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(Atribución-No Comercial-Compartir Igual)
DOI: http://dx.doi.org/10.19137/qs. v24i1.3571
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ARTÍCULOS
La policía y el proceso de territorialización de la ciudad de Buenos Aires. Medio siglo de proyectos, 1782-1824
The police and the process of territorialization in the city of Buenos Aires. Half a century of projects, 1782-1824
A polícia e o processo de territorialização da cidade de Buenos Aires. Meio século de projetos, 1782-1824
María Agustina Vaccaroni
Universidad Nacional de Mar del Plata. Centro de Estudios Históricos
Argentina
Correo electrónico: magustinavaccaroni@gmail.com
Resumen: Este trabajo se aboca a analizar las formas en que policía y territorio emergieron de forma conjunta, desde el casco urbano de la ciudad de Buenos Aires hacia sus suburbios, en consonancia con la expansión económica y política iniciada a fines del siglo XVIII. Se examina cómo las divisiones territoriales de la urbe porteña fueron acompañadas por la instalación de las primeras figuras policiales. La ampliación del poder de de policía se desenvuelve en simultáneo al proceso de miniaturización del espacio. Para esta pesquisa se hace uso de planos intervenidos, padrones, partes policiales, acuerdos del Cabildo de Buenos Aires, reglamentaciones y una bibliografía amplia que permite reconstruir la división del territorio porteño y el emplazamiento de intendentes, jefes de policía, alcaldes y tenientes. El trabajo sostiene que el proceso de territorialización y el de institucionalización de un dispositivo policial forman parte de medio siglo de proyectos, que inician con las Reformas Borbónicas, pero cuyos elementos principales son retomados por los dirigentes de la Revolución de Mayo y luego por las reformas que llevó adelante Bernardino Rivadavia hasta la mitad de la década de 1820.
Palabras clave: Policía;Territorialidad; Espacio; Dispositivo policial
Abstract:This work focuses on analyzing the ways in which police and territory emerged together, from the urban area of the city of Buenos Aires to its suburbs, in line with the economic and political expansion that began at the end of the 18th century. It examines how the territorial divisions of Buenos Aires city were accompanied by the installation of the first police figures. The expansion of police power unfolds simultaneously with the process of miniaturization of space. For this analysis, intervened plans, police reports, agreements of the City Council of Buenos Aires, regulations and a vast bibliography are used to reconstruct the divisions of Buenos Aires territory and the location of mayors, police chiefs, mayors and lieutenants. This article argues that the process of territorialization and the institutionalization of a police device is part of half a century of projects, which begin with the Bourbon Reforms, but whose main elements are taken up by the leaders of the May Revolution and then by the reforms that put standing Bernardino Rivadavia until the mid-1820s.
Keywords: Police; Territoriality; Space; Police device
Resumo: Este trabalho analisa as formas em que polícia e território emergiram de maneira conjunta desde a zona urbana da cidade de Buenos Aires até os subúrbios em consonância com a expansão econômica e política que se inicia no século XVIII. Examinam-se como as divisões territoriais da urbe portenha foram acompanhadas pela instalação das primeiras figuras policiais. A ampliação do poder da polícia desenvolve-se em simultâneo ao processo de miniaturização do espaço. Para esta investigação se utilizaram os planos intervindos, padrões, relatórios policiais, acordos do Cabildo de Buenos Aires, regulamentações e uma bibliografia ampla que permite reconstruir a divisão do território portenho e a localização de prefeitos, chefes de polícia e tenentes. O trabalho argumenta que o processo de territorialização e de institucionalização de um dispositivo policial formam parte de meio século de projetos que iniciam com as Reformas Borbônicas, mas cujos elementos principais são reassumidos pelos dirigentes da Revolução de Maio e logo pelas reformas que realizou Bernardino Rivadavia até a metade da década de 1820.
Palavras chave: Polícia; Territorialidade; Espaço; Dispositivo policial
1.1. El problema
Este artículo1 intenta mostrar la vinculación entre los cambios a nivel territorial, a partir de las sucesivas divisiones y reconfiguraciones del casco urbano de Buenos Aires, y la conformación de los primeros elementos y agentes de un dispositivo policial.2 El foco está puesto en los alcaldes de barrio, primeras figuras que cumplieron funciones policiales. El resultado de este proceso de vinculación entre cambios territoriales y agentes con funciones policiales es la construcción de un espacio político porteño entre 1782 (Hespahna, 1993)3 y 1824, período que experimenta las transformaciones derivadas del reformismo borbónico, la década revolucionaria y el reformismo rivadaviano.
El poder de policía se extendió desde la ciudad hacia los suburbios. Este proceso se inició con la implantación de las intendencias, a partir de la ordenanza de 1782, y continuó hasta la supresión y reinstalación de los comisarios de campaña, ya concluido el gobierno de Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia. Los cambios que operaron a partir de la segunda mitad del siglo XVIII –más específicamente, con la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776– evidencian las modificaciones de Buenos Aires derivadas de su nuevo rol como capital virreinal, como centro administrativo y comercial, junto con una expansión territorial, económica y demográfica. La periodización señalada se ajusta al proceso de construcción institucional de la policía, pero también atiende a las conexiones con acontecimientos y procesos político-sociales más amplios.
Parte de las políticas de división territorial desarrolladas durante la etapa tardo-colonial colaboraron con el equipamiento político del territorio (Barriera, 2009) y fueron retomadas y continuadas por los grupos dirigentes revolucionarios y rivadavianos. Examinar la vinculación entre territorialización, espacio y policía permite matizar aquella idea derivada de la historiografía policial tradicional que sitúa la génesis y el núcleo fundacional de la policía porteña a partir de 1821, con la creación del Departamento de Policía por parte de Rivadavia (Romay, 1980).
Para analizar cómo accionaba la policía y el impacto de dicha acción sobre el espacio político al que se hace referencia se analizan planos intervenidos, padrones, partes policiales –denominados órdenes superiores–, acuerdos del Cabildo, reglamentaciones y los aportes de una bibliografía diversa que permiten reconstruir la partición, división y miniaturización del espacio.4 A su vez, estos elementos posibilitan el examen de la instalación conjunta de figuras institucionales destinadas a ordenar y vigilar sus diversas secciones, áreas y pobladores. La lenta institucionalización de elementos constitutivos de un dispositivo policial tiene momentos destacados, como el establecimiento de una primera Intendencia de Policía en 1799, y luego una segunda en 1812, promovida por el Segundo Triunvirato, y ya provista de funciones particulares, reglamentaciones, agentes centralizados bajo una jefatura y presupuesto que contemplaba dotaciones para cada agente según su rango.
