ARTÍCULOS
LAS DEMOCRACIAS, LAS DEMOCRATIZACIONES Y LOS DESAFÍOS EN TORNO A LA INCLUSIÓN PLENA DE LAS MUJERES EN LAS TEORÍAS Y PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS. UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS TRANSICIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL NORTE DE ÁFRICA DESDE UNA PERSPECTIVA SUR-SUR
And challenges surrounding the full inclusion of women in democratic theories and practices. A comparative study of the transitions in Latin America and the north of Africa from a perspective south - south
Graciela Di Marco
Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos
Universidad Nacional de San Martín
Resumen: Las revueltas y cambios políticos ocurridos en el norte de África desde 2011 ponen en primer plano las categorías de democracia y democratización y el desafío de abordarlas con sus especificidades, teniendo en cuenta no solo los aspectos formales, sino también si se basan en la representación popular y la profundización de las instituciones democráticas, la igualdad de género y los derechos humanos. Los objetivos de este artículo son analizar y comparar la emergencia de identidades políticas, la ampliación de los derechos de las mujeres y la formación de agendas en torno a los procesos que están en desarrollo en Túnez y Egipto para compararlos con las transiciones llevadas a cabo en tres países de América Latina: Argentina, Chile y Brasil. Nos basamos en un enfoque sur-sur y desde una visión crítica derivada de la teoría de la hegemonía acerca de las conceptualizaciones vigentes de las democracias y las democratizaciones, en su mayor parte de cuño liberal. Hemos realizado entrevistas a activistas y académicos de los países referidos, observaciones, revisión de literatura y seguimiento de noticias en Internet.
Palabras claves: Democracias; Democratizaciones; Igualdad de género; Derechos humanos.
Abstract: Riots and political changes taking place in North Africa since 2011 highlight
the categories of democracy and democratization together with the
challenge of addressing them with their specificities, taking into account
not only the formal aspects but also whether they are based on popular
representation and the deepening of democratic institutions, gender
equality and human rights.
The main aims of this work are to analyze and to compare the emergence
of political identities, the situation of women’s rights and the
agendas around the processes that are developing in Tunisia and Egypt
to compare them with the with the transition processes in three Latin
American countries: Argentina, Chile and Brazil. We base the analysis
on a south-south perspective and the critical approach derived from the
theory of hegemony on the current conceptualizations of democracy and
democratization, mostly of liberal stamp.
Our methodology includes conducting interviews with activists and
scholars from the countries concerned, performing observational work,
reviewing literature and monitoring of Internet news.
Keywords: Democracies; Democratization; Gender equality; Human rights.
Sumario: Introducción. Los casos estudiados en el Norte de África. Las transiciones. Los movimientos de mujeres en el norte de África. Las mujeres en las revueltas. Después de la primavera. Los discursos sobre la transición en Túnez y Egipto. Conclusiones. Bibliografía.
Bienvenidas a la asamblea de mujeres del foro social mundial
“Nosotras, las Mujeres Tunecinas en Movimiento del FSM, hacemos un llamado a las mujeres de todo el mundo a unirse en una reunión de mujeres para el 26 de marzo a las 10 de la mañana “Derechos de las mujeres”.
La Asamblea de las Mujeres es un momento crítico para nosotras las mujeres, para que podamos unirnos para expresar nuestra solidaridad con todas las mujeres en la lucha y nuestro rechazo del capitalismo salvaje y de cualquier modelo de desarrollo que nos cosifica, nos margina, comete violencia contra nosotros, nos abandona con el desempleo y la precariedad, y nos excluye de los centros de poder y riqueza.
Queremos que nuestra presencia sea tan grande como son nuestras luchas contra la discriminación, como diversas son las formas de violencia a las que estamos sometidas y tan importantes como nuestra lucha para hacer posible otro mundo.
Hagamos de este espacio un momento de solidaridad y experiencias compartidas, un momento para recargar nuestra creatividad militante, nuestro espíritu de lucha y formas de resistencia y de lucha: la lucha contra la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público y privado, tanto en los momentos de conflictos como en la paz ; la lucha contra la feminización de la pobreza y la precariedad; la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda; la lucha por nuestros derechos sexuales y reproductivos; la lucha por la preservación de nuestro planeta y nuestra salud.
Queremos que nuestra presencia en el nuevo Túnez de la dignidad sea la voz de la revolución y no una voz de la libertad suprimida.
Vamos a reunir a las voces de las mujeres contra el patriarcado dominante y contra todas las formas de fundamentalismo, que quiere apoderarse y controlar nuestros cuerpos.
Su presencia es una expresión de solidaridad con nosotras, las mujeres de Túnez y con todas las mujeres en el mundo árabe que luchan para asegurar que el proceso revolucionario sea permanente y para los derechos y libertades y la justa distribución de la riqueza.
Enfrentemos juntas los desafíos, exijamos juntas nuestros derechos humanos universales e indivisibles, nuestra dignidad, nuestra ciudadanía, nuestras libertades.
Por un mundo igualitario y justo, para decisiones económicas que favorezcan al pueblo y no un sistema de explotación impulsado por las ganancias, y los dictados de la deuda”. Asamblea de Mujeres del Foro Social Mundial http://www.fsm2013.org/en/node/11888.
El 26 de marzo de 2013 se realizó la Asamblea de Mujeres, como acto inaugural
del Foro Social Mundial (FSM) que tuvo lugar en Túnez, en la
que participaron más de tres mil personas, de las cuales un tercio fueron
varones. Dada la ubicación del FSM, más del ochenta por ciento de las/
os participantes eran de Oriente Medio y el Norte de África (MENA). En la declaración
que transcribimos al comienzo de este artículo se presentaron las principales
demandas de las mujeres tunecinas en el FSM, que pueden hacerse extensivas a
todas las de la región.
En la Asamblea el énfasis estuvo puesto en la lucha por la democracia y la igualdad
de derechos. Las activistas que tomaron la palabra enfatizaron la necesidad del
fortalecimiento de la democracia, el debate y la lucha en torno al secularismo. Las
demandas más específicas fueron desarrolladas en los talleres, en especial los convocados
por la Asociación de Mujeres Demócratas de Túnez, quienes aclararon que en
su país había habido un intento de retroceso en la igualdad de derechos, manifestado
en el borrador de la nueva constitución, que se pudo frenar a través de las manifestaciones
en oposición a que figurase en la misma la complementariedad de varones
y mujeres y no la igualdad, como estaba presente en la constitución anterior, hasta
que el partido En Nahda llegara al gobierno2.
Las demandas cubren varias dimensiones:
a) Vinculadas a la laicicidad: carácter necesariamente laico del estado; colocar los
Derechos Humanos en la introducción de la constitución (en Túnez), ya que
en el primer borrador, se basaba en la shari’a (legislación islámica);
b) Énfasis en el lenguaje de derechos de las mujeres: especificación de los avances
de las mujeres y de sus derechos, no fórmulas vacías; generizar el lenguaje
constitucional;
c) Noción de democracia: introducir los derechos de las mujeres al concepto tradicional
de democracia y tomar las convenciones internacionales, en especial
la CEDAW y la firma de su protocolo facultativo;
d) Igualdad de oportunidades mujeres y varones: los mismos derechos sociales y
económicos y derechos políticos (derecho a votar y a ser elegidas, distribución
igualitaria para los cargos electivos: “50 y 50”).
e) Protección contra la violencia, tanto en la esfera privada como en la pública,
incluyendo el ámbito laboral. Derogar el estatuto legal del avenimiento (en
Marruecos).
A partir de las revueltas en el Norte de África, englobadas en la expresión “primavera árabe” -con activa participación de mujeres y jóvenes- activistas y académicas/os
se preguntan por los procesos de transición en los países de la región, a los que las
estudiosas feministas agregan otras preguntas: transición a qué tipo de democracias? ¿Esas democracias darán respuestas a las demandas de las mujeres? ¿Les será reconocido
su importante rol en las revueltas? ¿Habrá más mujeres en las posiciones de
poder institucional?
Este artículo se propone reflexionar acerca de las transiciones, a cinco años de
iniciadas en Túnez y Egipto, para lo cual consideramos tanto sus devenires como los
discursos que intentan comprenderlas (y también, marcar sus derroteros). El enfoque
elegido está atento a evitar las perspectivas orientalistas y eurocéntricas (Said,
1978; Quijano, 2000; de Sousa Santos, 2009). El análisis se realizara teniendo en
cuenta los siguientes puntos: a) la emergencia de identidades políticas, entre ellas,
las de las mujeres en lucha involucradas en la búsqueda de expansión de derechos,
y el potencial efecto democratizante de sus prácticas, c) los logros en términos de
derechos de las mujeres, b) la comprensión, de las disputas teóricas y de formación
de agendas de diferentes enfoques acerca de las transiciones.
Las manifestaciones que sacudieron el norte de África se iniciaron en Túnez detonadas
por el suicidio de un vendedor ambulante de frutas, Mohamed Bouazizi,
que se prendió fuego públicamente debido a sus condiciones económicas y el trato
recibido por la policía. Las protestas se extendieron por el mundo árabe, incluidos Marruecos, Egipto, Siria y Libia. En estos cinco años los procesos de transición han
seguido diferentes trayectorias en aquellos países.
