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DOI: http://dx.doi.org/10.19137/qs.v23i2.2291
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ARTÍCULOS
Entre la autonomía provincial y el proyecto nacional: la frontera norte santafesina en tiempos de la Confederación Argentina, 1852-18611
Between provincial autonomy and the national project: the northern Santa Fe frontier in the days of the Argentine Confederation, 1852-1861
Entre a autonomia provincial e o projeto nacional: a fronteira norte santafesina em tempos da Confederação Argentina, 1852-1861
Romina Zampa
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Argentina
Correo electrónico: romibz@hotmail.com
Resumen: Los procesos de incorporación de espacios fronterizos al Estado nacional en formación durante la segunda mitad del siglo XIX componen una problemática específica de análisis. En sus abordajes actuales, la frontera es concebida como un espacio constituido por variadas y complejas relaciones entre los grupos en contacto que incluyen tanto su convivencia como conflictos, negociaciones y acuerdos. Desde esta perspectiva, en el presente texto distinguimos aquellos actores que participaron en la frontera norte santafesina durante el período de la Confederación Argentina. A su vez, realizamos una aproximación a las relaciones que sostuvieron para definir determinados aspectos que nos permiten delinear posteriores ejes de indagación: la organización militar de la frontera norte santafesina, expediciones provinciales y el proyecto de avance sobre territorio chaqueño, y por último, la trama de relaciones fronterizas sostenidas por indígenas, paisanos y misioneros.
Palabras clave: Frontera; Militares indígenas; Confederación Argentina
Abstract: The incorporation processes of border areas to National State in formation during the second half of the 19th century constitute a particular field of analysis. In current approaches, the frontier is conceived as a space constituted by varied and complex relationships between groups in contact that include coexistence as well as conflicts, negotiations and agreements. From this perspective, in the present text we distinguish those actors who participated in the Santa Fe north border during the Argentine Confederation period. In turn, we provide a brief glimpse into the relations maintained to define certain aspects that also allow us to draw up later lines of inquiry: the military organization of the Santa Fe north boundary, provincial expeditions and advance project over Chaco territory and, finally, the weave of frontier relations held by indigenous peoples, countrymen and missionaries.
Keywords: Frontier; Military; Indigenous peoples; Argentine Confederation
Resumo: Os processos de incorporação de espaços fronteiriços ao Estado Nacional em formação durante a segunda metade do século XIX compõe uma problemática especifica de análise. Em sua abordagem atual, a fronteira é concebida como um espaço constituído por várias e complexas relações entre grupos em contato que incluem tanto a convivência quanto os conflitos, as negociações e os acordos. Desde esta perspectiva, no presente trabalho diferenciaremos aqueles atores que participam da fronteira norte santafesina durante o período da Confederação Argentina. Por sua vez, realizaremos uma aproximação às relações que sustentaram para definir determinados aspectos que nos permitem demarcar posteriores eixos de indagação: a organização militar da fronteira norte santafesina, expedições provinciais e o projeto de avanço sobre o território chaqueño, e por último, a trama de relações fronteiriças sustentadas pelos indígenas, paisanos e missionários.
Palavras-chave: Fronteira; Militares; Indígenas; Confederação Argentina
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la frontera como línea de expansión interna del Estado nacional estaba asociada a la conquista y ocupación de territorios indígenas. Las denominadas fronteras internas eran aquellos espacios donde estaban asentados indígenas sin someter y sobre los cuales el Estado no ejercía un control efectivo (Teruel, 2005, p. 14). Actualmente, los procesos de incorporación de esos espacios fronterizos al Estado nacional, su vinculación a la población indígena y la ampliación a otras temáticas que lo complejizan sin reducirla a este aspecto, componen una problemática específica. En sus abordajes recientes, la frontera es concebida como un espacio que resulta de procesos históricos, constituido por variadas y complejas relaciones entre los grupos en contacto, que incluyen tanto su convivencia como conflictos, negociaciones y acuerdos (Lagos y Ratto, 2011, pp. 67-68; Ratto, 2015, p. 17).
Desde esta perspectiva, nos interesa reconstruir las formas propias que adoptó la incorporación del territorio chaqueño a la provincia de Santa Fe en la etapa de formación del Estado nacional y la progresiva consolidación de una sociedad capitalista2 a la par de la reconfiguración del Estado provincial en dicho contexto. En su estudio del proceso de unificación política argentina, Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez proponen modificar la escala de observación de la dinámica de poder para acceder a las formas complejas que rigieron las diversas instancias de negociación y conflicto entre poderes locales y poder central. En este sentido, entienden el Estado nacional como “una forma de organización política que se edifica sobre otras formas de autoridad y de gobierno preexistentes” (2010, pp. 10-14).
La frontera se nos presenta entonces como un espacio que exigió estrategias, liderazgos y decisiones militares y administrativas particulares en una dimensión provincial-nacional. A partir de estas consideraciones, buscamos avanzar en el abordaje de la problemática enunciada valiéndonos de documentos institucionales3 acotados a la organización militar de su frontera norte en el período de duración de la Confederación Argentina. Durante esos años:
las trece provincias que la conformaron vivieron la primera experiencia de articulación en un proyecto político orgánico cuyas bases jurídicas se establecieron en la constitución nacional de 1853. El pensarse y organizarse como parte de un estado federal implicó cambiar la naturaleza de sus poderes tras haber actuado como unidades políticas autónomas por más de tres décadas (Lanteri, 2013, p. 129).
Entendemos que el triunfo de Justo José de Urquiza en Caseros planteó un nuevo panorama político para la realidad provincial santafesina4 y en la estructuración de la defensa fronteriza en particular, relacionado con la importancia atribuida a esta cuestión en el nuevo esquema político-institucional. En primer lugar, en el marco de profundas transformaciones económicas y sociales,5 se produjo la conformación de una dirigencia política provincial condicionada por su integración a la Confederación a partir de las influencias, apoyos o alianzas que entablaron distintos grupos con Urquiza (Megias, 2010, pp. 147-158).
