Las marcas del agronegocio en el cuerpo-territorio de mujeres y docentes de los pueblos fumigados

The marks of agribusiness in the body-territory of women and teachers from the fumigated towns

As marcas do agronegócio no corpo-território de mulheres e professoras das cidades fumigadas

El modelo de agronegocios implicó la expansión de cultivos y la aplicación de un paquete tecnológico que ha generado el uso de millones de litros de agrotóxicos, que deja en situación de vulnerabilidad a las poblaciones rurales ante la exposición simultánea o secuenciada de productos, que afectan gravemente la salud y el ambiente. Estas externalidades se plasman en el cuerpo-territorio de las mujeres que habitan y/o transitan los espacios rurales, y sufren a diario el despojo de tierras, la explotación laboral y el deterioro en la salud. En el presente trabajo me propongo visibilizar la lucha de mujeres, docentes, que dieron nacimiento a la Red Federal de Docentes por La Vida en San Andrés de Giles (provincia de Buenos Aires) en el año 2017; un colectivo ambiental que denuncia estas problemáticas, promueve acciones para proteger el ambiente y los derechos de estudiantes y familias rurales. La metodología comprende el análisis de fuentes periodísticas, trabajo de campo y desarrollo de entrevistas semiestructuradas en el territorio de San Andrés de Giles.

Palabras clave: Agronegocios; Agrotóxicos; Mujeres/docentes; Cuerpo-territorio, Red Federal de Docentes por la Vida

The agribusiness model involved the expansion of crops and the application of a technological package that has generated the use of millions of liters of agrochemicals, which exposes rural populations to simultaneous or sequenced exposure to products, which seriously affect health and the environment. These externalities are reflected in the body-territory of women who inhabit and/or transit rural spaces, and suffer from daily land dispossession, labor exploitation and deterioration of their health as a result of the drift of agrochemicals. In this paper I intend to make visible the struggle of women, teachers, who gave birth to the Federal Network of Teachers for Life in San Andrés de Giles (Buenos Aires province) in 2017; an environmental group that denounces these problems, promotes actions to protect the environment and the rights of students and rural families. The methodology includes the analysis of journalistic sources, fieldwork and the development of semi-structured interviews in the territory of San Andrés de Giles.

Keywords: Agribusiness; Agrotoxics; Women/teachers; Body-territory; Federal Network of Teachers for Life

O modelo do agronegócio produz a expansão das lavouras e a aplicação de um pacote tecnológico que tem gerado o uso de milhões de litros de agrotóxicos, o que deixa as populações rurais vulneráveis à exposição simultânea ou sequencial de produtos, que afetam gravemente a saúde e o meio ambiente. Essas externalidades se refletem no corpo-território das mulheres que habitam e/ou transitam pelos espaços rurais, e sofrem diariamente a desapropriação de terras, a exploração laboral e a deterioração da saúde. Neste trabalho proponho tornar visível a luta das mulheres professoras, que deram origem à Rede Federal de Professoras para a Vida em San Andrés de Giles (província de Buenos Aires) em 2017; um grupo ambientalista que denuncia esses problemas, promove ações para proteger o meio ambiente e os direitos dos estudantes e famílias rurais. A metodologia inclui a análise de fontes jornalísticas, trabalho de campo e desenvolvimento de entrevistas semiestruturadas no território de San Andrés de Giles.

Palavras-chave: Agronegócio; Agrotóxicos; Mulheres/professoras; Corpo-território, Rede Federal Professores pela Vida

El modelo de agronegocios implicó la expansión de cultivos transgénicos y la aplicación del paquete tecnológico (semillas transgénicas, siembra directa y agrotóxicos), que fue clave en el proceso de transformación del territorio rural, potenciando la tendencia a la agriculturización (Gras y Hernández, 2009, p.18). En 1996, Felipe Solá, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, firmó la Resolución 167, que aprueba y libera la comercialización de la soja transgénica Roundup Ready (RR), resistente al herbicida glifosato, en base a estudios de la propia empresa Monsanto. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) clasificó al Roundup como clase 4, es decir, que le atribuyó una toxicidad mínima, sin riesgos para los seres vivos y el ambiente (Leguizamón, 2022).

El 80% de los cultivos aprobados eran propiedad de Syngenta, Bayer Cropscience, Dupont-Pionner, Monsanto, Dow Agro Science y Basf (Gras y Hernández, 2016) generándose un proceso de concentración por parte de las empresas trasnacionales, y el progresivo avance de los cultivos transgénicos hacia territorios históricamente de producción ganadera, lo que se denomina proceso de agriculturización. Las economías regionales (y sus producciones características) vieron ocupadas sus espacios por la soja predominantemente, generando una profunda transformación de la estructura agraria y de la biodiversidad, y la uniformización de los paisajes, que se pampeanizaron (Gárgano 2022).

