Fuente: Instituto de Fomento Pesquero (1966), Créditos CORFO para el desarrollo de la industria pesquera, 1960-1966. Santiago, Chile: IFOP.
* Nota: Dato disponible hasta octubre de 1966.
ARTÍCULOS ORIGINALES
Las disputas por el mar: bienes comunes, pescadores artesanales y pesca industrial. El caso de la caleta Cocholgüe en el litoral centro sur de Chile a mediados del siglo XX
Sea Dispute: Common Property, Artisanal Fisheries and Industrial Fishing. The Case of Caleta Cocholgüe in South Central Chile in the Mid Twentieth Century
Pablo Camus*
Rodrigo Hidalgo**
Enrique Muñoz***
* Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente y Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña como profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica y como investigador del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Actualmente, es investigador responsable del Proyecto FONDECYT La “tragedia de los comunes” en los mares y litorales de Chile central. Hacia una historia de las relaciones humanas con los ambientes y ecosistemas marinos y costaneros. s. XIX y XX. Correo electrónico: pcamusg@uc.cl
** Licenciado en Geografía y Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona, España. Se desempeña como Profesor Titular y jefe del Programa de Doctorado del Instituto de Geografía Universidad Católica. Ha sido profesor invitado en varias universidad de Argentina, Brasil, Colombia y México. Editor de la colección geolibros y Director de la Revista de Geografía Norte Grande. Es editor, autor y coautor de artículos y capítulos de libros que abarcan diversas temáticas de la geografía social. Correo electrónico: rhidalgd@uc.cl
*** Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tesista en Licenciatura en Filosofía en la misma casa de estudios. Sus áreas de estudio son: Historia Ambiental, Teoría de la Historia y Teoría de las Ciencias Sociales. Ayudante de investigación proyecto FONDECYT N°1150331. Se ha adjudicado tres concursos de investigación de pregrado de la Universidad Católica. Entre los distintos congresos internacionales en los que ha presentado destaca 2nd INTH Conference: ‘The Practical Past: on the advantages and disadvantages of history for life’ Brasil, Agosto, 2016. Correo electrónico: enmunfi@gmail.com
RECIBIDO: 01/04/2016
ACEPTADO: 27/06/2016
RESUMEN
Partiendo desde la historia ambiental enfrentamos la historicidad del mar, estudiando el desarrollo de las transformaciones de las relaciones entre el hombre y el mar. La presente investigación estudia la historia de la pesca en Chile a mediados del siglo XX (en un contexto global de fomento de la pesca industrial). Analizamos la relación entre pescadores artesanales e industriales y el problema de la definición de los derechos de propiedad. De mediador central se situarán las instituciones políticas. En este marco, destacan los pescadores artesanales quienes desarrollaron una fuerte conciencia de los desafíos legales, ecológicos y económicos, desplegando diversas tácticas de adaptación y resistencia.
Palabras clave: Bienes comunes; Pescadores libres; Pesca industrial; Caleta Cocholgüe
ABSTRACT
From environmental history we move to the historicity of the sea, especially the changes in the relationship between man and the sea over the years. This research study focuses on the history of fishing in Chile in the mid-twentieth century (in a global context of commercial fishing encouragement). We analyze the relationship between artisanal and commercial fisheries and the right to property definition problems. Political institutions acted as mediators whereas artisanal fishermen played a key role in raising awareness of legal, ecological and economic challenges by deploying distinctive resistance and adaptation tactics.
Keywords: Common property; Artisanal fishing; Commercial fishing; Caleta Cocholgüe
Introducción1
En los últimos años el mar se ha vuelto un problema mediático ante el declive de los recursos marítimos alrededor del mundo. Detrás de esta situación yace la historia de cómo el hombre se relaciona con el medio ambiente marítimo. Desde tiempos inmemoriales se caracterizó al mar como un objeto intemporal, y por lo mismo ajeno a los efectos que el hombre podía causar sobre él, en tanto su inmensidad parecía garantizarle un status de fenómeno a-histórico. La actual fragilidad es la cara contrapuesta que distintos investigadores de las ciencias sociales se han volcado a comprender y explicar. Lamentablemente muchas de las investigaciones no se preguntan por el proceso mismo de transformación que ha llevado a la situación actual. Por lo tanto, urge dotar de historicidad al mar para comprender la evolución de su relación con el ser humano a lo largo del tiempo. De esto se desprende la posibilidad de dilucidar las dinámicas de desenvolvimiento de los actores involucrados. Sin entender la historia detrás de las transformaciones es improbable que logremos comprender a cabalidad sus causas, pero aún más importante es el hecho de que sin poseer una perspectiva de larga duración nos será muy difícil, por no decir imposible, elaborar políticas públicas coherentes para el futuro (Bolster, 2006).
La historia de la pesca se caracteriza por ser un área de convergencia interdisciplinaria donde confluyen la economía, la sociología, los estudios medio ambientales (Armiero, 1998). Uno de los ejes de la presente investigación se centra en el hecho mismo de los recursos naturales marítimos y sus formas de apropiación en tanto bien común. Las luchas por la definición y la naturaleza del régimen de propiedad del mar provocan una serie de conflictos a lo largo del tiempo donde se entrecruzan la naturaleza y la historia. Al pensar en la transformación de los océanos se vuelve un tema central el desarrollo del capitalismo y de sus modos de acumulación, donde el capitalismo ha sido la mayor fuerza de cambio medio ambiental en la historia (Worster, 1990).
Entonces, estudiar el mar significa preguntarse por los distintos grupos y su desempeño a la hora de la explotación del mismo. Es sumamente importante destacar que las características biológicas del mar (dependiente del equilibrio de un ecosistema muy dinámico) y espaciales (los peces se desplazan libremente) lo hacen un tipo de recurso natural único a la hora de definir sus derechos de propiedad (Mansfield, 2004). Ante las complejidades técnicas y biológicas al momento de definir los derechos de propiedad en el mar, las políticas públicas durante el siglo XX se han caracterizado por una tendencia de falta de visión de largo plazo (Larkin, 1977).
México es un caso representativo de tal problema. El Estado mexicano fue promotor del sector pesquero (tanto artesanal como industrial), pero estas políticas se caracterizaban por ser cortoplacistas y por sobre todo contradictorias entre sí a la hora de definir sus objetivos, carentes de una coordinación adecuada sobre qué es lo que se buscaba entre los distintos planes. El Estado de México, sin buscarlo, terminó por promover la sobreexplotación y la degradación del medio marítimo en Baja California, a la vez que culpaba a los pescadores artesanales de todos los males (Young, 2001).
