir más cómoda que la cárcel.
Ahora las noticias telegráficas que nos llegan de Santa Cruz…parecen señalar la aparición de un nuevo peligro: el huelguista malo.
En efecto, las noticias hablan de peones que no quieren someterse al trabajo regular en la campaña, de grupos de individuos que se han instalado en conocidos establecimientos exijiendo que se les aloje y mantenga, sin trabajar, durante el invierno, y de otras bandas que penetran en otras estancias cortando alambrados. [Con ello] el tipo de bandolero casi extinguido reaparece bajo nueva forma: el huelguista malo. Uno y otro, acaso, están en vías de confundirse en un solo tipo enemigo de la sociedad…Una suficiente fuerza armada para vigilar el trabajo y evitar la nueva delincuencia que intenta infiltrarse entre los trabajadores… acabaría enseguida” con esta desgracia.58
Varela desembarcó nuevamente en noviembre de 1921, ahora con 300
soldados. Su acción fue radicalmente distinta: demandó la rendición de los
huelguistas, proscribió las organizaciones obreras y la negociación de convenios,
prohibió el porte de armas y estableció que las embestidas contra las estancias serían consideradas ataques contra el Ejército.59 Desde Magallanes se
movilizaron hacia la frontera fuerzas chilenas.60 Situando al poder del Estado
dentro de una lógica de guerra de clases, Varela cumplió con las expectativas
de la Sociedad Rural y de la Liga Patriótica, que apoyaron materialmente la
campaña. El paso del diálogo a la represión sorprendió a los dirigentes obreros,
quienes se debatieron entre la negociación y el enfrentamiento, mientras
el Ejército destruía su organización (Fiorito, 1985). La operación se cerró con
cientos de fusilamientos sumarios (Bayer, 1993). Según Ernesto Bohoslavsky,
habría muerto aproximadamente un 7% de los hombres en edad laboral de
Santa Cruz (2009, p. 89). En unas pocas semanas el “problema obrero” tuvo
la solución que el “problema ona” había tenido en poco más de una década:
la estructura obrera desapareció por diez años y los convenios colectivos por
veinticinco (Bohoslavsky y Harambour, 2007, p. 216).
El ciclo represivo de diciembre de 1918 a febrero de 1922 permitió que
por primera vez los Estados pudieran reivindicar el monopolio efectivo de la
violencia. Aun cuando la prensa, los estancieros y las autoridades reclamaron
por décadas el aumento de la fuerza policial y de la inversión en seguridad, ello
no se produjo frente a la supuesta amenaza indígena, ni ante el nomadismo popular,
y ni siquiera frente al peligro de una guerra entre los dos países colonizadores.
El ejercicio de la soberanía hacia adentro se originó solo como respuesta
a la amenaza contra el orden oligárquico (u estanciero) y las relaciones sociales
que la elite consideraba se encarnaban en (o quizás mejor, desde) el Estado.61
La represión permitió a los Estados materializar la delimitación internacional
sobre el terreno, no ya como capacidad de asignación de tierras sino
como control de los movimientos de personas y de bienes, y con ello, también
como encuadre discursivo para la articulación de demandas y marco territorial
de circulación económica. Como ha señalado Carlo Ginzburg, en la Europa
del siglo XIX los sistemas de identificación se implementaron como resultado
de “la tendencia a la criminalización de la lucha de clases” (2004, p. 105). Si
a pesar de la demanda transversal el Ejecutivo no estaba disponible para financiar
en 1910 un registro fotográfico que fijara la imagen de los delincuentes que se desplazaban por la estepa,62 una década más tarde fue solo el reclamo
de la elite la que produjo la instalación del Ejército para imponerse sobre una
amenaza mayor: la nueva “clase peligrosa” guiada por agitadores extranjeros
o extranjerizados.63
Con ocasión de la huelga en Puerto Natales, en enero de 1919, por
primera vez se habían desplazado tropas para impedir “la entrada al Territorio
de toda persona que en viaje de Argentina no presente sus papeles en forma,
obligándolos a repasar la frontera a los sospechosos o deteniéndolos si se negaran”.
