Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Universidad Nacional del Comahue

Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales. Grupo de Estudios de Historia Social

El proceso de democratización inaugurado en 1983 en Argentina tuvo un fuerte impacto en las universidades públicas y en las instituciones científicas del Estado, ya que las mismas se convirtieron en espacios privilegiados donde un número importante de cientistas sociales, además de reflexionar y debatir sobre diferentes tópicos y temáticas, comenzaron a desarrollar una producción significativa para la época. Ese corpus intelectual no solo tuvo su base de sustentación en los ámbitos académicos tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, sino que se expandió con fuerza hacia los centros de investigación de las universidades públicas del interior de nuestro país.

Necesariamente, los resultados de diferentes debates, particularmente de investigaciones llevadas a cabo en el campo de las ciencias sociales, requerían órganos de difusión que pudieran canalizar esta demanda de visibilizar esta novel y creciente producción. De esta manera, ya desde comienzos de la década del noventa fueron apareciendo una serie de revistas universitarias que tuvieron como objetivo principal promocionar y difundir, entre otros aspectos, las investigaciones sociales que se desarrollaban en las instituciones de educación superior^[1] del interior del país.

En ese marco verá la luz Quinto Sol, con similares objetivos pero particularmente enfocado a visualizar la producción de grupos de investigación y de investigadores independientes que provenían la mayor parte de ellos de las universidades públicas patagónicas. La publicación de esas contribuciones en esta revista permitió conocer con mayor claridad y precisión parte del proceso histórico patagónico y, paralelamente, el abordaje de temáticas desde la perspectiva regional acentuó el carácter original que tuvieron dichos procesos.

A partir de estas consideraciones previas y del análisis de algunas situaciones concretas acaecidas en el territorio patagónico, expresadas en textos publicadas en Quinto Sol, intentaremos demostrar la validez de la perspectiva regional en cuanto a poder conocer las peculiaridades y características de la historia social en determinados ámbitos regionales y, al mismo tiempo, plantear la contribución que esta misma línea conceptual puede hacer a una historia social nacional.

Sin lugar a duda, la perspectiva regional juega un rol importante para tamizar categorías analíticas concebidas para realidades diferentes a los espacios patagónicos o, directamente, poder elaborar nuevas herramientas conceptuales para definir situaciones singulares de la región.

En este sentido, como ejemplo de lo que estamos expresando, debemos señalar que uno de los campos donde se planteó esta utilización de la perspectiva regional para redefinir categorías de análisis fue aquella relacionada con la cultura de los trabajadores.

En efecto, la mayor parte de los estudios referidos a esta temática en el orden regional destacan la diferencia que existe –principalmente en términos culturales– entre aquellos trabajadores de los emprendimientos estatales y la de los ámbitos rural y urbano. Por lo tanto, la tradicional división entre mundo urbano y rural resulta insuficiente para abarcar y contener la totalidad del espacio patagónico, pues, en territorios como este con población escasa y dispersa, algunas concentraciones obreras –fundamentalmente las que dependen del Estado nacional– constituyen espacios culturales autónomos y diferenciados, por las características que se dan en ellas, tanto del ámbito urbano como del rural.

Un segundo ejemplo que abona estas reflexiones se enmarca en la historia política social y tiene que ver con el primer peronismo en la región patagónico. Es común leer en la profusa bibliografía que se refiere a este tema, que el proceso que se inició a mediados de la década del cuarenta va a integrar a la clase trabajadora al sistema político, entendiéndose por “clase trabajadora” a los trabajadores urbanos, principalmente obreros industriales localizados en las grandes ciudades del litoral.

Curiosamente, en los territorios nacionales de la región patagónica la característica distintiva dentro de la clase trabajadora regional es precisamente la escasa presencia de trabajadores urbanos y prácticamente la inexistencia de obreros industriales. Sin embargo, también en estos espacios el peronismo va a integrar a sus habitantes a la esfera de lo político, especialmente a los sectores populares rurales. Es decir, que en este escenario regional será un actor social diferente el interpelado, e igualmente formará parte constitutiva de ese primer peronismo.

En definitiva, este apretado recorrido a través de estos ejemplos nos permite fundamentar el valor que debemos adjudicar en el plano metodológico a la perspectiva regional, ya que esta mirada nos posibilita captar los rasgos distintivos ante un mismo problema, tal el caso que hemos analizado de la cultura de los trabajadores.

