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DOI: http://dx.doi.org/10.19137/qs.v23i1.2510
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ARTÍCULOS
Julio A. Roca y la “Conquista del desierto”: monumentalización, patrimonio y usos del pasado durante las décadas de 1930 y 1940
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de
Filosofía y Letras. Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”
Argentina
Correo electrónico: facundo.cersosimo@gmail.com
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Brasil
Correo electrónico: mainelopes@yahoo.com.br
El 11 de junio de 1879 las tropas del Ejército arribaron a la confluencia de los
ríos Limay y Neuquén, en el sur del territorio argentino. Las cinco columnas militares
que meses antes habían iniciado su avance sobre los territorios de Pampa y Patagonia
–pero que venían hostigando a las sociedades indígenas por lo menos desde cuatro
años atrás– cumplieron con la Ley N° 215 sancionada en 1867 que estipulaba el
corrimiento de los límites del Estado nacional hasta aquel lugar, la ocupación de quince
mil leguas cuadradas y el sometimiento “voluntario” o “por la fuerza” de las “tribus
nómades existentes”. Aunque recién en 1885 el Estado dio por concluido el objetivo,
aquel día quedaría establecido como el cierre exitoso de la campaña militar que se
conocería, de allí en adelante, con el nombre de “Conquista del desierto”, y a Julio
Argentino Roca, ministro de Guerra y responsable entre agosto de 1878 y mayo de
1879 de una de las columnas militares, como su principal artífice y protagonista.
Durante la misma campaña electoral que llevó a Roca a la presidencia de la
nación, comenzó la construcción de la avanzada militar como uno de los episodios
fundacionales del Estado argentino. Dicho Estado en proceso de formación, y la nación
en su etapa de “invención”, necesitaban de un pasado legitimador: había que delinear
una identidad patriótica alrededor de héroes y hazañas militares, crear un panteón
nacional, establecer un calendario de efemérides y ritualizar festividades patrias.
Fue sin duda el cuadro del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes el que estabilizó
ciertas coordenadas de lectura. Su éxito se verificaría en la reiterada utilización
conmemorativa de la pintura a lo largo del siglo XX, convertida en “testimonio
verdadero” de lo sucedido, tal como pretendió Adolfo P. Carranza cuando en 1898, dos
años después de finalizada, la incorporó al nuevo edificio del Museo Histórico
Nacional.1
Sin embargo, recién tras el fallecimiento de Roca ocurrido en 1914, la
“Conquista del desierto” terminó por construirse como mito fundacional del Estado
argentino y su figura incorporada al panteón nacional de héroes patrios. Los gobiernos
conservadores de la Concordancia (1932-1943) no solo encararon la creación de
monumentos referidos a Julio A. Roca y a la “Conquista del desierto”, sino que se
preocuparon en señalizar los denominados “lugares históricos” vinculados a este último
episodio.
Teniendo en cuenta el concepto de cultura histórica propuesto por Jörn Rüsen (1994), de acuerdo con el cual las sociedades elaboran su experiencia histórica, y que comprende una variedad de dimensiones (política, cognitiva, estética, memorial, patrimonial e instrumental), serán estas últimas a las cuales prestaremos mayor atención. Es decir, tendremos en cuenta tanto la dimensión instrumental de la cultura histórica –aquella que otorga mayor centralidad a los usos públicos del pasado y a la cuestión de los vínculos entre historia y política– como la dimensión patrimonial, que por medio de monumentos y bienes históricos moviliza narrativas del pasado y admite su actualización en el presente.
Entre la pluralidad de actores que elaboran representaciones del pasado y que contribuyen a moldear dicha cultura histórica, la mirada estará puesta sobre el Estado y sus mediadores. Uno de estos, aquí analizados, serán los monumentos, no solo en su instancia de concreción e inauguración, sino también en las múltiples operaciones de resemantización. En tantos bienes simbólicos, los monumentos “operan como reconstructores para la interpretación del presente y de una memoria social…Memoria para el futuro, activa y operativa, y no un mero depósito del pasado. La actualización del pasado en todo lo presente” (Pagano, 2014b, p. 49).
Otro de los mediadores que tendremos en cuenta serán las comisiones creadas tanto para concebir tales monumentos cuanto para seleccionar e instituir el patrimonio histórico de la nación. Generalmente elegidas por el capital cultural o simbólico de sus miembros, algunas comisiones han adquirido relevancia y autoridad en el interior de las estructuras administrativas del Estado. El patrimonio histórico –consagrado y protegido por ley en Argentina a partir de 1938-1940 con la creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (CNMMyLH)– se convirtió en otro instrumento auxiliar en la construcción y difusión de un relato histórico al servicio de dicho Estado.
En el presente texto, analizaremos entonces el proceso de monumentalización de la figura de Roca y la inclusión de la “Conquista del desierto” en la narrativa histórica nacional en tanto operaciones historiográficas desplegadas por los gobiernos conservadores de los años treinta y cuarenta.
Autoría del senador Evaristo Pérez Virasoro, en la década del veinte aparece el primer proyecto de ley para instalar un monumento a Roca en la ciudad de Buenos Aires. En la asamblea inaugural de la comisión provisoria, llevada a cabo en mayo de 1926, hicieron uso de la palabra sus principales impulsores: el coronel Teófilo T. Fernández –miembro del Centro Militar de Expedicionarios al Desierto y presidente de la comisión–, el general Alonso Baldrich y Leopoldo Lugones, quien además de haber estado estrechamente ligado a Roca y al roquismo, le otorgaba a la arquitectura monumental, junto con la poesía, la capacidad de encarnar a la patria.2 Aunque la iniciativa finalmente no se materializó, en su conferencia titulada La personalidad del general Roca, Lugones trazó algunas de las claves para la canonización cívica de Roca, en las que recuperaba al “hombre del orden”, “civilizador”, “constructor de la nacionalidad”, quien “jamás capituló con motines ni conspiraciones (Comisión Nacional Monumento al Teniente General Julio A. Roca, 1941a).
