Laura Cucchi. Antagonismo, legitimidad y poder político en Córdoba, 1877-1880. Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur, 2015, 314 páginas.

María Celia Bravo¹

Se trata de una investigación minuciosa que culminó en una Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Buenos Aires en el año 2011, posteriormente distinguida con el premio Tesis de Doctorado en Historia en el marco del primer concurso de Tesis Doctorales “Profesor Félix Weinberg”, organizado por el Centro de Estudios Regionales dependiente del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur.
El libro recorre la conflictiva coyuntura desatada por la política de conciliación implementada por el presidente Nicolás Avellaneda y centra su análisis en la provincia de Córdoba, caso particularmente interesante por el acceso al gobierno de un nuevo grupo político encabezado por Antonio del Viso, quien accede al poder de una manera un tanto fortuita. Este sector se propone coordinar los trabajos electorales para impulsar la candidatura presidencial de Julio A. Roca en las provincias, postulación resistida por el mitrismo a través de distintas vías. El grupo que sustentó a del Viso pertenecía a un sector minoritario del autonomismo cordobés. Se distinguía por su juventud, por su diferente interpretación de la coyuntura histórica en momentos de recambio presidencial y por su voluntad de construcción de poder. Estos factores aportaron conflictividad a la situación provincial, complicada por los avatares de la conciliación y por las campañas electorales desarrolladas en el territorio cordobés y en la nación. La investigación se detiene en ese cruce que permite analizar en paralelo la escala nacional y la provincial, estrategia acertada en tanto otorga mayor capacidad explicativa a las posiciones asumidas por los actores políticos en un período marcado por inminentes tempestades.
En ese contexto, la autora analiza la dinámica de la política cordobesa de la década de 1870, marcada por un nuevo “consenso”, resultante de la derrota de los levantamientos federales y de la muerte de Justo José de Urquiza, que acaecieron en un momento de debilidad del mitrismo. En esa coyuntura se votó en 1870 una nueva constitución provincial que instituyó el cargo de vicegobernador, la regulación del juicio político, las bases del sistema municipal y electoral con la implementación del voto secreto y la formación de un nuevo Poder Legislativo de carácter bicameral. Tal renovación institucional se sustentó en un acuerdo entre los dos partidos actuantes, el nacionalismo y el autonomismo, cuyo acercamiento residió en el respaldo común a los candidatos presidenciales Domingo F. Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Así, figuras identificadas con el mitrismo como Clímaco de la Peña y Felipe Díaz confluyeron con autonomistas como Filemón Posse y Antonio del Viso en torno a la política nacional. Esta fórmula de consenso cimentó el armado de las candidaturas al Poder Ejecutivo Provincial, expresadas en las figuras de Clímaco de la Peña y Antonio del Viso, como gobernador y vicegobernador de Córdoba.
Los tiempos de acuerdos políticos pueden ser particularmente útiles para analizar el repertorio de las prácticas políticas. En este caso, las investigaciones de Cucchi nos revelan los manejos políticos cordobeses comunes a las de otras provincias argentinas, sustentadas en la actividad electoral de los clubes encargados de organizar a los votantes, especialmente de la capital. Las convocatorias se anunciaban desde los respectivos órganos de prensa, que se multiplicaron a lo largo de la década. Este cuadro se completaba con el papel desarrollado por la guardia nacional, el ejército y la policía, instituciones claves en el control de las situaciones electorales.