La primera sección del artículo muestra las nociones utilizadas en torno al territorio y al espacio, que a partir de las miradas renovadas del spatial turn,5 de los aportes de la geografía crítica y también de la historia urbana, propician su comprensión como parte de las relaciones sociales y no solo como un escenario de estas últimas. Los aportes de la historia social de la justicia, de la historia política, del derecho y de las instituciones de control que han motivado nuevos intereses sobre el estudio de la policía complementan el marco teórico.
La segunda sección continúa con un repaso somero por el contexto en el que se iniciaron las políticas y proyectos de división territorial, para luego avanzar al estudio en torno a la miniaturización del espacio en conjunto con la creación e instalación de figuras y agentes policiales que lo ordenaban y controlaban. Finalmente, las líneas principales de este análisis son retomadas en las reflexiones finales, que también abren preguntas y caminos a indagar y transitar en posteriores estudios.
1.2. Nociones sobre el territorio
Para examinar el proceso de territorialización, al espacio político como producto de dicho proceso y su relación con una incipiente instalación de figuras –y racionalidades– policiales, se utilizan nociones provenientes de la geografía política crítica6 y de la historia social de la justicia. Una de ellas, el equipamiento político del territorio, es comprendida, según Darío Barriera (2009, pp. 45-46), como un desarrollo que:
incluye las acciones de diversos agentes y de distinto tipo –que tienden a conseguir un resultado orientado por esta voluntad de ordenamiento– y las expresiones simbólicas o físicas que este accionar va imprimiendo tanto en el terreno como en la concepción de su relación con las instituciones políticas.
Este concepto sugiere correr la mirada hacia la producción del espacio. Según el geógrafo Claude Raffestin (2011, p. 102), el espacio es un producto de los actores, esto es, fruto de prácticas determinadas que derivan en un vivencia territorial por parte de las personas. La fisonomización de territorio en torno a relaciones específicas es una perspectiva que Raffestin comparte con Robert Sack (1986). Para este último, la territorialidad implica mucho más que el control sobre un área; por el contrario, se presenta como un proceso más vasto, que asocia los intentos de un determinado individuo o grupo para influenciar y controlar, no solo el trazado arquitectónico, sino también las relaciones sociales que discurren en el espacio en cuestión. Sin dudas, una herramienta para delimitar y controlar las relaciones sociales que se desenvuelven y así corporizan un espacio es, en efecto, un dispositivo como el policial.
Ahora bien, si el estudio se sitúa en contextos de Antiguo Régimen y de transición, intervienen conceptos y aspectos como la proximidad, la miniaturización, la contigüidad y, por ende, la conservación de pequeñas comunidades políticas que reconocen la indisponibilidad de las relaciones de poder tradicionales (Hespanha, 1993, pp. 100-103). En el período que abordamos en este trabajo, la jurisdicción de un territorio, es decir, la posibilidad de decir los derechos –iurisdictio– existentes allí, juega un rol fundamental y es lo que se debate entre grupos sociales y dentro de las diferentes facciones del grupo gobernante. La jurisdicción es fuente de producción normativa, primero del rey, luego de los pueblos o del pueblo soberano. Reglamentos, estructuras policiales, funciones y tareas se crean y recrean en este espacio jurisdiccional específico, mayormente a partir de las acciones y reacciones de diversos agentes.
En definitiva, aquí se tiene en cuenta al espacio urbano y suburbano como un ámbito plural, simbólico y de disputas; a la territorialización como un proceso que es parte de la experiencia actuada de los agentes que deriva en el desarrollo de ciertas relaciones sociales en determinadas áreas geográficas; y a la jurisdicción, estrechamente asociada a la idea de territorialización del poder (Fernández Albaladejo, 2009), por un lado, y a la producción normativa, por el otro (Agüero, 2005), como una potestad querellada. Las funciones más amplias relacionadas con el “policiar la ciudad” marcan el derrotero de la conformación de las figuras y configuraciones policiales.
1.3. La historiografía social, política y del derecho
Los aportes que han permitido pensar el problema del territorio, del espacio, de la jurisdicción, de las configuraciones policiales en este trabajo son variados. El diálogo entre historia política, social y del derecho ha resultado enriquecedor y derivó en la valoración de un eclecticismo teórico-conceptual que abona la construcción de una historia sociopolítica de la policía, al abordar sus continuidades y cambios.
Los matices y cuestionamientos introducidos a la idea de Estado en tanto moderno, junto con los nuevos enfoques sobre las transformaciones culturales y políticas han sido fundamentales para reubicar las preocupaciones de la historia política desde las instituciones hacia las prácticas; la predilección sobre estas últimas ha sido especialmente útil en los siglos previos a la conformación de una esfera política autónoma. Este traslado ha sido importante en la profundización del diálogo entre historia política y social (Halperin Donghi, 1972; Guerra, 1992; Chiaramonte, 1997).
La idea de relaciones de poder edificadas histórica y espacialmente remite a la construcción de la estatalidad como un proceso no apriorístico de negociaciones entre poderes (Bragoni y Míguez, 2010). La importancia de diferentes espacios institucionales como visualizadores de los conflictos y las luchas entre grupos disímiles también son productos de estas nuevas miradas, que incluyen a las prácticas policiales y judiciales como facetas de la historia de lo político.
Dentro del campo más amplio de las investigaciones sobre la policía durante los siglos XIX y XX en Argentina se reconocen estos diferentes elementos. Diversos autores han tenido la audacia de hacer parlamentar a la historia política y social con la historia del derecho (Tío Vallejo y Barriera, 2012), al retomar el abordaje histórico de esta última disciplina planteado por el jurista español Francisco Tomás y Valiente (Dalla Corte, 1999, pp. 146-147).
A su vez, los estudios de la justicia y los subalternos alimentados por el marxismo inglés y también por las perspectivas gramscianas volcadas por el Grupo de Estudios Subalternos de India, por un lado, y la revitalización de los estudios sobre control social luego de los aportes de Michel Foucault (Bohoslavsky y Di Liscia, 2005, p. 16), por otro, son también hilos que han ido tejiendo la matriz que permitió un florecimiento de los análisis que privilegian a la policía como objeto de estudio.
A esto se suma la influencia de historiadores ingleses como Clive Emsley (1991), seguido por Robert Reiner (2010) y Phillip Rawlings (2002), que se han preocupado por analizar y debatir sobre la existencia de paradigmas policiales (entre ellos, el inglés de tipo comunal, en oposición al francés, más autoritario y estatalizado). Traen a colación el influjo de las nuevas teorías criminológicas, radicalizadas, en especial la labelling theory, que, a partir de los años setenta, discute con el funcionalismo más clásico sobre la responsabilidad de las instituciones de control en la creación de “desviados” (Taylor, Walton y Young, 2017).