No fue para el cincuentenario de la Conquista, –cuando era evidente que el entonces presidente Hipólito Yrigoyen evitaría homenajear a la figura más notable del régimen conservador–, sino en la década siguiente cuando el proyecto finalmente pudo concretarse. Para ello fue sin duda relevante el ingreso definitivo del Ejército a la vida política del país, con la presidencia de Agustín P. Justo, pero también el énfasis puesto por los gobiernos de la Concordancia en elaborar y reforzar una liturgia patriótica, preocupación que en 1938 se materializó con la creación de la CNMMyLH (Pagano, 2014b; Lopes, 2017).
Así, la Comisión Nacional Monumento al Teniente General Roca, establecida por ley a mediados de 1935 y presidida por el almirante Manuel Domecq García, estuvo destinada a la instalación de un monumento en la capital del país.3 La dilación del proyecto llevó al despliegue de una gran cantidad de dispositivos celebratorios. La Comisión llegó a reunir en sus primeros años más de 200 subcomisiones en todo el país y solo en 1939 se produjeron más de setenta homenajes (Masotta, 2001). También encaró una activa labor editorial que incluyó la publicación de la biografía de Roca escrita por Lugones, la cual quedaría inconclusa cuando en 1938 este decidiera quitarse la vida. Si bien allí Lugones no pudo abordar al Roca “político”, finalizaba con su máxima proeza militar, la Conquista, aunque el fuerte sesgo antichileno que organizó el relato, más la lectura de Roca como un dictador del orden, no guardaba relación con el clima que se quiso imprimir a los homenajes.4
La Comisión Nacional y las subcomisiones provinciales lograron inaugurar cinco monumentos durante los primeros años de la década del cuarenta: uno se ubicó en el centro porteño, con lo cual Roca se sumó tardíamente al circuito de las estatuas porteñas;5 otro en la capital de su provincia natal, colocado en una de las entradas al Parque 9 de Julio en San Miguel de Tucumán, para celebrar el centenario de su nacimiento; y tres en la Patagonia: uno en Bariloche, situado en la Plaza Expedicionarios del Desierto del recién construido Centro Cívico de la ciudad; otro en el centro de Río Gallegos, en la entonces Avenida Roca; y el tercero en Choele Choel, donde Roca habría acampado cuando arribó al río Negro.
Fue durante la presidencia de Justo cuando el Estado fijó un interés particular por la región patagónica (de allí que tres de los monumentos se sitúen en el sur del país). Surgía así en los años de entreguerras, con una exitosa recepción en el imaginario militar durante todo el siglo XX, la imagen de la Patagonia como fuente inagotable de riquezas y territorio estratégico para la seguridad nacional y el desarrollo. La colonización simbólica del sur del país con nuevos museos y monumentos estuvo acompañada de una ocupación física que se tradujo en diversas iniciativas.6
Tras lo que consideraban el desvío yrigoyenista, los gobiernos de la Concordancia se presentaron como los herederos del ciclo conservador derrotado electoralmente en 1916, y Justo en particular como el continuador de la obra civilizadora de Roca. Claro que por aquellos años, también otros actores políticos estaban abocados a reelaborar el pasado para dotarse de identidad y legitimar el presente (Cattaruzza, 2001, 2007).
Así, los referidos monumentos, en tanto soportes simbólicos y materiales de intervención sobre el espacio público y portadores de un relato y una memoria histórica –o, como proponía Ricardo Rojas en la Restauración Nacionalista, herramientas pedagógicas para la conformación de una identidad patriótica–, terminaron de incorporar a Roca en el catálogo de héroes patrios. Pero ¿qué Roca se incorporaba? Al constructor del Estado nacional. En el clima político de entreguerras, frente a la diagramación de un imaginario nacionalista castrense en el que la problemática fronteriza sería de ahí en más relevante, la “Conquista del desierto” (la consolidación de la frontera “interna” por la vía armada) y los acuerdos limítrofes con Chile (la consolidación de la frontera externa por vía pacífica) fueron los acontecimientos que predominaron en el relato biográfico que acompañó las representaciones monumentales.
El monumento erigido en San Miguel de Tucumán, luego de que un grupo de peritos no lograra fijar la ubicación de su casa natal, quizá sea la excepción. Posiblemente por el lugar periférico de la provincia en relación con el “problema del indio”, de los cuatro altorrelieves en bronce incorporados al monumento, ninguno recordaba la Conquista. Los temas propuestos por la comisión en las bases del llamado a concurso elegían otro recorrido: sí aparecían los acuerdos limítrofes con Chile, pero acompañados por la instauración del servicio militar obligatorio, la Ley N° 1420 de educación y el desarrollo de la agricultura y las vías de comunicación (Prebisch, 2012).7
Fue en el de Río Gallegos, quizás por su ubicación, donde aparecía claramente la cuestión de la frontera. No tanto la “interna”, que era recordada por un bajorrelieve en bronce en el que se representaba a la “Conquista del desierto” como empresa evangelizadora, sino que fue la consolidación de la frontera con Chile la que adquirió mayor protagonismo. Los acuerdos limítrofes firmados durante la segunda presidencia de Roca (1898-1904) guiaban el relato que transmitía el monumento, no solo por el Roca de civil que allí se representaba (a diferencia de las ecuestres de Bariloche y Buenos Aires, y en la que aparece de pie, en Tucumán) y por el bajorrelieve que recordaba su encuentro con Federico Errázuriz en el crucero O’Higgins, sino porque en el mismo acto inaugural una delegación chilena colocaba una placa en el basamento del monumento donde recordaba al “eminente ciudadano” que en “aquel abrazo fraternal con el presidente de Chile” forjó “vínculos indestructibles de paz entre ambos pueblos” (Comisión Nacional Monumento al Teniente General Roca, 1941b).
El mensaje que transmitía el monumento, así como la puesta en escena de su inauguración, no solo daban cuenta del momento diplomático que atravesaban las relaciones entre ambos países (que ya se habían reflejado en las celebraciones de sus respectivos centenarios, cuando Argentina había decidido levantar una estatua de Bernardo O’Higgins para retribuir el gesto chileno por instalar una de San Martín),8 sino que aún Chile no se encontraba entre los “peligros” que acechaban la región patagónica.