Para ello, La Explotadora había instruido a sus administradores para dar
a las tropas “las ayudas y facilidades necesarias tanto para el cumplimiento de
su misión como para alojamiento y rancho”. Los propietarios de barcos y botes
fueron obligados, bajo amenaza de decomiso de las embarcaciones, a prohibir
el desembarco de “ningún pasagero estrangero que no presente sus documentos
personales en la debida forma”.64 Se comenzó a demandar documentación
con la cual los jinetes debían acreditar la propiedad de sus caballos, los conductores
la de sus vehículos y los ovejeros la del origen, número y destino de
los animales.65 Para “no permitir la pasada” a quienes no cumplieran “con los
requisitos exigidos por la Ley de Residencia”, a fines de 1919 se estableció un
retén en Río Pescado, y un “servicio de frontera” en Cancha Carreras.66 Los resguardos
fronterizos se extendieron hasta la lejana zona del río Baker, mientras
se informaba que habría carabineros en distintos puntos de la delimitación:
“con el objeto de no permitir la entrada al país de personas que no acrediten su identidad personal, i buenos antecedentes si son extranjeros, como también, para la vijilancia de los campos. Por tanto, se recomienda a toda persona, ya sea nacional o estranjera, se provea de los documentos necesarios antes de salir para el extranjero o simplemente cruzar la frontera, a fin de no ser molestados a su regreso, tal como se exije por la vía marítima”.67
En la fotografía se observa el primer convoy militarizado en la delimitación entre Magallanes y Santa Cruz, en Cancha Carreras, enero de 1919.68
Fuente: Rodríguez, J. (1921). Riquezas y Bellezas Australes. Buenos Aires, s/ed.
El celo delimitador llegó a tal punto que los estancieros protestaron. En
abril de 1920 La Unión expresó que “no se explica con claridad qué persiguen
las autoridades al obstaculizar…el libre tránsito entre dos ciudades que como
Punta Arenas y Río Gallegos viven existencia íntima y los pobladores tienen
radicación en ambos lugares”. El caso de un comerciante uruguayo asentado
en esta última localidad, quien había viajado a Magallanes solo para ser reembarcado
por la policía, planteó que la vigilancia alcanzaba “proporciones
alarmantes”.69 Luego de la represión de julio de 1920 en distintas ciudades
chilenas, el Ministerio del Interior ordenó a las prefecturas abrir registros obligatorios
para extranjeros, residentes o en tránsito.70
La gobernación santacruceña no se quedó atrás. El periódico dejó de cuestionar las restricciones chilenas y demandó la aplicación inmediata de la
Ley de Defensa Social.71 La prohibición de portar armas –fracasada en 1911,
1913 y 1920– se hizo efectiva en abril de 1921. La policía abrió un depósito
de armamento para quienes entraran al pueblo; asimismo, el comercio informaría
el nombre de los compradores y restringiría la tenencia a estancias y
negocios.72 Los vendedores ambulantes debían empadronarse, y se prohibió el
porte de alcohol incluso para consumo personal.73 En mayo de 1921, un nuevo
decreto expresó el creciente poder de los grupos conservadores. Al establecer
una agresiva política de control de identidad para las fronteras entre el campo y
la ciudad, Magallanes y Santa Cruz, mar y tierra, el gobernador argumentó que:
“debido a la acumulación de sugetos de condición heterogénea que se diseminan fácilmente en toda población de relativa importancia, es de impostergable necesidad propender por todos los medios a la depuración de los que estén moralmente calificados, así como también los que por cualquier estigma físico o tara individual constituyan una rémora para la salud o el bien público”.74
A fines de 1921, por último, se decretó la creación de la Gendarmería, esto es, el destacamento de guarda fronteras;75 y luego de los fusilamientos de 1922, una disposición de Varela se transformó en decreto del Poder Ejecutivo. Éste estableció que “todos los obreros” debían “[pre]munirse de una libreta especial en la Jefatura de Policía”, que consignara sus antecedentes como requisito para ser empleado. Administradores y estancieros, además de exigirla, debían “anotar la fecha de entrada al trabajo”, ocupación y sueldo, y “al dejar el trabajo, fecha de salida y forma en que fueron pagados sus haberes, qué tiempo ha permanecido en el empleo anterior y causa de su cesantía, certificada por el patrón”.76 De esta forma se erigía, por primera vez, una frontera tangible que regulaba el desplazamiento a través de la pampa. El documento de identidad lo emitirían los cuerpos armados del Estado. La información que contuvieran sería responsabilidad de los administradores del capital estanciero.
