La Ecología Política como forma de abordaje de los conflictos urbano-ambientales de proximidad
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SEMIÁRIDA, Vol 35, Supl. Julio - Diciembre 2025. ISSN 2408-4077 (online), pp. 65-82
La Ecología Política como forma de abordaje de los conflictos urbano-
ambientales de proximidad
Brun Tropiano, Agustina
1@
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos “Manuel Ugarte” y
Universidad Nacional de Lanús, Centro de Estudios Urbano-Ambientales., Buenos Aires, Argentina.
@ agussbrun03@gmail.com
Recibido: 26/03/2025
Aceptado: 28/08/2025
Resumen. En las últimas décadas, con el aumento de la contaminación ambiental, la escasez de los bienes
naturales, los problemas asociados a la crisis climática y las consecuencias de estos fenómenos en las sociedades,
la preocupación por la cuestión ambiental empezó a estar más presente en la agenda pública tanto de Argentina
como a nivel internacional. En este marco, la Ecología Política es una corriente intelectual asociada a los
movimientos de Justicia Ambiental que comprende a la degradación ambiental como un problema político y
considera que los problemas ambientales están vinculados con la pobreza y la marginación de ciertos sectores
sociales. El objetivo de esta revisión es desarrollar las potencialidades que posee la Ecología Política y, en
particular, su dimensión de la proximidad, como perspectiva para estudiar los conflictos urbano-ambientales
existentes en las ciudades latinoamericanas. Corresponde con un trabajo de corte teórico, la metodología empleada
es descriptiva y cualitativa y la investigación está guiada por un relevamiento bibliográfico y documental de fuentes
secundarias existentes en torno a concepciones vinculadas a la Ecología Política desde su surgimiento en las
décadas de 1960 y 1970 hasta la actualidad. Los resultados obtenidos, basados en la revisión teórica tomando a
modo ilustrativo casos concretos para ejemplificar los conceptos desarrollados y las conclusiones arribadas están
asociados principalmente a la comprensión de la Ecología Política como una corriente que no solo tiene alcances
globales, sino que permite estudiar los conflictos urbano-ambientales concretos, de escala local, posibilitando
entender la realidad y los vínculos entre las sociedades y las naturalezas en su complejidad y sus múltiples
dimensiones.
Palabras clave: ambiente urbano; conflictividades; justicia ambiental.
Abstract. Political Ecology as a way of addressing proximity urban-environmental conflicts. In
recent decades, with the increase in environmental pollution, the scarcity of natural resources, the problems
associated with the climate crisis, and the consequences of these phenomena on societies, concern for
environmental issues has become more prominent on the public agenda both in Argentina and internationally. Within
this framework, Political Ecology is an intellectual field associated with Environmental Justice movements that
understands environmental degradation as a political problem and considers environmental problems to be linked
to poverty and the marginalization of certain social sectors. The objective of this review is to develop the potential
of Political Ecology, and particularly its proximity dimension, as a perspective for studying urban-environmental
conflicts in Latin American cities. This work is theoretical, the methodology employed is descriptive and qualitative,
and the research is guided by a bibliographic and documentary review of existing secondary sources on concepts
linked to Political Ecology from its emergence in the 1960s and 1970s to the present. The results obtained, based
on the theoretical review taking the case of the Metropolitan Area of Buenos Aires to exemplify the concepts
developed and the conclusions arrived at, are mainly associated with the understanding of Political Ecology as a
current that not only has global scope, but also allows the study of concrete urban-environmental conflicts, at a local
scale, making it possible to understand reality and the links between societies and nature in their complexity and
multiple dimensions.
Key words: urban environment; conflicts; environmental justice.
INTRODUCCIÓN
La cuestión ambiental abordada por distintas corrientes
En las últimas décadas, con el aumento de la contaminación ambiental, de la escasez de los
bienes naturales, los problemas asociados a la crisis climática y las consecuencias de estos
fenómenos en las sociedades, la preocupación por la temática ambiental empezó a estar más
presente en la agenda pública Argentina y a nivel internacional (Merlinsky, 2013). Esto se produce
en un contexto donde, según la Organización de
las Naciones Unidas, Latinoamérica es la
segunda región más urbanizada en todo el
mundo, con alrededor del 80 % de su población
habitando en ciudades (Mayorga Henao &
SEMIÁRIDA Vol 35(Supl. 1)2025
Facultad de Agronomía-UNLPam. La Pampa (Argentina) ISSN 2408-4077 (online)
DOI: http://dx.doi.org/10.19137/semiarida.2025(Supl. 1).xxx
Cómo citar este trabajo:
Brun Tropiano, A. (2025). La Ecología Política como
forma de abordaje de los conflictos urbano-ambientales de
proximidad. Semiárida, 35(Supl.), 65-82.