Claro que el que recibió mayor atención, entonces y en las décadas venideras, fue el de la ciudad de Buenos Aires. Luego de barajarse varias ubicaciones, se decidió emplazarlo sobre la Avenida Presidente Julio A. Roca (Diagonal Sur) en su intersección con la calle Adolfo Alsina (quien lo había antecedido en la guerra contra el indio), y se convirtió entonces en la figura ecuestre de mayores dimensiones del centro de la ciudad. Como ya fue señalado (Masotta, 2001), la orientación de la estatua muestra a un Roca avanzando desde el sur hacia la Plaza de Mayo: es decir, describe el paso del militar desde su campaña en la Patagonia a la presidencia de la república.
Según la memoria descriptiva redactada por quienes ganaron el concurso público –el escultor José Luis Zorrilla de San Martín y el arquitecto Alejandro Bustillo–, las alegorías del pedestal que acompañaron la estatua pretendían recordar en forma simbólica “los dos grandes hechos fundamentales de la trayectoria del prócer en la evolución nacional”: la delantera simbolizaba el mantenimiento de “la Paz Continental”, expresado en una figura de diosa civil, “que representa la Patria Argentina, armada y tranquila, apoyada en su escudo” pero “con su lanza exornada de ramas de olivo, signo de gloriosa paz”; mientras que la ubicada en la parte posterior era “el desierto conquistado para la Patria, la civilización, y el trabajo”. Aquí, la Conquista se representaba entonces por medio de otra alegoría: una figura femenina, tocada del gorro frigio, “signo de la unidad republicana”, que lleva en una mano la bandera nacional, mientras que con la otra hunde el arado simbólico en una mata de cardos pampeanos. Es decir, la Conquista y el desarrollo agrícola como basamentos de la república.
Por si quedaban dudas acerca del mensaje que pretendía transmitir el monumento, en el acto inaugural hicieron uso de la palabra, por un lado, los embajadores de Chile, Brasil y un funcionario del gobierno de Uruguay, en un gesto no solo diplomático sino también simbólico que aprovechaba la rememoración del pasado para fortalecer una identidad regional; y, por otro lado, un integrante del Centro Militar de Expedicionarios al Desierto, una asociación que reunía a los militares retirados que habían participado de la campaña militar (Comisión Nacional del Monumento al Teniente General Roca, 1941a, pp. 187-188).
Si bien la figura de Roca acaparó los homenajes de la comisión, tampoco se dejó de recordar a la Conquista en tanto acontecimiento, como ya lo había hecho el cuadro de Blanes, pero ahora con un monumento. El “Monumento recordatorio de la Conquista del Desierto” (así al menos fue el nombre original del proyecto) construido en la periferia de Choele Choel –en el sitio conocido como Pampa de los Molinos, provincia de Río Negro– pretendió señalizar el lugar donde Roca habría establecido su campamento cuando arribó al río Negro el 24 de mayo de 1879. Es decir que fue el único de esta serie que se ubicó en el “desierto” mismo, en el espacio temporal y geográfico también elegido por el pintor uruguayo como escenario de su obra.
La prolongación del proyecto desde el llamado a concurso público, cuyos resultados se conocieron hacia 1938 (Comisión Nacional Monumento al Teniente General Julio A. Roca, 1938), pasando por el inicio de su construcción durante la presidencia de Pedro P. Ramírez (quien por Decreto N° 17.265/1943 declaró el sitio de su emplazamiento como Lugar Histórico Nacional), su finalización al año siguiente, y su inauguración oficial tres años más tarde, durante la presidencia de Juan D. Perón, demostraba el consenso que gozaba el panteón liberal entre los sucesivos gobiernos conservadores y peronistas de aquellas décadas.
El complejo monumental a cargo de los ganadores del concurso, los arquitectos Eduardo Lanús, Enrique Lanús y Federico Woodgate, y del escultor Alfredo Bigatti (quien poco después realizaría las figuras del Monumento a la Bandera en Rosario), consistió en un monolito de treinta metros de altura construido con hormigón armado, revestido con ladrillos a la vista y en cuya cima se montó un “semáforo” rotativo con luz roja (señalización que, dada su altura, estaba destinada a la navegación náutica y aérea). En su exterior contaba con tres figuras talladas en piedra colocadas en cada uno de sus laterales: una cariátide inserta en el pináculo del lateral sudoeste (con el escudo nacional en la parte inferior) y, en cada uno de sus laterales, dos altorrelieves de cuatro metros de altura que representaban a “Los colonizadores” y a “Los aborígenes”.9
Pensado para ser costeado por suscripción pública, práctica de ciertos nacionalismos europeos cuando buscaban acercar estos emprendimientos al “pueblo” (Mosse, 2007), y colocado en un inmenso parque de 21 hectáreas, el monolito pretendía señalizar un “lugar histórico” pero también era la obra del hombre que dominaba el desierto, la civilización que avanzaba sobre la naturaleza bárbara, la nación que observaba, o vigilaba, el sur aún por poblar.
Sin embargo, el monumento de Choele Choel se apartó de los demás monumentos mencionados no solo por su ubicación periférica, que lo alejaría, en principio, del propósito pedagógico otorgado hasta entonces a aquellos ubicado en el centro de la traza urbana. En primer lugar, nótese que aquí ni el Ejército ni Roca ocupan un lugar protagónico; aparece, en cambio, una lectura de la Conquista en clave de progreso económico, es decir, la incorporación de tierras para su explotación. Esto se representaba tanto en la figura de los “colonizadores” como en la inscripción de uno de sus laterales: “El pueblo argentino al general Julio A. Roca, al Ejército y Marina expedicionarios - Incorporaron la Patagonia a la actividad de la Nación”.