En Argentina, el interés renovado por las relaciones entre delito y sociedad ha permitido una relectura crítica que articula al marxismo, a Foucault y a la labelling theory con los dispositivos penales ocupados en la reproducción de una sociedad desigual (Barreneche y Oyhandy, 2012, p. 15). Estas líneas de investigación han tenido un “momento de reunión”, en especial la historia de la justicia y la de las instituciones de control social en la esfera y el terreno de la historia política (Barreneche y Casagrande, 2015, pp. 1-2). Dos especialistas en la cuestión criminal, Lila Caimari y Máximo Sozzo (2017, p. 10), resumen lo señalado al apuntar que la variedad de tradiciones, enfoques y diálogos del campo es patente en tanto “recoge preguntas de la historia social, de la historia intelectual y de la historia del derecho, pone a prueba intuiciones nacidas en las canteras foucaultiana y neomarxista y se emparenta con la historia de las instituciones estatales y sus expertos”. De esta manera, desde diversas áreas y disciplinas se pone en debate “la violencia, el delito, la ley, el derecho, la justicia como uno de los tópicos más dinámicos de las Ciencias Sociales” (Gayol y Kessler, 2002, p. 13).
Los aportes resumidamente señalados proveen una matriz interesante a este trabajo para examinar las formas en que las figuras y elementos policiales se imbrican en el proceso de territorialización y contribuyen a la construcción de un espacio político no sin mediar conflictos.
2.1. Reformismo, gobierno y policía
La policía que se aborda en este trabajo se instala por primera vez en Buenos Aires en el contexto de una monarquía de carácter pluricontinental, conformada por reinos a lo largo de Europa y con una vocación expansionista, que a fines del siglo XVIII se encontraba repensando sus formas de gobernar. La conformación de los primeros dispositivos policiales a fines del siglo XVIII y principios del XIX no pueden comprenderse sin considerar lo dicho. En este sentido, para el contexto europeo en general, Catherine Denys (2010, p. 332) señala que:
The eighteenth century provides an exciting period of historical observation for the police of European towns and cities. The old equilibriums were being disrupted by the growth of urbanisation, the challenging of the traditional bases of power, the rise of individualist and liberal aspirations in defiance of corporate organisations, and the increased circulation of men and ideas. The police for their part were questioned, criticised, reformed.
Algunas de las cuestiones que Denys plantea a un lado del Atlántico se configuran en sus propios términos en el Río de la Plata al calor de los proyectos borbónicos, justificados en la extensión de la corrupción, especialmente en un cuadro de situación signado por la crisis económica, financiera y fiscal derivada de las sostenidas guerras europeas (Pietschmann, 1998). Si bien los Borbones habían salido triunfantes en la Guerra de Sucesión, la de los Siete Años no mostraba más que el crecimiento del predominio inglés. La ocupación de Manila y de La Habana en 1762 eran los ejemplos más dramáticos de este contexto (Lempérière, 2013, p. 155). Los gastos bélicos, que requerían de una mejor administración y racionalización, se conjugaron con una necesidad de mejorar la protección de los territorios de ultramar. Por esto, a las reformas militares que se impulsaron con este objetivo, hay que sumar los grandes cambios territoriales que operaron para optimizar el resguardo geográfico frente a los ingleses y también a los portugueses.
La centralización borbónica en tanto imposición no pudo ser concretada; las respuestas de la propia sociedad americana, acostumbrada a la autonomía local, derivaron en una aplicación casuística y con un notable margen de flexibilidad de la reformas (Lorandi, 2008, p. 30). Federica Morelli (2004) bien lo demuestra para el caso de Ecuador, donde verifica el reforzamiento de cuerpos intermedios como los ayuntamientos. Por su parte, Beatriz Rojas (2010, p. 40), al abordar Zacatecas durante el siglo XVIII, señala que las reformas “no tuvieron como finalidad transformar el sistema, sino restablecerlo”. Para la autora, no se operaron cambios en el sistema jurisdiccional y se ratificaron las funciones de autogobierno. En esta misma línea, Annick Lempérière (2013, pp. 163-165) sostiene que el éxito de algunas medidas reformistas dependía de la mediación corporativa.
Las ciudades, concebidas como civitas et urbs,7 de este modo, experimentaron un reforzamiento de la tendencia al autogobierno y la autorregulación que habían heredado de la tradición pactista y del derecho consuetudinario, cuya consecuencia era la permanencia de la función jurisdiccional como ordenadora de diversos ámbitos de gobierno (Agüero, 2005). Las primeras expresiones policiales se verán envueltas en este entramado, no sin tensiones y conflictos.
A su vez, la situación de Buenos Aires en el contexto reformista era un factor de gran importancia, puesto que hasta poco tiempo antes esta ciudad constituía una aldea más en la parte sur del continente. Las zonas de importancia para la Corona, por el contrario, se encontraban al norte, en especial en el Alto Perú y en las áreas caribeñas, tanto continentales como en las islas. Para este momento, Javier Curros Cámara (2018, p. 12) describe a Buenos Aires como un espacio donde:
predominaba la discontinuidad de fachadas, la ausencia de cercos que delimitasen los terrenos, con lo cual la traza de las calles se desdibujaba totalmente, la ausencia de veredas y con calles de tierra llenas de zanjones, pantanos, basura y animales muertos.
Solo en el marco del impulso reformista, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, es que se produjo un cambio, cuyo resultado fue parte de una conjugación no deliberada entre la voluntad de la Corona para consolidar límites, seguridad y aumento de ingresos al Imperio, con los factores internos de las colonias, en especial la acción de las élites locales y la realidad económica. Algunas de las transformaciones más destacadas y que, en efecto, produjeron mutaciones sobre la urbe porteña son aquellas asociadas a la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, la implementación del Reglamento de Libre Comercio de 1778, la Ordenanza de Intendentes de 1782 –que estableció unidades administrativas territoriales que controlaban los ramos de hacienda, justicia, policía y guerra denominadas “intendencias”, que paulatinamente fueron sustituyendo la organización del territorio, otrora esquematizada mediante capitanías y gobernaciones (Pietschmann, 1996)–,8 y la creación de la Audiencia de Buenos Aires en 1785, que disminuía el poder de aquella ubicada en Charcas.