Por su parte, la política desplegada por el gobierno central con respecto a los grupos indígenas, así como los planes de defensa territorial que se pusieron en ejecución en el período, conjugaron prácticas diplomáticas y acciones militares (Ratto, 2011, pp. 7-27). Además, la cuestión fronteriza fue fundamental, tanto en las características que adoptó la organización militar de la Confederación como en el esfuerzo desplegado en la construcción de un ejército de alcance nacional (Garavaglia, 2015, pp. 166-175).
La por entonces frontera chaqueña, tal cual se observa en el mapa 1, conformaba un arco que apoyaba su derecha en el río Paraná y, partiendo de la ciudad de Santa Fe, se extendía hacia el oeste por el norte de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Salta, hasta el límite con Bolivia. En este esquema, Santa Fe ocupaba un lugar estratégico ya que era el nexo entre el Litoral y las provincias centrales y andinas (Auza, 1971, pp. 167, 172).
Mapa 1: Línea de frontera norte
Fuente: Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, 1860 (Auza, 1971, p. 243).
En este contexto, se originaron diversas notas e informes competentes a la propia gestión provincial, así como de otros departamentos derivados de su integración a la nueva organización política e institucional. Los registros de la intervención en distintas situaciones del comandante de frontera, el gobernador, funcionarios del Estado nacional o misioneros franciscanos dan cuenta de la dinámica política y social de este espacio fronterizo. De esta manera, nos proponemos distinguir la participación de estos actores junto a indígenas y la población criolla. A su vez, realizar una aproximación a la trama de relaciones que sostuvieron para definir determinados aspectos que nos permitan delinear ejes posteriores de indagación.
Hacia mediados del siglo XIX, la organización militar en la provincia de Santa Fe dependía del comandante general de armas, con mando directo sobre las tropas de la Capital, y de un comandante militar6 por cada uno de los departamentos (San Jerónimo de Coronda, San José del Rincón y Rosario) en que se encontraba dividido el por entonces territorio provincial.7 En el transcurso del año 1852 las atribuciones correspondientes a estos fueron desplazadas a los jueces de paz y sustituidos por jefes militares, quienes quedaban subordinados a estos últimos (ROPSF, tomo II, 1889, pp. 93-94, 127); modificación que podría responder a una progresiva separación de funciones de gobierno, justicia y policía en el diseño administrativo provincial (Piazzi, 2017).
Los fortines que conformaban la línea de defensa se mantenían, con escasas modificaciones, tal como habían quedado establecidos desde la gestión de Estanislao López. En el norte, pasaban a pocas leguas de la ciudad capital, desde San José del Rincón hasta la Ramada;8 y se encontraban a cargo del comandante general de la frontera norte. En los registros consultados es mencionado por primera vez en 1834, y su función consistía en “proponer al Gobierno todos los medios de mejora de que sea susceptible, y de establecer el mejor orden posible entre los nuevos pobladores” (ROPSF, tomo I, 1889, pp. 284-285).
Para ese entonces, las fuerzas destinadas a la defensa fronteriza9 comprendían a Blandengues, milicias y escuadrones de lanceros indígenas.10La participación de estos últimos adquirió una importancia fundamental, tanto en la estructuración del dispositivo fronterizo santafesino como en las sucesivas campañas que se realizaron (Ratto, 2013, p. 322).11
El siguiente mapa exhibe la ubicación aproximada de fortines y reducciones existentes al inicio del período considerado, así como la creación del fortín Romero en 1855 y los cambios de denominación de algunos de ellos en el año 1858.
Mapa 2: Frontera norte santafesina 1852-1860
Fuente: Aleman, 1997, pp. 17-19, 49-81.
Nota: Se agregaron al mapa original los fortines y modificaciones del período
Entendida como parte del programa de gobierno de la Confederación, la población indígena y su dominio sobre vastos territorios era uno de los principales inconvenientes, y las sucesivas disposiciones en la formación del ejército, así como la distribución territorial de los nuevos cuerpos, se orientaron a resolverlo12 (Auza, 1971, pp. 7-15). La organización militar incluyó además la creación de Guardias Nacionales,13 convocadas para prestar servicios por plazos indeterminados en diversas circunstancias, y en general controladas por los gobiernos provinciales (Sabato, 2010, pp. 85-86).
A su vez, el propósito de intervenir desde un primer momento en la gestión fronteriza exigía un conocimiento pormenorizado de esas realidades, hasta entonces correspondientes al ámbito de la autoridad provincial.14 Ya en junio de 1854, el ministro de Guerra disponía la
conformación de una comisión para relevar las condiciones de los fortines y las fuerzas de la línea santafesina. El informe resultante señaló que había una al norte de la ciudad y la otra hacia el oeste. Sobre la primera se ubicaban la colonia y cantón San Pedro (30 soldados y un teniente, 200 indios de pelea con jefes y oficiales) junto al cantón Ascochinga (40 soldados y tres oficiales), cantón Narvaja (50 soldados de línea y tres oficiales), cantón Iriondo (30 soldados de línea, 12 milicianos y tres oficiales); sobre la otra: colonia y cantón Sauce (36 soldados de línea, 14 milicianos, tres oficiales y 120 indios de pelea) y el cantón Romero, en construcción (Auza, 1971, pp. 172-174).15 A estos se agregaban los que seguían el curso del río Salado: Corrales, Ramada, Cabrera y Páez (Aleman, 1970, pp. 66-67). Además, sobre el río San Javier se encontraban las reducciones indígenas Santa Rosa de Calchines, Cayastá y San Javier.16
Asimismo, se solicitaban diversos gastos que debían ser informados, por lo tanto, desde el Ministerio de Guerra se remitían al gobierno provincial decretos y circulares con disposiciones precisas sobre la confección de listas de revistas, el pago de sueldos militares o la administración del rancho, así como indicaciones de la ubicación de las fuerzas.17 En el marco de una incipiente complejización burocrática, se producían dificultades al momento de llevar a la práctica esas nuevas normativas, y las dudas sobre sus respectivas aplicaciones eran frecuentes: equivocaciones en los informes para la elaboración de los presupuestos que no cumplían con los tiempos estipulados ni con los requerimientos formales establecidos, reclamos de libramientos destinados a vestuarios y vicios o deudas acumuladas por pagos de haberes y ranchos. También tenían lugar los cuestionamientos sobre los criterios adoptados que no se correspondían con el modo en que venían siendo empleados en la provincia.18
