Los sindicatos de la modernización. La relación positiva entre el Estado de Córdoba y organizaciones sindicales a final del siglo XX

Unions and modernization. The relationship between the State and union organizations in Córdoba at the end of the 20th century

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. gerbaldo.juan@gmail.com

El artículo propone reconocer el contenido y resultado de las negociaciones entre una parte de la conducción sindical y el gobierno de la provincia de Córdoba, Argentina, a finales del siglo XX; y comprender la forma en que ellos construyeron y sostuvieron una relación en ese periodo. Sostenemos que ambos actores configuraron un intercambio político centrado en la concesión de beneficios acotados por parte del Estado a cambio de una desmovilización de la acción sindical. Para esto empleamos un método de investigación cualitativo y analizamos un corpus documental compuesto por fuentes hemerográficas y orales.

The paper has two objectives. 1) Recognize the content and outcome of negotiations between union leaders and government in the late twentieth century. 2) Understand how they built and maintained a relationship during that time. We maintain that both actors shaped a political exchange focused on the granting of limited benefits by the State in exchange for a demobilization of union action. Here we use a qualitative research method and analyze a diverse documentary corpus of written and oral sources.

El triunfo electoral de la coalición Unión por Córdoba (UpC) en diciembre de 1998, cerró un ciclo de hegemonía política de la Unión Cívica Radical (UCR) y permitió al Partido Justicialista (PJ) acceder por primera vez –desde la recuperación de la democracia en 1983– al ejecutivo de la provincia. Así, con el apoyo del 49,59% de los votos, José Manuel de la Sota asumió en julio de 1999 la gobernación de Córdoba.^[1] El recambio en la administración se acompañó, al mismo tiempo, de una serie de medidas que buscaron redefinir la naturaleza del Estado (Manzo, 2011). A lo largo de su primer mandato (1999-2003), el gobernador electo puso en acción un programa de carácter reformista que pretendió reconfigurar las competencias estatales y su vínculo con la sociedad a través de la modernización de su estructura y funciones (Closa, 2010).

Ahora bien, las políticas de reformas no iniciaron con el arribo de de la Sota al poder. Algunas de ellas tuvieron origen y un desarrollo parcial a finales de la década de 1980 en un marco de gobiernos radicales (Arriaga, Franco, Medina y Natalucci, 2012). Sin embargo, en las postrimerías del siglo XX tomaron un renovado impulso debido a que la gestión entrante propuso alinear a Córdoba con los cambios ocurridos a escala nacional y global (Reynares, 2017).^[2]

Las ideas mencionadas se cristalizaron, en su mayoría, en el proyecto enviado a la Legislatura bajo el nombre de “Reinvención, Nuevo Estado Provincial y Estatuto del Ciudadano”. Dentro de este paquete de leyes el punto sensible y conflictivo fue el que buscó incorporar capital privado a empresas, sociedades, establecimientos o entidades de propiedad estatal.

Las transformaciones promovidas encontraron un férreo rechazo por parte de un grupo de gremios locales que, conociendo los efectos negativos que tuvo en Argentina la reducción del Estado, la reconversión productiva y la desregulación de un mercado de trabajo estructurado bajo parámetros fordistas, criticaron esta posibilidad. La postura contenciosa que adoptó el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba (SLyFC) ante la iniciativa de privatizar la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) revistió de interés en la literatura académica, presentando al caso como uno de resistencia exitosa frente al avance neoliberal (Drolas, 2009; Natalucci, 2011; Arriaga, 2021). No obstante, no todas las organizaciones gremiales impugnaron dichas políticas.

Otras investigaciones, por su parte, advirtieron que la dirigencia sindical hizo una recepción desigual respecto de las reformas (Natalucci, 2012). Esta distinción devino en una reconfiguración de alianzas sindicales al interior del escenario local que se manifestó –en octubre de 2000– con la conformación de un núcleo opositor que asumió el nombre de Confederación General del Trabajo Rodríguez Peña (CGTRP) y otro cercano al oficialismo que se agrupó en la llamada CGT Chacabuco (CGTCh). Más allá de lo expuesto, existe una vacancia de estudios que consideren a las estructuras que apoyaron al peronismo cordobés durante su administración inicial.^[3]

El presente artículo se concentra en examinar aquellos representantes del movimiento obrero que respaldaron el proceso de “modernización” de Córdoba. De este modo, aquí nos interesa indagar qué tipo de articulación establecieron ellos con las autoridades provinciales y, particularmente, con el gobernador de la Sota. En consecuencia, nuestro trabajo persigue un doble objetivo. Por un lado, reconocer el contenido y resultado de las negociaciones de la conducción sindical en cuestión y el gobierno. Por el otro, comprender la forma en que ambos actores construyeron y sostuvieron una relación a lo largo del periodo en estudio.

Como hipótesis argumentamos que las autoridades provinciales y la dirigencia sindical aliada configuraron un intercambio político centrado en la concesión de beneficios acotados a cambio de una desmovilización de la acción sindical. Este se sostuvo por medio de compromisos históricos inscriptos en la tradición peronista y vínculos personales e informales. A partir de ahí operó un encuentro positivo entre sus necesidades e intereses. Así, la jefatura gremial pudo incorporarse de manera parcial a espacios políticos anteriormente cerrados, mientras que el oficialismo logró la adhesión de una parte del sindicalismo que moderó sus reclamos y aspiraciones a los efectos de garantizar la paz social frente a las reformas.

Este examen pretende contribuir a ampliar el marco de indagación respecto a la pluralidad que adoptó la acción sindical en Argentina al momento de participar del sistema político. Al mismo tiempo, se observó como una vertiente del peronismo cercana a una identificación neoliberal (Reynares, 2017) construyó acuerdos con diversos actores aliados. Para ello recuperamos, principalmente, la noción de intercambio político (Pizzorno, 1991). Tal categoría analítica refiere a un tipo de relación que es propia del Estado y las organizaciones sindicales, en donde el primero busca asegurar el consenso social a cambio de concesiones para los segundos. Asimismo, empleamos un método de investigación de tipo cualitativo y analizamos un corpus documental compuesto por diversas fuentes hemerográficas y orales.

El trabajo se organizó en cinco partes. La primera precisa la elección teórica-metodológica que estructura los apartados subsiguientes. La segunda expone la situación política y sindical en Córdoba con anterioridad al triunfo de UpC. La tercera repara en la necesidad que tuvo el gobernador electo de encuadrar al peronismo a su proyecto. La cuarta reconstruye la forma en que se materializó la participación sindical en el sistema político durante la gestión de de la Sota. La quinta considera la redefinición de alianzas que operó entre UpC y sus socios sindicales hacia el final del periodo en estudio.

Intercambio político: un abordaje para las relaciones entre organizaciones sindicales y Estado

El presente trabajo parte del interés de indagar la compleja interacción entre sindicatos y Estados subnacionales, debido a que estos espacios comportan particularidades y dinámicas que los distinguen del plano nacional (Ferrari y Gordillo, 2015). Para ello recuperamos la noción de intercambio político (Pizzorno, 1991). Dicha categoría analítica refiere un tipo de vinculación específica del Estado y las organizaciones sindicales, en donde el primero busca asegurar el consenso social a cambio de concesiones para los segundos.

En un marco de negociaciones asimétricas, las autoridades políticas poseen la capacidad de ofrecer una serie de beneficios para el universo obrero que se orientan tanto hacia la masa trabajadora –medidas laborales y políticas económicas que favorezcan al conjunto–, como a sus dirigentes (Pizzorno, 1973). En relación con el último punto, la conducción sindical puede fortalecer su influencia en el plano político a través de un reconocimiento, individual y colectivo, por parte del Estado que se traduce en: una participación real o formal en ciertas funciones de poder; el involucramiento directo o indirecto en la formación de políticas públicas; y el dominio de instituciones sensibles para la actividad laboral.