Estos cambios consolidaron una nueva situación en Buenos Aires. Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia (2009, p. 88) hablan de ella como una bomba aspirante debido a su capacidad de captar metálico de Potosí, hecho asociado a su importancia en el comercio de efectos de Castilla, esclavos, yerba, vinos y mulas, entre otros. En este escenario, en poco más de treinta años, su población se duplicó: en 1778 era de 24.000 habitantes aproximadamente, cifra que en 1810 ascendió a más de 40.000.9
Ya estos ensayos reformistas tomaban nota no solo de la corrupción y del avance de los poderes locales, sino también de la expansión urbana y sus desórdenes. Como dice Denys, comenzaban a mostrarse la urbanización y sus problemáticas. Era notoria la preocupación –compartida por las élites peninsulares y locales– por el control, la vigilancia y el disciplinamiento de los subalternos, cuestión que se mantendría durante todo el período abordado. Rivadavia lo demuestra en 1822, más de una década luego del estallido revolucionario, cuando señala que los vagamundos eran “a la vez una clase improductiva, gravosa, nociva a la moral pública e inductora de inquietudes en el orden social”.10
2.2. Las divisiones territoriales
En este contexto, división territorial y recursos humanos y materiales serán ejes destacados en la conformación de un dispositivo policial, que se sumaría a las parroquias y las justicias, entre otras configuraciones institucionales destinadas a ejercer el control social. La policía aquí referida aún estaba atravesada por elementos de tipo antiguo regimentales, que la conceptualizan como una policía dedicada a la higiene urbana, al trazado físico de la ciudad, al control poblacional y del territorio, como una herramienta más del gobierno de la ciudad. A su vez, la policía, de forma paulatina, adquirió su especificidad, buscando su fundamento en el orden y el disciplinamiento mediante la interposición ante los conflictos, lo cual demuestra una “misión de proximidad” (L’Heuillet, 2010, p. 288), por un lado, y, por el otro, la desprocesalización de la administración del castigo y el reforzamiento de la función preventiva (Casagrande, 2014, p. 349). Lo que se ha visto como una policía auxiliar de la justicia en realidad remite a momentos de transición entre nociones diferentes que entran en tensión. La policía, más bien, desafía la racionalidad judicial y adquiere su especificidad en el marco de un largo y “triple proceso de minimización, legalización y criminalización” (Barreneche y Oyhandy, 2012, p. 19).
Por detrás, y no tanto, puede verse la “historia del hacer jurisdicciones” (Barriera, 2013, p. 32), que involucra la acción de los agentes sobre el territorio. Esta cuestión ha sido abordada por variados estudios; de más está decir, por el clásico de Barriera (2013), Abrir las puertas a la tierra, hasta un reciente capítulo de Sofía Gastellu (2018) para el período inmediatamente posterior al trabajado aquí. La instalación, extensión y centralización del poder de policía aparece combinada y yuxtapuesta con el proceso de miniaturización del espacio con la permanencia de una visión jurisdiccional que ocasionó que las reglamentaciones y normativas formales sobre las divisiones espaciales en construcción se flexibilizaran en el marco de la propia acción de los agentes actuantes.
El Plano I, reconstruido por Manuel Ricardo Trelles11 en 1856, provee un escenario de la ciudad de Buenos Aires en 1793, con los 16 cuarteles que estaban instalados desde 1770, antes de que el virrey Nicolás de Arredondo elevara su número a 20. La intervención realizada sobre este plano da cuenta de las diferencias entre la distribución de las parroquias como primer dispositivo de control territorial y poblacional, y los cuarteles –espacios de corte rectangular o cuadrado que agrupaban una serie de manzanas y cuya extensión fue cambiando a lo largo del período–, que en aquel momento se erigían como una iniciativa novedosa en la ciudad de Buenos Aires.
Junto con esta primera división se produce la materialización de los alcaldes de barrio. En América, los intentos por instalar estos agentes habían sido anteriores, hacia 1734. Sin embargo, en Buenos Aires, no fue sino hasta la década de 1770 que se planteó seriamente la conformación de un cuerpo de comisionados de barrio (Romay, 1980, p. 109), que prontamente serían conocidos como alcaldes, impulsados por Juan José de Vértiz y luego por Sanz y por el virrey Nicolás del Campo, marqués de Loreto.
Fuente: Plano intervenido en base a Horacio Difrieri (1980, Lámina XXb, p. 61).
Su establecimiento definitivo no escapa a la influencia de las reales cédulas de octubre de 1768 en Madrid, promovidas por el presidente del Consejo de Castilla, el conde de Aranda, como respuesta al motín de Esquilache de 1766.12 A partir de estas cédulas, fueron instalados 8 cuarteles, que contaban también con ocho alcaldes de barrio cada uno, y se creó una milicia urbana de 450 personas que tenía como tarea asistir en el patrullaje nocturno de los cuarteles (Marin, 2012, pp. 22-23). Entre las funciones establecidas para los alcaldes en las instrucciones que acompañan las cédulas se destacan la matriculación de vecinos; el control de posadas, mesones; de habitantes extranjeros; el cuidado y limpieza de las manzanas de la ciudad; el empedrado; el cuidado de huérfanos y abandonados; y el registro de mendigos, vagos y delincuentes.13
La primera observación que se desprende del Plano I es que, a diferencia de las parroquias, que cubrían también el espacio suburbano, los cuarteles estaban emplazados en el casco urbano, alrededor del fuerte y a lo largo de la ribera rioplatense. Por caso, a fines del siglo XVIII, las parroquias de la Piedad, del Socorro y de Monserrat no contaban con cuarteles y alcaldes designados. A su vez, es notoria la diversidad en cuanto al tamaño de los cuarteles, que dividían un total de 137 manzanas y 19 medias manzanas. Si se mira en dirección este-oeste, aquellos cuarteles pegados a la ribera platense tienen 3 manzanas de largo, como los que se encuentran hacia el extremo oeste. Mientras tanto, los cuarteles ubicados en el centro poseen un ancho de 2 manzanas. Según este plano, la división entre norte y sur está dada por la calle Las Torres (actual Rivadavia). Se observa fácilmente que la extensión a lo largo del Río de la Plata –20 manzanas, aproximadamente– es mucho más amplia que las 10 manzanas de profundidad de la ciudad.