Por otro lado, era en el segundo altorrelieve donde aparecía el elemento disruptivo pensando ya no solo en esta serie de monumentos sino en toda la agenda celebratoria desplegada por la comisión: se trataba de dos “aborígenes” de pie junto a sus caballos (de iguales dimensiones y musculatura que los “colonizadores”), que más que al indio cautivo del cuadro de Blanes o al indio guerrero de La vuelta del malón, recordaban al indio vencido. ¿Un homenaje de Bigatti a los indígenas derrotados del sur patagónico? Posiblemente; o quizá solo influencias de nuevas corrientes estéticas.10
Pero a diferencia del situado en la capital del país, donde el despliegue del acto inaugural estuvo en sintonía con el mensaje que buscaba transmitir la obra, aquí fue resignificado por los actores de la época. Ya el decreto de Ramírez que declaraba sitio histórico al “Vivac del Ejército Expedicionario Argentino” lo rebautizaba bajo ese nombre y desplazaba así la atención de la Conquista hacia el Ejército. Y tres años más tarde, en febrero de 1947, en su inauguración oficial (en 1944 ya se había realizado un acto con motivo de la finalización de las obras) directamente se haría referencia al “Monumento al General Roca”.
Los discursos de aquella jornada completaron la operación. Mientras el general Luis César Perlinger, en nombre del Poder Ejecutivo nacional, reproducía los tópicos ya estabilizados acerca de la Conquista –es decir, gesta heroica y civilizadora que puso fin al peligro indígena–, el general Juan E. Vacarezza –en nombre de la comisión– no solo organizaba sus palabras en torno a la biografía de Roca (donde la Conquista no ocupaba un lugar preponderante), sino que transformaba la luz roja del semáforo en una “luz perenne” que simbolizaba “la obra civilizadora” cumplida por sus protagonistas. Y sin poder escapar al clima de época, recordaba a aquella generación como “obreros eminentes” en la conducción honorable de los destinos de la nación.11
El culto a los símbolos del pasado nacional ganó un nuevo impulso durante el gobierno del presidente Roberto M. Ortiz. Por medio del Decreto N° 3390 del 28 de abril de 1938, el Poder Ejecutivo nacional creaba la CNMMyLH e instituía la protección del patrimonio histórico en el país. Dicha comisión, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, estuvo compuesta por diez vocales honorarios –muchos de ellos eran miembros de la Academia Nacional de la Historia– y fue presidida por Ricardo Levene hasta 1946. Entre los considerandos de la creación del órgano figuraba la necesidad de una legislación adecuada que unificase “todo lo relativo al culto de las glorias nacionales, a la custodia y conservación de los sitios históricos, de los monumentos, templos, edificios y museos, donde se guardan y se exhiben los trofeos y reliquias” del pasado.12 La preocupación por el patrimonio histórico en Argentina seguía una tendencia vigente en muchos países americanos y europeos –iniciada con la Revolución francesa–, caracterizada por el proyecto de formar al ciudadano en el culto al Estado-nación y por la preservación de las antigüedades nacionales como un deber patriótico (Poulot, 2009) pero, a la vez, reflejaba intereses propios del contexto político del país.
El mencionado decreto presidencial de 1938 determinaba la elaboración del proyecto de ley del organismo, que fue redactado por Levene en el mismo año, aprobado por los vocales y enviado al Congreso Nacional. La Ley N° 12665, finalmente sancionada el 8 de octubre de 1940, reglamentó la creación de la CNMMyLH y determinó su “superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos nacionales”.13 También estableció que la comisión formularía la lista de los bienes históricos del país, cuya protección definitiva dependía de la aprobación del Poder Ejecutivo, que pasó a declararlos de ese modo mediante decretos. Tal determinación de carácter centralizador atribuía al Estado la decisión final de lo que podía ser convertido o no en patrimonio nacional.
Mientras Levene estuvo al frente de la CNMMyLH, entre 1938 y 1946, fueron declarados 335 bienes como monumentos o lugares históricos. Para la tarea de elaboración del censo y selección de los bienes, la institución contó con el auxilio del arquitecto Mario Buschiazzo, funcionario del Ministerio de Obras Públicas, y de delegados designados en todas las provincias y territorios nacionales.14 Al enviar las listas de los bienes con la solicitud de su declaratoria, la comisión adjuntaba una reseña o pequeña nota explicativa para destacar el valor histórico y artístico de cada uno. No solo estas reseñas eran incorporadas al texto de los decretos –gracias a ellas podemos analizar los valores atribuidos a ellos y a qué acontecimiento histórico se refería cada uno de los lugares y monumentos seleccionados– sino que en general el decreto del Poder Ejecutivo se expedía en la misma fecha que era recibida la lista; esta celeridad indica que la autoridad de la CNMMyLH era respetada y que el saber de sus agentes era reconocido y legitimado por el gobierno.
Numerosos hechos históricos fueron celebrados por la CNMMyLH por medio de las declaratorias, especialmente aquellos relacionados con la Revolución de Mayo, con la Independencia y con el período de la organización nacional. Podemos mencionar aun la declaración de monumentos y lugares vinculados a las derrotas del general Juan Manuel de Rosas, a las disputas entre unitarios y federales, a la Guerra de la Triple Alianza y a una serie de enfrentamientos contra sociedades indígenas, para referirnos a los episodios del siglo XIX. Por otro lado, también fueron declarados monumentos del período colonial postas antiguas, fuertes, casas, iglesias, misiones y reducciones, muchas de estas, jesuíticas.
Los miembros del organismo pertenecían, en su mayoría, a la Academia Nacional de la Historia, y algunos de ellos –como Levene y Emilio Ravignani– fueron figuras relevantes, a lo largo de la década de 1910, de la llamada Nueva Escuela Histórica (NEH). Analizando las obras producidas por los historiadores de la NEH a finales de la década de 1920, Fernando Devoto y Nora Pagano (2009) ya han constatado un énfasis en los períodos de la Independencia y de la denominada organización nacional. De manera general, la narrativa de la Academia presentaba a la nación como un todo armónico, y valoraba la etapa independentista y el proyecto de consolidación del Estado federal (Galante y Pagano, 2006; Saab y Suárez, 2012). En los miembros de la corporación también se podía encontrar un aprecio por la etapa virreinal, período percibido como el del origen de la nacionalidad argentina (Girbal de Blacha, 1995).