No obstante, siguiendo el razonamiento de Alessandro Pizzorno (1973, 1991), quienes controlan el organigrama estatal y los recursos mencionados no necesariamente los conceden, independientemente de su cercanía al actor sindical, sino que deben tener un interés y motivación en hacerlo. Ahora bien, en este tipo de intercambio, lo esperado por aquellos que conducen el Estado es el orden o, en otras palabras, un consenso que garantice la gobernabilidad ante la posibilidad de implementar políticas eventualmente disruptivas para la paz social.

A saber, las organizaciones sindicales expresaron, con su conformación, la cristalización de disputas propias de la sociedad capitalista (Hyman, 1981). Ellas representan al colectivo de personas que venden su fuerza de trabajo en un marco de dominación del capital (Kelly, 1988), a la vez que se constituyen en componentes y oponentes al sistema, circunscribiendo su acción a una lógica bivalente tensionada por la confrontación y la negociación (Van der Linden, 2019). Por ende, ejercen una gravedad sustantiva sobre una porción del ambiente social y, desde esa posición, actúan como una amenaza potencial o efectiva para un gobierno. En el caso argentino, estas características presentan otras complejidades debido a que las jefaturas gremiales no sólo limitan sus acciones a la defensa profesional de los trabajadores, sino que en muchos casos asumen –o aspiran hacerlo– la función de canalizar y vehiculizar las demandas obreras en el juego político institucional (Torre, 1983; Levitsky, 2005; James, 2010).

En efecto, trazar un intercambio político implica, para el Estado, ofrecer beneficios a organizaciones sindicales y/o a su dirigencia a cambio de moderar y regular sus reivindicaciones, posibilitando a las autoridades políticas tener una injerencia parcial al interior de un entorno conflictivo (Pizzorno, 1973).^[4] Como contrapartida, los sindicatos y sus conducciones podrán asegurarse un conjunto de concesiones que fortalecerán su rol más allá del ámbito del trabajo. No obstante, como cualquier otro proceso de negociación, el intercambio político es cambiante y susceptible a ser redefinido.

Aquí, examinaremos el intercambio político que operó en Córdoba durante el periodo en estudio a través del vínculo entre el Estado controlado por la jefatura del PJ y nucleamientos sindicales anclados en una tradición peronista.^[5] Esta particularidad hace que la interacción adopte lógicas y constricciones que son resultados históricos de la dependencia mutua que configuró, en la segunda mitad del siglo XX, una compleja relación (Sigal y Torre, 1981). De esta manera, existen compromisos, expectativas y prácticas –por ejemplo, la cuota o cupo de candidaturas resguardada a través del sistema de tercios a la dirigencia sindical– que son propias de colectivos que se suponen aliados.

Creemos, en tanto, que apoyarnos en la óptica interpretativa expuesta, habilita pensar a los actores sociales como sujetos que interactúan dentro de un contexto determinado. Desde este supuesto, podemos examinar a la desmovilización, en este caso sindical, como producto de negociaciones atravesadas por estrategias, motivaciones y racionalidades específicas que influyen en las acciones que diferentes grupos realizan a la hora de afrontar desafíos semejantes.

En términos metodológicos, proponemos caracterizar los nucleamientos existentes en Córdoba al momento de la llegada al poder de UpC, para luego distinguir a aquellos que trazaron negociaciones con el nuevo gobierno. En este sentido, observaremos el modo en que la conducción sindical y las autoridades políticas, personificadas en el gobernador de la Sota, construyeron y sostuvieron sus vínculos. Así, repararemos en la naturaleza y redefiniciones del intercambio político, teniendo en cuenta las necesidades de la gestión delasotista para llevar a cabo la transformación del Estado cordobés y valorando los beneficios que la dirigencia sindical obtuvo tras el cambio en la administración.

Asimismo, empleamos una estrategia de investigación de tipo cualitativa. Para ello analizamos un diverso y robusto corpus documental constituido por fuentes hemerográficas y orales.

Respecto al primer grupo, detuvimos la atención –principalmente– en el periódico comercial La Voz del Interior (LVI) debido a que representa, hace varias décadas, al medio gráfico de mayor circulación en la provincia de Córdoba. Como toda fuente de información, este diario no es neutral en su contenido. No obstante, nos permite reconstruir aspectos políticos del escenario cordobés desde una mirada centrada en el elenco gobernante. El empleo de la prensa, a su vez, fue complementado y articulado con boletines/revistas del ámbito gremial. A diferencia de LVI, este conjunto de publicaciones no respondió a un criterio definido, sino que reunió la producción incompleta de diferentes sindicatos locales a los que pudimos acceder. Los documentos referidos, al mismo tiempo, contienen un sesgo anclado con su posicionamiento político sindical del gremio emisor de la comunicación. Esto nos ofrece una lectura, acotada, vinculada con la interpretación que algunas organizaciones sindicales hicieron de la administración de UpC.

En ambos casos realizamos un relevamiento de archivos que respondió a dos temporalidades: una anclada en el primer gobierno de UpC (1999-2003) y otra que abarcó la década de 1990. Esta distinción se asoció con la idea de abordar la complejidad de los actores involucrados dentro de un proceso histórico más amplio.

En cuanto al segundo grupo, efectuamos entrevistas semiestructuradas y en profundidad a once dirigentes sindicales y tres funcionarios que desempeñaron tareas durante la gestión delasotista. A partir de ellas recopilamos una serie de testimonios que otorgaron volumen a los datos recabados en las fuentes anteriormente mencionadas y permitieron considerar dimensiones subjetivas ligadas con la comprensión de los entrevistados respecto de la realidad social en una coyuntura particular.

La UCR gobernó Córdoba de manera ininterrumpida desde diciembre de 1983 hasta julio de 1999. Durante esos años, el radicalismo no sólo se hizo con el Poder Ejecutivo de forma consecutiva –Eduardo Angeloz en tres oportunidades y Ramón Mestre en una ocasión–, sino que también tuvo la capacidad de controlar ambas Cámaras del Parlamento provincial. Así, los sucesivos triunfos electorales consolidaron a la fuerza como un partido predominante que administró con mayoría absoluta en un marco de pluralismo político (Sartori, 1987). Más allá de la hegemonía mencionada, las gestiones de Angeloz y Mestre avanzaron de modo acotado respecto a reformas estructurales y administrativas (Gordillo, 2003; Arriaga et al., 2012). Acorde a esto, las transformaciones impulsadas a nivel nacional por Carlos Menem comportaron contingencias y particularidades locales que condicionaron su aplicación a lo largo de los noventa.

Asimismo, el peronismo cordobés transitó los últimos decenios del siglo XX desde una condición de oposición ante el gobierno frente a las políticas orientadas a la redefinición de la naturaleza del Estado. Esto se manifestó en el sistema institucional a través de la actividad legislativa de diputados justicialistas (Roland, Sapp y Gerbaldo, 2023) y, principalmente, por medio de la acción contenciosa de los sindicatos en el espacio público (Natalucci, 2012; Avalle, 2017; Arriaga, 2021). No obstante, este mismo periodo encontró al PJ y al movimiento obrero en un proceso de divisiones internas que devino en una competencia por el liderazgo partidario y gremial.

A finales de los años ochenta el PJ de Córdoba experimentó un reacomodamiento. La llamada Renovación Peronista logró imponerse en la disputa intrapartidaria y desplazar al sector ortodoxo de los órganos de conducción (Closa, 2016). El cambio en la relación de fuerzas no sólo fortaleció el proyecto renovador, sustentado en el desafío de institucionalizar el partido y establecer mecanismos democráticos para la selección de candidaturas (Closa, 2010), sino que afianzó la figura de su máximo exponente: de la Sota. Sin embargo, esta situación comenzó a revertirse luego del triunfo electoral de Angeloz en 1991.

La nueva derrota del PJ abrió una coyuntura caracterizada por la convivencia de diversas subcoaliciones que disputaron el control de la estructura partidaria (Reynares, 2017). En la primera mitad de los noventa surgieron dirigentes con diferente ascendencia territorial y proximidad con la jefatura del PJ nacional que representaron distintas facciones e intentaron hacer prevalecer sus intereses en la interna. Ahora bien, ninguno forjó una autoridad suficiente para manejar los recursos organizativos del partido, imponer un cierto orden y definir nominaciones. Las sucesivas victorias de la UCR profundizaron la dispersión dentro del justicialismo. Es así que ningún postulante logró, por las urnas, la legitimidad necesaria para cohesionar las subcoaliciones existentes (Reynares, 2017).