Cercanos al curso de agua, los cuarteles eran más extensos, mientras que alrededor de la calle Las Torres se encontraban los más pequeños. Aquí se emplazaron los primeros alcaldes de barrio, electos por el Cabildo, con funciones especialmente dirigidas a la higiene urbana y social; entre sus tareas se incluía velar la obra de empedrado de las calles, la limpieza de estas y el alumbrado, entre otras cuestiones. Aún no se contaba con la figura de un intendente de policía, y los alcaldes pendulaban entre las órdenes del virrey y las del Cabildo, que, por caso, el 23 de diciembre de 1789 recibió un pedido del propio virrey, que demandaba que “este M.I.C. le informase en todo lo relativo a la Policia de esta Ciudad lo que le pareciese mas conveniente al mejor servicio de Dios, del Rey y bien de la causa publica”.14
Los individuos que cumplían funciones como alcaldes, como en Madrid, se suponían de probado honor y residentes del barrio en cuestión.15 Ya luego de la revolución, también fueron requisitos el buen porte, la instrucción, la estimación y, en muchos casos, la fortuna. Esto último era una cuestión central, ya que la carga pública de los alcaldes de barrio no permitía atender otros asuntos. Además, el saber leer y escribir parece haberse convertido sino en un requisito, sí en un argumento para la dimisión en el cargo. En 1814, tanto Francisco Cruz, del cuartel 1, como Bartolo González, del cuartel 21, apelaron a esto para excusarse como alcaldes.16 Nazario Gallegos, designado para el cuartel 6 en 1816, lo hizo bajo el fundamento de su “ineptitud”.17 Más adelante, los requisitos se ampliaron para otras figuras similares, como los celadores de policía. Los requisitos de alfabetización están plasmados en la reglamentación: los ocho celadores de la ciudad deberían saber leer y escribir, usar un escudo en su cuello y un uniforme distintivo (Romay 1980, p. 174).
Por entonces, los alcaldes solo estaban establecidos en los sectores con mayor densidad de población y en espacios cercanos a la sede del poder político. Policía y gobierno muestran una interconexión conceptual pero también de cercanía física. Las diferencias entre el Plano I y el II muestran la conjunción del proceso de miniaturización de los espacios con la extensión y ampliación del poder policial, que comenzará a estar presente en las áreas suburbanas.
Fuente: Difrieri, H. (1980, Lámina XXc, p. 62), intervenido con datos provenientes del Padrón 1782-1807. Sala IX, 9.9.7. AGN.
En el Plano II, fechado en 1794, se puede observar cómo Buenos Aires comenzaba a organizarse bajo la forma de un rectángulo. El accionar del virrey Nicolás de Arredondo, responsable de elevar el número de cuarteles a 20, devino en una mayor homogeneización territorial. Las nuevas divisiones comenzaron a integrar manzanas al oeste. La calle San Pablo ya no era el límite, sino que este se extendió hacia cinco calles más alejadas del curso de agua. Los sectores antes solo delimitados por parroquias ahora ya contaban con alcaldes. La demarcación hacia el sur también se amplió unas manzanas más allá de la calle Santa Bárbara. Hacia el noreste se encontraban los cuarteles más pequeños, de entre 6 y 9 manzanas cada uno, mientras que hacia el sur, y en especial el suroeste se pueden ver los cuarteles más extensos; el cuartel más grande era el 16, de 54 manzanas, y el menos poblado.
En este plano se especifica la cantidad de habitantes por cuartel de acuerdo con los datos provistos por el censo de 1806-1807.18 De las 102 manzanas edificadas, los barrios más populosos, una vez más, eran aquellos emplazados cerca del fuerte y la ribera, como los pertenecientes a los cuarteles 2, 6, 7 y 9, cuyas poblaciones superaban los 2000 habitantes. Mención aparte merece el cuartel 5, en cuya extensión, de más de 25 manzanas –que lo sitúa como uno de los más grandes–, se albergaba a 4331 personas. En el extremo opuesto, los cuarteles 1 y 10 apenas llegaban a los 700 habitantes. Si bien no es un dato definitorio, una breve comparación sobre los oficios de los habitantes de los cuarteles 1 y 2 abona a una mejor comprensión del escenario social. Mientras que en el cuartel 2, con casi 2500 habitantes, aparece una diversidad de oficios con cierta calificación –desde carpinteros hasta boticarios, 23 zapateros y 13 escribientes–; en el cuartel 1, el más pequeño en tamaño y cantidad de habitantes, pegado al puerto y a la zona de Retiro, solo contaba con 2 zapateros.
La cantidad de pobladores y su composición deriva en dos reflexiones en relación con el territorio. Los alcaldes tenían numerosas tareas (limpieza de calles y compostura de veredas y zanjas; patrullas nocturnas; vigilancia de mercados; cuidado de huérfanos y mujeres escandalosas; supervisión de gremios como panderos y también de boticarios), sin embargo, una de ellas fue constantemente reclamada por parte de las autoridades superiores: la relación –o padrón– de habitantes de cada cuartel. En bandos fechados en 1777 y 1779, Vértiz reitera el pedido de la relación individual de los habitantes de cada distrito –se refería a los cuarteles–.19 La insistencia continuó con Arredondo en 1790.20 Ya luego de la revolución, las órdenes se precisaron: se necesitaba en aquel momento un padrón de europeos con designación de barrio, estado y ocupación,21 y en 1821, el empadronamiento era requerido para la formación de compañías, tarea que debía realizar el jefe de Policía, auxiliado por los alcaldes.22 La autoridad y jurisdicción de los alcaldes, entonces, aparece asociada a las posibilidades de conocer la cantidad y quiénes eran los pobladores de sus barrios. Y esto tenía una razón de fondo, puesto que eran estos alcaldes los que debían informar sobre las resoluciones de las autoridades y convocar a los vecinos si fuera necesario, por ejemplo, a la Plaza de la Victoria en ocasión de la dimisión que en su momento se le demandó a Alvear.23
La segunda cuestión que deviene de la necesidad de los alcaldes de conocer la cantidad de habitantes puede estar aparejada con el hecho de que la proximidad de su jurisdicción requería de un espacio delimitado que pudiera recorrerse a pie o a caballo en un día. Por ello, estos cuarteles de tamaños heterogéneos fueron reemplazados por espacios mejor delimitados, con extensiones menores que podían ser más fácilmente vigiladas. Esto demandó la construcción de nuevos cuarteles, pero también la designación de nuevos alcaldes, así como de otras figuras de control en un territorio, urbano y suburbano, que se extendía ya 15 cuadras desde la ribera y 25 cuadras de norte a sur. Barriera (2012, p. 143) sostiene que creaciones institucionales como los comisionados y jueces pedáneos:
se originaban en el proceso de miniaturización del territorio, que –normalmente fruto de una exigencia de los pobladores– conllevaba el reconocimiento político por parte de las autoridades superiores así como la subdivisión de las jurisdicciones en distritos cada vez más pequeños, con delimitaciones que iban alcanzando un grado de precisión expectable.