Dentro del vasto campo de estudios sobre los procesos sociales, políticos e institucionales
del norte de África, existen varios grupos de investigación en Estados
Unidos y Europa, que en general abordan las transiciones mayormente desde la perspectiva
de la democracia liberal (entre otros, Brumberg, 2002; Linz y Stepan, 1996,
2013). Otra vertiente de estudios es la que desarrollan académicas/os y activistas
feministas, que contribuyen al acervo teórico y descriptivo sobre los feminismos en
el Norte de África y su impacto en la igualdad de género y en la democratización
(entre las más recientes, Moghadam, 2013, 2011; Arfaoui, 2011; Arfaoui y Tchaicha,
2013; Ennaji 2011; Sadicqi 2011, Di Marco, 2011; Kandiyoti, 2011, 2012;
Regan, 2012). Moghadam, Kandiyotti y Di Marco, hacen además comparaciones
con las transiciones en América Latina y los movimientos de derechos humanos y de
mujeres. También se han intensificado los estudios sobre las juventudes en el Norte
de África, dado el rol jugado por los jóvenes en las revueltas (Al-Momani, 2011;
Halaseh, 2012, Mendes Diz y Di Marco, 2015).
Distintas agencias de Naciones Unidas (en especial, UNESCO y PNUD) trabajan
activamente para favorecer los estudios comparativos y los contactos para
que muchos países de América Latina compartan sus experiencias respecto de las
transiciones democráticas con los países del Oriente Medio y el Norte de África
(UNESCO, 2012). El secretario general de la UN, Ban Ki-moon, en un discurso
ante el Consejo Permanente de la OEA, subrayó las experiencias de América Latina
en las transiciones democráticas en materia de justicia y derechos humanos y afirmó
que estos procesos han generado lecciones valiosas que pueden usarse más allá de
la región. En el informe de UNESCO (2011), se resaltan a las mujeres y a los/as
jóvenes, como motores de la revolución árabe, y a estos últimos/as como protagonistas
ineludibles, a la vez que se considera que el logro de los derechos de las mujeres son
la otra revolución necesaria.
Sostenemos que una mirada desde el sur global puede aportar a la reflexión sobre
las transiciones en el norte de África, con aportes de una visión crítica acerca de las
teorías de las democratizaciones, con estudios comparativos que aborden no solo
América Latina sino otras regiones, como se ha realizado con el estudio de las diferentes
olas democratizadoras en la región mencionada, Europa del Este y Sudáfrica3.
La evolución de las democracias en América Latina tiene implicaciones para
otros países que se enfrentan a obstáculos similares de las que encuentran los países
latino-americanos hace casi 40 años. También es importante tomar en consideración
que las transiciones no fueron uniformes entre los países latinoamericanos, debido
a sus heterogeneidades culturales, históricas, económicas y políticas. Para nuestro
análisis nos referiremos a Argentina, Chile y Brasil.
El surgimiento y la consolidación de las transiciones estuvieron condicionados
por la agenda neoliberal, mediante la alianza entre los diferentes sectores de poder,
que no solo implementaron las políticas de ajuste estructural, sino que conformaron
el neoliberalismo como cultura, en un escenario en el que las desigualdades sociales
eran un desafío para profundizar las democracias. Por lo menos hasta mediados de
2000, cuando un nuevo proceso de democratización comenzó a llevarse a cabo, sobre
todo en Brasil y Argentina. Los gobiernos de Luis Inazio Da Silva y Dilma Roussef
(Partido de los Trabajadores) en Brasil desde 2002 y de Néstor Kichner y Cristina
Férnandez de Kichner (Partido Justicialista) desde 2003 en Argentina, tuvieron en
cuenta las críticas a las políticas neoliberales y en consecuencia trataron de generar
políticas redistributivas y ampliar el alcance de la ciudadanía. El proceso seguido en
la última década implicó un avance en los derechos económicos sociales y culturales.
No obstante es incompleto, debido a la magnitud de los factores estructurales
históricos y el impacto de las políticas neoliberales sobre la población. En Chile, las
políticas neoliberales fueron establecidas por el gobierno autoritario represivo de Pinochet
y continuaron en la transición debido, entre otros factores, a las condiciones
establecidas por la dictadura.
En general, en Brasil y Argentina se había revalorado el papel del Estado y se
llevaron a cabo reformas estructurales para revertir las políticas neoliberales, junto
con el fomento de la representación popular y la profundización de las instituciones
democráticas en tres dimensiones clave: a) política, como un espacio necesariamente
conflictivo, la activación de los actores colectivos, y la ampliación del alcance
de la ciudadanía democrática; b) económica, orientada a la redistribución y a la
supervisión y control de la economía por parte del Estado; c) cultural, tendiente al
reconocimiento de derechos de las diversidades (géneros, sexos, razas, etnias, etc.).
Más allá de sus diferencias, se hizo hincapié en la lucha contra la exclusión social, la
búsqueda de una mayor igualdad y equidad y el ejercicio efectivo de las instituciones
democráticas y los derechos humanos.
Un punto central de la comparación que proponemos en esta investigación es el
sentido mismo de la teoría y práctica de los procesos de transición democrática. En
los estudios de las transiciones en América Latina la única fuente fue la democracia liberal, que en aquel entonces solo existía en unos veinte países del mundo. Por otra
parte, el estudio de las democratizaciones estuvo centrado en sus aspectos políticos,
y dejó de lado los referidos a la vida cotidiana, a lo privado, atravesados también por
varios tipos de autoritarismo. Aun hoy se observa que es frecuente encontrar que los
teóricos de las transiciones hacen escasas referencias a la ciudadanía de las mujeres
afectada negativamente por las desiguadades de genero (Schmitter, 2011; Garreton,
2012).
En nuestro estudio analizamos lo público macro-social en la búsqueda de la identificación
de la emergencia de identidades políticas orientadas hacia la articulación
de las luchas populares que pueden encarnar la construcción de contra-hegemonías
sustentadas en las demandas en torno a la expansión de derechos (Laclau y Mouffe,
1985, Laclau, 2005; Mouffe, 1999). Al escribir sobre las transiciones en América
Latina, José Nun (1989:63) identificó el espacio de la democracia como uno de
indecibilidad, que requiere de la atención puesta en su condición de construcción
histórica y de la comprensión de las democracias liberales como producto de la
interacción de capitalismos en expansión, welfare states, sistemas de articulación
y representación política y aparatos estatales densos y experimentados. Aludió al
conjunto de reglas de procedimiento que preside la formación de las decisiones colectivas
en un régimen democrático representativo. No obstante, señaló el carácter
formal, indispensable, pero insuficiente, y a veces coyunturalista en el análisis de las
transiciones y aseveró que cuando se trata de procesos políticos, las reglas no alcanzan
para definir las prácticas de los actores, que son prácticas sociales protagonizadas
por los sujetos productores de lo social y no apenas por individuos aislados, y se
ubican en el plano de la reproducción social y de la constitución de los sujetos como
agentes históricos (Nun, 1989:105). Justamente la perspectiva de democratización
aborda no solo el nivel de la esfera político institucional, sino simultáneamente al del
conjunto de prácticas a través de las cuales los actores interpelan y negocian las relaciones
políticas, en la esfera pública y político institucional antes señalada y también
en la esfera privada y en las relaciones entre los sujetos (Nun, 1989; Nun 1991; Di
Marco, 2009, 2011 a, b; de Souza Santos, 2009).
Mientras que los estudios sobre las transiciones a la democracia como tipo de
régimen político se ocupan del modo de gobierno y de la ampliación de la ciudadanía,
los referidos a la democratización incluyen los procesos de incorporación de
la ciudadanía a la vida social y sus beneficios, a la igualación de oportunidades, y
a la participación en las diversas esferas que afectan la vida individual y colectiva.
Frecuentemente se superponen ambos conceptos, así como también existe una tendencia
a priorizar el tema del régimen democrático como una finalidad en sí mismo, y como condición de la democratización. Quizás, porque los años pasados bajo los
regímenes autoritarios - sean militares o autocracias semi-liberalizadas (Brumberg,
2002)-, la concentración del poder en las elites y la cruda represión operada en aquellos,
ponen en primer plano el tema del régimen democrático como una urgencia.
Entonces, la democratización queda pendiente. La subordinación de ésta a aquel
se desvanece cuando se hace visible que la consolidación democrática depende en
gran parte de que se resuelva el problema de la democratización (Garretón ,1990;
Jelin, 2007). En ese punto es conveniente tener en cuenta la advertencia de Nun
(1989:12): “Lo que está en juego es mucho más profundo: se trata de revindicar y potenciar
los contenidos políticos de la cotidianeidad de todos los sectores oprimidos… Pero ni
estos contenidos de la cotidianeidad están ahí, ya dados, listos para ser aprehendidos en
clave empiricista. Requieren ser construidos como objeto e interpretados…”.