La naturaleza de fractura en el seno del PJ empezó a modificarse a finales de 1997 e inicio de 1998. Dentro de ese lapso temporal, de la Sota logró hacerse –nuevamente– con la presidencia del Consejo Provincial del Partido, modificar la Carta Orgánica y sentar las bases para la formación de UpC (Reynares, 2017). Bajo estas nuevas condiciones, de la Sota se constituyó en el dirigente peronista con mayor renombre en la opinión pública, el representante local ante la conducción nacional y el principal interlocutor con organizaciones extrapartidarias.

El movimiento obrero, por su parte, transitó su propio proceso de fisura. La división del sindicalismo cordobés en más de un espacio de representación no era algo novedoso, sino que operaba como una constante desde el regreso de la democracia en 1983 (Gordillo, Sangrilli y Rodríguez, 2015). No obstante, a mediados de la década siguiente ocurrió un reacomodamiento que se prolongó hasta el 2000. Durante este periodo, en la provincia convivieron la delegación regional de la CGT, el Movimiento de Organización y Acción Sindical (MOAS) y la Corriente –luego Central– de los Trabajadores Argentinos (CTA).

El MOAS surgió en febrero de 1994 y agrupó a más de 30 sindicatos. Su nacimiento ocurrió en un contexto de fractura de la CGT nacional y la emergencia del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Sin embargo, la nueva organización cordobesa adoptó una posición de “independencia” respecto de las disputas mencionadas.^[6] En esta línea, no pretendió ser como una versión local del MTA, tampoco establecerse por fuera de la órbita de la CGT regional. Empero, en términos prácticos nunca formó parte de la central local, actuando en paralelo a ella y sin poner en cuestión las bases del modelo sindical argentino. A raíz de esto, rápidamente se afianzó como un nucleamiento con autonomía relativa de la delegación obrera que tuvo libertad para definir sus cursos de acción, inscribir demandas y, desde ahí, “asumir la representación clara de los trabajadores”.^[7]

Asimismo, el MOAS se presentó como una “construcción horizontal” que no replicó un esquema de conducción vertical, apelando a una “concepción de igualdad” en instancias de toma de decisiones.^[8] Ahora bien, a su interior destacaron los liderazgos –sobre los de otros– de José Pihen del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Walter Grahovac de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Héctor Morcillo del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y Horacio Salusso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Lo distintivo fue que ellos –con excepción de Salusso– ganaron la conducción de sus gremios a finales de los años ochenta e inicio de los noventa. Grahovac resultó electo Secretario General de la Junta Ejecutiva Central de la UEPC en octubre de 1988, mientras que Morcillo y Pihen accedieron como autoridades de sus sindicatos de pertenencia, el STIA y el SEP respectivamente, en noviembre de 1992. De esta manera, los tres nombres mencionados personificaron una renovación dentro del escenario sindical.

Los gremios agrupados en el MOAS inscribieron su comprensión de la realidad dentro de los márgenes del peronismo. Es así que orientaron sus demandas en un doble sentido. Uno se vinculó con sostener las bases que delimitaron un mercado de trabajo de parámetros fordistas caracterizado por la regulación, protección y pleno empleo.^[9] Otro se asoció con recuperar la “representación histórica” que el sindicalismo tuvo al interior del sistema político institucional.^[10]

En relación con el primer punto, el nucleamiento revalorizó la práctica de la lucha como instrumento para afrontar los desafíos existentes. Para ello, asumió una postura crítica frente a la coyuntura y recurrió a la movilización en el espacio público. Por medio de una lógica contenciosa el MOAS impulsó, vehiculizó y sostuvo la protesta sindical a lo largo de la segunda mitad de los noventa.

El papel opositor que el MOAS adoptó ante la administración de Mestre (1995-1999) actuó como un contraste respecto al carácter moderado que singularizó a la jefatura de la CGT cordobesa en los años previos. A saber, en 1992 la delegación regional logró –luego de diez años– su normalización.^[11] La nueva conducción consolidó en el vértice el poder de dirigentes históricos dentro del escenario local y cristalizó la institucionalización de una opción verticalista y negociadora que se distinguió por morigerar sus acciones.

En 1996, con el fin de recuperar el protagonismo perdido en manos del MOAS, la CGT regional acordó la conformación de un nuevo secretariado liderado por Miguel Ángel Díaz, hombre de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y figura adherente al MTA.^[12] A partir de allí la central obrera procuró recurrir a una lógica contenciosa en oposición a la gestión radical.^[13] Empero, para este momento el MOAS ya operaba como una estructura movilizadora con capacidad para activar y mantener de manera independiente la protesta sindical en las calles.

En efecto, en un marco de divisiones, el MOAS ganó influencia en el entorno social. El nucleamiento se estableció como un espacio de representación líder al interior del campo sindical cordobés al punto de reemplazar a la CGT en la inscripción de demandas. Como parte del mismo proceso, resultado de reacomodamientos y transformaciones internas en la organización, Pihen, Grahovac y Morcillo lograron aumentar su injerencia en las discusiones sindicales y políticas.^[14] Destacar este cambio es relevante ya que, como veremos más adelante, ellos se convirtieron en los principales interlocutores con los que de la Sota buscó establecer acuerdos después de su triunfo en las elecciones de 1998.

UpC triunfó en las elecciones de diciembre de 1998. No obstante, el recambio institucional ocurrió el 12 de julio del año siguiente. Los siete meses que separaron un hecho del otro actuaron como un lapso de transición en el que de la Sota definió los rasgos de su administración y cimentó la base de apoyo de la misma. De esta manera, el gobernador electo avanzó con la idea de lograr una “unidad partidaria” que le permitiera afirmar su liderazgo en el PJ y, consecuentemente, suprimir disensos a la hora de modernizar el Estado provincial.^[15]

En efecto, de la Sota procuró, por un lado, alinear detrás de su figura a las diversas facciones que convivían dentro de un justicialismo fragmentado. En esta línea, debió revalidar al interior del partido la legitimidad alcanzada por medio de las urnas.^[16] Por el otro, intentó hacerse con el respaldo de aquella dirigencia gremial inscripta en la tradición peronista que, durante la segunda mitad de los noventa, se opuso al radicalismo a través de la protesta en el espacio público.

Para el gobierno entrante uno de los nodos centrales al momento de desarrollar con éxito el plan de modernización estatal dependía de la capacidad de amortiguar la beligerancia sindical. A raíz de ello, las autoridades de UpC rápidamente buscaron la adhesión de los dos nucleamientos más importantes en la provincia: el MOAS y la delegación regional de la CGT. Es así que las conducciones de ambas organizaciones participaron del cónclave peronista realizado en la localidad de Villa Carlos Paz en junio de 1999.^[17] En esa ocasión, el gobernador comunicó los principales objetivos de gestión, adelantó el nombre de los futuros ministros y manifestó sus primeras medidas.

En representación del MOAS asistieron sus tres líderes: Pihen, Grahovac y Morcillo. Por parte de la CGT concurrieron dirigentes históricos del sindicalismo cordobés como Eduardo Nieva (Asociación Libre de Empleados de Correo y Telecomunicaciones), Ricardo López (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina –ATSA–), Luis Eduardo Pérez (Sindicato del Seguro de la República Argentina), José Campellone (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), Miguel Ángel Benedetto (Unión del Personal Civil de la Nación –UPCN–) y Salusso (UOM), entre otros. Lo particular de este hecho se observó en que los nombres mencionados tenían una relación previa con de la Sota.

A saber, el MOAS ganó protagonismo por medio de la lucha en las calles. Asimismo, la acción de la confrontación decantó, en palabras de Pihen, en la búsqueda de una “participación político-partidaria”.^[18] Consecuentemente, el MOAS intentó recuperar la “representación histórica” que el sindicalismo tuvo en el juego político. Esto –en un marco de división partidaria– acercó al nucleamiento con la corriente delasotista. A partir de ahí la jefatura del MOAS configuró un vínculo con el ex líder renovador que les permitió, según el entendimiento de Pihen, “transitar el mundo del partido y de la política”.