El conflicto jurisdiccional entre Argentina y Chile, iniciado en la década
de 1840, no se detuvo en el siglo XIX.77 El esperado Tratado de Límites de 1881
fue seguido por el Protocolo Adicional de 1893, el Acta de 1898 y el Abrazo
del Estrecho en 1899, entre los presidentes Julio Argentino Roca y Federico
Errázuriz Echaurren respectivamente. Ninguno de esos intentos por establecer
un acuerdo duradero logró evitar la carrera armamentista que se extendió hasta
1902. Solo con el Laudo Arbitral británico de ese año, según planteó Martinic, “pudo darse por concluida definitivamente la vieja cuestión fronteriza”, con
un “contorno fronterizo” definido (2006, pp. 854-855). Como hemos visto, sin
embargo, la delimitación diplomática estuvo lejos de traducirse en un efectivo
control territorial por cada uno de los Estados. Aún en 1936, el geógrafo
estadounidense George McCutchen planteaba que “la frontera pura [the raw
frontier] que la región ha sido por cuatro siglos todavía parece serlo” (1936, pp.
339-340). Si los mapas de las cancillerías podían comenzar a pintarse de colores
nacionales, sobre la estepa la precariedad del Estado continuó definiendo el
paisaje económico y social: los flujos de bienes, animales y personas continuaron
libres, o bien solo restringidos por los comisarios-estancieros, agentes del
capital al servicio del Estado. La fuerza pública –argentina o chilena– mantuvo
su precariedad material y una presencia escasa, compuesta de hombres sin
especialización ni disciplina. Los alambrados que dividían la pampa fueron,
hasta 1922-1923, los de las estancias.
A pesar de la voluntad jurídica metropolitana, Patagonia permaneció
como un espacio fronterizo, aun cuando la delimitación internacional comenzó
a cerrarse con la intervención estatal que siguió a la confrontación entre
capital y trabajo. De esta manera, se continuó una lógica dual de afirmación
de la soberanía en el espacio colonial austral, según la cual las fuerzas del
capital y de la estatalidad se apoyaron mutuamente. Esta unidad sistémica,
favorecida por la corrupción (Harambour, 2012, pp. 121-179), significó que el
Estado actuara como poder distributivo o locativo (Giddens, 1987, pp. 7-9), es
decir, asignando dominio sobre territorios vacíos de su presencia, que fueron incorporados con el avance ovino.78 Sobre esa expansión avanzó el Estado:
designando como agentes del orden público a estancieros o agentes del capital
–quienes colaboraron en la monopolización de la violencia– al principiar
el siglo; luego, profesionalizando a las policías y enviando a militares hasta la
frontera en la coyuntura 1918-1922, respondiendo al reclamo estanciero. Para
entonces, tal como en los conflictos étnicos y de clase en el Chaco ocupado
por la compañía inglesa La Forestal (Vidal, 2008) o en la militarización de las
faenas petroleras en Comodoro Rivadavia (Gatica y Pérez, 2012) o Tarapacá y
Antofagasta, la cuestión social reimpuso delimitaciones sociales y, con ellas,
internacionales.79
En 1875, el presidente Nicolás Avellaneda había planteado que “las
fronteras habrán desaparecido cuando dejemos de ser dueños del suelo por
herencia del Rey de España y lo seamos por la población que lo fecunda y
por el trabajo que lo apropia”.80 En efecto, la conquista militar por el norte y
la expansión ovina desde el sur eliminaron el carácter soberano y de frontera
civilizacional que el extremo sur tuvo por siglos, lo mismo que el de frontera
nacional (o “interior”) que surgiera con la independencia de Argentina y Chile.
