ARTÍCULOS
Las asociaciones católicas para trabajadores y el ejercicio de la “ciudadanía política”. Córdoba a principios del siglo XX
Gardenia Vidal1
Resumen: Este artículo analiza la participación de los afiliados para elegir sus autoridades en tres asociaciones católicas para trabajadores -Círculo de Obreros de Córdoba, Asociación Artesanos de San José y Sociedad Católica Popular Italiana- en las primeras décadas del siglo XX en Córdoba, Argentina. La reconstrucción realizada permite indicar que, más allá del sistema electoral indirecto aplicado en los tres casos, existen diferencias notables que contribuyeron de modo diverso a la internalización del concepto y práctica de la “ciudadanía política”, en forma complementaria a la aplicada por los partidos desde 1912. Desde una postura electoral muy restrictiva y principalmente dedicada al fomento de la ritualidad religiosa hasta otras que permitían que todos los socios tuvieran el derecho de elegir y ser elegidos, el ejercicio político a nivel asociativo tuvo variaciones notables. Del mismo modo, la mayor amplitud de debate en el interior de las asambleas generales de socios coincidió, como era de esperar, con las instituciones cuyo sistema de representación era menos restringido.
Palabras clave: Asociacionismo; Trabajadores; Catolicismo; Ciudadanía política.
Catholic Workers Associations and “Political Citizenship”. Córdoba in the early 20th Century
Abstract: This paper examines the participation of the members of three catholic workers association -Círculo de Obreros de Córdoba, Asociación Artesanos de San José and Sociedad Católica Popular Italiana- to choose their authorities in Córdoba, Argentina during the first decades of the 20th Century. The study allows us to know that, besides, the indirect electoral system applied in the three cases, there are important differences which contributed in different ways to the appropriation of the concept and practice of political citizenship inaugurated in 1912. A diversity of electoral procedures can be found: from a very restricted political position more interested in religion and catholic rituals to one which granted all members the right to choose and be chosen. In the same way, the more “democratic” associations corresponded, as could be expected, to those where internal debate was more regular.
Key words: Voluntary associations; Workers; Catholicism; Political citizenship.
Las asociaciones católicas para trabajadores y el ejercicio de la “ciudadanía política”. Córdoba a principios del siglo XX2
Hay mucho de justo en las pretensiones de los obreros, por ello sus demandas deben ser canalizadas alejándolas del socialismo. Esa es la trascendencia de las asociaciones católicas de obreros donde las clases trabajadoras encuentran el freno de la religión para limitar las ambicio- nes desmedidas y donde las sanas doctrinas les enseñan a respetar a los patrones, a la autoridad y a los propios compañeros que piensan de distinta manera.
Los Principios, 22 de noviembre de 1905.
Este trabajo se inserta en el marco de análisis del espacio público de la ciudad
de Córdoba durante las tres primeras décadas del siglo XX con el interés
principal de acercarme al papel desempeñado por los sectores populares.
En esta oportunidad me detengo en la reconstrucción y comparación del
funcionamiento interno de tres asociaciones católicas para trabajadores:
el Círculo Obrero de Córdoba (en adelante COC), la Asociación Católica
Artesanos de San José (en adelante AASJ) y la Sociedad Católica Popular
Italiana (en adelante SCPI) a fin de observar el nivel de participación de sus
socios, pertenecientes en un porcentaje importante a dichos sectores. En
primer lugar, esta información nos posibilitará acercarnos al conocimiento de
la práctica de “ciudadanía política” que estos hombres estaban acostumbrados
a ejercer en esas asociaciones desde antes de 1912 y, por ende, pensar en
la experiencia acumulada una vez que acuden obligatoriamente a las urnas.
Segundo, podremos advertir el mayor o menor nivel de autonomía política que
desarrollaban en cada uno de esos ámbitos. Mi interés principal no es teorizar
sobre la noción de “ciudadanía católica”, sino concentrarme en la práctica
participativa ejercitada por los trabajadores en diferentes medios, además de los
partidos políticos.3 Esto me permite hipotetizar que la noción de “ciudadanía” que esos grupos habían internalizado era más amplia que la derivada de su
participación partidaria y, por ende, la idea de “democracia” que se fueron
forjando no dejó de estar imbuida de esta práctica diversa.
Asimismo, su intervención en la elección de los representantes de esas
instituciones relativiza las posturas católicas más refractarias de los primeros
lustros del siglo XX que impugnaban la ley Sáenz Peña por impulsar la
participación política de las mayorías.4
El acercamiento heurístico a los sectores populares, como sabemos, es
tarea ardua y el análisis de un aspecto de las sociedades seleccionadas me
posibilita introducir una cuña en el conocimiento de parte de ese mundo
social, en este caso aglutinado por su identificación con el catolicismo.
En ese sentido, analizo la intervención de los socios para elegir a sus
representantes y para discutir otros temas comunes de cada asociación. Más
allá de su diferencia de origen, las asociaciones que observo surgen para
ocupar el espacio público de una manera preventiva contra las “ideas foráneas” y mediante la implantación de diversos instrumentos que se identifican con
el mundo asociativo moderno, pese a que en el transcurso de las décadas
estudiadas se van acentuando algunos rasgos en detrimento de otros. Esta
posibilidad de organización es estimulada además por la prescindencia del
Estado provincial en cuestiones esenciales de la vida de la gente: salud,
desempleo, educación, muerte, etc. De allí que todas, pese a sus diferencias,
se presentan esencialmente como sociedades asistenciales, aunque como
sabemos no era su objetivo excluyente. Ciertamente tienen en claro la necesidad
indispensable de convertirse en una alternativa política para los trabajadores
ante la “amenaza” izquierdista.
Pese al denominador común de su filiación católica y de varios de sus
objetivos sociales y políticos, se trata de entidades con algunas características
particulares. El COC es la única que responde a una estructura nacional que
durante el periodo analizado fue creciendo notablemente en número de
entidades y de socios en todo el país. En cambio las otras dos son locales;
aunque la SCPI había surgido a semejanza de la fundada por los salesianos
en Buenos Aires no contamos con datos, por el momento, que indiquen un
funcionamiento centralizado de ambas sociedades y, eventualmente, de alguna
otra que se hubiera formado en otra provincia. Otro rasgo a remarcar es el
carácter laico de los círculos y de la SCPI, en tanto la restante es el fruto de la
actividad de una orden regular, los jesuitas. Igualmente, la SCPI tiene como
objetivo atender las necesidades de los inmigrantes italianos y sus hijos. Sin
embargo, estas diferencias no inhabilitan para estudiar el aspecto central que
me interesa en este trabajo: observar la práctica de los socios y las posibilidades
de participación interna que tenían; así como el hecho de que una de las
instituciones tuviera como meta la atención a los italianos y sus descendientes
nos permite conocer cómo el estímulo de participación estaba extendido en la
ciudad, aunque los primeros no estuvieran autorizados a votar en las elecciones
generales (pero sí en las municipales).5 En definitiva, parafraseando a Sábato
(1998), nos muestra la probable expansión de una “cultura de la participación”
que es previa a 1912. Esta experiencia de participación en cada una de las
sociedades es lo que denomino el ejercicio de la “ciudadanía política” que
el catolicismo les posibilitaba a sus afiliados trabajadores a través del mundo
asociativo, además de la desplegada en los partidos políticos.