En lo referente a la ocupación de la Patagonia y de La Pampa, durante el lapso estudiado, la CNMMyLH declaró 28 bienes históricos, en su mayoría, lugares históricos que según la institución comprendía los “accidentes o elementos topográficos que han servido de escenario a hechos históricos, no comprendidos en la [categoría] de monumentos: como ciudades, campos, ríos, montañas, quebradas, lomas, paisajes, puentes y caminos”;15 en resumen, eran los espacios que no constituían edificaciones. El Decreto N° 8729/1943 declaró el primer conjunto de sitios como lugares históricos nacionales ligados directamente a la Conquista: el fortín de la IV División, el fortín Guanacos, el Cerro de la Artillería, el sitio de la fundación del pueblo de Junín de los Andes, el lugar del combate de Chimehuin, el sitio de la fundación del pueblo de San Martín de los Andes, el fortín Chacabuco, el lugar del combate de la Trinchera, el lugar del combate de Pulmari, el fortín Mamuy Malal y el fortín Huinchu Lauquen, todos ubicados en la provincia de Neuquén.16
A su vez, el Decreto N° 11.146/1943 declaró los lugares denominados: Pasaje del Río Colorado (Paso Pacheco), Trerú Lauquen, Luan Lauquen, Naincó, Pitral Laquen, lugar de combate entre Cuchillo-Co y Curacó, situados en La Pampa. Las reseñas de estos lugares que constan en los dos decretos informan que se trataba de sitios fundados por el Ejército durante las campañas militares de ocupación del territorio, vivac de las tropas y áreas donde sucedieron batallas contra grupos indígenas; apenas se mencionaban los nombres de los jefes militares que murieron durante los conflictos. El lugar de paso del Río Colorado, entretanto, hacía alusión a una “expedición al desierto” de 1833, al mando del general Ángel Pacheco, quien “cruzó el Río Colorado el 3 de mayo de ese año, en marcha hacia el sur por este lugar de pasaje”.17
Ya el Decreto N° 12.466/1943 concedió la declaratoria a Puerto Santa Cruz, ubicado en la provincia homónima, donde en 1873 llegó:
“la goleta de guerra ‘Chubut’ al mando del Capitán Lawrence para ejercer el derecho de soberanía y establecer una Capitanía, lo que se hizo en el lugar denominado ‘de los misioneros del Río Santa Cruz’ donde se enarboló la bandera patria”.18
Como vemos, el mencionado decreto firmado por Ramírez homenajeaba a un capitán del Ejército y se refería a un acontecimiento previo a la Campaña de 1879 que, sin embargo, debe ser comprendido como parte de la conquista militar de los territorios libres de la Pampa central y de la Patagonia. Es probable que “la excepcionalidad y simplificación de todas las campañas guerreras en la de 1879 se relacionen con la impronta de Julio Argentino Roca” y “con la asociación del proceso de construcción del Estado a su relevancia personal” (Escolar, Salomón Tarquini y Vezub, 2015, p. 223). Entretanto, se sabe que fueron diversas las “campañas a los desiertos”, y que estas abarcaron eventos sucedidos en un espacio de tiempo más prolongado.
Este también parece ser el caso mencionado anteriormente del Pasaje del Río Colorado, que a pesar de recordar un hecho de 1833 igual se refería a una expedición hacia el sur, al “desierto”. Aunque sin relación con el protagonismo de Roca, el reconocimiento de este lugar trataba de aclamar el avance del Ejército y del Estado sobre el territorio indígena. De manera semejante fueron declarados aun otros dos lugares que celebraban su “extraordinaria significación moral y material en la Conquista del Desierto”, pero que hacían mención a hechos sucedidos muchos años antes de la campaña de Roca. Dichos sitios eran: el lugar del combate de Tapalqué, de 1839, y del combate de Pigüé, de 1858;19 ambos situados en la provincia de Buenos Aires y cuya declaratoria fue firmada mediante el Decreto Nº 30.825/1945, bajo los gobiernos sucedidos luego del golpe de Estado de junio de 1943.20
Por medio del Decreto Nº 2.478/1943 también se declaró como histórico el lugar del combate de San Carlos, ubicado en la provincia de Buenos Aires, donde sucedió “la invasión de las líneas de fortificaciones de la frontera Sud y Oeste por las tribus coaligadas al frente del Cacique Callvucurá [sic] y su rechazo por las fuerzas nacionales al mando del General Ignacio Rivas”.21 Conforme la reseña enviada por la Comisión al Poder Ejecutivo meses antes, dicho combate se había realizado el 8 de marzo de 1872. Calfucurá contaba con 3500 indios, mientras que las fuerzas nacionales, “muy inferiores en número”, los rechazaron y persiguieron por más de 60 kilómetros, “alejándolas definitivamente”.22 Como expusieron Ingrid de Jong y Silvia Ratto (2008), la visión de Calfucurá como un líder excepcional y destacado de la sociedad indígena, que tendría impedida por décadas la expansión de la nación hacia sus límites “naturales”, fue la que predominó en el sentido común a partir de las imágenes que sobre él se difundieron desde fines del siglo XIX. La historiografía de gran parte del siglo XX siguió presentándolo como referencia de la más grande concentración de poder en el mundo indígena, lo que explica la narrativa de la CNMMyLH sobre el personaje. Para las autoras, en el lento avance del Estado provincial y luego nacional sobre las tierras indígenas, las estrategias políticas tanto de los poderes estatales como de los líderes nativos generaron una diversidad de opciones de negociación, que disminuyeron las posibilidades de Calfucurá para mantener un poder político permanente sobre otras unidades políticas.
