Presentación realizada por Sonia Alzamora y Mirian Martín Lorenzatti. Educación, Lenguaje y Sociedad EISSN 2545-7667 Vol. XXIV Nº 24 (Abril 2025) pp. 1-8.

Se recuperan las disertaciones presentadas en el Ciclo de Paneles “Debates sobre la educación superior en la coyuntura actual”, llevado a cabo en el año 2024 en la sede de General Pico de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Los artículos dan cuenta de distintas posiciones y pronunciamientos de docentes investigadoras de distintas universidades nacionales, de representantes sindicales de docentes y de estudiantes. Los ejes propuestos para la discusión versaron sobre las políticas educativas para el nivel superior en los pasados años ‘90, sus continuidades y notas críticas para pensar el presente y la política educativa actual, sus tensiones, desafíos y las apuestas de las universidades nacionales.

El propósito es socializar con un público amplio diversas lecturas sobre la situación actual de la educación universitaria, ante un gobierno de ultraderecha con un programa de reforma estatal que incluye medidas de desfinanciamiento y ajuste en la cultura, la educación y el sistema científico-tecnológico.

En este dossier recuperamos las disertaciones realizadas en el Ciclo de Paneles “Debates sobre la educación superior en la coyuntura actual”, realizado en el año 2024 en la sede de General Pico de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Esta actividad extracurricular fue impulsada conjuntamente por quienes integramos la cátedra de Sociología de la Educación de la carrera de Ciencias de la Educación de esa Facultad y el Profesor Franco Llanos, en su condición de integrante de la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa (ADU), nucleada en la Federación CONADU Histórica.

La propuesta de los paneles se realizó entre los meses de agosto y septiembre en vistas de promover un espacio de intercambio para la comunidad universitaria y general, respecto de la situación que está transitando, en el presente, la educación superior. Más específicamente sobre la coyuntura inaugurada para el sistema universitario con el arribo del nuevo gobierno nacional en diciembre del 2023, con un programa de reforma del Estado, de desregulación de la economía y que persigue el equilibrio fiscal desestimando las consecuencias e impactos sociales de estas medidas. En este contexto, caracterizado por la creciente conflictividad social y sindical, consideramos oportuno darnos lugar para complejizar nuestras miradas y debatir en torno al estado del contexto actual y sus efectos sobre la educación en general y la educación superior universitaria. En particular; generar un espacio para la reflexión académica e intelectual, asimismo, consustanciado con las extensas y sostenidas jornadas de protesta que se fueron llevando a cabo (y que aún continúan) en todas las casas de altos estudios que conforman el sistema universitario nacional.

Los debates se estructuraron en torno a dos ejes: 1) las políticas educativas para el nivel superior en los pasados años de la década de 1990, sus continuidades y notas críticas para pensar este momento. 2) La política educativa actual: las tensiones, los desafíos y las apuestas de las universidades nacionales. En la composición de los paneles buscamos expresar amplitud federal, disciplinar, temática, de posiciones (en tanto docentes, investigadores, representantes sindicales) y fundamentalmente política-ideológica.

Con el objetivo de justificar la relevancia y urgencia del debate propuesto debemos caracterizar y plasmar en datos la crisis e incertidumbre que se encuentra atravesando el sistema universitario. Dos de los indicadores más perceptibles e inapelables refieren al deterioro presupuestario y salarial de sus trabajadoras y trabajadores. Poco después de asumir, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó -mediante el Decreto N° 88/2023- el Presupuesto General de la Administración Nacional del Ejercicio 2023. Es decir, impuso para el año que se iniciaba los mismos montos previstos para el año anterior, a la par que impulsaba una devaluación del 119 %. Frente a esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió:

sobre el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación de los sistemas nacionales de becas (CIN, 2024a)

A esto se sumó también la preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Ante el infructuoso diálogo con distintos representantes del Poder Ejecutivo durante los primeros cien días de gobierno, el mencionado organismo convocó a una “gran demostración nacional (...) en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino”, en conjunto con las representaciones docentes, nodocentes y estudiantiles”. Por su parte, la Universidad Nacional de La Pampa en días previos a esa marcha universitaria convocada para el 23 de abril, declaró mediante su máximo órgano de gobierno la emergencia económica, financiera y presupuestaria. El argumento central fue que en un contexto inflacionario que alcanzaba casi un 300 por ciento “resulta sumamente dificultoso llevar adelante una ejecución presupuestaria ordenada y eficiente con cifras que no se actualizan ni reflejan el aumento general, constante y sostenido de los precios de los insumos y servicios” (Res. 085/24).