Asimismo, es importante señalar que en Córdoba no me parece adecuado
sostener que estas instituciones se inician porque los sectores populares se
hubieran distanciado de la Iglesia y se requiriera un proceso de catolización
de estos, como ocurrió en Rosario y Buenos Aires, conforme sostiene Martín
(2012, p. 169). El Partido Socialista desde principios del siglo, sumado luego al
Partido Comunista, influirá para atraer y organizar sindicatos obreros (Pianetto,
1976-77, pp. 23 y siguientes) y seguramente otro tipo de asociacionismo y
vínculos de sociabilidad entre sus simpatizantes como ocurrió en Buenos
Aires (Camarero, 2007); incluso la emergencia de un “público” reformista,
aunque ideológica y orgánicamente ambiguo, ayudará a diversificar de manera
importante el espacio público cordobés. Sin embargo, en los primeros años
de la centuria no estamos en presencia de una sociedad alejada de la práctica
católica y, menos aún, amenazada por la izquierda o el liberalismo, como para
pensar que el surgimiento de esas asociaciones tuviera como objetivo central,
más allá de su discurso, la catolización de la sociedad.
Ciertamente, este funcionamiento del asociacionismo moderno no es
exclusivo del catolicismo, por el contrario, las asociaciones étnicas, masónicas,
de profesionales, etc. desarrollaron características similares en su organización,
funcionamiento, objetivos y ocuparon un lugar sumamente importante en la
vida pública del país en su conjunto (Sábato, 2002, pp. 105-150). En Córdoba, el
conocimiento que tenemos de dos instituciones italianas -Unione e Fratellanza
y Unione e Benevolenza (Candelaresi y Monterisi, 1989)-, de la Sociedad
Francesa y de la Asociación Española de Socorros Mutuos, entre otras, ratifica
las pautas generales que desarrolló el asociacionismo de entre siglos. Con todo,
la mayoría de estos estudios nos ofrecen información solo del comportamiento
de las autoridades, quienes se convierten en tales por provenir de la élite o se
transforman a través de su ejercicio asociativo en élites institucionales, hecho
que posibilita su ascenso social.6 Hasta donde conozco, son escasos los trabajos
sobre asociacionismo que apunten a descubrir el rol de los asociados de base
durante este periodo.7 De allí el rescate especial que hago de las asociaciones
seleccionadas porque las fuentes me permiten, al menos, encontrar indicios
sobre el desempeño de los socios trabajadores en la ciudad de Córdoba.8
Círculo Obrero de Córdoba
Los Círculos de Obreros (en adelante CCOO) surgieron en Argentina a
fines del siglo XIX por iniciativa del sacerdote Federico Grote. Su propósito era
el desarrollo de la acción social (asistencia, recreación, defensa de derechos
laborales, etc.) entre los trabajadores por parte del laicado, dejando al clero
circunscripto a desempeñar su rol específico de conductor de la acción
religiosa. Desde una perspectiva política declaraban que su meta era hacer “propaganda contra el socialismo”. En Córdoba, el primer círculo se funda en
1897 y se adhiere inmediatamente a los postulados elaborados por la Junta
de Gobierno (en adelante JG) localizada en Buenos Aires que constituía la
autoridad máxima. Con respecto a la estructura organizativa, cada círculo
era gobernado por una Comisión Directiva (en adelante CD) con un nivel de
autonomía importante, aunque en última instancia dependía de la JG, la cual
nombraba la primera CD de cada nueva institución previa propuesta de los
propulsores.9
Las autoridades de cada círculo consistían en un director espiritual
(en adelante DE) -eventualmente podía haber dos-, un presidente, dos
vicepresidentes, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un protesorero y
siete vocales. El DE era designado por el obispo diocesano a propuesta de la
asociación y permanecía en el cargo por el tiempo que el prelado decidiera.10 Si bien se pretendía que desarrollara un papel trascendente, principalmente
como supervisor del desempeño del círculo, en el caso de Córdoba durante
estas décadas su intervención no solo no cumplió esa expectativa, sino que en
algunos momentos críticos de la institución, el cargo estuvo vacante. La elección
de los autoridades laicales se realizaba de forma indirecta en asamblea de
socios; la CD presentaba ternas para cada candidatura y los afiliados presentes
decidían mediante voto cantado en sus inicios, y posteriormente secreto, el
nombre del socio que ocuparía cada uno de los cargos respetando el orden de
responsabilidad que los miembros tenían en la CD, es decir primero se elegía
al presidente y al final a los vocales. No obstante, cabe destacar que en varias
asambleas y debido, fundamentalmente, a la renuncia presentada por algunos
integrantes del organismo colegiado, la elección se circunscribía solo a los
lugares desocupados, respetando siempre el procedimiento indicado.
La primera CD del COC se constituyó en mayo de 1897 y adhirió inmediatamente a lo establecido por el Reglamento de los CCOO de la
República Argentina.11
Durante el periodo estudiado se nota una dificultad por parte de la
entidad para conformar comisiones directivas estables: ya sea por la falta
de simpatía de la élite católica con este tipo de organización, por probables
desavenencias con las autoridades nacionales o porque preferían integrar
alguna otra asociación católica; lo cierto es que hasta entrada la década del '20
la estabilidad de las autoridades colegiadas no era el rasgo principal del COC,
en particular respecto de los cargos con mayor responsabilidad, cubiertos en su
mayoría por miembros de esa élite. De igual manera, la rotación de los socios
no tiene una frecuencia notable y, en consecuencia, se encuentra la repetición
de varios nombres en puestos diferentes (Vidal, 2010).
Según Martín (2012, p. 270) desde la asunción de monseñor De Andrea
como DE y de Alejandro Bunge como presidente de los CCOO en 1912, se
elabora una nueva estrategia para atraer a los trabajadores en la que se destaca la
intención de “entregar la conducción de la institución a los obreros”. Un estudio
prosopográfico realizado en base a los integrantes de las CD del COC desde su
fundación hasta 1930 muestra efectivamente la tendencia a una mayor presencia
de los sectores populares en ese órgano no solo en el cargo de vocal como
había ocurrido en los primeros años, sino en un espectro más amplio, aunque
la presidencia permaneció en manos de integrantes de la élite social y política
(salvo el caso de un breve interinato a mediados de la década de 1920 que
recayó en el carpintero Natividad Fernández). De todos modos, el COC no se
comporta como una entidad que favorece la formación de una élite institucional
como ocurrió en el caso del Círculo Obrero de Rosario (Martín, 2012, p. 271).
Los adherentes de la élite citadina ya ingresan a la institución con ese sello
social, político e intelectual y es precisamente esa cualidad a la que aluden
muchos asociados para exhortarlos a ocupar los cargos de mayor jerarquía.
Si bien desde la segunda década del siglo se acentúa la incorporación de
nuevas figuras en la CD, este rasgo recién se hace más notable y es impulsado
explícitamente a fines de la década del '20. Así, Emilio Sánchez solicitó a la
asamblea de 1929 que no lo volviera a postular para presidente “por creer…
que es digno de ocupar la presidencia los otros consocios que forman parte de
la terna”.12 En esa oportunidad algunos asistentes defendieron la posición de
no reelegir a todos los miembros de la CD “porque hay también en la lista de las ternas otros muy buenos y capaces”. Es cierto también que en estos años la
institución había sido ordenada y estabilizada como para comenzar a promover
una competencia más abierta -incluso los nombres que integraban las ternas de
candidatos eran más variados-, lo cual indicaría antes que nada la existencia de
condiciones de posibilidad para producir la alternancia en los cargos, a diferencia
de los primeros lustros cuando la disposición de los afiliados a ser miembros de
la CD era más renuente. Con todo, también se puede pensar que eran ellos
mismos los que facilitaban la reiteración de los socios puesto que el sistema de
ternas permitía, al menos potencialmente, una circulación de dirigentes más
fluida, siempre que el voto de los afiliados así lo determinara. De todos modos,
este procedimiento que habría implicado más independencia para la elección
tenía mayores probabilidades de efectividad cuando el número de asistentes a
las asambleas era elevado, no cuando se trataba de un grupo reducido, puesto
que en esta situación las redes personalizadas habrían funcionado con más
eficacia y, en consecuencia, los nombres de los futuros funcionarios se habrían
decidido menos democráticamente.
