El juicio de residencia al gobernador federal de Jujuy (Argentina) Pablo Alemán en 1839

The residence trial of the federal Governor of Jujuy (Argentina) Pablo Alemán in 1839

Processo de residência do governador federal de Jujuy (Argentina) Pablo Alemán em 1839

Universidad Nacional de Salta. Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades

El artículo aborda el juicio de residencia que se hizo al gobernador federal de Jujuy (Argentina) Pablo Alemán. Se estudia en profundidad tanto el proceso judicial y político como las condiciones de posibilidad que explican la realización del litigio, en un momento de redefiniciones políticas decisivas en el norte de la Confederación Argentina. Nos interesa saber quiénes intervinieron en el proceso judicial, cómo se llevó a cabo, qué argumentos sostenían las acusaciones y qué representaciones políticas se podían leer en la coyuntura, así como el significado que tuvo la residencia en los entramados del poder provincial.

The article deals with the juicio de residencia carried out against the federal Governor of Jujuy (Argentina) Pablo Alemán. Both the judicial and political process as well as the conditions of possibility that explain the trial at a time of decisive political redefinitions in the north of the Argentine Confederation are studied in depth. We are interested in knowing who intervened in the judicial process, how it was carried out, what arguments the accusations supported and which political representations could be read in the situation, as well as the meaning that the trial had in the framework of provincial power.

Este artigo trata do juicio de residencia do governador federal de Jujuy (Argentina), Pablo Alemán. Neste caso é estudado em profundidade, tanto o processo judicial e político como as condições de possibilidade que explicam o julgamento, num momento de redefinições políticas decisivas no norte da Confederação Argentina. Interessa-nos saber quem participou no processo judicial, como foi conduzido, que argumentos sustentaram as acusações e que representações políticas se podiam ler na situação, bem como o significado que o julgamento teve nas estruturas de poder provinciais.

El juicio de residencia al gobernador federal de Jujuy (Argentina) Pablo Alemán en 1839^[1]

El 20 de noviembre de 1838 la guarnición militar acantonada en Palpalá ―a 16 kilómetros de la ciudad de San Salvador, provincia de Jujuy en Argentina―, arrestó al gobernador federal Pablo Alemán y resolvió el cese de su mandato. Las acciones se llevaron a cabo mientras las fuerzas militares retornaban a sus lugares de origen, luego de participar en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana que se había iniciado formalmente a mediados de 1837. Este conflicto tuvo diferentes episodios bélicos en el territorio argentino durante el año 1838, particularmente en las regiones de la Puna y Quebrada de Jujuy. El mismo día que el gobernador era privado de su libertad, en San Salvador se reunía una asamblea popular que reafirmaba la actuación de la guarnición militar de Palpalá, que sometía al ahora exgobernador Alemán a un juicio de residencia y confiscaba parte de sus bienes.^[2] En este artículo se aborda en profundidad el proceso judicial y político como las condiciones de posibilidad que explican la realización del juicio en un momento de redefiniciones políticas decisivas en el norte de la Confederación Argentina. Nos interesa saber quiénes intervinieron en el proceso judicial, cómo se llevó a cabo, qué argumentos sostenían las acusaciones y qué representaciones políticas se podían leer en la coyuntura, así como también el significado que el juicio tuvo en los entramados del poder provincial.

El estudio que proponemos permite calibrar mejor el funcionamiento del sistema político en la provincia de Jujuy y problematizar sobre la especialización de funciones institucionales. A lo largo del siglo XIX, las nuevas ideas republicanas alusivas a equilibrio y división de poderes buscaron modificar la fusión antiguoregimental entre justicia y gobierno (Barriera, 2019). Más aún, si consideramos con Raúl Fradkin (2009) que la cultura jurídica era la base de la cultura política en tanto proveía un repertorio de nociones respecto al poder, la autoridad y las relaciones sociales. Enfocamos la lente en la dimensión judicial porque la política se hizo presente en el estrado judicial jujeño^[3] y, el episodio jurídico al que referimos, marcó un quiebre en la continuidad gubernamental y coadyuvó nuevas redefiniciones políticas.^[4]

Estudios realizados en los últimos años muestran diferentes formas de judicialización de las disputas políticas durante el siglo XIX que revelan la complejidad que revistió la lucha por el poder y las formas de faccionalización.^[5]

El juicio de residencia tuvo sus orígenes en las leyes castellanas bajomedievales y fue una práctica usual durante el período colonial. En aquel tiempo, con el horizonte puesto en la idea de “buen gobierno”, su objeto era juzgar el desempeño administrativo de los funcionarios de la monarquía al finalizar sus gestiones. Con el paso de los años, se fueron modificando las condiciones y los procedimientos de ejecución.^[6] Los reglamentos de justicia de 1812 y 1813 ―formulados por el gobierno revolucionario― conservaron la figura jurídica de la residencia, aunque animada ahora por la idea de que los representantes debían dar cuenta de sus actos ante el pueblo que los había designado. Por su parte, aunque no llegaron a aplicarse, las constituciones de 1819 y 1826 reemplazaron el juicio de residencia por mecanismos de control a los funcionarios públicos que la Constitución de 1853 articuló en la figura de juicio político.^[7]

Como señala Irina Polastrelli (2019, pp. 245-306) los juicios de residencia justificaron el desplazamiento de opositores y dieron cuenta de cierta visión respecto del quehacer político. La autora aborda aquellos procedimientos ordenados por el poder revolucionario rioplatense en 1813, 1815 y 1820. Los indaga desde el campo jurídico y jurisdiccional, y muestra la variedad de ideas y de valores políticos que rodearon a cada uno de ellos. El análisis pone de manifiesto los dilemas enfrentados por la revolución y los conflictos que se fueron dando respecto de temas cruciales como el sujeto de imputación soberana, la división de poderes, el sistema representativo o la forma de gobierno que se debía adoptar.

El proceso judicial entablado al gobernador Pablo Alemán tuvo como trasfondo las consecuencias del conflicto bélico con la Confederación Perú-Boliviana. Debe tenerse en cuenta que la jurisdicción de Jujuy vivió largos años de conflictividad armada en su territorio, situación que causó la extenuación de la población local. Inicialmente fueron las guerras por la Independencia, con avances y retrocesos de los ejércitos en pugna. Por ejemplo, el arribo de fuerzas fidelistas desde el Alto Perú a la ciudad en 1812 obligó ―por orden de Manuel Belgrano― a gran parte de su población a abandonar la jurisdicción con destino a Tucumán. En el marco de la insurgencia, escuadrones gauchos de Jujuy formaron parte de las fuerzas lideradas por Martín Miguel de Güemes (Mata, 2009; Sica, 2023). Luego de la muerte de Güemes, para el poder político fue un gran desafío restablecer el orden en la campaña (Paz, 2008). Entre 1829 y 1831, Jujuy movilizó fuerzas y recursos a favor de las provincias agrupadas en la Liga del Interior ―de tendencia unitaria― que se enfrentó a las que estaban nucleadas en la Liga del Litoral. En 1834, fuerzas jujeñas colisionaron con las de Salta en la batalla de Castañares y esto confirmó la separación definitiva de Jujuy ―que hasta ese momento formaba parte de la jurisdicción provincial salteña― y su institucionalización como provincia autónoma (Vergara, 1937).

Los conflictos armados que sucedieron a finales de 1835 y principios de 1836 entre los grupos federal y unitario de la novel provincia propiciaron la llegada de Pablo Alemán a Jujuy. La inesperada muerte del gobernador federal Eustaquio Medina, en abril de 1836, fue la oportunidad que ubicó al primero en el gobierno jujeño, sostenido por el brazo político y militar del gobernador Alejandro Heredia de Tucumán. Durante la gestión de Alemán, la provincia integró el protectorado liderado por el mandatario tucumano (1836-1838). Esta estructura regional de poder se vio socavada por las consecuencias que dejó la guerra con Bolivia y por el asesinato de Heredia el 12 de noviembre de 1838.