Diferente era la situación de las figuras que acudieron en nombre de CGT, ya que en su mayoría habían militado en el justicialismo desde el retorno de la democracia. Pérez, Benedetto y Salusso formaron parte de la lista de diputados que encabezó de la Sota en su fallido intento por alcanzar el Poder Ejecutivo en 1987, mientras que Nieva lo hizo en los comicios de 1991.^[19]

Sobre esta base, advertimos que la administración provincial consideró a la dirigencia sindical como una pieza necesaria para la gobernabilidad. Para ello, el gobernador electo se apoyó rápidamente en referentes gremiales con quienes compartía lazos de cercanía y, al mismo tiempo, ocupaban un rol destacado al interior de cada nucleamiento.

Así, de la Sota comenzó a trazar un intercambio político –mediatizado por vínculos personales– con aquellas organizaciones que, con distintos niveles de oposición, se resistieron a la administración de Mestre. En tanto, la jefatura obrera interpretó que la llegada al poder de un personaje, en principio aliado, tendría efectos positivos respecto a su participación en la esfera política institucional. Esta convergencia de necesidades y expectativas devino en unos meses caracterizados por una “armonía” de las partes.^[20]

Las elecciones legislativas y municipales de octubre de 1999 representaron un punto de inflexión en la relativa “paz social” entre el gobierno y el sindicalismo. Los guarismos evidenciaron una fuerte adhesión electoral a la propuesta política de UpC, que se tradujo en la conquista del municipio capital, una mayoría en la Cámara de Diputados y una victoria en doce de los trece departamentos que renovaron senadores. Con el mapa político definido, el ejecutivo expuso los pormenores de su plan de modernización y reforma del Estado, presentando la urgencia de realizar un re-encuadramiento del Banco de Córdoba y efectuar la venta de EPEC.

Los anuncios incentivaron la movilización de un conjunto de gremios, entre los que destacaron el SLyFC, la UOM y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM). A raíz de ello, de la Sota reforzó los canales de diálogo con la conducción MOAS y de la CGT regional. Específicamente, el gobernador impulsó –de manera directa o por medio de funcionarios a cargo de la Secretaría de Trabajo y/o el Ministerio de Producción– la unificación del movimiento obrero de Córdoba.

La idea de fusionar a los distintos nucleamientos se justificó a partir del supuesto de trabajar con “un solo interlocutor” que contenga al conjunto de los sectores.^[21] Sin embargo, el MOAS y la CGT no agrupaban a todos los gremios locales. Un número relativamente importante de sindicatos, alineados en la llamada Mesa Sindical, se encontraban al margen de ambas estructuras. Consecuentemente, un encuentro entre ellas no se traducía en una unidad.

En esta clave, advertimos que la pretensión que tuvo el gobierno se asoció con un triple propósito: terminar de organizar al peronismo detrás de la figura de de la Sota; dotar de legitimidad y reconocimiento a la central obrera; y suprimir disidencias que pusieran en peligro la gobernabilidad. Con estos objetivos en mente, la negociación se redujo únicamente a personajes específicos con quienes de la Sota tenía una mayor afinidad, dejando de lado otras opciones –también relacionadas con el peronismo– que habían adoptado una postura crítica frente a las reformas.

El proceso mencionado cristalizó una intención de injerencia política por parte de la administración en la dinámica gremial. Esta situación ralentizó la posibilidad de normalizar la delegación de la CGT en el corto plazo. Empero, el anuncio del proyecto de “Reinvención, Nuevo Estado Provincial y Estatuto del Ciudadano” consiguió el respaldo del MOAS y de la dirigencia agrupada en la institución cegestista.

El MOAS, presentó una actitud ambigua ante la iniciativa mencionada. El nucleamiento acompañó, mediante comunicados, el reclamo en contra de la privatización de EPEC. De este modo, expresó su solidaridad con la lucha que entabló el SLyFC, pero sin participar activamente en manifestaciones y evitando oponerse al plan propuesto por UpC. Esta decisión demuestra que aquella organización que activó y sostuvo la protesta durante la administración de Mestre decidió renunciar a la acción directa en las calles. Tal viraje puede ser explicado, como analizaremos en el siguiente apartado, por la incorporación de sus líderes al elenco gobernante.

La cúpula de la CGT regional, por su parte, asumió una posición clara. Desde un principio apoyó la “necesaria” transformación del Estado “en la medida en que los cambios propuestos no perjudiquen las conquistas laborales y sociales de todos los trabajadores”. Aún más, la conducción entendió que las modificaciones diseñadas tendían “a resolver un largo período de desgobierno [radical]”.^[22] Este razonamiento tomó estado público a través de una solicitada emitida el 23 de febrero del 2000. Ella expresó:

La CGT apoya una transformación con justicia y equidad en la que están garantizados los derechos y conquistas sociales de los trabajadores … y está segura de que el gobierno no se apartará del compromiso asumido con el pueblo de Córdoba de garantizar el saneamiento de las finanzas públicas, crear fuentes de trabajo, promover la industria, el pleno empleo y el bienestar general de la población.^[23]

El documento rubricado, con la firma del Secretario General Díaz y del Secretario Adjunto Nieva, cristalizó la aquiescencia de la máxima institución obrera con las políticas en ciernes.

En efecto, los nucleamientos indicados adoptaron moderación frente a las reformas. Dicha disposición le permitió a de la Sota legitimar la modernización del Estado en un marco de paz social. Gracias a esto, el gobierno tuvo capacidad de controlar relativamente un entorno potencialmente conflictivo y amortiguar parcialmente la intensidad de los reclamos planteados por los gremios disconformes.

Las políticas de reformas incentivaron la conformación de un polo opositor emergente del ámbito sindical. Ante ello, de la Sota prosiguió con la búsqueda de unificar al movimiento obrero. En julio de 2000, compartió un almuerzo privado con referentes del MOAS y de la CGT. Entre los invitados destacaron los nombres de Grahovac, Pihen, Morcillo, Díaz, López, Benedetto y Omar Dragún (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor –SMATA–). Por fuera del encuentro quedaron dirigentes vinculados, entre otros, con la UOM, el SUOEM y el SLyFC.

En ese acto político el gobernador ofreció un discurso en el que realizó una defensa de la actividad gremial, definiéndola como "muy necesaria", y promovió, nuevamente, la unidad sindical. A partir de ahí, exhortó a la jefatura a trabajar en conjunto “para sacar a Córdoba del quietismo y del atraso de los últimos años” bajo el justificativo de que “cuando un gobierno, como lo fue el peronismo durante la post guerra, se propone llevar a cabo un proyecto modernizador y solidario con el apoyo del movimiento obrero, puede brindar al país años de modernidad y paz”.^[24] Así, de la Sota apeló al respaldo de sus aliados con la finalidad de garantizar el desarrollo de su modelo de gestión y lograr la contención de actores movilizados.

Dos semanas después de la reunión comenzó a barajarse una fórmula de conducción para la CGT. En esta clave, el nombre de Dragún resonó con fuerza. A saber, el Secretario General del SMATA era un hombre cercano al gobernador que, a su vez, gozaba de un consenso al interior del MOAS y de la central obrera. Sin embargo, con el correr de los días, los gremios agrupados en la “Mesa Sindical” manifestaron un rechazo con esta alternativa. Específicamente, entendieron que el gobierno tendría una influencia directa en las decisiones sindicales.^[25] Finalmente, el anhelo delasotista de unidad fracasó. El 17 de octubre de 2000 se materializó la conformación de dos polos antagónicos: la CGTCh –integrada por el MOAS y la cúpula cegetista que se alineó con de la Sota– y la disidente CGTRP.

Durante la primera etapa de gestión, el gobernador procuró ganarse la adhesión de aquellas estructuras, ancladas en la tradición peronista, más importantes de la provincia y que, en el caso del MOAS, mayores resistencias opusieron al gobierno de Mestre. El fin se asoció con la idea de avanzar con éxito sobre las reformas impulsadas y, al mismo tiempo, garantizar la paz social. Para lograrlo, configuró un intercambio político mediatizado por lazos personales y basado en métodos informales.