Una vez desaparecida esa “frontera con el indio” comenzó a erigirse la frontera
internacional entre ambos Estados. Disputada, abierta, cruzada en una y otra
dirección por los inmigrantes que siguieron a la industria ovina, solo se definió
cuando esos inmigrantes, asalariados, reivindicando sus derechos, confrontaron
el orden estanciero y enfrentaron una violenta represión. La defensa de la
propiedad y de las jerarquías sociales asociadas a ella, cerró la conquista que
el exterminio y el desplazamiento indígena habían iniciado, lo cual favoreció
(de manera incompleta, por cierto) la incorporación de cada territorio nacional
a lo nacional-civilizado. La exigencia de papeles para cruzar la delimitación, y
por lo tanto el crecimiento de la burocracia civil encargada de producirlos, y de
la policial o militar a cargo de autentificarlos, emergió allí de la lucha de clases
que el Estado –poder creador de la propiedad que posibilitó su presencia física
sobre el espacio fronterizo– definió y resguardó.
Notas
1 Este artículo ha sido producido gracias al proyecto Fondecyt 11121441 “Colonización y nomadismo en la formación de la experiencia popular en Patagonia austral (Argentina y Chile, 1843-1923)”, y corresponde a la ampliación de una sección de mi tesis doctoral (2012), realizada con financiamiento del Social Science Research Council a través de una beca IDRF. Los comentarios al manuscrito de tres evaluadoras/es anónimos contribuyeron a enriquecer el texto, por lo que les agradezco, lo mismo que a Stefanie Torrejón, ayudante en la investigación judicial.
2 Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile. Correo electrónico: albertoharambour@gmail.com.
3 El concepto de ficción jurídica refiere, para François-Xavier Guerra (1989), a la noción de soberanía popular en contextos estatales de derechos políticos restringidos. Aquí lo utilizamos para caracterizar el deseo territorial estatal documentado legalmente sin haber sido materializado sobre el terreno, como aquella ficción que alimentó el debate diplomático entre ambos países respecto de Patagonia. Según la doctrina del Uti Possidetis (o “como poseías poseerás”) reivindicado por las excolonias españolas americanas, cada Estado ejercería soberanía sobre la subdivisión administrativa hispana de la que se consideraba heredero, con independencia de la ocupación o colonización efectiva de todo el territorio por España. Patagonia, en los hechos, era un territorio independiente habitado por diferentes naciones indígenas soberanas. Un ejemplo en la cita de Avellaneda, en Guerra (1989, p. 16).
4 Entendemos por exclave un asentamiento estatal en un espacio separado del territorio que ocupa, a diferencia del enclave –asentamiento de un Estado dentro de otro–. En el caso de las colonias en Patagonia austral utilizamos la noción de exclave debido a, primero, la imposibilidad de comunicación terrestre entre Chile y Magallanes, y por largo tiempo entre Buenos Aires y Santa Cruz; segundo, por cuanto el espacio en que se asentaron ambos Estados permaneció fuera de su soberanía efectiva hasta el período aquí analizado, ocupado por pueblos sobre los que no ejercían control.
5 La figura legal del Territorio Nacional fue utilizada por la Argentina y Chile desde la década de 1860 para anexar espacios indígenas (Patagonia, Arauco) a la potestad redistributiva del Poder Ejecutivo. Estas poblaciones carecieron de derechos de representación política a nivel metropolitano hasta inicios de la década de 1930 (Magallanes), 1955 (Santa Cruz) y 1990 (Tierra del Fuego, Argentina). El principio colonial de esta legislación expresa la convicción de que tanto la población como el territorio anexado carecen de madurez cívica, ver Barros (2007).
6 Las obras de Lenzi (1972) y de Martinic (2006) expresan esta concepción estatalista de la soberanía. Una crítica a la historiografía regional que ha naturalizado el territorio estatal en Bohoslavsky y Godoy (2008, pp. 8-9).
7 Muerte de Luis Urrutia. 15 de mayo de 1907. Expediente 149-6, p. 8. Fondo Judicial de Magallanes (FJM), Archivo Histórico Nacional (AHN), Santiago de Chile.
8 Promotor Fiscal a Gobernador. 23 de septiembre de 1898. Volumen 17. Fondo Gobernación de Magallanes (FGM). AHN, Santiago de Chile.