El caso de Argentina contrasta en este sentido en tanto se dio una mayor integración entre los pescadores independientes y los industriales. Tal situación permitió el auge y consolidación de un sector pesquero industrial exitoso durante el ciclo desarrollista (Masid & Mateo, 2008). Un hecho clave es la conversión de la flota artesanal de la zona de Mar del Plata en una flota costera como llama Mateo (2004a), es decir, los pescadores proveían de materia prima a la industria conservera. De esta manera la flota costera de Mar del Plata se consolidará como la comunidad pesquera más importante de dicho país en el siglo XX (Mateo, 2004b).
El drama de los recursos marítimos prima facie pareciera ser que debido a la ausencia de derechos de propiedad establecidos, los actores actúan de manera tal que sobreexplotan al mar cayendo de manera ineluctable en la famosa tragedia de los comunes, establecida en el famoso pero controversial artículo de Garrett Hardin: “La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos” (1995: 41). Desde su publicación la tesis de Hardin ha sido criticada por las ciencias sociales como la antropología y la sociología.
Desde la historiografía la respuesta de E.P. Thompson condensa el problema central de la tesis de Hardin: “A pesar de su aire de sensatez, lo que el argumento pasa por alto es que los commoners mismos no carecían de sentido común” (Thompson, 1995: 127) agrega en un pie de página “la «Tragedy of the commons» de Hardin, […] es ignorante históricamente y da por sentado que las tierras comunales eran «pastos abiertos a todos»” (Thompson, 1995: 129). Los hechos están en contra de la tesis de la tragedia de los comunes: “a lo largo del tiempo y del espacio los usuarios de tierras comunales han creado una rica variedad de instituciones y sanciones comunitarias que han frenado y limitado el uso” (Thompson, 1995: 128). En nuestra misma región es fácil encontrar ejemplos aplicados a los recursos marinos como bienes comunes que desmienten la tesis de Hardin. Aquí nombraremos únicamente a las 151 comunidades de la zona peruana del lago Titicaca, que en la década de 1990 habían logrado retener sus derechos históricos comunales a pesar de los intentos del Estado, mediante el uso de la Guardia Costera por arrebatárselos, derechos no sólo particulares para cada comunidad sino que funcionales a la preservación del ecosistema (Levieil & Orlove, 1990).
Gracias a la desprolijidad de las políticas públicas de los Estados para establecer derechos de propiedad de manera coherente, desde el neoliberalismo, en los últimos treinta años, se ha establecido una versión supuestamente más sofisticada de la tragedia de los comunes por medio del discurso de la Economía y los modelos estadísticos (Mansfield, 2004). Pero, a fin de cuentas, con el neoliberalismo se replica la misma lógica detrás de la mayoría de las regulaciones de los derechos de propiedad del mar a lo largo de los siglos XIX y XX, es decir, la institucionalidad del Estado funciona en pos de la acumulación internacional del capital, especialmente aquella de corto plazo (Breton & Chares, 1981).
Nuestra investigación está inspirada por el debate de los bienes comunes como problema histórico. El mar, la pesca y los pescadores libres, ahora llamados artesanales, han sido territorios ajenos a los intereses de los historiadores chilenos. Nuestro objetivo final es suplir el presente olvido historiográfico: los pescadores libres en tanto sujetos históricos. Hay que contextualizar que los pescadores artesanales de Chile se encontraban en una pésima posición: por una parte, el contexto internacional promovía la pesca industrial para alimentar al mundo; por otra parte, a nivel local la industrialización del mar se envolvía dentro del proceso generalizado del desarrollo de la industria Latinoamérica, promovido desde la década de los ‘30 con la adopción del desarrollismo como modelo económico.
Si bien el discurso técnico y científico puede estar al servicio de la acumulación del capital, se dan situaciones en la que los actores que resisten a la institucionalidad logran apropiarse de elementos de dicho discurso e incorporarlo a sus tácticas de resistencia. A nivel latinoamericano podemos destacar el caso de Brasil. Robben (1992) expone las luchas discursivas de los pescadores de Camurim sobre la economía, y la manera en que al estudiar dichas disputas discursivas se amplía nuestra comprensión sobre las relaciones entre pesca y sus actores, complejizando las relaciones económicas. En Chile la condición legal de bien común de los espacios litorales permitió a los pescadores exigir sus derechos ante las autoridades y de algún modo sobrevivir en un medio hostil y conflictivo, forjándose así, en torno a las playas, un sujeto histórico que pese a sus transformaciones ha logrado persistir hasta nuestros días.
Los artesanales desarrollaron una enriquecida conciencia de los desafíos legales, ecológicos y económicos a los que se enfrentaban. En especial a la presión de los industriales que ejercieron dumping contra ellos, y a las instituciones políticas que promovieron a los industriales en desmedro de los artesanales. La capacidad de adaptación y resistencia de los pescadores artesanales nos muestra como “la voluntad de los individuos y el peligro […] podían hacer que nacieran capacidades inéditas, en circunstancias que la urgencia obligaba” (Rancière, 2014: 27). Haciendo uso de una institucionalidad que estaba pensanda en contra de ellos y logrando ciertos éxitos que les permitió resistir a lo largo del siglo. Finalmente, veremos el caso del enfrentamiento del Combate Naval en Cocholgüe que nos muestra como “no hay relaciones de poder que triunfen por completo y cuya dominación sea imposible de eludir […] la lucha [es] perpetua y multiforme, más que la dominación lúgubre y estable de un aparato uniformador” (Foucault, 2012: 77).
El avance de la pesca industrial y los primeros conflictos por la apropiación de los bienes comunes marinos
Durrenberger & Pálsson (1987) han reunido distintas investigaciones alrededor del mundo que desmienten la noción de que las comunidades pesqueras consideran al mar como un recurso abierto y sin restricciones. Han planteado que las distintas comunidades generan formas de apropiación de los recursos marítimos que no siempre pueden ser llamados derechos de propiedad (en muchos casos porque pertenecen a sistemas económicos precapitalistas). Lo que destacan, principalmente, es que el modo en como las comunidades territorializan sus áreas costeras no puede deducirse ni a partir del tipo de especie pescada, ni por factores comunitarios, ni la tecnología utilizada o diferencias culturales. Las reglas de acceso a los recursos del mar sólo pueden entenderse dentro de un contexto socioeconómico total al que pertenecen. De esta manera a la hora de analizar el acceso al mar hay que tener en cuenta por una parte la articulación de lo local y por otro lado el mercado, las empresas y el Estado. En Chile a principios del siglo XX la economía seguía bajo la rúbrica del librecambismo consolidado en el siglo XIX, hecho clave a la hora de explicar que la promoción de la industria pesquera se diera en un comienzo vía
estímulos fiscales y sin una institucionalidad muy clara (Bernedo, 2013).