Numerosos estudios que se han realizado desde la ciencia crítica demuestran la toxicidad de los herbicidas, funguicidas e insecticidas, que generan graves problemas de salud en la sociedad que vive en cercanía a los cultivos, así como en la biodiversidad (Kaczewer, 2009; Peralta, L. et al, 2011; Verzeñassi y Vallini, 2019; Folguera, 2020). Desde el paradigma productivista existen diversos términos para denominar a estos productos, específicamente se los referencia como fitosanitarios o agroquímicos.

Estas categorías responden a una construcción social, institucional e histórica, donde el lenguaje y el sentido que les asignamos responden a posturas político-ideológicas. En mi caso, utilizaré el concepto “agrotóxico” como categoría nativa, que es el vocablo empleado por las organizaciones de base que luchan contra los costos humano-ambientales del agronegocio, entendido como un modelo extractivista y de “mal-desarrollo” para la región (Svampa y Viale, 2020).

Las externalidades de este modelo se plasman en el cuerpo-territorio de las mujeres que sufren a diario el despojo de tierras, la explotación laboral y el deterioro en la salud producto de la deriva de agrotóxicos. El concepto “cuerpo-territorio”, nodal en el estudio que aquí se presenta, fue introducido por Lorena Cabnal, concerniente a la lucha de las mujeres en la defensa del territorio, como una noción epistemológica que permite conectar distintos tipos de violencia: patriarcal, colonial y extractivista, en los cuerpos de las mujeres que “soportan todo y, entonces, se vuelven un territorio en disputa” (Cabnal, 2018).

El aporte de los feminismos comunitarios fue central para complejizar la relación entre la opresión de género y la mercantilización de la naturaleza. Como sostiene Ulloa, desde una mirada de los feminismos territoriales, las luchas de las mujeres que se centran en la defensa del cuidado del territorio, el cuerpo y la naturaleza son un eje central en la defensa de la vida (Ulloa, 2016).

Como mujer proveniente de un hogar de trabajadores rurales, y docente rural, me interpela el costo ambiental del modelo extractivista sobre la naturaleza y los cuerpos de quienes transitamos los territorios atravesados por lógicas de acumulación por desposesión (Harvey, 2005). En tal sentido, comencé un camino de militancia ambiental en la Red Federal de Docentes por la Vida (RFDV), y posteriormente de investigación académica.

La metodología empleada es de tipo cualitativa, con trabajo de campo en territorio, observación-participante y entrevistas semiestructuradas, en el marco de la elaboración de tesis de Maestría en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO), en el cual pretendo analizar y problematizar las políticas públicas al respecto de la regulación del uso de agrotóxicos en San Andrés de Giles (SAG), provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de una diversidad de actores/actrices sociales (productores/as, trabajadores, familias y docentes rurales, funcionarios/as municipales, integrantes del colectivo ambiental), profundizando en la importancia de la denuncia y la lucha de las docentes rurales.

Para el presente artículo, he tomado las entrevistas realizadas durante el año 2023 a docentes que denunciaron las fumigaciones en horarios escolar y, por otro lado, relatos provenientes de fuentes periodísticas, que permiten visibilizar la lucha de mujeres que dieron nacimiento a la RFDV en SAG, un colectivo ambiental que denuncia las fumigaciones y las acciones de las empresas del agronegocio respecto de la educación y promueve acciones para proteger el ambiente y los derechos de estudiantes y familias rurales. El trabajo de campo se complementa con datos provenientes del Censo Nacional Agropecuario (CNA) y bibliografía especializada.

“Si a la vida, no a los agrotóxicos” El nacimiento de la Red Federal de Docentes por la Vida en San Andrés de Giles

Somos testigos obligados del costo humano del actual sistema productivo. Vimos a nuestros alumnos sufrir los efectos de las fumigaciones en la salud, así como si la Constitución Nacional y los derechos del niño ni la mismísima Ley de Educación Nacional no fueran aplicables a los niños de las zonas rurales ni a sus familias, todos rociados con venenos por aire y tierra (Ana Zabaloy, 2019)^[2].

El Partido de San Andrés de Giles (SAG) está ubicado a 103 Km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), comprende una superficie de 1.135 km2, y la población asciende a un total de 26.474 habitantes (INDEC, 2022). Conforma la zona agrícola-ganadera del norte bonaerense y sur santafesino, y formó parte de la Cuenca de Abasto de Lácteos de Buenos Aires, conformado por dieciocho partidos que rodean el AMBA. Se observa un importante desarrollo de la avicultura y la producción de hornos de ladrillos, en suelos no aptos para la actividad agroganadera (González Maraschio, 2010 y 2011; Kindernecht, 2022). El sector agropecuario es el motor de la agroindustria local y de las representaciones de ruralidad que se construyen para los nuevos usos residenciales. La diversidad de usos del suelo, productivos y no productivos o residenciales, “da lugar a un territorio que opera como un campo de fuerza en el que se ponen frente a frente protagonistas con intereses diversos” (González Maraschio, 2010, p.3).

Entre 1988 y 2018 se ha reducido notablemente el número de las explotaciones agropecuarias (EAPs), pasando de 423 en 1988, a 250 en 2002 y a tan solo 136 en 2018, Sin embargo, la superficie aumentó de 72.016,7has a 89.308,5 has, por lo que se observa una notoria concentración de tierras. En el último período 2002-2018 hay una pérdida de hectáreas que va del 89.308,5 a 47.901,3 has (Kindernecht, 2022). Respecto del régimen de tenencia de 47.901,3 has que registra el partido al 2018, 26.794, 9 has son de propiedad privada, y 17. 291, 4 son has en arrendamiento, es decir que se marca una tendencia que ha ido creciendo junto al proceso de expansión del agronegocio, considerando que, de acuerdo con datos proporcionados en el trabajo de campo, la tierra arrendada se dedica mayoritariamente a la agricultura.

Los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018 muestran que la superficie cultivada con cereales es de 24.135,7has, mientras que la superficie destinada al cultivo de oleaginosas (soja prácticamente en su totalidad), es de 39.244,2 has. Este incremento del área cultivada con soja RR significa, a su vez, el acrecentamiento del uso de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y otros agrotóxicos. El empleo de estos productos, como puede observarse en el cuadro N°1, predominan en los cultivos de soja, que constituyen la mayor parte de la producción en el partido. Estos datos muestran a escala local una problemática que se ve reflejada a lo largo del territorio nacional, en el cual el uso de agrotóxicos se fue incrementando año a año desde 1996^[3].

Cuadro N°1. Superficies tratadas por cultivo y tratamiento en el partido de San Andrés de Giles

A medida que se fueron conociendo los efectos de los agrotóxicos, surgieron voces desde la resistencia, que cuestionan la sustentabilidad del modelo y los efectos nocivos sobre la corporalidad. La RFDV, forma parte de los movimientos ambientalistas que luchan contra el extractivismo, entendido como un modelo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o intensidad que son exportados como commodities, y que requieren de grandes inversiones de capital, poca mano de obra y una ocupación intensiva y hegemónica del territorio, con impactos negativos para el ambiente y las formas de vida de las poblaciones locales (Gudynas, 2018; Wagner, 2021).

La Red es una organización que nuclea a docentes, vecinos/as y otros actores de las comunidades rurales y periurbanas de distintas provincias de Argentina, que tienen como objetivo concientizar y difundir en relación con las prácticas de un modelo productivo que afecta a la salud y el ambiente; que las escuelas accionen como motores de cambio, comprometidas con la realidad ambiental, mostrar que otra forma de producción es posible, que la agroecología es imprescindible para producir alimentos sanos, y fundamentalmente que el extractivismo “vulnera nuestros derechos a la educación y a un ambiente sano” y por eso:

mapeamos nuestras problemáticas específicas, repasamos las herramientas legales que desplegamos como el ‘protocolo de actuación y denuncia (…); y compartimos recursos didácticos y de la ciencia digna para nuestra tarea cotidiana. Reforzamos nuestra palabra y las estrategias de defensa de las escuelas rurales que son centrales para potenciar y facilitar el arraigo de la comunidad rural y su identidad (Comunicado de la Red, 30 de julio de 2019)^[4].

La Red se fundó en 2017, en el 8° Encuentro de Pueblos Fumigados (EPF) de la provincia de Buenos Aires y 1°Encuentro de Agroecología, que se realizó en SAG, y a partir de la lucha de una docente rural de la localidad vecina de San Antonio de Areco, Ana Zabaloy víctima de reiteradas fumigaciones con agrotóxicos, en especial 2,4D, mientras concurría a la Escuela Primaria (EP) N.°11. Esta docente fue pionera en la región en realizar denuncias y comenzar a visibilizar las consecuencias socioambientales del agronegocio en las “zonas de sacrificio” (Svampa 2021), afirmando que “campo sembrado es campo fumigado”, y que no se respetan distancias, ni horarios escolares y que no se castiga a los responsables:

Hasta ahora nadie ha pagado ni un centavo de multa. Es muy indignante. Uno ve que los chicos tienen problemas de salud, que tienen recurrentes problemas respiratorios, sangrados de nariz, reacciones de piel; y bueno, la verdad que da muchísima impotencia, mucha bronca. Es una de red silencios, de complicidades. Cuesta que se comprometan las autoridades, incluso las otras docentes (…) Yo tuve que denunciar como directora cuatro fumigaciones en pleno horario escolar, una fumigación pegada al alambrado con 2 4-D (Ana Zabaloy, 2018)^[5].