Las nuevas divisiones territoriales y las consecuentes figuras policiales que se establecieron para su vigilancia parecen adaptarse a esta caracterización.
La convivencia tensionada de diferentes dinámicas y lógicas políticas en este proceso es patente, por ejemplo, en el caso de la primera Intendencia de Policía. Al frente de ella fue designado el capitán de Navío Martín Boneo, quien ejercería parte de la función policial, y no contaría con dotaciones o auxiliares para asistirlo más que la fuerza de trabajo de los presidiarios, destinada a las obras públicas. Sus más urgentes tareas eran la supervisión de la obra de empedrado a partir del año 1801 y la construcción del muelle en 1803. Las referidas obras no escaparon a los conflictos con el Cabildo, que incluso objetó la extracción de arena del bajo por ser perjudicial a los vecinos (Romay, 1980, pp. 172-173). La pavimentación de los corrales de abasto de carne también formaba parte de sus labores, aunque su actuación se estrecharía en el tiempo, a raíz de la batalla que dio el Cabildo para expulsar al “Yntruso Yntendente de Polizia”,24 cuestión concretada en 1804.
El Plano III –confeccionado por Felipe Bertrés–25 data de 1822, pero ya muestra la división de los 29 cuarteles urbanos que se habían establecido en 1812, poco después del estallido revolucionario. No figuran los 4 cuarteles suburbanos, aunque para este período estos estaban bien delimitados y contaban con alcaldes y tenientes designados. Estos cuarteles son los que se extendían a partir de la actual Avenida Callao, y limitaban con la jurisdicción del Juzgado de Paz de Balvanera. Al sur, la frontera se confundía con el ámbito de San José de Flores. Este es el escenario que ocupó la Intendencia de Policía presente en la década revolucionaria y luego también el Departamento de Policía creado por Rivadavia, al menos hasta 1825, cuando se reconfiguraron las 8 comisarías de campaña y se agregaron 10 cuarteles a la jurisdicción urbana. Los 33 cuarteles, el esquema de alcaldes y tenientes de alcalde, sumado a la partida celadora, quedaron bajo la supervisión del intendente de Policía, tal como lo planteaba el Reglamento Provisional de diciembre de 1812. A la función de higiene urbana se le sumó, en la normativa, la de higiene social: la policía pasó a centralizar estos aspectos de la vida pública, en directa comunicación con el Poder Ejecutivo, ya no con el Cabildo, cuya función comenzaba a sufrir recortes.
Fuente: Difrieri, H. (1980, Lámina XXXa, p. 91), intervenido con datos provenientes del Censo de la Ciudad y Campaña de Buenos Aires contenido en el Padrón 1812-1818. Sala IX, 10.7.2. AGN.
En el Plano III se puede observar que los cuarteles situados en la ribera platense abarcaban 12 manzanas, mientras que hacia el oeste se encontraban cuarteles de 16 manzanas como máximo. Para simple ejemplificación, el cuartel 16, que en 1795 nucleaba 54 manzanas, fue dividido en los cuarteles 20, 21, 22, 23, 24 y 25, todos de 12 manzanas de extensión. Estos últimos eran los pertenecientes a la zona denominada como “de quintas”.26 La extensión de estos espacios comienza a homogeneizarse; se daba continuidad al proceso de miniaturización en la misma línea de las disposiciones de Arredondo y que, según otros estudios que avanzan en el tiempo para este mismo escenario, puede observarse hasta el rosismo (Gastellu, 2018, pp. 287-288).
Así como las jurisdicciones y autoridad de los alcaldes estaban asociadas al conocimiento efectivo de los pobladores –lo cual requería de un proceso de achicamiento del territorio que debían vigilar–, también eran estos mismos agentes quienes demandaban esa miniaturización a los fines de cumplir de forma más adecuada sus funciones. El cuartel 5, que en 1806-1807 contaba con el mayor caudal de población, fue dividido en cuartel 5 y 5 agregado en septiembre de 1813, de acuerdo con un oficio del intendente de Policía, que expone:
haverle representado verbalmente el Alcalde del Cuartel numero cinco la necesidad de dividir el quartel por ser muy dilatado, y su extensión enerva las providencias egecutivas que deven tomarse…puede muy bien dividirse en conformidad del detalle que describe el Alcalde por sus conocimientos…debe dividirse en la Plaza de la Residencia sobre la izquierda, esquina de Don Jacinto Oliden manzana numero seis, quedando de este modo cada alcalde con seis cuadras de largo y tres de ancho.27
En términos generales, los cambios en la distribución presentados en el Plano III reflejan la necesidad de adecuar la extensión de los cuarteles a la tarea de los alcaldes. Ellos mismos lo demandaban, y también eran quienes, por conocer el terreno, recomendaban los nuevos “límites”. Las jurisdicciones creadas y recreadas en el marco de la miniaturización del espacio adquieren sentido no solo mediante disposiciones y reglamentaciones, sino por las demandas y acciones efectivas de los agentes que ejercían autoridad en cada área. La reducción de espacios a vigilar buscaba posibilitar una mayor efectividad en las tareas policiales, a las que, además, se les agregaba otra especificidad, la de ser realizadas por agentes que compartían un perfil socioeconómico con sus vigilados.
2.3. Perfiles sociales y tareas
Los cuarteles hacia el norte y el sur, en general los más pequeños, concentraban la actividad comercial y también a las familias más adineradas. El norte (Retiro), además, centralizaba cuarteles militares, desde la milicia de caballería, los Húsares y los Granaderos.
Los propios alcaldes28 de la zona eran ellos mismos vecinos dedicados a actividades comerciales o militares. Algunos de ellos habían forjado sus carreras político-militares a partir de la revolución y de la defensa de la ciudad contra los ingleses. Tal es el caso de Rafael Alcaraz, pulpero, que llegó a ser capitán del 2do tercio de la Guardia Cívica, además de ser elegido alcalde de barrio en 1812 para el cuartel 19, para luego convertirse en célebre capitán de la partida celadora. O de Joaquín Griera, que había formado parte del Cuerpo de Patricios antes de desempeñarse como alcalde del cuartel 7 en 1813. Notorio también es el caso del reconocido José María Balbastro, militar proveniente de una familia asociada a los cargos públicos y el comercio. Mucho antes de unirse a la defensa de Buenos Aires, Balbastro había pertenecido al Regimiento de Milicias de Caballería, lo cual le había dado una experiencia de gran importancia.
