Hornes, Martín; Fiquepron, Denise. El péndulo entre el Estado y el sector cooperativo. Desafíos actuales desde un abordaje situado en San Martín (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Cuadernos de Extensión Universitaria de la UNLPam, Vol. 10, N.º 1, enero – junio 2026. Sección: Artículos, pp. 9-32. ISSN 2451-5930 e-ISSN 2718-7500.

El péndulo entre el Estado y el sector cooperativo. Desafíos actuales desde un abordaje situado en San Martín (Provincia de Buenos Aires, Argentina)

Resumen

Este artículo sistematiza un trabajo de relevamiento del sector cooperativo en el Distrito de San Martín, Provincia de Buenos Aires, realizado de forma conjunta entre el municipio, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Laboratorio de Políticas Públicas Idear Ciudad y la Universidad Nacional de San Martín sobre un conjunto heterogéneo de experiencias cooperativas de producción de bienes y servicios. El trabajo recupera una problematización teórico-conceptual del cooperativismo de trabajo. Luego, indaga en una caracterización de las experiencias cooperativas y las empresas sociales del distrito, sus problemáticas emergentes y los desafíos actuales. Este análisis situado nos permitirá contar con algunos elementos concretos para problematizar el vínculo entre el Estado, las políticas públicas y este sector de la economía. Al finalizar, analizaremos sobre el escenario actual del cooperativismo ante la emergencia del gobierno presidido por Javier Milei (2023-2027) y las condiciones de posibilidad del sector.

Palabras clave: cooperativismo; economía popular; políticas públicas; extensión universitaria.

The pendulum between the State and the cooperative sector. Current challenges from an approach situated in San Martín (Province of Buenos Aires, Argentina)

This article systematizes a survey of the cooperative sector in the District of San Martín, Buenos Aires Province, conducted jointly by the municipality, the Union of Workers of the Popular Economy (UTEP), the Idear Ciudad Public Policy Laboratory, and the National University of San Martín. The survey encompasses a diverse set of cooperative experiences in the production of goods and services. The work begins with a theoretical and conceptual analysis of workers cooperatives. It then explores the characteristics of cooperative experiences and social enterprises in the district, their emerging problems, and current challenges. This situated analysis provides concrete elements for examining the relationship between the State, public policies, and this sector of the economy. Finally, we will analyze the current state of cooperativism in light of the government led by Javier Milei (2023-2027) and the conditions that enable the sector.

Keywords: cooperativism; popular economy; public policies; university extension.

O pêndulo entre o Estado e o setor cooperativo. Desafios atuais a partir de uma perspectiva situada em San Martín (Província de Buenos Aires, Argentina)

Este artigo sistematiza um levantamento sobre o setor cooperativo no Distrito de San Martín, Província de Buenos Aires, realizado em conjunto pela prefeitura, o Sindicato dos Trabalhadores da Economia Popular (UTEP), o Laboratório de Políticas Públicas Idear Ciudad e a Universidade Nacional de San Martín. O levantamento abrange um conjunto diversificado de experiências cooperativas na produção de bens e serviços. O trabalho inicia-se com uma análise teórica e conceitual das cooperativas dos trabalhadores, em seguida explora as características das experiências cooperativas e das empresas sociais do distrito, seus problemas emergentes e desafios atuais. Essa análise situada fornece elementos concretos para examinar a relação entre o Estado, as políticas públicas e esse setor da economia. Por fim, analisamos o estado atual do cooperativismo à luz do governo liderado por Javier Milei (2023-2027) e as condições que viabilizam o setor.

Palavras-chave: cooperativismo; economia popular; políticas públicas; extensão universitária.

Introducción

Esta publicación surge como parte de un trabajo articulado entre la Municipalidad de San Martín (2019-2020), el Laboratorio de Políticas Públicas “Idear Ciudad” (2023) y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (EIDAES - UNSAM) que, durante los últimos años y de forma ininterrumpida (2019-2023), lleva adelante un relevamiento sistemático del sector cooperativo y de empresas sociales del distrito. Estas iniciativas fueron llevadas a cabo por agentes municipales, investigadoras e investigadores, estudiantes de la UNSAM y se encontraron acompañadas territorialmente por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular^[1] (UTEP) de San Martín. Este proyecto, denominado “Futuro Cooperativo”, ha promovido la caracterización cuantitativa y cualitativa de la situación laboral, económica y social de más de 30 unidades productivas de la economía social y popular; como así también, de alrededor de 1000 personas que las integran en San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina. En tanto instrumento de medición y análisis, este se remonta al 2019 en el marco de la ejecución del proyecto “Trabajo cooperativo en las cooperativas de trabajo de San Martín” (PCESU20-UNSAM1537-Trabajo Cooperativo), adjudicado en el marco de la 4ta. Convocatoria de Proyectos de investigación y constituciones de redes, del Programa de Cooperativismo y Economía Social de la UNSAM. La articulación entre el municipio, la economía popular nucleada en la UTEP San Martín, cooperativas y la universidad se estableció como uno de los objetivos del proyecto. El dinamismo adquirido por esta articulación dio lugar a una vasta producción sobre el sector, entre los que se destacan:

Esta producción se enmarcó en la necesidad de construir conocimiento acabado, circulable y acumulable del cooperativismo de trabajo situado en el distrito de San Martín, que diera cuenta de sus dinámicas productivas y de organización del trabajo, sus problemáticas, obstáculos y/o “techos” productivos, sus estrategias de adaptabilidad y/o reconversión ante las múltiples crisis; así como de su potencia y aporte como sector clave de la economía del presente y futuro. Mediante esta iniciativa, la UNSAM se comprometió en las dimensiones de la extensión y vinculación tecnológica considerando a la educación superior como un elemento clave en la democratización del conocimiento y la producción plural de saberes, bregando por la construcción de redes de saberes e investigación / acción que fortalecen las iniciativas económicas y los desarrollos socioproductivos que las cooperativas y empresas recuperadas del distrito suponen. Acordamos con Pastore (2024) cuando, contemplando que la universidad aporta conocimientos y herramientas de índole más académico y desde la comunidad provienen saberes y aportes originados en las propias prácticas sociales, propone la noción de “extensión com/universitaria”: “la misma promueve una ciudadanía universitaria activa para los actores territoriales y sujetos populares con que se vincula, oponiéndose a considerarlos como “objetos de estudio”, asistencia o transferencia, buscando por el contrario abonar a su condición plena como sujetos de derecho, capacidades y responsabilidades” (Pastore, 2024, p.15).

En términos metodológicos, se recurrió a la elaboración de un muestreo no probabilístico como herramienta para la recolección (y construcción) de los datos. El universo de actores del sector cooperativo y de empresas sociales fue reconstruido a partir de datos secundarios provenientes del padrón de cooperativas de trabajo por distrito del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). También, para elaborar un universo más representativo, resultó fundamental la participación de la UTEP en la construcción de una estrategia metodológica tipo “bola de nieve”, esta tuvo el objetivo de identificar experiencias asociativas de reciente creación y/o que funcionan de “hecho” pero no contaban con una matrícula vigente. El trabajo de campo que implicó la elaboración de los diferentes informes contó con la participación de estudiantes de grado de las carreras de las licenciaturas en sociología y antropología de la Escuela IDAES-UNSAM, quienes bajo la coordinación de investigadores e investigadoras y docentes de nuestra casa de estudio participaron en la elaboración y aplicación de dos instrumentos:

Los relevamientos realizados alcanzaron un nivel de cobertura de 25 a 31 unidades (productivas y/o de servicios) organizadas de forma asociativa en San Martín, con un total de casi 40 referentes del sector. La información recabada cuantitativamente fue sistematizada y analizada con el software de procesamiento y análisis estadístico SPSS, mientras que las entrevistas en profundidad fueron tabuladas y analizadas por el grupo de estudiantes intervinientes y los actores locales estatales, docentes, investigadoras e investigadores pertenecientes a la UNSAM. Desde este lugar, se trató de un proyecto de extensión, vinculación y transferencia que produjo conocimiento a partir de la participación plural y la colaboración dialógica entre los actores territoriales y docentes, estudiantes, instituciones del tercer sector y universidad, produciendo una práctica educativa contextualizada al servicio de los procesos organizativos y de reproducción social de la economía popular (Alonso, Cuschnir y Napoli, 2021).

Para terminar, esta publicación pretende seguir contribuyendo a una caracterización dinámica de las experiencias cooperativas y las empresas sociales del distrito, sus problemáticas y desafíos. Para ello, en un primer apartado, nos adentraremos en algunas coordenadas históricas que vinculan las gestiones del gobierno nacional de la República Argentina desde la post convertibilidad con el sector cooperativo. Esto nos permitirá explorar algunas definiciones teóricas sobre el cooperativismo y sus formas de trabajo. En un segundo apartado, partiremos de un enfoque situado en el partido de San Martín (Provincia de Buenos Aires, Argentina) para reconstruir las características productivas y económicas del distrito y así caracterizar al sector cooperativo, sus particularidades y tendencias. En un último apartado, introduciremos algunos debates políticos que atraviesan al sector, en un escenario actual signado de controversias en torno a las políticas públicas y el rol del Estado.

No es posible adentrarnos en el cooperativismo de trabajo en tanto sector específico sin antes realizar una caracterización del modo de acumulación del neoliberalismo y sus respectivos mecanismos impulsados con el fin de restaurar el poder del capital sobre el trabajo. En línea con esto, las políticas de corte neoliberal adoptadas a partir de mediados de los años ‘70, y profundizadas durante la década del ’90, impactaron sobre los niveles de empleo limitando el acceso al trabajo asalariado de vastos sectores de la población, impulsando el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia. Las condiciones macroeconómicas y las reformas en materia laboral condujeron no solo al incremento de la desocupación y subocupación como rasgo más notable del período sino, también, a una disminución en la calidad del empleo, a la caída de los salarios y al incremento del empleo no registrado.