Con el desplazamiento de Alemán del gobierno, un sector en el cual confluyeron federales y antiguos unitarios tomó las riendas del poder y emprendió la causa judicial al funcionario depuesto. El nuevo gobernador fue Mariano Iturbe y reunió bajo su liderazgo a aquel grupo, manifestó su adhesión a las banderas federales y encontró consenso en algunos gobernadores, como Felipe Ibarra de Santiago del Estero.

El juicio de residencia que analizamos es un mirador para observar la multiplicidad de tensiones políticas que explican cambios y redefiniciones de los grupos que se disputaban el poder a fines de la década de 1830, en un recreado tablero político donde todo parecía ponerse en movimiento. El sector que se hizo del poder y llevó a cabo el juicio, procuró que se resarciera a quienes habían aportado recursos económicos para la guerra contra Bolivia. La trama argumental de los testimonios denota el descontento hacia el gobierno de Buenos Aires que debía realizar pagos que no alcanzaron para cubrir todos los gastos de la contienda, o bien Alemán los había malversado. A los efectos de la mencionada contienda se sumaba en enero de 1839 la decisión de la Sala de Representantes de Jujuy de establecer el régimen de enfiteusis, medida que terminó por desestructurar las tierras comunales de los indígenas (Teruel, 2014).

En medio del proceso judicial, con la ayuda de algunos jefes militares de la Quebrada de Humahuaca, Pablo Alemán logró escaparse de la prisión y huir a Bolivia, por lo tanto nunca respondió la requisitoria del Tribunal de Residencia. La finalidad de Alemán era recuperar el poder pero no lo logró, dado que el gobernador Iturbe también anudó lealtades con autoridades locales de la Quebrada, que por ese momento era un foco de efervescencia política por la sanción del sistema enfitéutico. Cabe señalar que esta región fue un espacio que desde la revolución tuvo una intensa movilización en términos de militarización y presentó una enérgica dinámica electoral. Ejemplo de ello son las elecciones de autoridades locales y de representantes departamentales que actuaron primero en la legislatura de Salta (1823-1834) y luego en la de Jujuy, cuando esta jurisdicción se separó de aquella en 1834 (Sica, 2023).

El Tribunal de Residencia no alcanzó a emitir una sentencia; no obstante, la dimensión pública del proceso posibilitó escenificar en la comunidad provincial un ritual político a través del cual comunicó y transmitió valores y representaciones sobre el modo ideal de proceder en el ámbito gubernamental.^[8] Los jueces que tuvieron a cargo la residencia avalaron la confiscación de bienes que el nuevo gobierno le realizó al personaje que analizamos. Puntualmente, el dinero embargado constituyó un fondo específico en el presupuesto que le permitió a la provincia sortear dificultades de financiamiento entre fines de 1838 y 1841. El juicio justificó el desplazamiento del gobernador Alemán en 1838 y fue vector de unidad de los hombres que terminaron enrolándose en la Coalición del Norte (1840-1841).^[9]

El juicio de residencia es la principal evidencia que sostiene la historia aquí contada.^[10] La documentación consta de tres partes que coinciden con la estructura de las residencias coloniales. La primera es la apertura del litigio con la correspondiente indagación de las cuentas públicas durante el gobierno cuestionado, e incluye cuatro declaraciones. La segunda parte contiene dos denuncias elevadas por particulares. Con toda esta información el tribunal formuló el cuestionario que los testigos tuvieron que responder, y determinó quiénes debían pasar a prestar declaración. Así, la tercera parte está constituida por doce testimonios. La fuga del exgobernador, como veremos más adelante, impidió la prosecución del juicio y la emisión de una sentencia.

Si bien la potencialidad de la fuente judicial con la que trabajamos es de una riqueza notoria por la información que proporciona, tiene una limitación que debe ser consignada: la homogeneidad de los discursos denunciatorios a Pablo Alemán formulados tanto en las acusaciones como en las declaraciones vertidas en la causa. Para superar este escollo recurrimos a documentación de diferente tipo, como actas de la Sala de Representantes, notas oficiales, correspondencias particulares e inventarios de bienes que complementan el relato de la residencia y permiten ahondar en la densidad del contexto.^[11] Probablemente, los silencios o la ausencia de voces disidentes nos adviertan acerca de la consistencia y la proyección de propósitos que tuvo el grupo político que llevó adelante la residencia y su modalidad compacta de accionar.^[12] La lectura inicial de la documentación y de la bibliografía posibilitó construir los datos, las referencias a los hechos y episodios, como también seguir el hilo conductor de los actores involucrados en el proceso (Ginzburg y Poni, 2004).

El gobierno de Pablo Alemán en Jujuy (1836-1838): entre el protectorado de Heredia y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana

Pablo Alemán nació en Montevideo (Uruguay) en 1791. Cuando se desató la guerra por la Independencia participó de la movilización oriental bajo la jefatura militar de José Gervasio Artigas y posteriormente se enroló en el Ejército del Norte. Más tarde, ayudó a Facundo Quiroga a combatir a las fuerzas de la Liga del Interior. Afincado en Salta, entre 1832 y 1834 fue ministro y gobernador delegado del líder federal Pablo Latorre. Distanciado de este último, pasó a Tucumán donde se puso bajo las órdenes de Alejandro Heredia (Sánchez de Bustamante, 1957, pp. 201-203). Desde el punto de vista social, su matrimonio con Juana Tamayo Arias lo insertó en las tramas familiares de Salta, donde se dedicó al comercio.^[13]

El personaje analizado alcanzó la gobernación de la provincia de Jujuy en abril de 1836, cuando la inesperada muerte del gobernador federal Eustaquio Medina dejó el escenario jujeño sin un dirigente que contara con el aval del federalismo local unido a la Confederación. El protectorado (1836-1838) liderado por el gobernador de Tucumán Alejandro Heredia fue un marco de contención política para las provincias que lo integraron. El vínculo que Alemán entabló con este mandatario fue fundamental para su proyección política como gobernador.

El conflicto bélico con la Confederación Perú-Boliviana fue central en la administración de Alemán por las consecuencias que trajo aparejadas. Eduardo Míguez (2003) sostiene que la presencia casi permanente de la guerra durante el siglo XIX tuvo implicancias en la estructuración del sistema político, en tanto alteraba el orden social y el lugar que los individuos ocupaban en él.

En mayo de 1837, Juan Manuel de Rosas ―gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores, paz y guerra― declaraba formalmente la guerra al general Andrés de Santa Cruz, luego de que Chile lo hiciera meses antes. Los motivos fueron varios. Desde el punto de vista económico, el mariscal Andrés de Santa Cruz ―al frente de la Confederación Perú-Boliviana― había aumentado impuestos a los productos que ingresaban a Bolivia, medida que afectaba los intereses económicos de las provincias que comerciaban con el país andino, particularmente las del norte de la Confederación Argentina. Luego, por una cuestión de soberanía territorial, dado que Santa Cruz mostraba pretensiones territoriales sobre la puna salto-jujeña. De hecho, el conflicto se inició cuando una fuerza boliviana se asentó en la Puna de Jujuy en la segunda mitad de 1836. Rosas, en connivencia con Alejandro Heredia, pretendía que el conflicto armado sirviera para recuperar Tarija ―que había pertenecido a la antigua provincia de Salta― y apropiarse de Chichas. Por su parte, Heredia estaba interesado puntualmente en consolidar las rutas comerciales con el Alto Perú, objetivo que se veía restringido por las políticas proteccionistas de Santa Cruz. El conflicto duró hasta febrero de 1839, cuando Santa Cruz fue derrotado por las fuerzas chilenas en Yungay.^[14]

El mayor peso de la guerra recayó sobre las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, gobernadas respectivamente por Alejandro y Felipe Heredia, y Pablo Alemán. Los tres se pusieron al frente de las fuerzas y participaron en primera persona en diferentes momentos de la contienda. Alejandro Heredia fue nombrado por Rosas general en jefe del Ejército Confederado argentino, su hermano Felipe lo secundaba en el mando y Alemán fue general de avanzadas.

Como en toda guerra, fue necesario resolver dos problemas principales: el reclutamiento de hombres que estuvieran dispuestos a tomar las armas y el financiamiento económico que demandaba el sostenimiento de las fuerzas, tanto de la vanguardia como de las avanzadas.

Alemán organizó las fuerzas provinciales^[15] e intentó instruir a los milicianos en las destrezas de la guerra. Se preocupó por su formación y adiestramiento en el uso de las armas. También recorrió la campaña con el objetivo de llevar adelante los ejercicios y poder supervisarlos.

Algunos estudios muestran el impacto que tuvo el conflicto bélico en la puna jujeña ―integrada por los departamentos de Santa Catalina, Cochinoca, Yavi y Rinconada―, particularmente las dificultades en el reclutamiento. Según afirma Raquel Gil Montero (2004), de esta región ―con alta tasa de población indígena― prácticamente no se alistaron tropas, pese a que Alejandro Heredia emitió en 1837 un decreto por el cual eximía del pago de arriendos a quienes se enrolaran en la milicia. Además de tornar más atractivo el ingreso a las fuerzas confederales, esta fue una medida para desarticular las operaciones del poderoso ex marqués Fernando Campero, gran propietario de la región que apoyaba las maniobras de Santa Cruz. A los conductores de la guerra no les era ajeno que la puna presentaba más semejanzas con los departamentos bolivianos de Chichas y Lípez que con las provincias de la Confederación Argentina. De hecho, durante la contienda un grupo de indígenas de Jujuy se dirigió al gobernador de Lípez para solicitar su incorporación a ese territorio. Por su parte, Cecilia Fandos (2021) aporta una mirada más amplia de la militarización, al vincular puntualmente la rebelión del Batallón Dorrego de la puna (1837) ―en el contexto de la guerra― con la posterior sanción impositiva de la contribución directa en 1840 destinada a aquellos puneños que optaban por no enrolarse en las milicias.

La guerra hacía tambalear los pilares en los cuales se sostenía el orden social y político. Así, se fue generando un clima de tensiones durante la gestión de Alemán que incluía tanto a sectores sociales diversos como a territorios regionales de peso en el esquema provincial.

Como se mencionó, la otra cuestión relevante fue el tema del financiamiento. Emmanuel Parrado (2018, p. 109) señala la importancia que tuvieron los aportes de Buenos Aires y sienta en este argumento la dependencia de las provincias del norte al poder porteño. Como veremos en detalle más adelante, este fue un punto de conflicto que tuvo consecuencias en la recomposición política de las dirigencias en el norte.

Por su parte, Norma Pavoni (1981) acentúa que la guerra no fue una empresa general de la Confederación Argentina. Esta autora argumenta que Rosas sostuvo desde un principio que a las provincias del norte les correspondía hacer todos los sacrificios derivados de la contienda, dado que iban a ser las más beneficiadas con la victoria. El gobernador bonaerense tuvo escaso éxito para lograr el apoyo de las otras provincias del espacio confederal. Las excepciones fueron San Juan, Córdoba y Entre Ríos, aunque la ayuda de estas fue ínfima. La que más aportó fue Buenos Aires, contribuyó con armamentos, dinero y autorizó la firma de documentos pagaderos por esa provincia por el valor de 30.000 pesos. Sin embargo, según señalaron quienes conducían la guerra, estos aportes fueron insuficientes o no siempre llegaron a su destino correcto.

Las evidencias que observamos para el caso estudiado, muestran las enormes dificultades que hubo para sostener económicamente la guerra, en parte esto explica la caída de Alemán y la acusación que se le hizo por el manejo de los recursos y la forma de conseguirlos. Muchas veces las ayudas no llegaban y las quejas de los comandantes de regimiento se multiplicaban por doquier ante la falta de abrigo para la tropa y el mal estado de los caballos para la movilización del ejército. Tal fue el caso del comandante Esteban Iriarte, quien expresaba que por esos motivos era imposible avanzar en contra del enemigo o hacerle frente en caso de que sus fuerzas se aproximaran.^[16]

En los momentos más álgidos de la contienda, Alemán o su gobernador delegado Francisco Zavaleta por orden de aquel, apelaban a los jefes de los departamentos de la provincia para que reunieran ganado de sus respectivas zonas. Los aportes fueron variados; incluían a personas que contribuían con una sola vaca^[17] y otros con decenas, como el hacendado Pablo Soria que en enero de 1838 completaba las 300 cabezas que le habían pedido.^[18] Otros propietarios y comerciantes le prestaron sumas cuantiosas de dinero en metálico al Estado provincial para solventar los gastos de la guerra, como José López del Villar e Ignacio Segurola.^[19]

Las contribuciones a veces se solicitaban y en otras ocasiones eran forzosas. La provincia debía entregar recibos que luego habilitaran a los prestamistas a cobrar los recursos suministrados. Se puede constatar que para las grandes sumas se firmaron comprobantes cuya devolución después se solicitó al gobierno de Buenos Aires. Pero esto no pasó en todos los casos. Por ejemplo, Zacarías Olarte, encargado de recolectar auxilios del departamento de Perico, expresaba que tenía órdenes de no entregar recibos individuales a quienes aportaban ganado y, tras haberlo hecho de igual manera, fue duramente reprendido por el gobernador delegado Zavaleta. Este último entró en un fuerte entredicho con el comandante Esteban Iriarte que estaba a favor de dar recibos para luego ser pagados, tanto a los “pobres infelices” que contribuían quizás con todo lo que tenían como a los grandes propietarios que también “clamaban por comprobantes”.^[20]

El costo de la guerra en contribuciones de recursos y en reclutamiento de milicianos produjo un enorme malestar. En septiembre de 1838, Juan Ignacio del Portal ―notable local― en medio de un almuerzo con amigos criticó la gestión de Alemán y afirmó que “quería sacarlos a todos a la campaña contra los bolivianos, campaña que era inútil, donde pasarían malas noches”. También añadió que no jugaría, una vez terminada la comida, porque si ganaba Alemán le sacaría una contribución de 500 pesos.^[21]

Cuando Portal pronunciaba estas palabras, tropas del ejército boliviano comandas por Felipe Braun incursionaron y se apostaron en la jurisdicción jujeña de Purmamarca (región de la Quebrada de Humahuaca). Ante la amenaza de que estas tropas pudieran aproximarse a la ciudad, Alemán emitió un decreto y declaró a la provincia de Jujuy en “asamblea militar”, con la exhortación de que todo habitante entre 16 a 56 años inclusive se presentase en el término de 24 horas para enrolarse en la defensa de la provincia.^[22] Además, escribió a Rosas para indicar el estado crítico en el que se encontraba la provincia y las dificultades que tenía para conseguir financiamiento porque “ya no había qué sacar a los vecinos”,^[23] esto demostraría que no alcanzaba la ayuda de Buenos Aires. Es más, el gobierno que sucedió a Alemán, en mayo de 1839, continuó reclamando el pago de “una porción considerable de los auxilios sufragados al Ejército de la Confederación por el vecindario de esta Provincia, cuyos recibos no se incluyen en las letras giradas anteriormente”, por ende le solicitaba “tuviese por conveniente emitir en orden al pago de los auxilios preindicados”.^[24]

La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana paralizó el tráfico con los mercados altoperuanos, al cual estaban dedicados particularmente tanto productores como comerciantes del norte. Los aportes de fondos que realizó sobre todo la elite mercantil no siempre fueron abonados en su totalidad. La militarización en algunas regiones de la provincia, según muestran los estudios referenciados, fue compleja. Además, como veremos más adelante, la contienda bélica tensionó los vínculos que el gobierno federal había entablado con líderes y autoridades locales de peso en el interior provincial.