Tras sufrir amenazas de los productores, y no ser escuchada por los organismos pertinentes (sindicatos docentes, instituciones educativas, municipales), se puso en contacto con distintos actores y actoras sociales que venían desarrollando distintas acciones en los territorios. Ella visibilizó la necesidad de construir una red para que las docentes, madres y padres que comenzaban a denunciar las fumigaciones en adyacencias de escuelas y viviendas rurales “no estén solos y solas”. En ese contexto, Ana se relaciona con un sector de la población de la localidad vecina de SAG, que sentían preocupación y se comenzaron a reunir para debatir acerca de estas problemáticas, conformando la agrupación Ambiente Saludable San Andrés de Giles (ASSAG), quien organizó el encuentro en el cual se formalizó la Red.

En octubre de 2017 miembros de la Red acompañaron a la docente Mariela Leiva, de Entre Ríos, en un juicio por las fumigaciones que sufrió en la escuela, “a partir de ahí le pusimos la denominación de ‘Federal’ a la Red y comenzó también a ser más real la organización frente a una problemática que se sufre en todo el país” (Dubois, 2019).

La RFDV adquiere importancia para las familias que trabajan en el campo, que no son dueñas de la tierra en la que viven, y que tienen miedo de denunciar ante la posibilidad de perder el empleo. Como ha señalado Gómez Lende (2017), la economía de las localidades depende del modelo sojero, que marca el pulso del comercio, las obras de infraestructura y el negocio inmobiliario.

Una de las actividades centrales de la Red es la difusión del “Protocolo de denuncia y actuación ante un caso de fumigación con agrotóxicos en las adyacencias de una escuela rural”, una herramienta legal imprescindible para interpelar a las instituciones educativas y al Estado, y, por otro lado, la difusión de proyectos de enseñanza-aprendizaje que contemplan la educación ambiental, y que a la vez involucran a las familias, generando conciencia acerca de las problemáticas que se denuncian.

Luego del fallecimiento de Ana Zabaloy, con la presencia de representantes de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Salta, Catamarca y Tucumán; y contando con la adhesión y compromiso de otra decena de provincias, la Red tuvo su primer plenario nacional, en SAG. En esta reunión, el movimiento denunció la presencia de empresas del agro en las escuelas, repudiaron el decreto de Entre Ríos que permite fumigar a pasos de las escuelas, las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas, y llamaron a producir de otra manera, sin agrotóxicos ni transgénicos, tomando como base las palabras de su fundadora: “Es necesario unirnos, porque cuando estás sola no sabes para dónde salir, a quién pedirle ayuda.” (Aranda, 2019).

Tenemos experiencias directas con esta problemática, muchas veces hemos visto afectada nuestra salud en el ámbito laboral y hemos sido testigos del efecto del uso de agrotóxicos sobre la salud de nuestros alumnos y de sus familias: problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo, abortos espontáneos y cáncer, pasan a ser moneda corriente en nuestras comunidades rurales y pueblos fumigados (Daniela Dubois, 2020).

Un aspecto destacable que he observado en mis prácticas cotidianas es que en la mayoría de los casos en los que se producen denuncias por fumigaciones, estas son realizadas por mujeres, maestras o madres de los/las estudiantes. Como señala Svampa, generalmente son las mujeres que cargan con las tareas de cuidado y reproducción social, las primeras en detectar los riesgos de las actividades extractivas, “punto de partida de los feminismos ecoterritoriales latinoamericanos: la defensa de las condiciones de vida frente a la amenaza de la contaminación y/o la denuncia de los impactos sobre la salud, el aire y el ambiente” (Svampa, 2021, p.7).

Las docentes rurales integrantes de la Red señalan que, cuando desde la escuela se comienza a hablar y problematizar aquello que está naturalizado y forma parte de la vida cotidiana, lo que Svampa (2021) denomina “naturalización del sufrimiento ambiental”, son las madres, quienes se acercan a contar cómo las fumigan y comienzan a relacionar diversas dolencias en sus cuerpos con los venenos. En las visitas realizadas a hogares rurales, son ellas, que están a cargo de las tareas de cuidado, quienes se acercan a otras mujeres (profesionales, docentes en su mayoría) para manifestar su preocupación por “las cosas que pasan después que fumigan”, y comienzan a preguntar (y preguntarse) por la relación entre los productos utilizados en el campo y ciertas dolencias en el cuerpo.