Ante esto, en los albores del siglo XXI el trabajo deja de ser el eje de producción de la riqueza, y será el capital financiero el que tome preponderancia mundial. Las transformaciones generadas demostraron que la economía capitalista no estaba en condiciones de garantizar a cada persona el derecho a un trabajo digno y remunerado; como también que el trabajo productivo perdió centralidad y pasó a estar al servicio de la automatización de las máquinas y de la tecnología. En nuestro país, estos cambios radicales en la estructura económico-social incidieron en un quiebre en las vías tradicionales de integración social asociadas al empleo registrado. En el mismo sentido, es posible encontrar múltiples mutaciones en el ámbito de la producción, distribución y consumo, que impactaron en nuevas formas de organización de la producción y el trabajo (Fernández Moujan, Maldovan Bonell e Ynoub, 2018).

Esta cuestión nos exige contar, tanto en la República Argentina como en América Latina, con nuevas categorías que nos permitan tener una mayor comprensión del mundo del trabajo hoy. Desde este lugar, entendemos a la economía popular y solidaria como aquella organización social y económica de experiencias desarrolladas por fuera del mercado laboral registrado que cuenta con distintas estructuras organizativas que surgen como consecuencia de las nuevas formas de acumulación y producción. Sus integrantes, ya sea individuos o colectivos, desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización y consumo de bienes y servicios con el fin de satisfacer necesidades y generar ingresos, desde una perspectiva particular: las relaciones que se establecen son de solidaridad y cooperación, privilegiando a las personas como sujeto y entendiendo que el trabajo que realiza está orientado al buen vivir y no solamente al lucro y la acumulación de capital.

Entre los aspectos más significativos que constituyen al sector destacamos que sus integrantes no poseen los derechos laborales propios de un asalariado registrado, por lo que han expresado un conflicto social y público a través de diferentes herramientas y formas gremiales. A su vez, no se encuentran sujetos a una única actividad económica, sino que pueden encarnar una diversa trama que Roig (2014) denomina economía política de lo popular: una heterogeneidad de fuentes de ingresos que incluyen incluso ingresos monetarios del Estado.

En estas entidades el factor trabajo ocupa un lugar central dado que, por un lado, sus integrantes se proponen sostener su fuente de trabajo y, por otro lado, es el trabajo –bajo una relación asociada– lo que sostiene a estas iniciativas. El trabajo se constituye tanto un fin como un medio, en el cual la cooperación es simultáneamente un hecho económico, social, político y cultural. De este modo, no opera la lógica capitalista de división entre capital y trabajo, sino que lo que vemos es una indivisión, en la que existe una tenencia colectiva de los medios de producción que busca lograr una apropiación por parte de sus integrantes en la capacidad de gestionar y administrar los mismos. Por último, dentro del proceso de conformación y desarrollo de estas experiencias y tal como sostiene Stryjan (1999), existe una “pre historia” compartida vinculada al hecho de que –en gran medida– sus integrantes han de pertenecer a la misma fábrica abandonada por la patronal y/o cuentan con trayectorias laborales que se dieron por fuera de las rutinas, regulaciones y derechos asociados al sector asalariado. Como resultado, se genera una socialización o resocialización laboral (Maldovan y Dzembrowski, 2009) donde aquellos grupos y/o personas que fueron expulsadas –o nunca incluidas– a los derechos y obligaciones del mercado laboral registrado, generan consensos y acuerdos que establecen nuevas reglas, hábitos y perspectivas del trabajo. En este sector de la economía, las cooperativas se constituyen para sostener el trabajo y, a la vez, es el trabajo el que sostiene a las cooperativas.

Ahora bien, en la República Argentina si bien los inicios del movimiento asociativista se remontan a principios del siglo XX, los sucesos devenidos de la crisis de la convertibilidad (2001-2002) constituyeron un nuevo escenario en el cual el sector se “ensanchó” e incorporó nuevas experiencias organizativas. En los inicios de la posconvertibilidad con el primer gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), las formas de trabajo de carácter asociativas vinculadas a la economía social y solidaria se impregnaron en el campo del diseño de los programas sociales donde las cooperativas de trabajo fueron utilizadas como figura jurídica de “inclusión social” para las personas que no se encontraban integradas al mercado laboral registrado. En simultáneo, se produjo una expansión de los programas de transferencias monetarias que “tramaron” el dinero estatal con las experiencias cooperativas (Hornes, 2020). Por su parte, el programa Jefes y Jefas de Hogar para la Inclusión Social (PJyJH) inauguró, tras la crisis económica, política, social e institucional del año 2001, una asistencia monetaria de envergadura que vinculaba a las personas desocupadas con expectativas de inserción al mercado laboral. Durante los años venideros (2003-2008), surgieron un conjunto de transferencias monetarias estatales que transformaron las líneas del PJyJH e incorporaron nuevas figuras para la asistencia y la promoción social, en la cual la cartera de Desarrollo Social jugó un rol preponderante en la difusión de líneas políticas vinculadas al empoderamiento del sector cooperativo –entre ellas, Plan Manos a la Obra (2003), Argentina Trabaja (2009) y otras medidas–. Estos programas representaron un cambio en relación a las experiencias de los programas sociales precedentes e influenciaron notablemente el diseño de los programas en los años posteriores.

A partir del 2009, y con el advenimiento de la Asignación Universal Por Hijo para la Protección Social (AUH), se inaugura una etapa en la cual las transferencias monetarias estatales comienzan a inscribirse como políticas de inclusión social con enfoque de derechos, postulado asociado a la idea de pisos salariales mínimos de protección social para todos los sectores poblacionales. En paralelo a la creación de toda esta institucionalidad relacionada con cooperativas de trabajo bajo programas sociales, se impulsaron normas específicas, se agilizaron procedimientos administrativos y se crearon estructuras burocráticas que consolidaron esta orientación en la política pública en diferentes gestiones de gobierno (Hopp, 2013).

El inicio del gobierno de la Alianza “Cambiemos” presidida por Mauricio Macri (2015-2019) y el desarrollo de su programa “restaurador” estuvo signado por el ajuste económico y reformas neoliberales en el área fiscal, social, laboral y previsional. En este sentido, una de las ofensivas del gobierno nacional estuvo direccionada a la desarticulación y fusión del “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen” hacia el programa “Hacemos Futuro”. Esta nueva elaboración modificará el sentido asociativo del programa y su forma de contraprestación: ya no era obligatorio ser una persona asociada a una cooperativa de trabajo, sino que se les exigirá a quienes fueran titulares de derecho la finalización de la secundaria y/o la capacitación en talleres de formación profesional.

Por su parte, las organizaciones sociales y políticas que integraban la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (CTEP)^[2] en articulación con otras organizaciones sociales, políticas y eclesiásticas, presentarán en la arena pública y legislativa un proyecto de Ley que establece la Emergencia Social e incluirá en su articulado la creación del Salario Social Complementario, el Consejo de la Economía Popular y el Registro Nacional de la Economía Popular; destinando un aumento presupuestario a la asistencia social. El debate y aprobación de Ley 27.345 (2016), contó con la presencia del sector en las calles que, mediante su “desborde plebeyo” impugnó las medidas económicas del gobierno nacional, planteando distintas reivindicaciones asociadas al aumento de subsidios, otorgamientos de Salarios Sociales Complementarios (SSC) y un mayor poder para administrarlos (Longa, 2019). De este modo, la CTEP efectuó sucesivas acciones colectivas de protesta durante el período como una forma de resistencia, erigiéndose como un actor fundamental en la protesta social y constituyendo junto a otros actores -como los feminismos y parte del movimiento sindical- un bloque de resistencia social que limitó la concreción del programa económico de la Alianza Cambiemos (Mariños, 2020).

El inicio de la gestión nacional de Alberto Fernández (2019-2023) se encontró atravesado por las disposiciones tomadas por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en virtud de la pandemia COVID-19. A los efectos devastadores sobre una economía que se encontraba en recesión, con alta inflación y expansión de la pobreza, se le agregó este acontecimiento sanitario excepcional. Pese a las diferencias que tuvo su impacto en el territorio nacional, nuestro país se convirtió en uno de los que desplegó las políticas de confinamiento más rigurosas de la región en cuanto a las actividades económicas y sociales restringidas, a los grupos etarios y de riesgo obligados, y a la intermitencia y reconversión en el funcionamiento de los poderes estatales. El ASPO mostró y dejó aún más en evidencia las desigualdades estructurales y territoriales de la República Argentina, y la singularidad de sus efectos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Arcidiácono y Gamallo, 2020). En efecto, el gobierno nacional desplegó un conjunto variado de medidas orientadas a mitigar los efectos recesivos de la pérdida parcial o total de ingresos en los hogares de nuestro país; entre ellas, encontramos las prestaciones alimentarias, bonos “extraordinarios” para prestaciones sociales, el pago parcial de los ingresos de los asalariados del sector privado (ATP) y la transferencia de ingresos de forma incondicionada (IFE) (Hornes, 2023). Estas tuvieron una injerencia relativa dentro del sector asociativo, impactando de manera desigual y fragmentada, dado que establecieron requisitos que se constituyeron como obstáculos de acceso al ingreso de emergencia para personas asociadas a empresas sociales (Informe Futuro Cooperativo, 2020).

A mediados de la gestión nacional, será posible encontrar cambios normativos que promovieron, simplificaron y agilizaron los trámites de constitución de cooperativas de trabajo, adecuando a su vez, la figura jurídica a las otras realidades productivas. La Resolución “Renovar” 1000/21 del INAES contribuyó desde el paradigma de la “matrícula como derecho”, a la inclusión legal de unidades productivas y de servicios pertenecientes a la economía popular y solidaria. Como saldo, grupos precooperativos que contaban con tres integrantes podían constituirse en tanto cooperativa de trabajo y/o de provisión de servicios rurales, siendo antes seis integrantes el mínimo necesario. Ahora bien, si bien el acceso a la personería jurídica resultó clave, fue notable la persistencia de limitantes estructurales que continúan incidiendo en la posibilidad del sector de producir e insertarse dentro de las tramas de nuestra economía como, así también, de sus integrantes para acceder a los mecanismos de protección social asociados al empleo registrado.

Con la asunción de la coalición de gobierno nacional presidida por Javier Milei (2023), se abre un nuevo escenario para el sector asociativo y, en particular, para las cooperativas de trabajo y sus asociados/as. Luego de un año en la gestión, las medidas económicas y sociales llevadas a cabo ofrecen un panorama en relación al cambio de mirada. Entre ellas, destacamos la suspensión de matrículas de cooperativas que no estaban “al día” con la presentación de su documentación contable y asamblearia ante el INAES, la desarticulación de los entes ejecutores del programa social “Potenciar Trabajo” (antes Hacemos Futuro o Salario Social Complementario) y el desdoblamiento de este en dos nuevos programas (Costa y D’Urso, 2024). Mediante la Resolución 1186/2024, el INAES restableció la norma del mínimo de seis integrantes para la constitución de una entidad cooperativa. Estas medidas estuvieron acompañadas de una campaña de difusión pública orientada a la persecución y criminalización de las organizaciones sociales y cooperativas y sus estrategias de movilización y protesta social.

Durante varias décadas del siglo XX el partido bonaerense de General San Martín se ha constituido como un área estratégica de la región por su importante desarrollo manufacturero y su aporte significativo en los indicadores provinciales y nacionales. En tanto “Capital Nacional de la Industria”^[3], la matriz productiva del distrito creció al ritmo del desarrollo industrial sustitutivo de importaciones, con un fuerte proteccionismo del Estado hacia la industria de capital local que se encontraba orientada a abastecer el consumo interno, conviviendo dentro de su entramado productivo grandes empresas junto a pequeñas y medianas. Este escenario sufrió del proceso de desindustrialización y profundización de la crisis de convertibilidad, junto con el desmembramiento del tejido productivo y el abandono del sector empresarial mediante procesos de quiebra y/o convocatoria de acreedores (Llopys, 2019). Ante esto, se comenzaron a registrar trabajadores y trabajadoras que buscaban reactivar las empresas paralizadas donde la toma y “recuperación” de las mismas se incorporó dentro del repertorio de lucha dentro del ámbito institucional, judicial y político. El pasado común con el sector asalariado resultó clave para comprender ciertas particularidades que trazó esta experiencia organizativa en relación con otras formas asociativas.

En la actualidad, si nos introducimos en las características del asociativismo en General San Martín, podemos observar que existen 172 cooperativas de trabajo constituidas en lo jurídico y de carácter vigente que cuentan con sede social en el distrito. Ahora bien, a lo largo de los últimos años, es posible introducir algunos elementos significativos que hacen a la naturaleza, organización y dinámica del trabajo cooperativo.

Comenzando, la economía asociativa –con excepción de las fábricas recuperadas– es un subsector económico altamente feminizado; es decir, con una mayor proporción de trabajadoras. La diferencia entre las fábricas recuperadas y otras formas de trabajo asociativo se evidencia en que, en las primeras, se mantiene una representación de obrero tradicional de fábrica, siendo empresas mayoritariamente ocupadas por varones y con poco empleo femenino (Futuro Cooperativo, 2019). Por su parte, la feminización del sector está intrínsecamente vinculada al tipo de participación que tienen las mujeres y personas LGBTTIQ+ dentro del mercado de trabajo y la economía asociativa en determinados rubros y ocupaciones poco calificadas y remuneradas. Las actividades económicas en las cuales se desarrollan son heterogéneas, siendo frecuente que lleven a cabo su trabajo en más de un rubro al mismo tiempo, conviviendo ramas de trabajo asociadas tradicionalmente al sector –entre ellos, construcción, mantenimiento, textiles y metalúrgicos– con rubros “emergentes” que recientemente se cooperativizaron, tales como las industrias creativas y la gestión de espacios culturales.

Asumiendo que “trabajo” son todas las actividades necesarias para la reproducción ampliada de la vida (Fournier, 2020) en las experiencias asociativas, es posible diferenciar dos sectores que poseen lógicas de producción y valorización del trabajo que le son propias. El primero está compuesto por proyectos de producción, venta de bienes y servicios, mientras que el segundo, incluye a los servicios sociocomunitarios y/o de cuidado^[4]. En los últimos años, estas cuestiones han sido analizadas en estudios y mediciones impulsadas de forma periódica que contribuyeron a analizar, delimitar y caracterizar al sector y sus integrantes^[5]. De aquí se desprende que una de las características centrales es la pluriactividad, fenómeno que se refuerza dada la mayor participación de mujeres e identidades feminizadas que cuentan con una presión y sobrecarga en las tareas domésticas y de cuidado, razón por la cual, para afrontarlas, adoptan estrategias y distintas modalidades de trabajo (Frega, 2019). Otra cuestión se vincula al hecho de que sus integrantes se encuentran expuestos a mayores niveles de desprotección laboral, ingresos insuficientes e inestables, ya sea por la escasez de trabajo y/o la poca remuneración de este (CITRA, 2024).

Resulta conveniente recuperar que, a lo largo de más de una década, se han ido trazando distintas iniciativas institucionales, diálogos y alianzas entre el sector asociativo, organizaciones político-gremiales y el Estado. Entre ellas destacamos: la Mesa de Empresas Recuperadas (2012) motorizada en parte por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), el Consejo de la Economía Popular (2018) constituido con organizaciones que conformaban la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de San Martín; como también políticas de gestión local orientadas para promover la producción, comercialización y las finanzas de la economía social y solidaria. Estas iniciativas locales han dialogado de manera dinámica con el proceso de institucionalización del sector asociativo y, aunque algunas no fueron sostenidas en el tiempo y/o fueron “redefinidas”, contribuyeron al fortalecimiento y la construcción de articulaciones y alianzas.

