http://dx.doi.org/10.19137/pys- 2019-260205

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ARTÍCULOS

El trabajo y la vivienda: reconfiguraciones sociales y procesos políticos en Animaná en los ‘70 (Valles Calchaquíes, Salta)

Work and Housing: Social reconfigurations and political processes in Animaná in the 1970 (Calchaquí Valleys, Salta)

Andrea Jimena Villagrán^*

Resumen: Este artículo interroga los procesos políticos en Salta desde una perspectiva etnográfica que complementa diferentes estrategias y recursos metodológicos. Se analizan las transformaciones sociales que tienen lugar en una finca vitivinícola localizada en Animaná (Valles Calchaquíes) en los años setentas, focalizando sobre las reconfiguraciones del entramado patrón-peón. Se reconstruye la desarticulación del sistema residencial de trabajo, la emergencia de demandas laborales, de modalidades inéditas de acceso a la vivienda y la habilitación de un espacio formativo de estatalidad.

Palabras clave: Reconfiguraciones de poder; Patrones y peones; Trabajo y vivienda; Fincas Animaná (Valles Calchaquíes Salta)

Abstract: This article tries to understand the political processes in Salta from an ethnographic perspective, combining different strategies and methodological resources. Social transformations that occur in an agricultural farm located in Animaná (Calchaquí Valleys) in the 1970s are explored, focusing on the reconfigurations of the ownerlaborer structure. The breaking up of the residential work system, the emergence of labor demands, of new modes of access to housing, and the enabling of the shaping of statality are analyzed.

Keywords: Power reconfigurations; Land owners and laborers; Work and housing; Animaná Farms (Calchaquí Valleys, Salta)

Entrada

Este trabajo tiene como principal cometido analizar la reconfiguración de los vínculos entre patrones y peones y la desarticulación del sistema de trabajo residencial, en una finca vitivinícola de la región de los Valles Calchaquíes salteños. La perspectiva de abordaje pone en relación pasado y presente y cubre un arco de tiempo que identifica en los años ‘70 un punto de inflexión para examinar, con cierta nitidez, el desmontaje de las formas tradicionales de acceso a la tierra y la vivienda, de organización del trabajo y de ordenamiento de las relaciones interpersonales. Y, junto a ello indagar las condiciones de posibilidad para la formación de Estado en el espacio local, la emergencia de actores colectivos como el sindicato y la elaboración de reclamos sociales y laborales. Las fincas del sector sur de los Valles Calchaquíes, y en particular una de Animaná (departamento San Carlos), se tornan en casos paradigmáticos y vías de ingreso privilegiadas para el análisis del proceso señalado.
En el año 2011, y en el marco de una beca postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), se inició trabajo de campo en Animaná y Cafayate, el que se extendió hasta 2013, y luego fue retomado en 2017. Las estrategias metodológicas desplegadas complementan el trabajo en terreno con el de archivo, examinándose distintos tipos de documentos y fuentes, tales como expedientes judiciales, informes y diagnósticos estatales, documentación administrativa de dependencias de gobierno municipales -de Cafayate y Animaná-, mensajes de apertura de sesiones legislativas de distintos gobernadores y material periodístico y de divulgación de organizaciones sindicales de los años ‘70, entre otros. El trabajo en terreno contempla el desarrollo de entrevistas abiertas y charlas informales con diversos actores, pobladores de Cafayate y Animaná, ex residentes en las fincas, trabajadores y ex trabajadores de la finca y bodega Animaná, representantes y delegados sindicales del Sindicato de Obreros vitivinícolas de Cafayate (SOEV), referentes comunales como los dirigentes de la Comunidad Indígena Diaguita San José de Animaná, y empleados municipales.
Tal como pudimos constatar en la investigación que se lleva adelante, el ingreso a las fincas habilitaba el acceso al trabajo y a la vivienda hasta los años ‘70, cuando empieza a desarticularse el sistema de trabajo residencial, en base al cual se había organizado al menos desde principios de siglo XX la producción vitivinícola, -fundamental actividad económica de la región de los Valles Calchaquíes, a la que pertenece el depto. San Carlos, donde se encuentra Animaná-.
Hacia mediados de siglo XX Animaná tenía alrededor de seiscientos habitantes, y su actividad económica giraba principalmente en torno a las dos fincas de la localidad. En este trabajo nos concentramos en una de ellas, en la que además de cultivarse las vides se elaboraba vino. Esta suele identificarse como la que era de los Micheles (por el apellido Michel) y con la marca de vino los Parrales, que en 1983 se constituyó como Animaná S. A. Al igual que la mayoría de las viñateras de la región, esta finca se estructuraba con un sector de cultivo de viñas o parras, una edificación principal llamada sala, casa de los patrones o la casa, instalaciones para la elaboración del vino llamada fábrica, y para su estacionamiento bodega. En el área no apta para cultivo, se distribuían los ranchos de los peones y sus familias y también potreros y granjas de animales.
La finca,¹ en tanto que espacio social, conjugaba distintas modalidades de jerarquización y diferenciación, que tenían que ver con el tipo de actividades que cada quien realizaba, las posiciones de ello derivadas y las relaciones entre éstas. Si se trabajaba en el surco -entre las viñas- como peón, si se contaba con alguna especialidad, o si en cambio se realizaban tareas en la bodega, más jerarquizadas y mejor remuneradas, por el carácter industrial que se le atribuye identificándoselo como la fábrica y a sus trabajadores como obreros.²
La condición de los trabajadores podía ser permanente o temporaria, efectivo o jornalero - ello ligado al ritmo estacional que marcaban las tareas de poda, riego, atado y desbrote, entre otra-. La cosecha era, sin embargo, la que demandaba mayor cantidad de trabajadores, se realizaba entre febrero y marzo con la participación de los peones, sus familias y gente de afuera de la finca. Tal era su importancia en el espacio local que definía un tiempo propio,³ el de la cosecha.
La entrada se realizaba mediante la solicitud de vivienda y trabajo, entre el hombre jefe de familia y el propietario-empleador y en algunas ocasiones con la intermediación del capataz.⁴ A través de la petición se entablaba un arreglo de palabra entre el propietario, desde entonces patrón, y el solicitante, a partir de ello peón/trabajador. La concesión de vivienda habilitaba el acceso y uso de una pequeña parcela de tierra y agua para riego. Esos acuerdos, donde cada quien empeñaba su palabra, movilizaban valores ligados al honor y el prestigio, componentes sustantivos de ese entramado de relaciones de fuerte carácter personalizado.⁵ La singularidad de esas relaciones dependía también de los tipos de patrones, de su temperamento, del modo en que regulaban la distancia y jerarquía, de la confianza, respeto o temor que despertaban y también de su concepción acerca del trato que merecían sus peones -hubo algunos más buenos, permisivos y generosos que otros-. El patrón ejercía un celoso control de cuerpo presente sobre su territorio, lo recorría periódicamente haciendo un reconocimiento efectivo de sus dominios, hacía visitas por las casas, huertos y corrales. En distintas conversaciones informales⁶ con ex residentes en la finca Animaná, nos señalaron que éste aparecía de repente y a caballo, que le gustaba darse siempre una vuelta.
La impronta personalizada de los vínculos se fundaba además en el conocimiento y reconocimiento mutuo. Los trabajadores tenían cierta cercanía entre sí, al igual que sus familias, hay referencias a la solidaridad que los ligaba, a los productos y frutos que se convidaban y la ayuda que se prestaban en caso de necesitarla, y también al trato directo con su patrón. Habitar en un mismo predio creaba una especie de familiaridad que superponía el espacio y rutina de la vida cotidiana con las actividades laborales, confiriéndole complejidad y densidad a las relaciones.
En la base de ese entretejido y configuración⁷ se ubicaba el contrato de trabajo residencial, también común a otros espacios geográficos y tipos de producciones, como el tabaco⁸ y el azúcar.⁹ Al estudiar un escenario social con similitudes respecto al que estamos presentando, puntualmente la situación de moraduría de los trabajadores de la Mata pernambucana del nordeste brasilero, Palmeira (2009 [1977]), sostuvo que el entrar a los ingenios azucareros en condición de morador implicaba sobre todo el ingreso a ciertas relaciones sociales, ubicaba a los actores en posiciones específicas dentro de una trama, los involucraba en una red de obligaciones y derechos, a la vez que en un círculo coercitivo. Vista desde esta perspectiva, la entrada a las fincas implicaba el derecho a recibir una vivienda y una pequeña parcela de tierra - que las familias destinaban a la siembra y crianza de animales de granja- y junto a ello la obligación implícita de realizar ciertas contraprestaciones como devolución.
En los relatos y percepciones sobre la vida en la finca, se sostiene que por “la vivienda no se pagaba nada”,¹⁰ que se las “daban” a “los peones”, pero que realizaban tareas fuera del trabajo específico por las que no recibían pago alguno, -entre otras, las reparaciones o mejoramiento de las instalaciones de la bodega, arreglos en la casa de los patrones o limpieza de canales de riego, potreros o desmalezado-. Además de las tareas también efectuaban entregas de productos derivados del huerto o del pequeño corral anexo a las viviendas (pan casero, pasas de frutas, quesos, huevos). Las familias que tenían permitida la crianza de ganado estaban obligadas al pago de un pastaje, que se materializaba con la entrega de una proporción de animales.
A diferencia de la paga del trabajo en jornales, que se traducía en un monto de dinero percibido quincenalmente, o para el caso de las cosechas que se cuantificaba de acuerdo a la cantidad de gamelas (de canastos), las entregas hacia los patrones tenían considerable imprecisión y variabilidad. Aunque, empero, habían prescripciones respecto a los tipos permitidas y el momento en que correspondía efectuarlas (Villagrán,2014).
Esos bienes que los patrones daban se presentaban bajo la forma de préstamo, pero la aparente gratuidad creaba una especie de deuda, que alimentaba el compromiso de retribuir y devolver -de compensar- y también hacía lugar al derecho de pedir. En virtud a ello, recuperando la propuesta de Mauss (2010 [1925]), en Villagrán (2014) y Villagrán y López (2017) sostuvimos que las interrelaciones entre patrones y peones se desplegaban en base a intercambios de diverso carácter donde se articulaban formas de dar, recibir y devolver que implicaban tiempos y situaciones específicos y la circulación de bienes de distinta naturaleza.¹¹ La red que envolvía a esos intercambios se afirmaba sobre la contracción de derechos, y principalmente de obligaciones morales recíprocas, que quedaban ocultas tras el aparente carácter voluntario de las devoluciones. Esas deudas, desempeñaban una función sustantiva en el sostenimiento de los vínculos sociales y operaban como una forma de coerción moral (Sigaud, 1996). Bajo esa reciprocidad negativa era factible la reafirmación de posiciones asimétricas y las relaciones jerárquicas (Lomnitz, 2005).