Los inconvenientes no solo referían a cuestiones administrativas, sino también a las “prácticas y hábitos heredados” de los ejércitos de provincia (Auza, 1971, pp. 48-50). Al respecto, ante la demora en el pago de sueldos, el mal estado del vestuario y la falta de artículos de vicio para las fuerzas de línea a su cargo, el comandante de la frontera norte expresaba con claridad:
al soldado mal atendido no se puede hacer entrar en su estricto deber de lo que resulta la inmoralidad, y que por más que quiera el Jefe establecer la disciplina militar y el buen orden como bases fundamentales, no puede hacerlo a la fuerza. Como me pasa a mí y como en el caso de tolerar muchas faltas que pugnan contra mi modo de pensar.19
Para septiembre de 1858, se unificaron las líneas de defensa de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero bajo un solo mando militar, que supuso el nombramiento como comandante general de la frontera sobre el Chaco al coronel Alfredo M. Du Graty,20 quien estableció su base en Garabato, Comandancia de la frontera de Córdoba. A fines de ese mismo año, este designó a cargo de la frontera santafesina al teniente coronel Juan P. Montiel, quien ya se desempeñaba como jefe del Regimiento nº 9 de línea, y el gobierno provincial también intervenía nombrando a otros dos. De esta manera, la línea quedaba dividida en tres secciones: en la derecha, el sargento mayor Gaytán, incluía San José y Calchines; en el centro, el teniente coronel Telmo López, a cargo de los fortines Libertad, General López, Campo Álvarez y San Pedro; y a la izquierda, el teniente coronel Montiel, con los fortines Sauce, Romero y 6 de Julio.21
En mayo de 1852 –con el fin de limitar los robos de indígenas chaqueños y proteger a las poblaciones dedicadas al corte de maderas y fabricación de carbón, ubicadas hacia el sur de los fortines que resguardaban la Capital–, el gobierno provincial promovió la conformación de una fuerza denominada “División expedicionaria sobre los indios del Norte de la provincia”, cuya organización quedaba a cargo del comandante general de armas; su disposición en los fuertes dependía del comandante general de frontera; y su financiación, del gobierno provincial (ROPSF, tomo II, 1889, pp. 84-85).
Por los mismos motivos, en abril de 1853 el gobernador encargó al por entonces comandante de la frontera norte José Rodríguez22 nuevas expediciones, y en mayo de 1855 fue él mismo quien salió en campaña. Finalmente, en 1858 se concretó el adelanto de fortines, posibilitado por el envío desde el Ministerio de Guerra de caballos y dinero para la compra de artículos necesarios para realizarla.23 Los partes sobre dichas expediciones reseñaban una secuencia de sucesos que comenzaban con el robo de ganado realizado por indígenas, continuaba con la persecución y el combate, y culminaba con el reparto del botín resultante, compuesto principalmente por caballos y prisioneros.24 Estas prácticas, legitimadas por el derecho de las fuerzas milicianas a la apropiación y distribución de recursos, formaban parte desde hacía décadas de la cultura de guerra de los sectores rurales (Fradkin y Ratto, 2011, pp. 2-4).
Con el posterior nombramiento de Du Graty como comandante general de la frontera sobre el Chaco, el gobierno de la Confederación propuso una reorganización sobre la base de un nuevo trazado y la instalación de colonias militares. El objetivo de trasladar la línea de fortines hasta el río Salado contemplaba la rehabilitación del camino de Santa Fe a Santiago del Estero por Sunchales y Los Porongos (Aleman, 1970, pp. 69-70).25
Dicha organización requería en primer lugar de la cooperación a la que se había comprometido el gobierno provincial, lo que indicaba poner a disposición no solo las fuerzas necesarias sino también el ganado que deberían aportar los habitantes santafesinos. Además, significaba el imprescindible compromiso con el nuevo comandante, situación que desde un primer momento no estuvo exenta de disidencias. De hecho, el mismo gobernador le ordenó a Rodríguez, aunque las fuerzas fronterizas ya no respondieran formalmente a sus órdenes, mantenerse en sus funciones.26
La designación de Du Graty fue resistida igualmente por las fuerzas correspondientes a una compañía del Regimiento nº 9 de línea del cantón Campo de Álvarez, quienes se sublevaron encabezadas por su comandante. Aunque Rodríguez intentó negociar para cambiar esta posición, no resultó suficiente, y el grupo abandonó el fuerte para demostrar lealtad a su jefe. Para su reemplazo, Du Graty pidió al gobernador la concurrencia de milicias; al mes siguiente, denunciaba la falta de su llegada y la deserción de milicianos en este y otros fortines.27
Dichos comandantes28 formaban parte, junto con jueces de paz y comisarios, de un entramado de relaciones que no solo actuaba coactivamente sobre la población fronteriza sino que habilitaba su protección. De esta manera, la “trama de obediencias y lealtades en que se fundaba el poder en la frontera estaba basado en una red clientelar más que en la asignación de funciones administrativas propias de un Estado moderno” (Míguez, 2010, p. 91), a las que parecía apelar Du Graty sin obtener los efectos esperados.29 Por eso, para luego ser reconocido en el cantón Sauce, solicitó la intermediación del gobernador.30
Meses después de ese acontecimiento, el gobierno central decidió sustituir a Rodríguez, quien fue destinado a Mendoza junto con una fuerza de soldados santafesinos, por el comandante del Regimiento 9 de línea Juan P. Montiel. A este último, que respondía directamente a las órdenes de Du Graty, le encargó la formación de un nuevo piquete dedicado a policía de vigilancia de la campaña y las colonias indígenas.31
Luego de varias persecuciones a grupos indígenas, el gobierno santafesino organizó, en 1859, una importante expedición compuesta por soldados del Regimiento de Dragones, de la Guardia Nacional y lanceros indígenas del Sauce, a cargo de Telmo López, hacia la zona del arroyo “Las Conchitas”, donde se encontraban asentados los caciques José, Domingo y Benito.32 En abril de 1860 realizó otra expedición hasta Monte Aguará, con soldados del Regimiento 9 de línea y lanceros de San Pedro y Sauce, en la que obtuvieron un significativo botín, que incluyó “chinas e indios”, que fueron vendidos a distinguidos vecinos de la ciudad capital (Aleman, 1970, pp. 68-69).33
Por su parte, en junio, Du Graty ordenaba avanzar las fuerzas de Córdoba hasta ocupar la línea del río Salado. Simultáneamente, el Regimiento 9, al mando de Montiel, ocupaba sus nuevas posiciones entre San Javier y Esquina Grande.34 Con anterioridad, la parte izquierda, sostenida por Guardias Nacionales de Santiago del Estero, se había establecido en el fuerte General Urquiza, en Tostado. El centro, ocupado por Guardias Nacionales de Córdoba, llegaba hasta Esquina Grande con su comandancia en el fuerte Unión (Aleman, 1970, p. 71).