A finales de octubre, la frontera de Jujuy quedó a cargo de una pequeña fuerza apostada en Humahuaca. Los conductores de la guerra, Alejandro y Felipe Heredia junto con Pablo Alemán, dejaban los territorios que estaban en conflicto para dirigirse a las ciudades capitales de sus provincias a resolver los difíciles problemas de la política. Mientras tanto, las fuerzas de la Confederación Perú-Boliviana no avanzaron en territorio de la Confederación Argentina, se quedaron apostadas en Purmamarca porque Santa Cruz tuvo que hacer frente al ejército restaurador integrado por tropas peruanas y chilenas.

La conflictividad social se complementó con la política. El asesinato de Alejandro Heredia el 12 de noviembre de 1838 fue un punto de quiebre en la política regional. El protectorado que había montado prácticamente llegaba a su fin. Se abrieron entonces nuevas condiciones de posibilidad, que habilitaron renovadas instancias de actuación.

La fuerza que retornaba a la ciudad de San Salvador aprovechó la coyuntura y privó de su libertad al gobernador Pablo Alemán. La asamblea popular que se llevó a cabo resolvió inmediatamente dar por finalizado su mandato y someterlo a un juicio de residencia. En esa reunión de ciudadanos también fue elegido como gobernador interino José Mariano Iturbe,^[25] uno de los principales actores que llevaron adelante el proceso. La asamblea continuó depositando el manejo de las relaciones exteriores provinciales en el gobierno de Buenos Aires. Más allá de que Iturbe se declaró federal y contó con el apoyo contundente del gobernador de Santiago del Estero, Felipe Ibarra, el grupo que lo rodeó en su mayoría provenía de las filas unitarias, y tal vez este haya sido el principal contraste que lo diferenciaba del perfil de Alemán, quien también era federal.

La tramitación del juicio tuvo diferentes momentos y sumió a Iturbe en varias indecisiones, que las zanjó realizando consultas a la Sala de Representantes. Esta institución aprobó el acta que dio origen a todo el proceso y resolvió que fuera el Ejecutivo el que cumpliera con la “decisión soberana” nacida de la asamblea popular de residenciar al exgobernador Pablo Alemán.

Pese a proclamar en todas las notas oficiales que era la voluntad popular la fuerza que solicitaba el juicio, costó sumar voluntades para llevarlo adelante. En enero de 1839, el gobernador Iturbe en su mensaje a la legislatura expresaba: “he tenido que experimentar una profunda sensación de dolor en vista de la poca decisión con que mis conciudadanos han prestado a este acto [la residencia] de que depende la dignidad y el crédito de la Provincia”.^[26] La última no era una expresión al azar. Iturbe formaba parte del grupo de poder que había desplazado a un gobierno federal; necesitaba justificar el recambio para posicionarse frente a los principales líderes federales de la Confederación. El reconocimiento externo del nuevo personal político que gobernaba la provincia era preciso para garantizar la gobernabilidad. Más aún cuando circulaban rumores de que se estaba tejiendo un plan fuera de Jujuy para poner en libertad a Pablo Alemán, esta posibilidad muestra que este contaba con apoyos extralocales. Los rumores hablaban de una fuerza importante de hombres enviada por Rosas a cargo del fraile José Félix Aldao, y del apoyo de fuerzas movilizadas en la región de la frontera de Salta.^[27] Los rumores, más allá de haber sido inventados o con posibilidades de realización, se sostenían en datos concretos de la realidad histórica que eran verosímiles. En Cuyo, Aldao fue uno de los puntales que tuvo el rosismo y en diferentes oportunidades movilizó fuerzas a favor del orden federal (Bransboin, 2015). En tanto, desde la década de 1830, la región de la frontera de Salta fue un foco de febrilidad política que reunía a propietarios de tierras y unidades productivas que se enrolaron en el federalismo (Mata, 2012). Frente a estos posibles peligros, Iturbe ordenó trasladar al reo al punto de Maimará. El veredicto de la justicia podía afianzar el movimiento político que depuso a Alemán y legitimar el accionar de los hombres que se hicieron del gobierno.

La dirigencia reunida en la Sala de Representantes acordó que la residencia era el mecanismo preciso para que los gobernantes dieran cuenta de sus acciones de gobierno. Según se argumentaba, el proceso no “era una medida desconocida en nuestros Estados”. Un diputado afirmó que en 1820 fue “testigo ocular” del juicio de residencia que se hizo en Buenos Aires a los funcionarios que habían integrado el Directorio.^[28] El indicio nos muestra que circulaban experiencias que sostenían la realización del juicio en la sociedad local y los saberes requeridos para ejecutarlo. Asimismo, el juicio de residencia como tal aparecía reglamentado en otras constituciones provinciales o en proyectos de constitución,^[29] esto indica que los actores de Jujuy podían conocer esas reglamentaciones. En términos generales, los hombres que se disputaban el poder en este contexto fueron miembros de una elite que contaba con un amplio capital cultural. Este atributo se visualiza en las discusiones argumentadas que se dieron en la Sala de Representantes en 1835 (Medina, 2022).

La cultura jurídica resulta de primer orden, pues moldeaba el arco de posibilidades tanto de quienes oficiaron de jueces y sumariantes como de los testigos que acudían a prestar declaraciones (Barriera, 2019, pp. 663-694). También sostenía a la cultura política, ya que le brindaba herramientas y argumentos a los agentes para la resolución de conflictos específicamente políticos (Fradkin, 2010).

El tribunal fue designado por la asamblea popular que depuso al gobernador Alemán y luego fue ratificado por el Poder Ejecutivo. Los nombrados fueron Miguel Bárcena, Francisco Borja Fernández y Manuel Rosa de la Quintana. Eran oriundos de Jujuy, con sólidas relaciones sociales y familiares en la provincia. Ninguno tenía formación en derecho, pero sí contaban con conocimientos jurídicos porque se desempeñaban como agentes en la justicia local. Además, poseían capital político, atributo decisivo para encarar un proceso donde se jugaban los resortes del gobierno.^[30] En abril de 1839, Manuel Rosa de la Quintana sería reemplazado por el recién nombrado asesor de juzgados, el abogado Manuel Aniceto Padilla.^[31] Lo más probable es que estos hombres hayan gozado de cierta respetabilidad en la comunidad local. Tuvieron la función primordial de evaluar las cuentas de la gestión cuestionada, recibir las denuncias, elaborar las acusaciones y tomar las declaraciones. Sobre todo, intervinieron en la designación de los testigos y, de este modo, moldearon la orientación de la residencia.^[32]

Como en tiempos coloniales, el juicio de residencia que nos ocupa tuvo dos partes: una secreta y otra pública (Angeli, 2012). La primera fue la investigación que realizó el ministro de Hacienda de Iturbe, Mariano Vicente Torres, y el requerimiento de información a ciertos actores claves respecto al manejo de las cuentas públicas, mediante una instrucción sumaria. La segunda consistió en un bando por el cual se convocó al vecindario que se hubiera visto afectado por alguna conducta del exgobernador. El tribunal recibió toda la documentación y procedió a elaborar las acusaciones. Estas debían ser ampliadas, ratificadas o rectificadas por los declarantes.

Las declaraciones fueron tomadas por el comisario de policía Juan Ignacio Iriarte y el escribano de número Juan Manuel Gogenola durante el mes de junio de 1839. El sumariante tuvo un rol activo en las repreguntas a los testigos.

