ARTÍCULOS
Informal Settlements in the South of Buenos Aires’ Periphery: Origins, Organization and Habitat Policies
María Cristina Cravino*
Pablo Vommaro**
Resumen: Este artículo abordará el surgimiento de los asentamientos populares por ocupación que se produjeron en el final del último gobierno militar en la Argentina (1976-1983), como respuesta a la crisis habitacional producida por las políticas macroeconómicas y urbanas de dicho gobierno. El objetivo de este trabajo es reconstruir las modalidades de ocupación en las que los sectores populares conformaron estos barrios, así como las tramas de organización social, política y religiosa que los alimentaron. Por otra parte, nos interesa analizar la perspectiva de los habitantes en lo que significó otra forma de autourbanizar la ciudad metropolitana que se extendió en el tiempo hasta la actualidad.
Palabras claves: Asentamientos informales; Área Metropolitana de Buenos Aires; Organización barrial; Sectores populares; Políticas públicas de hábitat
Abstract: This paper will discuss the emergence of informal settlements which were encouraged by the housing crisis caused by macroeconomic and urban policies at the end of the last military dictatorship in Argentina (1976-1983) On one hand, the aim of this paper is to reconstruct the modes of occupation used by the popular sectors to develop these neighborhoods, as well as the social, political and religious organizations that fueled them. On the other hand, we are interested in analyzing the inhabitants’ views concerning another way of “auto urbanizing” the metropolis which has been maintained till the present.
Keywords: Informal settlements; Área Metropolitana de Buenos Aires; Grassroots organization; Popular sectors; Habitat public policies
Este trabajo abordará el proceso de surgimiento de una modalidad de conformación de barrios populares por ocupación que se presentó como novedosa en la Argentina para comienzos de los años ochenta: los asentamientos o tomas de tierras. Estos se produjeron entre agosto y diciembre de 1981 y dieron lugar a seis barrios en los municipios de Quilmes y Almirante Brown (sur del Conurbano Bonaerense): La Paz, Santa Rosa, Santa Lucía, El Tala, San Martín y Monte de los Curas (actual Barrio 2 de abril). Esta estrategia colectiva apuntó a enfrentar el empeoramiento de las condiciones habitacionales provocado por las políticas económicas, sociales y urbanas de los gobiernos militares que constituyeron el autodenominado Proceso de reorganización nacional, que se extendió entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.
Estos sucesos van a ser abordados, tomando en cuenta cuatro cuestiones: a) En primer lugar, constituyeron acciones disruptivas en el contexto del gobierno dictatorial. Se trata de microresistencias colectivas que no enfrentaban al poder del gobierno en sí, porque significaban formas de autoresolución de sus necesidades de vivienda, pero que fueron realizadas por medio de organización barrial densa, lo que desafiaba la prohibición a todo tipo de asociatividad con sentido político de ese momento; b) complementario a ese primer eje, la necesidad de considerar el rol de la Iglesia Católica, organismos de derechos humanos y los partidos políticos (que comenzaban a reorganizarse por esos años), en la conformación de esos barrios, bajo una nueva modalidad de organización territorial. Estas estrategias de contención y formación no son lineales y generaron aprendizajes sociales que dejaron huellas en el derrotero de la trama organizativa de estos barrios; c) las formas organizativas barriales, ancladas en el hacer co-construyeron modos de vínculos con el Estado en sus tres niveles (municipal, provincial y nacional), caracterizados por la permanencia en el tiempo de demandas socio-urbanas y una politicidad poliforme que se fue dispersando en instituciones locales especializadas, comunitarias y en algunos casos profesionalizadas; y d) Las políticas de hábitat que comenzaron apenas recuperada la democracia fueron una marca relevante en estos barrios y generaron dispositivos de obtención de recursos por parte del Estado local, que los adoptaron como territorios focalizados de diversos programas sociales.
La metodología utilizada para este trabajo fue de tipo cualitativa, basada en la técnica de entrevistas en profundidad y semiestructuradas y el análisis de documentos oficiales y de las organizaciones barriales. En este artículo se busca articular dos investigaciones que se realizaron en forma paralela en dos momentos distintos: una a fines de la primera década de los 2000 (entre 2007 y 2010, complementada con dos entrevistas realizadas en 2016 en un regreso al campo en el marco de otro proyecto) y otra a mediados de la década de 2010 (entre 2014 y 2016). En la primera, se realizaron 14 entrevistas en profundidad a diferentes protagonistas de los asentamientos de 1981, a la vez que se relevaron documentos producidos por las organizaciones que colaboraron con esta experiencia y que surgieron de las tomas de tierras y diarios locales entre 1979 y 1983. En la segunda se realizaron 11 entrevistas a pobladores que estuvieron en los orígenes del barrio 2 de abril de Almirante Brown, siendo 6 de ellos fundadores de organizaciones barriales (comisión vecinal, comedores, asociaciones de agua, guarderías infantiles, etc.) y complementariamente se analizaron documentos de difusión producidos por la comisión barrial.
La estructura del artículo que presentamos es la siguiente: primero introduciremos sintéticamente las políticas urbanas y habitacionales, en particular del último gobierno militar. Luego se describirá el proceso de conformación de los asentamientos y consecutivamente los modos de microresistencia popular a los intentos de desalojo, al mismo tiempo que se construía materialmente el barrio y configuraba la organización vecinal interna. Analizaremos la centralidad de vínculos con organismos de derechos humanos, religiosos y políticos en el surgimiento y permanencia de la ocupación. Luego, se expondrán las transformaciones y continuidades de estas organizaciones en los años siguientes al reinicio del estado de derecho (1983), la articulación con el Estado y la implementación de políticas públicas en estos espacios. Finalmente, se presentarán algunas reflexiones sobre la experiencia analizada.
Los sectores populares ensayaron diferentes estrategias de hábitat en la Argentina de acuerdo a la coyuntura histórica, las ofertas estatales y del mercado, así como sus capacidades organizativas y de demanda. Las villas, barrios generados por la ocupación de suelo vacante en áreas intersticiales, emergieron cuando los conventillos fueron prohibidos bajo argumentos higienistas y moralistas y comenzaron a cerrarse. Aunque parecía un fenómeno provisorio en las décadas del ‘30, ‘40 o ‘50, en los años siguientes continuaron como una de las formas posibles de habitar la ciudad cuando no se contaba con recursos para acceder por otros medios a una vivienda. En paralelo, la urbe se expandió por medio de los denominados loteos populares u obreros entre las décadas de 1940 y fines de la de 1970. Eran parcelas compradas en cuotas fijas, que garantizaban el acceso al suelo urbano a bajo costo, pero sin asegurar infraestructura o servicios. Éstos debían ir obteniéndose por medio de un trabajo continuo de demanda al Estado y gracias a la conformación de organizaciones vecinales. Los loteos albergaron, tanto a los sectores de bajos recursos como a sectores de ingresos medios de la Argentina. De esta forma, la modalidad de habitación de alquiler fue perdiendo peso, aunque nunca desapareció. Como veremos, este acceso al suelo relativamente barato se clausuró -en Argentina como parte de un cambio disruptivo de contexto económico-político- durante la última dictadura militar y así, estas estrategias populares tuvieron que modificarse.
El golpe de estado que impuso la dictadura militar entre 1976 y 1983 llevó a cabo una serie medidas que describiremos de forma sintética y que es necesario revisar para comprender el proceso de surgimiento de los asentamientos en la periferia del Conurbano Bonaerense en 1981. Diferenciaremos estas políticas en tres grupos con fines analíticos, asumiendo que las mismas se encuentran estrechamente relacionadas.
En primer lugar, el gobierno de facto instaló una serie de políticas económicas orientadas en preceptos neoliberales, que proponían libertad de mercado y, por lo tanto, su desregulación. En consonancia con esto, se procedió a una reforma del Estado, que debía tener un rol mínimo, en particular referido a temas de seguridad interna. No obstante, según Iramain (2013) dentro del gabinete del Ministerio de Economía, a partir de pujas internas, se dieron al mismo tiempo acciones guiadas por el principio de subsidiariedad del Estado que, de manera paradójica, implicaban una fuerte intervención del Estado en el proceso económico. La apertura económica significó la desindustrialización, el crecimiento de la desocupación y subocupación y la caída del salario real. Esto impactó en el deteriorio de la calidad de vida de los sectores populares y las clases medias. Por su parte, la habilitación de modalidades de indexación hizo que muchas de las familias que habían comprado un lote o una vivienda en cuotas, los perdieran por no poder pagar las cuotas a las que se les sumo intereses de financiación. Mientras tanto, algunos grupos económicos acrecentaron sus ganancias como contratistas del Estado y las empresas ganaron en rentabilidad por la caída del salario. Según Jozami, Paz & Villareal (1983) se produjo un vasto proceso de reestructuración social tendiente a fortalecer las bases de dominación y fragmentar a las clases subalternas. Para lograr más ampliamente esta meta se utilizó una política represiva enfocada sobre todo hacia la clase trabajadora. El efecto, según los autores, éstos fueron años de una homogeneidad hacia arriba y heterogeneidad hacia abajo.