La salida, sus modos y efectos

En el momento en que empieza el proceso de salida y relocalización, se estima que en la finca vivían más 30 familias, y que había 30 trabajadores de carácter permanente y 60 temporarios. En los relatos se alude a que las zonas libres de parras (plantas de vid) estaban habitadas, que había muchos ranchitos en un sector que hoy se conoce como San José. Esta denominación remite a la Comunidad Indígena constituida formalmente como tal en 2003, en la que se nuclean las familias que se resistieron a salir¹² y que por la vía de la lucha y la organización, junto a otras Comunidades Diaguitas, reclaman la propiedad de una fracción de esas tierras y su reconocimiento como territorio ancestral. En la denuncia que los propietarios dominiales, Animaná S. A., realizan y a partir de la cual se inicia el juicio de desalojo en 2003, se acusa de usurpación a siete familias. La revisión del expediente judicial¹³ permitió advertir que ante la notificación de la solicitud de desocupar las viviendas y desalojar los predios ocupados, remitidas en 1999 y distribuidas a través de los oficiales de justicia locales, las personas respondían que hablarían personalmente con el patrón para extender el permiso de permanencia. Ese incidente, que parece advertir un desajuste entre universos comunicativos y significativos, abre la pregunta sobre el modo en que fue interpretado ese mensaje, como si no fuera legible que el acuerdo, que había regulado el vínculo con los patrones -en algunos casos a través de tres generaciones sucesivas-, había perdido vigencia. Por tanto, que las vías de tratamiento del caso se habían encarrilado a través de un ámbito distinto, el de la justicia legal y formal, y que las solicitudes personales, y el modo de pedir que se acostumbraba, ya no estaban habilitados. Las peticiones ahora debían hacerse por escrito, siguiendo procedimientos institucionales y a través de la representación legal de un profesional. La apelación a ese modo de comunicación y los compromisos implícitos, que remiten a las obligaciones morales, y que han perdido poder o capacidad normativa, en algún punto advierten la fricción entre las prácticas que arraigaban en los usos y costumbres investidos de cierto halo de legitimidad y el que pautaba ahora una nueva legalidad. Sin duda, desde el sector de la patronal no había posibilidad de re-establecer acuerdo alguno o conceder pedidos, y la permanencia de las familias constituía un ilícito, un delito contra la propiedad privada, y por tanto habían encaminado el proceso por la vía judicial para forzar el desalojo.
Este conjunto de familias, según los relatos de quienes por entonces se desempeñaban como encargados de la finca, de habitantes del pueblo y acorde a los documentos que integran el expediente judicial, había recibido en reiteradas ocasiones y de diferentes modos la solicitud de desocupar las viviendas y el predio. En primera instancia la estrategia patronal había sido desalentar la permanencia dificultando y obstaculizando el acceso al agua de riego, con lo cual se anulaba la posibilidad de mantener cultivos para el consumo familiar, prohibiendo la crianza de animales y con todo ello la economía de subsistencia que complementaba el salario. Jorge,¹⁴ contó con profundo pesar las presiones a través de las cuales “habían querido obligarlo a salir”. En su relato enfatizaba el dolor que le causaron al “hacharle los árboles frutales” y romperle el cerco con verduras. Los relatos de otros habitantes focalizaron en la violencia de la destrucción de las viviendas, que en muchos casos habían sido construidas por ellos mismos, -ranchos de barro, piedra, caña, paja y madera- y no provistas por los patrones. Esas viviendas, que como en el caso de las familias más antiguas cobijaron a tres generaciones, contrastan con las casas en las que se reubicaran en el Pueblo, no solo por los materiales constructivos sino también respecto al diseño estandarizado, su disposición lineal y reducido espacio disponible. De modo que las casas condensan y objetivan las transformaciones de diverso orden, implicadas en la relocalización.
El proceso de salida puede verse reflejado directamente en la conformación de tres sucesivos barrios en el pueblo de Animaná, en primer lugar el Barrio Municipal construido por la Municipalidad, de 16 viviendas y adjudicado en 1982. El Barrio 24 viviendas llamado Murga, que se lleva adelante entre el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y el Fondo Nacional de la Vivienda (Resolución Reglamentaria N 132/89 IPDUV aporte FONAVI) y en 1991 el Barrio Juan Pablo II. Primero se inicia la concesión de lotes para que las familias construyeran sus viviendas y posteriormente se adjudicaron casas mediante programas de vivienda. El desarrollo de éstos, y sobre todo de los dos primeros, coincide con distintas etapas de relocalización y desplazamiento, entre adentro y afuera de la finca.
Ante la petición de salir, las familias residentes responden de tres maneras diferentes, están quienes acatan inmediatamente la solicitud, los que permanecen un tiempo mientras encuentran cómo y a dónde reubicarse, y los que deciden no salir. Para aquellos cuyo sustento dependía exclusivamente del salario, la salida no era una elección sino una obligación, dado que desoír o demorar acarreaba el riesgo de represalias. El temor a ser echados, reunía la posibilidad del despido -en su carácter de trabajadores- y la expulsión -en la condición de residentes-, y de quedarse a la vez sin trabajo y sin un lugar para vivir. Las familias que realizaban otras actividades económicas complementarias al salario, priorizaron el acceso a la tierra, mantener los animales y el cerco con verduras. En esos casos, la permanencia tensó las relaciones con los patrones al punto de tornarse en una resistencia a las presiones y amenazas.
Hubo quienes recibieron ayudas provistas por la firma para agilizar la reubicación, tales como un vehículo para la mudanza, contactos para realizar alquiler o compra financiada de terrenos en el Pueblo. En algunos relatos se plantea que el estímulo a la salida respondió a la necesidad de incrementar y expandir las superficies cultivadas, de optimizar el uso de la tierra, de transformar en productivas áreas que por las limitaciones de riego y su aridez no se consideraban aptas. Desde otras miradas, la expansión de los cultivos operó sólo como un justificativo para cortar un tipo de relación sostenida por décadas.
En Animaná, esta ruptura coincide con el cambio en la titularidad de la finca y bodega y con las concepciones sobre la producción y el trabajo que introducen los nuevos encargados y administradores. La muerte del patrón en 1975, los conflictos familiares y las disputas judiciales por la herencia y sucesión, que ya venían expresándose desde años previos, aceleran transformaciones que implicaron el desconocimiento de los acuerdos y compromisos que respaldaban las relaciones personales y sostenían la trama de la vida dentro de la finca.¹⁵
En el común de las fincas de la zona esos cambios coinciden con el traspaso de las propiedades y la gestión de padres a hijos y/o demás herederos, o con la llegada de nuevo personal a cargo de la administración. Las generaciones jóvenes aportan concepciones sobre el trabajo y criterios empresariales de innovación que entran en tensión con los promovidos por sus antecesores. En otro sentido, el impulso a que las familias se reubicaran fuera del predio a la vez que agudizaba una situación de malestar y deterioro económico que, aunque adquiría matices propios en la región, se inscribía en la crisis y agotamiento de un modelo de producción y la caída en el consumo de vinos, caracterizada por Aspiazu & Basualdo (2003). Estos autores sostienen que 1970 y 1980 marcan para la vitivinicultura etapas de depresión en el marco de una especial coyuntura.¹⁶
Localmente esa crisis deriva en transformaciones modernizadoras en el trabajo y la organización de la producción. En Animaná esa reestructuración se corresponde con el arribo de los sanjuaninos, -como llamó un exadministrador a los técnicos enólogos-, que asesoraron sobre cómo mejorar el rendimiento e incrementar volúmenes de producción. La reubicación de los peones y familias en el marco de esas innovaciones, apunta a desarticular la columna vertebral de la finca, el trabajo residencial, lo cual conlleva significativas reconfiguraciones. En la línea del planteo de Palmeira (2009 [1977]), si entrar a la finca demarcaba el ingreso a una trama de específicas relaciones sociales, la salida es en ese sentido indicio de la redefinición o ruptura de un tipo vínculo y de los códigos, valores y obligaciones atadas a éstos. Implica, principalmente, salir de la condición de peón (trabajador residente) y re-posicionarse en otro espacio como un trabajador, como obrero de la vid. La reubicación espacial habilita tanto como impulsa la progresiva diferenciación de los ámbitos del vivir y del trabajar y concomitantemente la redefinición de los vínculos y la emergencia de nuevos roles. La relación con los patrones desde entonces deberá ir adecuándose a lo que establece el contrato laboral y su marco legal, en virtud también de la visibilidad y fuerza que ganan las denuncias sindicales, con un clima político propicio y un programa de gobierno receptivo a los reclamos de los trabajadores. En ese marco adquiere un lugar propio y destacado el Sindicato, como agente y canal legalmente habilitado para hablar en nombre de los trabajadores vitivinícolas, invocar sus derechos, efectuar denuncias públicas y demandas legales. Asimismo, el patrón irá siendo desplazado del lugar y función de único proveedor, de casa, trabajo, y lo imprescindible para la vida, mientras que la Municipalidad gana presencia como ámbito a donde realizar peticiones. Con ello, otro agente con capacidad de dar va asentándose, haciéndose lugar en el espacio local, y así se gestan sentidos e imágenes en torno al Estado.¹⁷ Ámbito ajeno y figura imperceptible hasta entonces, que adquiere cierta entidad y materialidad conforme al desarrollo de ciertas acciones, a su actos de institución e institucionalización, como lo postula Bourdieu (1999), y a través de las prácticas mediante las cuales crea sus objetivos de administración y gobierno (Shore, 2010).