El 11 de abril de 1839, Pablo Alemán se fugaba de su lugar de detención en Maimará cuando el juicio estaba en los preparativos para el inicio. Iturbe no dudaba en asegurar que el motivo de su fuga era evitar la residencia. Hay un punto interesante que debe destacarse. El movimiento que puso en libertad al exgobernador y posibilitó su emigración a Bolivia, fue posible gracias a la red de lealtades que Alemán había construido en la Quebrada de Humahuaca, y también a una coyuntura que aquel supo aprovechar. En enero de 1839, la Sala de Representantes dictaminó una ley para poner los terrenos comunales de los indígenas en régimen de enfiteusis (Teruel, 2014, pp. 59-94). Esa medida representó un episodio más en la desestructuración sufrida por los pueblos de indios formados en la sociedad colonial (Sica, 2019, pp. 187-264). Según se advierte en la instrucción sumaria del caso, Alemán realizó diferentes promesas a las comunidades indígenas y a los jefes militares para derogar esa ley y así sumar apoyos con el fin de liberarse de la prisión y retornar al poder.^[33] Si bien el análisis de ese episodio no es objeto de este trabajo, interesa resaltar las diversas tensiones del contexto que estudiamos en esta ocasión e interrogarnos ―para continuar la pesquisa― respecto al impacto que pudo tener la desestructuración de las tierras comunales en la salida de Alemán y el cambio de gobierno.

Por su parte, Iturbe también contaba con aliados en la Quebrada de Humahuaca que lo alertaron de la fuga del exgobernador e impidieron que pudiera sumar apoyos para retornar al poder. Nos referimos a dirigentes indígenas con influencias, como veremos más adelante.

La residencia a funcionarios ausentes fue un tema que no se logró resolver en la época colonial ni en los primeros años de la posrevolución con reglamentaciones específicas (Polastrelli, 2019, pp. 245-306). El tribunal consideraba que sin la presencia de Alemán el proceso carecía de sentido. Por lo menos, solicitaba al Poder Ejecutivo que retuviera a Serapión de Arteaga, el ministro de Gobierno del gobernador caído en desgracia. Sin embargo, Iturbe ordenó que saliera de la provincia de manera urgente porque, según decía, “tuvo en vista razones poderosas y antecedentes que hacían indispensable esta medida”.^[34] Es posible conjeturar que Iturbe era deudor de compromisos políticos extraprovinciales y que Arteaga contara con el sostén político del mandatario de Santiago del Estero, principal aliado de Iturbe en el marco confederal. El ex funcionario abandonó Jujuy, se dirigió a Santiago del Estero y colaboró con el gobernador. Luego, en la década de 1840 participó en el gobierno de Salta (Cútolo, 1975).

Pese a esta situación, el juicio continuó su marcha. Dada su dimensión pública, es factible suponer que el proceso judicial se puede interpretar como un ritual político en el cual se pusieron en escena acusaciones que ponían de manifiesto un modo ideal de gobernar, al justificar la deposición del gobernador caído y legitimar al grupo que tomó el poder (Smietniansky, 2010). Además de lo señalado anteriormente, los bienes embargados a Pablo Alemán ―en el momento de su captura― representaban un botín que fue valorado por quienes encararon el juicio. Los embargos incluían acervos personales y dinero, tanto corriente como en deudas que particulares tenían con el exgobernador, y que el Estado provincial las cobró en el marco de la confiscación. En 1848, su viuda Juana Tamayo^[35] reclamaba al gobierno la devolución de:

siete mil cuarenta y dos pesos cinco y medio reales, de los valores en dinero y algunas especies que le fueron embargadas y entregaron a tesorería por orden del Gobierno, sin incluir otras muchas que se reputan pérdidas o de las que no se ha podido acreditar suficientemente su existencia.^[36]

La suma aludida por Tamayo no era de menor cuantía si consideramos ―siguiendo a Gustavo Paz (2003)― que un dueño de propiedades inmobiliarias del valor indicado por la viuda de Alemán, podía ser categorizado como un gran propietario a mediados del siglo XIX. Por su parte, el gobierno reconocía que utilizó la suma de $5.207 con 4 reales del “fondo de D. Pablo Alemán” para gastos del Estado provincial, tales como el pago de sueldos a agentes de gobierno o para afrontar gastos militares del conflictivo período que transcurrió desde fines de 1838 a 1841.

El personal político y judicial que investigó, acusó y tomó las declaraciones de rigor, estaba integrado por hombres que habían participado en la deposición de Alemán. Este era un grupo variopinto respecto de sus identificaciones políticas. Verbalizaron su adhesión al federalismo rosista pero en su seno se albergaron antiguos unitarios de peso. A mediados de 1839 el proceso se paralizó prácticamente y se intentó reflotar un par de meses después sin conseguir resultados favorables. Pese a que la Sala de Representantes, con acuerdo del Poder Ejecutivo, nombró un nuevo tribunal para que resolviera todo lo actuado, las nuevas redefiniciones políticas impidieron la continuación. La Coalición del Norte, formalizada en abril de 1840, dividió a la dirigencia que se mostró amalgamada al momento del reemplazo de Alemán. Puntualmente, Iturbe ―actor central del proceso― fue desalojado del poder en la Pascua de aquel año. La legitimación que se perseguía con la realización del juicio se había tornado innecesaria, dado que una parte del grupo que lo había emprendido ya no se encontraba en el gobierno. Una vez más, como era común en tiempos de las autonomías provinciales, la dimensión judicial estuvo inmersa en la faccionalidad de la política.^[37] Por lo demás, el nuevo sector que estaba en el poder pudo contar con los fondos confiscados al exgobernador.

El Tribunal de Residencia recibió diferentes denuncias en contra del comportamiento de Pablo Alemán, y el ministro de Hacienda realizó una investigación. Esta documentación nos aporta datos respecto de las tensiones que se fueron condensando durante la administración del gobernador depuesto, y contribuye a explicar su reemplazo y el consecuente proceso judicial.

Una de las presentaciones corresponde a dos líderes indígenas de la Quebrada de Humahuaca, Eugenio Catacata y Rufino Canchi; fue formalizada a través de un documento elaborado por Mariano Baigorrí. En ese texto denunciaban al exgobernador por haberles cobrado una multa de 200 pesos al primero y de 100 pesos al segundo, cifra que abonaron con metálico y animales. El motivo argüido por Alemán fue que estos jefes no cumplieron la orden de abandonar la región de la Quebrada en 1838 ante la invasión del ejército boliviano, e incluso, habían comerciado con el enemigo. En su defensa, estos hombres dijeron que desconocían la orden de retirada, por lo tanto, solicitaban la devolución de lo confiscado.^[38] Puntualmente, como lo señala Gabriela Sica (2022), el cacique Catacata era un notable del pueblo de Tilcara con conexiones y lealtades en toda la región.^[39]

Los planes de Alemán de retornar al poder fueron delatados por Catacata e integrantes de la familia Canchi. En agosto de 1839, el alférez Rufino Canchi le escribía a Iturbe desde Tilcara para informarle sobre la situación de la región y, entre los asuntos que mencionaba, le decía que tuviera cuidado con la ida del comandante Pedro Aramayo a Buenos Aires: “porque éste lleva muchas mentiras en contra de nosotros… también le aseguro que está muy resentido de U. y de todos nosotros que estamos implicados en el día”. A esto agregó que conocía los procedimientos de Aramayo porque “hemos andado juntos y sé sus operaciones”.^[40] ¿Por qué tendrían que cuidarse con lo que podía llegar a decir Aramayo? ¿Quiénes eran los “implicados en el día”? El indicio refiere a la vinculación política entre estos actores de la Quebrada y Mariano Iturbe en contra de Pablo Alemán, quien al parecer contaba con el apoyo de Rosas. Como parte de reciprocidades políticas, Iturbe ―con acuerdo de la Sala de Representantes― le había concedido a los jefes indígenas el usufructo de una parte de los diezmos de Tilcara que correspondían al año 1838.^[41]