SEMIÁRIDA Vol 35(Supl.)2025 ISSN 2408-4077 (online)
Facultad de Agronomía-UNLPam. La Pampa (Argentina) 40 años de publicación continua
DOI: http://doi.org/10.19137/semiarida.2025(Supl.).65-82 IV Jornadas Internacionales y VI Nacionales de Ambiente
Universidad Nacional de Río Negro- Argentina
Brun Tropiano, A.
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Vásquez Fuentes, 2017). Es por eso que resulta pertinente realizar un análisis de los diferentes
discursos y corrientes que han abordado la cuestión ambiental, entendida en el marco del artículo
como una problemática eminentemente social que incluye un conjunto de procesos políticos,
económicos, sociales, jurídicos y culturales (Leff, 1986).
En relación con el discurso ambiental a nivel mundial, en el Siglo XX existen diversas
corrientes. Según Harvey (2018), por un lado, se encuentra la visión dominante, que se divide en
dos principales concepciones. La primera es la Visión Standard, que se encuentra ligada al discurso
experto y contempla que se debe intervenir en un problema ambiental “después del
acontecimiento”, de modo de no interferir en la acumulación capitalista y creyendo que ninguna
preocupación ambiental debe interponerse en el camino del “progreso”. Desde esta concepción, los
derechos de la propiedad privada y de la maximización de los beneficios no se cuestionan y las
preocupaciones por la justicia ambiental se mantienen sujetas a las preocupaciones por cuestiones
económicas, de crecimiento y acumulación de capital.
La segunda concepción es la Modernización Ecológica. Según Harvey, esta corriente considera
que la actividad económica produce daños ambientales y que la sociedad debe adoptar una posición
proactiva al respecto de la regulación y los controles ambientales, otorgándole gran importancia a
la prevención. Esta concepción se centra en la idea del “Desarrollo Sustentable”, considerando los
derechos de generaciones futuras, intentando evitar la irreversibilidad. Se hace foco en los altos
niveles de riesgo ambiental, sumados al reconocimiento de que las consecuencias ecológicas de la
actividad humana son imprevistas. Para Hajer (2000) esta corriente se vincula con soluciones
ligadas a la Economía verde y a tecnológicas con alto protagonismo del mercado, por medio de
políticas que se anticipen a los problemas y otorguen gran importancia de la ciencia. Esto permite
identificar y medir cuestiones de degradación ambiental, sin contraponer las ideas de crecimiento
económico y protección del ambiente.
También es importante hacer mención a los enfoques económicos sobre la cuestión ambiental.
En relación con esto, Tsakoumagkos (2006) considera que un problema ambiental no puede ser
interpretado ni resuelto unicamente sobre las bases de las ciencias naturales, ya que esos son
problemas biológicos o ecológicos. Por lo tanto considerar lo ambiental implica también los
aspectos sociales, ya que los elementos de la naturaleza se consideran “recursos” solo en
vinculación con una sociedad y momento particulares. Este autor define tres enfoques económicos
sobre los problemas ambientales, que son: la economía ambiental, la economía ecológica y la
economía política.
El primero de ellos es la economía ambiental, en la cual los problemas ambientales son
considerados casos concretos de fallas del mercado, centralmente las vinculadas a la existencia de
externalidades que pueden ser positivas o negativas. Se basa en la perspectiva de la teoría
económica neoclásica u ortodoxa y considera que la inexistencia de estas fallas produciría una
asignación óptima de los recursos. Para eliminarlas, plantea diversos instrumentos de política
ambiental que proponen minimizar los costos sociales sin alterar significativamente los sistemas
productivos. De esta manera propone resolver los problemas ambientales disminuyendo los costos
de su generación y mitigación.