No obstante, como queda demostrado en el segundo ejemplo, la perspectiva regional, al señalar lo particular y distintivo en cada caso, contribuye a comprender ciertos procesos nacionales que como en el caso del peronismo plantea no pocas complejidades en el ámbito patagónico, sobre todo en su relación con los trabajadores –teniendo en cuenta los diferentes actores presentes y el mundo del trabajo en el cual se desenvuelven– pero que en definitiva, también como en el resto del país, termina incluyéndolos social y políticamente.

Si bien son numerosos los artículos publicados por Quinto Sol que abordan como temática el escenario patagónico, muchos de ellos sugerentes y de muy buena factura, solo me voy a referir en este apartado a aquellos que a mi juicio sirven más nítidamente para visualizar la mirada que incluye la perspectiva regional en la historia social patagónica. Son cuatro artículos que tienen que ver con el devenir de ciertos sujetos sociales: las niñas indígenas y los trabajadores territorianos, pero también el accionar de instituciones como la Congregación Salesiana y la justicia, particularmente el régimen carcelario, que marcan cierta originalidad respecto de otros espacios.

En el primer caso, analizaremos el artículo de María Elba Argeri (1998) acerca de las niñas indígenas depositadas y su destino como mano de obra infantil en Río Negro a principios del siglo XX. Este trabajo tiene la virtud de vincular algunos problemas fundamentales que se sucedieron en los territorios patagónicos al finalizar la ocupación del espacio pampeano-patagónico; como lo fueron el destino final impuesto por la justicia a las menores en emergencia, particularmente a las que provenían de las familias indígenas, y el mecanismo de conversión de esas mismas niñas en mano de obra infantil.

A partir de presentar e investigar seis casos, la autora describió el tortuoso mecanismo por el cual las niñas transitaron un camino que se inició en el extrañamiento de su grupo familiar hasta llegar a convertirse en mano de obra barata en casas de familias consideradas “decentes”, en conventos y en colegios de monjas, con destino al trabajo en talleres o captadas por diferentes redes de prostitución para nutrir los prostíbulos del país a principios del siglo XX.

Si bien esta realidad se sucedía, con algunos matices o pequeñas diferencias a lo largo y ancho del país, lo peculiar y distintivo para el territorio patagónico fue que ese proceso se amplificaba y se nutría con lo sucedido específicamente a las niñas indígenas, en el marco del proceso de integración aborigen. En efecto, Argeri relató como avanzó la justicia en los nuevos territorios patagónicos en la aplicación de dos instrumentos jurídicos básicos: el matrimonio civil y la patria potestad. Este último llevó a la desorganización de los grupos domésticos y, al mismo tiempo, favoreció el depósito de menores, ya que el accionar de la justicia se volvió implacable hacia aquellas familias indígenas que no contaban con un varón como referente. Como señaló la autora en otro de sus textos:

En las familias que estaban organizadas solas o grupos de mujeres relacionadas por parentesco, la fuerza de la policía y la justicia se ejerció despiadadamente. Se alegaba la incapacidad para ejercer tutela sobre su prole y se destacaba que nunca habían estado casadas legalmente –y por tanto en condición de sujeción a un varón, las que las incapacitaba legalmente–, que eran libertinas que habían pasado toda su existencia “viciadas” por el amancebamiento, permitiendo que muchos varones ajenos a la familia se asentasen como “agregados” permanentes o circunstanciales en los ranchos”. (Argeri, 2005, p. 243)

Entonces, las mujeres acusadas de libertinaje perdían a sus hijos y la justicia los alojaba en casas decentes o bien los entregaba a la Iglesia o a instituciones de beneficencia bajo la tutela de los jueces de menores o del ministerio popular, adscritos a la figura del depósito de menores. De ese modo, en muy poco tiempo durante esta etapa ese mecanismo que adoptó la justicia se convirtió en vehículo significativo para la provisión de mano de obra infantil, la que con escaso o nulo control fue no pocas veces objeto de coacción y explotación.

El segundo ejemplo tiene como temática principal el tiempo libre de los trabajadores en la Patagonia norte en la primera mitad del siglo XX, el consumo del mismo en términos de cultura política, en las prácticas recreativas y deportivas, en la lucha entre los sindicatos, la Iglesia católica y el propio Estado para incidir en el mundo de los trabajadores fuera de la jornada laboral (Mases, 2005/2006).