Las presentaciones realizadas denotan las tensiones generadas por actores claves de la Quebrada de Humahuaca. Los enconos socavaron el apoyo que los líderes indígenas le habían dado a Alemán. Ahora, en la nueva coyuntura, acercaban posiciones con Iturbe con el propósito puntual de recuperar lo que aquel les había confiscado; ese cambio evidencia que las lealtades políticas eran versátiles. En este caso, las variaciones se daban dentro del propio federalismo. Posiblemente, otras tensiones como las que surgieron entre líderes indígenas y criollos por conflictos territoriales y de acceso a la propiedad en la Quebrada, podrían explicar quizás las alianzas políticas de estos notables locales con la dirigencia provincial.^[42]

El ministro de Hacienda de Iturbe evaluó los libros contables y se convocó a cuatro personas para declarar. El funcionario tenía información previa y sus interrogatorios no solo se sostenían en las cuentas verificadas. Un testigo informó que había recibido ganado ovejero por el pago de diezmos, pero que el exgobernador lo obligó a cambiar el concepto. También declaró el encargado de realizar los fletes durante el gobierno de Alemán. En uno de los recibos figuraba que hizo un viaje a Salta por motivos gubernamentales y le habían abonado doce pesos; sin embargo, el testigo afirmó que efectivamente concretó el viaje pero era para el traslado de la familia del exgobernador, y le habían pagado once pesos.^[43]

Las otras dos declaraciones corresponden a sendos actores de peso en la Quebrada de Humahuaca. Por un lado, se llamó a prestar testimonio al comandante Francisco Pastor por una entrega de cien pesos que le habría realizado el gobierno en 1837 para gastos de la guarnición, y quedó pendiente la remisión del detalle de los gastos por parte del militar; pero este señaló que no había recibido esa suma.^[44] Por otro lado, se interpeló al comandante Juan Cáceres por un decomiso de aguardiente y efectos de ultramar realizado en 1837 cuando era teniente gobernador de la puna. El testigo señaló que había recibido órdenes de Alemán para que se vendiera la mercadería. Parte de la venta se abonó en efectivo y ese monto se remitió al exgobernador; la otra parte, se fio (a pagar a futuro). Respecto a los fiados, el declarante afirmó que desconocía si efectivamente se habían pagados, dado que él fue puesto en prisión por el ejército boliviano.^[45]

Estos juicios de residencia habilitaban a diferentes actores a presentar sus quejas en contra del residenciado (Martín Romera, 2019; Moreno Amador, 2019). Esta instancia se dio en el caso de Jujuy y los actores que hicieron llegar sus demandas al estrado judicial, como vimos, eran personajes influyentes en la región de Humahuaca y estaban inmersos en redes de poder local. Pero, también en la instancia de investigación fueron convocados a prestar declaración actores subalternos, como el encargado de realizar los fletes del gobierno. Sin duda, estos testimonios fueron relevantes para formular las acusaciones.

No sabemos la magnitud que pudo tener ―de haber sido cierta, así como se manifestó en el proceso judicial― la malversación realizada por Alemán. No obstante, a partir de la reconstrucción y el balance elaborado en 1848 de la confiscación de sus bienes, se concluyó que el personaje residenciado le debía $3.532 con 5 reales al fisco provincial. En esa suma se incluían gastos extraordinarios sin justificación que correspondían al período de la contienda bélica (1837-1838), y aumentos de sueldo realizados a algunos funcionarios.^[46]

En mayo de 1839, el Tribunal de Residencia formuló las acusaciones a partir de toda la información recabada, tanto de forma pública como privada. Los hechos denunciados eran “notorios” y se procedía a las declaraciones para “comprobación legal de ellos”.^[47] El interrogatorio que se realizó a los declarantes versaba en torno a seis afirmaciones-acusaciones relativas a la conducta política de Pablo Alemán.

El primer punto estaba relacionado con el manejo de los recursos destinados a la guerra contra de la Confederación Perú-Boliviana. La queja provenía de aquellos individuos que aportaron dinero o ganado para sostener la contienda, con la promesa de que esos aportes iban a ser devueltos con fondos girados por el gobierno de Buenos Aires, cuestión que sucedió de forma parcial. Por la declaración de Francisco Zavaleta y Carlos de Aguirre, funcionarios de la gestión de Alemán que se encargaban de las transacciones, se sabe que el dinero que vino de Buenos Aires no alcanzó para abonar todos los recibos que tenían valor de “pagarés”. Algunos se quejaron porque el dinero que les pagaron procedente del gobierno porteño había perdido su valor o, como se abonaba el ganado aportado, que el precio pagado por las reses era inferior al de mercado. Según el gobernador de Buenos Aires, hasta septiembre de 1838 se habían saldado todas las letras giradas.^[48] No obstante, prestamistas como Marcelino Sánchez de Bustamante afirmaba que nunca se les abonó las más de treinta reses aportadas.^[49] A otros no les emitieron recibos por su contribución.^[50] También Alemán fue acusado de quedarse con una parte de los fondos pagados por Buenos Aires y cambiarlos por efectos de ultramar que vendía en las tiendas comerciales de San Salvador. El único testimonio que ratificó esta denuncia fue el de Isidro Varela, quien había sido juez de política durante la administración en cuestión.^[51]

Las declaraciones muestran que los efectos materiales de la guerra y la militarización fueron debilitando las relaciones sociales que habían sostenido el orden político liderado y construido por Pablo Alemán.

Asimismo, se responsabilizaba al exgobernador de apropiarse el ganado de testamentarias de los niños que quedaban huérfanos. Hubo declaraciones que afirmaron que lo usaba para el consumo de la tropa. Ahí, la denuncia era por haber violentado la ley, ya que le correspondía al juzgado de segunda nominación encargarse de este asunto. Más allá que esta crítica fue utilizada como un argumento más para justificar el reemplazo del exgobernador y que la división de poderes durante gran parte del siglo XIX fue más bien una expresión de deseos, nos muestra las características que adoptó el régimen republicano provincial y las aspiraciones de cómo debería haberse contorneado y delimitado el sistema político (Sabato y Ternavasio, 2020, pp. 9-18).

Las interpelaciones de “abuso de poder” y de “arbitrariedades” que se le imputaban a Alemán, se deben entender en una trama más densa de la cultura política local y en las discusiones que se dieron en el seno de su dirigencia. Las atribuciones y especificidades, tanto de agentes políticos como de las diferentes instituciones que formaron parte del gobierno, fueron febrilmente debatidas en la sanción del Estatuto Provincial de 1835 y en las reformulaciones de este en 1839 y 1851. A su vez, la Sala de Representantes ―durante la primera mitad del siglo XIX― trató en varias oportunidades reglamentaciones vinculadas a la práctica judicial.