Los preparativos y la movilización para las campañas militares contra Buenos Aires, tanto en los años 1858-1859 como en 1861,35 condicionaron los objetivos planificados. En ese contexto, en noviembre de 1860 Du Graty renunció y al mes siguiente el gobernador Fraga fue designado jefe del Estado Mayor de las fuerzas nacionales de las fronteras norte y sur de Santa Fe (Aleman, 1997, p. 71).
Luego de la asunción de Urquiza se fomentaron exploraciones de los grandes cursos de agua para garantizar la circulación mediante la navegación de los ríos. En este sentido, el interés de empresas comerciales por el río Salado fue acompañado por los gobiernos de provincia que se verían beneficiados con sus resultados (Bosch, 1952, pp. 516-521). En junio de 1856, el gobierno nacional firmó un contrato con el empresario catalán Esteban Rams y Rubert, quien se había desempeñado como proveedor del ejército de Urquiza en la campaña de Caseros y luego en la función de apoderado de la provincia de Santa Fe, para analizar la navegabilidad de los ríos de esta provincia y su utilidad como vía de comunicación desde ésta a Tucumán (Aleman, 1997, p. 81). De esa experiencia dejó constancia en un diario de viaje,36 en el que describió las relaciones sostenidas durante varios días entre los integrantes de la embarcación con aquellos indígenas chaqueños (asentados en la ribera oeste del Salado a la altura del Monte Aguará)37 que se acercaron a donde se encontraban varados por la falta de calado para continuar con el trayecto planificado.
Entre los integrantes de la embarcación se encontraba el empresario mencionado junto con marineros, ingenieros, el misionero Silvestre Troponi38 y lanceros indígenas del Sauce, bajo el mando de su comandante, Antonio Crespo, quien oficiaba de intermediario. En cuanto a los nativos, se indica la asistencia de varios caciques diferenciados entre principales (Bonifacio, José y Roque) y parientes (Pedro, Andrés, Ventura, Juan, Domingo, Felipe y Lorenzo) acompañados, según los días, de un variable número de indígenas, mujeres, niños y cautivos.
El encuentro pautado con la mediación del gobernador –quien ya mantenía una relación previa con el cacique José– tenía por objetivo concretar un acuerdo que posibilitara, por un lado, continuar el viaje planeado por Rams y, para los indígenas, lograr no solo la comercialización de sus bienes, sino también demostrar su ámbito de control territorial. Las visitas realizadas en el transcurso de varios días se repitieron con las mismas características: la elocuencia en el desarrollo de la oratoria indígena, la formalización de los saludos, el despliegue del convite, la compra de cueros vacunos o de nutria a los indígenas y la entrega posterior de obsequios para sus acompañantes, mujeres y niños, que en algunas ocasiones, finalizaba con la ceremonia del bautismo.39 En la descripción de estos actos, en que los gestos estaban pautados y existía un importante conocimiento del otro, la demostración de pruebas de amistad de ambas partes era inherente a la convalidación del acuerdo.
Dicho encuentro manifiesta, entre otras cuestiones, que la habilidad en el desempeño de las personas que intervenían resultaba fundamental, así como la importancia de los lazos de lealtad y confianza construidos:
esta ‘personalización’ de los vínculos interétnicos era algo muy frecuente, y tiene su origen en que los caciques no se relacionaban con poderes abstractos como ‘el gobierno’ de determinada provincia o el ‘gobierno nacional’, sino con personas concretas con las que habían establecidos lazos de confianza (Ratto, 2014, p. 63).
Al año siguiente, en el contexto del traslado de fortines concretado por el gobierno provincial y de un creciente deterioro de las condiciones de las reducciones, se presentaron varias denuncias de vecinos sobre la connivencia entre indígenas del Sauce, Calchines y San Pedro con montaraces para realizar robos40 en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. El comandante Du Graty atribuía esta situación a las concesiones de las que habían gozado hasta este momento los indígenas reducidos dependientes de la autoridad provincial.41 Ante este panorama, propuso medidas represivas y de control sobre la población indígena, contenidas en una orden general acordada con el gobierno santafesino, que da cuenta de determinadas relaciones existentes y el paulatino predominio de políticas que comenzaban a alterarlas. Esta tenía como fin “capturar todos los indios que se encuentren en el campo” y matar a todos aquellos que no tuvieran garantías de ser comisionados de algún cacique, excedieran la distancia admitida de sus respectivas reducciones o estuvieran sin los permisos expedidos por el gobierno provincial o jefes militares. Los “paisanos”42 también serían considerados de igual manera si no se encontraban con la licencia de alguna autoridad civil o militar.43
En el marco de las denuncias mencionadas, el informe de una comisión enviada por Du Graty a San Javier para recabar información menciona diversas actividades de subsistencia a las que se dedicaban los indígenas: la partida al campo para cazar, la venta de pieles para obtener diversos artículos y salidas en familia para pescar por temporadas. Además, según los períodos de cosecha, tenían licencias para permanecer en distintos lugares.44
Los referentes que aportaron dicha información fueron el comisario general José Rojas, “al frente de todos los indígenas de su mando”45, y los misioneros Aurelio Boidí y José María Zattoni, quienes confirmaron los vínculos que sostenían con indígenas de San Pedro y paisanos de la zona. Asimismo, Constancio Ferrero se había dirigido al Sauce con motivo de celebrar el sacramento de la confirmación a “los individuos que estaban desparramados por el campo y montes”.46
Desde su lugar de mediadores entre autoridades estatales e indígenas, posibilitado por su inserción en el entramado de relaciones políticas fronterizas (Dalla-Corte, 2012, pp. 41-103), los misioneros franciscanos colaboraron en los avances territoriales, posibilitaron su ocupación y facilitaron el acceso al trabajo, entendido como un medio “civilizatorio”. La incorporación a las reducciones en este período fue una forma de privar a los indígenas de otras alternativas de subsistencia ligadas a usos tradicionales del espacio y sus recursos naturales, lo que constituyó un medio fundamental en el proceso de disgregación y marginación de los grupos indígenas (Tarragó, 1987).