Como sabemos, a principios de siglo la reducción de la jornada de trabajo y el descanso semanal hizo que se ampliaran los momentos de ocio de los trabajadores. Ese aspecto determinó que el mismo pasara a ser un objetivo que se disputaron por igual las organizaciones políticas y sindicales, con sus diferentes representaciones ideológicas, así como la Iglesia católica y el propio Estado, no solo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires o de las grandes ciudades del Litoral sino que esto también se reprodujo en el escenario de la norpatagonia, aunque con ciertas particularidades propias del ámbito regional.

En efecto, desde muy temprano el mundo de los trabajadores urbanos de la región se fue configurando de acuerdo con tres rasgos principales: eran recién llegados, estaban en plena inserción social y necesitaban por lo tanto de instituciones que sirvieran a ese fin. Para el caso que nos ocupa, las asociaciones mutuales, los clubes deportivos, las parroquias con sus círculos de obreros y los centros socialistas, entre otras instituciones, operaron como centros constructores de sociabilidad en un ámbito donde las identidades se fueron moldeando y dieron contenido a esa forma en el devenir diario. Al mismo tiempo, estos núcleos urbanos mostraban otra característica importante como lo era la escasa diferenciación social, tanto en el terreno espacial como en el de la sociabilidad, ya que los habitantes de estos centros urbanos permanecían unos cerca de otros, sin una delimitación precisa de clases.

Finalmente, digamos que tampoco el mundo urbano territoriano equivalía al mundo industrial de las grandes ciudades. No había un conglomerado fabril en cada uno de los principales núcleos urbanos que poblaban la región, y las tareas calificadas y no calificadas aparecían entremezcladas en una amplia gama de actividades, que iban desde las que tenían que ver con el transporte ferroviario a los empleados de comercio, la docencia, de la agroindustria, de los pequeños y medianos talleres, de la construcción, e incluso de los trabajos ocasionales llevados a cabo por trabajadores sin calificación.

En realidad, donde había una importante concentración de obreros era en algunas actividades puntuales encaradas por el Estado, como la construcción de las obras hidráulicas o la actividad petrolífera; allí, la cultura de los trabajadores y sus formas de sociabilidad no se expresaban libremente dado que estaban fuertemente condicionadas y subordinadas por el propio Estado. En estas concentraciones la nota distintiva en lo referente al mundo laboral estaba dada porque el Estado, que se presentaba como empleador y regulador de las relaciones laborales y sociales, era quien manejaba a discreción las formas de sociabilidad, las pautas culturales, la propia vida del trabajador y aún la de su familia, excediendo largamente el control sobre el proceso de trabajo para incursionar activamente en el mundo de este fuera del ámbito laboral, incluido el tiempo libre.

En la práctica esto se verificaba cuando el Estado, a través de los administradores en el caso de YPF o de los directores de las obras del Dique Neuquén, creó y controló una serie de instituciones que hacían a las redes de socialización de los trabajadores y las comunidades poblacionales que crecieron alrededor de la explotación en un caso y del emprendimiento hídrico en el otro: mutuales, cooperativas de consumo, clubes bibliotecas, cinemógrafos, entre otras.

Además, el peso demográfico de las concentraciones obreras estatales en la norpatagonia nos deriva a otra característica distintiva de la región que tiene que ver con la cultura de los trabajadores. En efecto, el análisis de la cultura de los sectores populares en general –y de los trabajadores en particular– a lo largo de la primera mitad del siglo XX, nos plantea en un primer abordaje la necesidad de marcar las diferencias que existían a partir del origen étnico, de las pautas de consumo, de las formas de sociabilidad o de la acción del Estado, entre otros indicadores, tanto en el plano material como en el de las representaciones entre los trabajadores del mundo rural respecto de quienes habitaban los núcleos urbanos y la diferencia de éstos con aquellos empleados en la petrolera estatal o en las obras hidráulicas administradas también por el Estado.

Entonces, a diferencia de lo que sucedía en el resto del país donde la cultura de los trabajadores se desdoblaba entre lo rural y lo urbano, en la región patagónica existían por lo menos tres espacios claramente diferenciados: el ámbito urbano, el ámbito rural y el que podemos denominar de los grandes emprendimientos estatales, a los que debemos analizar por separado respetando sus propias características y particularidades.