El segundo es la economía ecológica, la cual critica a la perspectiva anterior y entiende los
problemas como violaciones a los condicionamientos materiales del proceso económico. Su
principal referente es Georgescu-Roegen cuya crítica central a la teoría económica radica en que
esta supone al proceso económico como algo aislado, autosostenido y con materiales dados, cuando
en realidad -según él- existe una influencia recíproca entre el proceso económico y el medio
material a traves de intercambios de materia y energía. Además, redefine el concepto de escasez,
ya que, para la perspectiva neoclásica, esta era relativa a las necesidades del consumidor. Cuando
en realidad es necesario considerar la escasez ecológica, entendiendo que la ley de la entropía “es
la más económica de todas las leyes naturales”. Los problemas ambientales surgen entonces cuando
se violan los límites establecidos por las asimétricas fuentes de baja entropía, por lo que no son una
parte inevitable del proceso económico. Asimismo critica la noción de externalidades de la
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concepción anterior, debido a que pueden ser inciertas e irreversibles por lo que su cuantificación
sería ociosa e inconmensurable desde la perspectiva económica. Por esto se considera que las
decisiones ambientales deben combinar una pluralidad de criterios, donde el económico es solo
uno, y la participación de todos los afectados.
El tercer enfoque es la economía política, que comprende a los problemas ambientales como
expresiones materiales de la lógica de comportamiento de sujetos sociales concretos. Pretende
vincularse con el enfoque económico clásico en el sentido que los sujetos de estudio de cuestiones
ambientales son grupos sociales y no individuos, como plantea el enfoque neoclásico. Considera
que la investigación sobre la conducta de estos grupos muchas veces se encuentra obstaculizada
por cuestiones como: la dicotomización entre sociedad y naturaleza, la cosificación de la relación
entre ambas y la confusión en el uso de los términos “recursos naturales” y “materias primas”.
Plantea situarse desde una perspectiva histórica-genética, entendiendo estas cuestiones como el
resultado de una identidad tanto natural como social y contemplando que los problemas ambientales
no son causados por cuestiones circunstanciales, sino que se producen a partir de una yuxtaposición
de conductas, acciones sociales y procesos productivos concretos en un momento y geografía
determinado. Ademas reconoce la incidencia de factores políticos y culturales en estas dinamicas.
Por su parte, como una alternativa a la visión dominante, recientemente mencionadas, se
encuentra la Ecología Política, entendida como una corriente intelectual crítica dentro de las
ciencias sociales y ambientales asociada a los movimientos de Justicia Ambiental. Esta perspectiva
concibe la degradación ambiental como un problema político y se posiciona criticamente frente a
los enfoques egemonicos y del Norte Global. Es en esta corriente donde se centra el desarrollo del
presente trabajo, en un marco de crisis ambiental y civilizatoria, donde hay ciertos cambios en la
biósfera que han sido socialmente inducidos y que generan consecuencias desiguales inevitables.
Estas diversas corrientes pueden sintetizarse en el siguiente cuadro comparativo (Tabla 1).
Dentro de la Ecología Política, según Harvey (2018) en la perspectiva de la Justicia Ambiental
están los excluidos en el centro, considerando elementos que no solo son mercantiles. Existe además
una mirada que considera a las ciudades como espacios repletos de contaminación y saqueo, muchas
veces ignoradas por la Ecología o por el ambientalismo centrado en la naturaleza. Sin embargo,
desde este enfoque es importante considerar a la vida social y económica dentro de los procesos
ecológicos y este movimiento pone un gran énfasis en las poblaciones marginadas y empobrecidas
expuestas a circunstancias ambientales peligrosas en el ámbito urbano.
Las ciudades son espacios donde la problematización de la temática ambiental surge a raíz de
procesos de urbanización e industrialización que no han sido planificados desde la esfera
gubernamental ni han contemplado las justicias ambiental y social, desencadenando en el
surgimiento de problemas ecológicos con grandes consecuencias ambientales (Harvey, 2018) y en
el surgimiento de conflictos o disputas urbano-ambientales.
Tabla 1. Cuadro comparativo entre
las diferentes corrientes que
abordan la cuestión ambiental.
Fuente: Elaboración propia a partir
de la bibliografía consultada, 2025.
Table 1. Comparative table of the
different currents that address the
environmental issue. Source:
Prepared by the authors based on
the bibliography consulted, 2025.