Las denuncias

El momento en que se solicita a las familias que salgan de la finca y desocupen las viviendas se enmarca en una época que Jorge, -el que impulsó la comunidad indígena de Animaná-, interpreta como “cuando todo se puso feo".¹⁸ Coincidió con el tiempo de la huelga y reclamo de los trabajadores de Finca y Bodega Animaná, que llevaban meses sin recibir el pago de los salarios. “La gente no tenía para comer”,¹⁹ eso afectó a todo el pueblo y el malestar se intensificó hasta tornarse insoportable, así se originó el animanazo en julio de 1972. Hubo asambleas, huelga, corte de ruta, olla popular, destitución simbólica del intendente, una pueblada que tuvo amplia cobertura de la prensa local y alcance nacional y que convocó al común de los pobladores, además de los trabajadores (Villagrán & López 2016). La organización sindical de los trabajadores vitivinícolas había alcanzado hacia 1967 visibilidad e institucionalidad con el otorgamiento de personería gremial al SOEV Cafayate²⁰ y la apertura de locales frente a las plazas principales de Cafayate y Animaná. Los relatos y memorias de los trabajadores de aquellos años remontan los inicios de la actividad a la llegada de algunos peronistas a la zona, a reuniones clandestinas convocadas en la oscuridad de la noche y en medio de las plantas de vid.²¹ Las estimaciones realizadas en el estudio de Meister, Petruzzi & Sonzogni (1963: 49), indican que “el Sindicato contaba en la región con aproximadamente 600 miembros, entonces pertenecientes a la Federación Nacional del Vino -FOEVA-”.
La constitución de este actor como un agente con capacidad para denunciar públicamente aquello que antes era indecible -“porque no había a quién reclamar”²² ni cómo hacerlo-, encuentra condiciones de posibilidad en el extendido desarrollo de la actividad sindical que caracteriza al primer gobierno peronista. El SOEV participó de las medidas y acciones involucradas en la “la Huelga General de abril de 1949”, medida que si bien se lleva adelante desde un solo sector de la Central General de Trabajadores Salta (CGT) nucleaba a más de dieciocho organizaciones sindicales de la provincia, según sostienen Abrahan & Sanchez (2006), lo cual es un indicativo del nivel de organización que por entonces habían logrado los trabajadores.
Así mismo, el clima de profunda movilización social expresada en la sucesión de levantamientos y estallidos sociales, que suele denominarse la ola de azos e incluye al heterogéneo abanico de eventos que se sucedieron en distintas provincias, -cuyo epifenómeno es el Cordobazo de 1969-, en respuesta a las medidas antidemocráticas y a las políticas emprendidas a partir del golpe militar de 1966, que dan paso a un cuestionamiento y que se extiende a la totalidad del orden social. Es protagonizado por distintos actores y grupos, muchos de los cuales tienen como horizonte la revolución anticapitalista, y como metodología la lucha armada, arena en la que fragua un clima de gran conflictividad y agitación que se comprende aproximadamente desde 1969 hasta 1973, con expresiones a lo largo y ancho del país.
En Salta ese clima político empieza a gestarse con antecedentes como la huelga general de 1968 y posteriormente da lugar en 1970²³ a episodios y enfrentamientos donde las diversas organizaciones sociales, centrales sindicales y fuerzas políticas toman las calles de la ciudad con un pliego de reclamos sociales. En 1968 ya circulan comunicados de la Delegación Regional Salta de la CGT en relación al SOEV Cafayate, donde se pone en conocimiento sobre el incumplimiento de la legislación laboral y social por parte del sector patronal de bodegas y viñedos en Cafayate y San Carlos. En diciembre de 1970, el entonces Secretario General del SOEV, brindó una conferencia de prensa en el local de la CGT Salta, oportunidad en la que se denuncia “la violación de los derechos laborales y la explotación de los trabajadores en los Valles Calchaquíes”²⁴ en distintas Fincas y Bodegas, lo cual se manifestaba respecto a los montos salariales, la duración de la jornada laboral, los aportes jubilatorios y la cobertura de salud.
Estas denuncias públicas hacia la patronal empiezan a instalarse en los medios locales, respaldadas con los anuncios de la visita de referentes de la CGT regional y de Buenos Aires por los Valles, las que presionan para que se lleven adelante inspecciones²⁵ en las fincas. Ello permitirá que el tema del trabajo y los derechos de los obreros de la vid, cobren presencia y visibilidad. En lo reclamos se enfatiza sobre el modo en que realiza el pago la patronal, puesto que éste se constituía de una parte en dinero, denominada  el jornal y otra parte llamada prestación sin cargo²⁶ -conformada por la vivienda, una extensión de tierra para cultivo y agua para riego-.
Estas declaraciones, los comunicados y las demandas relativas a los derechos laborales de los trabajadores rurales también se formulan desde la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y Afines (FUSTCA), creada en 1969. En este espacio convergen referentes de organizaciones de base de distintas localidades rurales de Salta, vinculados al sindicalismo, que se reconocen peronistas, y desde allí se cuestiona la histórica concentración de la propiedad de la tierra en los latifundios. En su programa político esta organización plantea la cancelación del pago de los arriendos y una reforma agraria, bajo la consigna “ni tierras sin hombres, ni hombres sin tierras” y “tierra para quien la trabaja”.²⁷ El secretario general y referente de la FUSTCA, Felipe Burgos,²⁸ estimó, en 1972, que la Federación contaba con tres organizaciones de base y 28 filiales.²⁹
En 1973 esta Federación remitió al recientemente electo gobernador por el peronismo, Miguel  Ragone,³⁰un informe sobre la situación de los trabajadores y campesinos de Salta, que detallaba las problemáticas específicas de cada una de las regiones, acompañándolo de un plan de propuestas. Para el caso de los Valles Calchaquíes se identificaban tres tipos de problemas, el primero ligado al salario y al trabajo. Se indicaba allí que los jornales que se pagaban en la región eran hasta un 50% más bajos que en otras áreas y que solo una parte de éstos era en efectivo (el resto era en concepto de prestación: parcela y pastaje). La tierra constituía el segundo problema y existía una “lucha ancestral por la devolución”. La incomunicación era identificada como el tercer problema, al generar un “fuerte aislamiento”. Por tanto, las propuestas se dirigían a mantener la posesión de las tierras en arriendo y pastaje, rebajar el monto de las prestaciones, aumentar el porcentaje del pago en efectivo, reducir la jornada de “sol a sol” a ocho horas, y realizar obras de infraestructura y comunicación.³¹
El programa de lucha de la FUSTCA compartía demandas con los demás espacios sindicales -como el cumplimiento de montos salariales, la regularización de la situación de los trabajadores transitorios de la actividad agropecuaria, seguros de salud y la duración de la jornada de trabajo de acuerdo a la normativa internacional y nacional-, enfatizaba, sin embargo, en “las condiciones de vida de las familias campesinas” y su acceso a “atención sanitaria, educacional, habitacional y cultural para el trabajador y la familia del campo”. Solicitaban “trabajo digno” y “vivienda digna”, con luz, agua, pisos, revoques, blanqueo y techos. Reclamos que se afirmaban sobre una noción de “bienestar” y de “condiciones de vida” acorde a los derechos sociales promulgados desde el primer gobierno peronista.³²
Este escenario, ilustra el clima de reclamos y presiones que indirectamente impulsan el proceso de salida. Las exigencias y demandas de los trabajadores van extendiéndose desde lo salarial hacia las condiciones de vida dentro de las fincas, y en esa expansión dejan al descubierto el incumplimiento de obligaciones y la desatención de la normativa en relación a higiene, salubridad y habitabilidad.³³ Coincidentemente, en los informes y diagnósticos de dependencias estatales provinciales, elaborados en 1952 y 1959, ya se evalúa en términos de falta de dignidad, y de condiciones de bienestar, a la vida de la población de la región de los Valles Calchaquíes. Diagnósticos que fundamentan el diseño de políticas específicas y una planificación estatal dirigida a resolver los dramas sociales y problemas que lo originan, como veremos en el quinto apartado.