El tercer ejemplo es la contribución de Ernesto Bohoslavsky y Fernando Casullo (2003) acerca de las políticas carcelarias en los territorios nacionales, su efectiva aplicación y las peculiaridades que las mismas tenían en la periferia de nuestra nación. Para ello tomaron como estudio de caso una unidad de detención patagónica: la cárcel de Neuquén, comparándola en algunos aspectos con el penal de Ushuaia. A lo largo del trabajo intentaron dar cuenta de las condiciones de vida de los detenidos y las políticas carcelarias que se pusieron en acción, con el objetivo de mostrar cómo cada una de las pequeñas burocracias penitenciarias locales interpretó y ejecutó una misma normativa nacional; así, demostraron las peculiaridades y diferencias que se daban en el plano regional.

Los autores dividieron cronológicamente su estudio en dos momentos: el primero abarca desde 1904 a 1936 y a ese lapso lo denominaron “la cárcel-miseria”, el segundo va de 1936 al primer peronismo y lo titularon “la cárcel-fábrica”.

La primera etapa se dio en un escenario territoriano caracterizado por la desorganización en que estaba sumido el Estado neuquino, las desconexiones con los aparatos nacionales y la escasez de recursos que complicaba e incluso imposibilitaba la lucha antidelictiva a lo largo del período. Por lo tanto, la principal característica estaba dada por la precariedad de medios en el cual se desenvolvía este establecimiento carcelario. Precariedad que se reflejaba en la deficiente infraestructura, las condiciones laborales del personal de la cárcel y las paupérrimas condiciones de vida de los internos, con la falta de higiene, la promiscuidad y la deficiente alimentación.

De tal manera, mientras en el marco nacional se tensionaba el debate sobre las políticas carcelarias entre los partidarios del proyecto fabrica de los penitenciaristas y la prisión-laboratorio de los criminólogos positivistas, las primeras décadas de la cárcel de Neuquén mostraban lisa y llanamente la inviabilidad material de cualquiera de las dos opciones.

La segunda etapa de la cárcel del Neuquén territoriano se caracterizó por el desarrollo de una serie de actividades que modificó el escenario anterior, en virtud de la renovación material y el mejoramiento de las condiciones de vida. Fue una fase de avance en las obras de infraestructura y en el desarrollo de una serie de talleres que abarcaron diversos oficios, en los cuales participaban un número significativo de internos. Como señalaron Bohoslavsky y Casullo, la constitución de numerosos talleres laborales y una ampliación de las condiciones de seguridad dentro de la prisión, parecieron alentar la idea de que algunos de los lineamientos doctrinarios de la criminología de principios de siglo fueron introducidos en Neuquén. Sin embargo, la realidad distaba mucho de ser la deseada por las autoridades penitenciarias nacionales o los defensores de una “penalidad moderna”. Sobre todo, los recursos humanos y económicos, siempre insuficientes, desafiaban el principio de individualización del castigo y de clasificación de los internos. En la prisión de Neuquén seguían conviviendo varones y mujeres –aunque en diferentes pabellones–, encausados y condenados, así como menores y mayores de edad.

Dicho de otra manera, en el caso de Neuquén, la ola modernizadora que proveía de las corrientes positivistas de la criminología y de las ciencias penitenciarias tardó mucho en llegar, y cuando lo hizo se vio limitada su traducción a políticas concretas, en la medida en que esos proyectos no contaban con respaldo material, político ni humano.

En definitiva, desde una perspectiva regional este artículo puso en tela de juicio, por lo menos para el caso del territorio de Neuquén, la profundidad, sistematicidad y coherencia que se le había atribuido a las reformas penitenciarias de fin de siglo de tinte positivista. Además, demostraba que la homogeneidad de la pena que aseguraba el Código Penal no era más que un mito fundacional, ya que el sistema penitenciario lo que sí aseguraba era, por el contrario, la heterogeneidad que evidenciaba la realidad carcelaria de cada región.