Aprobada en 1907, la Ley Nº 1949 de Fomento de la Pesquería concedió a las embarcaciones, de bandera nacional, una prima anual de quince pesos por tonelada de peces y mariscos frescos, que internasen para el consumo del país y autorizó el empleo de redes de arrastre para las embarcaciones que se ocupasen de la pesca. También, la ley fijó en un máximo de 200 mil pesos al año el pago de primas y, en caso de que éstas fuesen mayores, se distribuiría “a prorrata del tonelaje total de las naves y del tonelaje de pesca que corresponda a cada embarcación”.2
Tales indicaciones se especificaron en el “Reglamento para el pago de primas” establecido en la misma ley de Fomento a la Pesquería a través de los apartados “del pago de las primas”; “de las primas por tonelaje”; y “de las primas por tonelada de peces y mariscos”.3 Luego de que fuera promulgada la ley y reglamento, un sinnúmero de empresas pesqueras, ya sean grandes, pequeñas o como pescadores artesanales, comenzaron a pedir el pago de primas al Estado en conformidad a la ley, las cuales serían pagadas anualmente a contar del primero de enero del año siguiente.
Si bien la legislación era clara en establecer y exigir certificados de la Dirección General de la Armada, así como tiempos mínimos de pesca, bultos de embalaje y especies de peces y mariscos; muchas veces las solicitudes presentadas carecían de éstos requisitos, los que no eran tomados en cuenta por las autoridades. En ocasiones, la documentación presentada era una hoja de papel escrita a mano en la que el propio capitán de la nave que exigía el pago de primas certificaba la cantidad, especies y tiempo de pesca. Estás irregularidades fueron percatadas a tiempo por las autoridades de la Dirección de Caza y Pesca, que logró realizar cambios a la legislación en 1912, 1916, 1918 y 1919, estableciendo requisitos más estrictos y un proceso de verificación más adecuado.Pese a los reclamos por su “insignificancia” (Liga Marítima de Chile, 1917: 25), los estímulos fiscales permitieron cierta expansión de las actividades industriales pesqueras, lo cual originó una serie de conflictos por el uso y la explotación de los recursos marinos. Así, por ejemplo, al amparo de la ley de fomento de la pesca industrial en las primeras décadas del siglo XX se originaron una serie de empresas concesionarias de los terrenos de playa y de los espacios adyacentes al borde costero. El objetivo consistía en explotar los bienes comunes marinos existentes a partir de proyectos de mayor escala productiva. Los nuevos inversionistas u ocupantes de los bienes comunes litorales compitieron con los pescadores libres, artesanales o
tradicionales, por la captura de los recursos y por el uso del borde costero. En la isla Santa María, situada frente a la costa de Arauco, por ejemplo, fue cedida en concesión a los señores Fartón y Castillón, quienes a principios del siglo XX instalaron una verdadera factoría de pesca en la cual trabajaban 17 familias de pescadores (Arzobispado de Santiago: 1913). Otro caso que conocemos es la solicitud de “concesión de arrendamiento de los bancos de moluscos de Ancud, Maullín, Calbuco y Guaitecas e islas adyacentes”.4 Por otra parte, está consignada la solicitud de SONAPESCA al fisco por el arrendamiento de los islotes Choros, Damas y Gaviotas para construir habitaciones para sus empleados.5
Frente al sistema de concesiones de pesca, uso de playas y explotación de los bienes comunes marinos, los pescadores tradicionales reaccionaron generando diversos mecanismos de adaptación al nuevo ordenamiento jurídico. Los pescadores de Pudeto, por ejemplo, solicitaron al Ministerio de Hacienda establecer en los bancos de choros “un derecho de extracción proporcional ya que la competencia favorecía muy desigualmente a los industriales”.6
Otro caso es la reacción de los pescadores de Talcahuano frente a un decreto de la Gobernación Marítima del 6 de julio de 1910, que prohibía el desembarco de productos de la pesca en otro punto que no fuere el Morro. En esa oportunidad la Sociedad Unión de Pescadores de Talcahuano realizó una inserción en el diario El Sur de Concepción, con el objetivo de protestar por la conducta observada en el alcalde de mar al haber:
Ordenado de mutuo propio, sin que emanara orden superior alguna, el traslado de los pescadores al rio del Morro […] [prohibiéndoseles] desembarcar productos de la pesca diaria en el antiguo desembarcadero […] [ejerciendo presiones indebidas contra] la libertad de embarque de pescados y mariscos […] [por medio de éste ardid se estaba] entregando a varios comerciantes en la remisión de pescados que no son pescadores, que están gozando indebidamente de las franquicias que otorga la ley sólo a los pescadores (Sociedad Unión de Pescadores de Talcahuano, 1910: 8).
En tal escenario, los pescadores libres se encontraban sometidos al tutelaje de la Sociedad Remitente de Pescado y Marisco, establecida en el Morro porque la especial sociedad “goza de una especie de privilegio exclusivo para el desembarque, embarque y bodegaje del pescado lo que es absolutamente perjudicial para los pescadores libres”.7 Por otra parte, para contrarrestar la difundida creencia sobre la inexistencia de cardúmenes rentables en los litorales de Chile y fomentar la pesca industrial, en 1929, el gobierno contrató al experto alemán Hans Lubert, quien concluyó que no existía país en el mundo más rico que Chile en cuanto a la cantidad, variedad, y calidad de peces y mariscos. Por su parte, el californiano Stanley Hiller declaró que sólo por el capítulo de anchoas y sardinas exportables poseíamos una riqueza mucho más grande que la del salitre. En el mismo sentido opinó el técnico portugués José Teodoro d’Almeida Coelho, en un extenso memorial presentado al Ministerio de Fomento a fines de 1938. El problema no era la escasez de peces sino de pescadores, o bien la inexistencia de métodos industriales de pesca porque “lo primero que se necesita para tener pescado es pescarlo” (Lagos, 1942: 126). El diagnóstico sobre las potencialidades del mar y su industrialización en Chile se engloban dentro del desarrollo del desarrollismo (Bernedo, 2013).