El conflicto

A la vez que se instalan públicamente las demandas y los problemas adquieren visibilidad, los trabajadores/obreros de la vid ganan también presencia a nivel local como actor social. Van identificándose y siendo reconocidos como un grupo con capacidad organizativa,  perdura el recuerdo de que en esos tiempos “había solidaridad y unión entre los trabajadores”.³⁴ Por ello, la definición y conformación de este colectivo es inescindible de la legitimidad que gana el Sindicato como ámbito de representación y defensa de los trabajadores.
En ese sentido, el desarrollo y la forma de resolución del Animanazo, consagra la posición y valida los métodos propuestos por la representación sindical. Las acciones implicadas en el reclamo y la movilización inmediatamente recibieron cobertura de la prensa local, que no oculta la sorpresa que provoca tal suceso, calificado como la “manifestación decidida de los silenciosos”. En la portada y titulares indican que se trata de un “insólito episodio” protagonizado por “la calmosa población” de una “comarca decorada de antiguas mansedumbres” tras un “largo pleito laboral”,³⁵ originado por deudas salariales. El corte de la ruta, el cobro de peaje a los vehículos para financiar la olla popular, el bloqueo del acceso a la bodega y las otras medidas que se llevan a cabo, conforman un repertorio de prácticas ciertamente inéditas en ese espacio y también extraordinarias, en tanto que no volverán a efectuarse con ese vigor y magnitud, ni habrá sucesos de esa trascendencia que vuelvan a colocar a Animaná en primera plana. Ello a pesar de que, en 2005, se lleva adelante un corte de ruta organizado por la Comunidad Indígena San José de Animaná y mediante el cual se consigue frenar su desalojo.³⁶
En virtud al propósito aquí perseguido, se torna particularmente significativo prestar atención a los procedimientos que se despliegan y los actores que intervienen para alcanzar la resolución del conflicto del Animanazo.  Las acciones iniciadas el día 18 de Julio de 1972 cobran trascendencia pública cuando los trabajadores se constituyen en asamblea y disponen colectivamente llevar adelante una serie de medidas de fuerza, tras haber radicado denuncia ante la Dirección General de Trabajo (Ministerio de Bienestar Social). Esta dependencia convocó seguidamente a una audiencia conciliatoria entre las partes -patronal y trabajadores con la intermediación de sus respectivos representantes legales-, para llegar a un acuerdo por el conflicto, con fecha día 21 de Julio.
En esa instancia Pablo Ríos, Secretario General de SOEV Cafayate, planteó que el problema de la falta de pago “excedía de la consideración de la propiedad privada para transformarse en un inconveniente de índole social”. En su fundamentación alegó, entre otras razones, que se trataba de la fuente de trabajo más importante de la zona. Solicitaba por tanto “que se dicte la ley que declare de utilidad pública dicho establecimiento -la finca y bodega-, como así mismo el consiguiente decreto de expropiación…y que se entreguen los bienes en propiedad de una corporación que se formará con los trabajadores de la zona”.³⁷ La expropiación también estaba consignada como un punto del pliego resuelto en la asamblea de los trabajadores celebrada unos días antes, pero tal solicitud no será atendida, aun cuando existía el antecedente inmediato de Finca La Banda, de Cafayate y de leyes provinciales de expropiación.³⁸ La solución se plantea, en cambio, a través de otra modalidad. El Instituto de Promoción Social asume el compromiso de pago a los trabajadores, poniendo a disposición fondos de las arcas públicas para la cancelación de la deuda, -la vía formal fue la concesión de un préstamo a los propietarios, quienes entonces manifestaron voluntad de pago, pero argumentaron no disponer del dinero por encontrarse con problemas legales (con un juicio sucesorio)-. Con la suscripción del acta acuerdo, ante la Dirección General de Trabajo y el Ministerio Bienestar Social de la Provincia, y mediante la cual se logra el pago de los salarios adeudados, se corona una resolución exitosa del conflicto. El Sindicato adquiere así cierto reconocimiento público y confiabilidad ante los trabajadores, como actor a través del cual encaminar el tratamiento de los problemas emanados del incumplimiento de la patronal.
De igual manera, el modo en que se resuelve es paradigmático, puesto que inaugura y a la vez instituye procedimientos, -como el reclamo público, la denuncia legal y las audiencias de conciliación-. Se habilita de tal manera la intervención del Estado en estos temas y asuntos relativos al trabajo, mientras que gana posición como un agente y espacio al que pueden recurrir los trabajadores, a quien solicitar ayuda, y en donde es factible encontrar respuestas y respaldo. Se propicia así un modo de vinculación, que reafirma el rol por excelencia que se arroga al estado peronista, como garante de derechos sociales para los trabajadores.
Las imágenes que se proyectan a través de las notas periodísticas, que hicieron un seguimiento diario del desenlace del conflicto, construyeron enfáticamente el mensaje de un Estado que por primera vez se hacía presente en la localidad de Animaná. Actualizaban en ese acto un discurso a través del cual el espacio rural de Salta en general, y las fincas del Valle Calchaquí en particular, se representaban como latifundios y feudos con sufridos pobladores y míseras condiciones de vida, donde la población humilde era víctima de abusos y carecía de ayuda y asistencia.
Mientras los conflictos en torno al trabajo y las condiciones de vida eran visibilizados públicamente, quedaban expuestos los malos tratos perpetrados por la patronal hacia sus trabajadores y se interpretaban como incumplimiento, abuso o violación de derechos y obligaciones. Se movilizaba así una sensibilidad social que torcía el juicio para valorar como moralmente inaceptable que las instituciones estatales se mantuvieran al margen, que no efectivizaran el control o regulación de los empleadores y ofrecieran atención y soluciones a los trabajadores -lastimosa población que subsistía en condiciones miserables-. De tal forma se construía una imagen acerca del Estado y de la función protectora y proveedora que le correspondía asumir y simultáneamente de la población de los Valles como carente y merecedora de ésta. Así, haciendo un seguimiento de las tratativas de resolución del caso del Animanazo, el principal diario local anunciaba que la dependencia estatal competente no solo había puesto a disposición los recursos económicos para el pago adeudado, sino también los medios para hacerlos llegar a sus destinatarios, obreros de esa lejana población. La nota se titulaba: “Partió un Blindado llevando fondos para obreros de Animaná”.³⁹ Sugería ello que el Estado se trasladaba a través del camión del Banco Provincial, que transportaba el dinero, y a los funcionarios encargados personalmente de efectuar el pago, para solucionar a través de esas acciones el “grave problema social que representaba la deuda de los haberes a los obreros”. De este modo, quedaba entredicho que el desplazamiento geográfico del vehículo simbolizaba la expansión de un Estado que iba desde la ciudad hacia el campo, de la capital al interior, y que penetraba en ese espacio para llevar soluciones, ayudas, asistencia y revertir una histórica ausencia.

Los informes y diagnósticos

La imagen de los Valles y las fincas como un espacio social aislado en términos geográficos, detenido temporalmente y regulado por una propia ley, la de la arbitrariedad y la codicia de los patrones, que se sugería desde el discurso de la prensa, también se robustecía desde los propios diagnósticos estatales sobre esa área y región. Esos estudios integraban elementos de sentido común circulante y del saber experto, que al relevar, nombrar y clasificar a la población del Valle, sus problemas y necesidades, conferían a lo allí inscripto estatuto de realidad.
El relevamiento de información y elaboración de diagnósticos sociales y económicos, constituían así el primer eslabón en la proyección del anclaje estatal a nivel local. Ello en pos de lograr afirmarse y conquistar espacios y ámbitos hasta entonces identificados como al margen del Estado, o hacia donde éste no había podido llegar, dado el poder que aún retenían los patrones y terratenientes para decidir y controlar lo que sucedía hacia adentro de sus dominios y propiedades.
A las iniciativas del primer gobernador peronista electo en la provincia, Lucio Cornejo (1946-1949), se deben la creación de una entidad encargada de la misión de producir informes sobre la situación social en la provincia; se trata de la Dirección General de Investigaciones Económicas y Sociales (DGIES). Pantaleón (2009), sostiene que con este mandatario la dirección productora de las estadísticas oficiales de Salta se consolida⁴⁰ y a la vez se estructura acorde a una concepción de la planificación estatal en términos regionales. Esa planificación atiende distintos aspectos y temas, económicos y sociales, entre los cuales se contemplan el hábitat, la vivienda y la salubridad.⁴¹
En los informes se incorpora la voz de actores significativos y pobladores junto a las observaciones de los técnicos e investigadores, lo cual evidencia la complementación del análisis estadístico con la realización de entrevistas y trabajo en terreno.
Bajo la forma de Estudios Zonales, estos informes son concebidos como una instancia de la planificación estatal, acorde a lo cual el Honorable Senado de la Provincia de Salta encarga mediante resolución del Poder Ejecutivo, el 5 de septiembre de 1959, la investigación que respalda el Estudio Zonal de Cafayate y San Carlos. En este se encomienda a la DGIES de la Provincia la realización de un Estudio Social, Económico, Geográfico y Agropecuario que pudiera mostrar una fotografía panorámica de la situación y problemáticas de la zona a los fines de una posterior proyección de soluciones.
Esa investigación zonificada contaba con un antecedente de 1952, el Estudio Social y Económico de los Valles Calchaquíes. En éste ya se esbozan rasgos para identificar a su población, como el carácter disperso, disgregado, predominantemente rural, de fisonomía campesina. Contabilizan 2543 habitantes en Cafayate y 815 en el departamento San Carlos (al 1/1 de 1950) y llaman la atención sobre el fenómeno de despoblamiento y emigración en la región, causado por las malas condiciones de vida. Se afirma allí que los “obreros rurales devengaban míseros jornales”, que “la casa consistía en un rancho pequeño e insalubre” y “la comida en un plato a base de maíz.⁴²
En el Estudio Zonal se identifica el “atraso” como uno de los más significativos problemas, que en términos productivos se expresa como “estancamiento” y “crisis” de la vitivinicultura, generada por la falta de infraestructura para resolver el problema del riego y los caminos que mejoren las posibilidades de comercialización y revitalicen la economía. Los bajos salarios y la imposibilidad de acceso a la tierra son reconocidos como un segundo problema, ante lo cual sostienen:

Algunos patrones manifiestan que a cada peón se le asigna vivienda y una porción de tierra con riego para que la cultive y cuyo producto no lo comparte con el dueño de la finca. Algunos peones han manifestado que tal cosa no es cierta; que la vivienda consiste en un rancho sin la más elemental comodidad, y que tierra no se les da o se les da sin agua para riego. [Se evalúa así que] Es evidente un estado general de sumersión y un estándar de vida mezquino en la población rural asalariada.⁴³