Ahora bien, en virtud de comprender las posibilidades de permanencia, crecimiento y competitividad en el mercado, el acceso al financiamiento e inversión de las entidades asociativas resulta un aspecto significativo. Desde este lugar, las cooperativas son entendidas como “excluidas financieras” (Sterling Plazas et al., 2019), dado que el acceso que tienen al crédito ha resultado escaso y con obstáculos. Entre ellos destacamos la restricción y/o denegación del otorgamiento de créditos a entidades cooperativas por parte de los mercados financieros y/o bancas formales; las deficiencias patrimoniales existentes para responder y brindar garantías; como también problemas en la gestión, administración social, contable e impositiva. Las dificultades para disponer de financiación e invertir en procesos de innovación y desarrollo configuran un escenario crítico que restringe la posibilidad de llevar a cabo la fuerza del sector y su valorización dentro del mercado. Ante esto, dentro del conjunto de relaciones y tramas financieras que entrecruzan al asociativismo, es posible encontrar estrategias adoptadas por el sector vinculadas a promover las finanzas solidarias y otros mecanismos, tales como el ingreso a fondos rotativos y la solicitud de aportes no reembolsables (subsidios) para la elaboración de proyectos de inversión. A su vez, resulta clave para analizar la estructura y capacidad productiva del sector indagar sobre las dificultades ligadas al acceso a máquinas, herramientas e insumos adecuados. Sobre esto, encontramos que las principales problemáticas se vinculan a la antigüedad, sus costos y escasez, en conjunto con el mantenimiento, rotura y precariedad de estas. Por su parte, en lo que hace al acceso a los insumos y/o materias primas, es frecuente que no se cuenten con todos los necesarios, ya sea por sus costos fijados por el dólar, el faltante de stock, la oferta concentrada en el mercado, el aumento desmedido de los precios y cuestiones de la gestión interna y/o logística. Por último, para desarrollar de forma eficiente el trabajo, generar mayores niveles de competitividad y hacer frente a una mayor demanda, las condiciones de las sedes sociales en relación a su infraestructura y equipamiento, los elevados gastos corrientes y en algunos casos, la inseguridad jurídica de los inmuebles, han contribuido a un escenario de emergencia y amenaza hacia el sector. En la Provincia de Buenos Aires, esta cuestión ha motorizado en el 2024 la sanción de la Ley 15.485, la cual establece la emergencia económica, financiera y tarifaria de las Empresas Recuperadas bonaerenses, así como también suspende la ejecución de desalojos y de cortes de suministros de servicios públicos en los inmuebles declarados.

En muchos casos, el aumento de la demanda de potenciales clientes/as se encuentra asociado a que las cooperativas difundan su trabajo. Este aspecto ha presentado grandes desafíos, ganando mayor importancia en los últimos años, en gran medida, por el pasado contexto de emergencia sanitaria, sus restricciones de circulación y sus efectos en la economía. Estas condiciones generaron que muchas cooperativas para continuar produciendo se adaptaran, haciéndose de nuevas formas de publicidad y venta, tales como un mayor y adecuado uso de las redes sociales, utilizar plataformas e-commerce y/o contratar servicios de reparto.

Para terminar, un rasgo característico se vincula a la capacidad que tiene el sector cooperativo de reconvertirse, incluso en contextos adversos. La pandemia y el aislamiento social para combatir el virus del COVID-19 fue un escenario desafiante para la economía y el trabajo asociativo en particular, dado que la totalidad de sus ramas y unidades económicas se vieron afectadas de manera más o menos drástica, en conjunto con un deterioro notable en las condiciones de vida de sus integrantes. El trabajo cooperativo tuvo que atravesar dificultades en el seno de sus organizaciones, lo que motivó al despliegue de múltiples estrategias de adecuación y reconversión productiva para mitigar la pérdida de ingresos, la reorganización de las rutinas y los consumos. Ante esto, el sector generó cambios y mutaciones en el ámbito de la producción, intercambio, distribución, comercialización de sus bienes y servicios. Para dar respuesta a las implicancias en la organización de los cuidados, el entramado asociativo operó en tanto “sostén” de la asistencia estatal a nivel territorial desde su rama socio comunitaria (comedores, cuidado de las personas, el acceso a la salud, etc.). El impulso de estas iniciativas dio cuenta de un principio diferencial característico del sector que se expresó en la “intercooperación” y la “ayuda mutua” entre cooperativas y sectores de la economía local.

El análisis del sector asociativo del distrito de San Martín en la Provincia de Buenos Aires resulta significativo en tanto experiencia que nos permite dialogar sobre la economía cooperativa desde una mirada más amplia. Recuperamos una mirada histórica junto con un andamiaje conceptual respecto del sector para dar cuenta de las características y problemáticas que lo atraviesan desde sus orígenes, instalando dinámicas pendulares que gravitan en formas de inserción de las cooperativas en las dinámicas productivas, de distribución y redistribución del excedente, y en la construcción de esquemas de provisión de bienestar y protección social. Desarrollaremos en estas conclusiones tales gravitaciones.

