Las cifras empero nos dicen algo más que la pertenencia institucional: mientras en el primer trienio el conflicto se dispersa en ámbitos locales, en el segundo se comienza a concentrar en ámbitos provinciales y nacionales, cuestión que se refuerza si consideramos el nivel de agregación de las acciones conflictivas que, salvo en el 2014 (como dijimos año de relevante crisis provincial), registran un comportamiento paulatino de concentración y agregación (por actividad económica) hasta el final de la serie.

Analizadas las acciones conflictivas por sector de actividad, predominó en todo el período el sector terciario (en promedio 71%). En su litigiosidad influyeron diferentes factores como el sindicato que llevó a cabo las acciones y/o la consecución o no de los acuerdos paritarios: mientras fue notoria la disminución de la participación de ATE-Asociación de Trabajadores del Estado y AMPROS -Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud en el último bienio, los trabajadores educación pública (SUTE- Sindicato Unidos de Trabajadores de la Educación) sostuvieron el incremento del sector público. Vale aclarar que en todo el período los sujetos de disputa se organizaron mayoritariamente a través de las organizaciones sindicales clásicas. Al contrario de lo que sucedió a nivel nacional con el fenómeno que algunos investigadores/as denominaron revitalización sindical, en Mendoza no se registró un movimiento por las bases que inaugurara nuevas representaciones u organizaciones, sino que se expresó en una mayor participación a través de asambleas y renovación de delegados (que como muestra la Figura 3, se advierten en el primer período).

Figura 3: Acciones conflictivas protagonizadas por trabajadores/as estatales según rama de actividad económica, Mendoza, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Conflictividad Social, Mendoza (OCS-M).

 

Dentro del sector terciario, la mayor cantidad de conflictos se ubicó en las ramas de Administración Pública, Enseñanza y Salud. Mientras que tendencialmente, tanto el sector primario como el secundario perdieron peso y aumentaron la participación relativa de las acciones de varios sectores (ramas) aunque siempre ligadas al ámbito público, al confluir en las protestas de los sindicatos estatales.

En tanto los conflictos del sector secundario se sustanciaron centralmente en empresas agroindustriales, bodegas y conserveras (Canafoglia, 2019), con escasa conflictividad en el último trienio. Cabe destacar la conflictividad social (más allá de lo laboral) que involucró al sector de electricidad, gas y agua, ya que los aumentos tarifarios motivaron acciones de la ciudadanía, impulsadas a través de organizaciones de la sociedad civil. En tanto, los conflictos que involucraron al sector primario fueron más fuertes entre 2012-2013, como se observa en la Figura 4, asociados a la pérdida de puestos de trabajo en el sector de minería y a la lucha y demandas orientadas al Estado de los pequeños productores vitícolas por contingencias climáticas y la frecuente caída del precio de la uva.

Figura 4. Acciones conflictivas por grandes sectores de actividad, Mendoza, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Conflictividad Social, Mendoza (OCS-M).

 

Un aspecto a destacar es que las demandas de los/as trabajadores/as se han concentrado fundamentalmente en la problemática salarial. Aunque este motivo fue dominante, no tuvo el mismo nivel ni impronta en cada uno de los períodos considerados. En el marco de la regularización de las negociaciones paritarias, las mejoras salariales fueron la principal demanda en el primer trienio. Resulta importante señalar la dinámica de funcionamiento que advertimos, ya que ciertas negociaciones testigo con algunos sindicatos (como el docente) establecieron topes negociables e incrementaron la discusión y regulación estatal de la conflictividad. También estableció importantes premios que se vincularon a la productividad. En tanto en el segundo trienio, la cuestión salarial se conformó en reclamo defensivo y fue puesta en contra de la propia conflictividad (por la vía de descuentos masivos y castigos diferenciadores al interior de diversos colectivos de trabajadores). Su centralidad estuvo relacionada con la carestía en la reproducción de la mano de obra por espiral inflacionaria, aumento de los servicios públicos básicos (luz, gas, transporte) y la depreciación de su poder de compra. El salario adoptó aquí una connotación disciplinadora, que se vio reforzada por el peso que adquirieron los conflictos con demandas relativas a la crisis (pagos adeudados, despidos, suspensiones y vaciamiento), que aumentaron su participación desde 2015 (Figura 5).