A continuación, el Decreto Nº 17.265/1943 declaró como lugares históricos otros sitios por donde pasó el Ejército Expedicionario entre 1879 y 1882: Pasaje del Río Colorado frente al pueblo de Buena Parada; vivac del Ejército Expedicionario al Desierto en Pampa de los Molinos; paso Fotheringham y lugar del combate de Fortín 1ª División, todos ubicados en Río Negro.23 El citado decreto declaró como “histórico” el sitio donde se izó por primera vez la bandera argentina, acto realizado por el almirante Augusto Lasserre en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, en 1884. Aunque este lugar histórico no se refiera a la expedición de Roca, entendemos que celebra las acciones del Ejército en la ocupación del territorio, sucedidas durante el período de la organización nacional. Otro ejemplo de un bien declarado monumento histórico nacional por su relación con la “Conquista del desierto” fue el fortín Cuatreros, situado cerca de Bahía Blanca y fundado por el general Daniel Cerri, “cuya actividad continua en las Comandancias de Fronteras y en la lucha contra el salvaje le valió el reconocimiento de las autoridades militares, pues fue designado para integrar las expediciones de los Generales Lavalle y Roca”.24
Hay un decreto más, el Nº 2236/1946, también bajo las administraciones que sucedieron al golpe de Estado de junio de 1943, que declara como monumentos históricos diversos sepulcros de personalidades argentinas.25 Entre ellos se encuentra la Pirámide de los Héroes de Cochicó, ubicada en la plaza del pueblo de Victorica en La Pampa. Aunque en el decreto no se mencione la “Conquista del desierto”, la batalla de Cochicó fue uno de los enfrentamientos del Ejército de Roca contra los indios ranqueles y tehuelches, que salieron victoriosos. Así, durante el período 1938-1946 la CNMMyLH declaró 23 lugares históricos relacionados con las campañas militares de Roca, mientras otros cinco celebraron, de algún modo, el rol del Ejército y del Estado en la ocupación del sur del país.
Ciertamente, la narrativa de las campañas hacia La Pampa y la Patagonia difundida por la CNMMyLH estuvo organizada en torno a la imagen del Ejército como constructor del Estado-nación. Los lugares declarados como patrimonio histórico conmemoraban especialmente el avance del Ejército expedicionario de Roca sobre un espacio supuestamente “desierto”, expresión utilizada para legitimar la ocupación de los territorios habitados por las diferentes sociedades indígenas (Escolar, Salomón Tarquini y Vezub, 2015). Más que eso, las declaratorias enfatizaban el papel de ciertos líderes militares en las batallas, mientras que muy ocasionalmente mencionaban el nombre de los referentes indígenas, como el del “poderoso cacique Nancucheo”26 y de los caciques “Lhaihueque”, Reuquecurá, Namuncurá27 y Calfucurá.28 En ese sentido, las declaratorias de la CNMMyLH –que, en última instancia, representan las elecciones del gobierno nacional– contribuían a reforzar la imagen del indígena bárbaro, responsable de la muerte de militares argentinos, imagen que sería incorporada al relato histórico oficial de la formación del Estado nacional.
Tras el ciclo conmemorativo con los monumentos como principales artefactos celebratorios, sumado a las declaratorias de lugares históricos, el relato histórico en torno a Roca y a la Conquista parecía consolidado. Si bien en las décadas posteriores los emprendimientos estatales no alcanzaron la sistematicidad ni la centralidad mostradas en los años analizados, tampoco surgieron voces alternativas con la capacidad de desplazar la versión canónica, como sí sucedería en los años sesenta y setenta en torno a las figuras de Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre producto de la militancia revisionista. En este caso, los cuestionamientos fueron ciertamente marginales.29
Como vimos, las acciones emprendidas por los gobiernos de los años treinta y cuarenta dedicadas al recuerdo de Roca, de la “Conquista del desierto” y al rol del Ejército en la configuración del Estado y del territorio argentino moderno fueron diversas. Diferentes actores operaron en favor de la edificación de la figura del ex presidente y de la inclusión de estos eventos en la narrativa histórica nacional. Representantes del poder público, historiadores, arquitectos y artistas elaboraron representaciones del pasado apoyándose en soportes heterogéneos.30
Mientras la Comisión Nacional Monumento al Teniente General Roca erigió cinco monumentos, la CNMMyLH reservó un espacio privilegiado al tema de la expansión del territorio nacional. De los 335 bienes que solicitó la declaratoria al gobierno, 28 eran sitios por donde pasó el Ejército durante las campañas militares de ocupación de La Pampa y de la Patagonia, ubicados en las provincias de Neuquén, La Pampa, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Buenos Aires.
Si por un lado el monumento construido en Choele Choel (en el lugar donde Roca estableció su campamento en Río Negro el 24 de mayo de 1879) fue el único erigido en el “desierto” mismo, por otro, la CNMMyLH trató de convertir en lugares históricos nacionales numerosos sitios de aquella región que comprendían hechos sucedidos desde 1833 hasta 1898 –como es el caso del sitio de la fundación del pueblo de San Martín de los Andes, última ciudad patagónica en ser incluida en la “Campaña del desierto”–.
La elección de los lugares históricos aquí tratados, dentro de un universo de bienes culturales, solo fue operada por la CNMMyLH debido al lugar de habla de sus agentes. El nuevo organismo, dedicado a la preservación del patrimonio histórico nacional, parecía haber surgido como un espacio más para la afirmación de la figura del historiador y de la narrativa del pasado sostenida por la Academia Nacional de la Historia. Por medio de las distintas celebraciones, discursos, actos y declaratorias de bienes, la CNMMyLH contribuyó a difundir una síntesis de la historia nacional a un público más amplio.
La comisión, así, como agencia estatal, también realizó ciertos “usos políticos del pasado”: la selección de monumentos y lugares históricos específicos, entre tantos otros existentes, implicó una revisión instrumentalizada de hechos históricos con fines políticos (Hartog y Revel, 2001, p. 14). Aunque la efectiva declaratoria de los bienes dependiese de un decreto del Poder Ejecutivo, correspondía a la CNMMyLH seleccionar los edificios y lugares considerados dignos de integrar el patrimonio histórico nacional. Por otra parte, el vínculo con los historiadores de la Academia era algo que también interesaba al Estado, en la medida en que la historia y su enseñanza contribuían con el proyecto de formación de la identidad argentina. La opción por esta corporación de historiadores –frente a la profusión de grupos con interpretaciones distintas sobre el pasado nacional que emergían en aquel contexto– significaba dejar de lado la corriente revisionista, vinculada a una vertiente nacionalista e impugnadora del modelo político y económico de aquella década. A su vez, los historiadores de la Academia, de tradición liberal, ofrecían un relato nacional integrador y destacaban el progreso generado por el proyecto conservador de la década de 1880 (Saab y Suárez, 2012).
Teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis económica, el retorno del conservadorismo al poder y los desafíos antiliberales de los años de entreguerras, los gobiernos del período parecen haberse valido de los “ejemplos” del pasado para amenizar la coyuntura y brindar estabilidad al régimen. Fueron François Hartog y Jacques Revel (2001) quienes alertaron que todo el discurso histórico es susceptible de usos políticos. Para los autores, hasta la historia de un pasado remoto fue utilizada para servir como padrón evolutivo, para indicar el progreso inevitable de ciertos procesos y justificar formas de poder. Ese parece ser el caso de los gobiernos conservadores en la Argentina de la década de treinta, que, al presentar el éxito del modelo liberal y federal instituido en el siglo XIX, buscaban inscribirse en esa misma tradición, luego de lo que consideraban el “desvío” yrigoyenista.
Cuando en 1979 la última dictadura militar argentina decidió conmemorar el centenario de la Conquista reforzó sin dudas el relato canónico, aunque incorporando ciertos giros discursivos respecto de los aquí analizados, entre ellos, y el más evidente, el sesgo antichileno que permeó las celebraciones, producto de la belicosa coyuntura política que atravesaba la relación entre ambos países (Trímboli, 2013; Cersósimo, 2017). Así, el pasado sería nuevamente instrumentalizado, para estabilizar determinados tópicos y reformular otros en función de las necesidades políticas del momento.
Tras el retorno de la democracia, en 1983, se multiplicaron las voces que releyeron la versión oficial de la Conquista a la luz de los crímenes cometidos por la última dictadura. La necesidad de encontrar los orígenes y antecedes de las prácticas represivas desplegadas por el Estado llevó a ciertos sectores de la sociedad civil a revisar el pasado nacional en búsqueda de respuestas. Así, las prácticas represivas de los militares del Proceso encontrarían en la campaña militar de Roca uno de sus más directos antecedentes (Masotta, 2005).
Mientras los conceptos de gesta civilizadora y de malón eran desplazados por los de genocidio y pueblos originarios, aquellos monumentos levantados en los años treinta y cuarenta, por tanto tiempo ignorados u olvidados, pasaron a ser objeto de innumerables intervenciones y debates. Uno de los proyectos, elaborado por el Museo Histórico Regional Choele Choel, por ejemplo, buscaba “re significar” el monumento de aquella ciudad “cambiando el sentido que tuvo originalmente y transformándolo en un sitio para la memoria, la visibilización y el homenaje a los pueblos originarios patagónicos”, para que de esta manera “se cuente su versión de la historia” (Museo Histórico Regional Choele Choel, s.f., p. 12).
Producto sin duda del clima pos dictatorial, pero también de la consolidación del Holocausto como paradigma universal de los crímenes del siglo XX, se instalaba en Argentina un nuevo régimen de memoria centrado en crímenes (no en batallas y victorias), en testigos (no en combatientes) y en víctimas (no en héroes) (Traverso, 2007).
1 Sobre este tema, véase Carolina Carman (2013).
2 Para un análisis del itinerario político e ideológico de Lugones, ver Fernando Devoto (2008).
3 Ley N° 12167. Erección de un monumento al Teniente General Dn. Julio A. Roca, 7 de agosto de 1935. Boletín Oficial de la República Argentina. Presidencia de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
4 En el capítulo dedicado a la Conquista, retomaba tópicos ya estabilizados en el siglo XIX para justificarla a partir del peligro chileno. Para Lugones (1938), los araucanos cruzaron la cordillera con el propósito de saquear el territorio argentino y comerciar ganado con Chile, avalados por sus autoridades políticas. Más allá de afianzar las fronteras, y alejado de las lecturas que destacaban el progreso material, la Conquista, según este autor, incorporó estas tierras a la cristiandad, es decir, a la civilización, en una asociación entre civilización, latinidad y cristianismo que alcanzaba su síntesis con el Imperio romano.
5 Otras figuras ya contaban con la suya desde mucho tiempo antes: José de San Martín (1862, ubicada en Plaza San Martín), Manuel Belgrano (1873, en Plaza de Mayo), Adolfo Alsina (1882, en Plaza Libertad), Juan Lavalle (una columna erigida en 1887 en la plaza del Parque, actual Plaza Lavalle), Domingo F. Sarmiento (1900, en el barrio de Palermo), Bartolomé Mitre (1927, en Plaza Mitre), y Bernardino Rivadavia poseía un mausoleo ubicado en Plaza Miserere (1932). Véase Gorelik (2010, cap. 1, parte II).
6 Entre otras medidas, el Ministerio de Agricultura declaró a 1937 como el “año patagónico”. Buscando su desarrollo agro-ganadero, se aumentó la explotación petrolera y la presencia del Ejército en la región, la recientemente creada Dirección Nacional de Vialidad construyó una importante red vial y se crearon seis parques nacionales. Ver Masotta (2001).
7 Los nombres oficiales elegidos para los relieves fueron: Argentina sella la paz con Chile, Creación de las Fuerzas Armadas Argentinas, La Educación argentina, La Agricultura y las vías de comunicación.
8 Sobre este tema, véase Pablo Ortemberg (2015). La estatua recién pudo inaugurarse el 18 de septiembre de 1918, en el centenario de la batalla de Maipú; se erigió primero en la Plaza Rodríguez Peña y actualmente se encuentra emplazada en el barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9 Monumento recordatorio de la Campaña del Desierto en Choele-Choel. 1944. Museo Histórico Regional Choele Choel (s.f). Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (s.f).
10 En muchos países de la región en los años treinta cobró auge la talla directa en piedra de temática indigenista como elemento cooperador de la arquitectura (iniciativa que ya en la década previa invitaba a transitar Ricardo Rojas a los artistas locales en su Eurindia). La Escuela de Escultura y Talla Directa, fundada en 1927 en México, fue una de las experiencias pioneras de esta corriente. En Argentina se destacaría la figura de Luis Perlotti, considerado por Rojas el escultor de Eurindia (Gutiérrez Viñuales, 2004, pp. 219-224).
11 Inauguración del Monumento al General Roca. 4 de febrero de 1947. El Mentor, pp. 1 y 4. Choele Choel, Río Negro, Argentina.
12 Decreto N° 3390. Creando la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos. Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 6 de mayo de 1938. Boletín Oficial de la República Argentina.