El pedir y recibir institucionalizados

Inscripto en las acciones de ese programa de gobierno que comisionaba la elaboración de informes -con capacidad fotográfica para mostrar un estado de situación y problemáticas zonales-, a los fines de diseñar y planificar políticas adecuadas y específicas, se crea el Instituto Provincial de la Vivienda en 1973 (ley N° 4805). En los términos del entonces gobernador, Miguel Ragone, ese órgano “nació como una sentida necesidad” en tanto que diversos organismos encaraban planes de vivienda pero sin ningún beneficio rector ni organizativo”.⁴⁶ La creación de esta dependencia trasluce que ese Estado se iba haciendo conforme sancionaban la existencia de problemas para atender y también integrando las demandas formuladas desde organizaciones sociales y sindicales⁴⁷ a su agenda, para traducirlas al diseño de políticas públicas.
En Animaná, la creación del Municipio y su estructura institucional, como unidad administrativa y de gobierno, es indisociable de la conformación del Pueblo, en tanto espacio urbanizado -organizado en manzanas, proyectado alrededor de un centro que contornea la plaza principal, con la oficina de la Intendencia y las distintas instituciones públicas dispuestas en su entorno: escuela, centro de salud y policía-. Inmediatamente después del área central de éste, se ubican los lotes y sectores destinados a la edificación de viviendas, que devienen barrio, y se nuclean en torno al club deportivo. Ese trazado urbano, está delimitado por las dos fincas más importantes de entonces y se despliega hacia un margen de la ruta 40, que comunica con la localidad de San Carlos.
Si bien el asentamiento de habitantes en el Pueblo se desenvuelve en un proceso gradual, cobra notable impulso con las etapas de salida de las familias de las dos fincas que lo circundan. Un rito que sanciona su existencia y que ha sido re-significado como un evento que remite a la historia, los orígenes y la cultura local, es el festejo, por iniciativa del entonces presidente del Club Sportivo Animaná, de la Fiesta Provincial de la Vendimia. Esta celebración se llevó a cabo en 1969 con la participación de gran parte de los habitantes del pueblo y de comunidades vecinas, estribó en ello su carácter de vendimia popular, contrastando con los festejos privados, adentro de las fincas y exclusivos de cosecheros, peones y patrones, que habían predominado hasta entonces.
La constitución del Pueblo se despliega procesualmente, en etapas donde las nuevas formas de habitar, organizar y ocupar el espacio emergentes re-significan las precedentes. Las primeras viviendas se edificaron por cuenta propia, mediante la compra financiada de terrenos dispersos, mientras que las etapas y modalidades posteriores involucraron la intervención municipal, y de planes y programas nacionales y provinciales de vivienda. Particularmente significativo resulta para lo que venimos planteando el caso del primer Barrio de Animaná, se trata de un conjunto de 16 viviendas que se adjudicaron en 1982, construido por la Municipalidad. Con este plan, el recorrido hacia el acceso a la vivienda propia se iniciaba en la instancia de presentación de una solicitud en las oficinas del Municipio. El formulario⁴⁸ diseñado a tales fines debía completarse con los datos del interesado, quien tenía que consignar información personal y sobre la composición del grupo familiar, ocupación u empleo y la remuneración o ingresos mensuales. Debía declararse bajo juramento el tipo de vivienda que poseía la familia, su ubicación y si se trataba de una propiedad, préstamo u alquiler. Era requisito describir los materiales constructivos de éstas, la cantidad de habitaciones de las que disponía y las tenencias con las que contaba la familia. Es sugerente que todos quienes presentan los formularios reconocen como prestada la vivienda que habitan e identifican como propietarios a Los Parrales S. A, -que era por entonces la firma comercial con la que se identificaba a la Bodega y Finca (que luego pasó a denominarse Animaná S. A.)-. En muchos casos reconocían tener como únicas posesiones; vacas, cabras y también caballos, y respecto a las viviendas, indicaban que se trataba de construcciones de adobe, de techo de barro y caña, y que no disponían de piso ni baño.
Para la instancia de adjudicación, se firma un convenio de 15 cláusulas entre la municipalidad y el beneficiario, que remite a la Resolución Municipal (N° 13/1982) y que se enmarcan en un financiamiento a treinta años. Se explicitan y enumeran las obligaciones contraídas por los adjudicatarios, los montos y fechas de pago de las cuotas, y los índices de actualización anual; se certifican las características de las viviendas y se establecen tipos de sanciones por incumplimiento -entre ellas la desadjudicación o recargos por daños o roturas-. Se destacan las condiciones de higiene y habitabilidad de esas viviendas que se entregan en beneficio, las que se adecuan a las normas y materiales según la tipificación que fija el Instituto de Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Salta.⁴⁹ El detalle de estas descripciones pone en evidencia el contraste entre el tipo y carácter de las viviendas de la finca -ranchos dispersos-, que dejan y a las que accederán e ingresan en el Pueblo -casas de material, con revoque, techo de losa, provistas con sanitarios y acceso a servicios-, y junto a ello el cambio en la condición: en la finca como préstamo y en el pueblo bajo la figura de adjudicación. En el marco de las transformaciones que se objetivan en esta forma de acceso a la casa, la vivienda recibida será compensada con el pago mensual de cuotas en dinero y al cancelarse el monto total ésta se constituirá en propiedad del adjudicado. Es posible observar que el circuito de la devolución, contraprestación en servicios o productos que imperaban bajo la lógica de la deuda en la finca, va siendo desplazado así hacia un tipo de intercambio en el que predomina el dinero.
Así mismo, la forma de pedir que se habilita a través de la construcción de este barrio, el Barrio Municipal, crea y formaliza mecanismos institucionales y procedimientos administrativos de acceso a bienes, que hasta ese momento no habían sido el canal habitual y conocido para hacerlo. Estos, en nombre de las políticas públicas en las que se inscriben, cobran el sentido específico de ayudas y beneficios. Y, así se delinea la forma de vinculación posible y el lenguaje específico para comunicarse con un actor antes no visualizado ni reconocido con la función de provisión. La solicitud y la entrega, el pedir y el recibir, están codificados en un marco de sentido y rutina de prácticas administrativas, donde predominan las solicitudes estandarizadas por escrito -con planillas y formularios-, la rúbrica de acuerdos, convenios o contratos previa explicitación de las obligaciones y derechos de las partes, habitantes del pueblo que reciben y representantes de la Municipalidad -el Estado-, que otorgan. En esa reconfiguración la Municipalidad va constituyéndose como un actor cercano, alrededor del cual empieza a concentrarse la capacidad de proveer, posición que se proyecta y materializa en la organización del espacio del Pueblo. A la vez que se constituye en un centro proveedor, su posición también se refuerza y afirma en la demostración de la capacidad institucional de pedir (gestionar), ante otros actores. Mientras se posiciona como proveedora para el Pueblo, la muni se ubica como receptora de recursos y ayudas que provienen del gobierno provincial o nacional, que se representa también como el Estado.
En ese último sentido se juegan también las valoraciones de la figura del Intendente, puesto que la probabilidad de alcanzar reconocimiento como buen intendente dependerá de que se evidencie su aptitud para pedir y conseguir recursos para la muni y el Pueblo. Esto quedará particularmente de manifiesto en el proceso de construcción de los dos barrios que prosiguen al municipal, donde la consecución de los fondos provenientes de programas nacionales y provinciales de vivienda -del IPV como del Fondo Nacional de Vivienda (FO.NA.VI- implica el desarrollo de habilidades para llevar adelante trámites y solicitudes. Así, tanto las personas interesadas en recibir las ayudas como la Municipalidad deberán ir forjando y adecuando la capacidad de pedir, que requiere el aprendizaje y la incorporación de un lenguaje y retorica específicos a la racionalidad administrativa.
Vemos así que en el desplazamiento y redistribución del rol y función proveedora surge la asociación entre la política y el Estado, como un dominio que empieza a identificarse y percibirse con ciertas especificidades. Los sentidos allí construidos van vinculando a la política con un espacio de relaciones donde se juega la distribución de las ayudas y beneficios, que tiene como rostro visible al intendente -que a su vez personifica a la Municipalidad-. En la petición y entrega de recursos, en su circulación, irán tejiéndose relaciones en las que se re-significa la obligación de devolver. Hacia ese nuevo entramado, mediado por las instituciones estatales, se desplazan los acuerdos interpersonales, las deudas morales y las redes de reciprocidades, antes referenciadas exclusivamente en el vínculo patrón-peón y la finca.