En el caso chileno la institución que lideró éste proceso es la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Desde sus orígenes, la institución realizó una intensa labor de apoyo de la pesca industrial en aspectos tales como: exploraciones marinas; incremento de la producción; industrialización; consumo y propaganda. Ya en 1940, en conocimiento de que en Argentina y Uruguay se hacía “pesca de arrastre muy bien organizada, dotada de eficientes equipos y con abundante producción de pescado” (Guerrero, 1946: 269), la Corporación envió hacia aquellos países una comisión que permaneció tres meses realizando observaciones y estudios, en los cuales pudieron presenciar “una faena experimental que dejó de manifiesto la sencillez, rapidez y eficacia de la pesca de arrastre” (Guerrero, 1946: 270). Por ello, la comisión concluyó su estadía con el arriendo de un “vapor pesquero tipo otter trawler”, denominado “TITO” (Guerrero, 1946: 269).
La primera experiencia industrial realizada por “TITO” fue en la mañana del 12 de noviembre de 1940, donde “arrojó una producción de cuatro toneladas de merluza en 90 minutos” (Guerrero, 1947: 43). Dados los alentadores resultados, en adelante, CORFO proporcionó financiamiento a los pescadores; contribuyó a formar sociedades industriales para la elaboración de pescado; creó una empresa propia para la extracción, distribución y venta de pescado en estado fresco, la Compañía Pesquera Arauco; desarrolló junto con otras reparticiones del Estado una intensa labor de propaganda para estimular el consumo de pescado; contrató una Misión de Técnicos Pesqueros Norteamericanos para “elaborar un plan racional para el fomento de la pesca” (Guerrero, 1946: 268).
Para el ingeniero de CORFO, Washington Guerrero, poner en operaciones por primera vez en Chile un buque pesquero de tonelaje considerablemente superior al usual, equipado con un aparejo prácticamente desconocido, dotado de equipo radiotelefónico, y que operaba en gran escala con buen tiempo o temporal, produjo una “novedosa impresión” (Guerrero, 1947: 45) en las empresas pesqueras existentes. Sin embargo, al mismo tiempo “en los gremios de pescadores” (Guerrero, 1947: 45), se consideró que la pesca de arrastre amenazaba sus propias actividades desde el punto de vista comercial, por lo que:
[…] formaron pronto un ambiente muy desfavorable a la aplicación del nuevo sistema de pesca acusándolo de haber introducido una competencia malsana en el ramo, de amenazar nuestra riqueza pesquera con la extinción de las especies de fondo y con la destrucción de los viveros costeros de peces y por consiguiente la ruina de nuestras riquezas marinas (Guerrero, 1947: 45).
No obstante, el ingeniero indicaba que los “ensayos probatorios y la práctica de la misma durante cuatro años” eran concluyentes e inclinaban “la balanza a favor de las ventajas del sistema que primaba sobre los inconvenientes” (Guerrero, 1947: 45). Con el nuevo sistema de pesca se había incrementado visiblemente el consumo “de pescado fresco en la masa popular” (Guerrero, 1946: 268) y se estaba estimulando la creación de nuevas empresas “para explotar la pesca de arrastre” (Guerrero, 1947: 46). No obstante, inicialmente el problema fue que “el público de Santiago se resistía a consumir la merluza por considerarla un pescado excesivamente ordinario” (Guerrero, 1947: 46). Con todo, según sus antecedentes a través de la pesca de arrastre se había logrado triplicar el consumo de pescado en Santiago en “los últimos cuatro años” (Guerrero, 1947: 47).
De manera paralela, y en sintonía con las acciones emprendidas por CORFO en aquellos años, la Food and Agriculture Organization (FAO) estaba promoviendo en el mundo la industrialización del mar con el objetivo de alimentar a la humanidad. La organización internacional expresaba que con la extracción de tal cantidad de productos del mar con destino a la elaboración de harinas (en su mayoría exportadas a mercados extranjeros) se intentaba insertar a Chile en un cometido más activo e importante en la alimentación humana. Todo a partir de la realización de “cuidadosos estudios selectivos y ensayos [donde la FAO] pretende el fomento de la elaboración de harinas” (de Buen, 1954: 74).8
Inevitablemente, con la introducción y generalización de la pesca de arrastre, y la progresiva industrialización de los recursos del mar, las autoridades debieron mediar entre los intereses de los pescadores libres y los intereses de los pescadores industriales. Bernier (1981) muestra para la región de Quebec, cómo la política juega un papel fundamental en el desarrollo de los derechos de propiedad marítimos, poniendo en cuestionamiento el papel neutral del Estado en el desarrollo de las fuerzas productivas y cómo este finalmente trabaja en función de la lógicas de la acumulación del capital en desmedro de los intereses de los habitantes locales. Situación análoga a lo que ocurrió en Chile.