El segundo eje de acusación al exgobernador Alemán estaba relacionado con los negocios particulares que habría tenido el acusado en la confección de los uniformes para los milicianos y los empleados de la provincia. Se comentaba que el decreto emitido por el cual ordenaba el uso obligatorio de uniformes era parte de sus especulaciones personales, dado que con anterioridad se había previsto el monopolio de este comercio. Alemán ―según se afirmaba― tenía todos los productos necesarios para la confección de los uniformes que estaban a la venta en la tienda de Roque Alvarado. Este último manifestó que Aleman le hacía vender los productos a precios exorbitantes, y él accedía por “el despotismo del exgobernador”; quien además lo autorizó a fiar y luego le hizo pagar de su propio bolsillo el dinero de los fiados, capital que nunca logró recuperar de parte de los consumidores. Tampoco se le abonó la renta por la venta de los productos en su comercio.^[52] Vale mencionar que su testimonio no fue confrontado con otro y que Alvarado era un personaje notorio de la política de esos años, y en ese momento trabó lealtades con el gobernador Iturbe que tuvo injerencia en el proceso judicial. Otras declaraciones ―como la del ex funcionario Carlos de Aguirre―, alegaron que Alemán en algunos casos hizo confeccionar los uniformes y se los descontaba a los empleados de sus sueldos.^[53]

El tercer punto de las denuncias efectuadas por el Tribunal de Residencia se refería a confiscaciones innecesarias e injustas en el marco de la guerra, como el secuestro de varios cestos de coca que los indios yungueños de Bolivia intentaban comercializar en Jujuy en 1838, y la posterior venta de la mercadería decomisada. La declaración que ratificaba esta acusación fue nuevamente la del juez de policía Isidro Varela.

Otras acusaciones se vincularon con la remodelación que hizo Alemán en la plaza principal y la colocación de una placa con su nombre. Se afirmaba que para tal emprendimiento usó hierros de su propiedad y este insumo se lo vendió al Estado provincial a precios elevadísimos. Todos los testigos que fueron interrogados respecto a este punto ratificaron ese hecho, pero sin señalar ningún episodio preciso y tampoco presentaron pruebas.

El Tribunal de Residencia estructuraba el posible campo y la modalidad de acción de un Poder Ejecutivo afín con las críticas realizadas al exgobernador. En particular, resaltaba la existencia de un gobierno que no realizase negocios individuales ni obtuviese beneficios personales con el ejercicio del poder.

Finalmente, se denunció a Alemán por “castigar y premiar” políticamente a las personas según adhirieran o no a su gobierno; al respecto, se mencionó la persecución a los “Señores Santibáñez, Alvarado, Portal, González”.^[54] Está comprobado que a Santibáñez lo deportó de la provincia por considerar lo “funesto que era para el país”, como le explicó a Rosas en una carta.^[55] Y a Juan Ignacio del Portal por “haberle llegado a oídos [de Alemán] que le profirió insultos”, motivo por el cual lo arrestó y para recobrar su libertad tuvo que pagar una multa (Vergara, 1937, pp. 235-236). Pese a ello, estos hombres no fueron llamados a declarar ni se hicieron más menciones a lo largo del sumario. No se aludió a “delito de facción”, como sí ocurrió en otros juicios de residencia postrevolucionarios, la crítica se orientaba a ese esquema de percepciones que tenía su matriz en la visión de “unanimidad política” antiguo-regimental.

El juicio de residencia a Pablo Alemán se interrumpió en esta primera etapa, dado que la fuga del acusado imposibilitó la defensa y contrastar las acusaciones.

Más allá de que el juicio no se resolvió, las declaraciones tomadas en 1839 justificaron la interrupción del gobierno de Pablo Alemán. El mayor cuestionamiento a la gestión caída fue aquel relacionado con la guerra, una contienda que consumió los recursos de las arcas públicas y los bienes de los particulares, situación que generó un amplio descontento social y puso de manifiesto las tensiones provocadas por el conflicto bélico. A su vez, el proceso judicial exhibía las representaciones de la elite dirigente que lo llevó a cabo, referidas a las prácticas políticas permitidas y las que eran cuestionadas. La fuga de Pablo Alemán condicionó el juicio porque no hubo defensa del acusado, no se confrontaron declaraciones, ni tampoco una visión muy diferente a las imputaciones vertidas, todo lo cual hace alusión a las negociaciones previas al juicio de residencia. Los ex funcionarios de Alemán que testificaron, intentaron despegarse de la administración cuestionada y evitaron relatar cualquier hecho que los pudiera comprometer. Otras declaraciones fueron vertidas por personajes claramente opositores a Alemán, como Roque Alvarado, quien colaboró en la captura de los milicianos cómplices de la fuga del exgobernador y fue el encargado de llevar a cabo el sumario.

El juicio de residencia fue decidido por la asamblea popular que confirmó el desplazamiento del gobernador federal Pablo Alemán en noviembre de 1838. ¿De dónde surgió la idea de emprender un juicio de residencia? Según se puede observar a través de las discusiones vertidas en la Sala de Representantes, había actores que en 1820 presenciaron el juicio de residencia promovido al Directorio en Buenos Aires. Los hombres que ocuparon los puestos de gobiernos poseían capital cultural y político, eran actores que contaban con saberes en legislación y en experiencias políticas de otras provincias. El juicio de residencia era un instrumento legal, disponible sobre todo cuando uno de los motivos de la querella era el manejo que los gobernantes realizaban de las finanzas públicas, como sucedía en tiempos coloniales. El elenco político de Jujuy que asumió las riendas del poder luego del gobierno de Pablo Alemán, eligió la dimensión judicial para poner de manifiesto su diferencia con la gestión anterior.

En esta coyuntura se puede ver cierto consenso en la dirigencia local que tuvo a su cargo la evaluación de la gestión depuesta. El proceso fue liderado por Mariano Iturbe, quien verbalizó su adhesión al federalismo y articuló posiciones con el gobernador de Santiago del Estero Felipe Ibarra. Dentro de la provincia, el grupo político que llevó y sostuvo a Iturbe en el poder estaba integrado por personajes diversos, entre los cuales se destaca un nutrido conjunto de hombres provenientes de las filas unitarias. Tal vez por estas vinculaciones, el principal interesado en que se llevara a cabo el juicio fue Iturbe. Era necesario mostrar a la dirigencia federal de la Confederación que el reemplazo del gobierno se justificaba por sus abusos de poder y por las arbitrariedades cometidas. Mucho más cuando circulaban rumores de que Alemán contaba con apoyos extralocales, en especial el de Juan Manuel de Rosas. No es un dato menor que luego de sus peripecias por diferentes espacios, Pablo Alemán haya terminado como funcionario del rosismo en la provincia de Buenos Aires en la década de 1840 (Zinny, 1921).

El proceso judicial mostró las articulaciones políticas existentes en la Quebrada de Humahuaca entre quienes ejercían el Poder Ejecutivo provincial y las autoridades locales de la región. Por un lado, Mariano Iturbe había tejido relaciones con los líderes indígenas Eugenio Catacata e integrantes de la familia Canchi de Tilcara. El mandatario aprovechó el encono que estos actores tenían con Alemán por el conflicto bélico con Bolivia. También se evidencia la agencia de estos personajes al negociar su apoyo político. Por su parte, el exgobernador ―preso en Maimará― logró contar con el sostén de jefes departamentales como Juan Cáceres, quien colaboró en el intento de restituir a Alemán en el poder. A su vez, este último pretendió seducir a las comunidades indígenas para que apoyasen su liberación y su retorno al gobierno a cambio de no innovar en la política relativa a la propiedad de la tierra que emprendió la gestión de Iturbe. Sabemos que Alemán solo logró escapar rumbo a Bolivia en abril de 1839.

El asesinato de Alejandro Heredia el 12 de noviembre de 1838 febrilizó las decisiones que se tomaron a fines de ese año. No había dudas de que Heredia fue el árbitro y el líder de la política regional durante el protectorado (1836-1838). Su muerte puso fin a ese andamiaje de poder y aceleró el recambio político en cada una de las provincias que lo integraron.