9 Muerte de Luis Urrutia. 15 de mayo de 1907, p. 123. Expediente 149-6. FJM, AHN, Santiago de Chile. En el discurso oficial, delincuentes y otras “plagas sociales” provenían del extranjero. El caso de Neuquén ha sido bien trabajado por Rafart (2008). Mientras que Caimari (2004) y Palma (2011) han producido amplias caracterizaciones del delito y del robo en Argentina y Chile respectivamente.
10 El Magallanes, 17 de agosto de 1915. Punta Arenas.
11 Francisco Ortiz, por hurto. 3 de mayo de 1907. Expediente 149-9. FJM, AHN, Santiago de Chile.
12 Ministro de Guerra a Ministro del Interior. 19 de diciembre de 1890. Volumen 12. FGM, AHN, Santiago de Chile.
13 Ministro de Guerra a Gobernador. 26 de septiembre de 1891. Volumen 12. FGM, AHN, Santiago de Chile.
14 Memoria Correspondiente al año de 1892 y Alcaide a Gobernador. 15 de enero de 1893. Volumen 20. FGM, AHN, Santiago de Chile.
15 Alcaide a Gobernador. 30 de marzo de 1896. Volumen 8. Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores (FMRE). Gobernador a Ministerio de Relaciones Exteriores. 4 de junio de 1896. Volumen 743. FMRE, AHN, Santiago de Chile.
16 Ministro de Colonización a Gobernador. 19 de marzo de 1902. Volumen 35. FGM, AHN, Santiago de Chile.
17 Ministerio del Interior a Gobernador. 29 de febrero de 1916. Volumen 43, pp. 190-191. FGM, AHN, Santiago de Chile.
18 Sumario sobre vejámenes inferidos a Indígenas de Tierra del Fuego. Legajo 75, fojas 156-156v. FJM, AHN, Santiago de Chile.
19 Roberto Sepúlveda a Gobernador. 8 de abril de 1893. Volumen 2. FGM, AHN, Santiago de Chile.
20 Subdelegado de Tierra del Fuego a Ministerio de Colonización. 21 de agosto de 1903 y Decreto Supremo del 15 de marzo de 1904. Volumen 35. FGM, AHN, Santiago de Chile.
21 Subdelegado a Gobernador. 7 de marzo de 1898. Volumen 21. FGM, AHN, Santiago de Chile.
22 La Unión, 25 de abril de 1907, Río Gallegos, citado en Bona (2010, p. 5).
23 T.D.R. Burbury a Gobernador. 3 de febrero de 1908. Expediente 177-S, Legajo 75. Archivo Histórico de la Provincia de Santa Cruz (AHPSC), Río Gallegos.
24 La Unión, 29 de junio de 1911. Río Gallegos.
25 La policía y los estancieros (1911, diciembre 28). La Unión. Río Gallegos.
26 La Unión, 3 de enero de 1918, Río Gallegos, citado en Bona (2010, p. 5).
27 Jefe de Policía al Gobernador. 3 de septiembre de 1906. Expediente 426-1906, Legajo 65, citado en Navas (2008, p. 8).
28 La policía (1911, agosto 3). La Unión. Río Gallegos.
29 La Unión, 4 de septiembre de 1913. Río Gallegos.
30 Nuestra famosa policía (1920, enero 1°). Atentados policiales (1920, enero 15). La pocilga denominada Cárcel (1920, abril 15). El capitán Ritchie pide viático (1920, mayo 20). Otro atropello incalificable (1920, julio 1°). La Unión. Río Gallegos.
31 Edelmiro Correa Falcón (1920, julio 8). Memoria de la Gobernación. La Unión. Río Gallegos.
32 Punta Arenas (1911, junio 18). Portación de armas (1920, marzo 7). La Unión. Río Gallegos.
33 Inquietudes que flotan (1920, junio 17). La portación de armas (1920, julio 22). La Unión. Río Gallegos.
34 Von Femal, M. (1912, 11 de mayo). Los comisarios ad-honorem. El Trabajo. Punta Arenas.
35 Huelga en Dawson (1917, mayo 31). El Socialista. Punta Arenas.
36 El Trabajo, 31 de julio de 1911. Punta Arenas.
37 Las provocaciones de un policía (1915, octubre 21). En San Julián (1915, noviembre 4). La policía es un peligro (1919, mayo 16). El Socialista. Punta Arenas.
