El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y sus objetivos originarios

Universidad Nacional de Formosa / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

La arena del Estado constituye un espacio en el que las luchas de poderes y de intereses se expresan en la conformación de la agenda de gobierno y en el ordenamiento de políticas públicas. En ciertas ocasiones los cambios de gestión expresan rupturas en el rol de las agencias oficiales y la asunción presidencial de Javier Milei en Argentina no constituye una excepción. Esta variante local de una serie transformaciones del mundo occidental constituye, particularmente, un caso de ruptura en la valoración de la autonomía relativa del Estado para orientar el rumbo capitalista ya que concentra sus planteos en las pretendidas bondades del libremercado y en denuncias de falta de eficiencia para el desarrollo de los mecanismos gubernamentales. Una de las primeras medidas adoptadas por esta gestión, en tal sentido, consistió en la reducción del número de áreas administrativas del Ejecutivo nacional de mayor jerarquía en el país: los ministerios. Entre las reparticiones afectadas en este sentido se encontró el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, degradado en el organigrama público al nivel de Secretaría de Bioeconomía bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Dicha reducción, sin embargo, se encuentra lejos de proponer el libre juego de las fuerzas del capital en el agro. El actual Secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, afirmó días antes de asumir su cargo que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) debía “atender sus objetivos originarios” (Infocampo, 6 de diciembre de 2023, párr. 2). El ingeniero agrónomo procuró fundamentar su perspectiva en torno al principal organismo estatal del país dedicado a temáticas agropecuarias y rurales recurriendo a la historia del ente autárquico fundado en 1956. En este sentido, planteó que existen lineamientos institucionales “que se fueron mezclando en el tiempo, que tienen que ver más con la acción social que con la producción o la tecnología agropecuaria” (Infocampo, 6 de diciembre de 2023, párr. 5), preocupaciones que considera fundantes.

Si bien cabe destacar que las palabras aludidas fueron expuestas ante la prensa luego de una reunión que Vilella mantuvo con representantes del empresariado agroindustrial, el objetivo de este escrito no consiste en desentrañar los sectores a los que beneficia el programa de intervención estatal propuesto. Más bien, pretende concentrarse en el contenido histórico del planteo del funcionario acerca de un organismo creado en uno de los momentos de mayor intervención pública en materia económica de la historia argentina.

Sin eludir que las memorias implican un proceso subjetivo de selección y constituyen una arena de disputa, así como la consideración de que el pasado implica usos que pretenden legitimar discursos y prácticas específicas, este texto trata acerca de los “objetivos originarios” del INTA invisibilizados desde el entramado estatal. El propósito fundamental consiste en demostrar que, lejos de negar la función social del instituto, sus metas iniciales la reconocieron y atendieron de manera activa. Para lograr este cometido, se recurre a la disciplina histórica en virtud de su capacidad para proporcionar una comprensión más profunda del período aludido por el actual policymaker.

Si bien es evidente que las disciplinas dedicadas al desarrollo rural y agropecuario han complejizado su perspectiva durante los más de sesenta años que transcurrieron desde la creación del INTA, no es menos cierto que este ente se ha esforzado desde sus inicios por entender y atender problemas vinculados a cuestiones sociales como la salud, educación, vivienda, sociabilidad y migración en zonas rurales. Dichas áreas, alejadas de los centros administrativos, presentan a su vez un fenómeno de menor capacidad de penetración del entramado estatal por medio de sus instrumentos tradicionales.

El INTA fue creado en 1956 por medio del Decreto-Ley N° 21.680 del gobierno dictatorial autoproclamado como “Revolución Libertadora”. Dos años más tarde, fue ratificado por el Congreso de la Nación vía Ley N° 14.467 durante el gobierno de Arturo Frondizi. Está claro que los objetivos principales del entonces naciente instituto giraban en torno a la tecnología agropecuaria, como su propio nombre indica. Sin embargo, ello no implica que otras cuestiones fueran obviadas, ya que por entonces la región pampeana atravesaba un considerable proceso de despoblamiento rural al que se pretendía interpelar. En este sentido, vale destacar que los considerandos del documento de creación del organismo planteaban que un incremento en “la productividad debe significar la elevación del nivel de vida social y económico de la familia campesina para propender a la formación de una población rural instruida, competente, próspera y sana” (Decreto-Ley 21.680).

La intervención del INTA en el plano social estuvo presente desde los inicios de sus actividades de extensión a partir de la tarea desplegada por el personal del organismo encargado de recorrer los campos. A lo largo y ancho del país, agrónomos y maestras que formaban parte de la planta del instituto se encargaron de compartir sus conocimientos y los avances de la vida “moderna” articulando diferentes actividades con escuelas y centros de salud rurales, así como con otras reparticiones estatales, entidades religiosas, empresas, asociaciones de productores y referentes locales de las distintas comunidades (algunos ejemplos pueden consultarse en Vázquez, 2020 y Martocci, 2022).

Por otro lado, el INTA organizó clubes femeninos e infanto-juveniles que constituyeron espacios de sociabilidad donde congeniaron intereses productivos y sociales. Los primeros eran llamados Clubes del Hogar Rural y se conformaban principalmente por amas de casa. En ellos se trataban temas de economía doméstica, corte y confección de prendas, nutrición y procesamiento de alimentos, higiene y salud personal y de las primeras infancias, entre otros (Mecozzi, 2022). Los segundos, agrupaba a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y recibieron el nombre de Clubes 4-A (Acción, Adiestramiento, Amistad y Ayuda). En estos se formaron tanto líderes locales como agricultores y agricultoras que motorizaron al campo en años posteriores, ya que eran recurrentes las actividades recreativas y el abordaje cuestiones sobre el tratamiento de plantas y animales, semillas seleccionadas, mantenimiento de la vivienda, ciudadanía y cooperación comunitaria (Machuca, 2023). Si bien la reproducción de roles de género y el trabajo infanto-juvenil son debatibles -sobre todo entendidos desde el presente-, estas actividades del INTA constituyen un indicador de su compromiso social que excede al interés circunscripto únicamente a las estadísticas sobre hectáreas sembradas o toneladas producidas. Más aún, esta preocupación estaba presente en la mayoría de los países del continente (Otero y Selis, 2016) y, en el caso de Argentina, había tenido lugar incluso antes de la creación del INTA, aunque la cantidad de recursos humanos y económicos se incrementaron desde su fundación permitiendo expandir el accionar social del Estado en áreas rurales.

En otro orden de ideas, resulta necesario tener en cuenta que en un país tan amplio existían múltiples realidades: la presencia de productores sin tierra y analfabetos, con escasas herramientas manuales y alejados de las vías de comunicación y transporte, sin acceso al crédito, entre muchos otros problemas, no podía ser negada por el INTA. Si existía un consenso en que agricultores y agricultoras con mejores niveles de salud y educación podrían hacer una mejor administración de la chacra y un mayor uso de la tecnología mecánica y biológica logrando una mayor producción, los y las extensionistas encontraron situaciones donde el acceso a estos beneficios era menos común que el hacinamiento o la zoofilia. En casillas precarias, sin electricidad, agua potable, ni sistemas cloacales, de poco servía hablar de la última semilla híbrida o del poderoso motor de las nuevas cosechadoras. En estos casos fue aún más importante la acción social prescrita en los lineamientos fundantes de la institución.

El compromiso social en los objetivos originarios del INTA, sin embargo, no estaba exento de limitaciones. De hecho, recibió cada vez menos apoyo institucional durante los años previos al golpe de Estado de 1976 y terminó de esfumarse una vez instaurado el proceso dictatorial (Gárgano, 2014). Durante los años noventa el organismo se vio envuelto en un escenario de debate en torno al rol del Estado en el cual el sector de extensión rural fue el más cuestionado (Grosso, 2022). De este modo, se propuso la privatización o provincialización del área mientras el ámbito de la investigación se dirigió hacia la vinculación tecnológica con capitales concentrados. En este contexto el INTA sufrió una reducción de su presupuesto, perdió temporalmente su autonomía financiera originaria y vio disminuidos sus recursos humanos. Parte de su personal más calificado debió optar por desempeñarse en el ámbito empresarial, ingresar en el sistema de retiros voluntarios o emigrar del país.