Los efectos sociales provocados por la guerra contra la Confederación explican también el cambio en el orden político de Jujuy. El juicio que analizamos mostró el cúmulo de tensiones y de conflictos que se generaron en la sociedad local por la contienda bélica. En este sentido, por un lado podemos citar la paralización del comercio con los mercados andinos y los aportes que tuvo que hacer la elite económica de Jujuy para el sostenimiento de la guerra. Las acusaciones al exgobernador Pablo Alemán dan cuenta de que las contribuciones fueron devueltas parcialmente, y las declaraciones aludían a la malversación de fondos por parte de aquel. Asimismo, las evidencias muestran que el dinero girado por el gobierno de Buenos Aires no fue suficiente. Este es un punto interesante, dado que es posible conjeturar que un sector de la dirigencia encontró en esta posición un foco de conflicto con Juan Manuel de Rosas y que ello se dirimió en la formación de la Coalición del Norte en 1840. La mayoría de los hombres que depusieron a Alemán, afectados por la guerra, luego se enrolaron en el movimiento antirosista.

Por otro lado, la guerra con Bolivia aceleró algunas decisiones que ya se planeaban, como el cambio en la estructura fiscal. En este sentido, la emergencia económica resultó un argumento de peso para instaurar el sistema de enfiteusis que desarticuló la propiedad comunal indígena.

Las acusaciones y declaraciones vertidas en el proceso judicial denotan las visiones del personal que lo llevó a cabo respecto de la forma ideal de gobierno. Se pretendía que el Poder Ejecutivo no intervenga en las decisiones de los juzgados del aparato judicial y que no haga negocios personales con los fondos públicos. Sin embargo, corresponde señalar que el grupo político que desplazó al actor residenciado integró la Sala de Representantes e intervino en la ejecución de la residencia, aspecto que complejiza la especialización de los poderes republicanos y permite observar la solidez política de aquel conjunto de actores.

Resulta interesante considerar la dimensión pública del juicio, que incluyó sumarios previos a la realización y convocatorias para denunciar los actos de “despotismo” del exgobernador. La ritualidad, en tanto escenificación y teatralización, sirvió para comunicar a la comunidad provincial la conducta que se condenaba del exgobernador y, al mismo tiempo, justificar el cambio de gobierno en el marco de la Confederación Argentina.

Como mostramos, el armado que logró el sector que ocupó el poder luego de Alemán garantizó la ausencia de voces disidentes en el juicio, instancia que se vio favorecida con la fuga del exgobernador, hecho que impidió su defensa. Hubo un intento de reflotar la prosecución del juicio en los primeros meses de 1840, pero la conflictividad que rodeó el ingreso de la provincia a la Coalición del Norte opacó ese objetivo. El gobernador Iturbe, uno de los actores centrales de la residencia a Alemán, fue desplazado del poder y ahora la dirigencia tenía otras cuestiones a resolver. El dinero confiscado al exgobernador permitió cubrir algunos de los gastos del estado provincial entre 1839 y 1841.

[1] Este trabajo se desarrolla en el marco de nuestra beca postdoctoral del CONICET dirigida por la Dra. Valentina Ayrolo y codirigida por la Dra. Sara Mata; forma parte de los Proyectos CIUNSa 2474 y PUE Idea (ICSOH-UNSa). Agradecemos a la Dra. Gabriela Sica y al Prof. Raúl Fradkin por los valiosos comentarios realizados al texto, así como a los efectuados por los evaluadores anónimos de la Revista. Cualquier error u omisión pertenecen al autor.

[2] Acta del 20 de noviembre de 1838. Documentos provinciales, caja 2, carpeta 1. Archivo de la Legislatura de Jujuy (ALJ), provincia de Jujuy, Argentina. Entre 1835 y 1852, las asambleas populares –denominadas así en la documentación– fueron recurrentes en la historia política jujeña. Eran espacios asambleísticos de toma de decisión para definir recambios de gobierno o legitimar resoluciones como la cesión provincial de las relaciones exteriores en el gobierno de Buenos Aires (1849). Las asambleas populares se constituían cuando la Sala de Representantes estaba en receso o clausurada por la faccionalidad política, las resoluciones asamblearias luego eran discutidas y avaladas por la Sala. Se realizaron en la ciudad de San Salvador; es decir que tenían un fuerte componente urbano y participaban miembros de la elite local apoyados, eventualmente, por alguna fuerza miliciana. Por ejemplo, en 1838 firmaron el acta 68 personas, entre las cuales se contaban reconocidos personajes de los circuitos económicos locales y regionales. En varias ocasiones, la documentación consigna “siguen las firmas”, esto dificulta estimar y analizar la participación y composición social de los adherentes, aunque es posible suponer que estuvieron sostenidas también por sectores subalternos. Para mayor detalle, véase Medina (2021).

[6] El texto de José M. Mariluz Urquijo (1952) es un clásico para comprender las variaciones que se dieron en los juicios de residencia en Hispanoamérica durante la Colonia. Desde versiones analíticas renovadas, se pueden citar los trabajos de Oscar Trujillo (2009), este autor indaga los juicios de residencias de Buenos Aires durante el siglo XVII teniendo en cuenta las lógicas del poder; también las investigaciones de Silvina Smietniansky (2010) para el Tucumán colonial cuando focaliza en los juicios políticos desde su dimensión ritual. Para un balance historiográfico sobre las residencias durante la etapa colonial en Castilla y en Hispanoamérica, véase Alfonso J. López Heredia (2022, pp. 413-435).

[9] La Coalición del Norte (1840-1841) integró a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca en una región política que se opuso al liderazgo de Juan Manuel de Rosas en la Confederación Argentina, le retiró el manejo de las relaciones exteriores y defendió un proyecto constitucional. En la segunda mitad de 1841, la Coalición fue vencida por las fuerzas rosistas.

[12] María Ángeles Martín Romera (2019), al estudiar los juicios de residencia en la Castilla moderna, afirma que las coincidencias en los testimonios de los declarantes pueden haber sido el resultado de procesos de negociación previos a la ejecución de las residencias.

[16] Nos referimos a dos notas enviadas por el comandante Esteban Iriarte: una al general Ángel Zerda desde el Puente de Purmamarca fechada el 25 de abril de 1838, otra al gobernador Pablo Alemán desde Volcán fechada el 3 de mayo de 1838. PG, caja 1.

[19] Se firmaban libramientos a López Villar por la suma de 1700 y a Ignacio Segurola por 1821. Además, se libraron letras a Juan José Guerrero por 330 pesos y a Pedro José Sarverri por 521, entre otros casos. Sala X, 27-08-13. Archivo General de la Nación (AGN). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

[25] En enero de 1839 era ratificado en propiedad por la Sala de Representantes. Continuó en el gobierno hasta abril de 1840, cuando una nueva movilización de hombres armados lo depondría del poder y la provincia se sumó en la Coalición del Norte.

[29] Por ejemplo, las diferentes constituciones sancionadas en Corrientes consideraron el juicio de residencia. Además, figuraba normado en los estatutos de Córdoba (1821), San Luis (1832) y Catamarca (1823), así como en los proyectos de constitución de Santiago del Estero (1835) y Buenos Aires (1833), ver Ramírez Braschi (2002).

[30] De Bárcena sabemos que estudió en el Colegio San Carlos de Buenos Aires sin recibirse de abogado (Sánchez de Bustamante, 1957, pp. 208-209). Los tres, entre 1830 y 1840 en diferentes momentos ocuparon el juzgado de Primera Instancia. Borja Fernández, además tenía un amplio capital político dado que fue en numerosas oportunidades diputado de la Sala de Representantes.

[39] Durante su larga vida, participó en las guerras de Independencia. Se enroló en la jefatura político-militar de Martín Güemes, luego fue juez territorial con participación decisiva en los procesos electorales y, desde 1839, fue uno de los integrantes de la Comisión de Enfiteusis que parceló las tierras comunales de la Quebrada (Sica, 2022).

[42] Sobre los conflictos locales por el acceso a la propiedad de la tierra y el derrotero seguido por los pueblos de indios en la Quebrada de Humahuaca durante la etapa colonial y sus proyecciones en el siglo XIX, consultar Gabriela Sica (2019).