Antes de continuar, una pequeña digresión: en la década de 1920 las
fuentes consultadas transmiten cierta confusión respecto de la composición de
la autoridad colegiada. En las actas de las asambleas generales ya no se asientan
los comicios identificando cada cargo; incluso en una oportunidad en la que se
renovaba la mayoría de la CD se indica que se votarán ocho vocales, como si
esta función abarcara todas las demás. No obstante, Los Principios, vocero de
la curia, al reproducir los resultados electorales de varios comicios continúa
mencionando el nombre del elegido y su cargo correspondiente. Entonces, ¿a
qué se debe la omisión en las actas? ¿Es posible que se pretendiera flexibilizar
la selección para determinado cargo y convertir al postulante en una pieza
móvil disponible para insertarse en el lugar donde se lo creyera más idóneo
o simplemente estuviera vacante? Si consideramos las recurrentes renuncias o
frecuentes ausencias de los miembros de la CD, es posible que ese fuera uno de
los objetivos buscados.
En los años '20 la esencia del procedimiento electoral no se alteró, aunque
comenzó a implementarse una modificación importante en cuanto al espectro
de candidatos a elegir. Esto se produjo como consecuencia de la reforma del
Reglamento General de los CCOO de 191713 que consistía en incorporar a los
candidatos no electos de la primera terna a la siguiente y así sucesivamente. De
este modo, el número de postulantes se incrementaba cada vez más hasta llegar
a la última elección; por ejemplo, en la asamblea de ese año para segundo vocal hubo 7 aspirantes, y para el cuarto 11. Esta metodología prolongaba las sesiones
ya que al haber más postulantes la decisión de los electores se fragmentaba y
así se debía recurrir a una segunda y hasta una tercera votación para que un
socio obtuviera la mayoría o los dos tercios si se trataba de una reelección.
En algunas ocasiones se llegó a sortear entre los dos candidatos más votados
para poder decidir el nombre del ganador, ya que el reglamento no permitía
más de tres votaciones. Este procedimiento implicó una ampliación importante
de la oferta de aspirantes para ejercer el derecho a elegir y a la vez amplió
la posibilidad de ser elegido, al reemplazar el sistema de ternas por uno de
candidatos “acumulativo”. Como consecuencia de ese mecanismo, los resultados
electorales con frecuencia no eran unánimes y varias veces se tuvo que recurrir
a más de dos votaciones para decidir el candidato, lo cual indica que el nuevo
procedimiento promovió un mayor nivel de competitividad electoral.
El porcentaje de asistentes en las asambleas ordinarias era variable: he
contabilizado que aproximadamente en el 50% de las celebradas entre 1898
y 1930 acudieron más de 30/40 personas con picos que alcanzaron los 99
asistentes en 1929. Número este último que es muy significativo, pues equivalía
a más de un tercio de los asociados. En cuanto al número de afiliados, varió
entre 200 y 500 socios, concentrándose la mayoría en los primeros años del
siglo XX.14 Durante la Gran Guerra esa cantidad disminuyó notablemente -entre
otras cuestiones por la imposibilidad de pagar la cuota como consecuencia
del aumento de la desocupación-, mientras que desde 1919 hasta 1930
la cifra comenzó a aumentar lentamente hasta alcanzar las 300 personas
aproximadamente a fines del periodo.
Además de llevar a cabo el proceso electoral, ¿qué otros temas discutían
estos socios? Si bien las fuentes no siempre brindan mucha información, ya
que los encargados de redactar la documentación relacionada con cualquier
institución católica eran muy cautos al reflejar las desavenencias internas,15 se
pueden realizar algunas inferencias sobre la forma de sesionar en las asambleas
generales. Hubo momentos en que se produjeron desacuerdos importantes que
solo pudieron salvarse con la intervención de la Junta Central. Así sucedió en
1906 por disidencias respecto a la interpretación reglamentaria que incluyó la amenaza de renuncia del DE, Dr. Pablo Cabrera,16 y en 1910, cuando la dirigencia nacional vuelve a mediar, esta vez con la intervención directa de
Federico Grote hasta que se eligieran nuevas autoridades.
Otros asuntos sobre los que opinaban los socios se relacionaban con
la asistencia médica y la compra de remedios a cargo de la institución. La
situación financiera del círculo estaba lejos de ser óptima, en consecuencia el
servicio de salud se manifestaba como un área muy sensible para los asociados
por la cantidad de dinero que exigía. En 1902 la CD envió una nota a los
facultativos del Círculo “previniéndoles que no deben recetar específicos a
los enfermos”.17 Casi veinte años después se continuaba insistiendo con el
mismo asunto (tema que estuvo presente en diferentes círculos y asociaciones
del país). Así, en julio de 1920 el presidente informaba a los socios que la
CD había dispuesto solicitarle a los médicos y boticas que “se limiten en los
específicos y el precio de las recetas en defensa de los intereses de los socios”.
Esta información produjo malestar en algunos afiliados, aunque en las actas
solo se enuncia el problema sin transcribir ninguna discusión. No obstante, un
socio reprocha a la CD la orden que, según su información, le habría dado a
un médico de “no recetar específico y curarse con remedios simples”. Otros
cuestionaron a un profesional, el Dr. Tecera, por la atención ineficiente que
tenía con los pacientes del COC y en consecuencia solicitaban autorización
para acudir “a cualquier otro médico en caso de urgencia y por la primera
visita” aludiendo al artículo 20 del reglamento.18 Algunos afiliados no perdían
de vista las memorias anuales y los gastos realizados y requerían explicaciones.
El balance de 1921 mereció la observación de Manuel R. Vera por los haberes
muy elevados, según decía, que se habían pagado a uno de los cobradores de
las cuotas atrasadas. Si bien la justificación realizada por el tesorero parece
haber satisfecho sus interrogantes, lo que cabe remarcar es el interés de los
socios en el análisis de los gastos. En la reunión de julio de 1926, el Sr. Gigena
también advirtió sobre el balance del año anterior porque, en su opinión, el
monto obtenido por la venta de los materiales resultados de la demolición
del salón “es muy reducida”.19 En tanto, el afiliado Norberto Vargas solicitó
información sobre la deuda que el ex presidente G. Echenique tenía con la
institución. Ambas cuestiones fueron aclaradas por el tesorero y, si bien no
consta en las actas si estos socios aceptaron las explicaciones sin mayor debate, lo destacable es la atención que concentraban en todos estos asuntos.20
En síntesis, la actividad política de los socios en las asambleas ordinarias
no se limitaba a la elección de sus autoridades, sino que participaban exigiendo
explicaciones sobre temas concretos, preguntando sobre otros que les incumbían
directamente, discutiendo, incluso, sobre los candidatos propuestos. En este
sentido la “ciudadanía política” experimentada por los afiliados del COC tenía
un relativo dinamismo, que si bien no abarcaba a todos sus miembros puesto
que muchos no asistían a esas reuniones, no dejaba de ser un ejercicio político
importante que al inaugurarse la institución comportó un ensayo significativo
para concretar el rol de “ciudadano”; esta experiencia acumulada luego
contribuyó a complementar la práctica que los hombres implementarían como
consecuencia de la reforma electoral de 1912. Desde las reglamentaciones
generales de estas asociaciones hasta su concreción por los socios se muestra
claramente una voluntad política diferente a las suposiciones de los integrantes
más reaccionarios de la élite católica de Córdoba en los primeros lustros del
siglo y aún más adelante. La participación venía fomentada desde arriba, en
este caso desde un organismo central, y los socios la practicaban, aunque
parcialmente, cuando bajaba al nivel local.21
Josefinos
La Asociación Católica Artesanos de San José (en adelante AASJ) tiene
sus orígenes en la Asociación de Obreros Católicos fundada por el jesuita R. P.