El primer aspecto pendular que queremos señalar es el desafío histórico y teórico que propone el sector cooperativo para pensar el trabajo como eje de la integración social en el siglo XXI. Ya no se trata del trabajo asalariado que caracterizó a las experiencias de los Estados bienestaristas del siglo XX, sino, más bien, por el contrario: algunas de las experiencias situadas que identificamos en este artículo reponen las nuevas formas de organización del trabajo que instituyen las empresas recuperadas y el sector asociativo. Esto nos lleva a reconocer que el cooperativismo ha incorporado una variable novedosa en las interpretaciones sobre el mundo del trabajo: ha generado una institucionalidad propia al desarticular las formas tradicionales de organización del trabajo, desafiando al Estado y a sus instituciones laborales a un movimiento instituyente respecto de nuevas formas de trabajo y generación de empleo, relaciones laborales, distribución de excedente, legislaciones, etc.

La reflexión anterior nos conecta con un segundo aspecto pendular con el Estado: desde la crisis del 2001 en adelante el sector gravitó entre los espacios vinculados a la producción y la asistencia social. En ese marco, las políticas productivas o socio-asistenciales movilizadas por el Estado le fueron otorgando mayor y/o menor reconocimiento en las tramas económicas/productivas o de asistencia/promoción. Nos interesa señalar que el péndulo marcó oscilaciones en las que la inserción del sector cooperativo tensionó definiciones sobre su lugar en la producción y el desarrollo de la economía, a la vez que desde su dimensión política introdujo discusiones acerca de las formas de distribución de la riqueza y las luchas por el reconocimiento de formas de redistribución del excedente estatal. La presencia de gobiernos de diferente signo político en la historia argentina reciente (por lo menos en las últimas dos décadas) implicó estrategias de articulación diversas con el cooperativismo, las cuales oscilaron entre las áreas productivas y/o de asistencia y expandieron con mayor o menor medida sus capacidades económicas y políticas en los diversos momentos.

Los movimientos pendulares entre la inserción productiva o socio-asistencial otorgado al sector cooperativista nos permite introducir un tercer aspecto pendular: el rol del sector en la producción de trabajo e ingresos en escalas locales comunitarias y su participación en las nuevas formas colectivas y multiactorales de construcción de esquemas de provisión de bienestar y protección social. La historia Argentina reciente nos permite corroborar que las experiencias cooperativas se han nutrido de las formas de asistencia, prevención y promoción desarrolladas en el contexto de la crisis del 2001; se vieron fortalecidas con el apoyo productivo y las formas de reconocimiento político desplegadas durante la expansión de los gobiernos kirchneristas (2003-2015); se consolidaron como espacios de resistencia ante el retroceso y la embestida del gobierno de la Alianza Cambiemos (2015-2019) y resultaron actores claves en las tramas territoriales de contención de la excepción que implicó la pandemia y post pandemia COVID-19 durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023). El sector cooperativista no solo promueve el trabajo productivo, sino que, además, ha favorecido la consolidación de nuevas tramas de prestaciones de servicios sociales y cuidados comunitarios que impulsan la asistencia directa, la prevención, la contención y la promoción social para las poblaciones más vulnerables. Sus actividades se articulan con políticas públicas centrales para atender áreas críticas (alimentación, infancias, vejeces, violencias, etc.) y sus iniciativas han institucionalizado políticas económicas, laborales y sociales innovadoras.

Entonces, no podemos dejar de mencionar los aprendizajes que surgen de la relación virtuosa entre la economía popular y los ámbitos de la educación superior. Quizás, más que considerarlos aprendizajes resulte conveniente referirse a nuevos interrogantes y pautas de desafío para la construcción conjunta de saberes. Solo para iniciar el debate, podemos listar tres dimensiones a través de las cuales el sector interpela las formas de producción de conocimiento y la transformación social:

Concluyendo, un informe publicado de forma reciente por el Centro de Economía Política Argentina revela que el gobierno presidido por Javier Milei en sus primeros diez meses de gobierno ha realizado un recorte feroz sobre áreas centrales vinculadas al sector cooperativo. Solo por citar dos ejemplos: el INAES ha sufrido un recorte presupuestario próximo al 65% y, en el caso de los programas sociales como el Potenciar Trabajo, el recorte presupuestario alcanza el 79%. De uno u otro lado del péndulo, el Estado argentino bajo la órbita libertaria ha decidido desfinanciar al sector cooperativo. Acciones de esta jerarquía revelan el desconocimiento del gobierno oficialista respecto del rol estratégico del campo de la economía popular y su rol en la historia reciente. Toda parece indicar que, una vez más, el sector cooperativo se erigirá como un actor central en la resistencia de las políticas sociolaborales que el gobierno intenta implementar; como espacio de cuestionamiento, disputa y negociación junto a movimientos sociales y organizaciones sindicales; y como eje de confluencia de las más variadas experiencias populares de defensa de los derechos conquistados.

Referencias

Alonso, M., Cuschnir M. y Napoli, M. (2021). Tercera misión de la universidad y sus múltiples sentidos en debate: extensión, transferencia, vinculación, compromiso, coproducción e impacto social de las prácticas académicas y los modos de producción de conocimiento. Revista del IICE 50, Julio-diciembre, 2021. Buenos Aires.