Tras la multitudinaria movilización que congregó alrededor de un millón de personas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en los centros universitarios de todas las provincias, el CIN insistió en que el incremento del presupuesto otorgado era insuficiente. En efecto, apenas permitía cubrir gastos de funcionamiento y dejaba intacta la situación salarial, que representa el 90 por ciento del presupuesto que el Estado destina a la educación superior (CIN, 2024b). Para el mes de agosto advertía el Consejo Superior de la UNLPam, en sintonía con el CIN, que la situación salarial y paritaria del personal docente y no docente de las Universidades Nacionales no había mejorado ni se había regularizado. En respuesta a esto, se declaró la emergencia salarial en el ámbito de la UNLPam. En la fundamentación de esa declaración se afirma que la docencia universitaria y el sector no docente sufrieron al mes de agosto una pérdida del salario real superior al 54 por ciento. Un resultado muy alejado de lo que publicó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado oficial afirmando que “los sueldos universitarios aumentaron un 71% de diciembre a julio”.^[1]

De acuerdo con el informe del Observatorio Universitario de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la misma universidad (OUE), el ajuste presupuestario daña la evolución de los salarios en relación con la evolución de la inflación y el cambio de los precios relativos de la economía. Destacan que los salarios reales de la docencia universitaria transitan su peor momento desde 2015 a la fecha y que, a septiembre de 2024, “debieran aumentar un 33,10% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 y un 89,36% respecto a agosto de 2015” (OUE, 2024). Como consecuencia de este retraso, los salarios al mes de julio se posicionaron en la provincia de La Pampa por debajo de los abonados a quienes trabajan en entidades bancarias, comercios y casas particulares.

Ese desolador panorama, de ajuste en las dos partidas presupuestarias que garantizarían la sostenibilidad del sistema universitario, parecía encaminarse hacia una resolución con la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo. Sin embargo, esa expectativa quedó interrumpida con el veto por parte del presidente Javier Milei y su posterior ratificación legislativa. Esta decisión política no pudo ser evitada, pese a la realización de una nueva multitudinaria marcha universitaria a principios del mes de octubre. En palabras del informe antes citado, bajo la excusa del déficit cero el Poder Ejecutivo (con el apoyo del Poder Legislativo) se negó a aprobar una ley que sólo destina el 0,14 por ciento del PIB al financiamiento sostenible del sistema universitario nacional.

La gravedad de este ajuste y del desfinanciamiento se vio intensificada por la maniobra de difamación y desprestigio que protagonizan el gobierno y sus partidarios. En palabras del CIN, las universidades hoy soportan “una campaña injusta, planificada e intencional, que busca, sistemáticamente, desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario” (CIN, 2024c). Así es como se instaló en los medios de comunicación y redes sociales que las universidades se niegan a ser auditadas o que adulteran sus estadísticas para obtener más presupuesto. Al mismo tiempo, el gobierno valiéndose de cálculos parciales y arbitrarios impuso la idea de que los incrementos salariales en las universidades fueron superiores a los del sector público.

Con la intención de erosionar el masivo apoyo social y de los sectores sociales más castigados por el ajuste, también se propagó la falacia de que a la universidad pública no acceden personas pobres. En palabras del presidente Milei, “la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta”^[2]. Afirmación que contradice la literatura especializada, los datos oficiales que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) y las propias estadísticas de las unidades académicas. Según los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC (EPH INDEC) que compartió el CIN, el 48,5 por ciento del estudiantado está por debajo de la línea de pobreza y casi siete de diez estudiantes -de los dos millones que componen el sistema universitario público- tiene padre y madre que no asistieron a la universidad. En sintonía con estos datos, el informe elaborado por la Secretaría Académica de la UNLPam demuestra que quienes ingresaron en el año 2023 representan, en su mayoría, la primera generación de sus familias en acceder a este nivel educativo. Y, agrega, que “muchas de ellas lo han conseguido costeando los estudios mediante la ayuda de planes sociales o a través de su propio trabajo; lo que demuestra la importancia de la educación universitaria pública y gratuita” (Secretaría Académica UNLPam, 2023, p. 25).