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En este marco, el objetivo del trabajo es desarrollar las potencialidades que posee la Ecología
Política y, en particular, su dimensión de la proximidad, como perspectiva para estudiar los
conflictos urbano-ambientales existentes en las ciudades latinoamericanas. A lo largo de esta
revisión, se desarrollará a la Ecología Política como una gran corriente crítica a los paradigmas
dominantes dentro de la cual se inserta el estudio de cuestiones ambientales en las ciudades y, en
este contexto, se analizarán las diferentes concepciones existentes sobre estas disputas, para
posteriormente comprender la importancia de abordar los conflictos desde la proximidad, es decir,
desde el abordaje del entorno inmediato, cuando se estudian disputas concretas.
METODOLOGÍA
La presente investigación se trata de una revisión, es decir que presenta una síntesis,
actualización y discusión del estado actual del conocimiento sobre una temática (Grant & Booth,
2009), que en este caso está asociada a la vinculación entre la corriente de la Ecología Política y el
estudio de los conflictos urbano-ambientales de proximidad. Para alcanzar el objetivo propuesto,
se ha desarrollado un trabajo de corte teórico, en el marco de una investigación en curso, lo que
implica el empleo de una metodología descriptiva y cualitativa guiada por un relevamiento
bibliográfico y documental de fuentes secundarias.
Este relevamiento de información secundaria se realizó a partir de la identificación y búsqueda
de palabras clave (“Ecología Política”, “conflictos ambientales”, “conflictos urbanos”, “conflictos
de proximidad”) vinculadas con los temas de interés y con la selección de corrientes teóricas y
autores referentes de estos temas que han desarrollado artículos académicos, disponibles en diversas
revistas científicas. El recorte temporal abarca desde el surgimiento de la EP en las décadas de 1960
y 1970 hasta la actualidad y analiza libros y artículos académicos sobre las distintas trayectorias en
torno a esta corriente, centrándose en la urbana y latinoamericana y en su relación con los conflictos
urbano-ambientales teorizados en estos territorios. Los textos que han sido seleccionados fueron
los que han cumplido los criterios de: relevancia (en términos de ser realizados por autores
referentes o en relación con los temas desarrollados), representatividad geográfica (priorizando
textos que sean de autores latinoamericanos o bien que hayan investigado estos territorios) y de
inclusión de debates actuales (intentando incluir enfoques innovadores sobre los conceptos
desarrollados), como recomiendan Webster y Watson (2002) para revisiones teóricas en ciencias
sociales. Cabe destacar que se prioriza el abordaje de trayectorias latinoamericanas frente a las
anglosajonas o francesas, porque esta investigación sirve de base teórica para la tesis doctoral en
curso desarrollada por la autora, que pretende indagar conflictos existentes en el Gran Buenos Aires
desde una perspectiva integral y crítica.
En términos de procesamiento, una vez seleccionados los textos se ha realizado una
sistematización del material mediante ejes temáticos asociados a los dos apartados que estructuran
los resultados del presente artículo, completando la información con definiciones brindadas por los
autores citados en los textos y complementándolas con ejemplos conceptuales de casos
representativos de los diversos temas desarrollados para poder ilustrar, mediante investigaciones de
terceros, las diferentes formas en que estos conceptos se evidencian en los territorios. También se
han realizado tablas síntesis para poder sistematizar satisfactoriamente la información desarrollada.
Esta metodología empleada en la investigación puede esquematizarse en la siguiente tabla:
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DESARROLLO
La Ecología Política: una corriente desde el cuál comprender la cuestión ambiental
La Ecología Política es una corriente crítica desde la cual la degradación ambiental es entendida
como un problema político, cuestionando la prevalencia de ciencias compartimentadas e
incorporando la cuestión mercantil al debate. De acuerdo con Helmcke (2022), parafraseando a
Robins, no se trata de una teoría ni un método, sino que es una comunidad de prácticas que estudian
los conflictos socioambientales (Alimonda, 2015).
Esta corriente que aglutina diversas disciplinas surge a partir de los años 1960 y 1970 en el
marco de la preocupación pública que se encontraba en crecimiento sobre los impactos sobre la
naturaleza generados por el modelo de desarrollo llevado a cabo por las sociedades durante los
últimos dos siglos. Surge entendiendo que la degradación ambiental no debe seguir siendo
naturalizada y tiene que considerarse como un problema político, en el marco de un sistema
ecológico que el capital privatiza, commodifica, monetiza y comercializa.
Esta perspectiva se basa en el análisis de las relaciones entre los tres poderes principales de
toda sociedad: el poder político, representado por los partidos y los gobiernos en un contexto
democrático; el poder económico, que está encarnado por las empresas, corporaciones y mercados;
y el poder social o ciudadano, que son las comunidades, asociaciones, cooperativas, sindicatos, y
organizaciones profesionales, que adquieren una gran importancia en esta corriente (Toledo,
Garrido & Barrera-Basols, 2013).