La política cordobesa se conmovió con la muerte de Clímaco de la Peña, quien falleció antes de asumir. En ese marco, se instala el dilema: ¿debía asumir el vicegobernador o se llamaba a una nueva elección? Mientras Rodríguez, el gobernador saliente, sostenía la necesidad de convocar una nueva elección (solución defendida por el mitrismo), el presidente del Colegio Electoral afirmaba que el cuerpo ya había realizado la elección. Prevaleció esta posición, fortalecida por el respaldo del gobierno nacional, y Antonio del Viso asumió como gobernador, aunque la legalidad de su gestión fue cuestionada en distintas oportunidades desde la prensa opositora. Como advierte la autora, Del Viso comenzó su gobierno con una base de sustentación precaria, situación que lo obligó a formar un gabinete que respetaba en parte las coordenadas diseñadas por Peña. Se incorporó a Carlos Bouquet, proveniente de ese grupo, como ministro de Hacienda y a Miguel Juárez Celman, que actuaba en el círculo autonomista cercano al mandatario, en el Ministerio de Gobierno. El gobierno comenzó a construir su base de poder en la administración a través de las designaciones de jefes políticos, de comandantes militares y de la reorganización de la guardia nacional, posiciones claves para el armado de las elecciones.
El libro describe con precisión las modalidades adoptadas por el Ejecutivo para propiciar las renuncias de los jefes políticos, cuyos nombramientos precisaban de acuerdos del Senado, ámbito donde no contaba con mayoría, aunque tenía potestad para removerlos. Estos funcionarios operaban como nexos directos entre los departamentos y el gobierno, tenían amplias funciones, entre ellas la confección de los registros cívicos y la designación de las autoridades electorales. Del Viso removió 16 jefes políticos de los 21 departamentos de campaña, práctica que precipitó los conflictos con la Cámara de Diputados. La reorganización de la guardia nacional supuso el nombramiento de nuevos comandantes y sargentos con el objetivo de quebrar redes previas, al tiempo que la Inspección General de Guardias Nacionales quedó a cargo de Ismael Galíndez, identificado con el autonomismo.
Tales cambios coincidieron con la política de conciliación impulsada por el gobierno nacional, que procuraba atenuar la conflictividad derivada de las revoluciones. Se concedió una amplia amnistía al mitrismo, además del compromiso de armar listas conjuntas en las elecciones provinciales. La decisión abrió un horizonte de incertidumbre, puesto que otorgaba al mitrismo el retorno a posiciones legislativas en los distritos y desató la disputa en el propio gabinete de Avellaneda. En el Ministerio del Interior fue designado Saturnino Laspiur, de larga vinculación con los grupos católicos de Córdoba, mientras que en el Ministerio de Guerra, se incorporó a Julio A. Roca, quien reemplazó a Adolfo Alsina tras su fallecimiento. La política de la conciliación, como señala Cucchi, fue objeto de varios estudios en los territorios provinciales y suscitó opiniones políticas diversas por parte de los contemporáneos. Para los políticos del interior cercanos al gobierno nacional, la conciliación manifestaba la debilidad del presidente, mientras que para los mitristas, el nombramiento de Roca en el gabinete señalaba la definición de un futuro candidato a la presidencia de la república. El autonomismo cordobés, como lo indica con acierto la autora, percibía un panorama de incertidumbre. Consideraba que la debilidad de Avellaneda había revitalizado la actividad del mitrismo en la provincia y, en consecuencia, había enmarañando el camino para una candidatura presidencial sustentada en las demandas de las provincias interiores.
En este contexto, despunta la actividad del gobierno de Córdoba a través de la relación activa con sus pares de las provincias de Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Catamarca, Santa Fe y Entre Ríos con el objetivo de reorganizar el Partido Autonomista, contrarrestando la iniciativa porteña en el mismo sentido. La investigación de Cucchi sigue con minuciosidad la red urdida por Roca, quien recomendaba el contacto con amigos políticos del interior. La estrategia se coronó con la invitación a los gobernadores para discutir un curso de acción común respecto de las candidaturas presidenciales. Mientras el mitrismo definía su fórmula al enarbolar las figuras de Carlos Tejedor y Saturnino Laspiur, desde Córdoba se lanzaba la candidatura de Roca, realzada por la ocupación de Río Negro durante su campaña militar. Esta iniciativa fue replicada por los clubes autonomistas de las distintas provincias.
En el desarrollo de la instancia electoral afloró con fuerza la disputa política. Se formaron clubes para respaldar a los distintos candidatos y la prensa añadió su dosis de confrontación que en Córdoba se potenció con la elección a gobernador de la provincia, prevista para noviembre de 1879. En el autonomismo la candidatura de Juárez Celman a gobernador era un asunto definido, pero en la oposición conciliada se manifestaban dificultades para conformar un cuadro homogéneo en virtud de la discordancia de los sectores católicos, idiosincrasia cordobesa debido a la presencia de la universidad como actor político. Los conciliados buscaron infructuosamente la mediación de Avellaneda y de del Viso para desplazar la candidatura de Juárez Celman, mientras Gerónimo del Barco, postulado por la oposición, reconsideraba la vía del levantamiento armado si fracasaban las negociaciones en dichas esferas.
Un aspecto valioso de la investigación consiste en el análisis político de los discursos. La autora examina con sagacidad los argumentos de la prensa opositora y traza una línea de equivalencias entre los términos de “oposición”, “pueblo” y “opinión pública”, al tiempo que enfatiza la cisura establecida entre “pueblo” y “gobierno”, dicotomía que se sintetizaba en la figura “fin de las libertades y las instituciones”. Tales estrategias discursivas guardaban afinidad con los postulados mitristas y se expresaban en el periódico El Nacional, mientras que el Eco de Córdoba incorporaba a esos argumentos la impronta católica al denunciar el abierto desafío de las políticas de Juárez Celman a las autoridades eclesiásticas. Por su parte, la prensa autonomista asociaba el vocablo “liberal” con la construcción de un Estado provincial laico e introdujo distinciones en la expresión homogénea de pueblo, al diferenciar una mayoría destinada a gobernar y una minoría a la que le cabía representación parlamentaria a través de una futura reforma de la constitución. En esa sintonía sostenía que la lucha armada y la guerra civil debían ser reemplazadas por el debate parlamentario. Por lo tanto, se debía estimular el desarrollo de los partidos y el respeto a la diversidad de sus concepciones políticas. Sin embargo, estos argumentos no esmerilaron la cohesión de la oposición, que se consideraba un sector excluido (no necesariamente minoritario), aunque para el autonomismo se trataba de un grupo minúsculo enfrentado sistemáticamente a la marcha del gobierno por intereses personales.
El autonomismo llegó a la elección provincial con un control sólido y extendido de la administración al colocar en la Jefatura de Policía y en la Inspección de Armas (funcionarios relevantes en el desarrollo del proceso electoral) a partidarios firmes. Por su parte, la oposición contaba con el financiamiento generoso de sus aliados de Buenos Aires. En este tópico, el argumento de Cucchi adquiere consistencia en tanto ilumina la gravitación de la política nacional en la elección provincial, potenciada por la presencia de los integrantes mitristas en el gabinete de Avellaneda. La autora analiza minuciosamente las prácticas electorales en el contexto de una campaña que ambos partidos juzgaban decisiva: el traslado de los dirigentes a la campaña, la organización de los electores y los envíos de armas gestionadas por la oposición ante una posible derrota. En esa línea de análisis, las dependencias estatales jugaron un rol crucial. En torno a ellas se configuró un entramado de intercambios entre dirigentes nacionales y provinciales, reflejados en la concertación de acuerdos, información que se infiere de la correspondencia epistolar revisada minuciosamente por la autora.
La prensa se colocó en la vanguardia de la trinchera electoral y el ambiente se exaltó con la fundación de nuevos rotativos que reclamaban para sí la función de censores del gobierno. En ese contexto, se procuró regular el rol de la prensa a través de una ley propiciada por el autonomismo que establecía un mayor control del Poder Judicial. Sin embargo, la nueva normativa no aplacó el ímpetu de las acusaciones lanzadas por la prensa opositora. En ese clima caldeado se desarrollaron las elecciones provinciales con incidentes violentos. El triunfo correspondió al oficialismo, que se impuso en casi todas las mesas, en el marco de votaciones que se destacaron por el alto porcentaje de participación: sufragaron aproximadamente alrededor del 20 % de los ciudadanos habilitados.