Finalmente, los cambios en la colonia indígena de San Pedro o la fusión de las reducciones de Cayastá y San Javier hacia el final del período, expresaban procesos de reacomodamiento internos de las parcialidades indígenas y el comienzo de cambios de condiciones manifestado en el incumplimiento constante de los racionamientos acordados. Esto exigía suplantar de otra manera esos bienes incorporados a sus circuitos de intercambio y modos de organización social y política.47
Las formas específicas que adoptó el proceso de incorporación de territorio chaqueño a la provincia de Santa Fe, se relaciona tanto con las características particulares que adquirió este espacio en su devenir histórico como con la reconfiguración política y administrativa del Estado provincial emprendida por la elite santafesina del período. En una instancia inicial de nuestra investigación, el análisis de las fuentes elegidas nos permitió identificar una variada gama de actores que daban sustento a una vida fronteriza particular: comandantes militares, gobernador, funcionarios del Estado nacional, población criolla, indígenas y misioneros.
A su vez, nos posibilitó el relevamiento de algunos aspectos de la problemática enunciada. En primer lugar, la organización militar de la frontera norte santafesina durante estos años dependió tanto de la experiencia previa que tenía el Estado provincial en la estructuración de su defensa fronteriza como de las implicancias de su integración al nuevo esquema político-institucional planteado por la Confederación. Para este último, significó generar conocimientos como mecanismos de intervención en un espacio fronterizo que le había pertenecido hasta entonces a la autoridad provincial. Las dificultades al momento de llevar a la práctica las sucesivas medidas propuestas por el gobierno nacional, orientadas a la centralización de decisiones y recursos, exigieron continuas negociaciones y acuerdos con el poder provincial, ya que los cambios planteados significaban avances sobre sus competencias y posibilidades.
El gobierno de la Confederación no pudo obviar relaciones asentadas en concesiones y beneficios acordados, en las que el comandante militar adquiría un lugar privilegiado. Los informes, partes o solicitudes diversas refieren a las carencias y dificultades concretas de la cotidianeidad que afrontaba el mismo desempeño militar y el cumplimiento efectivo de las disposiciones ministeriales. Ellos expresaban irregularidades en la implementación de nuevas normas que pautaban no solo instancias institucionales destinadas a lograr una mayor eficiencia en la defensa fronteriza sino que también modificaban esas relaciones asentadas en costumbres y hábitos locales.
Un segundo aspecto comprende las expediciones provinciales y el proyecto de avance sobre territorio chaqueño. Este último terminó fracasando no solo por los condicionamientos de los enfrentamientos armados con el Estado de Buenos Aires, que exigían la movilización de fuerzas por sus respectivos jefes, sino también por las dificultades inherentes a que el Estado santafesino resignara la gestión de su frontera norte para que fuera parte de un programa de defensa más amplio. Por eso, así como la continua apelación a marcos normativos no alcanzaba para provocar las modificaciones pretendidas, la legitimidad del nuevo cargo otorgado a Du Graty no resultaba suficiente con su designación, sino que requería apelar a jefes militares que basaban su autoridad en vínculos sociales previos.
En este sentido, las expediciones sostenidas por la provincia contra indígenas desde el inicio del período considerado y simultáneamente al plan señalado permitían la obtención de recursos para su distribución entre quienes habían participado de ellas y, a su vez, el afianzamiento de la autoridad del comandante, así como su mejor posicionamiento político en el entramado de relaciones de poder que se gestaban en ese espacio fronterizo, aunque no se limitaban a este.
Las medidas represivas y de control sobre la población fronteriza propuestas por Du Graty, así como el cambio de comandante de la frontera norte de Santa Fe, evidencian la tensión existente entre distintos modos de gobierno y de concebir la seguridad fronteriza: uno que se asentaba sobre dichas prácticas y alianzas con indígenas reducidos y aquella que buscaba perfeccionar mecanismos para desarticularlas paulatinamente.
Un tercer aspecto comprende las relaciones que sostenían indígenas, paisanos y misioneros que habitaban este espacio. La experiencia descripta en el diario de viaje por el río Salado da cuenta de que no se limitaban solo a instancias conflictivas. Por el contrario, los grupos indígenas no eran ajenos a las normas de convivencia que sustentaban la vida fronteriza ni a las condiciones de negociación política que posibilitaban acuerdos específicos. En este caso, uno que permitiera concretar tanto el recorrido de navegación planificado como la comercialización de los bienes indígenas y la expresión de sus capacidades manifestadas en los mismos encuentros y sus consecuentes resultados, ligados a la lealtad y la confianza de vínculos personales.
Los robos de ganado o los intercambios de animales y otros bienes, denunciados en las fuentes como delitos, refieren a una dinámica de relaciones propia, que no distinguía entre “reducidos y montaraces” para determinadas actividades que demandaban una organización colectiva como la caza, la pesca y la comercialización de pieles o miel. Estas tareas no solo implicaban la obtención de recursos y su consiguiente distribución, sino fundamentalmente el sostenimiento de pautas culturales y sociales significativas que requerían como condición imprescindible la movilidad territorial. Además, muchas de esas actividades incluían la participación de la población criolla de la campaña santafesina.