En segundo término, el gobierno de facto también desarrolló particulares políticas urbanas que fueron estudiadas de forma exhaustiva por Oszlak (1991) y por Yujnovsky (1984). Según estos autores, las mismas consistieron en: 1) erradicación de villas de la Ciudad de Buenos Aires; 2) construcción de autopistas que atravesaron áreas urbanizadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, por lo tanto, produjeron una consecuente expropiación y demolición de viviendas; 3) creación del ente Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y de la autopista ribereña; 4) relocalización industrial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que fue cumplida parcialmente. Por su parte, la liberalización del precio de los alquileres hizo que muchas familias no pudieran pagar su costo y se vieran obligadas a dejar sus viviendas. A su vez, la destrucción de miles de edificios residenciales para la construcción de las autopistas causó un fuerte impacto en los inquilinos que no lograron pactar precios acordes en las nuevas locaciones. Continuando con el proceso segregador y expulsivo, la erradicación de las villas de la Ciudad de Buenos Aires implicó el traslado de casi 200.000 personas a otros sectores del área metropolitana, a las provincias o a países limítrofes sólo entre 1977 y 1979. Esta acción fue realizada por medios compulsivos.
No hay registros precisos de los lugares hacia dónde se trasladaron las personas que vivían en las villas y fueron erradicadas, pero sabemos a partir de entrevistas a villas del Conurbano Bonaerense, que muchos fueron dejados allí o en algunos terrenos baldíos degradados cercanos a esos barrios. Eso generó muchas familias en peores condiciones habitacionales que las que dejaron, con mayores dificultades de obtener ingresos por perder su localización y casi sin pertenencias. Según datos oficiales provistos por los propios organismos encargados de la erradicación, el 75% se trasladó a terrenos propios, un 11,5% abandonó las villas por sus propios medios relocalizándose con amigos o familiares y un 13,5% fue traslado al interior o al exterior del país o a otros asentamientos precarios del área metropolitana (Oszlak, 1991). Siguiendo esa fuente sólo unos pocos obtuvieron un crédito para la vivienda y fueron menos aun las personas que se trasladaron a barrios construidos por medio de cooperativas organizadas por sacerdotes de la Iglesia Católica. Sin embargo, este autor postula, tomando otras fuentes, que las cifras presentadas no son verídicas ya que en lo que respecta al grupo mayoritario de desplazados se ocultan otras formas de resolver el problema habitacional. Así, son muchos los que fueron a compartir vivienda con parientes o a otros asentamientos en el Conurbano Bonaerense e inclusive, se trasladaron a otras villas de la Ciudad de Buenos Aires (como la de Mataderos). Esto generó conflictos internos dentro del gobierno militar, ya que los intendentes de los municipios periféricos a la Ciudad de Buenos Aires consideraban que no estaban en condiciones de atender a esta población recién llegada. Por otra parte, esta política erradicadora fue replicada en algunos distritos del área metropolitana, pero de ello no hay estudios realizados. Muchos de estos desplazados de la ciudad formaron parte de los nuevos asentamientos de comienzos de la década de 1980 o posteriores. Estas formas de violencia dejaron marcas en la subjetividad de los grupos de menores recursos de los sectores populares, que se expresan en el miedo al desalojo aun presente décadas después en las villas y asentamientos y en la mención espontánea en los discursos acerca de la erradicación masiva realizada durante la última dictadura militar.
Paralelamente, en la Provincia de Buenos Aires (jurisdicción donde se encuentran los municipios conurbanos de la Ciudad de Buenos Aires) en 1977 el gobierno militar promulgó el Decreto ley 8.912 de uso del suelo. Con esto se propuso interrumpir el veloz crecimiento de los llamados loteos obreros, la modalidad predominante de acceso formal al suelo urbano para los sectores populares. Esta norma marcaba nuevos estándares de urbanización y prohibía realizar loteos para usos urbanos sin la infraestructura correspondiente. Esto conllevó un aumento considerable en los precios del suelo e interrumpió la autorización de nuevos parcelamientos conduciendo así, junto a otros factores, a que los sectores populares pasaran a la informalidad urbana. No es casualidad que pocos años después de estas medidas surgiera la modalidad de la ocupación organizada de tierras vacantes, conocida como asentamiento cuyas características detallaremos en el siguiente apartado.
En tercer lugar, el gobierno dictatorial desplegó el genocidiocomo política de Estado. Para esto, utilizó como tecnología de poderla desaparición de personas a fin de llevar acabo el aniquilamiento de las fracciones sociales que consideró subversivas (Camelli, 2011). Se crearon decenas de centros clandestinos de detención que albergaban a los presos sin reconocimiento oficial. También se prohibió la actividad a los partidos políticos y se estableció el control de la comunicación pública. Todo esto, sin duda, impactó en las organizaciones territoriales y en particular en las villas, que habían logrado un lugar relevante en la vida política urbana. La experiencia formativa perdura y se trasmite entre grupos subalternos pero el contexto no las permitía.
En efecto, la erradicación de las villas se apropió de la tecnología represiva y estuvo acompañada y sustentada en secuestros, detenciones, torturas y desapariciones de dirigentes villeros o de militantes de partidos políticos que desarrollaban actividades allí. También se registraron deportaciones de los habitantes extranjeros. Blaustein (2006) da cuenta de los relatos del terror vivido en estos barrios, que incluían a los sacerdotes y colaboradores de la Iglesia Católica que desarrollaban tareas allí. Por esta razón consideramos que la autoproducción de nuevos barrios se constituyó en modos de resistencia en la práctica, tanto de los sectores populares involucrados como las fracciones de la Iglesia Católica que los conformaron. Esto se realiza, no obstante, sin un discurso contestatario o desafiante hacia el gobierno de facto. Por el contrario, estuvieron guiadas por estrategias de invisibilización.
Las leyes y políticas implementadas por la última dictadura militar, junto con las transformaciones económicas promovidas durante este período, como se indicó precedentemente, crearon una situación en la cual amplios sectores de la población fueron empujados a la pobreza y encontraron un lugar para vivir en la periferia de las ciudades, donde se produjeron las primeras ocupaciones de tierras. Estos asentamientos presentaban diferencias respecto de las villas en una variedad de aspectos.
Por un lado, los asentamientos fueron el resultado de una ocupación organizada, desarrollada en un momento específico y acotado. Los ocupantes invadieron colectivamente parcelas de tierra vacante pública o privada, sobre las cuales construyeron velozmente sus primeras viviendas con materiales precarios, las que luego, fueron mejorando y construyendo en firme. Las villas, por su parte, se generan por una agregación más espontánea, generalmente individual y a lo largo de un período extenso. Allí las viviendas suelen ser más precarias, prolongándose el proceso de mejoras y consolidación habitacional.
Además, los asentamientos difieren de las villas en su forma urbana: las últimas, densamente pobladas, crecieron de manera agregada, sin ningún patrón prefijado de distribución del espacio, mientras que los asentamientos presentaron una forma urbana definida, con terrenos delimitados en parcelas y el amanzanado rectangular que continía al de la ciudad formal. De esta manera buscaron seguir los requerimientos de la normativa y dieron continuidad a la trama urbana. Mientras las villas tendían a estar ubicadas en áreas centrales de la ciudad y en tierras fiscales (Capital Federal y primer cordón del Conurbano Bonaerense), los asentamientos predominaban (y aún lo hacen) en la periferia urbana metropolitana y en terrenos privados (Cravino, 1998).
Podemos identificar una lógica que puede explicar la forma espacial y organizativa que predomina en la conformación de estos barrios. Por un lado, los primeros asentamientos generaron una estrategia defensiva hacia un Estado hostil, que respondió a su presencia con acciones orientadas hacia su erradicación (Merklen, 1991). Comparados con las ocupaciones llevadas a cabo en forma aislada por individuos o grupos familiares, las alternativas colectivas y organizadas tenían mejores posibilidades de resistir los intentos de desalojo debido a su visibilidad y la organización social que los sustentaba. Esto también explica su ubicación en la periferia urbana, en tanto había menos incentivos para reaccionar de parte de los propietarios de los terrenos (ya sean estatales o privados), además porque por lo general, éstos no eran aptos para el loteo debido a estar cercanos a basurales, en áreas inundables o simplemente muy alejados de los medios de transporte1.