Cayetano María Carlucci en 1877. Instituida bajo la advocación de San José,
rápidamente sus integrantes se conocieron como los “josefinos” y unos años
más tarde, en 1882, el mismo sacerdote crea la asociación que reúne a las “josefinas”. Conforme señalaba uno de sus socios protectores, Luis Santillán
Vélez, la asociación se había instituido como una cofradía – al estilo de
tantas otras que todavía se encontraban en Córdoba en las primeras décadas
del siglo XX- con el objeto de desarrollar prácticas religiosas.22 Sin embargo, el avance de las ideas socialistas y “aún anarquistas” entre los trabajadores
en Argentina convencieron a los directores de la necesidad de procurar “no
sólo el mejoramiento moral de los obreros, sino también material”.23 De ese
modo, la original cofradía se transformó primero en una sociedad de socorros
mutuos -probablemente en 1904-24 que brindaba a sus socios subsidios por
enfermedad y desempleo, facilidades para los gastos de casamiento, así como
servicio fúnebre “para los pobres que no pudieran costearlo”; además se fundó una escuela nocturna para obreros (sumada al ya existente y “concurridísimo” Colegio San José diurno, fundado en 1881) y se edificó el panteón de la
sociedad. Aunque la oferta más atractiva fue, sin duda, la posibilidad de los
socios de constituirse en propietarios de un terreno y, eventualmente, de una
casa “higiénica, cómoda y sana” que sustituiría el rancho donde varios de
ellos vivían hacinados.25 Esta iniciativa, según Los Principios, había sido del
director de la asociación, R. P. Hilario Fernández, quien la puso en marcha
con fondos propios al tiempo que motivaba a miembros de la élite católica
para sistematizar el proyecto con una mirada a largo plazo. De ese modo, en
1904 se crea la Asociación Protectora de Artesanos de San José (en adelante
APASJ), organismo que se dedicará casi exclusivamente a la adquisición de
terrenos -mediante préstamos y donaciones particulares y oficiales- para
lotear y construir viviendas “dignas” para los socios.26 Estas modificaciones de
funcionamiento llevan a la institución a solicitar la personaría jurídica en 1912
con lo cual se convierte en una asociación de características modernas por
el desarrollo del mutualismo, la estructura interna, la mayor participación de
los socios, etc., aunque los rasgos cofradiales no desaparecen en su totalidad,
fundamentalmente porque se trataba de una institución liderada por una orden
católica. De allí que la función y las decisiones del DE -designado por el
superior de la orden- sean más determinantes que en las otras dos asociaciones
que analizo en este trabajo.
En un comienzo, la relación más estrecha entre las autoridades y los
socios se estableció a través de conferencias que pretendían “regenerar al
obrero”, desarrolladas en espacios que convocaban a mucha gente. Los oradores
principales eran, sobre todo, jesuitas, quienes con eficiencia convertían un complejo y abstracto mensaje teológico en lecciones asequibles para los sectores
analfabetos o semialfabetizados. De esa manera se fortalecía la instrucción
de los trabajadores, quienes a su vez internalizaban los dogmas católicos, lo
cual facilitaba la formación y cooptación de hombres y mujeres que tenían la
posibilidad de ser atraídos por discursos contrarios. Con el tiempo, a la obligación
de los socios de asistir a las conferencias se sumó la exigencia de la comunión
mensual, tanto de adultos como de niños; las visitas a las cárceles para el reparto
de pan, ropa, cigarrillos; los masivos ejercicios espirituales; la participación en
las fiestas de San José y las actividades comunes de una cofradía.
El número de socios que logró atraer la asociación en sus inicios fue
elevado, entre 400 y 600 personas (Chaves, 2005 y Vagliente, 2010), cifra que
se mantiene y, probablemente, se incrementa según algunas menciones de Los Principios. 27 De todos modos, es posible que la cantidad de afiliados haya
descendido hacia fines de la década del '20, aunque por el momento no puedo
inferir las razones del cambio, más allá de la distribución de personas que se
debe de haber producido entre todas las asociaciones mutuales existentes en la
ciudad.28
En el siglo XX, la estructura organizativa se conformaba por una Junta
Directiva (en adelante JD) integrada al menos por seis hombres, además del DE,
que ocupaban los cargos de presidente, secretario, tesorero y sus respectivos
vice. Conforme a los estatutos de la AASJ, la elección de los miembros de la CD
era anual y se producía en asamblea de socios reunida “el domingo después de
la octava del Patronato de San José”, podían asistir a ella los socios varones “en
cuenta corriente presentando la libreta de pago”. Un mes antes la JD designaba
una comisión de seis miembros “entre los más antiguos de la sociedad”, con el
propósito de que este grupo presidido por el director seleccionara una lista de
seis socios para poner a consideración de la asamblea general, la cual solo tenía
derecho a elegir de entre ese número al presidente y vicepresidente;29 las cuatro personas restantes juntamente con el director, el presidente y el vicepresidente
-recientemente electos- designaban a los demás socios, quienes cumplirían el
resto de las tareas de la JD (secretario, tesorero y sus vice). O sea que la función
electora de los socios asistentes a la asamblea se limitaba solo a dos miembros.30 Con el paso de los años los nombres expectantes que constituían la JD fueron
disminuyendo y los cargos fueron ejercidos efectivamente por artesanos como
Clodomiro Faccio (encuadernador), Francisco Capelli y Manuel Deanquín
(carpinteros), entre otros. Lo mismo sucede con el presidente elegido para los
años 1916 y 1917 (Rosendo Gigena, mayordomo del Colegio Monserrat).
Desde comienzos del siglo XX, la JD aumentó el número de sus
integrantes al incluir a los presidentes de las secciones que la AASJ comenzó a
crear en diferentes puntos de la ciudad. Por esos años ya se habían organizado
cinco secciones que se fueron expandiendo con el tiempo: en 1921 se elevaron
a trece con sus respectivas autoridades. Cada una de ellas era regida por
un consejo compuesto por la cantidad de miembros que la JD estipulaba y
designaba.
Una vez que todo el proceso de integración de la JD concluía, sus nuevos
miembros eran proclamados en un acto que recuerda mucho a celebraciones
propias del “antiguo régimen”: el tercer domingo del mes, día en que se
oficiaba la misa y la comunión general obligatorias, las nuevas autoridades y
los socios se reunían luego de la ceremonia en la Plazoleta de la Compañía de
Jesús (frente a la iglesia del mismo nombre) donde el R.P. Superior de la Orden
les repartía los títulos que los hacían acreedores de la nueva función.