Comentarios finales

A través de los seis apartados fuimos reconstruyendo distintas aristas y dimensiones contenidas en el proceso de reconfiguración del entramado patrón-peón, la desarticulación del sistema residencial de trabajo y la formación de Estado. Sostuvimos que la salida, el desplazamiento entre la finca y el pueblo contiene la redefinición de formas de relacionamiento tradicional entre patrones y peones y de los principios que regulaban el acceso al trabajo y la vivienda. La forma de dar, recibir y devolver -de los intercambios-, implicaba tiempos y situaciones específicas y la circulación de bienes de distinta naturaleza, afirmándose sobre la contracción de derechos y obligaciones morales recíprocas, fundadas en acuerdos de palabra y supuestos tácitos. Señalamos que el desconocimiento o la ruptura de esos acuerdos, que se evidencia en la petición de salir de la finca y desocupar las viviendas, son indicativos de una inflexión donde pierden vigencia los arreglos verbales, y donde el modo de pedir a ello asociado queda inhabilitado. Las obligaciones y compromisos morales de los patrones hacia los peones quedan sin efecto, se desconocen, y a partir de ello la permanencia en la finca se constituye en usurpación, acusación encaminada por la vía judicial.
Planteamos que esas transformaciones se inscriben en un contexto donde el incumplimiento de las obligaciones patronales, las privaciones y abusos vividos en la finca, pueden exceder ese ámbito y universo de sentidos, para denunciarse públicamente y resignificarse de acuerdo al marco legal vigente como violación de derechos. Ello es posible en la medida que se ha constituido localmente un nuevo agente, el Sindicato vitivinícola (1967) y también un espacio político como la FUSTCA (1969), que en tanto actores colectivos reclaman y peticionan en nombre del conjunto de los trabajadores y en representación de sus intereses comunes. Emergen así demandas que si bien comienzan por el trabajo y el salario prontamente se extienden hacia las condiciones de vida de los peones, los trabajadores vitivinícolas yla familia campesina. Las denuncias y reclamos van a la par de la inauguración de un novedoso repertorio de acciones, entre los cuales se destaca la protesta y movilización colectiva que dan forma al llamado Animanazo en 1972. Con este conflicto laboral los trabajadores adquieren visibilidad social como sujeto organizado, y se reconoce al Sindicato como agente con capacidad de representar los intereses y demandas de los trabajadores y de conducirlos por la vía adecuada para alcanzar soluciones favorables. En tal sentido, a través de la forma de resolución exitosa de este pleito laboral, se consagran formas y canales institucionales para denunciar, demandar, pedir y recibir, integrados en procedimientos burocráticos y administrativos específicos que accionan en nombre del Estado. Un Estado hasta entonces imperceptible, que en esa instancia y situación forja su imagen y función, presentándose como capaz de llegar a donde antes no lo hizo, de revertir una histórica ausencia para resguardar y garantizar los derechos de los trabajadores, otorgando ayudas y soluciones a sus problemas. Mediante la recomposición de ese complejo escenario de transformaciones identificamos mecanismos e instancias fundamentales a través de las cuales va formándose Estado localmente, con sentidos, atributos y funciones específicos. Un Estado que en la desarticulación del sistema residencial de trabajo y la reconfiguración de la trama patrón-peón, asume la función proveedora y también protectora-como garante de derechos-.
Hemos advertido, además, que la arena propicia para las intervenciones estatales se forja desde su propia órbita, desde las prácticas mediante las cuales se van creando los objetivos de administración y gobierno (Shore 2010), a través del relevamiento de temas factibles de ser reconocidos como problemas sociales y validados como de interés público. En ese sentido, observamos que los Informes Socio Económicos y Diagnósticos Zonales, de 1952 y 1959, instituyen como una realidad las malas condiciones de vida, los bajos salarios, el incumplimiento de derechos laborales y la falta de dignidad de la población del Valle Calchaquí, atribuyéndolo a la carencia de atención estatal. Se habilita así el involucramiento del Estado en esos asuntos y se crea la necesidad de políticas tendientes a su tratamiento y resolución. En ese marco, la vivienda se torna un bien que debe ser provisto por agencias y dependencias gubernamentales, bajo lineamentos que formalizan y estandarizan la petición, -mediante formularios de solicitud- y la entrega -como adjudicación-, previa firma de un contrato o convenio de pago. Este nuevo modo de acceso a un lugar donde vivir -que reviste características distintivas, pues implica pasar del rancho de barro y paja a la casa de material-, evidencia también otra dimensión implicada en las reconfiguraciones que origina la salida, la desestructuración de un modo de vida y de la economía de subsistencia de base campesina.
Junto a la pérdida del monopolio de la provisión de vivienda y trabajo por la patronal también se impugna el marco normativo que regulaba las relaciones sociales y de trabajo dentro de la finca, el círculo de la deuda y la coerción moral. El Estado que se hace presente allí arriba poniendo límites al abuso y arbitrariedad, al incumplimiento de las obligaciones patronales y la violación de los derechos consagrados por el primer gobierno peronista -ya prefigurados en el estatuto del peón rural de 1944-, donde se contempla, además, la vivienda y las condiciones de higiene y salubridad de los trabajadores. Tal Estado, también se arroga como misión la restitución de la dignidad a los trabajadores y la promoción del bienestar sobre la base de una noción singular de justicia.
Este caso, permite poner de relieve el modo en que las prácticas y los sentidos, que dinamizaban el universo de las fincas en general se tensionan y entran en crisis, ante el cuestionamiento y desarticulación de los resortes fundamentales de las relaciones tradicionales, donde convergen factores diversos posibilitando que se desestabilicen y cuestionen un tipo de jerarquías y a la vez se habilitan otras. Ello constituye un terreno propicio, que torna visible cómo cierto orden va corroyéndose y posibilitando la configuración de otro, habilitando la formación localizada de Estado. En esa recomposición del campo de fuerzas, lo estatal va desplazándose desde una posición y ubicación marginal hacia el centro de la vida social, antes monopolizada por la patronal, para atribuirse las funciones proveedoras y protectoras. La noción de margen de estado propuesta por Das & Poole (2008), es sugerente al respecto y, a través de ésta, entendemos que el proceso formativo de estatalidad puede rastrearse en el movimiento que implica la ampliación de las posibilidades de intervención, sobre dimensiones de la vida social y grupos de población no comprendidos, y la expansión del poder de regulación desde el centro geográfico hacia los bordes y periferias territoriales. Es mediante ese impulso que tal Estado se hace presente en un espacio y región antes vedados, en las fincas y latifundios del Valle Calchaquí, locus del poder de los grandes señores y terratenientes que gobernaban bajo su propia ley- incumpliendo y violando derechos sociales y laborales consagrados-. Es de tal modo como el Estado penetra un dominio que se le presentaba como marginal, donde la vida se desenvolvía conforme a un racionalidades y legalidades situadas, derechos y obligaciones consagrados en base a un circuito de intercambios personales atados al círculo del don -del dar, recibir y devolver-, donde la reciprocidad negativa y la deuda moral reforzaban la asimetría de poder y la explotación de los peones. Se hace Estado allí, en base a políticas que se dirigen a moldear y permear esas áreas y zonas, el Valle Calchaquí donde imperaba el aislamiento y el atraso de la tradición, para incorporarlas al ritmo de la modernización garantizando el acceso a derechos universales y a ciertos estándares de bienestar -como vivienda digna y justo salario-.
Vemos como, entonces, en la reconfiguración de la trama patrón-peón se habilita un espacio formativo de lo estatal que supone relaciones y funciones integradas a nuevas modalidades de dar y pedir, que se enuncian como solicitar y adjudicar, -cambios que además se corresponden con el pasaje de los ranchos a las casas-. Las viviendas, objetivan así transformaciones generales, en relación al trabajo y los modos de habitar, como la diferenciación y escisión de los ámbitos del vivir y el trabajar y la consagración de derechos y regulaciones específicas para cada uno de estos ámbitos. La construcción de nuevos actores y sujetos: el sindicato y el obrero vitivinícola, así como su implicación en procesos políticos de organización y movilización colectiva, marcan la apertura de un nuevo tiempo, donde añejas estructuras se resquebrajan y se puede denunciar, reclamar y demandar ante un agente externo y encontrar respuestas, así como se pueden solicitar y obtener ayudas. Ese horizonte de posibilidades, y ese Estado permeable a ciertas demandas sociales, y que se promueve como garante de derechos, constituyen una eventualidad visto a la luz de las políticas represivas de la dictadura que en los años inmediatos posteriores prohibirá toda acción política, infundiendo terror con la detención y tortura de los dirigentes sindicales locales del SOEV, que protagonizaron el animanazo, también con el secuestro y asesinato del dirigente de la FUSTCA, Felipe Burgos, y la desaparición del gobernador Miguel Ragone. Sin embargo, es un momento paradigmático dado que las reconfiguraciones allí producidas cambian definitivamente el curso de la vida en ese espacio. Esas transformaciones se tornan sustantivas para la comprensión del desarrollo de los procesos sociales en ese sector del Valle en un arco de mediana y larga duración -entre mediados del siglo XX y el presente-, y fundamentales a los fines de encontrar explicaciones históricas para las problemáticas del presente, donde lo político y económico se anudan en torno a los permanentes conflictos y demandas por la tierra, el trabajo y la vivienda.

Notas

^*Andrea Jimena Villagrán es Doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y Licenciada en Antropología de la Universidad Nacional de Salta. Se desempeña como Profesora Adjunta Regular en la Carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Salta y como Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (UNSa-CONICET). Sus investigaciones y producciones se inscriben en el campo de la Antropología política e histórica. Correo electrónico: ajvillagran@gmail.com.

¹A lo largo de todo el texto utilizamos las itálicas para destacar expresiones que no son propias, categorías nativas y nociones que remiten a los sentidos conferidos por los agentes en situaciones y contextos particulares que se especifican en cada caso. En Villagrán (2014) sostuvimos que desde una perspectiva etnográfica la finca, los patrones y los peones conforman una trama situada de interrelaciones sociales, marco en el cual esas categorías adquieren sentidos singulares.

²Los estudios sobre agroindustrias y azúcar en el norte de Argentina ponen el acento en ese aspecto, en la integración de una parte industrial/fabril con otra de cultivos y elaboración de materias primas. Los estudios de Leite Lopes ([1976] 2011), para el caso de Brasil, también destacan esa conformación, en donde la plantación de caña y la usina de elaboración de azúcar, se diferencian y derivan en la heterogénea jerarquización interna de los trabajadores.

³Este aspecto ha sido trabajado en Villagrán, 2015 y en Villagrán & López, 2017.

⁴En el marco de la trama de relaciones, el capataz, como se llama al encargado de controlar el trabajo, se ubica en un punto intermedio entre el patrón y los peones. Según señalan, los capataces supervisaban tareas específicas, por ejemplo “las cuadrillas” de poda o riego, aunque estos respondían a un encargado general de mayor jerarquía.     