En tal sentido, es interesante el análisis que realiza Torrado (2021) acerca del movimiento de las Madres del Barrio Ituzaingó en Córdoba. Esta autora señala que el hecho mismo de que sean las “madres” quienes se organizan y denuncian, en su identidad “como mujeres y madres -como proveedoras de vida” les otorga legitimidad para luchar; y en el caso de la Red las docentes rurales se ven legitimadas ante otros actores sociales (en especial las familias) por las tareas de cuidado que representan en la escuela. Parafraseando a Kunin y Lucero, las mujeres que tiene a su cargo el cuidado sienten la obligación moral de conservar la vida, de forma “natural” por ser mujeres y extiendan esta preocupación por el bienestar de sus familias en el caso de las madres; por el de sus alumnos en el caso de las maestras rurales (Kunin y Lucero, 2020, p.77)

En la práctica política se fortalece una lógica de los cuidados, y aquí adquiere centralidad la noción “cuerpo-territorio”, porque en el cuerpo se evidencia un vehículo emancipatorio. Lorena Cabnal, enfatiza en la centralidad de esta noción que responde a concepciones ontológicas y epistemológicas, y a construcciones colectivas de ser, hacer y sentir en interacción con el territorio, lo que permite la organización política, la toma de decisiones, la movilización, es decir, “colectivizar las acciones en defensa territorial” (Ulloa, 2021).

A su vez, retomando el concepto de “ecofeminismos de la supervivencia”, propuesto por Vandana Shiva, Svampa sostiene que las comunidades pobres que se encuentran asentadas en territorios intervenidos aparecen invisibilizadas, y los impactos ambientales y sociosanitarios se naturalizan y forman parte del cotidiano, por lo cual es imprescindible que la resistencia social comience por el proceso de desnaturalización de la contaminación (Svampa 2021, p.10). Según testimonia Ana Zabaloy, luego de ser fumigada con 2,4-D^[6]: “me volví a mi casa con la cara dormida, y esto duró varios días, un par de semanas, y a partir de ese acontecimiento, los chicos y las familias empezaron a hablar de lo que les pasaba a ellos con las fumigaciones cotidianamente” (Zabaloy, 2017).

A lo largo del testimonio citado, Ana explicita las dificultades de las familias para realizar las denuncias porque en tanto trabajadores “están entrampados”, ante el temor de perder la casa donde viven y el salario; no obstante, el proceso de concientización y reflexión en relación con las consecuencias del uso de agrotóxicos generó un trabajo con las mamás de los y las estudiantes, que debido a las distancias permanecen en la escuela durante el horario escolar, convirtiéndose la cocina escolar en un aula para la elaboración y difusión de comida saludable (Zabaloy, 2017).

Como sostuve en un trabajo previo (Vega, 2022), en el cual se relevaron datos mediante encuestas y entrevistas a familias rurales, entre los productos más utilizados se destacan Glifosato, Dicamba, y 2,4-D; las fumigaciones se realizan a escasos metros de las viviendas (100, 50 mts.) y, generalmente, los habitantes rurales y trabajadores no son avisados con anticipación de la ejecución de las prácticas. Por otro lado, cabe destacar que los envases no se desechan correctamente de acuerdo con lo establecido por la ley 27.279, e incluso se reutilizan para recolectar agua para uso humano, o para alimentar animales domésticos o de la producción familiar. En las salas de primeros auxilios y en el hospital municipal, el personal de la salud no suele vincular (ante los afectados) estos problemas de salud con las fumigaciones. Peor aún, se niegan a hablar sobre el tema, relacionan las afecciones con otras posibles situaciones, naturalizan las enfermedades con frases tales como “son nuevas”, “es normal de esta época”, “mucha gente ahora lo padece”.

Las marcas en los cuerpos de las mujeres específicamente aparecen de diversas maneras: abortos espontáneos, endometriosis, infertilidad, anomalías en el sistema endócrino, y problemas de salud mental derivados en la transformación de la vida cotidiana cuando las mujeres gestantes y madres enfrentan diagnósticos como malformaciones prenatales y enfermedades congénitas (Viñas Núñez, 2021).