De la Sota buscó consenso en dirigentes con los que mantenía una relación previa. Ellos actuaron como mediadores en los acuerdos entre él y las organizaciones mencionadas. En este marco, la jefatura sindical cordobesa interpretó que el acuerdo con una fuerza históricamente aliada abriría la posibilidad de acceder a espacios de poder anteriormente cerrados. Asimismo, la opción del ejecutivo de negociar con ambos nucleamientos cristalizó un reconocimiento de sus referentes. Sin embargo, como veremos a continuación, no existieron mecanismos formales para regular el tenor y la distribución de los beneficios. Estos dependieron así de la voluntad de las autoridades partidarias y de las urgencias coyunturales.

La consolidación de de la Sota en el vértice del PJ cordobés y el recambio en la administración provincial habilitaron la incorporación parcial de dirigentes sindicales al sistema político. Esta apertura operó a través de un ingreso a la actividad legislativa y/o al organigrama estatal en representación de UpC. Así, el gobernador configuró un tipo particular de intercambio político que devino en un reconocimiento de sus aliados obreros.

La jefatura del MOAS y de la delegación de la CGT accedieron a funciones de poder, espacios de formación de políticas públicas y al control de áreas sensibles para la actividad laboral. No obstante, para ello tuvieron que subordinar sus demandas a las urgencias de la fuerza gobernante. Esto derivó en una distribución desigual de los beneficios señalados que condicionó la naturaleza de sus relaciones. En términos comparativos, el MOAS resultó el actor favorecido al momento de incorporar representantes en el juego político.

La conformación de una coalición del tenor de UpC implicó una serie de acuerdos en donde el PJ debió ceder protagonismo a sus socios. Empero, las nóminas de candidatos provinciales y nacionales –diputados y senadores–confeccionada para los comicios de octubre de 1999 cristalizaron un predominio de personajes alineados con el justicialismo y principalmente con la facción delasotista.^[26]

En este marco de condiciones, la dirigencia sindical consiguió un par de lugares en las listas de UpC. Los nombres beneficiados fueron Morcillo (STIA) y Pihen (SEP). El primero de ellos compitió por ingresar al Congreso de la Nación, mientras que el segundo lo hizo en la Legislatura de Córdoba. Dos de los líderes del MOAS lograron involucrarse en la contienda electoral en representación del oficialismo.

El caso de Morcillo presentó una novedad. Luego de 14 años, un dirigente del ámbito gremial disputó una banca en el Parlamento nacional por el peronismo cordobés. El Secretario General de Alimentación ocupó la séptima ubicación en la boleta de UpC. Ahora bien, los guarismos finales solo permitieron el acceso de cuatro de los nueve candidatos a la Cámara Baja. De esta manera, el referente del MOAS quedó excluido de la posibilidad de integrarse al recinto legislativo.

Más allá de su fallida incursión electoral, Morcillo se sumó a la gestión pública como funcionario de la capital provincial luego de la victoria de German Kammerath en ese distrito. Ahí asumió la presidencia del Consejo de la Solidaridad de la Municipalidad de Córdoba y ejerció, con la jerarquía de Subsecretario del Departamento Ejecutivo, tareas asociadas con el relevamiento, planificación, coordinación y ejecución de políticas de asistencia social.^[27]

La nominación de Pihen, en cambio, reflejó una disminución de la cantidad de candidatos sindicales en la arena legislativa en comparación con elecciones anteriores.^[28] Esta depreciación se relacionó con la estrategia de la coalición de promover a personas que pudieran atraer el voto no peronista, con el objetivo de superar al radicalismo en las urnas. Como resultado, el cupo destinado al actor sindical se redujo a solo uno.

Pihen detentó el puesto 19 en la lista que presentó UpC para octubre de 1999. Esa posición respecto al orden de ingreso le garantizaba, aún con el peor de los escenarios posibles, la incorporación a la actividad parlamentaria.^[29] Gracias a esto, en diciembre, el líder del SEP tomó posesión del cargo de diputado provincial.

Es relevante destacar que la elección de Pihen derivó de negociaciones desarrolladas entre de la Sota y la jefatura sindical aliada. Allí su apellido se impuso al de otros “dirigentes que disputaban el mismo espacio”.^[30] A saber, en palabras del referente del SEP, su figura prevaleció sobre la de López, histórico Secretario General de la Sanidad y hombre fuerte dentro de la CGT local.

En efecto, es posible reconocer que en instancias de definición de candidaturas el gobernador ponderó a líderes del MOAS antes que a representantes de la delegación regional de la CGT, quienes quedaron relegados de la posibilidad de incursionar en la contienda electoral. Esta situación permite evidenciar que el ejecutivo apuntó a construir consensos con la organización que mayor oposición presentó a Mestre, configurando un intercambio político que se orientó hacia la necesidad de amortiguar el conflicto social.

Acorde a dicho propósito, de la Sota no solo se apoyó en personajes con los que mantenía un vínculo de cercanía, sino que recuperó una práctica anclada en la tradición peronista. El resguardo de la cuota sindical se tradujo en un reconocimiento parcial de la jefatura obrera que habilitó la participación de ellos al interior de ámbitos institucionales de discusión de políticas públicas. Asimismo, tomó en cuenta especialmente a los representantes de aquel nucleamiento que resistió a través de la lucha las reformas impulsadas por el radicalismo. A su vez, lo hizo por medio de acuerdos informales en un marco de negociaciones personales.

En el año 2001, producto de la Reforma Constitucional promovida por el entonces gobernador, el parlamento provincial pasó de un Sistema Bicameral a uno Unicameral. A partir de aquí, se constituyó una cámara compuesta por 70 miembros. La transformación implicó una variación negativa en el número de bancas que suprimió la oferta electoral y redefinió las reglas del juego político.

En octubre de 2001 se votó para conformar, según los nuevos criterios establecidos, la totalidad de la Legislatura. En este caso, el cupo sindical perdió presencia en la boleta de candidatos de UpC, pasando a ocupar lugares en la nómina de suplentes. El nombre beneficiado fue nuevamente Pihen, sosteniendo el convenio establecido en 1999.

El líder del SEP tuvo la posibilidad de sumarse al recinto en agosto de 2003 como reemplazante del candidato a intendente Alfredo Keegan. No obstante, el propio Pihen optó por rechazar esta opción. Tal decisión resultó, en palabras del Secretario General de los empleados públicos, de una discusión en conjunto con las organizaciones gremiales que en su momento respaldaron su nominación.^[31] La renuncia, en tanto, se relacionó con una ruptura entre el MOAS y el gobierno de la provincia, vinculada con desavenencias que derivaron en una extensa disputa salarial –acompañada de críticas, acusaciones y movilizaciones– que involucró a gremios del sector estatal.

Esta situación, implicó un cambio en las urgencias gubernamentales y en las demandas sindicales. El desencuentro indicado tuvo efectos en la naturaleza del intercambio político existente y, producto de la informalidad de las negociaciones, debilitó acuerdos anteriores. Así, el MOAS y sus representantes comenzaron a verse excluidos en la distribución de beneficios. Como consecuencia, al final del primer mandato de la gestión delasotista emergieron tensiones que distanciaron a una parte de la dirigencia sindical de las autoridades políticas.

La Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba se convirtió, a partir de 1999, en una dependencia administrada por figuras vinculadas con el universo obrero. Por ello, es posible advertir que la llegada de de la Sota al Poder Ejecutivo habilitó el ingreso del actor sindical a la función pública por medio de su incorporación a un ámbito específico del organigrama estatal relacionado con la actividad laboral. Este campo de contienda institucional, organizado por procesos de negociaciones, quedó bajo la órbita de dirigentes gremiales aliados a UpC.

En 1999 la gestión delasotista diseñó un esquema ministerial en el que la Secretaría de Trabajo quedó supeditada al Ministerio de Producción. La persona designada para cumplir el rol de Secretario de Trabajo fue el del abogado especialista en derecho laboral Luis Eugenio Angulo.