Los derrotados no aceptaron el resultado electoral. El siguiente paso consistió en activar el operativo revolucionario coordinado por un comité dirigido por Lisandro Olmos como jefe militar, quien era miembro de la Legislatura porteña, y por Gerónimo del Barco, un dirigente conciliado, como jefe civil. El movimiento coincidió con la decisión desafiante de Tejedor de resistir la candidatura de Roca y de convocar a la guardia nacional para realizar los ejercicios doctrinales. La revolución fracasó debido a la fidelidad de los destacamentos militares al gobierno y en consecuencia, Juárez Celman asumió como gobernador de la provincia en mayo de 1880. Estos acontecimientos estaban relacionados con la sucesión presidencial, Roca había triunfado en las urnas pero su victoria solo podía hacerse efectiva con la derrota militar de las milicias porteñas dirigidas por Tejedor. De modo que, la investigación explica y documenta la conexión estrecha entre la política nacional y provincial, cuya resultante se manifestó en un pico de conflictividad que se resolvió a través de las armas en ambos territorios.
Las vicisitudes reseñadas adquieren además mayor significado cuando se examinan los discursos que enmarcaron tales acciones. Los términos de “levantamiento” o “revolución” esgrimidos por los conciliados remitían, como señala Cucchi, a una tradición revolucionaria que suponía la resistencia a las imposiciones de un gobierno considerado despótico. Sin embargo, esta argumentación omitía un dato central: la vigencia de la constitución que condenaba los levantamientos armados al considerarlos delitos de sedición. En ese registro se articuló el discurso autonomista que procuró escindir la tradición revolucionaria de Mayo y el levantamiento contra Rosas (entendidos como movimientos legítimos y necesarios ante la ausencia de un estado de derecho) de los levantamientos sediciosos destinados a vulnerar las prescripciones de la carta constitucional. Esta línea argumental se inscribía en el acervo discursivo del gobierno nacional y había sido desarrollada por Sarmiento y Avellaneda.
El abordaje adoptado por Cucchi otorga claridad interpretativa a los discursos y restituye racionalidad e inteligibilidad a los actores políticos en pugna. En efecto, el análisis de los discursos y las percepciones políticas de los partidos permite a la autora superar los caminos trillados de la historia política donde la dinámica de las facciones o el faccionalismo erigido en sistema se resuelve a través de explicaciones sencillas y reiteradas. En términos de Cucchi se trata de respuestas “circulares y totalizadoras” que sugieren la tendencia de los partidos a resolver sus rivalidades a través del motín y la revuelta, pero omiten las diferencias ideológicas y los argumentos esgrimidos por los antagonistas en función de las circunstancias, de sus tradiciones y sus valores políticos.
En suma, Antagonismo, legitimidad y poder político en Córdoba, 1877-1880 aporta complejidad explicativa en tanto relaciona los discursos de la prensa, los argumentos de los dirigentes nacionales y provinciales, los debates en la Legislatura provincial con las prácticas de los partidos y las decisiones de los gobiernos, expresados en las acciones de los diversos actores que participaron en las instancias electorales. Otro mérito relevante consiste en el análisis de la situación cordobesa en diálogo con la política nacional y con la situación de distintas provincias argentinas. De esta forma, se configura una densa trama narrativa que remite a un uso inteligente de las fuentes utilizadas, en tanto combina archivos de la provincia de Córdoba y archivos nacionales, cuya potencialidad se enriquece con textos de época y con un profuso respaldo bibliográfico actualizado y adecuadamente seleccionado.

Notas

¹ Instituto Superior de Estudios Sociales-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/ Universidad Nacional de Tucumán. Argentina. Correo electrónico: mceliabravo@hotmail.com.