Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
DOI: http://dx.doi.org/10.19137/huellas-2020-2424
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
RESEÑAS
Gabriela Merlinsky (Compiladora).Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación CICCUS, 2020. (ISSN 978-987-693-814-3) 368 páginas.
Así como hay obras de artistas que esperamos con ansia para ser devoradas apenas llegan a nuestra mesa, hay investigaciones cuya zaga vale el tiempo detenido hasta que emergen con nuevos relatos que, en la continuidad, construyen una línea de pensamiento. Tal es el caso de Cartografías del conflicto ambiental en Argentina, cuyo número 3 se encuentra disponible para su lectura desde mayo del 2020.
El tercer libro compilado por la referente en estudios ambientales desde la ecología política, Gabriela Merlinsky, nace en pleno desarrollo de una “crisis civilizatoria” como es la pandemia por el virus Covid-19. Como sus antecesores, Cartografías 3 despliega análisis sobre diversos tipos de conflictos ambientales de Argentina, referidos a intervenciones sobre bosques, humedales, glaciares, llanuras y otros bienes comunes del país sudamericano.
En la presentación, la antropóloga Astrid Ulloa describe al libro según un “estudio de acciones territoriales políticas y económicas tanto de empresas privadas como estatales, así como de políticas empresariales e institucionales (ambientales, económicas o de expresión de mercados) en torno a la minería los hidrocarburos, los biocombustibles, los agronegocios, las represas y los mercados inmobiliarios” (p. 7). Considera que, ante el capitalismo y los procesos extractivos, interesa ver cómo se reorganizan los repertorios de acción de los actores sociales y se reconforman estrategias locales, sociales y culturales, con acciones diversas. Justamente, Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 3 tiene un fuerte anclaje en las acciones de justicia social, ambiental y territorial.
¿Cómo ordenar los desajustes, desigualdades e injusticias que provocan los extractivismos de los bienes naturales comunes? Cartografiar no es describir ni enmarcar, ni siquiera mapear, sino debatir desde teorías y praxis, dinámicas. Estas, a partir de búsquedas de comprensión profunda, -históricas-, permitirán ver los cómo, los por qué y los para qué de las ocurrencias en la sociedad y en el “cosmos de lo común”, al decir de Merlinsky.
Cosmopolíticas de lo común denomina la socióloga y doctora en Geografía (Paris 8) al prólogo de esta nueva publicación que compendia. Para eso, dirá que la convulsión es lo que caracteriza a América Latina, donde diferentes movimientos sociales “se han alzado para mostrar que vivimos en una de las regiones más desiguales del planeta” (p. 12).
Los conflictos ambientales argentinos se sitúan en la línea de otros del territorio regional, sobre todo en lo que hace a narrativas y prácticas identitarias post neoliberales que denuncian la irracionalidad de esos modelos y reclaman lógicas alternativas. También, se vinculan con la permanencia del territorio como “elemento clave en las disputas por el ambiente, especialmente, cuando la antigua lucha por la tierra se redefine bajo el ropaje de la ecología y la justicia ambiental” (p. 13).
Merlinsky evaluará la apertura de discusiones sobre temas que están minorizados o subalternizados en el debate público, así como el diálogo de los y las científicas y actores de las comunidades involucradas en problemáticas socioambientales. Será, en este sentido, terminante: “Los colectivos nos exigen salir de la trampa de la negación y estar muy atentos, vigilantes, a eso que llamamos autonomía relativa del campo científico. Si esto se define como neutralidad valorativa, las prácticas científicas son directamente una amenaza para las comunidades” (p.15). La autora se vale de la expresión “prácticas cosmopolíticas”, de Isabelle Sengers, para referirse a aquellas que pertenecen al campo de exploración comunitaria que permea–en el sentido de vincular- entre lo natural y lo humano. Y agregará: “Estas formas de exploración dan cuenta de una incansable labor de composición de un mundo común a partir del respeto recíproco (entre especies, entre humanos, entre géneros, entre culturas, etc.) y donde se tiene plena conciencia del riesgo que conlleva la exposición de los otros (Nosotros) a todo tipo de peligros ambientales y daños a la salud” (p. 15).
Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 3 contiene, junto al prólogo que elabora Ulloa y la introducción que escribe Merlinsky, tres partes en las que se distribuyen once capítulos autoría de veintitrés investigadoras e investigadores. La Primera parte del libro se titula “La justicia espacial y ambiental a la luz de las políticas del conocimiento y los debates sobre participación ciudadana”.