A diferencia de las villas, los asentamientos han estado desde sus inicios orientados hacia la regularización de la situación de tenencia del suelo y sus habitantes han intentado activamente obtener su legalidad a través de la organización y las demandas ante el Estado. Este aspecto también permite explicar por qué esta forma de ocupación intenta cumplir con los parámetros establecidos en la legislación de usos del suelo, tales como la dimensión mínima de cada lote, anchos de calle, entre otros.
La idea de no hacer una villa como meta declarada por los ocupantes de los asentamientos era un modo de legitimar el pedido de futura regularización dominial, consolidar la conquista espacial lograda y, al mismo tiempo, evitar el estigma que conlleva aquella forma de habitar en la ciudad (Cravino, 2009). Esto también podría evitar algunos conflictos con los barrios del entorno, aunque en muchos casos no sucedió (Merklen, 1991). Aun cuando compartían con las villas la situación de estar fuera del marco legal y albergar poblaciones con niveles similares de ingresos o posición laboral, en términos de identidad percibida, desde la perspectiva de los residentes, el asentamiento debiera ser claramente distinguido por la búsqueda la integración urbana y las mejores condiciones de vida logradas mediante la regularización dominial del suelo que ocupaban (Fara, 1985). El resto de la sociedad, en general, no recabó en esta distinción y la estigmatización que recibieron ambas estrategias de producción de hábitat popular fue similar (Cravino, 2009).
Estas diferenciaciones también se manifestaron entre los denominados barrios viejos -loteos conformados con anterioridad al proceso de tomas de 1981- y los nuevos asentamientos surgidos con posterioridad. En muchas de las entrevistas realizadas nos dimos cuenta que los vecinos de la zona construían esta distinción simbólica que, sin embargo, es muy difícil de comprobar en la actualidad en lo referido a los aspectos urbanísticos y de trama urbana, ya que los asentamientos están asimilados a los barrios viejos y en muchos casos tienen una infraestructura más completa que éstos. En este sentido, coincidimos con Cuenya (1984) cuando plantea que estos nuevos barrios -asentamientos- lograron la urbanización y los servicios básicos, incluso antes que los viejos barrios de loteo gracias a las iniciativas de auto-organización de sus habitantes que se sustentaban en prácticas y redes locales.
La situación de proscripción de los partidos políticos y el repliegue de las formas organizativas populares territoriales o sindicales en Argentina, le otorga a las tomas un carácter defensivo (pasar desapercibido a los ojos del Estado autoritario) y no el de una disputa política, como sucedió en muchas ocasiones en Chile de aquellas décadas.
Como se explicó previamente, las tomas de tierra que se desarrollaron en los partidos de Quilmes y Almirante. Brown entre los meses de agosto y noviembre de 19812 dieron lugar a la organización de seis asentamientos: La Paz, Santa Rosa, Santa Lucía, El Tala, San Martín y Monte de los Curas (actual Barrio 2 de abril) (Figura 1). De este proceso, que significó la ocupación de unas 211 hectáreas, participaron alrededor de 4.600 familias, es decir unas 20.000 personas aproximadamente (Vommaro, 2009a).
En cuanto a los procesos organizativos previos que confluyeron en estas ocupaciones de suelo, hay diversas interpretaciones y trabajos que las sustentan.
Para algunos autores, estas experiencias poseen una impronta sindical y fabril, en tanto pervivencia del proceso de la década de 1970 (Aristizabal e Izaguirre, 1988). Las coordinadoras fabriles que existieron en la zona sur del Conurbano Bonaerense en la primera mitad de dicha década y experiencias de lucha obrera que se articularon con los barrios circundantes a las fábricas en conflicto podrían abonar estas lecturas.
Figura 1. Ubicación de los seis asentamientos en los Municipios de Quilmes y Almirante Brown
Fuente: elaboración propia sobre la base del Registro Público de Villas y Asentamientos de la Provincia de Buenos Aires.
Sin desconocer estas interpretaciones y su lugar explicativo en la génesis de estos procesos, desde nuestra perspectiva y a manera de hipótesis, dichos procesos se potenciaron en el acontecimiento mismo de las tomas y se fueron fortaleciendo en las dinámicas comunitarias que allí se expresaron y desplegaron. En este sentido, resaltamos algunos procesos organizativos previos que resultan claves para entender las formas barriales. Por un lado, las experiencias agrarias de los migrantes internos al igual que el aporte de militantes que antes de 1976 participaban en sindicatos y partidos políticos e incluso en organizaciones políticas que adoptaron las armas como Montoneros vinculados al Partido Justicialista (Vommaro, 2009a, 2009b). Por el otro, remarcamos que resultó especialmente relevante el acompañamiento de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), las que impulsaron el proceso. Estas surgieron en América Latina como expresión de los cambios que se produjeron en la Iglesia católica luego de la Segunda Guerra Mundial. Según Magne (2004: 40) eran
pequeños grupos religiosos casi siempre creados por representantes pastorales -obispos, sacerdotes, monjas-, quienes se reunían en iglesias, casas o centros comunitarios dedicando la mayor parte del tiempo al estudio y lectura de la Biblia. En contraste con la parroquia tradicional, acentuaban la participación la igualdad, el liderazgo seglar, la toma de conciencia y la militancia socio-política.
Así, las CEBs, en tanto espacios vinculados con la Iglesia católica con una impronta barrial importante, constituyeron una forma alternativa de vínculo entre la Iglesia y los conflictos sociales que comenzó a consolidarse décadas atrás. Tuvieron la particularidad de permitir un rol protagónico de mujeres y jóvenes ya fuese mediante la aparición de sacerdotes comprometidos con la práctica social y política o de grupos de jóvenes laicos organizados, además de atribuir una especial importancia a lo territorial/barrial en sus modos de acción y participación. Éstas lograrían interpretar y potenciar las necesidades organizativas latentes en las comunidades movilizadas tales como la horizontalidad y la discusión de jerarquías, la democracia directa, la acción directa, la creación de tiempos y espacios propios y la dinámica asamblearia.
En 1980 había entre cincuenta y sesenta CEBs en la Diócesis de Quilmes. Eran grupos de entre veinte y treinta jóvenes coordinados por un animador, elegido por ellos. Es decir, para ese año había más de mil jóvenes organizados y vinculados a la Iglesia a través de una Parroquia, en este caso la de Itatí. Se reunían para discutir cuestiones relativas al Evangelio y a la tarea evangelizadora, pero tomando como punto de partida la realidad que vivían. Así, se ocuparon de buscar soluciones a conflictos locales, ya fuesen vinculados a cuestiones personales o más generales. Estaban organizados en áreas de trabajo y había un responsable por cada proyecto que se llevaba adelante. Como afirma Guzmán (1997), en las comunidades impulsadas por el padre Berardo se promovía la descentralización de los sacramentos -bautismo, comunión- y la catequesis.
Las Comunidades estaban organizadas en forma horizontal y participativa y estaban basadas en el trabajo cotidiano a partir de los problemas concretos tanto de sus miembros como de la comunidad de fieles a los cuales se dirigían. A partir del número de Comunidades que existía en Quilmes en el último año de la década de 1970 y el primero de la de 1980, podemos afirmar que entre cincuenta y sesenta jóvenes -los animadores- asumían trabajos de coordinación y tenían experiencia en dinámica de grupos, ejecución de proyectos y toma de decisiones. Estos jóvenes constituyeron el Consejo Pastoral de Comunidades que se reunía periódicamente.
Partíamos bien de las necesidades de este grupo de veinte, y que por ahí integraban en otros cuarenta, en otras hasta cien familias en los cuales...que se yo...el problema que tenemos hoy entre los veinte es que tal está enfermo...bueno, vamos todos a verlo, bueno, que tal se le murió no se quien...bueno vamos a acompañar a la viuda o problemas así muy concretos3.
Y hace que seas comunidad, donde eh ya el jefe no está más...es... se comparte, cada palabra tiene un valor y en eso valorás cada persona, cada historia4.
En los barrios conformados, la manzana se constituyó como la unidad organizativa mínima al menos en cuatro dimensiones: a) la espacial -distribución de los habitantes en el asentamiento y demarcación de los lotes; b) la habitacional -construcción de las viviendas en principio unifamiliares en los lotes asignados-; c) la social -como espacio de sociabilidad e integración de nuevos vecinos-; y d) la organizativa propiamente dicha -la asamblea inicial de la que emanaban todas las decisiones se realiza en este ámbito- (Vommaro, 2009a, 2009b).