Si bien cada sección tenía una autonomía relativa para desempeñar
algunas funciones como las de admitir socios provisoriamente, designar
comisiones, expulsar afiliados, entre otras, todas sus acciones debían ser
finalmente aprobadas por la JD. Otro integrante importante de las secciones era
el celador (podía haber más de uno) cuya función consistía en conocer el estado
de los enfermos, visitarlos, inscribir a los nuevos socios, trabajar para aumentar
el número de adherentes, autorizar el pago de subsidios, registrar el cambio de
domicilio, comunicar los días de reunión y las resoluciones adoptadas por la
JD, atenderlos en los actos piadosos y públicos… En definitiva, los celadores
constituían el eslabón de mediación más importante entre las autoridades y los
socios.
La información obtenida nos advierte que la actividad de los socios no
era muy dinámica y se concentraba principalmente en el cumplimiento de los
rituales religiosos y la elección de dos miembros de la JD; no obstante, hacia la década del '20 existen datos que indican un incremento de los temas que
los afiliados comenzaban a discutir en las reuniones anuales, aunque por el
momento no los conocemos.31
La intervención política de los socios en la AASJ está más recortada que en
el COC. Sus derechos electorales se reducen notablemente: corresponden solo
a dos integrantes de la JD, quienes a su vez provienen de una lista constituida
por los miembros de mayor edad. La JD, a su vez, está conformada por más
hombres que los habituales en cualquier asociación con personería jurídica, lo
cual hace más notable el rol de la jerarquía en todas las designaciones, no solo
de la máxima autoridad, sino también de los presidentes de las secciones. El otro
dato sobresaliente es el nivel de autoridad de la que estaba investido el DE, así
como la presencia del superior de la orden en actos políticos simbólicos como
era la proclamación de nuevas autoridades de la asociación. Estrechamente
relacionada con este poder de los jesuitas, la información que sobresale en los
documentos analizados hasta ahora es el claro objetivo de la institución para que
sus afiliados (hombres y mujeres) cumplieran principalmente con los rituales y
las obras de caridad católicos, en tanto el ejercicio de “ciudadanía política” se
encontraba más restringido, pero no ausente. Con todo, la participación de los
socios, en especial de los que ocupaban un lugar como autoridad de sección
o celador, los llevó a desempeñar actividades que magnificaban su visibilidad
en el espacio público, con la posibilidad de convertirse en líderes barriales y
posibles punteros partidarios para los momentos de campaña electoral.
Vale la pena indicar que Los Principios admitía explícitamente que la
labor desempeñada por esta asociación entre los trabajadores era más válida
que la de los círculos, precisamente por su énfasis en la enseñanza y práctica
doctrinarias.32 Esta preferencia demuestra el nivel de conservadurismo del
diario al destacar la asociación, donde el grado de decisión de los socios era
menor para seleccionar a sus representantes.
Sociedad Católica Popular Italiana de Socorros Mutuos
Esta sociedad se instituye en Córdoba a mediados de 1911 y sus Estatutos
y Reglamentos son aprobados por el gobierno de la provincia en 1914. Surge
como una organización para el progreso moral y material de los italianos e hijos de italianos de ambos sexos residentes en Córdoba33 y se adhiere a su
homónima de Buenos Aires.34 Para ello se propone mantener “la fe viva de
nuestros padres” y el amor por Italia. Como lo indica su nombre, se organiza
como una sociedad de ayuda y protección a los inmigrantes italianos “que
paguen sus cuotas mensuales”. La prioridad étnica también se manifiesta en
referencia a los encargados de regir la institución: la presidencia debía ser
ejercida por los “nacidos en la península”. Llamativamente para Córdoba, entre
sus objetivos principales se plantea “cooperar al progreso de la Democracia
Cristiana” aclarando que dicha acción se hará siguiendo estrictamente los
lineamientos estipulados por el Santo Padre y con “absoluta sumisión a las
autoridades religiosas”. La evocación a la Democracia Cristiana no era
frecuente en la ciudad por ello no deja de llamar la atención su mención. Sin
embargo, es probable que la sociedad se refiriera no a la intención de crear
un partido político defensor de la democracia y de reformas sociales, sino a la
noción enunciada por Pío X (1903-1914) al iniciar su reinado: “la Democracia
Cristiana no ha de entrometerse en política, ni ha de servir a partidos ni fines
políticos” (Martín, 2012, p. 92). Esto significa un interés exclusivo de convertirse
en una asociación mutualista antes que en el germen de un partido. De todos
modos, esta apelación quedará en el olvido, puesto que en sus documentos
internos no vuelve a aparecer.
Lamentablemente no tenemos datos respecto del número de socios para
todo el periodo, lo cierto es que los fundadores eran muy optimistas cuando
redactaron los estatutos: el artículo 8 establecía que “los primeros 500 socios
inscritos no pagarán cuota de ingreso”. Es probable que ese optimismo no fuera
infundado ya que al año siguiente de su creación la sociedad contaba con
400 afiliados (Monterissi, 2002, p. 231), empero al poco tiempo, en 1915, el
número se había reducido a 263 (Vagliente, 2007, p. 44), situación que coincide
con la época de guerra que afectó a todas las asociaciones. Sin embargo, y
probablemente hasta mediados de la década del '20 en consonancia con la
insistencia frecuente según las actas de atraer a más afiliados, su número
no fuera tan elevado como hubieran deseado las autoridades. Es posible
que disidencias internas importantes, desatadas en esa época entre el DE y
las autoridades respecto a mantener la revista Vita Coloniale en manos de
la asociación o traspasarla a los salesianos, contribuyeran a no aumentar la
inscripción de nuevos adherentes (Vagliente, 2007; Vidal, 2012).
En sus inicios existían cinco categorías de socios con derechos y obligaciones diferentes: los fundadores (que incluían a los que se inscribieran
en los seis meses siguientes a la aprobación de los estatutos) que no pagaban
cuota de ingreso, los activos, los activos adherentes -se trata de quienes se
incorporaban con 45 años o más- que solo tenían derecho a la asistencia médica
y a la mitad del subsidio que recibía un socio activo, los beneméritos (socios
protectores) y los condicionales. Estos últimos se referían a los niños de ambos
sexos desde su nacimiento hasta los 14 años, siempre que pagaran la cuota
mensual, algo menor que la de los adultos.35 Esta categoría otorgaba el derecho
a la asistencia médica y a los medicamentos gratuitos. Para ser socio se requería
profesar la religión católica y comulgar al menos una vez al año, no haber
sufrido condenas infamantes ni ser miembro de sociedades secretas, subversivas
y hostiles a la religión, tampoco padecer alguna enfermedad crónica y, como
era habitual en el caso de todas las sociedades de socorros mutuos, debía ser
presentado por otro afiliado; el límite de edad para convertirse en miembro
de la SCPI en sus orígenes estaba comprendido entre los 14 y 55 años. En
1930 algunos artículos de este reglamento fueron modificados por la asamblea
general ordinaria: se anularon aquellos puntos que ya habían quedado sin
efecto por el paso del tiempo, como los referidos a los socios fundadores y sus
beneficios extraordinarios, y se actualizaron otros en particular los relacionados
con el monto de las cuotas; se incrementó la edad de los socios a 65 años y se
redujeron los números de días con derecho a subsidio por enfermedad de cinco
a tres. Pero la modificación más trascendente, por tratarse de una asociación
católica, es la relativa a la supresión de la obligación del socio de comulgar
“al menos una vez al año”. Parece indudable que ese requisito no se cumplía
y su exigencia probablemente le quitaba la posibilidad de atraer a más socios.