El primer fusible estatal ante las demandas de los pescadores era la Dirección de Pesca y Caza. En 1953, por ejemplo, por indicación de dicha entidad, el Ministerio de Agricultura planteó que la iniciación de faenas de pesca de arrastre en la zona de Quintero, “a causa del establecimiento en ese puerto de la Compañía Pesquera ISESA”, había producido finalmente, “algunos conflictos entre los barcos de arrastre y los pequeños pescadores de las caletas vecinas”.9 Luego de oír a los representantes de los sindicatos de pescadores de las caletas de Horcón, Quintero, Las Ventanas y Loncura, y a los capitanes de barcos de arrastre, así como a los representantes de ISESA, los funcionarios de la Dirección General de Pesca y Caza sugirieron que se vedase la pesca de arrastre en toda la bahía a fin de evitar “interferencias y conflictos”, entre los “pescadores profesionales y los barcos de arrastre”. Finalmente, las autoridades del Ministerio de Agricultura decretaron la prohibición de la pesca de arrastre en la bahía dentro de la “recta imaginaria que une punta Liles y punta Panulcillo”.10
Ese mismo año de 1953, por decreto del Ministerio de Agricultura, se prohibió por tres años la pesca de arrastre del ostión en el litoral del puerto de Caldera, en la zona comprendida entre el mismo puerto por el norte y Punta Morro por el sur. La medida fue justificada técnicamente en la idea de que el molusco estaba “a punto de agotarse”.11 Del mismo modo, por iniciativa del Departamento de Pesca y Caza, ahora dependiente del Ministerio de Agricultura, se vedó por cinco años la extracción de choros en todo el territorio nacional.12
Otro caso de interferencia entre las actividades pesqueras ocurrió en Concepción y Arauco en 1959, por las dificultades producidas “entre los pescadores profesionales y las empresas que trabajan con barcos pesqueros de arrastre”.13 Finalmente, las autoridades prohibieron la pesca de arrastre en el interior de la bahía de Concepción. El trazo iría hasta la línea imaginaria que uniría punta de Tumbes con el faro de la isla Quiriquina y el monte lobería. En el golfo de Arauco las autoridades marítimas reservaron para los “pescadores profesionales” los “sacos de mar” de bahía de San Vicente, Puerto Cullinto, bahía Coronel y Lota, mar de Arauco entre el río Carampangue y punta Pichicui, bahía de Llico e isla de Santa María.14
Todos estos son ejemplos de un conflicto inveterado por los derechos de explotación de los recursos del mar, en el cual los pescadores artesanales se vieron seriamente amenazados por el avance del poder extractivo alcanzado por la pesca industrial, bien estimulada por el pago de primas. Ante el arrasamiento ecológico, biológico y reproductivo de las poblaciones marinas los industriales fueron percibidos por los pescadores libres, como el actor depredador que estaba poniendo en peligro su fuente de trabajo y sustento, al exterminar las especies a gran escala y sin distinción de edad, tamaño o especie, o bien, al mismo tiempo, al distorsionar la oferta monopolizándola por su gran capacidad de extracción y ejerciendo al mismo tiempo un dumping al resistir la baja de los precios pero con la posibilidad de cobrar después.
Más estímulos a la industrialización y al ingreso del capital en la explotación de los recursos marinos
A pesar de los avances en la industrialización del país realizados por los gobiernos radicales (1938-1952) el modelo desarrollista se desenvolvía con muchas deficiencias y problemas. Ante el estancamiento económico de la década de los 50s, el gobierno de Carlos Ibañez del Campo (1952-1958) contrató en 1955 la misión de economistas estadounidenses Klein-Sacks, que propugnó medidas liberalizadoras de la economía que no pudieron ser aplicadas por las fuertes protestas de 1957 (Bernedo, 2013).
Con el advenimiento de la presidencia de derecha de Jorge Alessandri (1958-1964) se volvieron a promover medidas liberales (aunque sin abandonar el papel protagonista en la economía que tenía CORFO) (Bernedo, 2013). Este fue un ejemplo más de las muchas contradicciones del modelo desarrollista en Chile, que terminaban por impedir la promoción de un proyecto económico de largo plazo (Salazar, 2006). Estas contradicciones se ven a la hora de estudiar la evolución de la institucionalidad del mar y la ausencia de acciones coordinadas, sino siempre sobre la marcha. Así, se entienden las franquicias aduaneras y tributarias otorgadas por el Ministerio de Hacienda bajo la presidencia de Alessandri a través del Decreto con Fuerza de Ley Nº266 del 6 de abril de 1960, y los créditos otorgados por CORFO que permitieron un crecimiento exponencial de la industria pesquera.
Los privilegios otorgados más importantes fueron la reducción de 90% de la tasa de impuestos sobre las utilidades y del impuesto global complementario. Asimismo, las contribuciones de bienes raíces y todos los impuestos, tributos, recargos, derechos o gravámenes fiscales que cargan los terrenos, edificios, construcciones, instalaciones y mejoras destinadas al uso directo de las industrias, serían pagados con una reducción del 90% de la tasa o monto que les correspondiere conforme a las leyes generales. De la misma franquicia gozarían los contratos de construcción, la aprobación de planos y los permisos que se refiriesen a cualquiera de las obras señaladas precedentemente, como, asimismo, el arrendamiento, concesión o uso de predios fiscales, playas o terrenos de playa, porciones de agua y fondos de mar.
También la exención de los impuestos que afectasen la distribución, transferencia y adquisición de pescados, ballenas, mariscos, crustáceos, algas marinas, harina de pescado, carne y huesos de ballena y aceites marinos, y a las embarcaciones destinadas a la pesca comercial e industrial como también la exención para motores marinos y huinches; combustible y lubricantes que se empleasen en la industria pesquera, tanto a bordo como en tierra; maquinarias, sus repuestos y accesorios; equipos y máquinas para frigoríficos, sus repuestos y accesorios; gas freón y sus similares; unidades y equipos frigoríficos especiales para la venta y exhibición de los productos del mar; hojatala y envases, planchas y demás productos de acero destinados a la construcción o reparación de las embarcaciones referidas en éste número; redes, hilos, jarcias y cordeles, de fibras naturales o sintéticas; cables de acero rígidos o flexibles, galvanizados o no, y aparatos y equipos para la navegación y para la pesca. Finalmente se eximió a las empresas de los impuestos de cifra de negocios, de timbres y estampillas, de los derechos y tasas de cabotaje, de la contribución de faros y balizas además de “liberar a la industria de los derechos de internación de maquinarias, embarcaciones y combustibles para la industria pesquera”.15
Junto con los créditos para el desarrollo de la industria pesquera, CORFO estableció un convenio con la Administración de Cooperación Internacional, que permitió la contratación de dos capitanes de pesca norteamericanos con el objetivo de adiestrar a las tripulaciones chilenas tanto en el empleo de las embarcaciones como en todo lo que se refería a los equipos y métodos de pesca modernos. Fruto del mismo convenio arribó a Chile el experto Harvey McMillin quien había prestado servicios durante nueve años a la floreciente industria pesquera peruana. Asimismo, con la ayuda del Fondo Especial de las Naciones Unidas se comenzó la elaboración de una carta pesquera nacional y se establecieron créditos para adquirir barcos construidos en astilleros nacionales y para las instalaciones terrestres. En Iquique, muy golpeada por la crisis del salitre, CORFO adquirió un predio de 120 hectáreas para instalar un barrio industrial, además de un área de servicios comunes de carga y descarga de pescado, estación de servicio para avituallar los barcos, suministros de agua, combustibles y hielo. También se proyectaba construir una maestranza y un astillero y reconstruir el viejo varadero modernizándolo para “atender barcos de hasta 400 toneladas” (CORFO, 1961: 119).
Cuadro 1. Créditos otorgados por CORFO para el fomento de la
industria pesquera 1960 – 1966
Fuente: Instituto de Fomento Pesquero (1966), Créditos CORFO para el desarrollo de la
industria pesquera, 1960-1966. Santiago, Chile: IFOP.