El desafío de los procesos de democratización social consiste en la posibilidad
de construcción de sujetos democráticos populares y la transformación de relaciones
sociales, instituciones y elementos culturales y religiosos, que subsisten como enclaves
autoritarios. La participación y la ampliación de los espacios de igualdad no se
refieren solamente a la ciudadanía política, civil y social, sino que se extienden a las
relaciones de género, de generaciones, a los diferentes modos de vivir las culturas,
los cuerpos y las sexualidades. Las democratizaciones políticas no implican en forma
automática la democratización de la esfera privada. No obstante, cuando ambas
están articuladas pueden favorecer la ampliación de derechos y de la ciudadanía,
así como contribuir a la profundización y madurez de la democracia. Estas articulaciones
adquieren diversas especificidades y espesores en diferentes culturas. Las
categorías mencionadas nos permiten leer los cambios producidos en los diferentes
contextos, en clave de avances o retrocesos en las luchas contra hegemónicas, antipatriarcales
y anticapitalistas (Di Marco, 2009, 2011 a y b; Grosfoguel, 2006; 2008,
de Sousa Santos, 2009). De allí que consideramos que los derechos de las mujeres
no son una nota al pie de página en los procesos de democratización, sino que están
en la médula de los mismos. En el mismo sentido Valentine Moghadam (2011:46)
afirma que “…una democracia sin participación política por parte de las mujeres no
es sino una forma inferior de democracia”.
Decidimos acotar los casos de estudio a dos países, Túnez y Egipto, donde, con
cambiantes variantes, se realizaron procesos de transición, uno, no violento y el otro
extremadamente violento. La selección de Túnez y Egipto como el primer plano desde el cual abordar las profundas transformaciones que agitan el norte de África
obedece a varias razones: a) estos países difieren entre sí en relación a su sistema político:
Túnez es una república presidencialista, con un poder legislativo, actualmente
la Asamblea Nacional; Egipto es un sistema semi-presidencialista bicameral. Los dos
pueden ser caracterizados como autocracias semi-liberalizadas (Brumberg, 2002) o
híbrido autoritario-democrático (Linz y Stepan, 2013); b) en Túnez y Egipto los
presidentes, respectivamente, Zine el Abidine Ben Ali y Hosni Mubarak, tuvieron
que renunciar; c) en 2011 en los dos países y en Marruecos, habían ganado las elecciones
los partidos islámicos en alianza con otros partidos, con lo cual controlaban
los nuevos gobiernos e influenciaban los contenidos de las nuevas constituciones; d)
presencia de una sociedad civil sólida en Túnez, con una poderosa central sindical,
organismos de derechos humanos y un movimiento de mujeres conformado por
organizaciones de larga data y otras conformadas con posterioridad a las revueltas
(Arfaoui, 2007, 2011). En el caso de Egipto, la sociedad civil, salvo algunas excepciones,
se encontraba desarticulada y perseguida.
Frecuentemente compararemos con Marruecos, que es una monarquía constitucional,
con legislatura bicameral, porque compartió también el clima de la primavera
árabe en 2011. En este país fue el mismo rey Mohamed VI el que encabezó
rápidamente las reformas. Al igual que en Túnez y Egipto, las fuerzas islamistas se
consagraron con la victoria del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), partido islámico
moderado en alianza con otros partidos. La nueva Constitución mantiene al rey, con
cierto recorte de su poder a favor de la Cámara de Representantes y el Gobierno.
Las principales campañas democráticas en los países mencionados, han sido la
campaña feminista de once años de duración para la reforma del derecho de familia
(Mudawana) en Marruecos, que culminó con la reforma de 2003-04, el Movimiento
Kefaya (Suficiente) en Egipto 2005 y el Movimiento Juvenil 6 de abril en el mismo
país (surgido en 2008). Como ya se mencionó, en las revueltas han jugado un papel
muy importante las juventudes. En general los jóvenes de estos países son una generación
más educada, formada y mundializada que sus mayores (UNESCO, 2011),
y profundamente descontenta de las posibilidades que los sistemas políticos de sus
países les ofrecen. El Movimiento Juvenil 6 de abril (Egipto) y el nuevo Movimiento
20 de Febrero (Marruecos), tomaron rápidamente el ejemplo de lo que había
sucedido en Túnez, y fueron los iniciadores de las protestas, al convocarlas a través
de las redes sociales, además de poner el cuerpo en cada una de ellas. Actualmente ambos movimientos están ilegalizados y sus principales referentes y militantes, presos
con condenas por incitar a las revueltas4 (Mendes Diz y Di Marco, 2015).
Se hace necesario presentar una breve narración de los principales hechos sucedidos
en Túnez y Egipto, para contextualizar nuestras reflexiones. Del seguimiento y
análisis de los procesos seguidos en el norte de África en estos cinco años, en forma
provisoria identificamos como los principales actores de la disputa política y cultural
a los partidos islamistas, por un lado, y a un conjunto de fuerzas conformadas por
partidos laicos, movimientos sociales tales como los de trabajadores sindicalizados
y los de mujeres y de derechos humanos. Las contiendas están representadas por las
tensiones entre secularismo e islamismos, que han adquirido espesor en la confrontación
por los contenidos de los borradores de los nuevos textos constitucionales en
esos países.
En Túnez, el presidente Zine el Abidine Ben Ali, quien gobernó desde 1987,
tuvo que renunciar en enero de 2011. Este constituyó el primer derrocamiento de
una dictadura en la región. Las reacciones populares se debieron a los efectos de las
políticas de privatización y liberalización económica (desempleo, alto costo de vida),
la corrupción generalizada; los excesos policiales y violaciones de los derechos humanos.
Luego del derrocamiento del presidente, y el triunfo de la coalición encabezada
por En Nahda, existía el temor de que los derechos, especialmente los de las mujeres,
fueran limitados por la influencia en el nuevo gobierno de los grupos religiosos
que retornaron después de años de exilio o encarcelamieno. Uno de los campos de
disputa en la transición, basado en la tensión entre secularismos e islamismos, fue la
redacción de la nueva Constitución. Entre otras cuestiones, el primer borrador fue
criticado por colocar demasiado énfasis en la identidad árabe-musulmán, el Islam;
y poca mención de los derechos universales. Además, en éste se proponía sustituir
la “igualdad entre sexos” por la “complementariedad entre varones y mujeres”. La
oposición a esa redacción articuló al sindicato mayoritario Unión General de los
Trabajadores Tunecinos (UGTT), la Asociación de Mujeres Demócratas (ATFD), la
Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTGH), entre otras asociaciones.
Estas tensiones y la conformación de un campo contra hegemónico son centrales,
con una demanda que al principio no estaba formulada y luego posibilitó la
articulación de actores: por un lado, el partido En Nahda y por el otro, la oposición laica, en un contexto de demandas económicas, sociales, de derechos humanos. Las
críticas al gobierno de En Nahda, se concentraron en la gestión económica, la seguridad,
pero por sobre todo, en el intento de querer controlar totalmente el aparato
estatal y las orientaciones de la nueva constitución con una versión propia del islam.
A fines de septiembre de 2013 el gobierno de En Nahda acordó su dimisión
luego de arduas negociaciones. Las fuerzas opositoras – la UGTT, los partidos de la
oposición, y los activistas de los derechos humanos- intentaron de este modo evitar
una espiral de violencia como la de Egipto. El Frente de Salvación Nacional (FSN)
se organizó en julio, inmediatamente después del asesinato del líder opositor Mohamed
Brahmi. Incluye a las principales fuerzas de la oposición y está conformado
por el Partido Socialista, el Partido de los Patriotas Demócratas Unificado, el Partido
de la Vanguardia Árabe Democrática, así como grupos como la Organización
Tunecina contra la Tortura, Tamarod (Rebelión) y asociaciones de la sociedad civil.
En enero de 2014 la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución, que define
un poder ejecutivo conformado por el presidente y el primer ministro y reduce el
papel del Islam en el país. También incluye, por primera vez en el mundo árabe,
listas paritarias de candidatos, con una alternancia de 50% de varones y de mujeres.
Finalmente, se votó una constitución laica, que respeta la igualdad de género y los
derechos humanos.
A fines de febrero de ese año, cayó el gobierno de En Nahda, frente a las protestas
y los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los manifestantes que reclamaban
su salida, que dejaron un saldo de 3 muertos y 85 heridos. En octubre del mismo
año se realizaron las elecciones a la Asamblea de Representantes del Pueblo en la cual
el partido Nidaa Tunes ganó 85 de los 217 escaños. Sus votantes se reparten entre
intelectuales, sindicalistas, empresarios, militantes de izquierda, centro izquierda y
feministas. En las elecciones presidenciales del 21 de diciembre de 2014, Mohamed
Beyi Caid Essebsi, fundador de Nidaa Tunes, ganó con 55,68 % de los votos. Del millón
setecientos mil votos que obtuvo, más de un millón fueron de las mujeres. Su elección
fue celebrada como la victoria de los laicos, lo cual volvía a poner en el centro
que ganó la demanda central, la laicicidad.
En Egipto, el 25 de enero de 2011 estalló la llamada Revolución del Loto en
la plaza Tahrir de El Cairo. Las redes sociales tuvieron un papel importante en la
convocatoria a las protestas contra el régimen autocrático del presidente Hosni Mubarak,
que había gobernado el país durante 30 años, con rasgos sultanísticos5. No
obstante, el poderoso ejército egipcio siempre mantuvo un considerable margen
de autonomía, debido a la posición geopolítica estratégica de este país, cercano a los productores de petróleo, protegiendo a los regímenes del Golfo de posibles
agresiones6.