38 Punta Arenas (1914, agosto 13). La Unión. Río Gallegos.
39 Resoluciones del Comicio. Volumen 43, p. 472. FGM, AHN, Santiago de Chile. El Socialista, 1° de marzo de 1917. Punta Arenas.
40 El Socialista, 13 de julio de 1916. No hay derecho para quejarse (1916, septiembre 14). Resguardando la propiedad (1917, enero 18). El Socialista. Punta Arenas. Carabineros y la Policía de Punta Arenas (1916, octubre 16). La Opinión. Santiago de Chile.
41 Hubo tropas argentinas acantonadas en Santa Cruz en 1901-1902 por la tensión que precedió al fallo arbitral del rey británico (Lenzi, 1972, p. 532).
42 Punta Arenas (1911, octubre 19). La Unión. Río Gallegos.
43 Nuestros comentarios (1915, diciembre 2). El Socialista. Punta Arenas.
44 El Trabajo, 24 de agosto de 1912. Punta Arenas.
45 Memoria del Gobernador, 31 de abril de 1914. Volumen 20, pp. 248-249. FGM, AHN, Santiago de Chile.
46 Gobernador a Ministro del Interior, 6 de febrero de 1919. Volumen 20, p. 416. FGM, AHN, Santiago de Chile.
47 Gobernador a Subdelegado U. Esperanza, 29 de marzo de 1919. Volumen 20, p. 510. FGM, AHN, Santiago de Chile. La misma situación se repetía en los demás territorios del sur argentino, en particular en Río Negro (Pérez, 2011, p. 3).
48 Gobernador a Ministro del Interior, 21 de agosto de 1919 y Gobernador a Subdelegado U. Esperanza, 11 de diciembre de 1919. Volumen 20, pp. 884, 711. FGM, AHN, Santiago de Chile.
49 El ucraniano Simón Radowitsky ejecutó al jefe de la policía bonaerense en represalia por la represión del 1° de Mayo de 1909 y fue condenado a cadena perpetua en Ushuaia, salió de allí en 1930.
50 El Trabajo, 26 de enero de 1919. Punta Arenas.
51 El Trabajo, 17 de marzo de 1921. Punta Arenas.
52 Círculo Argentino (1920, julio 15). Policía particular (1920, septiembre 30). Liga Patriótica (1920, octubre 14). La situación creada responde a elementos perturbadores (1920, octubre 21). La guardia ciudadana (1921, febrero 17). La Unión. Río Gallegos.
53 La huelga y la especulación del sentimiento de nacionalidad (1920, octubre 28). La Unión. Río Gallegos.
54 El terrorismo en el Territorio (1921, enero 6). La Unión. Río Gallegos.
55 Los territorios del sur progresarán cuando existan garantías (1921, agosto 20). La Unión. Río Gallegos.
56 Se apresura el envío de fuerzas militares (1921, agosto 6). La Unión. Río Gallegos.
57 La Unión, 8 de diciembre de 1921. Río Gallegos.
58 La Unión, 24 de agosto de 1921. Río Gallegos.
59 Varela, H. B. (1921, 23 de noviembre). A los señores estancieros y mayordomos de estancias. La Unión. Río Gallegos.
60 Las tropas chilenas guarnecen la frontera (1921, noviembre 5). La Unión. Río Gallegos.
61 Hay excelentes análisis sobre el surgimiento y mantención del orden oligárquico o artistocrático en América Latina. Una síntesis desde una perspectiva no nacionalista de la historia regional véase en Bohoslavsky y Godoy (2008).
62 Ministro de Justicia a Gobernador, 3 de octubre de 1910. Volumen 42, p. 111. FGM, AHN, Santiago de Chile.
63 La clase trabajadora como clase peligrosa (por su retraso moral y su asecho al orden propietario) ha sido caracterizada por Chevalier (1958). Sobre la extranjerización y racialización del movimiento obrero ver Balibar y Wallerstein (2002), una aplicación de estos conceptos para Santa Cruz en Barros (2007).