* Nota: Dato disponible hasta octubre de 1966.
Al amparo de estas franquicias y beneficios fiscales, en la década de 1960 se instalaron una serie de industrias pesqueras en el litoral chileno, especialmente en el golfo de Arauco y en el extremo norte, donde la sobreexplotación de la anchoveta y el fenómeno del niño se conjugaron en 1964 y 1965 para hacer tambalear a una naciente industria fuertemente endeudada en más de sesenta millones de dólares con la Corporación de Fomento. Así, Antonio Tocornal, gerente de Pesquera Indo, reconocía que la ayuda de la CORFO había sido “muy importante en los momentos difíciles por los que pasó la industria chilena en 1965, pues gracias a ella no llegamos a la debacle total” (Pesca, 1966: 44).
La crisis de las capturas de 1965, asociada bien al fenómeno de niño o bien a la sobreexplotación, demostró las debilidades de una floreciente industria que se hallaba fuertemente fragmentada en diversas empresas que duplicaban los esfuerzos administrativos y productivos e impedían la formación de un capital monopólico. El nuevo escenario demostró claramente la necesidad de integración y llevó a los empresarios de la zona norte a agruparse en una entidad que denominaron Consorcio Pesquero del Norte (CORPESCA) con el objetivo de “coordinar y solucionar los problemas de la industria con CORFO y el gobierno de Chile” (Pesca, 1966: 44). Debilidades que sorprendentemente volvemos a encontrar medio siglo después con la crisis de la industria del Salmon en el sur del país (Soluri, 2011), en particular reproduciendo cómo los industriales promueven lógicas de acumulación de corto plazo de manera directa o indirecta, que van en desmedro de las poblaciones autóctonas.
La caleta Cocholgüe: breve descripción de las aguas en disputa
La localidad de Cocholgüe se encuentra ubicada en la actual región del Bio Bio, zona centro sur Chile, y pertenece administrativamente a la comuna de Tomé (Figura 1). Se emplaza a 37 km de la capital regional, Concepción, en una costa que alterna zonas de arenales con acantilados, generando una serie de pequeñas bahías de distinta amplitud, las cuales están separadas por puntas rocosas. Sus límites son por el norte la Punta de Lobería, y por el sur la bahía de Tomé, mientras que por el este se encuentra la localidad de Frutillares y por el oeste el mar. Está dividida en tres sectores: Caleta Grande, donde se asientan los pescadores y la actividad pesquera; Caleta Chica, lugar de uso turístico; y Villa Cocholgüe donde se ha venido desarrollando la instalación de casas de veraneo (Flores, 1993). Hacia mitad del siglo XX la población apenas superaba el centenar de personas. Actualmente la localidad bordea los 2.000 habitantes, quienes en su mayoría están relacionados directamente con labores de pesca y recolección.
Figura 1. Localización relativa de la Caleta de Cochogüe
Fuente: Sottorff, I. et al. (2013).
Desde tiempos inmemoriales, Cocholgüe había sido un aislado y pequeño caserío, donde con el tiempo se estableció una caleta de pescadores que vivía del comercio de lo que allí obtenían. Esta caleta era de difícil acceso, y sólo era posible vía:
[…] botes, canoas y pequeñas chatas, pues su entrada está protegida por un extenso cordón de rocas marinas, paralelo a la costa, con estrechos pasos formados entre roca y roca. Además, el mar está generalmente agitado y cubre el cordón de rocas ya mencionado un abundante manto de sargaso [sic] (Miranda, 1926: 11).
Sin embargo, en la medida que se fue consolidando la industria carbonífera en las zonas próximas, se hicieron prospecciones en Cocholgüe, donde se encontraron mantos explotables, lo que dio inicio a una etapa de extracción de carbón:
Son numerosos los vecinos de Tomé, Cocholgüe, Frutillares, Coliumo y Dichato, que se han dedicado a la explotación del carbón. Lo han descubierto donde quiera que han cavado un par de metros, y han ganado dinero cada vez que han dispuesto de capital y han tenido constancia y conocimiento para esta clase de trabajos. En la actualidad, se sigue explotando las antiguas minas de Cocholgüe, de don Olegario Sandoval, minero experimentado de esa región (Miranda, 1926: 23).
Una vez que la extracción de carbón fue quedando paulatinamente de lado, las labores de pesca se consolidaron como la actividad económica más importante de la zona. Según la descripción de Miranda (1926), esta caleta comenzó a crecer en la medida que se instaló una escuela mixta y llegó el camino que la comunicaría con Tomé:
Tanto la caleta de este nombre como sus alrededores contienen regular porcentaje de habitantes. Se dedican a la pesca y a la minería. Venden sus productos en Tomé y Talcahuano, empleando generalmente la vía marítima. Son audaces para el mar y con frecuencia salen a pescar con tiempo malo, sin reparar en los peligros. En la coleta [sic] de Cocholgüe funciona una escuela mixta, de gran importancia por la misión cultural que le corresponde desarrollar entre esta gente de mar. Fuera de la vía marítima, que solamente puede emplearse en primavera y verano, se viaja a Tomé a través de la altiplanicie de Cocholgüe por un camino vecinal que empalma al norte del Cementerio con el que va de Tomé a Frutillares. En invierno se llena de barro y hace imposible el tráfico de carretas (Miranda, 1926: 60).
Cocholgüe se encuentra en la zona de transición entre el clima mediterráneo templado del centro y el clima frío y lluvioso del sur, con fuerte influencia oceánica, por lo que presenta un aumento en sus precipitaciones con un promedio de 1083 mm caídos, considerando los cincuenta y cinco años de registro de la estación meteorológica más próxima. Además despliega una vegetación asociada al ambiente costero y especies relacionadas a la explotación comercial, como el pino y el eucaliptus (Flores, 1993).