Al inicio, la investigadora Patricia Pintos analiza los humedales de “las puertas” de Buenos Aires y los llama “comunes urbanos”. Trabaja sobre el caso San Sebastián, en el área metropolitana de Buenos Aires; un conflicto de hace algunos años en el que organizaciones sociales, habitantes locales y grupos de investigación, a partir de una sucesión de inundaciones, denuncian los impactos físicos, sociales y ambientales generados por el emprendimiento inmobiliario. “Las arenas del conflicto tienen un punto de ingreso incontrastable en las condiciones de régimen urbano que se fueron configurando al ritmo del abandono de la función planificadora del Estado y su reemplazo por la liberalización del suelo de las periferias urbanas, transformado como nunca antes en locus de valorización del capital inmobiliario”, explica Pintos (p. 48).
Seguidamente, un trabajo en colaboración de Tomás Capalbo, Melina Tobías y Andrés Scharager estudia La nueva política de urbanización y el rol de los mecanismos participativos en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. El caso de la Villa 31 (2015-2018). Los autores expresan que el caso revela cómo “en los espacios de participación abiertos por el gobierno porteño no primó la lógica del diálogo y el consenso. (…) En la medida en que las posiciones demostraban ser antagónicas o irreconciliables, los mecanismos participativos rápidamente se clausuraban” (p. 75).
Mauricio Berger y Cecilia Carrizo trabajan sobre el caso de la lucha contra el uso de agrotóxicos en Córdoba, reconstruyendo:
quince años de un entramado de experiencias, discursos, saberes, actores, redes, instituciones y prácticas que son iluminados por acontecimientos tales como el Juicio a las Fumigaciones, el Fuera Monsanto, el freno a la actualización de la Ley de Bosques. La trama de las luchas contra los impactos sanitarios, ambientales y sociales, desigual e injustamente distribuidos en el conjunto de la población (p. 107).
Constanza Rendón, María Paula Blois, Martina Villahoz, Andrea Ceretani y Guillermo Folguera también se centran en los conflictos ambientales debido a los agrotóxicos en regiones sojeras. Proponen comprender las características particulares que presentan los abordajes científicos referentes a las problemáticas socio-ambientales asociadas al modelo de producción sojero en el caso de Alcorta –en el litoral argentino- y reflexionar acerca de la posibilidad de diálogo entre los actores científicos y los de las comunidades involucradas en estas problemáticas. Entre otras reflexiones, advierten sobre el problema de
considerar que la apelación al conocimiento científico para visibilizar problemáticas de las comunidades podría presentar aspectos cuestionables en la medida en que podría contribuir a excluir otras voces y perspectivas posibles acerca de problemáticas que involucran una diversidad de dimensiones y de decisiones sobre formas de vivir. Tal apelación podría reproducir una situación de asimetría en la cual se expresa una autoridad superior del conocimiento/saber/voz de la ciencia por sobre la de los habitantes (p. 142). Este, se trata de un muy exhaustivo trabajo en equipo que logra innumerables entrevistas a todos los actores sociales del recorte del caso.
Cartografías 3 dedica buena parte de sus análisis al activismo legislativo y la judicialización de los conflictos ambientales, las leyes de Argentina sobre glaciares, bosques y humedales. En el primer capítulo de la Segunda Parte, Facundo Martín y Mark Healey analizan la complejidad de una trama de conflicto suscitada alrededor de la histórica sanción de la ley 26.639, públicamente denominada Ley de Glaciares (LG).
Empezó como un proyecto legislativo marginal en 2007, se volvió rápidamente una causa movilizadora y, después de una dura contienda política y parlamentaria, fue aprobada en 2010. En muy pocos años, la Argentina pasó de tener glaciares prácticamente desconocidos y sin un marco legal de protección, especialmente contra los impactos de una industria minera en expansión, a tener un instrumento específico y pionero que habilitaba un activo control con vistas a mayor protección,
dicen los autores (p. 157) y van a ahondar en las diversas disputas que se visibilizan alrededor de la cuestión minera y el proyecto por esa ley, que tuvo (y tiene) aristas interesantísimas para observar todo tipo de disputas.