Esta medida me conduce a hipotetizar que la cúpula de la sociedad estaba más
preocupada por mantener la unidad étnica antes que la obligación de cumplir
los rituales religiosos, pese a la oposición del DE. Este nivel de flexibilidad
religiosa de los laicos es importante de remarcar, primero porque no era común
entre las asociaciones católicas y segundo porque coincidiría con prácticas
internas más abiertas y menos impregnadas de la ritualidad católica, comunes
en el COC y mucho más entre los josefinos. Probablemente, la necesidad de
competir por los afiliados de otras asociaciones italianas de rasgos liberales como Unione e Fratellanza y Unione e Benevolenza obligó a la dirigencia de la
SCPI a adoptar una postura menos estricta en cuanto a los deberes religiosos,
no porque los socios no fueran en gran número católicos, sino porque no todos
eran católicos practicantes. El credo religioso no parece haber sido óbice para
que los italianos adhirieran a una u otra asociación, lo cual indicaría cierto
pragmatismo básico para conseguir la imprescindible asistencia mutualista que
necesitaban más allá de la ideología, la religión y posiblemente la lengua.36
Los socios activos tenían derecho a la protección de la SCPI en caso
de abuso por parte de los “socios u otros”, lo que evidencia las frecuentes
dificultades que debían enfrentar los inmigrantes. Asimismo, esta categoría los
habilitaba a la asistencia médica y a los medicamentos de forma gratuita y
también a subsidios en caso de enfermedad.37
Como en las asociaciones anteriores, el requisito indispensable para que
los afiliados gozaran del derecho de voz y voto en las asambleas generales
era que tuvieran sus cuotas al día. Estos encuentros se producían cada seis
meses aproximadamente (en mayo y noviembre), los temas permanentes
eran la lectura y la aprobación del balance semestral y el informe sobre el
funcionamiento de la institución leído por el presidente, además de otros ítems
que variaban según las circunstancias. Cabe destacar que el último punto en
el orden del día siempre se dedicaba a la discusión libre (parola libera) de
diferentes temas, no obstante en pocas ocasiones estos debates se transcriben
ampliamente en las actas.
Cada dos años se producía la elección de las autoridades para integrar
el Consejo Directivo compuesto por un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un prosecretario, un tesorero, un protesorero, el director espiritual,
un vicedirector espiritual y siete consejeros. La asamblea general de socios
elegía a todos los integrantes, salvo al director y al vicedirector que eran
designados por el obispo diocesano a propuesta del Consejo, prefiriendo
siempre un sacerdote de origen italiano.
Las autoridades se elegían por voto secreto y todos los electores podían
ser candidatos; aquel que obtuviera mayor número de votos se consideraba
electo y en caso de paridad se decidía por el que tuviera mayor edad. Si alguno
de los electos renunciaba dentro de los tres días de haberse producido el acto
comicial podía ser sustituido por el que le seguía en número de sufragios.
De todos modos, el mecanismo para designar a los candidatos no estaba
sujeto al número de asistentes, puesto que por reglamento todo aquel con derecho a votar también podía ser elegido sin exigencia de su presencia en
el acto comicial, de allí que varios de los consejeros votados no coincidieran
con los nombres de los concurrentes. Para supervisar y legalizar el acto, la
asamblea designaba una comisión de tres miembros cuyos nombres surgían
de los socios presentes, la cual tenía a su cargo el recuento de sufragios y la
proclamación de los candidatos. Los votos eran quemados luego del escrutinio.
Este procedimiento era el primer paso del proceso electoral para la elección de
todos los consejeros; en una próxima sesión -denominada Sesión Preparatoria
del Consejo Directivo- constituida por estos consejeros38 se volvía a votar por el
cargo que ocuparía cada uno.39 Ahora sí se había arribado al momento en que
el presidente de la comisión escrutadora proclamaba a las autoridades electas,
quienes debían cumplir sus funciones durante los próximos dos años.
El hecho de que todos los afiliados de la SCPI tuvieran el derecho, al
menos en teoría, de elegir y ser elegidos para integrar el Consejo probablemente
se relacione con la condición de “igualdad” de los inmigrantes llegados al país
receptor; las diferencias de clase, estatus, tradiciones desaparecían porque en
definitiva –aunque fuera por razones diversas- todos habían tenido que dejar
su patria. Quizá ese factor nivelador de “ser emigrante italiano” jugara como
un principio democratizador en el interior de la asociación; más allá de que
después de un tiempo de asentamiento, las distinciones sociales resurgieran
nuevamente.
La asistencia de los socios a las asambleas ordinarias parece ser reducida.
En los primeros años concurrían aproximadamente 50 socios y posteriormente,
incluida la década de 1930, no superaban las 30 personas. Si bien todavía no
he realizado un trabajo prosopográfico de estos afiliados, desde una mirada
impresionista es factible que varios de los asistentes fueran los mismos que
ocupaban los puestos del Consejo. Por el momento tampoco conozco el
número de afiliados durante todo el periodo, por lo que ambas evaluaciones
son solo especulativas.
Consideraciones finales
La participación de los sectores populares y la posibilidad de desarrollar
cierto grado de autonomía para intervenir en las cuestiones internas de cada
asociación difiere en cuanto al grado. Pero en todas ellas observamos algún nivel de injerencia de los afiliados trabajadores para decidir sobre las autoridades e
incluso sobre otras cuestiones que les afectan como socios, aunque no sobre
procesos de sindicalización. Es cierto que todavía falta información suficiente
para convertir la hipótesis en tesis, en especial respecto al número de asistentes
a las asambleas ordinarias de los AASJ. Con todo, los datos obtenidos me
facultan para sostener que la participación “ciudadana” de los trabajadores
en estas asociaciones católicas se ejerció aún antes de la aplicación de la ley
Sáenz Peña, y de ese modo contribuyó a construir una experiencia que influiría
cuando comenzaran a votar obligatoriamente en las elecciones generales por
medio de los partidos políticos.
En este sentido, es interesante destacar que pese a la oposición de
algunos integrantes de la élite y del mismo diario Los Principios a comienzos
de los primeros lustros del siglo XX, en referencia a la expansión del derecho
de ciudadanía, estas asociaciones ya habilitaban esa participación con más o
menos límites a sus asociados.
Por otra parte, cuando la situación legal sobre la reforma electoral se
torna irreversible, muchos de los refractarios a la ley cambian su opinión y se
adaptan a los hechos. En base a un pragmatismo que no les era ajeno, gran
parte de los antiguos críticos de la ampliación del sufragio a las mayorías se
incorporan a los partidos mayoritarios surgidos como consecuencia de ese
acontecimiento: la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata. Es difícil
advertir a través de las fuentes la existencia de algún criterio específico por el cual
estos grupos se decidieron por una u otra fuerza. Tanto es así que si recurrimos
a dos de los legisladores nacionales que mayor cantidad de proyectos de leyes
sociales presentaron en el Congreso como Arturo M. Bas y Juan F. Cafferata
comprobamos que militaban en sendos partidos. A diferencia de lo sucedido en
Buenos Aires y Rosario, donde ante la nueva coyuntura electoral los católicos
conservadores y sociales respectivamente se abocaron a la conformación de
partidos para canalizar sus ideas y atraer a sus simpatizantes -como el Partido
Constitucional40 y la Unión Democrática Cristiana (Martín, 2012, pp. 267-275;
Castro, 2011)-; por el contrario, en Córdoba esta situación no existió y la élite
católica, como dije, se distribuyó en los dos partidos mencionados, por lo
que adquirió una influencia notable en el interior de cada uno de ellos (Vidal,
1995).
Por otra parte, tampoco es una tarea sencilla identificar una corriente de catolicismo social en esta ciudad. Estaban aquellos, como los nombrados,
que pregonaban por leyes sociales que Los Principios siempre apoyó, y algún
otro como Emilio Sánchez (presidente del COC 1926-1931) que fue claramente
un católico social y democrático, al punto tal que renuncia al CCO41 en 1940
a raíz de las notas que ese año publica el periódico de la institución -Justicia
Social- en apoyo a la Alemania nazi.42 Pero la dispersión de los católicos en los
dos partidos mayoritarios posiblemente impidió su concentración en una o más
fuerzas que pudieran identificarlos dentro de diversas líneas ideológicas del
catolicismo o viceversa: la inexistencia de definidas posiciones católico-sociales
facilitó esa dispersión. Por consiguiente, creo que no es factible identificar a los
líderes de las asociaciones católicas mencionadas (en particular el COC y la
SCPI) como referentes del catolicismo social en Córdoba, a diferencia de lo
ocurrido en Rosario.43
Finalmente, varios de los laicos que encabezaban estas asociaciones
tenían una mirada contraria al concepto de individuo con el que se identifica
el liberalismo. Por su parte, los jesuitas acordaban con el concepto de una
representación corporativa y claramente con la noción de sociedad como un
órgano derivado de un “cuerpo superior”: la Iglesia. Sin embargo, todas, aunque
en distintos grados, estaban a favor de la aplicación de la “ciudadanía política”
entre sus asociados y de considerar opiniones individuales en las asambleas
generales que implicaban posibles acuerdos o conflictos. Este comportamiento
al menos se mantuvo hasta 1930. Posteriormente, los mecanismos de
funcionamiento sufren algunos cambios, la política internacional y nacional
comienza paulatinamente a influir más directamente en las asociaciones y
la formación de la Acción Católica contribuye a unificar comportamientos.
De todos modos, la participación política de los socios en el asociacionismo
católico no solo no desaparecerá, sino que se hará más intensa.
Notas
1 Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Correo electrónico: gardenia@sinectis.com.ar.
2 Agradezco los comentarios realizados por María Pía Martín a una versión previa de este artículo y, sobre todo, su generosidad por permitirme leer su tesis de doctorado.
3 De acuerdo con Martín (2012, pp. 30-31), a comienzos del siglo XX los obispos y sacerdotes en Argentina, particularmente, comienzan a enunciar el concepto de “ciudadano católico” como diferente al de “ciudadano”: los primeros tenían deberes con Dios y con la Iglesia, además de que debían asumir el papel de agentes de “recatolización”. Por ese motivo a los “ciudadanos católicos” se les debía enseñar y recordar constantemente la doctrina para “modelarlos a fin de modelar la sociedad”.
4 En Córdoba, gran parte de los legisladores resistieron la reforma electoral de 1912 y solo la intervención y la presión de Roque Sáenz Peña al gobernador Félix Garzón, con el apoyo de un escaso número de legisladores y una restringida opinión pública, terminó facilitando la adhesión de la provincia al proyecto presidencial. Entre los más reacios se encontraba un importante número de legisladores e intelectuales católicos. En ocasiones los argumentos que utilizaban para negarse a la incorporación de las mayorías a la vida institucional nos retrotraen a una concepción del orden social de Antiguo Régimen. Como ejemplo baste citar la posición de un doctorando en Derecho que en su Tesis de 1907 sostenía que el origen de la soberanía estaba en Dios y que la representación terrenal solo podía estar en manos de los “mejores” hombres (Chaves, 2005, pp. 120-122). El diario Los Principios no tenía una apreciación muy diferente cuando decía en 1913 que “El pueblo no tiene aquí ni en ningún país ideas de gobierno, porque la ciencia política no es de las multitudes… necesita por ende de la dirección de los pocos que son capaces de idear un plan y llevarlo a la práctica”. La política y las multitudes. (1913, abril 11). Los Principios, p.1, Archivo de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
5 Además, ya es ampliamente aceptado que la influencia desarrollada en el espacio público por diferentes sectores sociales sin derechos políticos reconocidos ha sido considerable.
6 Este proceso de ascenso social a través del ejercicio de la autoridad en una asociación católica ocurrió, según Martín (2012, p. 170), en el Círculo Obrero de Rosario.
7 Según Szuchman (1980, pp. 96-113), al poco tiempo de la fundación de la Asociación Española en 1872, la posibilidad de afiliación de cualquier español se vio restringida, porque la élite que se estaba formando entre sus autoridades decidió esa “limpieza” clasista. Incluso en las fiestas españolas fomentadas por la asociación se encontraban “los más burgueses”, en tanto las romerías donde la concurrencia era más heterogénea socialmente se terminaron suspendiendo por los “disturbios” que ocasionaban.
8 Los trabajos conocidos sobre los sectores populares y su relación con la Iglesia en general tienen una perspectiva que apunta a enfatizar el rol que cumplieron en el campo de la cultura popular y su contribución a la masificación de la política mediante otras actividades: celebraciones multitudinarias (Lida, 2009), encuentros masivos para festejar alguna fiesta relacionada a santos o a la virgen (Mauro, 2009), actividades barriales (Romero, 1998), interrelación inmigrantes y catolicismo (Castro, 1996), etc. Con respecto a Córdoba en una etapa posterior a la estudiada aquí, Blanco (2011) reconstruyó la trayectoria y las percepciones de los socios de base de la Juventud Obrera Católica.
9 Sobre el funcionamiento de los CCOO, en particular el de Rosario, ver Martín (2012).
10 El número de directores espirituales del COC durante el periodo examinado fue profuso, y en algunos momentos de la década del 10 no hubo sacerdotes dispuestos a ocupar el cargo, hecho que evidencia las dificultades internas de la institución.
11 Sobre el COC desde sus inicios hasta 1930, sus conflictos internos, las etapas por las que atravesó, los repertorios sociales utilizados, etc. ver Vidal (2010).
12 Libro de Actas de las Asambleas Generales del Círculo Obrero de Córdoba. 1929. Archivo del Círculo de Obreros de Córdoba, Córdoba.
13 En Córdoba, la aplicación de esta modificación se nota recién a comienzos de los '20, probablemente porque las dificultades internas de los años previos impedían llevar a cabo esos cambios.
14 Planillas del COC. 1905. Córdoba. Caja 2. Archivo de la Federación de Círculos Católicos de Obreros, Buenos Aires.
15 En este sentido, el caso emblemático en Córdoba es el diario Los Principios.
16 Libro de Actas de Asambleas Generales del Círculo de Obreros de Córdoba. 1906. Archivo del Círculo de Obreros de Córdoba, Córdoba.
17 Actas de Sesiones Ordinarias del Círculo Obrero de Córdoba. 1902. Archivo del Círculo de Obreros de Córdoba, Córdoba.
18 Libro de Actas de Asambleas Generales del Círculo de Obreros de Córdoba. 1920. Archivo del Círculo de Obreros de Córdoba, Córdoba.