Los indicadores previos permiten, a modo de muestra, caracterizar la coyuntura actual que justificó la realización de los paneles en un primer momento, y ahora la publicación de este dossier. El presente nos interpela como participantes de la comunidad universitaria y de la sociedad argentina, y también como especialistas del campo educativo. Desde esa posición, cabe la interrogación por la caracterización política ideológica de este gobierno, como también por las condiciones que hicieron posible no solo su triunfo sino también la legitimidad de sus medidas y discursos ¿Qué novedades y qué continuidades expresa la vocación reformadora del Estado que manifiesta el partido de gobierno? ¿Cuáles son sus intereses y alianzas estratégicas, en el nivel local e internacional? ¿Qué transformaciones introduce en la estructura social la transferencia de recursos que instaura con su política económica? ¿Cómo y por qué obtiene altísimos niveles de adhesión, incluso entre los sectores que más se ven perjudicados por sus medidas? ¿Qué posibilidades tiene el campo popular, en virtud de sus aspiraciones democráticas y democratizadoras, de articular estrategias y acciones de resistencia? ¿Qué actores y qué alianzas son posibles y necesarias en este escenario? ¿Cuál es el lugar y relevancia de las universidades y de la ciencia argentina para defender lo público y lo común, en un momento donde los discursos individualizadores y mercantilistas se imponen como hegemónicos? ¿Qué efectos a largo plazo se pueden prever de las actuales políticas de desguace y vaciamiento y qué actores colectivos del campo educativo deberían articularse con vistas a evitarlos? ¿Cómo debiera verse interpelada la tarea de enseñar y de investigar en la universidad frente a estos desafíos? Este dossier tiene entre sus propósitos socializar con un público más amplio las primeras respuestas, aunque todavía parciales y provisorias, a algunos de esos interrogantes.

En esa dirección Susana Vior repasa la etapa de retorno a la democracia con el gobierno de Alfonsín, los desafíos, debates y decisiones adoptadas en aquel momento, que son la antesala de las medidas legales posteriores. Se detiene en la sanción de la Ley de Educación Superior y las transformaciones institucionales que se produjeron luego de su aprobación en los años 1990 y 2000. Ese recorrido histórico lleva a la autora a reflexionar sobre los efectos de esa política en la vida interna de las universidades, que aun en el presente reproducen y refuerzan su derechización. En ese contexto, sostiene que la gestión de Milei, con un “grotesco revival del menemismo”, vino a clausurar la etapa de los gobiernos que “no fueron más allá del intento de consolidar un Estado neokeynesiano”. A su entender, quienes formamos parte de las universidades, si las colocamos como objeto de estudio, debemos investigar los problemas no resueltos y los generados en estos tiempos de cambio de la reconfiguración socio-estatal en búsqueda de nuevos encuadres de abordaje.

Vior es una referente nacional en el estudio de la Política Educativa Argentina y Comparada y cuenta con una reconocida carrera como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Luján, que incluso no se vio interrumpida con motivo de su jubilación.

A continuación, Graciela Di Franco presenta la situación de disminución del presupuesto de las universidades, y en particular en la UNLPam, así como del CONICET. Para ello repasa los antecedentes del proceso que fue instalando una visión mercantilista del rol del Estado en la educación superior y en la formación docente en particular. Di Franco recorre tres momentos relevantes, a saber, la década de los años 1990 con el gobierno de Menem, la gestión de Cambiemos a cargo de Macri y el momento actual. Argumenta que las agendas de agencias internacionales y del Ministerio de Educación nacional de esos momentos priorizaron criterios de eficiencia, de calidad del sistema formador en tanto igualitario y meritocrático y de profesionalización de la docencia. Tras ese recorrido apuesta por la calidad en la formación en tanto construcción de ciudadanía, con una concepción democrática del poder, de la circulación de saberes y de la inclusión que fortalezca un nosotras/os colectivo. Graciela Di Franco es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam, con una extensa trayectoria en investigación educativa contextualizada en nuestra región. Recientemente jubilada, continúa dirigiendo el Instituto de Ciencias de la Educación para la investigación Interdisciplinaria y la Revista Praxis Educativa.