Finalmente, los principales informantes que aportaron datos sobre la población indígena fueron los misioneros franciscanos –encargados de las reducciones– que actuaron como mediadores. Consideramos que el acceso a sus testimonios resultaría un insumo destacado para complejizar la mirada sobre la vida indígena en particular y fronteriza en general, así como las características de la dinámica política local.
En definitiva, entendemos que la frontera constituye un espacio privilegiado para indagar sobre las características y dificultades inherentes a la materialidad de la construcción estatal, los modos de gobierno y las distintas dimensiones de la trama de relaciones que sostuvieron los actores detallados. La aproximación planteada en estas páginas a cada uno de estos aspectos sugiere líneas analíticas que serán complejizadas y profundizadas en el transcurso de nuestra investigación.
Notas
1El trabajo expuesto en estas páginas se inscribe en una instancia inicial de investigación en curso para la realización de mi tesis de doctorado. Una versión anterior fue presentada en la mesa “Espacios y territorios de frontera de América del Sur: procesos políticos, económicos e identitarios en los siglos XVIII y XIX”, de las XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Mar del Plata, 9, 10 y 11 de agosto de 2017. Agradezco especialmente los comentarios y sugerencias de los evaluadores de la revista Quinto Sol.
2A partir de 1852 comenzó un proceso de construcción de un nuevo orden bajo la impronta liberal y se desplegaron mecanismos que sentaron las bases de una sociedad capitalista. Durante este período, los grupos burgueses provinciales dejaron de lado sus particularismos para alcanzar una dimensión nacional ampliando su sistema de alianzas y redes, avanzando hacia un proyecto político común. Al mismo tiempo, se articularon los espacios regionales con la intención de lograr una inserción operativa en el mercado mundial según la división internacional del trabajo; en la cual la región pampeana asumió la dirección del modelo. Este proceso implicó una modificación profunda de las relaciones sociales asentada sobre dos valores básicos que el Estado en formación debía reconocer y garantizar mediante la construcción de espacios homogéneos y la consiguiente desestructuración de otras prácticas: propiedad y trabajo (Bonaudo, 1999, pp. 11-15).
3La documentación consultada corresponde a las secciones Ministerios y demás reparticiones nacionales (MyRN) y Notas varias del área de Gobierno de la provincia de Santa Fe durante el período 1852-1861, conservadas en el Archivo General de la Provincia de Santa Fe, Santa Fe, Argentina (AGPSF). Esperamos que la incorporación de otras fuentes y bibliografía nos permitan profundizar y enriquecer las tramas relacionales y organizacionales abordadas.
4El pronunciamiento de Urquiza contra Rosas en diciembre de 1851, primero fue desconocido por la Junta de Representantes, y luego de la batalla de Caseros, en febrero de 1852, declarado legal y legítimo. Esa misma Junta nombró gobernador a Domingo Crespo por tres años. El 6 de abril se firmó el Protocolo de Palermo entre los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, en el que se encargó el manejo de las relaciones exteriores al general Urquiza como gobernador de Entre Ríos y Jefe del Ejército Aliado. El 31 de mayo, con el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, se declaró ley fundamental de la República el Pacto Federal de 1831. En junio, la Junta estableció como ley de la provincia dicho acuerdo y eligió los diputados para el Congreso Nacional Constituyente que se instaló en noviembre del mismo año en la ciudad de Santa Fe. Buenos Aires lo rechazó, y en septiembre formalizó su separación. El 1° de mayo de 1853, el Congreso sancionó la Constitución, y el 25 Urquiza la promulgó en San José de Flores y dispuso su juramento en todas las provincias. En febrero de 1854 fueron elegidos presidente y vicepresidente de la Confederación Argentina el general Urquiza y Salvador María del Carril. La Junta eligió gobernador a José María Cullen (1854-1856), quien fue derrocado el 19 de julio de 1856, con el apoyo de Urquiza, por Juan Pablo López (1856-1858) (Pérez Martín, 1970, pp. 67-76; Damianovich, 1992, pp. 231-237; Tarragó, 2006, pp. 131-153).
5Luego de la devastación económica y social provocada por las guerras civiles, en la década de 1830 comenzó una lenta pero firme recuperación productiva y mercantil, alentada por la más dinámica economía del sur provincial. La expansión fronteriza –fundamental para acrecentar el espacio productivo y en la que toda la elite concordaba en priorizar–, así como el fomento de la colonización agrícola iniciado en la década de 1850, marcarían un punto de inflexión en la economía santafesina (Martiren, 2014b, pp. 135-154).
6 Para comprender las formas de organizar el gobierno local en la etapa posrevolucionaria, Raúl Fradkin apunta que el término comandante “aludía tanto a un rango militar con ubicación clara dentro de la escala jerárquica de la oficialidad como a todo ‘jefe’ que ejercía el mando de una unidad, una expedición o un territorio en ocasiones determinadas…Los comandantes eran la pieza clave para organizar el gobierno territorial” (2010, p. 30).
7 La Constitución provincial de 1841 definía: “el territorio de la provincia comprende de Sud a Norte, desde el Arroyo del Medio, hasta el gran Chaco; y de Este a Oeste, desde la margen Occidental del Río Paraná, hasta el Quebracho Herrado y los Altos, lindando por circunferencia con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes y Entre Ríos” (Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe (ROPSF), 1889, tomo I, p. 380). La Constitución posterior no introdujo ninguna modificación al respecto (Constitución de 1856, 1970, p 154).
8 En 1818 asumió como gobernador el comandante de Armas de la provincia Estanislao López, quien había comenzado su carrera militar en la frontera ya antes de 1810 (Tarragó y Barriera, 2006). Entre 1833 y 1835, realizó varias campañas, en las que formó una nueva línea de fortines constituida por San Pedro Chico, Narvaja, Iriondo, Corrales, Ramada, Cabrera y Páez (Aleman, 1970, p. 65). Ver ubicación en mapa 2.