Las elecciones presidenciales se realizaron en 2012. Mohamed Mursi, presidente
del Partido para la Libertad y la Justicia, fundado por los Hermanos Musulmanes,
fue el ganador, con un 51,73%. La victoria de los Hermanos Musulmanes puede
comprenderse desde el voto de rechazo de la ciudadanía hacia el sistema político
monopolizado por el Partido Nacional Democrático (PND) y porque aquellos contaban
con una organización y una estructura política lograda en décadas de trabajo
(sindicatos, colegios profesionales, universidades)7. En cambio, los movimientos
opositores Kefaya y 6 de Abril eran de poca data y sin estructuras organizativas. Por
otra parte, el porcentaje de participación electoral fue bajo, ya que 25 millones de
egipcios no concurrieron a votar (47,75% de la población con derecho al voto).
El proyecto de Constitución fue aprobado a finales de noviembre de 2012 por la
Asamblea Constituyente dominada por los islamistas. Esta atentaba contra las libertades
de expresión y credo y la igualdad de género; mantenía los privilegios de los
militares y reforzaba el papel de la shari’a . El Frente de Salvación Nacional (FSN),
que agrupa a los principales partidos de oposición, intelectuales y figuras públicas
anunció que no reconocía la Constitución. Las asociaciones feministas denunciaron
la ausencia de derechos para las mujeres en la misma. Por otro lado, los partidos de
la yihad islámica también se opusieron a ella por considerarla demasiado alejada de
la shari’a.
En abril de 2013, activistas de la oposición -miembros del Movimiento Egipcio
por el Cambio, que se formó en 2004 para impulsar la reforma política- crearon la
base para el movimiento de protesta Tamarod (rebelión), que demandó nuevas elecciones
presidenciales y organizó protestas masivas. Las manifestaciones comenzaron
de modo pacífico en su mayoría, pero rápidamente se volvieron violentas. Ante
esta situación, el primero de julio, el general Al-Sisi declaró un ultimátum para la
dimisión del gobierno. El Ejército se reunió con varias fuerzas políticas del país para trazar una hoja de ruta ante la negativa del presidente Mursi a abandonar su cargo.
En la reunión, a la cual la Hermandad Musulmana se negó a acudir, se formó una
coalición entre los líderes del Frente de Salvación Nacional, Tamarod, el Partido al-Nour, la autoridad islámica de al-Azhar, la iglesia copta. Ante la negativa de Mursi
a renunciar al poder, el día en que el ultimátum expiraba el presidente del Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas, Abdul Fatah Al-Sisi derrocó a aquely suspendió la
Constitución. En las elecciones celebradas en junio de 2014, Al-Sisi, quien dirigió
de hecho el Gobierno interino, ganó con el 96,9% de los votos. En los comicios no
pudo competir el mayor movimiento popular del país, los Hermanos Musulmanes.
El 2 de diciembre de 2013 se aprobó el proyecto de una nueva constitución. El
borrador retornó al modelo de la Constitución de 1971 y eliminó las provisiones
de corte más islamista. Los principios de la shari’a están sujetos a la interpretación
del Tribunal Constitucional, y se prohíben los partidos políticos con base religiosa.
Asimismo refuerza el papel del Ejército. Entre los artículos más controvertidos está el que otorga derecho de veto al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas sobre el
nombramiento del ministro de Defensa durante los próximos ocho años. Además,
establece juicios militares a civiles, lo que representa una terrible derrota para los
activistas revolucionarios.
Como resaltan varios autores, el movimiento de mujeres en el mundo árabe tiene
una larga historia enraizada en la lucha anti-colonial, la independencia nacional y las
contiendas en torno a las reformas de las leyes de familia, los derechos económicos,
políticos y sociales y, más recientemente, por la democracia y los derechos humanos.
Las organizaciones de mujeres se constituyeron en las más vigorosas defensoras de
la sociedad civil en toda la región (Regan, 2012; Moghadam, 2007, 2010, 2013;
Arfaoui, 2007,2011, 2013; Sadiqi, 2011; Kandiyoti, 2011, 2012; Azaola Piazza,
2004; etc).
Algunas organizaciones de mujeres reclaman el derecho a reinterpretar las tradiciones
y prácticas musulmanas mediante el razonamiento independiente8. Entre
las más importantes organizaciones se pueden mencionar en Túnez, a la Asociación
Tunecina de Mujeres Democráticas -ATFD-; el Centro para la Investigación, Estudio,
Documentación e Información sobre las Mujeres -CREDIF-; la Asociación de
Mujeres Tunecinas para la Investigación y el Desarrollo -AFTURD-; en Marruecos,
la Asociación Democrática de Mujeres de Marruecos, la Coalición Primavera de la Dignidad; en Egipto, la Coalición de ONG de mujeres; el Centro Egipcio para
los Derechos de la Mujer. Existen importantes redes regionales: Collectif Maghreb
Egalité 95; el Centro de las Mujeres Árabes para la Capacitación y la Investigación
-CAWTAR-; AISHA-Arab Women’s Forum-, que incluye organizaciones independientes
de mujeres de Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Sudán
y Túnez.
En Túnez, AFTURD y ATFD se formaron en 1989 y fueron las primeras organizaciones
autónomas. En cambio, la Unión Nacional de Mujeres Tunecinas (UNFT)
creada en 1956, se convirtió en el brazo político del régimen de Zine el Abidine
Ben Ali, en lo que se denomina feminismo de estado. En este caso, la creación de los
“aparatos” mujer y el otorgamiento de ciertos derechos, con el propósito de mostrar
un estado moderno como los de Europa (Arfaoui y Tchaicha, 2013:9; Regan, 2013:
239). En cambio, las organizaciones mencionadas en primer lugar desafiaron al régimen
político y tuvieron un papel destacado tanto en la promoción de los derechos
de las mujeres como en la crítica a aquel y en la búsqueda de la democratización del
país y la vigencia de los derechos humanos.
Las organizaciones de mujeres en Egipto son unas de las más antiguas del mundo
árabe. Debido a la oposición combinada de los conservadores, los islamistas y
el gobierno, por su desafío al orden patriarcal y la represión sobre los opositores,
se han concentrado en demandar el derecho de las mujeres a la educación y en la
reforma de las leyes que discriminan a las mujeres, también con campañas para
cambiar el Código del Estatuto Personal9. Arfaoui (2011) alega “..en Egipto, durante
los últimos años, los llamados a la democracia y a la reforma política parecen no haber
tenido en cuenta la cuestión del género y haber hecho caso omiso de las problemáticas de
inclusión, participación, y especialmente de los derechos de las mujeres. Estos llamados
quedaron atrapados en una retórica formalista, sin tomar conciencia de la sustancia –o
de la cualidad y el género– de la democracia. La Hermandad Musulmana, por ejemplo,
desea “la libertad de crear partidos políticos” y la “independencia del sistema jurídico”. Se
trata de objetivos encomiables, pero que requieren, también, “ajustarse a la Ley Islámica
de la Shari’a ”, lo cual no es propicio para la igualdad de género ni para la igualdad
de ciudadanos musulmanes y no musulmanes en ningún aspecto (Brown, Hamzawy y
Ottaway 2006)”.
Por su parte, Fatima Sadiqi (2011) considera que la gradual liberalización y democratización
de Marruecos durante los noventa tuvo como actores centrales a las
organizaciones de mujeres, especialmente mediante las campañas llevadas adelantes
por las mencionadas organizaciones y por varones feministas por la reforma del Código
de Estatus Personal. Según la misma autora, los grupos de mujeres se aliaron al
gobierno a fin de promover tanto los derechos de las mujeres como una organización
política democrática cuando fue nombrado Primer Ministro en 1998 Abdelrahman
Yousefi, un socialista y ex prisionero político que formó un gabinete progresista.
En la región, las principales demandas legales y de políticas públicas de los movimientos
de mujeres se centran en la reforma de la legislación sobre las familias; la
penalización de la violencia contra las mujeres (crímenes de honor, el acoso sexual
en las calles y en los lugares de trabajo, violencia doméstica); la igualdad para las
mujeres casadas con extranjeros y sus hijos; los derechos de herencia y aumento de
la participación de las mujeres en los órganos políticos y en la fuerza de trabajo. La
democratización de las familias es un imperativo para las transformación de la cultura
patriarcal, que adquiere contenidos diversos, si los comparamos con las luchas
de los movimientos de mujeres en América Latina: mientras que en esta se luchaba
por el divorcio vincular y la patria potestad compartida, en los países el norte de África se lo hacía por la reforma del código de familia musulmán, con excepción
de Túnez, que ya lo había reformado en 1957 y que, además, desde 1961 cuenta
con el aborto legalizado. Otro punto central en que se advierten las mismas luchas
tanto en esta región como en América latina, está constituido por la lucha contra los
fundamentalismos religiosos, que expresan su oposición a los valores laicos en forma
diversa en cada una: contra las leyes de familia en el Magreb; y contra el aborto legal
y el reconocimiento de los mismos derechos civiles para la población LGBTTTI, en
América Latina.
La ley de familia musulmana es el “locus de la discriminación civil y jurídica contra
la mujer”, como afirma Sadiqi (2011). En Túnez, el Código de Estatus Personal fue
instituido en 1956, a meses de la independencia. Este dio a las mujeres derechos
como la abolición de la poligamia y el repudio, el divorcio judicial, la igualdad en
cuanto a la educación y al trabajo fuera del hogar. Las mujeres también fueron alentadas
a deshacerse del velo. Hasta 2004 en Marruecos y 2005 en Argelia, todavía
necesitaban la autorización de sus padres o hermanos para contraer matrimonio,
aunque no había obstáculos para ejercer variadas profesiones u oficios. En Marruecos,
la reforma impulsada en 2004 por el rey Mohammed VI de la Ley de Estatus
Personal establece un nuevo Código de Familia, que sustituye a la antigua Mudawana.
Sin embargo, la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) demanda que se hagan efectivas las disposiciones del Código de familia, ya que su
aplicación no ha sido generalizada y además, sigue existiendo discriminación en
relación a asuntos tales como la herencia, el matrimonio y la custodia de los hijos e
hijas en caso de divorcio. Arfaoui (2011) afirma: “Eso es exactamente lo que se necesita:
que más personas tomen conciencia de la injusticia que hace que las hijas mujeres
hereden la mitad de lo que obtienen sus hermanos varones. Con el paso del tiempo, esto
podría derivar en el esperado cambio de las leyes. Claramente, la familia continúa siendo
el bastión del patriarcado”
La reforma de la Ley de Estatus Personal (Mudawana) parece constituir un paso
importante en el proceso de secularización de Marruecos (Ennaji, 2011). Por ello
Moha Ennaji afirma que “La sociedad civil feminista y democrática convirtió al Mudawana
en algo no tan sagrado”, contemplando dos aspectos: un feminismo que no es
solo portado por las mujeres, y la dislocación de lo sagrado, similar a lo que sucede
actualmente en Argentina. Arfaoui (2011) afirma que debe separarse la religión de la
política para lograr la igualdad de las mujeres y se pregunta “¿Puede existir la igualdad
sin laicismo?”, respondiendo que no.
Como ya se mencionó, tanto en Túnez, Egipto y Marruecos, como en Yemen,
Libia, Bahrein y Siria, las mujeres y las/os jóvenes fueron un porcentaje importante
de las/os manifestantes y se enfrentaron a los islamistas conservadores. El incremento
de la participación de las mujeres se debió, entre otros factores, a los avances
educativos, la capacidad que tuvieron para de organizarse en ONGs, las nuevas redes
de televisión por satélite, tales como Aljazeera y el aumento de la accesibilidad a Internet
y el desarrollo de las redes sociales10 (Regan (2012: 246, Moghadam, 2013).
Sin embargo, nos parece relevante señalar que las mujeres, tanto las organizadas
como las que no, vieron la oportunidad de desafiar al orden del estado autocrático
a través de ganar la calle en las protesta colectivas masivas, como no habían podido
hacerlo antes con esa magnitud. Según Kandiyotti (2011), hubo diferencias entre
las prácticas de las mujeres en ambos países. En Túnez las mujeres estuvieron a la
calle y abiertamente plantearon sus demandas y su preferencia por un estado laico,
posiblemente porque lo que estaba en riesgo eran los derechos otorgados por Habib
Bourghiba después de la independencia. Sin embargo, en El Cairo, mujeres y jóvenes
participaron en la organización de las protestas, en especial en la plaza Tahrir y en Alexandria. Según diversos relatos, durante los 18 días de la presencia de las
protesta en la plaza, las mujeres se sintieron libres, en el espacio público que siempre
les fue vedado. Mozn Hassan, directora de la organización Nazra for Feminist Studies,
sostuvo en una entrevista que las mujeres “no están jugando un papel tradicional
en este conflicto como cuidadoras. Incluso las mujeres que nunca habían participado en
política ahora están decidiendo qué acciones deben llevarse a cabo. Han entrado en la
primera línea”11.
Al año siguiente, en la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, fueron
objeto de violentas críticas y de provocaciones por parte de varones y mujeres tradicionales,
que consideraban que sus demandas no estaban relacionadas con la lucha
contra el régimen y la entorpecían. Además, la policía arrestó a muchas de ellas, a las
que sometió a un test de virginidad, una forma de violación. Fue una premeditada
intimidación, como medida para impedir que volvieran al espacio público.
Desde la perspectiva de casi 40 años desde las transiciones, la experiencia de los
países latinoamericanos (Argentina, Chile y Brasil) que hemos seleccionado para
nuestras comparaciones en la investigación en curso, nos muestra procesos complejos
de avances y retrocesos. Consideramos que al calor de los procesos en marcha en
el Norte de África quizás exista una exigencia (no solo por parte de los militantes,
sino también de parte de los cientistas políticos, como veremos mas adelante) de
resultados rápidos y exitosos en torno a las democratizaciones y la satisfacción de las
demandas que se conjugaron para dar origen a las revueltas, que merecen otra mirada,
más matizada, sin pesimismos paralizantes ni optimismos ingenuos. Las democracias
son construcciones políticas contingentes, no están predeterminadas (Lefort,
1990:190/191). Además, el litigio acerca de quién es entendido en la cuenta de la
democracia, o sea, la cuenta de los no contados, la parte de esos que no tienen parte, es
siempre conflictivo (Rancière, 1996: 42/45). Cada comunidad política articula las
diferencias de diferentes modos, por lo tanto si la democracia es contingente y contextual,
no existe un modelo predeterminado, por ejemplo, en los temas de derechos
de las mujeres, derechos humanos y religiosos, para los cuales hay múltiples interpretaciones,
dentro de los principios básicos de la democracia: la libertad y la igualdad.
En Argentina, Chile y Brasil, las organizaciones feministas y de mujeres, las de
Derechos Humanos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (en Argentina), fueron
actores decisivos en las transiciones. Los movimientos de los ‘70 y ‘80 en América Latina se constituyeron simultáneamente a las luchas contra los gobiernos autoritarios,
así como con las cada vez peores condiciones de vida y se relacionaron con la
lucha por los derechos humanos, los de los indígenas y el movimiento de mujeres en
todo el continente, que trajo a la arena pública el reclamo de sus derechos al denunciar
la violencia de género, la doble y triple jornada de trabajo, la falta de políticas de
salud reproductiva, la discriminación laboral, etcétera. En los años ochenta, varias
organizaciones, redes y alianzas lucharon para contribuir a la toma de conciencia de
las mujeres en torno a sus derechos. Comenzaron a discutirse cuestiones como la
subordinación, la violencia, el acoso sexual y a exigir derechos reproductivos, políticas
de salud, educación, acceso al mercado laboral y la necesidad de aprobación de
diversas leyes. El activismo de los movimientos de mujeres y la nueva agenda aprobada
por los Estados de la región, a fin de cumplir con las normas internacionales y
mostrar algún tipo de liderazgo en cuestiones relativas a los derechos de las ciudadanas,
resultó en un aumento gradual en el número de mujeres en las instituciones del
Estado (Ejecutivo y Legislativo), así como la elaboración de agendas de equidad de
género. En los tres países se crearon instituciones públicas de derechos de las mujeres12. Se aprobaron leyes relativas a la democratización de las familias: Patria Potestad
compartida (en Argentina en 1987), Divorcio (en Brasil, en 1977, en Argentina
en 1987; en Chile recién en 2004). También las referidas a la violencia contra las
mujeres (Brasil, Ley María La Penha, 2006; Argentina, la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 2008). Las Leyes
de Cupo o Cuota de participación femenina democratizaron parcialmente el acceso
de las mujeres a la representación política (Argentina 1991/2000; Brasil, 1997, Chile,
2015). Sin embargo no se ha llegado aún al 50% en ninguno de los países. Las
cuestiones relativas a los derechos sexuales se han introducido en la agenda pública
en los últimos cinco años (Ley de matrimonio igualitario: Argentina: 2010, Brasil,
Uruguay: 2013; Argentina: Ley de Identidad de Género, 2011). La legalización del
aborto es todavía una deuda de la democracia en estos países, en los que la Iglesia
católica, a pesar de las controversias, es todavía muy poderosa.
Una dimensión importante de los procesos de democratización fue la forma en
que esos países se comprometieron con la justicia y la rendición de cuentas por
abusos contra los derechos humanos. En Chile y Brasil siguen vigentes las leyes de amnistía de 1974 y 1979, respectivamente13. Con el retorno a la democracia en Argentina,
en 1983, el gobierno puso en marcha el juicio a las juntas militares.- hecho
que distingue la Argentina del resto de países de América Latina en relación con el
enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad- que terminó con la condena a
sus integrantes. La Ley de Amnistía del gobierno militar fue revocada. La Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Comisión Nacional sobre Desaparición
de Personas-CONADEP) fue creada en 1983 con el objetivo de aclarar e investigar
las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura militar. Argentina comenzó
el período más largo de su historia en la que no hubo ruptura del orden constitucional,
aunque enfrentó cuatro levantamientos militares entre 1987 y 1990, que
buscaban alterar el desarrollo de la democracia renaciente. Por otra parte, se dictaron
las leyes de Punto Final (1986), de Obediencia Debida (1987) y los decretos de los
indultos (1989-1990)14. Recién en 2003, el Congreso declaró su nulidad. En 2007,
la Corte Suprema declaró las leyes de amnistía inconstitucionales y sin valor, con lo
que puso fin a muchos años de impunidad. Por lo tanto, se aceleraron los Juicios
por la Verdad y la Justicia, que impulsados por Madres de Plaza de Mayo y otras
organizaciones de derechos humanos, comenzaron a finales de 1990.