Desde sus inicios diversos trabajos académicos enmarcados en esta corriente además han
evidenciado que los problemas ambientales y la degradación de la naturaleza están relacionados
con la pobreza y la marginación de sectores sociales y que los bienes naturales están destinados a
ser sobreexplotados y destruidos. Esto fue desarrollado por autores como Piers Blaikie, Nancy Lee
Peluso, Arturo Escobar, Richard Peet, Michael Watts y Paul Robbins que realizaron estudios de
caso para analizar conflictos en torno al uso, explotación y manejo de estos bienes, basados en la
Ecología Política como base teórica que abarca la dialéctica entre la naturaleza y la sociedad, y
también entre los distintos grupos dentro de la sociedad, criticando los fundamentos de la injusticia
ambiental y de las relaciones de distribución del poder vigentes (Calderón-Contreras, 2013).
Es así como, según Helmcke (2022), la mayor parte de la literatura de la Ecología Política está
basada en estudios de caso. Si bien en algunas instancias esto algo criticado, se trata de una
perspectiva que se centra en el trabajo empírico como metodología de investigación para explicar
los procesos complejos que conforman las relaciones de poder.
Es además una corriente que, al abordar la relación entre humanos y ambiente, requiere de un
enfoque que contemple diversas escalas geográficas y jerarquías (Neumann, 2015). Esta cuestión
se explica porque es una corriente interesada en indagar las causas estructurales de los conflictos
socioambientales, entendiendo que los mismos emergen en dinámicas de fricción que pueden ir de
lo local a lo global. Es por eso por lo que se plantea que la Ecología Política busca articular cuatro
dimensiones analíticas. La primera de ellas es la multiescalar, asociada al análisis de las
Tabla 2. Tabla síntesis de la
metodología de la investigación.
Fuente: Elaboración propia, 2025.
Table 2. Summary table of the
research methodology. Source:
Prepared by the authors, 2025.
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interdependencias de los conflictos socioambientales con distintas escalas geográficas y políticas.
La segunda es la multitemporal, vinculada a la historización de estos conflictos y sus
reconfiguraciones a raíz de distintas coyunturas en momentos específicos. La tercera dimensión es
la multisituada, asociada a la identificación de continuidades y rupturas en la configuración de los
conflictos en diversos escenarios. Y la cuarta dimensión es la multiagente, debido a que es necesario
analizar las relaciones entre diferentes actores sociales que tienen injerencia en la conformación de
estos conflictos (Del Cairo, Montenegro-Perini & Vélez, 2014).
A su vez, como se mencionó, otro de los principales intereses de la Ecología Política es
evidenciar que la naturaleza es una construcción condicionada por distintas formas de poder. Estos
condicionamientos son afectados por diversos procesos sociales, ecológicos y actores sociales con
distintos intereses y características. Es por eso por lo que se propone la articulación de las cuatro
dimensiones mencionadas para comprender: los modos en que los humanos le otorgan significado
a su entorno e interactúan con él mediante prácticas materiales y simbólicas; la forma en que se
desarrollan los modos de sustento y la configuración simbólica de ese entorno; y los niveles de
agencia desarrollados por las poblaciones frente a la complejidad de actores, relaciones y prácticas
alrededor del ambiente en sus entornos inmediatos (Del Cairo, Montenegro-Perini & Vélez, 2014).
Además, dentro de la Ecología Política existen distintas corrientes. A nivel analítico se pueden
identificar tres trayectorias principales (Martín y Larsimont, 2016). La primera de ellas es la
“Political ecology” (PE) que es una perspectiva anglosajona, presentada como un abordaje
universitario de las relaciones de poder en términos de gestión y producción de saberes ambientales.
Se enfocó en cuestiones ambientales del “tercer mundo”, aunque sin contemplar qué se dice o se
piensa allí, alejada de la política real y con sus principales autores surgidos del propio campo.
La segunda es “L’écologie politique”, de origen francesa, que es más difícil de caracterizar
debido a que cuenta con una literatura abundante y polifacética y, en ciertos casos, se desconfía de
su identidad. Puede ser entendida como un tipo de política del ambiente o como un humanismo
renovado dependiendo la disciplina desde la cual se la aborde. Además, sus autores mantienen una
actividad externa con respecto a esta trayectoria.