Finalmente, el cuarto ejemplo que completa esta saga tiene que ver con el propio espacio patagónico y las disputas que se sucedieron entre el Estado y la Iglesia católica, particularmente la orden de los salesianos, respecto al destino final de los indígenas que poblaban esos territorios. Si bien la cruz y la espada podían aparecer como complementarias y coincidentes, tanto en el hecho de la conquista –espiritual una, militar la otra– como en el de la necesidad de ocupar el espacio indígena al que se considera un “desierto”, cruz y espada se volvieron contradictorias y antagónicas cuando se trataba de civilizar a los indígenas. Ambas instituciones representativas –de la cruz o de la espada–, antagonizaban cuando se asumían las dos como respuestas únicas a aquellas preguntas acerca de quienes debían civilizar y cuáles eran los métodos adecuados para ello.

En ese marco, el artículo de María Andrea Nicoletti (1999) examinó la controversia que se suscitó entre el Estado nacional, la Iglesia católica y la orden de los salesianos en torno a la organización del ámbito eclesiástico y misionero dentro de lo que sería el espacio administrativo de la Patagonia en construcción. Como señaló la autora, cada uno de los actores involucrados tenía su propia mirada y un plan para la organización del espacio que se iba ocupando:

El Estado no quería dejar de ejercer el patronato como modo de presión hacia la Iglesia, teniendo a su cargo la organización administrativa de los nuevos territorios y sometiendo bajo su jurisdicción a cualquier otro tipo de organización que allí se desarrollara.

La Iglesia argentina, en una situación de debilidad, quería mantener sus relaciones intactas con el Vaticano y con los salesianos sin contrariar al Estado de quien dependía política y económicamente. Además el espacio ocupado por los salesianos cercenaba el poder del Arzobispado porteño y dejaba bajo el control de una congregación religiosa poderosa un territorio vasto en donde todo estaba por hacerse. Los salesianos buscaban un territorio de misión en el que pudieran desarrollarse sin ataduras y sin dependencias de la iglesia metropolitana y del patronazgo del Estado argentino. Un territorio propio en el que los misioneros dependieran directamente de la Congregación y del Vaticano. (Nicoletti, 1999, p. 49)

En este sentido, Nicoletti concluye que detrás de estas controversias puntuales lo que subyacía en el fondo era la concepción misma del territorio patagónico y de sus habitantes originarios que tenía cada una de las partes involucradas.

Al mismo tiempo, para cumplimentar los planes misioneros, Don Bosco pensó en una figura administrativa independiente del Estado argentino y de la Iglesia metropolitana, el Vicariato Apostólico, e inició las gestiones correspondientes ante la Santa Sede. La aprobación del Vicariato agudizó el conflicto con el Estado y puso en peligro la propia permanencia de los salesianos en el país. Sin embargo, las debilidades económicas del gobierno y la falta de personal de la Iglesia jugaron en favor de la Congregación, que supo negociar hábilmente no solo su permanencia en la Patagonia sino su perpetuidad misionera, a pesar de que eso le valiera descender en términos administrativos eclesiásticos de Vicariato a Vicarias Foráneas. Dicho de otra manera, esta resolución del conflicto les permitió a los salesianos asegurar el monopolio misionero y su autonomía de los otros actores involucrados en el conflicto.

Este acotado recorrido por estos cuatros ejemplos nos permite fundamentar el valor que debemos adjudicar en el plano historiográfico a la perspectiva regional, porque posibilita señalar lo peculiar y distintivo en cada caso, contribuye a un cocimiento del devenir regional y también permite comprender y enriquecer ciertos procesos nacionales. Al mismo tiempo, demuestra con certeza que esos aportes pueden contribuir a la construcción de una historia nacional.

Se trata, en definitiva, de aceptar el desafío historiográfico que presupone abordar ciertos procesos históricos desde una perspectiva regional, que tendrá como recompensa un conocimiento más acabado de nuestro propio pasado. Sin embargo, para que podamos conocer la relevancia de los estudios regionales resulta indispensable la difusión de los resultados que se logran con este enfoque. En ese sentido, entiendo que Quinto Sol cumplió y cumple una tarea fundamental en la amplificación de los conocimientos acerca de la historia regional patagónica.

[1] Una de las primeras que se creó fue Estudios Sociales en el año 1991 y en la presentación de su primer número expresaba: “Con sede en la Universidad Nacional del Litoral es una coedición que nucleaba al Área de Ciencias Sociales del Departamento de Extensión Universitaria y el Centro de Estudios Históricos de esta Universidad, el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Rosario y el Grupo de Estudios de Historia Social de la Universidad Nacional del Comahue”.