Judith, en agosto de 2016 denunció una fumigación en horario de clase en el campo lindero a la Escuela Primaria N°21, rodeada por campos de soja, como puede observarse en la Figura Nº 1. La deriva de los agrotóxicos, que es el movimiento de las partículas pulverizadas y vapores fuera del blanco, provocando daño a la vegetación susceptible, vida silvestre y a las personas, (Tomasoni, 2013), le generó dificultades para respirar tanto a ella como a los y las estudiantes. Tres meses después, la situación volvió a repetirse, como un hecho cotidiano, y Judith realizó nuevamente la denuncia, afirmando que el mosquito pasó cuatro veces frente al establecimiento, que sintió “un olor más fuerte que la vez anterior”, y que “después de ese viernes me empezó a sangrar la nariz, tuve vómitos y ahora estoy con corticoides”; finalmente el certificado del hospital municipal confirmó la “intoxicación por agroquímicos”^[7].

La denuncia de Judith movilizó al colectivo ambiental del partido, ASSAG, a realizar una diversidad de acciones (Lara Corro y Vega, 2022), entre las cuales se destacó la convocatoria a una Audiencia Pública en abril de 2017 y la promulgación de una nueva ordenanza, que contemplaba la prohibición del herbicida 2,4D entre los meses de octubre y marzo, la incorporación de la receta agronómica a cargo del municipio, y del agente fitosanitario, la capacitación obligatoria para los aplicadores; y en las áreas de amortiguamiento, 100 metros libres de pulverización, así como en el área rural donde hay escuelas, viviendas habitadas y producciones agroecológicas y/u orgánicas. En dichas áreas se prohibió la limpieza de maquinarias y equipos, la aplicación con viento 0 o superiores a los 15 km por hora, el lavado de maquinaria, y se estableció que el perímetro de las escuelas debe tener barrera forestal.

Sin embargo, las docentes continuaron denunciando diversos sucesos de fumigación en horario escolar, incumpliendo la ordenanza y poniendo en peligro la salud. Ejemplo de ello es la fumigación en dos escuelas primarias. En una de ellas, la docente entrevistada relata:

Nosotros entrábamos de 1 a las 5, y 16.55 tocamos la campana para formarnos, los chicos ya estaban al lado de la bandera. Giramos al mástil y en ese momento el mosquito abrió las alas, y empezó. Y era agosto/septiembre porque yo tenía una pañoleta y te juro, porque se vio la nube, lo primero que hice fue taparme. Yo me tapé, y la otra docente, que tiene problemas de bronquios, terminó en el hospital. Yo cuando llegué a casa comento ‘siento como que me pica la garganta’. Un olor insoportable. Y vos pensá que yo vine 20 km, 19 km con la pañoleta acá, sobre las vías respiratorias (Entrevista a docente, San Andrés de Giles).

La otra docente a cargo de la institución estuvo en el hospital, y le costó recuperarse de lo sucedido:

Estaba mal. Porque ella estaba más lejos de la puerta y tardó más en entrar, entonces recibió más. Estuvo con oxígeno (…) no quedó bien, pidió licencia. Estuvo muy complicada. Pero ella tiene algo así como asma bronquial que enseguida le afecta a los bronquios, entonces como que se le había cerrado el pecho, y después tuvo que hacer un tratamiento con un médico (Entrevista a docente, San Andrés de Giles).

Al finalizar la entrevista, me expresó su indignación respecto del rol de los funcionarios estatales que tienen la obligación de controlar y regular estas actividades, como es el caso del agente fitosanitario, pero también hacia el intendente municipal, el fumigador y el productor que es quien “da la orden” de realizar la tarea de fumigación: “Nadie nos vino a pedir disculpas, no a nosotras, a los chicos, a las familias. Nadie vino a pedir disculpas. Quedo en la nebulosa. Se hizo en el juzgado de faltas, pero yo nunca me enteré si hubo alguna sanción o algo” (Entrevista a docente, San Andrés de Giles).

Otra docente de escuela primaria sufrió fumigaciones en reiteradas ocasiones, y al denunciar estos hechos expresa que la llaman “la loca de la 17”, en referencia al lugar de trabajo. Este apelativo violento opera como un dispositivo discursivo para deslegitimar las denuncias que realiza la docente con el objeto de proteger la salud de los y las estudiantes, y a su vez se relaciona con la desigualdad de género que se observa en el ámbito rural. A lo largo de mi trabajo de campo, no fueron pocos los varones (productores y trabajadores) que han expresado que las maestras “qué pueden saber del campo”, “que se dediquen a enseñar”, “son mujeres”, relatos que se expresan en un territorio en el cual el modelo productivo privilegia el trabajo y el conocimiento técnico de los hombres sobre el de las mujeres. Numerosos estudios (Stolen, 2004; Da Moraes Silva, 2016; Insaurralde y Lemmi, 2020; Trpin y Pizarro, 2017) muestran el rol de las mujeres en los espacios productivos rurales y la condición económica desigual por la sobrecarga de trabajo, considerando la esfera de reproducción doméstica.