La batalla entre artesanales e industriales en Caleta Cocholgüe
En la zona Concepción, Talcahuano y San Vicente la industria pesquera también había experimentado un auge importante y sostenido en la década de 1960. En 1966 la industria había logrado reducir a harina de pescado 98.863 toneladas de merluza, anchoveta y sardinas, pero en 1967 esa cifra subió a 122.581 y luego alcanzó las 172.022 toneladas en 1968; ese año había 52 embarcaciones industriales, las cuales tenían una capacidad de 3.730 toneladas y eran tripuladas por 213 personas. Lo anterior se vio reflejado en la capacidad de las plantas procesadoras de harina de pescado instaladas en Talcahuano y San Vicente las cuales en 1968 tuvieron un “violento desarrollo”.16
En cambio, el número de embarcaciones artesanales que operaban en la zona de Concepción y Arauco era muchísimo mayor a las industriales, en torno a las 2.000 unidades, en las cuales encontraban trabajo más 3.500 personas vinculadas de diversos modos a la extracción y comercialización de los productos del mar para el consumo humano.17
La tensión existente entre los pescadores artesanales y los pescadores industriales por la apropiación de los bienes comunes que se hallaban en los espacios marinos, detonó el 17 de febrero de 1969, cuando tres barcos pesqueros de tipo industrial, que se encontraban pescando en aguas de la caleta Cocholgüe, a una milla de Talcahuano, se vieron sorprendidos al ver aparecer cinco embarcaciones de pesca menor enarbolando sus “instrumentos de batalla”. En pocos segundos la lucha campal se hizo general y “chocaron remos, palos, cordeles y otros elementos de pesca que esta vez se esgrimieron como armas de guerra” (Peñaloza, 1969: 20).
El diario La Tercera de la Hora dejó un registro de los hechos, relatando en la nota titulada “Combate Naval en Talcahuano” que los sucesos ocurridos en Cocholgüe habían sido un “combate naval de proporciones [...] daños de consideración y varios contusos fue el saldo de la refriega” (Peñaloza, 1969: 20). En la oportunidad, los pescadores menores dieron como explicación a su sorpresivo ataque “el hecho de que los barcos ocupaban aguas que estaban destinadas a la pesca artesanal” (Peñaloza, 1969: 20).
Los sobrevivientes al episodio, al ser entrevistados, recuerdan que el conflicto se inició por las constantes invasiones a sus territorios marítimos de las embarcaciones de cerco y arrastre en la bahía de Cocholgüe. Los enfrentamientos fueron varios, al menos más de cuatro con la magnitud registrada por la prensa y las autoridades navales. Posteriormente los enfrentamientos continuaron con piedras, pues aseguran que “se les echaba de la bahía a piedrazos”.18 De acuerdo con sus recuerdos el acontecimiento comenzó con dos embarcaciones menores, remadas por mujeres mariscadoras como Dianilda Sanhueza Dominguez, Graciela Coloma Rodríguez, Juana Nacia Mendez y otras, quienes a la cabeza del movimiento de pescadores fueron las que emprendieron el enfrentamiento contra las naves de cerco que invadían su territorio de pesca. Los cuarenta y cinco botes que venían a continuación fueron los que tomaron de rehén cinco pangas o botes de apoyo, que sujetan la red. Heridos, señalan los pescadores entrevistados, no hubo, ya que siempre “cuidaron que la violencia no sea la intérprete de la protesta”.19
Otra versión de los hechos la entrega el informe del gobernador marítimo de Talcahuano, fechado el 19 de febrero de 1969. Según la autoridad la población de pescadores de caleta Cocholgüe se enfrentó con piedras con una flota industrial que se acercaba a lo que ellos consideraban su espacio o territorio marítimo propio, “en número aproximado a quinientas personas entre mujeres, niños y hombres repelieron a piedrazos a catorce barcos pesqueros industriales que llegaron a echar sus redes a una distancia de cien metros de la costa”.20
La autoridad marítima, una vez que conoció el incidente, ordenó una investigación para esclarecer las causas y las responsabilidades, disponiendo como medida provisoria que la pesca industrial no debía llevarse a cabo a menos de una milla de la costa. La resolución de las autoridades no tuvo una acogida favorable entre los industriales pesqueros quienes “adujeron que a una milla de la costa no se encuentran bancos de sardinas”, por lo que “forzosamente tenían que acercarse a la costa ya que esta busca las aguas menos profundas y huyen del pez más grande que en éste caso sería la merluza”.21
Frente a los impases y reclamos la autoridad marítima organizó una reunión entre los industriales y los representantes de las caletas en la cual los pescadores artesanales hicieron presente “la destrucción de sus materiales de pesca por los barcos pesqueros industriales”.22
Fue en ese entonces cuando el señor “Saelzer, presidente de la Asociación Pesquera de Talcahuano, en su afán de armonizar la situación ofreció pagar cualquier daño comprobado que se le hiciese a los pescadores artesanales en sus equipos de pesca por los barcos de pesca industrial”.23
Desde ese momento, Saelzer consideraba que la áspera situación parecía haberse solucionado en buena forma “tomándose varios acuerdos”.24 Sin embargo, en una segunda reunión, los pescadores artesanales se negaron a firmar el acuerdo, dilatando la solución del problema. El gobierno decidió, entonces, enviar una comisión encabezada por el director del Instituto de Fomento Pesquero con el objetivo de poder “apreciar en el terreno la razón y proporciones de las dificultades producidas entre los barcos de cerco y los pescadores artesanales”.25
En su informe, las autoridades del IFOP indicaban que los pescadores artesanales no estaban interesados en la pesca de la sardina y anchoventa, pero estimaban que “su presencia en el interior de las caletas atraía a los jureles, sardinas y corvinas que se alimentaban de estos clupeoideos y facilitaban su captura por los pequeños pescadores”. 26 Por otra parte, también era causa de malestar la captura de especies finas por barcos de cerco ya que aquello hacía bajar los precios de los peces en el mercado al ser comercializados al por mayor por los industriales pesqueros. Sostenían, asimismo, los pescadores libres, que se debía impedir la pesca de cerco de ejemplares juveniles de merluza ya que esto atentaba contra la conservación de esta especie y limitaba seriamente sus posibilidades para ser pescadas con “artes menores”.27
Por su parte, los capitanes de barco de cerco sostenían que prácticamente la totalidad de la sardina y la anchoveta se pescaban a menos de una milla de la orilla por lo que al vedarse esta zona para su trabajo sobrevendría el cierre de las fábricas de reducción y la paralización de la flota industrial. Asimismo, afirmaban que la pesca de la merluza, sea junto con las sardinas o por medio de lances destinados específicamente a capturarla, era ocasional y solamente durante una temporada corta. En todo caso los industriales manifestaron su absoluto desinterés tanto por la pesca de merluza como de especies finas, por lo que estaban dispuestos a comercializarlas a través de las cooperativas de pescadores para “evitar bajas en el mercado”.28
Entonces, la comisión recomendó prohibir la pesca de cerco de merluza a una distancia menor a dos millas de la costa, e indicó que “aquello que se pesque con éste arte fuera de éste límite deberá ser dedicado íntegramente al consumo humano”. Asimismo propuso “dar mayor impulso a las investigaciones encaminadas a determinar el tamaño mínimo legal para la merluza”, esto es “basado en razones biológicas”.29
Finalmente, en éste caso, por medio del decreto Nº 158 del 30 de abril de 1969, se decretó la prohibición de la pesca de merluza a una distancia menor a dos millas de la costa de las bahías de Concepción y Arauco. Asimismo, estableció que “la merluza que se pesque con red de cerco a más de dos millas de la costa de las bahías mencionadas deberá ser dedicado íntegramente al consumo humano”. No obstante, el decreto estableció que “dentro de la zona de dos millas se permitirán los embarques mixtos de captura para una pesca de cerco hasta con un máximo de un 15% de merluza”.30
Consideraciones finales
Ahora podemos establecer que la historia de la pesca en Chile confirma ciertos patrones ya vistos en otras latitudes. Especialmente el problema de los derechos de propiedad y los desafíos que implica establecer éstos en un medio ambiente de complejidad mayor como es el mar. Con Durrenberger y Pálsson (1987) vimos que la territorialización de las áreas costeras sólo puede entenderse dentro de un contexto socioeconómico total al que pertenecen estas reglas. Por lo tanto, nuestro estudio abordó por un lado la articulación de lo local y lo global, estudiando a las instituciones del Estado de Chile, los pescadores industriales y los pescadores artesanales.