9 Durante el período colonial, el dispositivo de defensa santafesino descansaba fundamentalmente en las reducciones, a lo que se incorporaron fuertes desde 1720 y, ante la ineficacia demostrada por las milicias, nuevas fuerzas militares denominadas Blandengues (Fradkin y Ratto, 2013, pp. 23-48).
10Ante la carencia sistemática de fuerzas regulares aportadas desde los gobiernos durante las guerras de independencia y civiles, los indígenas fueron incorporados a la defensa de la línea de fortines. De las reducciones de San Gerónimo, San Pedro y San Javier resultó la conformación de sus respectivos escuadrones de lanceros (Cervera, 1970b, pp. 124-125). En la primera mitad del siglo XIX, su principal función parece haber sido la defensa del territorio en tanto milicias auxiliares de las fuerzas provinciales como aliados de distintas facciones políticas (Green, 2005; Ratto, 2014, p. 57).
11 Ministerio de Guerra y Marina (MGyM), 1855, tomo 14, fs. 109, 155, 163-164, 198-201, 218-219, 238; Comandancia Frontera Norte de Santa Fe (CFNSF), 1859, tomo 18, folio 265. MyRN, Gobierno, AGPSF.
12 En el caso santafesino, tanto en 1854 como en 1855, se ordenó la distribución de Regimientos de Dragones en tres puntos. MGyM, 1854, tomo 13, folio 316; 1855, tomo 14, folio 151.
13 El decreto nº 830 establecía que todo ciudadano de la Confederación Argentina, desde la edad de 17 a 60 años, estaba obligado a ser miembro de alguno de los cuerpos de las Guardias Nacionales que las provincias debían crear a la mayor brevedad (Comandancia en Jefe del Ejército, 1972, p. 541).
14 Con el acuerdo de gobierno de octubre de 1856, el presidente, en calidad de comandante en jefe de las fuerzas nacionales, quedaba a cargo de la defensa fronteriza (Auza, 1971, p. 101).
15 Al año siguiente se destinaron al fortín Romero Guardias Nacionales del departamento San Jerónimo e indígenas del Sauce. MGyM, 1854, tomo 13, folio 327; 1855, tomo 14, fs. 218-219.
16 En el transcurso del siglo XVIII se fundaron las siguientes misiones jesuitas: en 1743, con mocovíes y abipones, la reducción de San Javier; en 1748, San Jerónimo del Rey, con abipones; y en 1765, San Pedro, con mocovíes. A su vez, en 1750, Concepción de Cayastá, reducción de charrúas fundada por frailes franciscanos del Convento de Santa Fe; y en 1795, Jesús Nazareno de Inspin con mocovíes (Cervera, 1970a, pp. 93-104). Ver ubicación en mapa 2.
17 MGyM, 1854, tomo 13, folio 346; 1855, tomo 14, fs. 60-61, 67-70, 75-79, 239-240; 1856, tomo 15, fs. 483-485; 1857, tomo 16, folio 66.
18 MGyM, 1855, tomo 14, fs. 92-94, 182-186, 227, Contaduría Nacional (CN) folio 161; MGyM, 1856, tomo 15, fs. 48, 101, 145-147, 237, 483-485; 1857, tomo 16, fs. 69-70, Comisaría General de Guerra (CGG) folio 310.
19CFNSF, 1856, tomo 15, folio 90.
20 Por decreto del 17 de julio de 1854, el gobierno de la Confederación fundó el Museo Nacional y nombró como su director a Alfredo Du Graty, quien entonces revistaba como coronel del Ejército y que, años después, promovería la inmigración belga a la Argentina y al Paraguay. Durante el período fue, además, subsecretario de estado de Hacienda y de Relaciones Exteriores y redactor del periódico y boletín oficial El Nacional Argentino. Se destaca el papel que desempeñó como propagandista de las posibilidades y riquezas del territorio argentino desde los lugares mencionados y también desde la prensa europea (Podgorny, 1997).
21 Con la nueva línea de fortines de 1858 se modificó la denominación de algunos de ellos, lo cual está indicado en el mapa 2. MGyM, 1858, tomo 17, fs. 76-77; CFNSF, 1859, tomo 18, fs. 260-261.
22 Cuando fue designado comandante general de la frontera norte se desempeñaba, desde mayo de 1852, como jefe militar del departamento San Jerónimo. En décadas posteriores ocupó, entre otros, los cargos de diputado y senador por el mismo departamento (Abad de Santillán, 1967).
23 MGyM, 1858, tomo 17, fs. 54-56; CGG, folio 174; CFNSF, folio 188.
24 CFNSF, 1853, tomo 12, fs. 124-125; MGyM, 1855, tomo 14, fs. 101, 115; CFNSF, 1859, tomo 18, folio 284.
25 Decretos Nº 933, 934 y 935 del año 1858 (Domínguez, 1898, pp. 96-101).
26 Comandancia General de la Frontera sobre el Chaco (CGFCH), 1858, tomo 17, fs. 192, 199-201. CFNSF, fs. 189-190.
27 CGFCH, 1858, tomo 17, fs. 196-198, 203-205, 224; CFNSF, folio 225. Resulta interesante tener en cuenta la persistencia que revelan estas situaciones de liderazgos locales de fuerte anclaje e identidad territorial que se habían conformado luego de la extrema fragmentación del orden político y la movilización de amplios sectores sociales rurales provocada por las guerras revolucionarias (Fradkin, 2015, pp. 111-135).
28 En el caso de la frontera sur bonaerense, los comandantes de Guardias Nacionales implementaron diversos mecanismos para la construcción de bases de poder que posibilitaron el afianzamiento de sus liderazgos. Entre ellos, el sostenimiento de vínculos personales con indígenas, habitantes de la campaña y sus respectivos milicianos, así como su inserción en las redes políticas de los notables locales, para constituirse así en piezas clave del entramado político provincial del período (Canciani, 2012, pp. 76-98).