Pueden distinguirse tres elementos principales en la experiencia de los asentamientos durante la d écada de 1980: por un lado, las formas organizativas definidas por la horizontalidad y la democracia directa. En segundo lugar, la acción directa, la creación de tiempos y espacios propios y la dinámica asamblearia. Allí la politicidad barrial configura una militancia político-social desde lo cotidiano que fue alternativa y, a la vez alterativa, respecto de la lógica estatal. En tercer lugar, los procesos de subjetivación que se constituyeron a partir de los espacios comunes o comunitarios que configuraron una experiencia de autoafirmación.
Tanto las CEBs como sus animadores constituyeron una red organizativa importante que sostuvo, en gran parte, los asentamientos sobre todo en los primeros meses. Numerosos testimonios refieren al padre Raúl Berardo como un impulsor de las tomas. Además, la Parroquia Nuestra Señora de Itatí era un referente importante para quienes se acercaban a San Francisco Solano desde zonas aledañas en busca de tierra. Allí se daban los números a los que correspondía cada lote, se reunían las CEBs y, una vez constituidos los asentamientos, el lugar funcionaba también como sede habitual de la Comisión Coordinadora que articulaba los nuevos barrios con los espacios que apoyaba este proceso.
Podemos concebir, además, a las CEBs como espacios en donde se concentraron y expresaron las principales características de las formas organizativas que adoptaron los nuevos barrios. Sin embargo, es en el proceso de ocupaciones -que en su dinámica de masificación desbordan a las CEBs- en donde estas formas organizativas, la lógica político-social y las nuevas subjetividades se expresan y potencian. Por otra parte, estas organizaciones eclesiales tenían una doble dimensión. Por un lado, fueron espacios de refugio o contención para militantes de la década de 1970 a los que la dictadura militar les había cerrado o restringido sus espacios de acción. El amparo de la Iglesia Católica servía como resguardo para mitigar el peligro de la represión genocida sobre los activistas en la época. Por otro, las CEBs fueron también instancias de formación de nuevos militantes, surgidos en las dinámicas de organización comunitaria y territorial que se instituyeron a partir de los asentamientos.
De esta manera, la participación en ámbitos eclesiales, y especialmente en las CEBs, posibilitó, tanto en la Argentina como en muchos de los países de América Latina que vivieron gobiernos militares en esa década, canalizar acciones colectivas de resistencia, protesta y participación político-social ante la clausura de la política institucionalizada en clave democrática y la represión lanzada contra las organizaciones sociales y políticas. Al mismo tiempo esta participación, al politizar la vida cotidiana en el barrio,5 se constituyó en expresión del proceso de ruptura de las relaciones políticas basadas en la representación (Mainwaring, 2001; Jozami, Paz & Villareal, 1983).
En los primeros años de la conformación de los barrios también fue muy relevantes para la organización la colaboración de organismos de derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y en 1983 la llamada Multipartidaria, que significaba un espacio de los partidos políticos que comenzaban a actuar nuevamente en el contexto de relativa apertura de la dictadura militar, previa a la elección de octubre. Ambos tipos de instituciones les proveyeron de abogados que los asesoraron en la búsqueda de formas de regularización dominial posibles. También significaron modos de legitimación de las ocupaciones por su apoyo a la resistencia en el lugar y luego a establecer vínculos con el Estado.
El carácter de acontecimiento que adquieren las tomas, su contenido intrínsecamente disruptivo, inesperado, tanto para el gobierno militar y el clima político social generado, e inclusive para los propios organizadores, hicieron que la represión abierta e inmediata fuera más difícil y hubiera que recurrir a otros métodos para intentar restablecer el control espacial y social de la zona. Si bien se produjo el asesinato de dos participantes de los primeros momentos del proceso y algunos testimonios dan cuenta de algunas personas desaparecidas que estaban vinculadas a estas tomas6 de tierra, las fuerzas represivas de la dictadura se encontraban en un momento de crisis interna, acentuada luego con la guerra de las Islas Malvinas (abril-junio de 1982). Esta situación contribuyó a que pasados esos meses de resistencia entre agosto de 1981 y comienzos de 1982, que luego detallaremos, fuera más difícil para el gobierno resolver por la fuerza este problema que se había suscitado en la periferia urbana, como consecuencia de las propias medidas económicas, urbanas, sociales y laborales, como ya explicamos en apartados anteriores.
En el inicio, los primeros asentamientos eran relativamente pequeños y estaban ubicados en zonas poco visibles y sin consolidación de la localidad de San Francisco Solano (Municipios de Quilmes y Almirante Brown). Recién una vez que se completa el barrio de San Martín, que llega hasta la avenida homónima -de gran circulación e importancia en esa localidad-, la acción se hace visible para los ojos del Estado y se instaura un cerco policial que dura cerca de seis meses. Según uno de nuestros entrevistados:
[…] a las 12 de la noche caminaron todos para allá, para San Martín, teníamos 100 chicos de la parroquia con el martillo, el palo, con todas las medidas de tal manera que se mantuviera la calle, la cuadra, para que no se hiciera villa. Todo organizado […]. De repente al otro día se levantaban los vecinos y veían todo un pueblo que había surgido de la nada.7
Tal era la condición de abandono de esos predios que los habitantes del asentamiento 2 de abril relataban que no sabían con certeza de qué municipio se trataba. Algunos creían que también se encontraban en Quilmes, cuando en realidad era el partido de Almirante Brown. Por otra parte, eran zonas inundables, que, por lo tanto, no podían ser loteadas como barrios populares y buena parte de la zona se encontraba basura o con terrenos de irregular topografía.
El cerco policial (a cargo de las fuerzas de seguridad bonaerenses) que se implantó alrededor del asentamiento San Martín y el Monte de los Curas (2 de abril) obstaculizó la provisión de alimentos, agua, medicamentos, herramientas, materiales para construcción y pretendió aislar a los barrios. Por momentos se generó una confrontación gubernamental que implicó el intento de uso de topadoras, como en barrio El Tala, fuertemente resistidas por los asentados. Se trató de una iniciativa municipal y no por órdenes centralizadas a nivel nacional. En esos casos la presencia de mujeres y niños en el camino de las máquinas hizo desistir a los empleados municipales de la acción y fue interpretado por los pobladores como un triunfo de su resistencia. En ese sentido, un entrevistado del barrio 2 de abril lo sintetizaba como es un barrio surgido de la lucha.
Resulta muy interesante analizar las distintas estrategias de los asentados para eludir este cerco policial y proseguir con su proyecto de permanecer y construir allí un barrio. Esto puede ser interpretado en los términos de Scott (2004) dejar 2004 una primera edicion es 2000 como el arte de disimular. El engaño cotidiano que perpetraban sobre todo las mujeres (conversando y entreteniendo a los policías del cerco) para permitir el paso de personas, mercaderías y elementos para la construcción es algo muy recordado en los testimonios. También se desplegaron otras estrategias de distracción como la simulación de peleas en las que se pedía la intervención policial (lo que debilitaba el control en algunos sectores del cerco), hasta la realización de asados al que se invitaba a las fuerzas del orden, con el mismo fin elusivo. Uno de los entrevistados lo relata de la siguiente forma:
Las mujeres nos poníamos de acuerdo... Y hacíamos que peleábamos en las manzanas, y hacíamos hogueras para entretener a la policía… Ellos veían la pelea y nosotras escapábamos por abajo de los alambrados a buscar agua para nuestras criaturas. Y a buscar comida. Y de a poco entrábamos colchones, sillas, chapas, lo que encontrábamos para la construcción […], las mujeres se peleaban en la otra cuadra y la policía, iba allá, entonces los de estas cuatro manzanas disparaban a la calle...8
Una vez que estuvimos acá los militares utilizaron varias formas para echarnos. Tuvimos un cerco policial que duró seis meses. A la caballería les costaba entrar con los caballos en 1982. Armábamos distracciones: inventábamos como que había una pelea de borrachos para poder entrar cosas. Hacíamos disfrazar a las chicas con minifaldas para que la federal se distraiga con ellas.9
Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de 1981 también se aprovecharon para burlar el cerco ya que, según los entrevistados, los policías estaban cansados y malhumorados por tener que pasar las fiestas allí y durante esos días el control se relajó un poco. Además, las personas usaban la oscuridad de la noche para ingresar y salir, y lo mismo ocurría con los materiales. El sacerdote Raúl Berardo explicaba que, por la noche, cuando la policía estaba distraída, ingresaban los materiales.