13 Ley N° 12665. Creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, 15 de octubre de 1940. Boletín Oficial de la República Argentina. Esta norma, en su artículo 2º definía que “Los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación, de las Provincias, de las Municipalidades o instituciones públicas, quedan sometidos por esta Ley a la custodia y conservación del gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas”.
14 Vale subrayar que diversas solicitudes de declaración de bienes procedieron de agentes externos al órgano, tales como representantes del poder público, de asociaciones culturales, del Ejército y de la sociedad civil. Ese es el caso de los sitios de los combates de Pigüé y Tapalqué, requerida por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de Brigada Carlos Vonder Becke, y del Lugar del combate de San Carlos, solicitada por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de Brigada D. Juan Pierrestegui, cuyas declaratorias como lugar histórico mencionaremos más adelante.
15 Boletín de la CNMMyLH. 1939, 1, p. 234. Archivo de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos (CNMLBH) [denominación actual del organismo], Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
16 Decreto Nº 8729. Declárase históricos diversos lugares de la Provincia de Neuquén, 15 de septiembre de 1943. Archivo de la CNMLBH. Además de los lugares históricos mencionados, por este decreto aún se declaró el lugar de las misiones jesuíticas de Bariloche y Nahuel Huapi, que no se refiere a la Conquista del Desierto, sino que a la labor de la Compañía de Jesús.
17 Decreto Nº 11146. Declárase históricos diversos lugares del Territorio Nacional de La Pampa, 13 de octubre de 1943. Archivo de la CNMLBH. Posteriormente, por medio del Decreto Nº 10112/1957, la CNMMyLH rectificó la ubicación de este lugar histórico, observando que el cruce del río se había dado a unas ocho leguas de su desembocadura en el Atlántico, en la provincia de Buenos Aires.
18 Decreto Nº 12466. Declárase históricos diversos lugares del Territorio Nacional de Santa Cruz, 5 de noviembre de 1943. Archivo de la CNMLBH. Este decreto declaró también otros tres lugares históricos no vinculados a la campaña del desierto.
19 Según el decreto, especialmente en el segundo de ellos “se quebrantó por el lapso de casi veinte años el poderío del cacique Calfucurá”. Decreto Nº 30825, 10 de diciembre de 1945. Archivo de la CNMLBH.
20 Hay aún otros dos bienes, pero declarados como monumentos históricos, que hacen referencia a las luchas contra indígenas desplegadas en el contexto previo a la “Conquista del desierto”. En la reseña de las ruinas del Fuerte de San Rafael, ubicado en el centro de la provincia de Mendoza, se menciona que, además de haber sido construido por órdenes del virrey de Sobremonte, en “sus inmediaciones se han producido diversos hechos de armas, sobre todo en las luchas contra el salvaje y hasta 1833 estuvo dotado de numerosa guarnición”; y que, después de la batalla de Caseros, también “fue asiento de las tropas de la Nación que vigilaban la frontera Sud”. Decreto Nº 137846. Declárase monumento histórico el Fuerte de San Rafael, Provincia de Mendoza, 10 de diciembre de 1942. Asimismo, el Monumento Histórico Nacional Mirador del Fortín de Melincué, ubicado en la provincia de Santa Fe, fue declarado mediante el Decreto Nº 26250/1944 por haber sido “construido en el Fortín que defendía la frontera sur de aquella provincia contra las invasiones de los indios Ranqueles”. Decreto Nº 26250. Declárase monumento histórico el mangrullo o mirador que se levanta en el lugar de Melincué, 26 de septiembre de 1944. Archivo de la CNMLBH. Ambos son producto de las políticas reformistas implementadas en el Virreinato del Río de la Plata, construidos en las áreas que hacían de límite con parcialidades indígenas para la defensa de la Colonia.
21 Decreto Nº 2478. Declárase monumento histórico la finca “El Carmen de Güemes” y lugar histórico el sitio donde se desarrolló el combate de San Carlos en el Partido de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, 13 de julio de 1943. Archivo de la CNMLBH.
22 Boletín de la CNMMyLH, 1944, 6, pp. 434-435.
23 Decreto Nº 17265. Decláranse históricos diversos lugares de los Territorios Nacionales de Río Negro y Tierra del Fuego, 28 de diciembre de 1943. Archivo de la CNMLBH.
24 Decreto Nº 14119. 7 de junio de 1944. Archivo de la CNMLBH.
25 Decreto Nº 2236. Decláranse monumento histórico diversos sepulcros de personalidades argentinas, 4 de julio de 1946. Archivo de la CNMLBH. Nora Pagano (2014a) ha estudiado las declaratorias de la CNMMyLH referidas a los sepulcros históricos durante el primer peronismo. La autora observa que en las dos declaratorias expedidas en el año de 1946 se incluyeron las tumbas de sacerdotes católicos, militares y personalidades locales, “con lo cual se concedía un amplio espacio a los panteones provinciales” (p. 150).
26 Decreto Nº 8729. Se declaran Históricos varios lugares en el Territorio Nacional del Neuquén, 30 de septiembre de 1943. Boletín Oficial de la República Argentina.
27 Decreto Nº 17265. Se dispone declarar históricos, diversos lugares de Territorios Nacionales de Río Negro y Tierra del Fuego, 18 de enero de 1944. Boletín Oficial de la República Argentina.
28 Decreto Nº 30825, 10 de diciembre de 1945. Archivo de la CNMLBH.
29 Véase, entre otros, Liborio Justo (1962); Luis Franco (1968); Milcíades Peña (1968).
30 Además de Roca, Mitre fue otra figura del régimen conservador convertida en objeto de homenajes y revalorizada por la corporación reunida en la Junta de Historia y Numismática Americana (actual Academia Nacional de la Historia). Desde fines de la década del veinte y a lo largo de los gobiernos de la Concordancia, estos historiadores reivindicaron la tradición mitrista y su legado historiográfico. Ricardo Levene –presidente de la Junta– reivindicó a Mitre en tanto exponente de la unidad de la república, y contó con el apoyo del presidente Agustín P. Justo, quien aportó los recursos necesarios para las actividades del Museo Mitre y otras iniciativas en su homenaje (Blasco, 2015).
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