Al sentirse sola en esos momentos de realización de las denuncias, y ante la necesidad de realizar acciones, se acercó a colectivos locales: “Cuando me acerqué a la Red de Docentes por la Vida, pidiendo si había un protocolo justamente porque desde educación no nos llega nada, y eso es algo que también debería construirse municipalmente”. (Entrevista a docente, San Andrés de Giles). A su vez, su relato problematiza el rol de los funcionarios del sistema educativo respecto de las pulverizaciones con agrotóxicos:

Nosotros no tenemos acceso a los análisis que hace Consejo Escolar de eso, te mandan por mail un ‘el agua es apta’, nada más. Yo pedí por nota agroquímicos también, supuestamente estaban haciendo químicos también, pero la respuesta es ‘el agua es apta’, nada más. Y una cooperadora, y más de una escuela rural, no tiene dinero disponible para hacer un contra análisis, pagarlo (Entrevista a docente, San Andrés de Giles).

En tal sentido, una de las demandas de la Red se basa en el pedido formal de realización de análisis de agua que contemplen agrotóxicos, así como la incorporación del Protocolo de actuación en el plan de riesgo de las instituciones. La docente entrevistada remarca:

Tienen miedo, como con muchas cosas, a tomar partido por algo. Yo en realidad no tengo miedo a tomar partido por mi salud y por la de mis alumnos… no tengo miedo por eso. Porque, es más, yo misma pensaba: yo tengo que garantizar esto y ¿qué voy a garantizar si no hay un protocolo? Acá la voluntad tiene que ser de varios, tiene que ser colectiva (Entrevista a docente, San Andrés de Giles).

Yo tenía una familia que vivía cerca, ahora se mudaron cerca de la escuela 6, que los nenes uno tenía problemas respiratorios y el otro problema en la piel, y yo lo asocié a eso, porque ellos vivían bien en el medio del campo, sí. Pero bueno, nada, la mamá lo trataba, todo, pero nunca una devolución de parte de la familia de una sospecha de esto… porque tampoco creo que se pregunte, porque cuando venís a un pediatra ni siquiera te preguntan en qué contexto vive (Entrevista a docente, San Andrés de Giles).

Los relatos de docentes y madres que se animan a denunciar y/o relatar los padecimientos que atraviesan dejan entrever las marcas en el cuerpo-territorio que deja un modelo productivo extractivista y excluyente. En tal sentido, resulta interesante citar el trabajo de María Carolina Diez, quien realizó un estudio acerca de los padecimientos de los/las trabajadores/as del tabaco, y menciona que “el sufrimiento social está corporizado (…) el dolor, al igual que el sufrimiento, son efectos vivenciados y duraderos sobre el cuerpo que se instalan de manera crónica, perdurable como habitus” (Diez, 2021, p.21).

Una particularidad de las luchas en defensa del territorio es que son movimientos amplios (redes, asambleas, asociaciones) entre los cuales se destacan las mujeres (Salazar Ramírez, 2017). La ilustración (Figura Nº 2) de una estudiante de Ana Zabaloy, nos invita a reflexionar acerca de la importancia de la educación ambiental y el trabajo realizado por las docentes en la generación de pensamiento crítico y concientización en relación con las fumigaciones, y por otro lado cómo es percibido el rol de las mujeres en las comunidades, considerando que en la imagen aparecen retratadas mujeres en la lucha, la docente en primer lugar, y madres y estudiantes que la acompañan.

Figura Nº 2: Dibujo elaborado por una estudiante de la Escuela Primaria N°11, San Antonio de Areco

La destrucción capitalista del ambiente ha impactado en las mujeres más que en los hombres, porque nosotras estamos directamente involucradas en la reproducción de la vida. (…) No me parece casual que las feministas y otras mujeres hayan sido las encargadas de ampliar el discurso crítico de los ecologistas contra el capitalismo (Federici, en Trujillo y Aguilar 2017, p. 121).

El partido de San Andrés de Giles forma parte de la zona núcleo de la expansión del agronegocio en la provincia de Buenos Aires. Considerando los datos correspondientes a la expansión de la agricultura extensiva, expuestos en la primera parte del artículo, considero que se trata de un “territorio de acumulación extractivista”, tomando la referencia de Borde y Torres Tovar (2017). La expansión de la frontera agropecuaria devino en la disminución de los predios dedicados a la agricultura familiar y la actividad tambera, el desarraigo rural, y la proliferación de granjas de aves y cerdos próximas al tejido periurbano.