64 Gobernador a Prefecto y Gobernador a Gob. Marítimo, 22 de enero de 1919. Volumen 20, pp. 402-403. FGM, AHN, Santiago de Chile.
65 Ley de residencia (1920, enero 1°). La Unión. Río Gallegos.
66 Gobernador a Ministerio del Interior, 18 de octubre de 1919; Gobernador a Subdelegado U. Esperanza, 22 de noviembre de 1919; Gobernador a Jefe Carabineros P. Natales, 22 de noviembre de 1919. Volumen 20, pp. 805, 853-854, 857. FGM, AHN, Santiago de Chile.
67 Gobernador a Comisario Baker, 5 de diciembre de 1919. Volumen 20, p. 874. FGM, AHN, Santiago de Chile.
68 La columna salió de Río Gallegos hacia Tapi Aike, originalmente una propiedad de Stubenrauch y Von Heinz, que luego fue absorbida por Braun y La Explotadora. El convoy se detuvo a conversar con Mr. Edwards, manager de la estancia Cerro Castillo de La Explotadora, usando la única línea telefónica existente; después continuaron hasta Fuentes del Coyle, cuya dueña también era esa Sociedad, para conversar con Mr. Kidd, quien había llegado hasta allí huyendo de Puerto Bories, donde era manager. Se trataba del principal complejo industrial de la Patagonia y propiedad de La Explotadora. En ese preciso momento, el subadministrador de Cerro Castillo, Mr. Fells, se comunicó para pedir ayuda: 50 a 60 “huelguistas armados con Winchesters” intentaban ocupar la principal estancia en Última Esperanza. Parte de las tropas permanecieron en Rostempek, posesión de Sarah Braun de Menéndez. El auto deportivo que encabezaba el convoy era conducido por el voluntario escocés Archibald Lauder, convertido en reservista del Ejército argentino. Los tractores-camiones fueron facilitados por el Garage Patagonia, perteneciente a La Explotadora del Grupo Braun-Menéndez. Agradezco la copia fotográfica en alta resolución a Luis Milton Ibarra y la edición de la imagen a Sebastián Harambour.
69 La odisea de los pasaportes (1920, abril 1°). La Unión. Río Gallegos.
70 Ministerio del Interior a Gobernador, 20 de julio de 1920. Volumen 43. Expediente 639, p. 753. FGM, AHN, Santiago de Chile.
71 La huelga y la especulación del sentimiento de nacionalidad (1920, octubre 28). La situación creada responde a elementos perturbadores (1920, diciembre 21). La Unión. Río Gallegos.
72 Resolución prohibiendo la portación de armas (1921, abril 21). La Unión. Río Gallegos.
73 Gobernación (1921, agosto 27). La Unión. Río Gallegos.
74 Decreto (1921, mayo 19). La Unión. Río Gallegos.
75 Creación de los cuerpos de gendarmería (1921, noviembre 16). La Unión. Río Gallegos. En 1918 ya se había decretado la formación de las Policías Fronterizas para los Territorios Nacionales, pero no tuvo aplicación en Santa Cruz.
76 Las libretas de trabajo (1921, diciembre 10). La Unión. Río Gallegos.
77 Un exhaustivo análisis de las relaciones fronterizas entre ambos Estados en Lacoste (2003).
78 En este sentido, el Estado puede considerarse como “la culminación de un proceso de concentración de una variedad de tipos de capital...una suerte de meta-capital que asigna poder sobre otras especies de capital” (Bourdieu, 1999, pp. 57-58). La concesión de tierras no mensuradas o incluso desconocidas para el Estado y para los receptores de la asignación es un ejemplo de ejercicio del poder alocativo.
79 La militarización del conflicto social y el reemplazo de huelguistas por tropas no fue, por cierto, exclusiva del extremo austral; allí, sin embargo, definió la erección de la delimitación fronteriza.
80 Avellaneda a Cnel. Barros, 20 de agosto de 1875 (Avellaneda, 1910, pp. 183-184).
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Fecha de recepción de originales: 21/08/2014.
Fecha de aceptación para publicación: 01/09/2015.