Un aspecto significativo del perfil de Angulo se asoció con su proximidad al universo gremial. Durante la década de 1990 su estudio jurídico asesoró a un importante número de organizaciones en donde destacaron, entre otras, el STIA, la UEPC y el SEP.^[32] En correspondencia, sostenía lazos personales con los líderes del MOAS y, al mismo tiempo, contaba con una valoración positiva al interior de esa estructura. Acorde a esto, Morcillo caracterizó al nuevo secretario como “un hombre nuestro”, mientras que, en consonancia con las palabras del referente de la Alimentación, un directivo de la UEPC afirmó que llegó a ese cargo debido a que “lo pusimos nosotros [sic]”.^[33]

En rigor, la designación de Angulo en Trabajo resultó de una “negociación política” entre el MOAS y de la Sota.^[34] A saber, el nucleamiento impulsó su apellido para cumplir dicha actividad, mientras que la CGT regional sugirió al letrado Alberto Castro.^[35] De ahí la interpretación realizada por los dirigentes agrupados en el MOAS. No obstante, es menester considerar que la elección final no significó una exclusión de Castro, ya que se integró a la dependencia como Director de la Policía de Trabajo.

El MOAS y la CGT pudieron sumar actores de su confianza a una institución sensible para el universo laboral. Esto permitió la incorporación del actor sindical al Estado, quien comenzó a tener injerencia sobre una cartera que, dentro del imaginario peronista, estaba ligada a la expertise de la dirigencia obrera. Sin embargo, el tenor de los acuerdos cristalizó nuevamente un reconocimiento desigual que se tradujo en una diferenciación de jerarquías.

El MOAS fue nuevamente la organización beneficiada por medio de negociaciones personales e informales entre las partes. Ello implicó el acceso indirecto de sus representantes a la estructura estatal y un involucramiento potencial en la definición de políticas públicas. Esta decisión no solo se asoció con la idea de contener la protesta sindical, sino que manifestó la necesidad de que el nucleamiento desmovilice su propia acción con el propósito de garantizar la gobernabilidad.

Durante su administración Angulo se propuso, en línea con las medidas que desarrolló UpC, promover la “modernización” de la cartera con el fin de hacerla más “eficiente”. Asimismo, trazó objetivos relacionados con “controlar las normativas vigentes”, “lograr un crecimiento sostenido del empleo” y “promover la salida negociada de los conflictos laborales”.^[36] Es así que el gobierno subordinó la dependencia a sus premisas de gobierno, intentando refuncionalizar el organismo y, al mismo tiempo, establecerlo como un espacio capaz de apaciguar la beligerancia sindical.

Ahora bien, las urgencias del contexto, tensionado por los efectos de la crisis del 2001, llevaron a que el segundo postulado se impusiera al primero. A raíz de esto la Secretaría orientó sus esfuerzos a “preservar la paz social” mediante “estrategias consensuadas” con los actores involucrados.^[37] Bajo este panorama, el rol de Angulo se concentró en actuar como un interlocutor entre las necesidades del gobierno y las pretensiones sindicales. Este equilibrio fue relativamente exitoso hasta inicios de 2002, oportunidad en que de la Sota y el MOAS rompieron lazos como resultado de la disputa salarial ya indicada.

El quiebre mencionado devino en un doble proceso que socavó la injerencia del nucleamiento referenciado en Pihen, Morcillo y Grahovac al interior del área. Por un lado, UpC mantuvo una férrea política de equilibrio fiscal. Como resultado de esta decisión, la Secretaría de Trabajo comenzó a verse disminuida en recursos, al punto de casi ser reducida al rango de Departamento.^[38] Si bien no ocurrió una desjerarquización efectiva, significó un desmantelamiento de la dependencia. Por otro lado, los sucesivos conflictos motorizados por el MOAS derivaron en un desgaste progresivo de la figura del Angulo que finalizó con su renuncia a la cartera laboral.^[39]

En consecuencia, una de las organizaciones sindicales aliada al gobierno perdió capacidad de influencia tanto dentro del Estado como en un área sensible para la actividad laboral. Así, el MOAS y su conducción se vieron desplazados de la distribución de beneficios. El quiebre en las relaciones derivó en una ruptura en los acuerdos y en una redefinición en la naturaleza del intercambio político.

Luego de las elecciones de 1998, de la Sota buscó la adhesión del sindicalismo a su proyecto político. La posibilidad de desarrollar con éxito el plan de modernización y de reforma del Estado dependía, desde su razonamiento, de la capacidad para contener la protesta sindical y aislar sectores díscolos. En esta línea, el apoyo del MOAS y de la jefatura de la delegación regional de la CGT se constituyó como una pieza indispensable a la hora garantizar la gobernabilidad.

La necesidad de influir sobre un entorno potencialmente conflictivo implicó la configuración de un intercambio político en donde el Poder Ejecutivo habilitó el ingreso parcial de la dirigencia obrera al sistema político a cambio de moderar su propia acción. En términos comparativos, el MOAS resultó, durante la primera administración delasotista, mayormente beneficiado de las negociaciones. Esto limitó la participación de figuras asociadas con la estructura cegetista.

A partir de un reconocimiento diferencial, el MOAS sumó representantes en funciones vinculadas con la formación de políticas públicas e instituciones sensibles para la actividad laboral. Pihen ocupó una banca como diputado provincial, Morcillo disputó –sin éxito– un lugar en el Congreso de la Nación y luego asumió tareas en la Municipalidad de Córdoba, y Grahovac comenzó a tener injerencia en el Ministerio de Educación y en el diseño de políticas educativas.^[40] Al mismo tiempo, la Secretaría de Trabajo quedó bajo la órbita de un abogado laboralista ligado estrechamente a ellos. Lo particular de estos casos se encontró en que el MOAS y su dirigencia subordinó sus motivaciones a las urgencias coyunturales de la fuerza gobernante.

El intercambio político mencionado empezó a erosionarse luego de 2001. La crisis abrió en Córdoba un ciclo ascendente de protestas impulsadas por gremios estatales. En ese contexto, los objetivos gubernamentales e intereses sindicales entraron en colisión. De este modo, un grupo de organizaciones anteriormente alineadas con el MOAS –con el SEP y la UEPC a la vanguardia– decidió recurrir a la movilización con el fin de lograr una recomposición salarial.^[41]

La permanente negativa del ejecutivo a esta demanda derivó en una ruptura con la conducción sindical en cuestión. Desde una nueva posición, sus antiguos aliados expresaron profundas críticas y acusaciones hacia la gestión delasotista que esmerilaron vínculos personales.^[42] Estos gremios, de manera desafiante y utilizando la protesta en el espacio público, cuestionaron el carácter peronista del gobierno al argumentar que sus desacuerdos con de la Sota se basaban en diferentes concepciones de "justicia social". Por su parte, de la Sota acusó a la jefatura sindical díscola de ser un grupo de “irresponsables” que solo buscaban aferrarse a sus privilegios. Como atenuante, el MOAS optó por abandonar la CGTCh al entender que la central comandada por Dragún no acompañó la lucha de los gremios involucrados.

Así, el MOAS se convirtió en un polo de oposición a UpC. Esta situación se tradujo en una fractura en el intercambio político existente. El gobierno perdió un socio poderoso dentro del escenario sindical, mientras que un sector de la dirigencia obrera se vio relegada de la negociación política.

No obstante, el quiebre entre el MOAS y de la Sota no implicó un cambio en la estrategia de vinculación que el ejecutivo configuró con el actor sindical, sino que derivó una redefinición en la naturaleza del intercambio político. Luego de ese momento el gobierno fortaleció sus relaciones con la conducción de la CGTCh, apelando a reeditar compromisos históricos –inscriptos en la tradición peronista– con la delegación regional de la central obrera.

Particularmente, la cúpula cegetista estaba representada, en su mayoría, por dirigentes cercanos al gobernador. Ellos no solo respaldaban a la administración provincial, también contaban con una extensa trayectoria sindical y en muchos casos participaban activamente en el PJ. En consecuencia, de la Sota intentó conservar su influencia sobre un entorno potencialmente conflictivo por medio de negociaciones semejantes a las que ensayó con el MOAS. Para esto, el gobernador recurrió nuevamente a construir consensos con dirigentes con los que mantenía una relación personal con el fin de que actuaran como mediadores entre las autoridades políticas y la CGTCh.