Luego, Lorenzo Langbehn, Mariana Schmidt y Pablo Pereira observan los procesos legales en torno a los glaciares, los humedales y los bosques, dando profundidad al trabajo de Martín y Healey, pero desde una perspectiva comparativa. Analizan actores y discursos en cada uno de aquellos, y refieren sobre la complejidad en la que se inscriben las políticas ambientales de alcance nacional de Argentina, un país federal con autonomía de sus provincias.
Las políticas ambientales ponen en tensión múltiples intereses ligados a la gestión y apropiación de recursos o bienes naturales, e implican la construcción disputada de marcos cognitivos y valorativos en torno a ellos. Pero en el contexto de una organización federal, es decir, cuando la toma de decisiones se articula en diferentes escalas y niveles, se añade una inestabilidad suplementaria, ya que el sentido de los problemas y los modos legítimos de su regulación se renegocian en los distintos niveles de toma de decisión. En estos procesos intervienen elencos de actores diferentes, y los contextos institucionales y políticos en los que operan también difieren, no sólo entre el nivel nacional y el provincial, sino entre jurisdicciones,
expresan la autora y los autores (pp. 208-209).
El último capítulo de esta segunda parte, autoría de Anne Tittor y Virginia Toledo López estudia el caso del impacto de la producción de etanol en el barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Finalmente, la Tercera parte de Cartografías 3, focaliza sobre la minería, el petróleo y la energía, preguntándose para quién, es decir, también dirigiendo la mirada hacia usos y abusos de los extractivismos, sin miramientos.
Cartografía de la conflictividad minera en Argentina (2003-2018) es el análisis de Lucrecia Wagner y Mariana Walter. Analiza, desde el Atlas de Justicia Ambiental –que se encuentra online en la página web ejatlas.org-, treinta y ocho conflictos mineros de Argentina, el cuarto país con mayor cantidad de este tipo de conflictos de América del Sur. Además, observa protagonistas, modos de manifestarse y principales resultados obtenidos a partir de las movilizaciones sociales en los conflictos mineros. Sobre la actividad minería, resume los impactos ambientales, económico-productivos y sobre la salud, visibles y potenciales, que se suscitan. Entre otras conclusiones, las autoras exponen que,
mayoritariamente, los casos de resistencia a la megaminería en Argentina se consideran exitosos. En primer lugar, porque en más de la mitad de los casos el proyecto ha sido cancelado o temporalmente suspendido. Sin embargo, la causa de suspensión también puede sumarse a factores externos como el precio internacional de los minerales o crisis corporativas” (p. 274).
En otro orden, expresan: “nuestro estudio da cuenta de la incidencia que estas resistencias locales han tenido en las instituciones ambientales y judiciales, logrando poner en práctica legislaciones ‘dormidas’, abriendo espacios de debate y participación, y/o posibilitando la sanción de nuevas leyes” (p. 274).
Finalmente, tres casos de problemáticas ambientales de Argentina cierran la nueva publicación: Julieta Godfrid, con “La estrategia comunicacional de responsabilidad social empresaria en el sector minero: los casos La Alumbrera y Veladero”; Felipe Gutiérrez Ríos, quien describe tres tendencias del desarrollo del fracking en Argentina en el período 2012-2019 y, Alejandro Schweitzar, analiza el “Re-escalamiento del capital, conflictos ecológico-distributivos y resistencias en el sur de la provincia de Santa Cruz, Patagonia Sur”.
Entre el primer Cartografías del conflicto ambiental en Argentina, del año 2013, al actual libro, transcurrieron siete años que re-significan procesos sociales, políticos, económicos y culturales donde los bienes naturales comunes son puestos en un lugar distinto al que le han asignado, que no es, precisamente, es el de la confluencia del cosmos. Por eso, dar cuenta de los qué, los cómo y los por qué, colabora en edificar teorías y metodologías a través de cartografías que construyen los dilemas sociales sobre el ambiente. En este caso, la suma de las partes provoca a un todo. Su sentido, desde perspectivas ecológico-políticas que no cierran, promueve la escucha de voces de actores sociales que protagonizan los fenómenos conflictivos porque, además, son quienes los sufren en carne propia. Por eso, este libro –junto a sus antecesores- es una brújula que quiere orientar a la comprensión pero también seguir escuchando. Y lo logra con creces, no solo porque mira del lado de los de abajo de la desigualdad, sino del lado que busca tender manos de comunidad, en el sentido más amplio que tiene esa palabra.
Lic. Andrea Marina D’Atri
Departamento de Comunicación Social
Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam