Anuario-Nueva Época 2022, Vol. 19 (19), Sección: Laboratorio, pp. 2-14

María Verónica Delgado; Mirian Martín Lorenzatti

Debates y definiciones en el Primer Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Humanas - UNLPam:

aproximaciones a una agenda de transición

ISSN 2314-3983

 

Debates y definiciones en el Primer Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Humanas - UNLPam: aproximaciones a una agenda de transición

María Verónica Delgado

Universidad Nacional de La Pampa

 licverodelgado@hotmail.com

 

Mirian Martín Lorenzatti Universidad Nacional de La Pampa mmartinlorenzatti@humanas.unlpam.edu.ar

 

RESUMEN

 

El artículo propone reconstruir la agenda de temas del Consejo Académico en el marco de la transición de Instituto Provincial del Profesorado Secundario a Facultad de Ciencias Humanas, a partir de identificar y sistematizar las principales discusiones y definiciones que allí tuvieron lugar. El primer Libro de Actas de este órgano, que abar- ca las reuniones desarrolladas entre agosto del año 1971 y agosto del año 1973, fue la fuente que nos permitió abordar el proceso estudiado. Con vistas a organizar y siste- matizar la variedad de temas que ocupó al Consejo, proponemos clasificarlos en tér- minos de discusiones y definiciones académicas, organizativas y políticas. Esperamos con esta contribución ofrecer una primera aproximación a los desafíos y tensiones que conllevó configurar y consolidar el carácter universitario de la nueva Facultad. Este proceso transcurrió en un contexto político de profundas transformaciones e

 

 

Esta obra se publica bajo licencia Creative Commons 4.0 Internacional. (Atribución-No Comercial- Compartir Igual) a menos que se indique lo contrario, http://www.creativecommons.org.ar/licencias

incluyó la extensión de la Facultad a la ciudad de General Pico y la lucha por la nacio- nalización de la Universidad de La Pampa.

 

Palabras clave: Instituto Provincial del Profesorado Secundario; Facultad de Ciencias Humanas; campo universitario; actores universitarios; historia institucional

 

Debates and definitions in the first Academic Council of the Faculty of Human Sciences- UNLPam: A transitional agenda

ABSTRACT

 

The article aims to reconstruct the agenda of the Academic Council in the tran- sitional framework from the Provincial Institute of Secondary Teachers to the Faculty of Human Sciences by identifying the main discussions and definitions that took place in that context. The source that allowed us to address this subject was the first book of minutes of the institution, which covers the meetings held between August 1971 and August 1973. In order to organize and systematize the variety of topics treated by this organization, we propose to classify them in terms of academic, organizational, and political discussions and definitions. With this contribution, as a result, we offer a first approximation to the challenges and tensions involved in configuring and establishing the university quality of the new Faculty. That process took place in a changing poli- tical context that also included the creation of a new head office of the Faculty to the city of General Pico and the fight for the nationalization of the University of La Pampa.

 

Keywords: Provincial Institute of Secondary Teachers; Faculty of Human Sciences; university field; university actors; institutional history

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente artículo propone identificar y sistematizar las principales discusiones y definiciones que formaron parte de la agenda del Primer Consejo Académico (CA) de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la entonces Universidad de La Pampa (ULP). Esta Facultad absorbió al Instituto Provincial del Profesorado Secundario (IPPS), en- cargado de formar a los profesores del nivel medio desde el año 1960, lo que implicó continuidades pero también disputas sobre los aspectos que debían ser considerados bajo las nuevas lógicas universitarias. Eran tiempos de reconfiguración institucional y de toma de decisiones para producir una identidad propia, diferente a la del Instituto que le dio origen. Este proceso a su vez adquirió notas particulares por el hecho de que la Facultad extendiera sus límites más allá de la ciudad de Santa Rosa, a partir de la creación del Profesorado de Nivel Elemental y luego del Departamento de Filosofía y Pedagogía en la ciudad de General Pico.

El primer Libro de Actas del CA de la FCH fue la principal fuente que permitió reconstruir el proceso aquí estudiado. Este documento consta de 293 fojas en las que se labran las actas de las reuniones desarrolladas entre agosto del año 1971 y agosto del año 1973. El análisis de esas actas habilita la comprensión del modo en que se materializó la creación de la Facultad, accediendo al cotidiano del CA como órgano central de gobierno, logrando reponer intencionalidades, intereses, desacuerdos y negociaciones en un contexto de transformaciones y de transición. Esta presenta- ción cuenta como antecedente directo un trabajo anterior en el que indagamos sobre los comienzos de la hoy Sede General Pico de la FCH (Martín Lorenzatti y Delgado, 2021). Allí buscamos reconstruir el proceso de creación del Departamento de Filosofía y Pedagogía, reconociendo los proyectos e iniciativas previas, así como actores y dis- putas que finalmente dieron lugar a su concreción. Esperamos con esta nueva contri- bución seguir aportando a los estudios historiográficos de esta institución académica, todavía escasos y algo dispersos (Castillo y Hormaeche, 2008; Crochetti, 2008, Di Pego y Bustillo, 1982)

 

LOS COMIENZOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y LA CONFORMACIÓN DEL PRIMER CONSEJO ACADÉMICO

 

En el año 1970 el Decreto 1589 del Ejecutivo Provincial estableció en un mis- mo acto la creación de la FCH en el ámbito de la ULP y el traspaso del IPPS a su órbita. Entre sus argumentos, el decreto destacaba la importancia de aumentar el espectro de carreras que se cursaba en la universidad y la necesidad de afincar la juventud pampeana que migraba a otras provincias para cursar estudios superiores. Ese traspaso fue convalidado por el Ejecutivo Nacional en febrero de 1971 mediante el Decreto 412 y la nueva unidad académica comenzó a funcionar al finalizar el ciclo lectivo de 1970. En sus comienzos la facultad ofrecía únicamente la titulación de profesores para los distintos niveles del sistema educativo; la oferta de licenciaturas se alcanzaría tiempo después.

Hacia fines del año 1970 una reunión entre docentes del Instituto, el Decano organizador, el Ministro de Gobierno, Educación y Justicia y el Gobernador puso de manifiesto las preocupaciones que acompañaban dicho traspaso. Una noticia en el                                                                                                                                   diario La Capital señala que en la reunión se abordaron temas referidos a los planes de estudio, los programas de materias, el curso de ingreso, y la situación del personal docente y no docente.1 Ese mismo artículo sugiere que no se incluiría al Profesorado de Nivel Elemental dada su oferta en el recientemente creado Instituto de Formación Docente en la Ciudad de Santa Rosa. Respecto de este Profesorado en particular, se definió su apertura en General Pico como carrera anexa a la Facultad, de este modo se dio respuesta a las viejas demandas de formación superior en aquella ciudad (Martin Lorenzatti y Delgado, 2021)

El recorte temporal que abordamos en este artículo se inaugura con el inicio de sesiones del CA y se circunscribe a los límites que establece el primer Libro de Actas. La fuente se sitúa en el último período de la autoproclamada Revolución Argentina, el llamado a elecciones, la llegada y posterior renuncia de Héctor Cámpora al gobierno y concluye con la etapa de Raúl Lastiri. Asimismo, esos tiempos coinciden con otro proceso significativo que orientó las definiciones de este cuerpo deliberativo, a saber, la nacionalización de la Universidad.

El funcionamiento del CA se inicia con una resolución del Rectorado que mani- fiesta “la imprescindible necesidad de poner en marcha el segundo cuatrimestre co- rrespondiente a las carreras que se cursan en la Facultad de Ciencias Humanas”.2 Esa misma resolución constituyó a una comisión interina hasta tanto el Poder Ejecutivo de la Provincia designara al nuevo Decano y a las personas integrantes del Consejo, estas últimas elegidas mediante un acto eleccionario. De este modo, el Consejo inició sus actividades conformado de la siguiente manera: Decano: Juan Elías Zabala (apa- rece como interino Vicente Marquina e inmediatamente en la segunda acta ingresa Zabala). Vicedecana: Elvira Torroba. Consejeros: Prof. Salvador Celi, Ing. José Cruellas, Prof. Lía Inda de Molas, Contador Leopoldo Casal, Prof. Ana Dinguinard, Prof. Héctor Iervasi. La composición original se vio modificada en abril de 1972 con motivo de la renuncia conjunta de cinco de sus integrantes. Como respuesta a ello fueron procla- madas las personas que ocupaban los cargos suplentes, no habiendo más cambios hasta la finalización del Libro de Actas.

La lectura de esta fuente, por su tono narrativo y descriptivo, permite conocer desde la perspectiva de sus integrantes los desafíos y tensiones que caracterizaron la transición de Instituto a Facultad. Su lectura minuciosa deja entrever algunas marcas de origen de esta unidad académica. Entre ellas, las alocuciones de las autoridades que reclaman al Consejo que se comporte como los de otras facultades, las contro- versias entre Santa Rosa y General Pico una vez creado el Departamento piquense, la impronta fuertemente disciplinar que caracterizó la formación de profesores y que estuvo asociada a la necesidad de consolidar el nivel universitario. Ciertamente, se trata de una fuente que permite adentrarnos en la intimidad de ese espacio delibera- tivo, reconocer allí el temperamento de sus miembros e ir delineando sus posiciones, así como identificar simpatías, alianzas y disputas.

 

INTENCIONALIDADES, DESACUERDOS Y NEGOCIACIONES QUE CONFIGURARON LA AGENDA DEL PRIMER CONSEJO ACADÉMICO

 

Con vistas a reconocer y sistematizar las principales discusiones y definiciones que configuraron la agenda de este Consejo, proponemos diferenciarlas según su carácter organizativo, académico o político. Dicha clasificación no tiene pretensiones de exhaustividad ni excluye solapamientos o superposiciones. Por el contrario, busca ofrecer una primera aproximación a la variedad de temas que ocuparon la atención de este órgano y desde allí reponer en clave interpretativa algunas notas sobre las intencionalidades y disputas de este conjunto de actores sociales.

 

“¿Existe el Instituto? ¿Es todo Facultad?”: definiciones académicas

 

Caracterizamos como académicas a las definiciones que atañen fundamental- mente a la oferta de carreras y a la configuración de los perfiles de la formación, a la enseñanza y sus alcances, incluyendo la definición de programas, evaluaciones, obligaciones y derechos de la docencia y estudiantiles. Burton Clark (1991) afirma que en la universidad existen dos culturas predominantes, la administrativa y la que se origina en las distintas disciplinas. Se reemplaza así la mirada organizacional jerár- quica de la toma de decisiones y de distribución del poder por otra centrada en las creencias disciplinarias como productoras de modos de pensar y como fundamento de la acción (Krotsch, 2001).

En los inicios del CA las definiciones académicas fueron las más frecuentes y también las más apremiantes. Dicha preponderancia se puede explicar en los reque- rimientos legales y administrativos que imponía poner en marcha la nueva Facultad, así como también por los desafíos que conllevaba configurar su identidad universi- taria. Una nota remitida por el Director Nacional de Altos Estudios expone que no existían normas que establecieran diferencias de nivel entre los Institutos Superiores de Profesorados y las Universidades e indicaba que el otorgamiento de equivalencias era inherente a la autonomía de las universidades provinciales. Además, según este organismo, responder favorablemente a las solicitudes de equivalencias sería cohe- rente con el propósito de flexibilizar el sistema tal como se impulsaba desde la políti- ca educativa. Estas consideraciones normativas justificaron la decisión de no innovar en los planes de estudio, siendo el propio Decano Zabala quien solicitó “seguir en el orden del profesorado” a efectos de evitar inconvenientes con equivalencias y para facilitar el traspaso de instituto a facultad. La premisa de continuidad no impide, sin embargo, que en las primeras sesiones el CA se debata sobre la redefinición de los títulos, postulando la conveniencia o no de la “especialización” en los profesorados que combinan dos disciplinas (como el de Matemáticas y Química). Frente a la ten- dencia que parece imponerse, de avanzar hacia la “especialización”, estaban quienes contraponían que los profesorados por materia podrían ser “muy caros” y que darle la oportunidad de dictar más de una cátedra a las personas graduadas suponía mayores ventajas remunerativas. Esas discusiones, sin embargo, deberían postergarse hasta que la totalidad de los años de estudio quedaran incluidos en la FCH.

Las decisiones en torno a los planes de estudio, ahora “provisorios”, suscita-

ban dudas respecto a las certificaciones que habían quedado pendientes a causa del                                                                                                                                   cambio de dependencia. Así como las certificaciones de quienes se hallaban cursando el segundo, tercer y cuarto año de estudios del extinto IPPS. Los intercambios produ- cidos en el contexto de la sesión del 29 de septiembre de 1971 cristalizan las diferen- tes posiciones frente al tema en cuestión:

 

La Profesora Elvira Torroba [pregunta] ¿Existe el instituto? ¿Es todo Facultad? El contador Casal (...) pregunta seguidamente si la Facultad de Ciencias Humanas está reconocida. El señor Decano le responde que solo primer año. Opina el Ingeniero Cruellas que crear una Facultad es crear una entidad, no un año. Sostiene el contador Casal que en esas condiciones la facultad dará títulos con planes que no tiene. La señorita Torroba mani- fiesta que se presentará el problema de las equivalencias y habrá alumnos en inferio- ridad de condiciones. Por su parte el profesor Iervasi cree oportuno que se realice una consulta a la Junta de Córdoba, sobre las condiciones en que se considerarán los títulos expedidos por la Universidad de La Pampa (...) Pregunta la señorita Torroba ¿si el título lo otorga la Universidad qué carácter tendrá universitario o del Instituto? Responde el profesor Casal, que solo los diferenciará de los que se han expedido hasta ahora la acla- ración en cuanto al cambio de dependencia (...) Expresa el Profesor Iervasi que no en- tiende por qué, segundo, tercero y cuarto deben pedir equivalencia si ya se los ha incor- porado a la Facultad (...) Concretando, se acuerda elevar a consideración del Rectorado, exponiendo la opinión del Consejo Académico ...3

 

Como se observa, en el debate quedan solapadas cuestiones de carácter más operativo y legal con otras que remiten a la formación y fundamentalmente a los sig- nificados otorgados al cambio de dependencia. Unos meses después, al retomarse la discusión, el Decano sugiere la necesidad de que sea el gobierno provincial quien sa- que una resolución autorizando a la universidad a otorgar el título a estudiantes de 2°, 3° y 4° año del Instituto. Se reitera nuevamente la pregunta por el nivel del título y la preocupación sobre si este sería equivalente al que en el futuro otorgaría la Facultad a quienes habían cursado en ella desde su creación. En ese contexto, para el consejero Celi darle carácter universitario al título de profesor demandaba profundizar todas las materias, mientras el Consejero Iervasi se oponía a ello, diciendo que no se debía olvidar que el objetivo era lograr profesores de enseñanza media. Según este último, la finalidad de la existencia del Instituto se cumplía bien, preparando profesores del ciclo medio y en el futuro quien siguiera la licenciatura o se especializara podría lograr el nivel universitario referido. Según el consejero Iervasi el título que otorgaba la uni- versidad debía decir “Profesor de Enseñanza Media, Normal y Especial’’ y el Decano Zabala señalaba despejando cualquier duda sobre quién lo expedía, que el título “diga Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa”.4

En sintonía con lo anterior, las decisiones referidas al cuerpo docente también se tomaron sobre la premisa de no innovar. En un principio, el traspaso a Facultad conllevaba la incorporación del personal docente que se desempeñaba en el IPPS. Sin embargo, tempranamente el CA tuvo que llevar a cabo selecciones de antecedentes para cubrir vacancias en distintas materias de todas las carreras. Al respecto, la nota de la Dirección de Altos Estudios también contenía directrices sobre la selección y formación del personal docente. En efecto, ese organismo dejaba constancia de que no existía en la normativa vigente ni el estatuto de la Universidad disposiciones con- trarias a la designación de profesores del Instituto sin título universitario. En adelante, sin embargo, sería condición que quienes aspiraran a cargos docentes contaran con ese grado académico. Más aún, junto con la especificidad del título, acreditar expe- riencia en docencia superior preferentemente universitaria se convertiría en el ante- cedente definitorio al momento de establecer el orden de mérito.

La vacancia de docentes que se ajustaran a esos criterios, en un contexto lo- cal donde el desarrollo de la educación superior todavía era escaso y reciente, traía aparejado como resultado que algunas selecciones fueran declaradas desiertas. El debate producido frente a una selección en la carrera de Inglés ilustra una paradoja: personas del medio cuya formación era presuntamente suficiente o contaban con perfiles idóneos quedaban relegadas por no acreditar experiencia en docencia univer- sitaria, en un contexto en el cual la Facultad necesitaba “incorporar nuevos valores”: Para cerrar estas consideraciones sobre los perfiles docentes que se iban delineando como deseables, se debe señalar que cuando el reclutamiento se realizaba para el Profesorado de Nivel Elemental radicado en General Pico, la formación pedagógica adquiría un valor notable, porque tenía “como objetivo fundamental preparar maes- tros que tendrán a su cargo los grados de la escuela primaria, y que los que imparten la enseñanza en el mismo tienen que poseer los conocimientos pedagógicos y di- dácticos necesarios para tal fin”.5 Paralelamente, la radicación en el medio constituía otro aspecto que podía resultar definitorio al momento de elegir entre aspirantes que contaban con antecedentes similares.

Las discusiones en torno a la modalidad del ingreso a la universidad también acapararon el interés del CA. Se debatía sobre la conveniencia o no de reemplazar la preparación para el ingreso por un curso de un año. Una posición minoritaria se- ñalaba que debía “exigirse a nivel Facultad” y la mayoría, por el contrario, aludía a la necesidad de “graduar” los planes de primer año para “adecuar al alumno al ambien- te”. Asimismo, se argumentaba que el curso de ingreso no daba resultados porque el estudiantado veía en él “una valla para incorporarse”. Se imponía de este modo la ne- cesidad de “homogeneizar” al estudiantado, así como la idea de que en “las Facultades actualmente los cursos preparatorios se han intensificado tanto que, ahora son hasta de un año, para después empezar el estudio de las asignaturas”.6

Las definiciones académicas expuestas pueden ser analizadas como parte de las estrategias y acciones desplegadas con miras a integrar y consolidar en el campo científico a la nueva facultad.7 Podría decirse entonces que ese proceso se veía me- nos dificultado por el pasado como Instituto Superior que por las limitaciones que imponía en el presente la oferta académica centrada exclusivamente en la formación de profesores de enseñanza media. Esto explicaría los extensos debates y los inusi- tados esfuerzos por producir distinciones en términos de “nivel universitario” ya no

 

mediante la producción y circulación del conocimiento sino “elevando” los contenidos de las materias, seleccionando profesores con experiencia en docencia universitaria o debatiendo sobre las exigencias académicas desde el ingreso a la universidad. Por lo menos hasta tanto se crearan las licenciaturas y se extendieran otras prácticas pro- pias del campo científico y universitario.

 

“¿Cómo nosotros vamos a opinar sobre nuestros iguales y sobre nosotros mismos?”: definiciones organizacionales

 

En este apartado interesa abordar las definiciones del CA y las situaciones que se atravesaron vinculadas a su particular estructura institucional, a las formas de gobierno, de participación y toma de decisiones. Clark (1991) señala que el trabajo académico está organizado en función de materiales que son de naturaleza intelec- tual y que sus rasgos específicos “moldean a las organizaciones académicas de cierto modo y le crean problemas peculiares de comportamiento y de poder” (pp. 4). La organización se configura con relación al conocimiento y a las disciplinas y el control es más o menos difuso. De aquí resulta una estructura plana que, como advierte el autor, se asemeja más a una coalición diferenciándose así de la tradicional estructura burocrática.

La reciente Facultad surgió con un aspecto distintivo al exceder los límites de la ciudad capital. El Profesorado de Nivel Elemental como carrera anexa implicó la institucionalización de un espacio que consolidó a futuro una Facultad con dos sedes. En el año 1972 la creación del Departamento de Filosofía y Pedagogía permitió sumar nuevas carreras a la del Profesorado existente y dio otra entidad a lo que en General Pico se desarrollaba. Sin embargo, este proceso implicó desafíos para el CA, señal de ello fue que en distintas reuniones se tomaron definiciones respecto de cómo incor- porar a la estructura institucional un espacio que pugnaba por fortalecerse. Se juga- ron así posiciones encontradas respecto de la participación y el nivel de autonomía de dicho Departamento.

En el mes de mayo de 1972, a pocos meses de creado el Departamento de Filosofía y Pedagogía, su Director solicitó integrar el CA. Se resolvió que no correspon- día esta situación, pero que podía asistir al Consejo si así lo solicitara o en el caso que el propio Consejo lo requiriera por el tratamiento de temas relativos al Departamento. Este primer episodio puso de manifiesto que la creación del Departamento no implicó alterar la forma de participación hasta el momento establecida. Tiempo después, el CA autorizó al Director organizador la creación de una comisión asesora para que, en caso de necesidad, estudiara los problemas que pudieran presentarse en aque- lla localidad. Ante esta autorización se creó en General Pico un consejo asesor con un reglamento propio. Esta decisión y el modo en que hacían llegar sus definiciones produjo en el propio cuerpo del CA la sensación de que en esa localidad funciona- ba un “consejo paralelo”. El malestar que esto generó se hizo evidente en la solici- tud de uno de los consejeros de “llamar a la reflexión al director del Departamento para que se ajuste a lo autorizado”.8 En agosto de 1973 otra decisión de quien dirigía el Departamento de Filosofía y Pedagogía fue cuestionada por el CA. Referimos a la creación de un centro de publicaciones, que fue desestimada por este órgano, así como declarada nula la disposición que llegaba desde General Pico. Se argumentó al respecto que dicha creación no estaba dentro de las atribuciones de un Director de Departamento.

Desde estas distintas situaciones es posible advertir que la articulación del Departamento de Filosofía y Pedagogía con el resto de la estructura de la FCH estuvo atravesada por tensiones. La Facultad tenía una estructura heterogénea y la figura del Departamento era aún propia de la ciudad de General Pico. Es posible que esto promoviera en los actores sociales piquenses decisiones e iniciativas que fueron per- cibidas por el CA como situaciones que escapaban de los márgenes de acción corres- pondientes. A su vez las carreras del Departamento no estaban representadas en el CA, cuyos integrantes eran de las carreras que se dictaban en la ciudad de Santa Rosa. Se configuraba así un modo de organización susceptible de producir conflictos. El Consejero Marquina en mayo de 1972 afirmaba que la formación del consejo estaba “integrada por todas las ramas de las carreras que se cursan en la facultad, el conse- jero es quien debe tener la responsabilidad de los problemas atinentes a su asigna- tura y que puedan integrarse comisiones temporales para colaborar”.9 Sin embargo, Marquina hacía referencia a las carreras radicadas en Santa Rosa, a saber, Historia, Física, Inglés, Geografía, Química, Letras y Matemática. En la siguiente reunión y ante la falta de representantes de las áreas metodológicas y filosófico-pedagógicas, se de- cidió que fuera el Decano quien oficiara como coordinador. La ausencia de represen- tación para el área pedagógica resulta llamativa tratándose de una oferta académica de profesorados.

Ahora bien, no solo esta particularidad de la estructura de la Facultad de Ciencias Humanas ocupó al CA en sus decisiones y definiciones organizativas. Es el mismo ori- gen de este cuerpo el que producía situaciones que demandaban ser resueltas. Este órgano fue autorizado a conformarse y funcionar por la Universidad sin ajustarse a su estatuto, ya que quienes lo integraban no eran docentes regulares. Fue la urgencia de su conformación para resolver los requerimientos de la nueva Facultad lo que justifi- có esta excepción. Pero esta irregularidad iba a generar en ocasiones incertidumbre respecto del modo en que se debía actuar. Esto se hizo evidente ante la necesidad de redesignación de los docentes para el inicio del ciclo lectivo de 1972. El Consejero Celi planteó la duda al Rector, quien participaba de la reunión para buscar alternativas:

“¿Cómo nosotros vamos a opinar sobre nuestros iguales y sobre nosotros mismos? el Rector responde “Opinar sobre los iguales es un principio del Académico, pero esta es una irregularidad en este caso. El Estatuto está hecho para un Consejo donde existen Profesores titulares, ese es el problema serio…”10

 

Luego del análisis de las posibles soluciones se resolvió que el Consejo propu- siera la redesignación de los demás profesores, no así la de sus integrantes. Estos últimos en forma individual presentarían la renuncia a los cargos de consejeras y con- sejeros, para que luego el Consejo Superior considerara su situación. Una vez resuelto

 su nombramiento como docentes, el Consejo Superior rechazaría las renuncias de esas personas y estas se reintegrarían al CA.

En el proceso de discusión de las alternativas, no obstante, se filtraron tensio- nes y malestares por las actuaciones que el cuerpo había tenido en diversos casos. A criterio del Rector, no se ajustaban a la “seriedad” esperada para un Consejo ni resol- vían en tiempo y forma los asuntos del temario, en un contexto de urgencia ante la necesidad por ejemplo de presentar en Buenos Aires planes de estudio, programas y designaciones. Las palabras del Rector al respecto fueron contundentes:

 

“La Universidad le dio la oportunidad de manejar la Casa por ustedes mismos los Profesores, que no se pierda. Ante situaciones muy irregulares, la alternativa que le queda al CS es la intervención, que sería lo último y que debemos evitar. Yo que he firmado el pedido de llamado a elecciones, no quisiera firmar nada que se refiera a una intervención”11

 

Es preciso señalar que este episodio puso de manifiesto las tensiones que se producían en varias de las reuniones del CA, así como también dio cuenta de que lo que allí sucedía excedía su propio ámbito y resonaba más allá de los límites de la Facultad. Si bien las atribuciones de este cuerpo permitían resolver el funcionamiento cotidiano de una organización académica, aún resultaba frágil la definición y los alcan- ces de su autoridad. Amenazada por las características de una estructura compleja (atribuciones del Departamento de Filosofía y Pedagogía) y por su constitución no ajustada al Estatuto de la Universidad.

 

La gravitación de la vida política en el Consejo: definiciones políticas

 

Clasificar desde el carácter político las definiciones del CA no implica descono- cer que esta dimensión atraviesa mucho más de lo que aquí se recorta, pero intere- sa señalar aquellas situaciones que son percibidas por el mismo órgano como tales. Campo político y académico se atraviesan en el cotidiano del funcionamiento del CA. En el período analizado los distintos gobiernos tuvieron injerencia en las universi- dades y asistimos a una etapa en la que aún las autoridades son nombradas por el Ejecutivo Provincial. Los procesos que transitaba la ULP en esos años no pueden ser pensados independientemente de los acontecimientos políticos tanto de nivel pro- vincial como nacional. Desde la perspectiva de Bourdieu (1994) podemos decir que algunas de las tensiones que analizaremos remiten a luchas que están por fuera del campo universitario y qué, en todo caso, se expresan bajo lógicas propias, irreducti- bles a otros campos.

El CA no desconoce que hay decisiones que se toman a partir de los intereses del gobierno provincial y que las decisiones políticas pueden estar por encima de las evaluaciones que el propio Consejo hiciera desde otros criterios. La creación del Profesorado en Filosofía y Pedagogía en General Pico da cuenta de esta situación. Los argumentos que esgrimía el CA respecto de la inviabilidad de una carrera de este tipo son desestimados posteriormente por el Decano en su posicionamiento ante el Consejo Superior, para dar respuesta a lo que se demandaba desde el gobierno provincial (Martín Lorenzatti y Delgado, 2021). Frente a esa resolución, contraria a lo que había dictaminado el CA, la profesora Torroba consideró que la decisión de la Universidad no tenía “ningún fundamento” y que era “plan político”. Al respecto, cues- tionaba el hecho de que “siendo una necesidad política ¿Para qué nos mandan a pedir un informe a nosotros? (. ) ustedes lo envían al Gobierno por un problema político,

no por necesidad de creación de la Facultad [carrera] de Filosofía y Pedagogía”.12

El cuestionamiento realizado no se esgrimía en defensa de la autonomía univer- sitaria sino respecto de la ausencia de claridad en las intencionalidades de las deman- das hacia el CA, así como también hacia la posición del Decano respecto de actuar contra el mandato de este órgano. Los reclamos apuntaban en tal sentido a no haber explicitado en la reunión correspondiente que no acordaba con la decisión de la comi- sión que había hecho el análisis de factibilidad y no haber hecho suyo lo que se había definido por unanimidad.

Otro episodio permite dar cuenta del modo en que los acontecimientos políti- cos penetraban las preocupaciones de quienes integraban el Consejo. La continuidad del cuerpo y la del Decano se puso en discusión en la particular coyuntura que se abrió en 1973. Frente al nuevo gobierno que asumiría el 25 de mayo de ese año, el CA decidió que “no debía renunciar por cuanto su mandato provenía de la voluntad del claustro de profesores y cesaba automáticamente al pasar la universidad a jurisdic- ción nacional. En cuanto al Decano, debía poner su cargo a disposición de las nuevas autoridades”.13 Si bien los nombres de estos se promovían en actos eleccionarios, eran las autoridades provinciales quienes designaban los cargos ejecutivos. Una vez decretada la nacionalización de la universidad en abril de 1973 se abrió un ciclo en el que aún la transferencia a la jurisdicción nacional no se materializaba. El CA continuó en funciones, pero sus decisiones estaban enmarcadas en lo que definía la comisión de factibilidad de dicha nacionalización.

Resulta así evidente la incertidumbre respecto de cómo debían manejarse las autoridades vigentes. Una nota del Delegado Organizador de la Universidad Nacional de La Pampa expresaba “la Universidad de La Pampa sigue funcionando en la for- ma que lo venía haciendo hasta tanto se materialice su efectiva transferencia a la Universidad Nacional de La Pampa, consecuentemente las actuales autoridades de la Universidad de La Pampa, según su Estatuto, continúan en sus funciones”.14 Hacia el mes de agosto de 1973 la composición del Consejo era idéntica a la de mayo de 1972. Más allá del cambio de autoridades a nivel provincial, el decano también permaneció en sus funciones. Sin embargo, la lógica de funcionamiento del CA no fue la misma, solo tres sesiones fueron realizadas entre mayo y agosto de 1973.

El proceso de nacionalización aparecía como telón de fondo en las actas del CA y puso en suspenso algunas definiciones, por tratarse de una transición había asuntos que se definirían una vez concretada la nacionalización. Considerar el análisis que se realiza en relación con la nacionalización de la ULP (Crochetti, 2008) abona a la comprensión de aquellos procesos que fueron configurando a la universidad por fuera del campo académico. El clima político de esos años se tradujo con claridad en la posición del estudiantado. La ley orgánica de las universidades que, entre otros objetivos, buscó despolitizar acciones e intereses de actores universitarios, venía li- mitando sus acciones. Si bien hacia inicios de 1972 se debatió una nueva Ley, ésta no modificó sustancialmente la participación de ese claustro en el gobierno universitario. El pedido de contar con un delegado estudiantil en el CA fue resistido por es- tudiantes ya que manifestaban que sería legitimar una situación injusta, en la que tenían voz, pero no voto. En respuesta al Decano el estudiantado afirmaba en una nota que “tener una participación estudiantil en el gobierno de la Facultad es no solo poder hablar sino también emitir su voto. Reafirmamos con esto la posición tomada el año pasado en cuanto a la ley universitaria”.15 Así las demandas específicas de este claustro llegaban al Consejo a través de notas elevadas por el centro de estudiantes,

pero sin contar con “voz” en la composición de este órgano.

Las transformaciones que se produjeron en las universidades en tiempos de Taiana como Ministro de Educación de la Nación se ponen en evidencia en las últimas actas. La figura del Rector Interventor daba cuenta de los nuevos tiempos que se estaban gestando en las universidades y el pedido de sugerencia para una nueva ley universitaria prometía alterar las lógicas establecidas hasta ese momento. En agosto de 1973 se llevaron a cabo las asambleas para la propuesta de Decano, aún por desig- nación de autoridad provincial. El protagonismo que el estudiantado fue adquiriendo en las definiciones de la vida universitaria se plasmó en el modo de comunicar los resultados de la asamblea para proponer al nuevo Decano a pedido del gobierno provincial. Este contexto se caracterizó por las expectativas de que se materializara la nacionalización y que el nuevo gobierno de la facultad expresara la participación de todos sus claustros. Así el Libro de Actas se cierra en agosto de 1973 poniendo en co- nocimiento del CA una nota de estudiantes dirigida al resto de los claustros en la que informan que, en Asamblea y por solicitud del gobernador, han decidido el nombre del postulante a Decano a fin de su nombramiento inmediato.

 

“el estudiantado ha decidido por unanimidad el nombre del Profesor Baluth. Se ha es- timado conveniente efectuarles este comunicado a título de información quedando a su disposición a los efectos de ampliar los fundamentos de la decisión. Descartamos el apoyo de los tres claustros para iniciar la reestructuración tan necesaria en nuestra facultad”. 16

 

El tono y el contenido del comunicado configuraban nuevas relaciones de fuer- zas y pujas por la representatividad. El estudiantado se había perfilado no sólo como actor de la vida universitaria sino también como actor del campo político más amplio.

 

CONSIDERACIONES FINALES

 

Presentamos una selección de discusiones y definiciones que, por su relevancia, entendemos que configuraron la agenda de temas del primer CA de la FCH, creada sobre la base del IPPS. A los fines de organizar la presentación, propusimos analizar dichas discusiones en términos de definiciones académicas, organizativas y políticas. Al respecto, aclaramos que esa clasificación no tenía pretensiones de exhaustividad ni excluía solapamientos. Entre los principales hallazgos, encontramos que las deci- siones que identificamos como académicas estuvieron orientadas por la intención de alcanzar el “nivel universitario”. Consideramos que la principal limitación para conso- lidar las nuevas lógicas universitarias y producir distinciones respecto del IPPS estuvo dada por la oferta académica restringida al dictado de profesorados de enseñanza media. En cuanto a las definiciones organizativas, encontramos que los acotados már- genes de acción del Consejo fueron vivenciados muchas veces como “irregularidades normativas” más que como condicionantes políticos. Tanto es así que la fuente tras- luce tensiones y controversias personales, más que los posicionamientos políticos de quienes integraban el CA. Conforme se consolida institucionalmente la Facultad y se profesionaliza el Consejo, esa dimensión más personal y conflictiva se va diluyendo. Sin embargo, la defensa de la legitimidad de este órgano se produce a la par de una pérdida relativa de su representatividad en el nuevo escenario político. En consecuen- cia, el análisis de las definiciones políticas permite ver cómo se operó un cambio en las relaciones de fuerza hacia el final del período abarcado. En ese contexto, el movimien- to estudiantil se consolidó como actor político que trascendía al espacio académico.

 

 

1 Profesores del Instituto del Profesorado con el Gobernador, en La Capital, 22 de diciembre de 1971,

p. 3 Archivo Histórico Provincial, Santa Rosa, La Pampa.

2 Acta 1, Libro de Actas del Consejo Académico de la FCH, 11 de agosto de 1971, p. 2. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa, Argentina (en adelante será citado como Libro de Actas del Consejo Académico de la FCH)

3 Acta 8, Libro de Actas del Consejo Académico de la FCH, 29 de septiembre de 1971, p. 39.

4 Acta 10, Libro de Actas del Consejo Académico de la FCH, 20 de octubre de 1971, p. 49

5 Acta 23, Libro de Actas del Consejo Académico de la FCH, 27 de marzo de 1972, p. 166

6 Acta 10, Libro de Actas del Consejo Académico de la FCH, 20 de octubre de 1971, p. 62

7 Según Bourdieu (1994), el orden científico existe en estado objetivado (bajo la forma de obras, instituciones), en estado incorporado (bajo la forma de habitus científico) y también engloba al sistema de enseñanza “único capaz de asegurar a la ciencia oficial, la permanencia y la consagración, inculcándola sis- temáticamente al conjunto de los destinatarios de la acción pedagógica y, en particular, a todos los recién llegados al campo de producción propiamente dicho” (p. 145).

8 Acta 34, Libro de Actas del Consejo Académico de la FCH, 9 de septiembre de 1972, p. 233

9 Acta 27, Libro de Actas del Consejo Académico de la FCH, 10 de mayo de 1972, p. 177

10 Acta 21, Libro de Actas del Consejo Académico de la FCH, 23 de febrero de 1972, p. 149

11 Acta 21, Libro de Actas del Consejo Académico de la FCH, 23 de febrero de 1972, p. 148

12 Acta 17, Libro de Actas del Consejo Académico de la FCH, 15 de diciembre de 1971, pp. 122-123

13 Acta 41, Libro de Actas de Consejo Académico de la FCH, 23 de mayo de 1973, p. 271

14 Acta 40, Libro de Actas de Consejo Académico de la FCH, 15 de mayo de 1973, p. 257

15 Acta 33, Libro de Actas de Consejo Académico de la FCH, 26 de agosto de 1972, p. 224

16 Acta 44, Libro de Actas de Consejo Académico de la FCH, 22 de agosto de 1973, p. 293

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

Bourdieu, P (1994). “El campo científico”. Redes. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia Nº 2 vol. 1. (pp. 131-160). Bernal. Recuperado de: https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/ handle/20.500.11807/317/07R1994v1n2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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