El papel jugado por el Estado de Chile, en especial CORFO desde la década de los ‘60, fue el de promover el desarrollo de la industria pesquera mediante distintos mecanismos como subsidios, exenciones y créditos, dentro de un contexto global que clamaba la industrialización de los mares para alimentar al mundo. Pero tal como se vio, el rol que juega el Estado no se queda sólo en la promoción de la industria, sino que tempranamente se transforma en el mediador a la hora de establecer los derechos de propiedad de los recursos del mar. No deja de ser decidor que el Estado no haya previsto los conflictos que sus políticas iban a provocar, lo que muestra la insuficiencia de la promoción de la pesca industrial sin integrar de manera coherente lo local. El caso de Chile coincide con la situación en Baja California, México (Young, 2001) vista supra. El Estado y sus distintas políticas sobre el mar se caracterizaron por ser de corto alcance temporal y sin una coordinación integral entre ellas, situación que provocó innumerables conflictos entre los actores y promoviendo de manera no intencionada la sobreexplotación.
Mirada de corto plazo, no solo proveniente del Estado sino que característica de la industria pesquera de Chile y sus lógicas de acumulación. Los industriales desarrollaron una industria pensada en el ámbito del comercio internacional, favoreciendo las lógicas de circulación globales. El producto principal de la industria fueron las harinas (siguiendo los lineamientos internacionales de la FAO), un producto de bajo valor agregado basado en la pesca de arrastre que no hace mayores distinciones de tamaño, edad o especie, es decir, sin preocuparse mayormente por los equilibrios ecológicos del mar. Esto favoreció el aumento progresivo en las extracciones pero al mismo tiempo impidió una visión de largo plazo de la industria, provocando la sobreexplotación temprana si consideramos que el despegue se da con fuerza al inicio de los años 1960s con el presidente Alessandri, y en esa década ya se habían registrado problemas.
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NOTAS
1 Proyecto FONDECYT N° 1150331, La “tragedia de los comunes” en los mares y litorales de Chile central. Hacia una historia de las relaciones humanas con los ambientes y ecosistemas marinos y costaneros s. XIX y XX.
2 Archivo Nacional de Chile (ANCh), Ministerio de Industrias y Obras Públicas (MIOP). Año 1908, Vol. 2447, sin folio (s.f).
3 ANCh, MOP. Año 1919, Vol. 2447, s.f.
4 Archivo Nacional de Chile, Ministerio de Obras Públicas (MOP). Año 1912, Vol. 2507, s.f.
5 ANCh, MOP. Año 1919, Vol. 2929, s.f.
6 ANCh, Fondo Ministerio de Hacienda (FMH). Año 1913, Vol. 4773, s.f.
7 ANCh, MOP. Año 1912, Vol. 2507, s.f.
8 Ver: Food and Agriculture Organization (1952), Informe al gobierno de Chile sobre peces alimenticios de Chile. Roma: FAO. De Buen, F (1953). Las familias de peces de importancia económica. Santiago, Chile: Oficina Regional de la FAO. González, C (1954). Higiene y sanidad de los productos pesqueros. Santiago, Chile: Oficina Regional de la FAO. López, A (1954). Enlatado, curado y otros métodos de preservación del pescado y elaboración de subproductos. Santiago, Chile: Oficina Regional de la FAO. Ministerio de Educación de Chile & Oficina coordinadora de la FAO Fomento Consumo Pescado (1953) Nuestro pueblo y el consumo de pescado. Santiago, Chile: MINEDUC.
9 ANCh, Ministerio de Agricultura (MA). Año 1954, Vol. 1026, s.f.
10 ANCh, MA. Año 1954, Vol.1026, s.f.
11 ANCh, MA. Año 1954, Vol.1026, s.f.
12 ANCh, MA. Año 1959 Vol. 1321, s.f.
13 ANCh, MA. Año 1959 Vol. 1321, s.f.
14 ANCh, MA. Año 1960, Vol.1322, s.f.
15 Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº266 del 6 de abril de 1960. Ver http://www.leychile.cl.
16 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
17 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
18 Síntesis de entrevistas realizadas por Romina Monsalve en el contexto del proyecto FONDECYT N° 1150331, “La “tragedia de los comunes” en los mares y litorales de Chile central. Hacia una historia de las relaciones humanas con los ambientes y ecosistemas marinos y costaneros. s. XIX y XX”.
19 Síntesis de entrevistas realizadas por Romina Monsalve en el contexto del proyecto FONDECYT N° 1150331, “La “tragedia de los comunes” en los mares y litorales de Chile central. Hacia una historia de las relaciones humanas con los ambientes y ecosistemas marinos y costaneros. s. XIX y XX”.
20 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
21 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
22 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
23 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
24 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
25 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
26 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
27 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
28 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
29 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.
30 ANCh, MA. Año 1969, Vol.1809, s.f.