Lo procesos estudiados dan cuenta de un lento camino hacia la consolidación
democrática, que evidencia la necesidad del estudios diacrónicos, ya que observamos
los disímiles recorridos seguidos por las iniciales transiciones, que fueron consolidando
regímenes más democráticos, aun con sus falencias. Si bien el clima de época
actual es muy diferente al de hace cuarenta, treinta o veinte, o tan solo, diez años.,
los procesos mencionados, los logros y las dificultades en términos de derechos de las mujeres y de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, señalan que las demandas
van entrando al sistema político con un timing que depende de la situación
interna y externa de cada país.
En el caso de los países del norte de África estudiados, hubo ataques a mujeres en
universidades y escuelas, y en los comienzos del gobierno de En Nahda en Túnez se
las estaba obligando a usar la hijab. En Egipto, las mujeres estuvieron intensamente
movilizadas, y también fueron confrontadas y agredidas por quienes habían combatido
al gobierno de Mubarack en las calles, igual que ellas, un año antes (además de
los abusos policiales).
Algunas autoras alertan acerca del peligro de que los derechos de las mujeres se
conviertan en parte de negociaciones gatopardistas. En otras palabras, una de las
amenazas más inmediatas para la realización de la igualdad de género, es el grado en
que sean un elemento de “compromiso” en la agenda de reforma (Kandiyoti, 2011,
2012; Regan 2012). Moghadam (2013) menciona la paradoja entre la participación
activa de las mujeres en las protestas y el no tenerlas en cuenta para formar parte en
diversas comisiones y cargos públicos. Las críticas y prevenciones señaladas son pertinentes,
ya que se ha observado el liderazgo de las mujeres en estos cinco años, pero
no ocupan el mismo sitio que ocuparon en la lucha, tensión que se ha observado
frecuentemente en todos los procesos revolucionarios, pacíficos o no. En Túnez muy
pocas mujeres ocuparon cargos de importancia.
Kandiyotti (2012:2) pregunta: “¿Por qué es que en las sociedades acosadas por una
miríada de problemas económicos y sociales inmanejables siguen ocupando los titulares
interminables debates sobre los derechos y la situación de las mujeres? Una forma de responderla
es la consideración de la gran cantidad de mujeres y jóvenes en las protestas
en las calles que las visibilizó en la arena publica y llevo sus demandas a ser objeto de
debates, no solo en sus países, también en el mundo, al poner de relieve -para aquellos
que lo ignoraban o estaban sumidos en cualquier tipo de prejuicios- la existencia
de organizaciones de mujeres democráticas y laicas en la región. La conformación
de nuevas organizaciones y coaliciones da cuenta de este proceso15. La otra, no es
menor el resultado del rechazo público por parte de las organizaciones de mujeres
en articulación con otros sectores democráticos y laicos de los borradores de las
reforma constitucionales de orientación islámica. En Egipto, en 2013 se aprobó la nueva constitución, donde se estableció que los principios de la sharí’a están sujetos
a la interpretación del Tribunal Constitucional, además de prohibirse los partidos
políticos con base religiosa. En Túnez en 2014, se votó una constitución laica, que
respeta la igualdad de género y los derechos humanos. Otro de los logros fue el retiro
de todas las reservas específicas a la CEDAW.
La caída del gobierno islamista y la victoria en el mismo año del candidato Mohamed
Beji Caid Essebi, del partido Nidaa Tunis, tiene una gran importancia, pues
el voto mayoritario que lo llevó al triunfo provino de las mujeres. El presidente
designó tres ministras (en los Ministerios de Cultura, Turismo y Mujeres, familias
y niños) y cinco secretarias de Estado. Se pasó así de una participación en el poder
ejecutivo entre el 7 y 10% a 19,5%.
El promedio regional de mujeres parlamentarias es de 10,7%, muy por debajo
del promedio mundial. En Túnez, por la ley electoral vigente, las mujeres tenían
el 25% de los puestos en las listas. Las elecciones de 2011 llevaron 49 mujeres a la
Asamblea Constituyente, esto es un 22, 56% de los escaños. Sin embargo, es necesario
considerar que 42 de esas mujeres eran miembros de familias vinculadas al
partido En Nahda. Los activistas tunecinos de larga trayectoria temían que este partido,
que dominaba la asamblea, utilizara la presencia de las parlamentaristas para
restringir los derechos de las mujeres (Ennaji, 2013). En abril de 2013 se tomó una
iniciativa sin precedentes, no solo en el mundo musulmán: la paridad de varones
y mujeres -los 50 y 50 que demandaban las mujeres tunecinas en el FSM- en las
listas para las primeras elecciones democráticas en los 55 años de independencia del
país, en 2014. En aquellas se alternaron las y los candidatas/os de ambos sexos. Esto
llevo la representación de las mujeres a 68 escaños, o sea, al 31%16. En Marruecos,
la introducción de cuotas para las mujeres parlamentarias permitió un aumento de
6 % del número de mujeres en 2011, por lo que paso a ser de 17%. En cambio en
Egipto, se registró una caída del porcentaje de mujeres parlamentarias, pasando de
12,7% a poco menos de 2%. (Informe de la 126ªAsamblea de la Unión Interparlamentaria
Mundial-UIP- 2012).
¿Cómo están abordando las transiciones del norte de África algunos de los teóricos
de las democratizaciones? Hacia mitad de los 90, Juan J. Linz y Alfred Stepan (1996:4) retomaron las discusiones de los 80 que intentaban sistematizar un criterio
para distinguir la “transición” de la “consolidación”, y afirmaron que con una “democracia consolidada” se referían a un régimen político en el que la democracia
como un sistema complejo de instituciones, normas, incentivos y desincentivos institucionalizados
se hayan convertido, en “el único juego en la ciudad”. Recientemente
estos autores se han mostrado interesados en interpretar los procesos de transición
en algunos países del norte de África. En esta ocasión ven la necesidad de enfatizar
la contingencia de las democracias y no menos importante, que no hay un solo tipo
de democracia consolidada. Al referirse a las nuevas transiciones, consideran que
se abre una nueva área de investigación en torno a las variedades de democracias
consolidadas. Aclaran que estas pueden mejorar su calidad, atendiendo a los factores
económicos y a la profundización de la participación popular en la vida política y
social del país (Linz y Stepan, 2013: 16). Enuncian algunas condiciones, como la
posibilidad de desarrollo de la sociedad civil, una sociedad política relativamente autónoma,
una sociedad económica institucionalizada, un estado de derecho vigente
en todo el territorio del estado y una burocracia estatal imbuida de los principios
democráticos (Linz y Stepan, 2013: 20).
Dentro de lo que ellos denominan una nueva área de estudios, y de esas condiciones
que enuncian, no se desprende la consideración de los derechos humanos
y la ampliación efectiva de la ciudadanía económica, social, cultural, de género y
sexual. No reflexionan en torno a que no puede haber democracias sin derechos
de las mujeres, de las diferentes sexualidades, colectividades étnicas y religiones. Lo
cual podría ser interpretado en el marco de la continuidad de las discusiones de los
noventa, y sostener que en esa época no eran tan visibles como problemas a abordar
como lo están ahora. Sin embargo, la cuestión de los derechos humanos atravesaron
los procesos de democratización en América latina y en Europa oriental. El tema
de los derechos de las mujeres ya había sido levantado por las feministas de la segunda
ola y a nivel internacional habían tenido lugar las Conferencias Mundiales
de la Mujer, la primera en México (1975); la segunda en Copenhague (1980), la
tercera en Nairobi (1985) y la última en Beijing (1995). La Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, (CEDAW) había sido
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el18 de diciembre de 1979.
En las conferencias y en la convención se declararon los derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales de las mujeres. En esta misma dirección, Moghadam
(2013:395), afirma que si bien los estudios sobre las mujeres, la participación
política y la democratización comenzaron con las transiciones en América Latina y
en el Este de Europa, aquéllos continúan alejados de las tendencias dominantes en la literatura sobre la democratización. Es cierto que la problematización sobre el no
reconocimiento de las diferencias étnicas y religiosas y de las diferentes sexualidades,
son más propias y generalizadas de los debates de fines de los noventa y de este siglo.
Por otra parte, desde los estudios poscoloniales, varios/as académicos/as vienen haciéndose
eco de las demandas de los movimientos indígenas y feministas.
En el análisis de las transiciones, Linz y Stepan (2013) consideran que los conflictos
en relación con la religión, o entre las religiones, no figuraron como algo notorio
en las transiciones de América Latina o del este de Europa. Sin embargo destacan el
papel positivo de la Iglesia Católica Romana, en las transiciones democráticas en Polonia,
Chile y Brasil. No aluden a las complicidades con la dictadura cívico-militar
en Argentina, por ejemplo. Ni que en Chile, no obstante haber cumplido un importante
rol en la defensa de los perseguidos por la dictadura de Pinochet, se opuso al
divorcio vincular, y vetó toda iniciativa sobre los derechos sexuales.
Llama la atención que Stepan (2012:90) a solo un año de sucedidas las revueltas
en Túnez afirmara con cierta premura, sin tener en cuenta el seguimiento del proceso,
“que Túnez logró una transición democrática exitosa, aunque todavía no es una
consolidación de la democracia”. Para la mencionada afirmación, Stepan (2012:90)
alega que Túnez había cumplido con los cuatro requisitos que Linz y él mismo habían
argumentado, en base a sus previos estudios17. Esta transición fue exitosa porque
se siguió el modelo de lo que denominó de “tolerancias gemelas”, que se refiere
a la tolerancia de los ciudadanos religiosos hacia el estado, esto es, que se acepten
las normas y funcionarios elegidos democráticamente con la libertad para legislar y
gobernar sin tener que enfrentar, en el caso árabe, reclamaciones religiosas sobre el
predominio de la shari’a como fuente de la ley y, simultáneamente la tolerancia del
Estado hacia los ciudadanos religiosos, o sea la libertad religiosa (Stepan, 2000). En
un artículo publicado con Linz, ambos sostienen que puede haber variados modelos
de relaciones entre el Estado, la religión y la sociedad, o sea que pueden existir
“múltiple secularismos” (Linz y Stepan, 2013:17). Si bien se puede coincidir con
esta noción, que puede dar cuenta de contextos culturales e históricos específicos, la
medida de su aceptación depende de cómo se respetan los derechos de las mujeres y
sexualidades diferentes que han sido privadas de todos o muchos de ellos en virtud
de los mandatos religiosos patriarcales. Además es notable el lenguaje utilizado, que
se expresa en términos de tolerancia y no en términos de derechos.
Con respecto a lo que varios autores denominan sociedad pol ítica, Daniel Brumberg
(2002:62) alude a que la presencia o ausencia de la misma es una función de
la política oficial, mediante un gradualismo democrático que debe presionar para la
creación de partidos políticos efectivos, parlamentos representativos, y el Estado de
Derecho. Estas afirmaciones han sido desafiadas por los sucesos que estamos analizando,
que comenzaron con las revueltas de la sociedad civil enfrentada a los estados
autocráticos. También Brumberg afirma que las transiciones deben ir acompañadas
de apoyo internacional para el seguimiento efectivo de las elecciones locales y nacionales.
Coincide en este punto con Linz y Stepan, al afirmar: “Si las fuerzas poderosas
desde el extranjero pesan en el lado de la democracia, puede seguirle una transición
democrática razonablemente rápida”. En ninguno de estos autores se atisba una consideración
de la posibilidad de cambios que podrían surgir desde los mismos pueblos.
Maged Mandour (2014) ha denominado “imperialismo liberal”, a la noción que
permite vincular el orden político actual con la ideología neo-colonial internacional.
Las relaciones entre las elites nacionales y de los países capitalistas centrales han
estado presentes tanto en los aspectos ideológicos como económicos de la opresión.
El autor señala dos rasgos distintivos del “imperialismo liberal”: ..”el libre mercado
como elemento esencial para el orden democrático pleno (ajuste y reformas de mercado)
y la perspectiva orientalista “ que “….no transmite la verdad de cómo las civilizaciones
y culturas se solapan, confluyen y se nutren unas a otras” (Said, 2008:25). Este enfoque
nacido en el mundo occidental, reduce al árabe, al musulmán, al “otro”. Para
los cientistas sociales latinoamericanos es bien familiar: se trata del colonialismo
económico y cultural. La versión orientalista se reproduce al interior de las mismas
sociedades, en las cuales las elites y muchos sectores educados y urbanos se ven a sí
mismos como liberales seculares y consideran a sus conciudadanos del pueblo, de
sectores rurales o menos educados, como incivilizados. El resultado de esta visión es
la necesidad de que sean guiados y controlados, en una típica operación que reproduce
como estas elites son guiadas y controladas por las potencias de occidente. De
esta ideología se deriva la necesidad de la intervención directa o indirecta por el bien
de un cambio de régimen, y la “democratización”, al estilo de los países del norte.
En síntesis, los estudios de las democratizaciones que provienen de centros con
grandes recursos e influencia en aquellos países, sostienen un enfoque de democracia
liberal y no aparece como tema relevante el importante aporte ciudadano de las
mujeres a la democracia, más allá del voto, ni la participación popular. Moghadam
(2011) sostiene la misma crítica en torno a la ceguera sobre la participación activa de las mujeres.
Las identidades políticas en torno a los movimientos de mujeres, en alianza con
otros sectores han logrado algunas victorias, entre estas, el reconocimiento de las
organizaciones de mujeres democráticas y laicas y la conformación de nuevas organizaciones
y coaliciones. El movimiento de mujeres articulado con otras identidades
laicas y antipatriarcales, consiguió que finalmente en Egipto se aprobara la nueva
constitución, donde se eliminaron los artículos más islamistas y en Túnez se votara
una constitución laica. Otro de los logros en ese país fue el retiro de todas las reservas
específicas a la CEDAW. Túnez también fue el primer país de la región que lo hizo.
El logro de la paridad en las representación parlamentarias es sin dudas destacable.
No empalidece porque en 2014 la proporción de mujeres electas haya sido del 31%,
ya que se necesita tiempo para que esta herramienta sea apropiada por las mujeres
y exigida en los partidos político democráticos, cuestión que puede suceder en las
sucesivas elecciones parlamentarias, entre ellas, las de 2017. También puede llevar
más tiempo, como ha sucedido en otros países, sin más lejos, en la Argentina. También
puede contabilizarse la victoria del partido laico Nidaa Tunis como resultado
del voto de las mujeres.
Las teorizaciones sobre las democracias, acuñadas en el norte global y seguidas
frecuentemente en los estudios de las democratizaciones en América Latina y en el
este de Europa, con su concepción minimalista y sus listas de procedimientos, no
se detienen a considerar en profundidad las dimensiones vinculadas a la participación
popular, la justicia social, los derechos económicos, sociales, culturales (no solo
civiles y políticos), los derechos de las mujeres y de las diferencias en virtud de la
sexualidad, la etnia, la religión, los derechos humanos. En general se parte desde una
concepción que, al mirar solamente la institucionalidad política, concluye apresuradamente
con reflexiones acerca de la “debilidad” de los países árabes para realizar los
procesos de transiciones democráticas y por consiguiente, se señala la necesidad de la
ayuda externa. Los “modelos” de democracia que se proponen son los de los centros
académicos de los países del norte global y los organismos de crédito internacionales,
en síntesis, democracias neoliberales.
Además de tener en cuenta los factores internos, como el tipo de organización
y articulaciones contra-hegemónicas de la sociedad civil y política de cada país, es
necesario considerar el contexto regional geopolítico y la posición estratégica de los
países, pues esto contribuye para la comprensión de las razones por las que la transición
tunecina se llevó adelante hasta alcanzar niveles más democráticos, sin excluir al
partido En Nahda, ni perseguir a sus miembros, mientras que en el caso de Egipto, se persigue aun a los Hermanos Musulmanes, a los grupos opositores y a periodistas.
Las fuerzas externas cumplen un papel mucho más determinante, por la estratégica
posición de este país como llave del Golfo Pérsico.
En el caso de Túnez, como ya lo hemos mencionado, un aspecto relevante lo
constituye la división del campo político entre las identidades políticas islamistas y
las seculares, que se tensó especialmente en el proceso de sancionar la nueva constitución.
La conformación de las identidades políticas en torno a Nidaa Tunez, y
al Frente de Salvación Nacional, los sindicatos, movimientos feministas y de derechos
humanos, pueden dar una pista provisoria sobre una articulación de demandas
democráticas, enfrentada en los primeros años de la revolución al islamismo en el
gobierno. Como sucedió con el apresuramiento de Stepan que ya mencionamos, también
ahora los analistas dan por finalizada la transición en el país, ya que Mohamed Béji
Caïd Essebsi se convirtió en el primer presidente electo de la II República de Túnez.
Es necesario seguir analizando qué tipo de estrategias políticas emergen, esto es, si
es destino ineludible la democracia liberal y los ajustes de mercado. Es preciso observar
cómo sigue este proceso, en riesgo por la situación económica, uno de cuyos
indicadores es la elevada tasa de desempleo, aún más alta que cuando comenzaron
las revueltas; y amenazado ahora por los ataques terroristas18. En Marruecos, las
reformas fueron dispuestas por decisión del mismo rey, la transición democrática
no se realizó y la represión continúa. Consideramos el caso de Egipto como una
transición fallida. El triunfo del general Al-Sisi vuelve la situación prácticamente a
su inicio, antes del enero de 2011. El proceso en estos cinco años, teñido de violencias
de todo tipo, y con fuertes contenidos de autoritarismo, persecuciones y no
respeto a los derechos humanos, está abierto, y es preciso continuar profundizando
su estudio. No se pudieron articular las demandas que dieron origen a la revolución
para buscar una transición democrática. Coincidimos con Mandour (2014) en que
la actual situación en este país es fundamental para el estatus quo a nivel regional,
ya que ayuda en el flujo de la corriente de capital y petróleo del mundo árabe a los
países centrales. Esto se observa en las iniciales y retoricas declaraciones de condena
desde Washington el golpe de estado y su aceptación después. Mandour agrega, “se
mantiene a Egipto como un país periférico, ya que su avance de un estado semi-periférico
implicaría un enfrentamiento directo con los intereses de los países centrales, principalmente en Estados Unidos, que no va a tolerar el surgimiento de otra potencia
regional, como Irán, que podría disputar su supremacía en el mundo árabe”.
Lejos de toda visión orientalista, se hace necesario además hacer un análisis tanto
sobre la democracia liberal como meta para las transiciones, como de los diversos islamismos
políticos, con sus discursos y estrategias. Entre otros, los del salafismo, los
del islam popular, comunitario y los del feminismo musulmán, que ha propiciado
un dialogo entre feministas religiosas y laicas a favor de la igualdad entre los sexos
(Rizzo et alt, 2007, Moghadam, 2002, 2008).
Las experiencias de los tres países de América Latina que hemos estudiado señalan
la posibilidad de transitar hacia democracias inclusivas y redistributivas, basadas
en la participación popular, pero al mismo tiempo alertan sobre los riesgos que
enfrentan en un contexto globalizado en los cuales las fuerzas hegemónicas del capitalismo
están actuando con ferocidad para retrotraer esos caminos emprendidos.
Notas
1 Este artículo es parte de la producción academica del Proyecto « Estudio comparativo sobre la lucha por los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el laicismo, en los procesos de transición desde los regímenes autoritarios a la democracia en el cono sur de América Latina (Argentina, Chile y Brasil) y el norte de África (Túnez, Egipto y Marruecos) », Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín– UNSAM-.Equipo: Graciela Di Marco; Ana María Mendes Diz, Patricia Schwarz, Oscar Grillo. Este proyecto es continuación del: “Estudio comparativo sobre la Democratización de lo público y lo privado en países de América Latina, América Central, Asia y África. UNSAM-International Research Centre -IDRC-. Canadá. Período: 2008-2010” Producto del mismo es el libro publicado en 2011: Feminismos, democratización y democracia radical: Estudios de caso de América del Sur, Central, Medio Oriente y Norte de África, que presenta capítulos de académicas miembros de la Red Global de Estudios de género y feministas. Hemos realizado observaciones participantes en el FSM, realizado en Túnez (2013) y asimismo, participamos en la Cuarta conferencia anual del The Program on Arab Reform and Democracy, POMED, de la Universidad de Stanford, denominada Building Bridges: Towards Viable Democracies in Tunisia, Egypt, and Libya, también realizada en Túnez, en la misma fecha, lo que nos permitió observar el despliegue de dos enfoques contrastantes, el del FSM, y el de los demócratas liberales. En la conferencia mencionada hicieron presentaciones los líderes Rachid Ghanuchi, presidente de Ennahda, y de Mohamed Beji Caid Essebsi, presidente del Nidaa Tunis, con sus diferentes perspectivas sobre las transiciones. En esta comunicación presentamos el análisis de Túnez y Egipto.
2 Renacimiento-partido islamista moderado.
3 En el caso de América Latina los más notorios estudios congregaron a importantes cientistas políticas/os (O’Donnell, Schmitter, Whitehead,1986; O’Donnell, Schmitter, Lowenthal, Wolfson, Oszlak,1988; O´Donnell,1996; Nun,1989, 1991; León, 1996; Jaquette y Wolcbick ,1998; Álvarez, Sonia, 1999; Jelin,1990; Jelin y Herhberg, 1996; Garretón y Newman, 2001; Garretón,1990,2012; Schmitter, 2011).
4 Para una descripción más completa de los movimientos juveniles, se puede consultar a Mendes Diz y Di Marco, 2015.
5 Por ejemplo, entre otros, la preparación de su hijo para sucederlo y perpetuar su poder.
6 Después de la guerra del Golfo, mediante la firma de los acuerdos de paz de Camp David entre Israel y Egipto en 1979, en los que EEUU actuó como mediador, el ejército de Egipto recibe de Estados Unidos 1300 millones de dólares e Israel, 3.000. Estados Unidos se convirtió en garante del cumplimiento de los acuerdos y Egipto e Israel restablecieron su relación, lo cual contribuyó a que el último no se viera más amenazado por el ejército egipcio, el décimo más numeroso del mundo. De este modo pudo impulsar la ocupación ilegal de más territorios palestinos. La estabilidad de la península egipcia del Sinaí, que comparte frontera con Gaza e Israel, requiere de la colaboración del Ejército egipcio.
7 La asociación Hermanos Musulmanes fue fundada en Egipto en 1928. Se destacó en la lucha contra el dominio colonial británico. Tanto el régimen de Hosni Mubarak, como sus antecesores, la reprimieron, persiguieron y encarcelaron a muchos de sus miembros. Desarrollo una intensa acción social y comunitaria mediante escuelas y servicios sociales para los egipcios más pobres. Defienden la implantación en Egipto y en todos los territorios musulmanes de la shari’a .
8 Ichtihad. Interpretación independiente del Islam.
9 En 2001 el Parlamento aprobó una nueva ley sobre el divorcio (ley Khôl) que permite a las mujeres solicitar el divorcio unilateralmente por motivos de incompatibilidad (Regan, 2012:240). La misma es discriminatoria puesto que mientras los varones pueden divorciarse unilateralmente sin necesidad de justificación, las mujeres pueden lograr un divorcio “amistoso” (khol) si renuncian a sus derechos económicos. De otro modo, deben demostrar que el daño ocasionado por sus esposos mediante presentaciones judiciales. (Amnistía Internacional 2008.http://www.amnistia.org.ar/noticias-y-documentos/archivo-de-noticias/egipto-59).
10 En Túnez la bloguera Lina Ben Mhenni ya en diciembre de 2010 alerto al mundo a través de su blog .(Regan, 2012: 246).
11http://ersiliacoop.es/mujeres-en-egipto/ 2011.
12 Argentina: Consejo Nacional de la Mujeres (CNM); Chile: Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM); Brasil: Consejo Nacional para los Derechos de la Mujer (CNDM), ahora Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres (SPM).
13 En Chile, la ley de amnistía de 1974 no permite que los autores de crímenes cometidos durante la dictadura militar sean procesados. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) fue creada con el retorno a la democracia por el decreto de la presidencia y comenzó su trabajo en abril de 1990. La definición de los derechos humanos y su violación limita la capacidad de la comisión y el castigo de los agentes culpables de la crímenes. Brasil no logró formar una Comisión de la Verdad, por la Ley de Amnistía de 1979. Esta ley permitía a los activistas exiliados regresar, pero también estableció mecanismos para impedir el enjuiciamiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. En diciembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró ilegal a la ley de amnistía debido a las disposiciones que “impiden la investigación y sanción de graves violaciónes de los derechos humanos” y solicitó el estado hacer justicia y eliminar la Ley de Amnistía. La Comisión Nacional de la Verdad Nacional –CNV- fue creada en 2013 por la presidenta, Dilma Rousseff. Investiga la tortura y las violaciones a los derechos humanos que se produjeron entre 1964 y 1985. El 9 de abril de 2014, el Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley para la eliminación de la ley de Amnistía.
14 Las leyes de amnistía declararon exentos a los militares sobre el papel que jugaron durante la represión. La Ley de Punto Final anuló todos los cargos penales por delitos cometidos antes de diciembre de 1983. La Ley de Obediencia Debida proporcionó amnistía para los mandos medios y de menor rango de las Fuerzas Armadas, la Policía, el Servicio Penitenciario y otras agencias de seguridad, en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura, ya que estaban obedeciendo las órdenes de sus superiores. Por lo tanto, los comandantes en jefe, jefes de área y subárea estaban exentos de culpa.
15 La Coalición de Mujeres de Túnez fue fundada en 2012 por quince asociaciones. Al presente ya son treinta. Su objetivo es promover los principios de derechos humanos, y la igualdad total de género, la plena ciudadanía para todos a través del acceso a la cultura, y la lucha contra todas las formas de discriminación, especialmente la discriminación de género. En el original: …and total gender equality, in irrevocable terms, and not liable to interpretation. http://www3.e-joussour.net/files/COALITION%20FOR%20WOMEN%20OF%20%20TUNISIAPresentation%20190912.pdf.
16 No es la ocasión aquí para explicar el sistema electoral, que casi deja a las mujeres en la misma situación que antes. Para más información ver: Nihel Ben Amar, presidente de la Asociación “Túnez Vota”. (2016) http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/irs/euspring/euspring_policy_brief_on_womens_rights_in_tunisia.pdf.
17 “1-suficiente acuerdo sobre los procedimientos para producir un gobierno electo; 2- un gobierno que llega al poder como el resultado directo de un país libre y el voto popular; 3-la posesión de facto de este gobierno de la autoridad para generar nuevas políticas, y 4-el ejecutivo, el poder legislativo y judicial generados por la nueva democracia no tiene que compartir el poder con otros organismos de jure “(como los militares o líderes religiosos). Además de una constitución con protecciones contra la tiranía de la mayoría, un poder judicial independiente, una sociedad civil fuerte y crítica, y una prensa libre” (Stepan, 2012: 90).
18 El Estado Islámico cometió en Túnez dos atentados durante 2015. En marzo, al museo del Bardo; en junio en un hotel en la costa. Estos ataques ponen en situación de vulnerabilidad el turismo, que es la tercera industria más importante en el país. En noviembre, hubo una explosión a bordo de un autobús de la seguridad presidencial, del que no se conoce la autoría. Frente a este último hecho el presidente Essebi declaró el estado de sitio.
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Recibido: 28-05-2016
Aceptado: 04-06-2016