19 Libro de Actas de Asambleas Generales del Círculo de Obreros de Córdoba. 1926. Archivo del Círculo de Obreros de Córdoba, Córdoba.
20 Asimismo, cabe señalar que los vínculos que se desarrollaban entre los socios a través de reuniones familiares, asistencia a la cantina del círculo para conversar y practicar diferentes juegos, la participación como organizadores y actores en el “Cuadro Dramático”, entre otras actividades, ajustaban la trama de sociabilidad que surgía y se intensificaba entre los asociados.
21 Es importante señalar que el COC no contribuyó durante estas décadas a la sindicalización de los trabajadores, pese a las intenciones explícitas de las autoridades nacionales y a lo sucedido en otros círculos del país, entre ellos el de Rosario (Martín, 2012, pp. 304-305).
22 Las cofradías durante la Colonia eran asociaciones de fieles que tenían objetivos diversos, fundamentalmente, religiosos y espirituales. Aunque algunas también se preocupaban por aspectos del bienestar material de sus integrantes como la ayuda mutua consistente en la asistencia a los hermanos huérfanos, los enfermos, los difuntos pobres, etc. (Di Stefano et al., 2002, pp. 33-41).
23 Subsidios para Córdoba. (1910, julio 13). Los Principios, p. 4. Archivo del Arzobispado de Córdoba, Córdoba.
24 En este año aparecen datos en la prensa mencionando una importante modificación de los estatutos, entre esos cambios se menciona el otorgamiento del servicio médico y “de botica” a los socios. Estatutos Asociación Artesanos de San José. (1904, abril 24). Los Principios, p 5. Archivo del Arzobispado de Córdoba, Córdoba.
25 Subsidios para Córdoba. (1910, julio 13). Los Principios, p. 5. Archivo del Arzobispado de Córdoba, Córdoba.
26 La existencia de estas dos organizaciones, la AASJ y la APASJ, influyó notablemente para que los miembros de la élite se fueran concentrando en la segunda, en tanto en la AASJ se nucleaban mayoritariamente los trabajadores.
27 Asociación de Josefinos. Gran Rifa a Beneficio de los Socios de la Congregación Josefina. (1904, agosto 1). Los Artesanos de San José. (1905, marzo 19); Congregación de los Josefinos. (1905, octubre 8). A fines de 1905 el diario señala que los socios han aumentado a 1.500 “pudiendo calcularse en 900 los que comulgan con regularidad”. Los Progresos de los Josefinos. (1905, noviembre 22). Los Principios, p. 4. Archivo del Arzobispado de Córdoba, Córdoba. La comunión mensual era obligatoria para los socios, de allí que el diario siempre se refiriera a ella para considerar el número efectivo de adherentes.
28 En 1929 se menciona que en la comunión general “comulgaron más de cien socios”. Asociación Católica de Artesanos de San José. (1929, abril 23). Los Principios, p. 5. Archivo del Arzobispado de Córdoba, Córdoba. Este dato indica una baja notable de comuniones en comparación a 1905.
29 A fines de los '20, se mantienen esos seis candidatos pero probablemente se dividan en dos ternas: una para elegir presidente y otra vice, según lo indica la prensa: “…habiendo sido elegidos para esos cargos, los señores Rosendo Gigena, Rafael Ossés y Guillermo Torneau para presidente y los señores Juan P. Gómez, José A. Reynoso y Juan Moreno Arcos para la vicepresidencia”. Asociación Católica Artesanos de San José. (1928, mayo 6). Los Principios, p. 4. Archivo del Arzobispado de Córdoba, Córdoba.
30 Estatutos Asociación Católica Artesanos de San José. 1912. Solicitudes y Asuntos Diversos, tomo 13, ff. 146-168, art. 15. Archivo de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba.
31 La prensa señala “se ha llevado a cabo recientemente la asambleas convocada por la Sociedad Artesanos de San José, a objeto de tratar diversos asuntos de importancia para la institución y de renovar la comisión directiva”. Celebró una concurrida asamblea la Asociación Artesanos de San José. (1929, mayo 23). Los Principios, p. 5. Archivo Arzobispado de Córdoba, Córdoba.
32 Los Progresos de los Josefinos. (1905, noviembre 22). Los Principios, p. 5. Archivo Arzobispado de Córdoba, Córdoba.
33 En el art. 7 dice Argentina y no Córdoba. Estatutos y Reglamento de la Sociedad Católica Popular Italiana de Mutuo Socorro de ambos sexos. 1914. Solicitudes y Asuntos Diversos, ff. 448-484. Archivo de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba.
34 Sobre la Sociedad de Buenos Aires consultar Rosoli (2000, pp. 214-217).
35 En sus orígenes esta cuota era de 1 peso para los adultos y de 80 centavos para los socios condicionales. Cuando en una familia existían dos socios menores, la cuota se reducía a $0,50 cada uno. A los fines comparativos, un enfermero de la Asistencia Pública ganaba $2.36 por día (el doble que una enfermera). El monto tan bajo de la cuota, que es similar en las tres asociaciones, probablemente esté indicando la dificultad de gran parte de la población cordobesa de acceder a un trabajo estable y con una paga digna, ya que al observar el número de asociados en todos los casos estudiados es relativamente escaso si lo comparamos con los beneficios a los que podían acceder.
36 Ese comportamiento lo señala Monterissi (2002, pp. 221-222) para principios del siglo XX.
37 Rosoli (2000, p. 211) denomina esta función como de “tutela a los inmigrantes”.
38 Cabe señalar que la asistencia de estos veinte consejeros a esa sesión preparatoria no era obligatoria.
39 Este último proceso se realizaba gradualmente, primero se decidían los nombres de presidente y vice, luego de secretario y prosecretario y en tercer lugar de tesorero y protesorero; los nombres restantes de los veinte consejeros electos se distribuían entre los consejeros (vocales) titulares y suplentes.
40 Es importante señalar que el presidente del Partido Constitucional era Arturo M. Bas. La agrupación, más allá de invocar algunas reformas sociales, tenía como objetivo principal convertirse en una “agrupación política conservadora ‘nacionalista’” que coaligara a diferentes sectores (notables católicos, políticos conservadores, militares, integrantes de las clases propietarias) a fin de resistir el avance del socialismo en la ciudad de Buenos Aires con la promulgación de la nueva ley electoral (Castro, 2011, p. 4).
41 En el Congreso de los CCOO de 1930, los dirigentes cambian formalmente el nombre y pasan a denominarse Círculos Católicos de Obreros.
42 Actas del Círculo Obreros de Córdoba. 1940. Archivo de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros, Buenos Aires. La CD del CCO no se expide sobre la renuncia y tampoco varía el tenor de las publicaciones, por lo que en la práctica aceptan el alejamiento de Sánchez.
43 El análisis prosopográfico realizado sobre las comisiones directivas del COC desde 1897 a 1930, solo me habilita a hipotetizar sobre algunos pocos nombres que por su recorrido social, político e intelectual se pueden identificar con el catolicismo social (Maciel, Sánchez, probablemente Cafferata), pero en absoluto se puede concluir de ese trabajo que existiera una corriente interna equiparable con esa tendencia (Vidal, 2012).
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Fecha de recepción de originales: 24/05/2012.
Fecha de aceptación para publicación: 06/11/2012.