Otros alcaldes, cuyos barrios se situaban, o bien colindantes con el puerto, cercanos a Retiro, o bien en la zona suroeste, contigua al área de quintas y los espacios que se denominan como suburbanos, eran herreros, como Marcos Acosta, alcalde del cuartel 15 en 1812 y 1815; o panaderos, como José María Nadal, alcalde del cuartel 15 en 1820, con residencia en Monserrat. También estaban presentes los horneros, como Luis Modesto Arroyo, que fue alcalde del cuartel 10 en 1816.
La ampliación de tareas y agentes del dispositivo policial sería definitivamente reforzada durante los primeros años del proyecto rivadaviano, durante los cuales la extensión de funciones, de la jurisdicción y de recursos destinados a la policía haría patente la vocación de territorialización y equipamiento político de los espacios urbanos, suburbanos y rurales. Con similar actitud que Vértiz, Rivadavia, en constante comunicación con el jefe de Policía, impulsó la ampliación de la jurisdicción policial hacia la campaña, mediante la subdivisión de territorios y el nombramiento de comisarios para su cuidado y vigilancia. Con gran prontitud, en un mes fueron designados los cuatro nuevos comisarios de campaña: Rafael Da Silva, Benito Agote, Mariano Martínez y Diego Piñero, con un sueldo de 600 pesos cada uno. Siguiendo con esta orientación, en mayo de 1822, el gobierno dispuso que dos de los recientemente nombrados comisarios colaboraran con el Juzgado de Paz de la Magdalena. En otra ocasión, la Jefatura de Policía designó a uno de sus comisarios al pueblo de San Fernando para tomar posesión de un terreno donado sobre el cual se edificaría una escuela de primeras letras.29
En consonancia con su despliegue territorial, una de las preocupaciones de la policía durante todo el período fue el despacho de licencias para salir y entrar de la ciudad.30 A ello se sumaba la necesidad de informes diarios que Rivadavia demandaba al jefe de Policía Joaquín de Achával,31 sobre el ingreso de las carretas de carga que ingresaban de la campaña. Achával debía dar explicaciones precisas sobre los frutos y efectos que dichas carretas introducían y su región de procedencia –norte, sur, este, oeste–.32 Los alcaldes de barrio, emplazados sobre sus jurisdicciones paulatinamente mejor delimitadas y conocedores de los movimientos de los pobladores de sus distritos, serían el nexo de comunicación precisa para la vigilancia sobre la circulación de bienes y personas. Como señala Hespanha (1993, pp. 104-105), “la distinción o separación de territorios va seguida de la distinción o separación de esferas políticas, es decir, de la creación de poderes autónomos”.
3. Algunas reflexiones provisorias
A partir de un marco teórico ecléctico, que pretende interconectar aportes de la historia de la justicia, de la historia social, del derecho y de la política, con colaboraciones que han sido reconfiguradas a raíz de la indagación sobre conceptualizaciones de otras ciencias, como la geografía, en este trabajo se realizó una aproximación a las relaciones que se establecieron entre espacio, territorialización y policía. Las fuentes utilizadas han sido entrecruzadas, al mismo tiempo en que se han intervenido planos, para poder brindar un mejor panorama de las relaciones examinadas.
Las vinculaciones entre las transformaciones territoriales y las primeras figuras policiales permiten analizar cómo las divisiones del espacio solo son efectivizadas por la acción concreta de los sujetos intervinientes. Los alcaldes de barrio, que en principio pendulaban entre las órdenes del Cabildo y las del virrey, pasaron a la órbita de la policía, institucionalizada en una intendencia y luego en un departamento a lo largo del período abordado. Alcaldes y cuarteles, como elementos fundamentales del dispositivo policial en construcción, adquirieron sus especificidades en el marco de las mutaciones experimentadas por el nuevo estatus de capital en Buenos Aires.
El dispositivo policial emerge y se desarrolla como producto de la práctica de los agentes policiales, el impacto de legislaciones y disposiciones normativas, las reacciones de los grupos locales nucleados en el Cabildo y las autoridades superiores. División territorial y figuras policiales, con sus marchas y contramarchas, sus tensiones y conflictos, evidencian una tendencia de fondo: la combinación entre la miniaturización del espacio y la ampliación del poder policial. Los proyectos diversos desde las Reformas Borbónicas muestran que no es posible pasar por alto a las figuras, tareas, normativas y elementos de institucionalización policial que precedieron al Departamento de Policía rivadaviano.
El perfil y las tareas de los agentes estudiados, su conocimiento del terreno y la población a vigilar los convierte en actores importantes en las labores relativas al empadronamiento, la movilidad y circulación dentro y fuera de la ciudad. Estas funciones pudieron ser ejercidas por ellos en tanto compartían un perfil socioeconómico con sus vigilados. Esto proveyó de un terreno propicio para el ejercicio de su autoridad, ya fuera para convocar a los vecinos y pobladores o para indicarle al poder político cómo debía operar sobre el territorio.
Algunas preguntas quedan abiertas luego de esta primera aproximación. Un estudio sobre las diferencias, en términos de racionalidades y nociones subyacentes, entre la policía de 1799 y la de 1812 puede ponderarse como un camino a seguir. A su vez, la comparación de los perfiles de los alcaldes con aquellos de intendentes y comisarios, tanto de ciudad como de campaña, puede echar mayor luz sobre las relaciones entre vigilados y vigilantes. Estos interrogantes pueden interconectarse en el marco de un estudio mayor que atienda a la vinculación estrecha entre las prácticas policiales y el espacio político.
Notas
1 El presente trabajo ha sido parte del segundo capítulo de mi tesis de Maestría en Historia, Policía y construcción estatal. Higiene urbana, vigilancia y territorialidad en Buenos Aires y sus alrededores (1782-1824), defendida en 2019 en la Universidad Nacional de Mar del Plata.
2Se habla de dispositivo y no de estructura debido a que el primero incluye discursos, instituciones, habilitaciones arquitectónicas, reglamentos, leyes, administración, enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales, y su tarea más general es la de intentar orientar, determinar y controlar conductas y discursos, para colaborar con el moldeado de los sujetos sociales (Agamben, 2011, p. 150).
3Para Antonio Manuel Hespanha (1993, p. 98), el espacio político es construido, simbólico y heterogéneo. En los sistemas de legitimación tradicional, este equivale “a la extensión espacial de la unidad política tradicional, es decir, aquel habitado por una comunidad que reconoce a una misma autoridad política”.
4Refiere al concepto elaborado por Hespanha (1993, p. 99), para quien la miniaturización es uno de los rasgos del espacio político en los sistemas de dominación tradicionales (Antiguo Régimen). Se trata de un proceso que se desarrolla no de forma lineal y que exige condiciones de “contigüidad y estabilidad de la vida comunitaria”.