Lo expuesto permitió que, al final del periodo en estudio, hombres alineados con la central desplazaran a los líderes del MOAS en la disputa electoral y en funciones dentro de la Secretaría de Trabajo. Así, figuras que anteriormente estuvieron marginadas en la distribución de beneficios de participación comenzaron a tener injerencia en el sistema político como representantes y/o funcionarios de UpC.

En 2003 Dragún integró la lista de 9 candidatos para ingresar a la Cámara Baja de la Nación. López (ATSA) ocupó el puesto 19 en la boleta de legisladores provinciales ese mismo año. Benedetto (UPCN), en tanto, asumió como conductor de la cartera laboral después de la renuncia de Angulo, y contó con el respaldo de abogados vinculados con el SMATA y el sindicato de Correo, liderado por Nieva. En efecto, la CGTCh robusteció su poder en la esfera política de la provincia, a la vez que la administración delasotista conservó un aliado histórico y clave a la hora de moderar la protesta sindical ante eventuales medidas disruptivas para la paz social.

La llegada de UpC al ejecutivo modificó el escenario político sindical de Córdoba. El recambio en la administración se acompañó de una redefinición en los vínculos entre el elenco gobernante y la dirigencia gremial. A partir de ahí, comenzó a configurarse un intercambio político que tuvo efectos en la construcción de consensos sociales y en el carácter de la acción sindical.

Una vez en el poder, de la Sota puso en marcha un programa de impronta reformista con el propósito de modernizar el Estado. Ahora bien, estas ideas no eran novedosas. A lo largo de la década de 1990, las gestiones radicales intentaron alcanzar, a través de reformas, ese mismo objetivo. Sin embargo, la postura contenciosa y opositora del sindicalismo frente a esta posibilidad ralentizó su implementación en la provincia. Así, para llevar adelante las transformaciones mencionadas, la nueva fuerza gobernante buscó el respaldo de aquel actor movilizado que, anclado en la tradición peronista, era socio trascendental del justicialismo.

Las autoridades entrantes interpretaron que el desarrollo exitoso del plan de modernización dependía, en parte, de la capacidad de contener la beligerancia sindical y garantizar la gobernabilidad. La dirigencia gremial, en tanto, razonó que el ascenso de una gestión en principio aliada tendría resultados favorables respecto a su participación, como representantes del movimiento obrero, al interior del sistema político institucional. El encuentro positivo de necesidades e intereses configuró la naturaleza y contenido del intercambio político que definió sus relaciones.

La aplicación de medidas eventualmente disruptivas para la paz social devino en concesiones gubernamentales para un sector del sindicalismo que, por medio de su jefatura, se incorporó al juego político. Esta situación, a su vez, se tradujo en una desmovilización sindical. La dirigencia involucrada abandonó la práctica de protesta, garantizando la modernización del Estado en un marco de relativo orden público.

El intercambio político entre las autoridades provinciales y un segmento de la conducción gremial se sostuvo por compromisos históricos. A saber, ellos apelaron a reeditar prácticas inscriptas en los márgenes del peronismo asociadas con una dependencia mutua. Esto habilitó la integración de figuras del mundo gremial a listas partidarias –resguardo del cupo– y la Secretaría de Trabajo –área sensible para el universo laboral–, mientras que la administración delasotista consiguió adhesión a su proyecto en ciernes. Al mismo tiempo, dicho intercambio político resultó de negociaciones personales e informales ya que de la Sota se respaldó en personajes con los que tenía una vinculación previa. Desde un rol destacado en cada organización, ellos mediatizaron demandas y urgencias al interior de sus respectivos nucleamientos.

No obstante, no existieron mecanismos formales para regular el tenor y el alcance de los beneficios en juego. Esto significó una subordinación de las motivaciones sindicales a las necesidades y voluntades del elenco gobernante. Así, las concesiones que permitieron la incorporación del actor sindical al ámbito político fueron parciales, acotadas y cambiantes.

En clave de lo expuesto, advertimos que, en un primer momento, el MOAS y la CGT ganaron influencia en el sistema político provincial. Para ello, debieron moderar sus reclamos y aspiraciones a los efectos de garantizar la paz social y, consecuentemente, potenciar su participación –directa y/o indirecta– en espacios de poder anteriormente cerrados. Ahora bien, en términos comparativos, el MOAS resultó favorecido en instancias políticas.

El porqué de esa diferenciación puede observarse en el rol protagónico que la organización tuvo a la hora de impulsar, vehiculizar y sostener la protesta durante el decenio de 1990. La condición de oposición frente al radicalismo lo convirtió en un actor social fuerte. De esta manera, el gobierno realizó un reconocimiento y mayores concesiones a su dirigencia. Ella, con el fin de recuperar gravedad en el juego político, se mostró abierta a la negociación. Sobre esta base construyeron una relación y articularon acuerdos.

Luego de 2001 operó una redefinición en las alianzas referidas. En un contexto de crisis, el MOAS se convirtió en un polo opositor al gobierno de UpC. Esta situación cristalizó una tensión entre las urgencias estatales y las pretensiones sindicales que terminó erosionando el intercambio político existente. A partir de ahí, de la Sota buscó establecer consensos con la jefatura de CGTCh. En esta línea, replicó la misma articulación que configuró, en naturaleza y contenido, el intercambio político ensayado con sus antiguos socios. La central al mando de Dragún se convirtió en la organización garante de gobernabilidad ante eventuales medidas conflictivas y sus líderes accedieron al sistema político en representación de la administración provincial.

En rigor, desde un examen local buscamos contribuir a ampliar el marco de indagación respecto a la compleja relación entre Estado y sindicatos en contexto de transformaciones políticas, sociales y económicas. Al igual que a una escala nacional, Córdoba experimentó redefiniciones profundas que influyeron en sus interacciones. La urgencia de modernizar la estructura estatal bajo supuestos neoliberales abrió focos de conflictos y tensionó el escenario político sindical. Sin embargo, dentro de ese nuevo proceso es posible reconocer acuerdos que materializaron la pervivencia de formas tradicionales de vinculación de actores inscriptos en los límites de la identidad peronista.

Como planteamos, una vez que el justicialismo cordobés controló el ejecutivo buscó la adhesión sindical con el propósito de aplicar sus medidas, mientras que la dirigencia obrera se respaldó en su principal socio partidario con el fin de recuperar injerencia en la discusión de políticas públicas. De este modo, el intercambio político analizado adoptó lógicas y constricciones ancladas en compromisos históricos entre colectivos que se suponen aliados. En consecuencia, las aspiraciones y prácticas forjadas en otras épocas configuraron, condicionaron y cargaron de sentidos la naturaleza del intercambio político en cuestión.

Asimismo, advertimos que la concesión de beneficios acotados por parte del Estado hacia un sector de la dirigencia obrera tuvo efectos sustantivos sobre la acción sindical. Esto no solo implicó una desmovilización de gran parte de los trabajadores desde el vértice de las organizaciones, sino también la consolidación de una opción negociadora que le permitió al gobierno de UpC hacerse de un interlocutor fuerte, marginar a sectores sindicales críticos al modelo en ciernes y desarrollar de manera relativamente exitosa su proyecto político.

En relación con el último aspecto, consideramos que este trabajo también puede contribuir con la comprensión del fenómeno conocido en la provincia mediterránea como “cordobesismo”. En este sentido, creemos que proporciona elementos que dan cuenta cómo y de qué manera diversos actores sociales –en este caso el sindical– colaboraron en la conformación de una alternativa peronista que adoptó rasgos propios y que, gracias a sucesivos triunfos electorales, se mantiene en el poder luego de 25 años.

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[1] Desde ese momento en adelante UpC revalidó de manera consecutiva el control sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo de Córdoba configurando un sistema de coalición dominante. No obstante, el acuerdo político forjado en 1998 existió con modificaciones menores hasta el año 2019. Luego de la muerte de de la Sota mutó al nombre de Hacemos por Córdoba. Los sucesivos triunfos electorales le permitieron a de la Sota asimilar, en 2011, al gobierno con el término de “cordobesismo”. El mismo alude, aún en la actualidad, a un modelo de gestión diferencial al proyecto impulsado por las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en donde los intereses provinciales se imponen a los del partido.

[2] La década de 1980 representó una fractura en la matriz Estado-céntrica (Cavarozzi, 1991) que implicó la crisis terminal de una organización estatal de carácter bienestarista. Bajo un nuevo marco de condiciones, tomó impulso el argumento de transformar la estructura estatal con el objetivo de redefinir su rol y abrir paso a su modernización. En Argentina, este proceso inició luego de la llegada de Carlos Menem a la presidencia de la nación.

[3] Existen sugerentes investigaciones que examinaron las reacciones sindicales a las reformas estructurales que experimentó el país durante los años noventa (Murillo, 2008; Gómez, 2009; Fernández, 2016). Ellas advirtieron que en ese periodo histórico surgieron respuestas ante el avance neoliberal que, a veces de manera involuntaria y/o yuxtapuestas, redefinieron sus lógicas y estrategias en favor de conservar los dos pilares donde las organizaciones sindicales asentaron su poder: el monopolio legal de la representación y los recursos económicos de las obras sociales. En Córdoba, los análisis se concentraron en sindicatos que resistieron, por medio de la protesta en el espacio público, diversas políticas aplicadas por la gestión radical.

[4] Pensamos en el entorno social como la principal fuente de incertidumbre que enfrenta un partido político (Panebianco, 1990). Gestionar las relaciones con él, estableciendo, estipulando, construyendo y redefiniendo alianzas o temas conflictivos con otras organizaciones se constituye en una actividad esencial que ayuda a consolidar el poder de quienes controlan la estructura partidaria y, por ende, de gobierno.

[5] Consideraremos a los nucleamientos como estructuras de coordinación intrasindical que, a partir de una afinidad programática e ideológica, coinciden en los cursos de acción a desarrollar en un determinado contexto (Natalucci y Morris, 2016).

[6] La Voz del interior (8 de febrero de 1994), p. 6A. Hemeroteca de la Legislatura de la provincia de Córdoba, ciudad de Córdoba, Argentina.

[7] Entrevista realizada a Héctor Morcillo por Juan Gerbaldo y Gabriel Gerbaldo, el 7 de marzo de 2022 en la ciudad de Córdoba, Argentina.

[8] Entrevista realizada a José Pihen por Juan Gerbaldo, el 19 de septiembre de 2022 en la ciudad de Córdoba, Argentina.

[9] La Voz del interior (29 de abril de 1994), p. 8A; La Voz del Interior (12 de septiembre de 1994), p. 9A; La Voz del interior (05 de octubre de 1994), p. 9A.

[11] Cuadernos Laborales, diciembre de 1992. Centro Digital de Documentación Histórica del Instituto de Humanidades (CeDIDH), Universidad Nacional de Córdoba. https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/23614/discover

[13] El cambio de jefatura en la CGT regional incentivó la formación “La Mesa de Enlace Gremial”. La Mesa de Enlace Gremial, conformada por el MOAS, la CGT regional y la CTA, impugnó las políticas aplicadas por Mestre; rechazó los intentos de privatización de entidades estatales en la provincia –caso de la EPEC–; se solidarizó con situaciones conflictivas en diferentes ramas de actividad; y criticó el modelo económico en ciernes (Eléctrum, 2 de agosto de 1996; Eléctrum, 26 de septiembre de 1996; Eléctrum, 22 de noviembre de 1996; Eléctrum, 18 de abril de 1997; Eléctrum, 17 de octubre de 1997. Archivo del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba, ciudad de Córdoba).

[14] Toledo, J. C. (22 de marzo de 1998). La reforma laboral y la pelea electoral divide a los gremios. La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/intervoz/98/03/22/ec_n2.htm; La CGT y el Moas no van hoy al Consejo y protestan el viernes (27 de mayo 1998). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/intervoz/98/05/27/ec_n1.htm; Eléctrum, 10 de febrero de 1998, p. 3.

[16] En palabras de Olga Riutort, secretaria de gobierno durante el primer mandato de Upc y esposa de de la Sota, el plan de modernización del Estado no contaba con un consenso unánime al interior de la fuerza triunfante. Entrevista realizada a Olga Riutort por Juan Gerbaldo, el 9 de septiembre 2022 en la ciudad de Córdoba, Argentina.

[19] La Voz del interior (7 de septiembre de 1987), p. 11; La Voz del interior (3 de septiembre de 1991), p. 5A.

[22] Los gremios cordobeses se preparan para movilizarse contra la reforma del Estado. (19 de febrero de 2000). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/intervoz/2000/02/19/ec_n06.htm.

[24] De la Sota defendió a los sindicatos y pidió que lo acompañen. (14 de julio de 2000). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/intervoz/2000/07/14/pl_n09.htm.

[25] Quieren una CGT sin que el Gobierno tome participación (1 de agosto de 2000). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/intervoz/2000/08/01/ec_n04.htm.

[27] Boletín Municipal número 2203 (17 de diciembre de 1999). Ordenanza N° 1018217, pp. 13-34. https://servicios.cordoba.gov.ar/digestoweb/page/Documento.aspx?Nro=6438.

[28] La Cámara de Diputados siempre contó, desde la recuperación de la democracia, con la presencia de dirigentes sindicales peronistas, mientras que en el Senado fue así hasta 1997. La elección de 1999 plasmó la cifra más baja hasta ese momento.

[29] Desde 1987 hasta 2001 el sistema otorgó 36 bancas al partido ganador y 20 para la segunda fuerza. De esta manera, debía ocurrir una debacle electoral para que el candidato de origen sindical no asumiera en el Congreso de la provincia.

[31] Pihén declinó su banca en la Legislatura (6 de agosto de 2003). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=182777&high.

[32] Entrevista realizada a Luis Baronetto por Juan Gerbaldo, el 27 de octubre de 2021 en la ciudad de Córdoba; entrevista realizada a Héctor Morcillo por Juan Gerbaldo y Gabriel Gerbaldo.

[33] Entrevista realizada a Héctor Morcillo por Juan Gerbaldo y Gabriel Gerbaldo; entrevista realizada a Juan Monserrat por Juan Gerbaldo y Gabriel Gerbaldo, el 14 de Julio de 2022 en la ciudad de Córdoba, Argentina.

[36] Informe anual de gestión año 2000, Gobierno de Córdoba. Biblioteca de la Legislatura de la provincia de Córdoba, ciudad de Córdoba, Argentina.

[37] Mediación: Córdoba toma técnicas de EE.UU. (2 de junio de 2002). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=100620&high.

[38] Angulo dejaría la Secretaría de Trabajo (04 de enero de 2002). La Voz del interior, recuperado de http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=75754&high.

[39] Angulo renunció a Trabajo y lo reemplazará Benedetto (10 de mayo de 2004). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=241127&high.

[40] Grahovac, el tercero de los líderes del MOAS, se presentó como una alternativa para conducir el Ministerio de Educación. Si bien no se concretó esta posibilidad, el Secretario General de la UEPC comenzó a tener injerencia en el área de Educación y en el diseño de políticas educativas.

[41] Reclamo de estatales a De la Sota (12 de abril de 2002). La Voz del interior, recuperado de http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=91665&high; Protestas y escraches en Córdoba (2 de mayo de 2002). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=94862&high; Gremios a la carga por los sueldos (03 de noviembre de 2002). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=128254&high; Masiva marcha docente en reclamo de aumento salarial (9 de mayo de 2003). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=164694&high.

[42] Duro ataque de los sindicatos al Gobierno de la Provincia (11 de mayo de 2002). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=96345&high; Dura crítica docente a Schiaretti por los sueldos (28 de junio de 2003). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=174907&high; De la Sota rechaza aumentos salariales y elimina vacantes (08 de julio de 2003). La Voz del interior, recuperado de: http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=176914&high.