⁵La pregunta por las relaciones de poder en el ámbito rural, las formas de dominación y explotación, por algunos definidas como patronazgo y clientelismo, atravesó el desarrollo de la Antropología Social argentina de los años ‘60 y ‘70. La región Noroeste cobró destacado interés en ese sentido. Gatti (1975), analizó la articulación entre sistema de hacienda de la finca Luracatao (Valles Calchaquíes) y el de Plantación del ingenio San Martín del Tabacal (Orán) en Salta. Vessuri (2011 [1971]), tomó por objeto las fincas de Santiago del Estero desde el interrogante por las nociones de igualdad y jerarquía en el contexto de la producción de algodón y la explotación forestal, donde examinó los vínculos y compromisos mutuos entre capataces, peones y patrones. Hermitte & Herrán (2001 [1977]) se interesaron por aquello que definieron como procesos de articulación y la interrelación entre aspectos económicos y estructura de poder en una región de Catamarca.

⁶Tal como se señaló, durante el trabajo de campo se combinaron y articularon distintas estrategias. En ese sentido, las charlas informales con distintas personas que vivieron en la finca, y con algunas que aún hoy viven allí, permitieron acceder a información general y fragmentaria mientras que las entrevistas en profundidad y en sesiones múltiples ofrecieron una vía de ingreso a las percepciones y valoraciones, que resaltaron las diferencias entre el vivir en la finca y el vivir en el pueblo. Las entrevistas en profundidad se llevaron a cabo principalmente con quienes mostraron mayor predisposición al diálogo, puesto que de la finca mucho no se habla públicamente, es un tema que suele evitarse, porque indirectamente involucra a un conflicto irresuelto, a la demanda judicial que Animaná S. A. inició por usurpación al conjunto de familias nucleadas en la Comunidad Indígena Calchaquí San José.       

⁷La noción de configuración proviene de Elías (1996) y posibilita entender que las relaciones que allí se contraen operan como una interdependencia recíproca y asimétrica, donde si bien las posiciones que ocupan los agentes son específicas a esa configuración, también se inscriben en procesos sociales de cambio. Es en esos términos que el vínculo patrón-peón puede pensarse como una configuración.

⁸Las investigaciones enfocadas en aspectos sociales para el tabaco en el Noroeste son escasas, para Salta hay antecedentes recientes de investigaciones antropológicas, ver Agüero (2014; 2018).

⁹Sobre los ingenios azucareros del norte argentino hay abundante literatura de actualidad y especializada, entre otros, ver: Campi (2004; 2009), Michel & Burgos (2005), Gordillo (2006), Teruel, Lagos & Peirotti (2006), Bravo (2008).

¹⁰Entrevista a Jorge, 20/11/2011 en Animaná. En el momento de realización del trabajo de campo Jorge de 80 años, residía en la Finca junto a su madre Catalina, de 98 años. La conversación se llevó a cabo en su casa, vivienda a la que él llamó ranchito, como la de los indígenas de antes: hecha de piedra, barro, madera y paja. Jorge y Catalina eran unos de los pocos que permanecían en la finca. Jorge había trabajado para la firma Animaná, pero quedó desvinculado luego de sufrir un accidente. Uno de sus principales malestares con los propietarios derivaba de no haber recibido una pensión o indemnización por ello. Su rol fue central en la conformación de la Comunidad Indígena y en el proceso organizativo de ésta.

¹¹En Villagrán y López (2017), planteamos que la instancia de la celebración vendimia constituía un momento fundamental dentro del círculo del don, en el que a los patrones les correspondía dar, dispensar comida, bebida y diversión, como agasajo a sus peones. Esa celebración permitía actualizar y reforzar los compromisos interpersonales, reafirmaba la posición de cada quién en ese ordenamiento y permitía mantener vigentes los derechos y obligaciones que los unían y entrelazaban. Allí se ponía en juego la imagen de los patrones, que en ese acto podían ser reconocidos como generosos y buenos patrones. A la vez, el dar también adquiría el sentido de una simbólica redistribución de lo acumulado, cosechado, donde se retribuía el esfuerzo entregado por los peones en las sucesivas jornadas de trabajo.

¹²En otros trabajos nos preguntamos acerca de las etapas y temporalidades de ese proceso, y la transformación de la resistencia a ser expulsados a la disputa de la propiedad del territorio mediante la lucha organizada y la conformación como Comunidad Indígena Diaguita (Villagrán & Sabio Collado, 2015a y Villagrán & Sabio Collado 2015b).

¹³Se trata del expediente N° 71163/03 conformado por dos cuerpos y un total de 386 folios. Se caratula como Juicio de Desalojo, tiene como autor a Animaná S.A y como demandados a distintas personas cuya identidad preservamos. Está radicado en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y Nominación de la provincia de Salta.

¹⁴Entrevista realizada en noviembre de 2011 en Animaná.

¹⁵Lo mismo sucede cuando las fincas y bodegas son adquiridas por nuevos dueños. En Cafayate este proceso se desenvolvió con otra magnitud y con una temporalidad diferenciada, que se impulsó sobre todo con la reconversión productiva neoliberal de los 90s, cuando algunas propiedades pasaron de las llamadas familias tradicionales, de la élite local, a inversionistas extranjeros, ver Villagrán (2013).

¹⁶Los estudios sobre vitivinicultura en Argentina plantean ciertas generalidades a partir de procesos y dinámicas específicas de la provincia de Mendoza, que ocupa el centro de la producción de vinos y que tempranamente se moderniza, industrializa, capitaliza, ingresa al modelo de la Argentina agroexportadora y se integra al mercado de vinos. Jorba (2010), ubica el desarrollo capitalista de la vitivinicultura en Mendoza a partir de 1850.

¹⁷Estado se entrecomilla para destacar que su sentido no está dado. Desde una perspectiva configuracional y procesual que lo asume como una formación histórico-social específica (Elías, 2006), y recupera los aportes antropológicos y de corte etnográfico, el Estado o lo estatal se aborda en términos relacionales, donde adquiere sentidos específicos y situados. En diálogo con Balbi & Boivin (2008), asumimos que el Estado se integra en procesos sociales complejos, que ocupa un lugar en el curso mismo de la vida social y que referencia formas de acción social y tipos de relaciones.

¹⁸Jorge, entrevista realizada en noviembre de 2011.

¹⁹Esta es una expresión que apareció en distintos entrevistados, quienes la utilizaron para ilustrar el malestar que se vivía. Entre ellos Cuca, quien cuando se lleva a cabo este suceso se desempeñaba como maestra en la Escuela del pueblo. Entrevista realizada en septiembre de 2011, en Animaná.

²⁰Según consta en la base de datos del Ministerio de Trabajo, a través de la normativa Nº 274/67 se otorgó personería gremial al Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas de Cafayate el día 7/7/1967, sin embargo, su presencia y accionar se remonta a dos décadas previas. Abrahan & Sanchez, (2006) señalan que una huelga general, convocada en abril de 1949 en Salta, cuenta con la adhesión de los trabajadores de este sindicato.

²¹Relatos sobre ello circularon en el marco de conversaciones informales con trabajadores hoy vinculados al Sindicato -SOEV- en distintos momentos de 2012.

²²Expresión que circuló en las charlas informales en el marco de talleres llevados adelante con miembros de SOEV en septiembre de 2012, con la finalidad de reconstruir las memorias del Animanazo.

²³Abrahan & Soler (2016) reconstruyen el panorama de la organización y movilización de los trabajadores, las acciones que protagonizan, las reivindicaciones que sostienen y caracterizan las tensiones y tendencias de espacio del sindicalismo en Salta en los 70s. Escotorín (2007), por su parte, toma el período 1970-1976. En esta investigación, 1972 constituye un punto de inflexión, por la intensa actividad sindical que lo caracteriza, las tensiones implicadas en la coyuntura electoral por las elecciones de gobernador y el enfrentamiento entre las distintas tendencias del peronismo salteño. Este es el año en que tiene lugar el Animanazo.

²⁴La conferencia de prensa se desarrolló con la participación del Secretario General del SOEV Cafayate, Pablo Ríos, del Secretario Gremial, el Sr. Ángel Ocampo y el Secretario General de la filial Salta, Sr. Florentín Cortez.  Diario El Tribuno de Salta, 15 de diciembre de 1970. (ABHS)

²⁵Según consta en el Estudio Zonal de San Carlos y Cafayate, realizado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia de Salta, para febrero de 1960, los salarios debían constar de $ 44,00, en carácter de jornal, y de prestaciones sin cargo, que comprendían casa y tierra con acceso a agua de una extensión de entre 3 y 5 hectáreas (1960, p 73).

²⁶El Estatuto del Peón Rural constituye, en ese sentido, la medida más emblemática del primer gobierno peronista, dirigido a regular minuciosamente las condiciones de trabajo en el espacio rural -con disposiciones específicas respecto a alimentación, higiene y alojamiento-, fijaba los salarios mínimos y consagraba nuevos derechos (Palacios 2018). Este dispositivo se componía de veintinueve artículos, reconocía treinta y siete categorías de trabajadores rurales y cinco condiciones, entre ellas la modalidad con casa y comida. Contaba con tablas anexas adecuadas a las regiones, provincias y actividades agropecuarias. Este marco normativo se complementa con la ley N°13020 de 1947, dirigida a legislar la situación de los peones temporarios, con ello ya se disponía de los instrumentos legales para regular el trabajo rural. Sin embargo, pese también a que se crearon instancias como las comisiones nacionales de trabajo rural, delegaciones regionales de trabajo, comisiones paritarias y se suscribieron diferentes convenios nacionales y provinciales -que anualmente actualizaban los montos salariales-, tal como distintas investigaciones mostraron, la aplicación y el cumplimiento de estas disposiciones tuvo claros límites y generó reacciones adversas, como las que protagoniza la Sociedad Rural. Ello habilita preguntarse respecto a la efectiva intervención y el impacto del Estado Social del primer peronismo en el ámbito rural. Un factor a considerar al respecto es el lugar de las élites terratenientes en los entramados provinciales de poder, su peso e influencia para contener, limitar e incluso permitir la violación de los derechos laborales y sociales. Particularmente en Salta las políticas de los distintos gobiernos peronistas no han sido estudiadas en profundidad y tampoco las referentes a cuestiones laborales, se cuentan con investigaciones fragmentarias y no hay indagaciones que reconstruyan  la compleja conformación del partido peronista local, las disimiles trayectorias y origen social de sus integrantes, las tensiones, disputas y enfrentamientos que caracterizan a los distintos gobiernos peronistas y su relación con las élites.