La problemática central en referencia al modelo de agronegocios que se ha tratado a lo largo del trabajo refiere específicamente al uso de agrotóxicos en la agricultura, y sus consecuencias sobre la salud. Quienes vivimos dentro de los pueblos fumigados solemos escuchar a diario que, si se realizan “buenas prácticas agrícolas”, los productos “fitosanitarios” son inocuos, que no representan peligrosidad para la salud, y sobre todo que son la única manera posible para producir.

En las últimas décadas, emergieron desde los territorios luchas ambientales en las cuales cobra relevancia la organización y acción colectiva protagonizada por mujeres, punto de partida de las ecofeminismos territoriales, que tienen por objeto la defensa de las condiciones de vida frente a la amenaza de la contaminación y/o denuncia de los impactos sobre la salud y el ambiente.

Historias como las de Ana, Judith y el resto de las docentes entrevistadas, se multiplican en los territorios convertidos en “zonas de sacrificio”, cuyas secuelas perduran en los cuerpos, que se convierten en testimonio de la explotación, sumado a la desigualdad estructural, social, ambiental y de género, porque se trata de un modelo que privilegia el conocimiento y el trabajo de los hombres sobre las mujeres, que se visibiliza en el uso de la maquinaria y en la contratación de profesionales, y se invisibiliza el importante rol de las mujeres en la producción de alimentos provenientes de la agricultura campesina y familiar, como deja entrever Federici en el epígrafe al inicio de las reflexiones.

Cabe destacar que las docentes citadas en el presente artículo han sufrido intentos de deslegitimación en la sociedad local, descalificando su agencia con una diversidad de apelativos que cuestionaron su labor docente por ser “locas” que están en contra del progreso y del campo, descalificando su accionar con el propósito de silenciar sus testimonios y denuncias.

Las docentes que se animan a denunciar y desarrollar acciones en pos de la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes (Ley 26.061), constituyen un eslabón fundamental dentro de la cadena de resistencias al agronegocio, en tanto problematizan el sentido común del modelo hegemónico que construyó un discurso a través del cual legitima la producción de transgénicos como “necesidad” de alimentar el mundo y generar divisas, y el uso de agrotóxicos desde las buenas prácticas agrícolas (BPAs) como “necesarios” e inocuos; y a su vez ponen en escena el potencial de acción de las mujeres en cada territorio, hacia dentro y hacia fuera del hogar, construyendo redes con otras mujeres y actores de la sociedad, interpelando las políticas públicas vigentes (como las ordenanzas locales), la Dirección General de Cultura y Educación y a los sindicatos docentes.

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[1] Yamila Celina Vega, Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Integrante del Grupo de Estudios Rurales (GERU-UNLu). El artículo se enmarca en el desarrollo de la Tesis de Maestría en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO), en proceso.

[2] “Murió Ana Zabaloy, la docente envenenada con agrotóxicos de San Antonio de Areco”, Tiempo Argentino, 10/06/2019, disponible en https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/murio-ana-zabaloy-la-docente-envenenada-con-agrotoxicos-de-san-antonio-de-areco/

[3]Al respecto, véase los informes elaborados por Naturaleza de Derechos, disponible en: https://naturaleza.ar/contenido/519/el-modelo-sojero-argentino).

[5] Zabaloy, Ana, en Viaje a los Pueblos Fumigados, Pino Solanas, 2018.

[6] El 2, 4-D es un herbicida, y uno de los componentes del “Agente naranja” usado durante la Guerra de Vietnam. Clasificado por la IARC como posible cancerígeno en seres humanos, entre otros daños, se demostró que la exposición paterna a éste aumenta el riesgo de aborto (Verzeñassi y Vallini, 2019).

Tipo de tratamiento	Total Cereales	Cebada cervecera	Maíz pisingallo	Maíz para grano	Trigo pan	Total Oleaginosas	Colza	Soja
Abonos orgánicos	225,0	0	0	195,0	30,0	4.641,0	0	4.641,0
Acaricidas	0	0	0	0	0	1.887,0	0	1.887,0
Fertilizantes	11.496,5	312,0	125,0	5.244,5	5.815,0	20.594,0	93,0	20.501,0
Fungicidas	6.505,0	178,0	0	765,0	5.562,0	9.546,0	0	9.546,0
Herbicidas	11.530,5	312,0	125,0	5.275,5	5.818,0	21,644,0	93,0	21.551,0
Insecticidas	1.463,0	56,0	0	742,0	665,0	13.681,0	0	13.681,0