Como respuesta a esta situación emergieron iniciativas que en ciertos casos combinaron distintas filiaciones y recursos institucionales como, por ejemplo, Prohuerta, el Programa Social Agropecuario y Cambio Rural. Sus actividades se orientaron en torno, entre otros tópicos, al alivio de la pobreza rural, a la promoción del trabajo con comunidades indígenas, a la reducción de brechas de género, al estímulo del compromiso ambiental y a la propuesta de elementos federalistas para las políticas sectoriales. De este modo, problematizaron la situación de sujetos subalternos del campo y rescataron experiencias previas aportando elementos que permitieron complejizar la diversidad del mundo rural. Con distinto grado de operatividad, varias de ellas se mantienen hasta nuestros días sosteniendo parte de los objetivos originarios del INTA.

Las políticas públicas deben ser debatidas en el marco de acuerdos democráticos. En el caso de instituciones con trayectorias tan extensas como es el caso del INTA, introducirse en sus objetivos originarios resulta útil para repensar los lineamientos vigentes. Más allá de los cambios en las relaciones de poder y en los intereses privilegiados en distintos momentos históricos, el modo en que el organismo se vinculó con los problemas que afectaron al campo resaltan la importancia de las presencias y ausencias estatales en ciertas áreas.

Revisitar el Decreto-Ley de creación del INTA y el accionar de sus primeros años permite afirmar que las finalidades iniciales del principal organismo dedicado a los problemas rurales y agropecuarios del país no se restringieron únicamente a la bioeconomía, sino que también se preocuparon por el rostro humano del diverso campo argentino.

Los cambios en el ordenamiento de las políticas públicas y las luchas que repercuten en las orientaciones institucionales de organismos como el INTA no suceden de manera lineal y acumulativa, y los objetivos sociales son ejemplo de ello. Esto implica que, a pesar de que los mecanismos de intervención en el plano social perdieron la gravitación de sus primeros años, plantear con liviandad que los mismos hayan sido progresivamente marginados implicaría un considerable grado de tensión. Aún más impreciso en términos históricos sería afirmar que “lo social” se “fue mezclando” con el paso de los años.

Decreto-Ley 21.680. Boletín Oficial de la República Argentina, 10 de diciembre de 1956.

Gárgano, C. (2014). Ciencia, tecnología y dictadura: Producción de conocimiento e intervención militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1973-1983) [Tesis de doctorado]. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Grosso, S. (2022). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Argentna, 1983-2019) (579-588). En Salomón, A. y Muzlera, J. (comps), Diccionario del Agro Iberoamericano. Buenos Aires: TeseoPress. https://www.teseopress.com/diccionarioagro/.

Machuca, D. (2023). Juventudes rurales y desarrollismos: el Programa Interamericano para la Juventud Rural en Argentina (1960-1974). Cronía. Revista de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, (19), 120-130. http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/cronia/article/view/1847.

Martocci, F. (2020). Con los pies en el surco: instituciones locales y actores de la ciencia agropecuaria en La Pampa: 1958-1983. Buenos Aires: Prometeo.

Mecozzi, J. (2022). Los Clubes del Hogar Rural: una política del INTA dirigida a las mujeres, 1958-1974. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Vázquez, C. (2020). El rol del INTA en la conformación de la organización campesina en Formosa durante la década del sesenta (75-95). En Lvovich, D. (comp.), Políticas públicas, tradiciones políticas y sociabilidades entre 1960 y 1980: desafíos en el abordaje del pasado reciente en la Argentina I. Los Polvorines: UNGS. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20210719105459/Politicas-publicas-tradiciones.pdf.

[1] Profesor en Historia (UNaF) y Magíster en Historia (UNTREF). Actualmente se desempeña como becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio (INILSyT-UNaF) y como parte del equipo de investigadores de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina (BNC).