²⁷Materiales inéditos elaborados por la FUSTCA, consultados en el anexo documental disponible en Rodríguez (2009). Tesis de Maestría en Políticas Sociales Movimientos sociales en Salta: Felipe Burgos y la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y Afines (FUSTCA), Universidad Nacional de Salta.

²⁸Quien provenía de una militancia en el cristianismo influido por la teología de la liberación y el movimiento de sacerdotes tercermundistas (Escotorín 2007). Su forma de trabajo combinaba reuniones zonales y locales, plenarios, asambleas y jornadas de capacitación sindical. En mayo de 1965, fundó en su casa el Centro de Promoción Rural San Isidro Labrador en Las Lomitas (Rosario de Lerma), vinculado con la Acción Católica (Rodríguez, 2009). En 1972 fue detenido y acusado de portación ilegal de armas abriéndose un prontuario policial donde se lo identifica como gremialista. Prontuario que marca su destino final, el secuestro apenas iniciado el golpe militar de marzo de 1976 y luego su asesinato. Su expediente integra el conjunto de legajos disponibles en el Archivo Provincial de la Memoria de Salta. Este dirigente asumirá a su cargo una dependencia estatal, como parte de los funcionarios designados por el gobernador peronista Miguel Ragone, y desde ese ámbito se diseñará un plan de políticas sociales y acciones de gobierno dirigidas a favorecer a los sectores que define como históricamente postergados y resolver problemas estructurales, proceso truncado por la dictadura militar.

²⁹Estas declaraciones se publicaron en el Diario el Tribuno, 14/5/1972 (ABHS). A razón de su participación en la I Conferencia Latinoamericana sobre Reforma Agraria (Quito), Burgos fue nuevamente entrevistado y denunció “las condiciones de miseria, explotación y marginación del campesino” y sostuvo que la injusta tenencia de la tierra y distribución de las riquezas han generado alarmante desempleo, éxodo rural y la desintegración de la familia campesina, Diario El Tribuno, 11/7/1972 (ABHS). Días después en una reunión de prensa convocada en el CGT Salta, anunció el trabajo que se encontraba realizando para desarrollar las Ligas Agrarias de Salta y Jujuy, Diario Norte 16/7/1972 (ABHS).

³⁰Se desempeñó como secretario del Dr. Ramón Carillo en el Ministerio de Salud, durante la primera y segunda presidencia de Perón. En 1973 fue electo gobernador por el FREJULI. A finales de 1974 su gobierno es intervenido y el 11 de marzo de 1976 fue secuestrado y luego desaparecido.

³¹Materiales inéditos elaborados por la FUSTCA, consultados en el anexo documental disponible en Rodríguez (2009). Tesis de Maestría en Políticas Sociales Movimientos sociales en Salta: Felipe Burgos y la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y Afines (FUSTCA), Universidad Nacional de Salta. 

³²No es posible dar cuenta aquí de la profusa producción sobre peronismo y los debates en torno a los derechos sociales y la llamada justicia social en Argentina. Palacio (2018), realiza una pormenorizada investigación sobre la que nombra como justicia peronista. Pueden también consultarse diversos trabajos que ponen el acento en las dificultades que presenta asumir el peronismo en los términos de un fenómeno homogéneo, advirtiendo la necesidad señalar los matices locales que asume y el modo en que se provincializa acorde a dinámicas variopintas y extracéntricas. En ese mismo sentido, las periodizaciones y las temporalidades también requieren complejizarse y relativizarse de acuerdo a los procesos provinciales y locales.  El trabajo de Macor & Tcach (2003) constituye un puntapié inicial en esa dirección.   

³³Ortiz Bergia & Salomón (2017) plantean que el derecho a la vivienda en el marco de las políticas generales peronistas forma parte de un programa de democratización del bienestar que impactó fuertemente en el espacio urbano, mientras que las iniciativas estatales sobre vivienda en el espacio rural permanecieron con relativa vacancia. La noción de brecha de bienestar es sugerente al respecto. 

³⁴Esto motivó en 2012 a la conducción del SOEV Cafayate a encarar un trabajo de reconstrucción de las memorias del Animanazo. La dirigencia entiende que las memorias de aquella lucha triunfante del pasado, donde pelearon todos juntos, puede volverse un ejemplo para fortalecer y alentar las luchas del presente. Detalles sobre esto pueden encontrarse en Villagrán & López (2016).

³⁵Diario el Tribuno, 20/7/1972 (ABHS)

³⁶Estos temas han sido objeto de otros trabajos, sin embargo, aquí es sustantivo mencionar que algunos participantes de aquellas acciones sufrieron sanciones y castigos, los dirigentes de SOEV Animaná y Cafayate: Pablo Ríos e Inocencio Ramírez fueron detenidos, el mes posterior a los sucesos, en agosto de 1972, junto con el representante legal del Sindicato Dr. Mera Figueroa. Consiguieron la libertad en inmediata respuesta a una movilización de alrededor de 800 personas, que se convocaron en Cafayate para exigirlo. Hay trabajadores que tras formar parte de las medidas y acciones del Animanazo fueron despedidos, y los dirigentes sindicales, y caras más visibles de la organización y movilización el 24 de marzo de 1976 fueron detenidos y trasladados a Salta incomunicados. Pablo Ríos, permaneció privado de libertad y sufrió vejaciones diversas por las que resultó con lesiones. Su caso integra la Mega Causa, que contiene diversos juicios por violación de derechos humanos en Salta. 

³⁷Diario Norte, 21/7/1972 (ABHS).

³⁸El 26 de diciembre de 1946 es promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial la Ley N° 798, que dispone la creación de un Hogar-Escuela Agrícola Ganadero en la localidad de Cafayate. En su artículo segundo se declara de utilidad pública la finca La Banda, de una extensión de 794 (con 46 has de viñedos, una bodega y una amplia casa habitación), en el marco del mandato del primer gobernador peronista de Salta, Dr. Lucio Cornejo Linares (1946-1949). Mensaje del Gobernador de Salta Lucio Cornejo Linares al inaugurar el segundo periodo de sesiones legislativas, mayo de 1947. Biblioteca Provincial de Salta Dr. Victorino de la Plaza (ABHS).

³⁹Diario El Tribuno 30/7/1972 (ABHS).

⁴⁰En su investigación sobre las estadísticas y la economía en Argentina entre 1918 y 1952, y la construcción de estas disciplinas como saberes de Estado, Pantaleón (2009), plantea que el rótulo de esta entidad denota la afinidad e influencia de los alumnos de Alejandro Bunge, en el Instituto Bunge de Investigaciones Económicas y Sociales. Rafael Loré, designado para dirigir esa entidad en Salta, además había sido colaborador del Instituto de Sociología de la UBA, a cargo de Ricardo Levene.

⁴¹Ese nuevo agente de las Estadísticas se dividió en 4 secciones: Demografía y Ocupación, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Economía y Producción. En Santiago de Estero tuvo lugar el Primer Congreso Regional de la Planificación Integral del Noroeste Argentino, entre el 2 y 7 de septiembre de 1946. Particularmente esta reunión tenía como lema Vivir y Habitar. Contribuciones al estudio del problema de la vivienda.

⁴²Estudio Social y Económico de los Valles Calchaquíes, publicación n 8, 1952, p37. Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas. Dirección de Estadística, Investigaciones Económicas y compilación mecánicas, Salta (ABHS).

⁴³Estudio Zonal de San Carlos y Cafayate, 1959, p73. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia de Salta y Dirección Regional de Estimaciones Agropecuarias (Biblioteca de la Dirección General de Estadística de Salta).

⁴⁴Ya en el Estudio de 1952 (EESVC), se advertía el crítico estado de situación al respecto, señalándose que “En 1937 existían 2171 viviendas en las explotaciones agropecuarias de la región y una población estimada en 17000 personas, lo que daba un promedio de 7,83 personas por vivienda, todo lo cual indicaba una apreciable deficiencia”.

⁴⁵Estudio Social y Económico de los Valles Calchaquíes, publicación n 8, 1952, p 37. Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas. Dirección de Estadística, Investigaciones Económicas y compilación mecánicas, Salta (ABHS).

⁴⁶Mensaje del Sr. Gobernador de la Provincia de Salta Dr. Miguel Ragone, a la Asamblea Legislativa- Salta 25 de Mayo de 1974. p 55 (Biblioteca Armando Caro, Cerrillos, Salta).

⁴⁷Algunos funcionarios de Ragone provienen directamente de organizaciones sociales y sindicales, como Felipe Burgos (FUSTCA) y Guillermo Alzaga (CGT). Así, demandas elaboradas desde esos espacios se transforman inmediatamente en un programa de políticas públicas y se traducen al organigrama estatal.

⁴⁸Estos formularios están archivados en la oficina municipal de Animaná.

⁴⁹Con la sanción de la ley provincial N° 5167 de 1977, se transforma el Instituto Provincial de la Vivienda en I.P.D.U.V, Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, ente al que se le reconocen entre otras atribuciones  establecer programas de radicación de población, intervenir en la nueva localización de núcleos habitacionales urbanos o rurales, organizar la acción gubernamental tendiente a la obtención de soluciones habitacionales, proponer trabajos de mejoramiento de las condiciones de viviendas y de la vivienda rural, difundir la formación y mantenimiento de hábitos higiénicos y fomentar la tipificación de las viviendas.

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Recibido: 09/01/2019
Aceptado: 08/10/2019