29 Según Marta Bonaudo, la incapacidad del Estado para alcanzar sus propios fines no resulta suficiente para explicar un modo de construcción de poder en el que incidían tanto tradiciones culturales como las mismas dinámicas sociales en las que participaban notables y grupos subalternos (2016, p. 9).
30 MGyM, 1858, tomo 17, fs. 95-98; CGFCH, fs. 199-202.
31 MGyM, 1858, tomo 17, fs. 99-100; CGFCH, fs. 226-230.
32 CFNSF, 1859, tomo 18, fs. 277-279, 289-291.
33 En su indagación sobre el cautiverio de mujeres y niños indígenas chaqueños en la sociedad santafesina de la segunda mitad del siglo XIX, Aldo Green y Gabriela Molina (2016) consideran que las campañas militares no tenían como principal fin la represión contra sus ataques, sino la apropiación de las tierras y la obtención de otros recursos. Entre ellos se encontraban las mujeres y niños capturados y luego repartidos entre autoridades estatales, familias destacadas o soldados que habían participado de las expediciones para ser destinados a la servidumbre doméstica tanto en casas urbanas como en estancias, con lo que dieron continuidad a una práctica de origen colonial. CFNSF, 1861, tomo 21, fs. 1029-1030.
34 CFNSF, 1859, tomo 18, folio 273.
35 En el contexto de los conflictos entre Buenos Aires y la Confederación, el 19 de noviembre de 1858 Juan Pablo López, jefe de vanguardia del Ejército, delegó el gobierno en Rosendo María Fraga (1858-1860). El 23 de octubre de 1859 se produjo la batalla de Cepeda y se acordó la incorporación de Buenos Aires. En marzo de 1860 fueron elegidos presidente Santiago Derqui y, como vice, Juan Pedernera; y en mayo, Bartolomé Mitre como gobernador de Buenos Aires. En diciembre de 1860, Fraga renunció y para completar el período se eligió a Pascual Rosas (1860-1862). El 17 de septiembre de 1861 se produjo un nuevo enfrentamiento en Pavón que culminó con el retiro de Urquiza, y Mitre nombró gobernador provisorio a Domingo Crespo (Pérez Martín, 1970, pp. 77-78).
36 Extracto del diario de viaje de los días en que los Indios han venido a visitar el vapor. 1857, tomo 16, fs. 1068-1077.
37 Los guaycurúes –entre los que se encontraban mocovíes y abipones asentados en el área chaqueña santafesina desde mediados del siglo XVIII– eran cazadores recolectores nómades, organizados en unidades familiares flexibles que comúnmente coincidían con grupos políticos no centralizados. Su organización social se basaba en reconocibles lazos de parentesco y alianzas matrimoniales por medio de las cuales se conformaban pequeños grupos familiares en cuanto al agrupamiento de sus miembros y en función del nomadismo. El aspecto flexible y endeble de esta organización social permitía su segmentación en unidades menores o la fusión en grupos más amplios. Un cambio fundamental estuvo dado por la adopción del caballo, integrado a sus esferas sociopolíticas y económicas desde los primeros contactos coloniales. El ganado vacuno, caballos y otros bienes de origen europeo se incorporaron entonces a las redes comerciales en las que circulaban distintos tipos de recursos y productos manufacturados. La negociación y la diplomacia –que derivaron, en algunos casos, en la fundación de reducciones durante el siglo XVIII– se agregaron a los intercambios comerciales y los enfrentamientos violentos (Lucaioli, 2010, pp. 26-29).
38 En 1855 el Colegio San Carlos de Propaganda Fide de San Lorenzo, cuyo prefecto a cargo era el P. Constancio Ferrero, recibió 19 misioneros italianos. A San Pedro envió a Francisco Tavolini; a San Javier a José María Zattoni; y a San Jerónimo del Sauce a Vicente Gianfranceschi (Roselli, 1984, p. 9).
39 En el abordaje de la diplomacia fronteriza en las pampas, Ingrid de Jong explica que uno de sus escenarios lo constituían los parlamentos, en tanto espacios de comunicación y lucha como de negociación y consenso, sostenidos entre indígenas e hispanocriollos. Estos se caracterizaban por el predominio de las costumbres indígenas que daban legitimidad a la negociación en el marco de actos rituales. Los requisitos formales incorporados en la dinámica diplomática eran respetados como parte del protocolo político indígena: la participación colectiva en los procesos de deliberación y decisión, la duración hasta horas prolongadas, el despliegue de la capacidad de oratoria de los caciques, la intervención de un lenguaraz, los pedidos de ganado, sueldos y raciones y, por último, el ofrecimiento de regalos, comida y bebida por quienes habían solicitado el acuerdo (2016, pp.186-190).
40 Respecto de la propia organización sociopolítica de los indígenas chaqueños, una interpretación posible es que adquirían el botín con el fin de ser intercambiado, y aceptaban su incorporación a las reducciones como un espacio más de apropiación de recursos (Fradkin y Ratto, 2011, pp. 4-6).
41 MGyM, 1858, tomo 17, fs. 86, 103; Gobierno de la provincia de Córdoba, fs. 87-89.
42 En ese espacio, donde a partir de 1856 se instalaron las primeras colonias agrícolas, “existía una importante población criolla dedicada principalmente a la producción ganadera o extractiva, en especial de madera, leña y fabricación de carbón”, regidas por tradicionales pautas y códigos de costumbres (Martiren, 2014a, p. 83).
43 CGFCH, 1858, tomo 17, fs. 207-209.
44 CGFCH, 1858, tomo 17, fs. 218, 227; CFNSF, fs. 219-223.
45 La participación de referentes mocovíes convertidos en oficiales por el Estado es evaluada por Aldo Green (2011) como una opción en su estrategia de supervivencia y posicionamiento político.
46 CFNSF, 1859, tomo 18, folio 1816.
47 CFNSF, 1859, tomo 18, fs. 1095-1096, MyRN; Prefecto de Misiones del Colegio de San Lorenzo, 1860, tomo 20, fs. 1200- 1201.
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Recibido: 03 de enero de 2018.
Aceptado: 19 de noviembre de 2018.