Arcidiácono, P. y Gamallo, G. (2020). El Ingreso Familiar de Emergencia. Respuesta inmediata y debates futuros, en Bohoslavsky, J. P. (ed.), Covid-19 y derechos humanos: la pandemia de la desigualdad (Colección Derechos Sociales y Políticas Públicas), Buenos Aires: Biblos.

Balza, S., Fernández Álvarez M. y Sorroche, S. (2024). Actualización de indicadores de la Economía Popular entre el 2T-23 y el 2T-24. Análisis de la población en función de la edad y el sexo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CITRA 2024. Disponible en línea: https://citra.org.ar/wp-content/uploads/2025/02/ApuntesDeEconomiaPopularN7-2024.pdf

Costa, I. y D'Urso, L. (2024). Versiones y reversiones de programas de transferencias de ingresos dirigidos a la población en edad de trabajar en la postpandemia, Argentina (2020-2024). Ponencia presentada en las VI Jornadas Internacionales de Estudios de América Latina y el Caribe IEALC-UBA. Mesa temática 19: políticas de transferencia monetaria en América Latina y Argentina: hacia un enfoque relacional.

Hopp, M. (2013). Políticas de Promoción de Trabajo Asociativo y Autogestionado en la Argentina actual: un balance. Revista OSERA. 9, segundo semestre.

Hornes, M. (2024). Ayuda Estatal en tiempos de la COVID 19 en el caso de la República Argentina. ANDULI. Revista Andaluza de Ciencias Sociales, (25), 239-257. https://doi.org/10.12795/anduli.2024.i25.10

Informe Futuro Cooperativo (2023). Entre la institucionalización y los parches compensatorios. EIDAES y Laboratorio “Idear Ciudad”.

Informe Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (2022). Principales características de la economía popular registrada. Secretaría de Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_renatep_noviembre_2022_v3.pdf

Maldovan Bonelli, J. y Dzembrowski, N. (2009). Asociatividad para el trabajo: una conceptualización de sus dimensiones. En: Margen. N.° 55. PP. 1-9

Maldovan Bonelli, J.; Moler, E.; Fernández Mouján, L. y Ynoub, E. (2017). “Políticas públicas e instituciones de regulación socio-laboral para la Economía Popular. Supuestos y tensiones en el debate por la ley de Emergencia Social.” http://www.aset.org.ar/2017/ponencias/14_Maldovan.pdf

Llopys, M. (2019). Una mirada en la economía popular. Proceso y organización del trabajo en dos cooperativas de San Martín. EIDAES-UNSAM

Palomino, H. (2003). Las experiencias actuales de autogestión en Argentina. Entre la informalidad y la economía social. Revista Nueva Sociedad 184 / Marzo – Abril.

Pastore, R. (2024). Notas sobre educación superior como derecho, extensión e incubación en economía social y solidaria. Revista Masquedós, 9(12), 1-16. https://doi.org/10.58313/masquedos.2024.v9.n12.362

Roig, A. (2014). Financiarización y derechos de los trabajadores de la economía popular”, documento de trabajo del Programa de “Desigualdad y Democracia”. FLACSO.

Sanchis, N. (comp.). (2020). El cuidado comunitario en tiempos de pandemia… y más allá. Asociación Lola Mora, Red de Género y Comercio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sterling Plazas, S.; Fontanet, F.; Garcia, L. I.; Garcia, A. O.; Rosa, P. C. (2019). Las cooperativas y el acceso al crédito en la Argentina contemporánea: Un camino sinuoso, 87-108. Excluidos financieros: Actores, políticas y estrategias en la Argentina del siglo XXI. Cooperativa El Zócalo.

Seman, P. (2023). Está entre nosotros. De donde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos. Bs. As. Siglo XXI.

Tirenni, J. y Ruiz del Ferrier, C. (comp.). (2021). La protección social en América Latina: el Estado y las políticas públicas entre la crisis social y la búsqueda de la equidad. CABA. FLACSO.

[1] La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) es una herramienta gremial creada en el 2019 que busca representar y defender los derechos laborales y sociales de personas, grupos y entidades asociativas que se encuentran excluidos del mercado de trabajo registrado en nuestro país. Se encuentra nucleada por diversos movimientos sociales, cooperativas y fábricas recuperadas y ha sido protagonista de diversas reivindicaciones, reclamos y legislaciones.

[2] La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (CTEP) fue creada en nuestro país en 2011 por los movimientos sociales, pasando a denominarse Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) con el reconocimiento y obtención de su Personería Social ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en el 2021.

[3] La Ley 27.110 promulgada en el 2014 declara al distrito de General San Martín como “Capital Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa”.

[4] Los servicios sociocomunitarios incluyen actividades dentro de los comedores y merenderos populares, tareas de cuidado, promotores, operadores y acompañantes, talleristas en el ámbito socio educativo, cultura, deporte y recreación. Esta rama es la segunda con más cantidad de inscriptos según RENATEP (2021). Ver: “Informe Especial N°1. Servicios Socio Comunitarios. Octubre 2021”. Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

[5] Entre ellas destacamos las mediciones producidas por el Centro de Innovación de las Trabajadoras y los Trabajadores (CITRA) de CONICET-UMET y los informes confeccionados en el marco del procesamiento del RENATEP del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2020-2023).