Otros pobladores aportaron relatos similares. Tanto las estrategias indicadas (que muchas veces son interpretadas en t érminos de ingenio popular o prácticas burlescas para ridiculizar a la policía), como las necesidades materiales causadas por las restricciones que imponía el cerco, son recordadas como aspectos muy significativos, que tienen un impacto subjetivo que perdura hasta el presente. Aquí también podemos traer los planteos de Scott (2004), quien analiza las modalidades sociales para mantener un discurso público que acata las medidas gubernamentales, mientras el discurso oculto burla estos modos represivos impuestos en dos sentidos: no cumplir las órdenes emanadas y desplegar relatos y comentarios jocosos sobre las fuerzas policiales que no pueden ejercer autoridad e impedir la conformación de los barrios.
El hecho de que el cerco haya sido impuesto por la policía provincial agregó un elemento que contribuyó al éxito de las estrategias para burlarlo. Muchos policías eran vecinos de la zona y compartían diferentes situaciones con los asentados que estaban cercando. Un pasaje del testimonio del Sacerdote Berardo es claro al respecto.
Yo iba a visitar a la gente y charlaba con la policía que estaba ahí custodiando; y uno me decía: ‘padre, no me da un pedacito de terreno para mi también?’ [se ríe con fuerza]. Pero viejo, vos estás haciendo el cerco! ‘Es que me mandan… guárdeme un terrenito...’.10
Pero no era sólo resistencia, sino el inicio de un proceso de urbanización y organización. Así, en los relatos de los vecinos también surgen otras modalidades para paliar la situación, tales como las ollas populares por manzana que se realizaban ante la escasez de alimentos. Luego, pudieron en esta tapa instalar agua potable por medio de la perforación del primer pozo de agua -con una bomba donada por la Central General de Trabajadores (CGT) de Quilmes- que se introdujo en el asentamiento a la noche y se instaló en una casilla deshabitada para escapar de la mirada policial. Entonces, desde esta perspectiva, resulta claro que las medidas de control perimetral policial, mantenido por casi seis meses, contribuyeron a reforzar la organización colectiva y la construcción de redes de confianza y solidaridad basadas en la vecindad y la vivencia de compartir el ingenio, la astucia y también la carencia junto a otros. Partiendo de la forma que comprende Tilly (2000) el surgimiento de la acción colectiva, podemos encontrar en los relatos de nuestros entrevistados cómo las acciones rutinarias de vida vecinal que se va desplegando es la base, a su vez, de las formas decisorias y de actuación en lo repertorios de acción colectiva. Un de las prácticas más importantes fue contraponer al cerco policial a una red de solidaridad. Esto lo explica un entrevistado de la siguiente forma:
y nosotros comenzamos... a medida que fuimos consolidando también una red solidaria por fuera del asentamiento... que era la multipartidaria, la CGT... más o menos regional de Quilmes... Donde me acuerdo que estaba... alguien de salud... un hombre que nos ayudaron a colocar bombas, para comprar las bombas de agua... Fuimos armando una red muy fuerte, no? por medio de SERPAJ. El SERPAJ era un poco nuestro, ehhh... digo, el Servicio de Paz y Justicia con Adolfo que es mucho decir, no?... también nos acompañaba y bajaba, no? Sí, sí, en eso, ehhh... Nosotros al mismo cerco policial, le hicimos un cerco de vuelta... solidario con todo esto que te dije:. el SERPAJ, la CGT en su momento... Sí, había una estrategia armada […] y la gente del barrio a lo primero nos rechazaban ellos... como que ´vienen los villeros a meterse acá.´... pensaban, no?, básicamente... y nos fuimos, no?... pasando el tiempo nos fuimos conociendo... porque también familiares de ellos se fueron arrimando, no? [...] Había toda una cadena solidaria.11
Un último elemento, que muestra la particularidad de la represión del gobierno militar a los asentamientos, es la apertura de una causa judicial en el Juzgado Nº 4 de Lomas de Zamora contra Raúl Berardo, una metodología de judicialización poco frecuente durante el gobierno militar En el caso de los vecinos del 2 de abril, inclusive de forma preventiva, sabiendo del inicio de medidas judiciales contra ellos, decidieron movilizarse a la comisaría de la zona. Allí el comisario se sintió amenazado por la presencia de tantas personas y según sus palabras temió la ocupación de esta sede. Por esta razón invitó a los asentados a conversar en la plaza. Estas causas se fueron desarticulando cuando se recuperó la democracia y entonces comenzaron múltiples movilizaciones a la Ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, a fin de obtener una ley de expropiación que le diera seguridad en la tenencia ante el juicio iniciado por la empresa propietaria de los terrenos que ocupaban.
Por otra parte, los vínculos con otras organizaciones y grupos sociales y políticos fueron fundamentales para el sostenimiento y la consolidación de los asentamientos. En efecto, en la coyuntura represiva diferentes sectores se acercaron a las experiencias para apoyarlas, tanto directa como indirectamente. Entre los principales podemos nombrar: a) sindicatos locales y regionales, comisiones internas y la CGT seccional Quilmes; b) organizaciones de Derechos Humanos, en particular el SERPAJ, que desarrollaba trabajo territorial (Adolfo Pérez Esquivel y un equipo de apoyo); c) partidos políticos, sobre todo a partir de 1982, aunque en algunos casos se acercaron apenas conformados los barrios, pero en un carácter clandestino; c) grupos de vecinos de los barrios de loteos, algunos integrados también al trabajo en las CEBs; d) organizaciones sociales, como la Unión de Mujeres Argentinas (ligada al Partido Comunista), un grupo de 40 abogados de Quilmes y Avellaneda que interponen habeas corpus durante el cerco policial para proteger a los asentados y asesoran a la organización comunitaria en el proceso de regularización, y algunos arquitectos que se acercan para brindar apoyo. En el caso del 2 de abril, intervinieron abogados del Movimiento al Socialismo y del Partido Justicialista; 3) otros sectores de la Iglesia Católica.
También se debe considerar la solidaridad de los pequeños comerciantes o empresarios de la zona, en los momentos iniciales y de mayores dificultades para la subsistencia. Un entrevistado así lo explicaba:
Los que más nos apoyaba eran los almacenes, ahí teníamos un almacén grande y nos mandaba la bolsa de pan para los chicos, teníamos un mercado grandísimo en la Avenida San Martín, también nos mandaba azúcar, yerba para mate cocido para los chicos.12
Claro que los asentados impulsaron estos acercamientos y, de hecho, ésta fue una de las principales tareas de la comisión coordinadora de cada barrio La amplitud y multiplicidad de estas relaciones puede evidenciarse en la solicitada firmada en marzo de 1982 que apareció, entre otros en el diario local Al Sur, pidiendo el levantamiento del cerco policial. Es síntesis, esta experiencia constituye un espacio en el cual confluyen un número heterogéneo y diverso de sectores y grupos que garantizaron al inicio la formación del asentamiento y luego sus permanencia y consolidación.
A partir del retorno de la vida democrática ha existido una mayor tolerancia a las tomas de tierra (con algunos altibajos) y éstas comenzaron a constituirse para los sectores populares, en una forma institucionalizada (formas que adquieren reglas sociales conocidas) de acceso al suelo (Cravino, 2006).
El gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), del partido radical, cambió el posicionamiento del Estado en relación a estos barrios y se abandonó el paradigma de la erradicación para incorporar los criterios de radicación o regularización. A su vez, desarrolló iniciativas para proveer de servicios indispensables a villas y asentamientos del AMBA, del que se destaca el Pro-agua. No obstante, se trata de redes provisorias, que así pervivieron por muchos años. Este presidente anunció la regularización dominial de los asentamientos que analizamos. El mecanismo utilizado fue la expropiación de los lotes por parte de la Provincia de Buenos Aires, determinada a partir de leyes especiales que se sancionaron en 1985. Esta medida implica una serie de pasos administrativos y judiciales que hicieron que la mayoría de los habitantes de los barrios tenga título de propiedad individual, o en su defecto haya iniciado el trámite de regularización dominial. Algunos no lo han logrado debido a problemas sucesorios en algunos de los predios. Esto se debe a que los barrios de Quilmes habían sido loteados previamente a la toma y, por lo tanto, correspondían a muchos los propietarios. En el caso del barrio de Almirante Brown el propietario era una empresa y eso facilitaba el proceso. Los seis primeros asentamientos fueron los únicos barrios de la Provincia de Buenos Aires que recibieron este tratamiento en el gobierno de Raúl Alfonsín.
Estas formas organizativas se modificaron, tanto internamente como en cuanto a la relación con las organizaciones. El gobierno provincial al igual que el nacional estuvo gobernado por el Partido Radical desde 1983 hasta 1987, cuando en la provincia de Buenos Aires ganó el Partido Justicialista (partido que triunfó a nivel nacional en 1989 cuando asumió Carlos Saúl Menem). El gobierno provincial puso condicionamientos para la ejecución de algunos programas sociales. Estos organismos públicos no contemplaban la permanencia de organizaciones barriales diferentes a las existentes en los barrios de loteos. Por eso en todos los casos los obligaron a adoptar las formas organizativas similares a estos barrios: sociedades de fomento, asociaciones reconocidas por lo municipios y que presentan demandas de modo institucional y formal. Eso sin duda no fue neutro porque obligó a formalizar mecanismos de poder barrial, los que pasaron de ser populares a institucionales. Uno de los entrevistados lo relata del siguiente modo:
en las primeras reuniones, recordamos, que nosotros ¿que hicimos?, bueno, buscar el apoyo de lo que te dije anteriormente, de la CGT... de la multipartidaria... del obispado ya lo teníamos, el obispado de Quilmes, Jorge Novak era el único que más nos bancaba, digamos, no?... Juntamente con la parroquia, ahí... En el año ‘83 comienza, no?... a discutirse el tema... de apertura del sistema...del sistema democrático... y las herramientas partidarias en vez de consolidar este tipo de organización... no? terminan, digo... desuniendo. Lo primero que plantean... nosotros desde el ’83 trabajamos mucho con la multipartidaria para armar un proyecto de ley de expropiación, o sea, que el Estado o el gobierno que ganara... comprara las tierras, ¿esas tierras privadas... no?, y luego nos las vendían a nosotros. […] ya en el ‘84 cuando la presentamos... el gobierno que era la UCR... por medio del gobernador Armendáriz nos plantea que... ya iban a dejar de reconocer, a la Comisión Coordinadora... porque había que buscar un marco legal y jurídico para acá, no? para cada barrio. Una comisión que tuviera un marco legal y jurídico y sino a nosotros no nos atendían. […] eso significaba armar una comisión... vecinal... una Sociedad de fomento... un tipo... de... una herramienta, ¿no? Y... una herramienta que tenga ese marco legal y jurídico, digo, ¿no? Que nosotros decíamos: bueno, pero nosotros somos ya una cosa.13
De este modo, el reparto de tareas que antes se realizaba informalmente y que cambiaba de acuerdo a las necesidades del barrio y la disponibilidad de tiempo de los miembros, ahora era necesaria ponerlo en puestos fijos. El sacerdote Raúl Berardo tuvo una mirada crítica de ese proceso de formalización de la organización barrial, llevándola al decaimiento de la participación vecinal. En sus palabras:
como Junta Coordinadora de Delegados de manzana fuimos a la municipalidad para pedirle hacer construcciones. La municipalidad nos dice: ‘No reconocemos esa organización. Tienen que ser una Sociedad de Fomento’. ...porque es la única organización que se acepta en... ¡y bueno! …no fueron capaces -porque yo ya me había ido- no fueron capaces de defender la organización que durante tanto tiempo habíamos logrado y tantos frutos había dado, una organización popular. ¡Y bueno, se dejaron llevar y formaron la Sociedad de Fomento! Y ahí se fue todo abajo, porque después quedó la cabeza piramidal, vertical, y entonces, ya la participación de la gente no, no... La organización vertical, piramidal que es la Sociedad de Fomento no permite la participación de la gente. Entonces, queda un pequeño grupo reducido que no hace nada. Entonces, después se quejan de que la gente no participa… porque la misma organización no te permite. En cambio, de la otra manera, no... Bueno, de la otra manera, era todo organizativo. Cualquier cosa que sucedía, era organizada enseguida por el pueblo, no por un dirigente.14
Esto significó el inicio de una modalidad organizativa centrada de reclamos institucionalizado, negociaciones con los funcionarios municipales, provinciales y nacionales. Los resultados de ellos fueron muy variados y lentos en el tiempo.
A nivel municipal sucedió lo mismo, que reconocieron a las organizaciones de estos asentamientos como similares a las de otros. Esto les permitió un mejor diálogo con el Estado y representó un paso simbólico importante para ser reconocidos como barrio, al igual que los ya existentes, pero como ya señalamos fue evaluado como contradictorio, no sólo por Berardo sino también por los primeros dirigentes y algunos vecinos con roles de representación de manzana. Para ellos ese cambio fue parte del proceso de debilitamiento de la organización territorial que se había conformado al calor del proceso de ocupación. En paralelo, y en particular basados en las adscripciones político-partidarias de algunos dirigentes barriales, se recurrieran a formas tradicionales de vínculos con los partidos políticos como modo de obtener recursos para el mejoramiento barrial, y en algunos casos puntuales la apelación a la acción colectiva de protesta. En la particular situación del año 1989, marcada por la crisis económica e hiperinflación, se crearon numerosas ollas populares (forma organizativa que estuvo presente en los inicios de las tomas y como forma de subsistencia). Algunas eran provistas con lo aportado por los saqueos en el marco del estallido social de ese año (Neufeld & Cravino, 2001).
En la década de 1990, el gobierno nacional fue de signo justicialista (1989-1999) y se caracterizó por la adopción a rajatabla de políticas neoliberales, bajo las recetas del llamado Consenso de Washington. Esto tuvo grandes repercusiones urbanas: privatización de todos los servicios públicos (agua y saneamiento, gas, electricidad, telefonía, transporte ferroviario y subterráneo, autopistas, correo, etc.) junto al impacto de la creciente desocupación y flexibilidad laboral en un contexto de estabilidad de la moneda. En este gobierno, paradójicamente, a diferencia de la década anterior, pueden observarse intervenciones de mayor alcance (aunque no todas dieron sus frutos) en los asentamientos informales y de esta forma convivieron tres tipos de acciones en el Conurbano Bonaerense: a) El Programa Arraigo: tuvo alcance nacional y se focalizaban en las tierras fiscales nacionales ocupadas y otorgaba títulos de propiedad a los ocupantes. No se intervino en la totalidad de casos y al mismo tiempo como no contaban con presupuesto para mensura u obras de mejoramiento el impacto sólo fue limitado, aunque sí constituyó un primer paso de reconocimiento estatal de estos barrio15 para el acceso a la propiedad; b) a fines de la década de 1990 se inició el Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), de alcance nacional y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en la Provincia de Buenos Aires. Actuaba tanto en asentamientos en tierras públicas como privadas. La primera etapa constituyó una experiencia piloto en 6 barrios del Conurbano Bonaerense. Se concebía como una intervención integral porque además de la regularización dominial, incluía la provisión de infraestructura, equipamiento comunitario, componentes ambientales, participativos, productivos y capacitaciones diversas. Se implementó partir de la formulación proyectos individuales por barrio. Entonces, la performance de los mismos dependió de qué municipio los implementó y de las condiciones y prácticas concretas con los cuales fueron llevadas a cabo; c) leyes de expropiación para los asentamientos del Conurbano Bonaerense ubicados en tierras privadas. No obstante, en muy pocos casos la Provincia de Buenos Aires aportaba el dinero para implementarla y fue necesario en muchos barrios volver a presentar las leyes para que no caducaran y no se pusiera en riesgo el proceso de regularización dominial. En el caso de los 6 barrios del sur del Conurbano se continuó con mucha lentitud el proceso de transferencia de la propiedad a los ocupantes. En cuanto a las condiciones urbanas, durante los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem (1989-1999) los asentamientos del Municipio de Quilmes y Almirante Brown sufrieron un proceso de deterioro. Los vecinos tuvieron dificultades para sostener el pago de los servicios públicos privatizados. Por otra parte, el contexto de desocupación y caída del salario real en un contexto de apertura a las importaciones y, por lo tanto, de desindustrialización, se constituyeron organizaciones sociales de desocupados, estudiadas en profundidad por las Ciencias Sociales (Manzano, 2013). Es esa zona, donde surgieron movimientos de trabajadores desocupados (MTD) de carácter autonomista y también se nuclearon vecinos alrededor de la Federación de Tierra y Vivienda. La Iglesia Católica, a partir de la Vicaria de la Pastoral Social, tuvo estrecho vínculo con estas organizaciones, no obstante, como planteó Woods (2007) se produjeron fuertes tensiones internas, que evidenciaron límites al involucramiento de los curas en estas organizaciones socio-políticas.
En esa misma década, paralelamente, a nivel jurídico se modificó el Código Penal, que endureció las penas estipuladas a las ocupaciones de tierra o vivienda y que fueron aplicadas en un caso paradigmático en el año 1995 (La Sarita, luego llamado Agustín Ramírez en homenaje a un joven asesinado por la policía en 1988), en una zona perteneciente al Municipio de Quilmes. En este caso también fue muy relevante la presencia de la Iglesia Católica en el acompañamiento social. La toma fue desalojada y hasta se encarcelaron a los pobladores, a los sacerdotes que los acompañaban e inclusive a los abogados patrocinantes. Esto implicó la ruptura a una política implícita el gobierno provincial que no permitía nuevas ocupaciones (Cravino, 1998) y tensionaba con cierta tolerancia de algunos municipios. Mientras tanto, otros asentamientos lograron conformarse en diversos municipios del Conurbano Bonaerense.
La capacidad organizativa de los asentamientos también se plasmó en la conformación de comedores comunitarios, guarderías, espacios de recreación y ámbitos comunitarios. En el caso del Barrio 2 de abril también se crearon las llamadas comisiones del agua desde 1983, con recursos aportados por el Estado, que administraron redes propias de provisión de este servicio de forma autogestiva (con cuatro tanques comunitarios). Muchas de estas organizaciones pervivieron en el tiempo hasta la actualidad. Otras se recrearon o transformaron a partir de la gestión de diferentes programas sociales asistenciales o luego de acciones de promoción de cooperativas de trabajo. Es decir, en muchos casos se especializaron (en apoyo escolar, centros culturales, comedores, etc.) y hasta profesionalizaron (adoptaron profesionales o se capacitaron en presentación y administración de proyectos, etc.). A su vez, en el contexto de desocupación de la segunda mitad de la década de 1990, provocado por las políticas neoliberales, se crearon movimientos de trabajadores desocupados, que formaron parte del denominado movimiento piquetero (Manzano, 2013; Vommaro, 2008, 2006).
La vida política partidaria fue más compleja. En algunos casos se fue generando desilusión por los partidos políticos porque generó división en la organización barrial, mientras algunos grupos de dirigentes territoriales se fueron estableciendo contactos fluidos con los gobiernos locales si existía afinidad política. Es decir, luego de 1985, y más marcadamente de 1987, el proceso de organización de los asentamientos se modificó y se diluyeron sus espacios más visibles de participación masiva. Esto contrastó con el fuerte entusiasmo de la política que el regreso democrático despertó inicialmente. Los colectivos territoriales debilitaron su confianza en que la política democrática y delegativa, que se pretendió consagrar luego de 1983, era el camino para mejorar las condiciones de vida de la población y se sintieron cada vez más alejados de la lógica que reproducían los partidos políticos. Este proceso es interpretado por, Rinesi en su libro Seducidos y abandonados (1993). El autor destaca que, por un lado, prepara el clima social y político de descontento hacia lo estatal que permite la consolidación de las políticas neoliberales de los años noventa. Y, por el otro, impulsa la constitución de formas de producción política alternativas a la participación ciudadana mediada por el estado, que se basan en las modalidades políticas territorialmente situadas producidas en estos años (Vommaro, 2009a, 2009b), como se señaló en relación a los movimientos de desocupados.
En la primera década del siglo XXI, pasada la crisis socio económica de los años 2001 y 2002 a nivel nacional es electo Néstor Kirchner (en una alianza liderada por el Partido Justicialista) en el año 2003. Este inició un programa de políticas habitacionales que impactaron en los asentamientos informales del Conurbano Bonaerense. Uno de los primeros implementados fue el Programa de Emergencia Habitacional, que promovía la conformación de cooperativas de viviendas en base a una mayoría de miembros perceptores de planes de trabajo temporarios de la década anterior. Una de las modalidades se insertaba en algunos movimientos piqueteros y en uno de los asentamientos estudiados lo realizó la Federación de Tierra y Vivienda (FTV). Esto también llevó a una profesionalización de las organizaciones, ya que tuvieron que administrar el dinero de la construcción de las viviendas, tomar decisiones sobre los receptores de las mismas y resolver dilemas organizativos (de empleo y habitacionales) (Cravino & Mutuberría Lazarini, 2012). Tuvo, además, como impacto reconfigurar una preocupación colectiva por las condiciones urbanas de los barrios, que con altibajos resurge desde los inicios.
Estas políticas públicas fueron continuadas en la presidencia de Cristina Fernández del período 2007 al 2011. Entre el año 2011 y 2015 (segunda presidencia de Cristina Fernández) las acciones fueron de menor envergadura. Entre los programas de vivienda uno se ocupó del proceso de urbanización integral de asentamientos y villas (subprograma -luego programa- de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios), interviniendo a 35 barrios (hasta 2102). Este incluyó la construcción viviendas, obras de provisión de infraestructura básica, pavimentación y para el caso de las villas un reordenamiento urbano del barrio con apertura de calles (Cravino & González Carvajal, 2012). Continuó ejecutándose el PROMEBA (con algunos cambios, ya que no se incluyó intervenciones en vivienda porque para eso estaba previsto otros programas, junto a escalas territoriales más amplias). Este último fue implementado en los barrios analizados, a partir del año 2009, con unidades ejecutoras diferenciales en cada municipio. Las acciones se concentraron en la realización de relocalizaciones de las viviendas en zonas inundables, provisión de servicios públicos en red (agua y cloaca), pavimentación, veredas, proyectos de mejoramiento ambiental y puentes sobre los arroyos. También se construyeron equipamientos comunitarios, co-gestionados por las organizaciones barriales. Al cabo de un poco más de 5 años, casi todas las obras estaban finalizadas. Esto implicó que las intervenciones estatales de mejoramiento llevan 35 años en el barrio, con rupturas y continuidades, pero aún no se llega a contar con barrios complemente consolidados porque aún faltan algunas obras de infraestructura y algunos sectores continúan inundándose. Las organizaciones barriales permanecieron, pero mutando de comisión vecinal a sociedad de fomento. Conviven con una trama organizativa en cada uno de los barrios, con entidades sociales o políticas como a comedores barriales, centros comunitarios, culturales, de apoyo escolar, políticos. Es decir, podemos plantear que la fortalezca organizativa de que se estableció en los origines de estos barrios, con fuerte apoyo de diversas organizaciones externas dejó una huella performativa que continúa hasta la actualidad, la que hizo, también, que los reclamos a los municipios o al gobierno provincial fueran incesantes en reclamo de diferentes mejoras urbanas o de equipamientos estatales.
Sin duda, la experiencia de conformación de los seis asentamientos en la zona sur del Conurbano Bonaerenses dejó huellas en las modalidades de resolución del acceso al suelo urbano y a la vivienda por parte de los sectores populares urbanos. En primer lugar, significó un tipo de barrio que se asemejó a las villas por ser ocupaciones de suelo sin tener título de propiedad y, por otro, se pareció a los loteos populares ofrecidos por el mercado inmobiliario en la región hasta mediados de la década de 1970, en cuanto a la topografía de manzanas rectas, anchos de calles, lotes amplios, espacios comunitarios y para infraestructura, entre otros. Por otra parte, conformó una trama organizativa en las ocupaciones de suelo, que fueron replicadas en el tiempo en gran parte de los nuevos asentamientos surgidos desde 1983 y hasta la actualidad en el Conurbano Bonaerense (aunque no se diera en todos los casos de nuevas ocupaciones). Estas organizaciones tenían un carácter territorial interno por medio de la elección de delegados por cada manzana, lo que implicaba representatividad de la totalidad del barrio y le otorgaba una impronta colectiva a las decisiones. Al mismo tiempo, la comisión vecinal -elegida entre los delegados- era la encargada de articular con los diferentes niveles del Estado y con entidades sociales, políticas y religiosas a fin de, primero frenar los desalojos, luego obtener legitimidad social y política para permanecer y más tarde obtener mejoras urbanas en sus barrios.
Esta forma, abrevó en una organización territorial novedosa, se nutrió de experiencias formativas sindicales, partidarias, eclesiales, internacionales, de entidades de derechos humanos y sociales. No es menor el peso de la creación de formas comunitarias de cuidado infantil, educación, salud, deportes y otras, que se fueron constituyendo al calor de los reclamos a los diferentes niveles del Estado, pero respondiendo internamente con formas autogestivas. Muchas de ellas continuaron, aunque fueron cambiando algunos de sus rasgos, de acuerdo al contexto -no excluyendo fuertes crisis y estallidos sociales- y a los programas sociales estatales, mientras fueron acumulando experiencia formativa. La memoria colectiva barrial recurre frecuentemente a los momentos de origen para generar una impronta identitaria a los asentamientos, como signados por la organización de los vecinos, de dirigentes que defendieron los intereses y necesidades de los habitantes y de ese modo presentarse como un barrio de lucha. Otro modo son los festejos por los aniversarios de los barrios, que renuevan la transmisión generacional de la memoria barrial y también dispositivos pedagógicos de las escuelas ubicadas en ellos, que recuperan las trayectorias organizativas o de algunos dirigentes. También los relatos de origen significan un recuerdo traído al presente ya que adquiere un sentido de sinónimo de un momento de unidad de unidad entre los vecinos, ocultando así ciertas disputas internas de entonces.
Las tomas de 1981 tienen un peso simbólico importante en la lucha por el hábitat digno en el AMBA. Fueron y son una referencia para otros grupos, tanto en cuanto a las formas de acción colectiva como en las estrategias para enfrentar los modos represivos de gobierno en los intentos de desalojo. Los ocupantes no confrontaron directamente, pero desplegaron toda una serie de mecanismos de resistencia popular que les permitió burlar el cerco policial que buscaba impedir su consolidación, y a su vez, organizarse de manera cohesionada en el interior del barrio, mientras se consolidaban en lo materialidad urbana. Su capacidad de reclamo y de conocimiento técnico de la normativa y de las ventanillas del Estado hacía que su presión fuera más relevante que la de otros barrios que no fueron producto de la ocupación colectiva y, por lo tanto, tuvieron mayor respuesta en recursos públicos que éstos últimos. La politicidad poliforme de los sectores populares que habitan estos barrios con densas redes organizativas derivaron en la conformación de movimientos de desocupados a fines de la década de 1990, en comedores comunitarios, tanto en 1989 como a fines de la década de 1990 y comienzos de la siguiente a partir de elementos obtenidos por saqueos y luego en organizaciones de interlocución en programas de mejoramiento barrial. Paralelamente, no perdieron las formas auto-organizativas en relación al agua, los residuos sólidos, los jóvenes u otros temas. Esto visibiliza cómo las prácticas de acción colectiva, que iban desde las vinculadas al arte de disimular a formas a fuertes de resistencia a medidas de un gobierno militar, decantaron en múltiples formas organizativas, que en muchos casos perdieron visibilidad para el campo de la política e interés para las ciencias sociales, pero marcan formas activas, en muchos casos especializadas/profesionalizadas de resolución de condiciones de vida vulneradas. Se requieren de estudios que entrecrucen las prácticas de las políticas partidarias, de ningún modo vinculadas exclusivamente al concepto de clientelismo, con las acciones de las diferentes organizaciones barriales.
En síntesis, este trabajo pone en evidencia, recuperando testimonios de las décadas del 2000 y 2010, la relevancia de organizaciones de base de la Iglesia Católicas, presentes en la década de 1970 y que pervivieron semi-ocultas durante la última dictadura militar, para la conformación de los primeros asentamientos. Estas formas organizativas, se alimentaron durante los inicios de los vínculos con organismos de derechos humanos y partidos políticos principalmente, pero manteniendo su carácter barrial. Estas prácticas emergen como poco conocidas, frente a las reconocidas acciones de estas entidades, por un lado, en denuncia de violación a los derechos humanos y en los segundos en una incipiente recomposición al final del periodo. No obstante, ambos realizaron estas experiencias territoriales de fuerte peso para los seis barrios que se originaron. Por otra parte, la experiencia formativa de los vecinos y sus prácticas horizontales y de articulación con organismos estatales, sin duda, es uno de los factores centrales para comprender la continuidad de programas de hábitat en ellos, en paralelo al surgimiento de organizaciones que atendieran las necesidades acuciantes en diferentes momentos históricos nacionales.
Notas
* María Cristina Cravino es Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede Centro Interdisciplinario de estudios sobre territorio, economía y sociedad Universidad Nacional de Rio Negro. Coordinadora Académica de la Maestría y Doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento y Secretaria Académica del Posdoctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antropóloga, magíster en Administración Pública y doctora en antropología de la Universidad de Buenos Aires. Temas de interés: representaciones sociales de la ciudad, conflictos urbanos y hábitat popular.
** Pablo Vommaro es Posdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y Universidad de Manizales. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es Investigador Adjunto del Consejo Nacional Investigaciones Científicas y Técnicas. Profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires. Co-coordina el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes del Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Es integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO “Juventudes e Infancias”.
1 A menudo son terrenos propensos a inundaciones o al lado o en vertederos antiguos o tierras que son difícil de explotar comercialmente debido a restricciones legales.
2 A partir de Vommaro (2009a y 2009b) reconstruimos una cronología de este proceso de tomas y asentamientos:
- Fines de agosto-Octubre: ocupación de La Paz (Quilmes). Se instalan 100 familias en unas 14 manzanas comprendidas en 2 hectáreas.
-Comienzos de noviembre: Santa Rosa y Santa Lucía (inicialmente llamado Los Tucumanos). Se demarcan 9 manzanas. Ambas son en Quilmes.
- Mediados de noviembre: El Tala. Se definen unas 20 manzanas. Las tres tomas de noviembre totalizan unas 102 hectáreas ocupadas en Quilmes donde se instalan unas 1000 familias
- Fines de noviembre (aquí aparece como fecha más precisa el 27 de noviembre): San Martín (Quilmes). Se definen unas 20 manzanas.
- Comienzos de diciembre (también podemos establecer como fecha precisa el 2 de diciembre): Monte de los Curas (luego de 1982 llamado 2 de abril). Esta toma es en Rafael Calzada (Almirante Brown). Se demarcan unas 76 manzanas. Estas dos últimas tomas involucran a unas 3500 familias ocupando 109 hectáreas aproximadamente.
Esta cronología se presenta con variaciones en algunos trabajos de otros autores acerca de esta experiencia.
Por ejemplo, para Aristizábal e Izaguirre (1988) las tomas de Santa Lucía, Santa Rosa y El Tala se produjeron en un mismo período por lo que dividen el proceso en tres momentos, mientras Guzmán (1997) agrupa las de Santa Rosa y Santa Lucía con la de La Paz (que es la primera para Aristizábal e Izaguirre) y distingue la de El Tala. Por otra parte, coincidimos con Fara (1989) en ubicar el inicio del proceso en agosto, lo que se apoya también en los artículos periodísticos consultados, mientras el resto de los autores fechan el comienzo en septiembre. Los datos que brinda Cuenya (1984) coinciden con los de Aristizábal e Izaguirre y Guzmán, aunque esta autora marca el final de este proceso de tomas en noviembre de 1981, dejando afuera las últimas tomas de San Martín y la de Monte de los Curas que según los documentos consultados se produce el 2 de diciembre.
3 Entrevista a Padre Raúl Berardo, 2004.
4Entrevista a Inés, Barrio La Paz, 2016.
5 A partir de la experiencia de las CEBs de los asentamientos, otros procesos barriales relevantes se fueron potenciando. Así, referentes comunitarios emergieron impulsando otros espacios de participación directa y producción comunitaria a través de nuevas tomas y otras iniciativas como los denominados fogones comunitarios. Tal es el caso de Agustín Ramírez, joven que vivió en el Barrio La Unión de San Francisco Solano (Municipio de Quilmes) y lindero al asentamiento San Martín, quien creó los fogones como ámbitos de encuentro y participación de los jóvenes a nivel barrial. Su asesinato en junio de 1988, a la edad de 23 años, junto a uno de sus compañeros, Javier Sotelo, estuvo vinculado a su práctica político-social, si bien el crimen nunca se esclareció. Este asesinato fue tomado por diversos colectivos, grupos y organizaciones sociales como símbolo de represión policial hacia la militancia juvenil y además como suceso articulador de nuevas luchas y demandas sociales a nivel local. Vemos así como en muchos casos, el entramado organizativo a nivel territorial y las formas de producción política juveniles pueden condensarse en trayectorias vitales de jóvenes que se convierten en referentes generacionales locales haciendo más intensas las redes sociales de organización e instituyendo temporalidades densas y situadas.
6 Esta es una de las cuestiones que aún no ha sido suficientemente investigada.
7 Entrevista Padre Raúl Berardo, 2006.
8 Entrevista Juan, Barrio San Martín, 2005.9 Entrevista Sergio, 2 de abril, 2015.
10 Entrevista Padre Raúl Berardo, 2005.
11 Entrevista Juan Carlos, Barrio El Tala, 2016.
12 Entrevista Edgardo, Barrio San Martín, 2005.
13 Entrevista Juan Carlos, Barrio El Tala, 2007.
14 Entrevista Padre Raúl Berardo, 2005.
15 Surgieron fuertes conflictividades entre los vecinos y las organizaciones por el pago de las cuotas e inclusive en algunos casos el programa creó a las organizaciones sociales a las que se les entregaba el boleto de compra venta.
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Recibido: 06/04/2018
Aceptado: 14/08/2018