Por su parte, María Betania Oreja Cerruti examina el proceso de ajuste sobre las universidades nacionales a partir de considerar la contribución de la educación superior universitaria al proceso de producción social y de formación de la fuerza de trabajo. Desde esa perspectiva, la reivindicación por el derecho a la educación es, al mismo tiempo, un requerimiento específico del desarrollo del capitalismo. La autora muestra cuantitativamente que en los últimos 50 años el proceso de expansión del sistema educativo se dio a la par del deterioro general de las condiciones de vida del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores. Presenta los efectos que esta situación produjo en el sistema universitario y cuestiona el pragmatismo con el que las instituciones dieron respuesta, profundizando los procesos de segmentación y diferenciación. Oreja Cerruti destaca que el ajuste del actual gobierno sobre las universidades nacionales se despliega sobre la base de una retracción del gasto de los años previos inmediatos. Cierra su artículo con un llamado a la reflexión respecto de la fragmentación de los distintos colectivos sociales en la lucha social y a la necesidad de profundizar el análisis crítico. María Betania Oreja Cerutti se desempeña en el ámbito universitario en el campo de la política educativa, en la Universidad Nacional de Luján, en Institutos de Formación Docente en el conurbano bonaerense; y sostiene desde hace décadas la militancia gremial en la provincia de Buenos Aires.

Nora Lanfri, docente investigadora del área de política educativa de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, centra su presentación en el papel del Estado en tanto regulador de la acción pública en este contexto global de avanzadas neoliberales. En su artículo analiza primero la Ley de Bases sancionada este año, que pone en peligro importantes derechos conquistados previamente en un proceso de reforma estatal profundo. En un segundo momento revisa los desarrollos en la ampliación del derecho a la educación en los períodos anteriores, y los contrapone con la desaparición del Ministerio de Educación, los recortes de las partidas para programas de educación y el ajuste para el nivel universitario y el sistema científico-tecnológico. Hace una convocatoria a construir abordajes ajustados a nuestro contexto para comprender este neoliberalismo y hacerle frente en nuestros ámbitos de actuación.

Luis Tiscornia fue convocado al Panel por su condición de secretario Gremial y exsecretario General de CONADU Histórica. Desde esta posición se pregunta por la justicia de los reclamos que llevaron adelante las y los docentes en las universidades durante el año 2024. A fin de argumentar en favor de la legitimidad de la protesta docente, revisa la evolución salarial del último año y denuncia que en las universidades argentinas existen docentes con salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Tiscornia reflexiona sobre el alcance del sistema universitario público argentino en comparación con el brasilero, y expone los efectos que busca el modelo de ajuste y achicamiento del gobierno de Milei. Tras argumentar que el ajuste y vaciamiento de las universidades nacionales persigue su privatización, hace un balance positivo de la marcha universitaria del 23 de abril y exhorta a construir una salida colectiva a la crisis de este momento.

El dossier concluye con la presentación de Agustina Polanich, quien es estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario y fue invitada en su condición de secretaria académica de la Federación Universitaria Argentina (FUA), desde el año 2022 a la actualidad; con una militancia sostenida en estos últimos años en dicha Universidad en defensa de los derechos estudiantiles. Polanich toma como punto de partida la Reforma Universitaria de 1918 por su papel en la configuración del sistema universitario argentino, con acceso de estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas y la promoción de la movilidad social ascendente. Plantea los desafíos a los que este sistema está sometido actualmente por el fuerte ajuste que se deriva del presupuesto asignado a las universidades, por la campaña pública de difamación y el empobrecimiento del estudiantado. Desde su posición de estudiante apela a sostener la lucha en defensa de la educación superior pública y a continuar en la construcción de espacios democráticos; sostiene que se debe seguir marchando en pos de una utopía con derechos conquistados y mayor igualdad.

Como coordinadoras de este dossier evaluamos que es imperativo comprender este proyecto político en lugar de quedarnos en una rápida descalificación que propende a construir visiones reduccionistas. Con la presentación de estas diferentes miradas sobre el modelo político estatal y sus relaciones con la educación superior proponemos contribuir a las discusiones y a la evaluación de diferentes estrategias en tiempos que nos reclaman la interrupción de la hegemonía de la neoderecha. Esta fue la intención inicial que nos llevó, junto con Franco Llanos, a organizar este ciclo que ahora adopta esta materialidad.

Cerramos esta presentación con un sincero agradecimiento a quienes se dispusieron para participar de los debates y, posteriormente, se dieron el tiempo para escribir sus reflexiones desde un conocimiento informado. Así como también a la dirección de esta revista que nos otorgó el espacio para su publicación.

Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa. (2024) La situación salarial del personal nodocente y docente de las Universidades Nacionales.(005).

[2] Los datos detrás de los dichos de Milei: 4 de cada 10 alumnos de universidades nacionales son pobres (15 de octubre de 2024). Infobae. Recuperado de https://www.infobae.com/politica/2024/10/15/los-datos-detras-de-los-dichos-de-milei-4-de-cada-10-alumnos-de-universidades-nacionales-son-pobres/.