Si los datos relativos a las demandas de los/as trabajadores/as nos muestran un proceso de crisis del trabajo en términos salariales y de fuentes de empleo, las formas de resistirlo bajaron su intensidad con relación a la acción directa: como se advierte en la Figura 6, el paro, las asambleas y los piquetes decrecieron en el último trienio en tanto aumentaron las protestas cuyos repertorios de acción son las declaraciones de prensa y difusión pública, a la par que la negociación adoptó el modo de conciliación obligatoria. En este escenario, el comportamiento de las marchas merece especial atención. Como expusimos, los conflictos docentes son los que explicaron el aumento de conflictividad laboral estatal en el último bienio estudiado y uno de los sectores más castigados por el Gobierno,[24] que les aplicó el ítem aula, el cual penaliza el ausentismo con descuentos sustanciales de haberes. Debido a ello dejaron de expresarse en paros para hacerlo a través de concentraciones y marchas (fuera de la jornada laboral). A esta limitación se sumó el cercamiento de las protestas por aplicación generalizada del Código de Faltas del municipio de Capital (que en 2018 se extendería a toda la provincia). Esta norma penaliza a los que impiden el tránsito u ocupan la vía pública con abultadas multas. La efectividad de ambas disposiciones incidió en la retracción progresiva de la conflictividad y su visibilización pública.

Figura 5. Acciones conflictivas por motivo de los y las trabajadores, Mendoza, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Conflictividad Social, Mendoza (OCS-M).

 

Finalmente, cabe destacar dos procesos de conflictos que por su envergadura en términos porcentuales no aparecen con peso estadístico, pero se destacaron por sus demandas, acciones y formas de expresión colectivas durante el período de referencia. Ambos fueron protagonizados por trabajadores atípicos o no clásicos (De la Garza, 2017): feriantes y artistas de vendimia. El conflicto de los/as feriantes involucró a la comunidad boliviana del departamento de Guaymallén, quienes reconocen en las ferias un modo de sostén que se afirma durante los momentos de crisis económica y suple al mercado laboral, colaborando en el sostén de un amplio número de familias (entre 500 y 600 feriantes por más de 30 años). En 2014 la intendencia intentó la relocalización de la feria en un espacio periférico, esgrimiendo acusaciones de robo, higiene pública y competencia desleal. Sus protagonistas, centralmente mujeres bolivianas, organizaron asambleas y enfrentaron la decisión municipal hasta que, en 2017, procesaron a algunos/as de sus miembros y se los reubicó, estableciéndose la prohibición de ferias a cielo abierto.

Figura 6. Acciones conflictivas por tipos de acción, de los y las trabajadores en conflicto Mendoza, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Conflictividad Social, Mendoza (OCS-M).

 

El segundo conflicto admitió una publicidad mayor pues involucró a los artistas de vendimia (bailarines/as, músicos/as, escenógrafos/as y actores/actrices). Sus condiciones de trabajo precarias y flexibles tuvieron como corolario la visibilización de demandas múltiples en un ciclo de conflictos que comenzó en al año 2011 con un pico máximo en 2017, cuando un accidente laboral de envergadura expuso el menoscabo de sus condiciones y relaciones laborales, la alta siniestralidad de la que son objeto y su potencialidad de organización colectiva (aún en ciernes), así como los dilemas de su propia consideración como trabajadores/as del arte.

 

Interpretación del conflicto: hacia dónde va Mendoza

Como expresamos al inicio de esta presentación, los procesos de conflictividad laboral conforman una aproximación válida para evaluar la situación de una formación social. Los mismos se llenan de sentido cuando se analiza el piso material que los sostiene, es decir la dinámica del capital. En este estudio quisimos presentar un abordaje doble, partiendo de la conformación de las áreas de inserción de la mano de obra y de las condiciones en que la población se inscribe en las mismas y de los y las sujetos/as que se visibilizaron en conflictos.

De la configuración delineada, a modo de cierre, esbozamos algunas connotaciones sobre la expresión, emergencia y sostén de demandas de la población trabajadora en el período temporal seleccionado. En primer lugar, la provincia está afectada por una crisis de modelo de desarrollo que se vislumbra en la mengua de importancia de las actividades primarias y secundarias que otrora le imprimieran su dinámica e impronta. Empero, en el sector primario-agrícola, donde la mano de obra es rural y dispersa, escasamente sindicalizada, es poco común la visibilización del conflicto laboral. De los sectores poblacionales perjudicados por la dinámica en esta área, han sido los pequeños productores vitícolas los que consiguen hacer visibles y potentes sus demandas de modo recurrente, con cada nuevo ciclo anual de producción y en cada vendimia. Mientras que, en relación a la población industrial, su escasa expresión conflictual se vincula a las formas de agregación en micro y pequeñas empresas agroindustriales, dependientes fuertemente de la estacionalidad agrícola y los ciclos y mercados de los sectores a los cuales sirven. En tanto, los trabajadores vinculados al petróleo, no han demostrado alta conflictividad durante el período. Más allá de esto, cuando realizaron un reclamo el mismo fue atendido puntualmente de modo rápido y diferencial, mostrando a las claras su posición estratégica (Womack, 2007). En este primer aspecto, la conflictividad relativa a la recusación/resistencias en torno a la transformación estructural de la dinámica de acumulación provincial, se ha vinculado a la emergencia de conflictos socio-territoriales de tipo ambiental (defensa del agua, del territorio, del paisaje, de reservas naturales y humedales, de la producción primaria) más que circunscritos a la lógica laboral.

La segunda cuestión es la relación conflicto/terciarización económica. Como vimos, el grueso de la dinámica económica provincial se sustancia en actividades de servicios, localizadas en las zonas urbanas. Este sector es el que más intensamente utiliza a la fuerza de trabajo y el que más ampliamente la precariza. En el grupo poblacional de comercio y servicios incide fuertemente lo que podemos denominar disciplinamiento interno al ámbito laboral, que imprime limitaciones a la expresión de las demandas según se trate del ámbito público o privado.

Como vimos, la incidencia de precariedad afecta alrededor del 50% de los/as empleados/as del sector privado, lo cual implica fuertes restricciones a expresar demandas o luchas. El desconocimiento de los derechos laborales de partida (como vimos en los indicadores de vulnerabilidad que afectan a esta población de trabajadoras/es) cercena el planteo del conflicto laboral. A ello se suma el papel que juegan los sindicatos que representan a ese sector que, como en el caso del comercio, sostiene un perfil negociador y renuente al conflicto (Soria, 2016).

Del otro lado, se encuentran los trabajadores de servicios del ámbito estatal. Se trata de un grupo altamente formalizado y con importante sindicalización. La demanda recurrente de esta población es la recomposición salarial. En el período de tránsito entre administraciones nacionales y provinciales se produjo entre éstos un cambio de antagonista: los conflictos del primer período fueron orientados en su mayoría contra el Estado provincial y se nuclearon en pedidos de mejoras en las condiciones de trabajo; mientras que los del segundo, se orientaron hacia el ámbito nacional y dirigieron sus demandas a la defensa de fuentes de trabajo. Los sindicatos estatales de conjunto, han sido los grandes protagonistas de la conflictividad laboral de todo el ciclo considerado. Debido a esto, las formas de limitación del conflicto se han dirigido hacia ellos, tanto a través de normativas internas (el ítem aula en el caso de los/as docentes), como externas (normativas como el código contravencional), lo que afectó de conjunto su visibilización y expresión pública.

Tercero, los/las trabajadores/as en conflicto más allá del mercado formal de empleo no han protagonizado luchas relevantes. En un contexto de crisis regional en aumento, la conflictividad de la provincia registró una importante disminución, sobre todo entre los trabajadores estables y no mostró organizaciones que agruparan a los más vulnerados, como otrora hicieran los movimientos de desocupados. La única excepción de autogestión fue la Cooperativa La Terre, recuperada y gestionada por sus trabajadores desde 2016.

Sin embargo, emergieron expresiones de lucha y organización de feriantes, comerciantes (manteros) y artistas callejeros a quienes también se disciplinó por la vía de normativas de baja intensidad: relocalizaciones, criminalización y deslegitimación de su actividad laboral. En definitiva, el Estado enfrentó la protesta poniendo límites al uso del espacio público y penalizando su uso inadecuado para el desarrollo de actividades laborales.

Cuarto, sin revitalización sindical, el conflicto laboral provincial ha pasado mayoritariamente por los cauces de clásicas organizaciones sindicales. Pertenecer a una organización sindical sigue haciendo la diferencia para resistir el deterioro del empleo. Aun así, los sindicatos muestran una importante crisis de participación y escasa innovación en sus repertorios. Tal como se verifica en el ciclo considerado, no innovaron en los modos de defensa ni en la ampliación de su base de representación, sujeta a la membrecía paga y, por tanto, limitada al plantel estable y formal de trabajadores e inerme frente a las formas extendidas y generalizadas de precariedad e informalidad laboral.

Debido a ello, sólo adquirieron centralidad cuando de modo conjunto aglutinaron a los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales frente a los despidos y/o racionalizaciones o baja presupuestaria. En este contexto, no se observaron alianzas extensas entre organizaciones y sectores de trabajadores en pos de confluir en un programa común de demandas y revertir en ampliación y/o extensión de la protesta.

Por lo expresado anteriormente, se constata la desprotección del grueso de las y los trabajadores en términos de defensa y posibilidad de recursos frente a disputas de corte laboral, debido a que la población más vulnerable no se encuentra agrupada ni sindicalizada (como los/las trabajadores/as rurales), por dominancia de informalidad y precarización (en función directa a la terciarización), o disciplinamiento interno (como el que afecta al sector privado) o internos/externos (como en los empleados públicos) o, a causa de la rigidez y limitación del accionar sindical (tal como se expresa en el comercio).

Para finalizar, es importante una última reflexión: mientras los trabajadores/as y sus organizaciones clásicas han constreñido su participación conflictual, es importante culminar este ejercicio de interpretación denotando que hay nuevos protagonistas en la escena provincial. Desde 2015, las movilizaciones de mayor envergadura han sido protagonizadas por el movimiento feminista en función de los femicidios registrados a través de Ni una Menos. Las mujeres y disidencias, son las grandes protagonistas del proceso de concienciación y acción colectiva en curso, que huelga decir, permea la disposición a actuar como clase de las trabajadoras/es, interpela a las organizaciones sindicales y deja abiertos múltiples interrogantes sobre la impronta de la acción política conflictiva.

Otro tanto ocurrió con la cuestión socio-ambiental. Este fue el masivo común denominador de las jornadas de diciembre de 2019, cuyo significado fue ampliamente reconocido como el nuevo Mendozazo, oportunidad en que la población, con gran protagonismo de las asambleas y organizaciones socio-ambientales (pero a la vez desbordándolas), colmó la escena pública en defensa de la ley que protege el agua y limita el uso de sustancias tóxicas (Ley Provincial N° 7722).

El modo de vivir y sus sujetas/os han reconfigurado la agenda social y visibilizado nuevas demandas. La posibilidad de comunicación entre sus reclamos y los del mundo del trabajo y sus hacedores, son aún una tarea pendiente, que no parece constatar fluidez a la hora de expresar una demanda conjunta, solidaridad entre luchas y/o mutuo reconocimiento. Los dilemas y tensiones entre trabajo/modo de desarrollo/sujetos/as en movimiento y disputa, deberán atenderse en futuras indagaciones acerca de la conflictividad y su incidencia en la Mendoza actual.

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Notas