5 Esta mirada reconoce diferentes influencias, desde la spacialization of the temporal de David Harvey, hasta el espacio percibido-concebido-vivido de Henri Lefevbre y las heterotopías de Michel Foucault (Marramao, 2015).
6 Las relaciones entre geografía e historiografía han sido mayormente atendidas a partir de los años setenta y ochenta con el denominado spatial turn, que conjuga una crítica al estatalismo con el cuestionamiento a su visión newtoniana del espacio (Costa, 2016, pp. 39-41).
7 “La ciudad indiana, de hecho, representa la reunión formal de dos niveles diferentes de relaciones de poder político que contienen cargas de experiencia histórica potentes: urbis (la forma física organizada como planta hipodámica) y civitas (su forma social, organizada como cuerpo político)” (Barriera, 2013, p. 51).
8 Su aplicación estuvo plagada de ensayos que comenzaron en la península para trasladarse, no sin modificaciones, a América. Mientras que la primera intendencia se estableció en La Habana en 1746, en el Río de la Plata recién se las puede encontrar en 1776. Su funcionamiento concreto se plasmaría mediante la Real Ordenanza de 1782 (modificada en 1783), cuyos fundamentos son claros: el cuidado del Real Erario de la Corona, por lo cual sería el rey quien elegiría a los intendentes que guardaran estos asuntos en Buenos Aires, el virrey Juan José de Vértiz, en representación del rey, nombraría rápidamente a Francisco de Paula Sanz como intendente de la capital del nuevo virreinato (Domínguez Orta, 2010).
9 Los datos han sido extraídos del estudio de Lyman Johnson junto a Susan Socolow (1980).
10 General de la Nación (AGN), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Al momento de transcribir algunas partes de documentos inéditos se utilizan las abreviaciones presentes en ellos a los fines de mantener la fidelidad de estos.
11 Manuel Trelles es reconocido como acérrimo archivista, bibliotecario y creador del AGN y director del Departamento de Estadística. Hermano de Rafael Trelles, jefe de Policía en 1859 y reorganizador del archivo policial, ambos eran hijos de Francisco Trelles, marino y rico comerciante asturiano y participante de importancia en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 1806-1807 (Galeano, 2010, pp. 57-59).
12 El motín de Esquilache fue una revuelta que sucedió en Madrid en marzo de 1766, cuyo principal reclamo estaba asociado a la falta de pan y que terminó con el destierro de uno de los más destacados ministros del rey, el italiano conde de Esquilache.
13 El proceso de traslado de estas figuras institucionales y de la división territorial luego de la instalación de los alcaldes y cuarteles en Madrid formó parte de un esquema mayor, que no solo integraba al Río de la Plata. Según señala Barriera (2017), el estudio de Mariluz Urquijo prueba que desde 1769 todas las ciudades peninsulares sede de cancillerías o audiencias habían adoptado el régimen madrileño, y que esto continuaba en ciudades americanas como Santa Fe de Nueva Granada (1782), Lima (1785) y Salta (1785).
14 AGN. (1930). Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (AECBA). Tomo IX. Libros XLIX, L, LI y LII. Años 1789-1791, p. 229.
15 Para un panorama sobre los alcaldes de barrio a uno y otro lado del Atlántico, consultar el dossier compilado por Arnaud Exbalin y Brigitte Marin (2017) en Nuevos Mundos Mundos Nuevos. Además, para Buenos Aires se cuenta con el estudio de Sandra Díaz de Zappia (2008), entre otros.
16 AGN. (1929). AECBA. Tomo VI. Libros LXIX a LXXIV. Años 1814-1815, p. 23.
17 AGN. (1930). AECBA. Tomo VII. Libros LXXIV a LXXIX. Años 1816-1817, p. 27.
18Algunos cuarteles figuran sin datos debido a que no hay posibilidad de derivar un número exacto del censo, ya sea por falta de algunas fojas o por los daños en ellas, situación que impide su correcta lectura.
19 AGN. (1929). AECBA. Tomo VI. Libros XL al XLIV. Años 1777-1781, p. 342.
20 AGN. (1930). AECBA. Tomo IX. Libros XLIX, L, LI y LII. Años 1789-1791, p. 300.
21 AGN. (1928). AECBA. Tomo V. Libros LXVII a LVXXIX. Años 1812-1813, p. 260.
22 AGN. (1930). AECBA. Tomo IX. Libros LXXXIII a LXXXVIII. Años 1820-1821, p. 389.
23 AGN. (1929). AECBA. Tomo VI. Libros LXIX a LXXIV. Años 1814-1815, p. 442.
24 AGN. (1925). AECBA. Tomo I. Libros LVII, LVIII y LIX. Años 1801-1804, p. 53.
25 Agrimensor francés. Luchó en los ejércitos revolucionarios para luego, durante la década de 1820, abocarse a la confección de planos y mapas, tanto en Tucumán, como agrimensor oficial, como en Buenos Aires.
26 AGN. (1928). AECBA. Tomo V. Libros LXVII a LXXIX. Años 1812-1813, p. 97.
27 AGN. (1928). AECBA. Tomo V. Libros LXVII a LXXIX. Años 1812-1813, pp. 654-655.
28 Los perfiles presentados han sido reconstruidos a partir de los diccionarios biográficos editados por Jacinto Yaben (1938); Ricardo Piccirilli, Francisco Romay y otros (1955); Vicente Cutulo (1968) y complementados con datos provenientes de los acuerdos del Cabildo y los padrones anteriormente citados.
29 Notas del 28 de febrero, del 20, 28 y 29 de marzo, del 19 de mayo y del 15 de abril de 1822. Sala X, SG, FP, 32.10.2, Libros 4 y 5-1822.
30 Decreto del 14 de febrero de 1822. Sala X, SG, FP, 32.10.2, Libros 4 y 5-1822.
31 En febrero de 1821 fue designado regidor de Policía hasta el establecimiento del departamento, a fines de ese mismo año. Como regidor y luego jefe de Policía, Achával formuló un reglamento en el que se especificaban las tareas policiales, que consta de 33 artículos, destinados a la vigilancia sobre la ciudad, sus calles y edificios. Permaneció en su cargo hasta marzo de 1823, cuando fue reemplazado por José María Somaló.
32 Nota del 16 de marzo de 1822. Sala X, SG, FP, 32.10.2, Libros 4 y 5-1822.
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Recepción del original: 14 de marzo de 2018.
Aceptado para publicar: 24 de febrero de 2019.