La tercera trayectoria es la “Ecología Política Latinoamericana”, una corriente que si bien tiene
incidencia de las dos anteriores, está basada en la unión entre, por un lado, el pensamiento crítico
latinoamericano y, por otro, las experiencias y estrategias de resistencia desarrolladas por los
pueblos para hacerles frente al saqueo al que se encuentran expuestos. Su origen se centra en el
trauma de la conquista y la subordinación de la región dentro del sistema colonial, otorgándole un
lugar importante a su historia, donde la búsqueda por la identidad cumple un rol preponderante.
Tiene una gran prevalencia de la resistencia en la política real, con un gran protagonismo de los
movimientos sociales y territoriales. Por eso es que, según diversos autores de esa corriente
intelectual, entre los que se destaca Héctor Alimonda, es una tradición político-intelectual
específica, con una determinada estructura de enunciación que no tienen su equivalente en otras
áreas (Alimonda, 2015).
Otro de los principales autores de esta última trayectoria es Enrique Leff que considera que en
esta trayectoria es necesario emplear un saber ambiental que problematice las disciplinas
fraccionadas y la ausencia de una gestión integral, promoviendo la rearticulación de las relaciones
entre la naturaleza y las sociedades. Otro de sus autores predominantes es Arturo Escobar que la
entiende como el estudio de las articulaciones entre historia, biología y cultura.
Joan Martínez Alier es otro autor de gran influencia en esta perspectiva, el cual se centra en el
estudio de conflictos “ecológico distributivos”, relacionados al uso de los bienes naturales, con una
preponderancia de la corriente de la Economía Ecológica. Considera que hay muchas cuestiones
que se asocian con problemas sociales y económicos pero que en realidad son ambientales, y realiza
una dura crítica a la concepción del Desarrollo Sustentable, entendiendo que pasa por encima de
las comunidades locales, sin contemplar lo que él hace llamar el “ecologismo de los pobres”, es
decir, las desigualdades de los “pobres” respecto de los “ricos” en términos ambientales (Martínez
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Alier, 2004), tanto en lo que hace referencia a los accesos como a las afectaciones. Este movimiento
se enfoca en la defensa de los medios de vida y del acceso de las comunidades a recursos naturales
que se ven amenazados por la mercantilización, el Estado y/o los intereses privados, o en
movimientos más dinámicos que surgen de carencias ecológicas, amenazas a la supervivencia y
destrucción de formas de vida tradicionales (Harvey, 2018).
Es así como autores como Alimonda (2015), Escobar (1999) y Leff (2003) presentan aportes
en el marco de la ecología política, tales como la historia ambiental, la política de la diferencia y la
política del lugar que son producto de reflexiones a partir de experiencias locales comunitarias,
importantes a la hora de pensar las alternativas para nuestros países como la del Buen Vivir
(Martínez, 2013).
El Buen Vivir es una noción que se encuentra en construcción que posee pluralidades en el
campo teórico y avanza en prácticas asociadas a pueblos indígenas y movimientos sociales de
Latinoamérica, principalmente en las constituciones recientes de Bolivia y Ecuador. Dos de los
principales temas que desarrolla esta corriente son el cuestionamiento al desarrollo comprendido
como progreso, y la necesidad de tener una relación diferente con la naturaleza (Gudynas y Acosta,
2011). Su crítica al desarrollo sustentable está asociada a que el mismo está muy enfocado en el
“bienestar occidental” y en la reproducción de bienes materiales, ignorando que existen otros
elementos sociales, culturales e incluso espirituales. En relación con la naturaleza, plantea la
necesidad de considerarla un sujeto de derechos, superando la clásica versión donde la conservación
del ambiente está solamente vinculada con un derecho de los seres humanos a “gozar de un
ambiente sano y no contaminado”. Es así como el Buen Vivir, asociado a la Ecología Política
Latinoamericana, surge de sociedades históricamente marginadas y está pensado como una
corriente para discutir conceptos, pero también para proponer respuestas concretas a los problemas
a los que el desarrollismo actual no les brinda solución (Acosta Espinosa, 2009).
Además, es importante considerar en relación con la Ecología Política en general y en
Latinoamérica en particular, el movimiento por la Justicia Ambiental. Esto coincide con las palabras
de Martinez Alier que expresan que “la ecología política (…) designa un amplio movimiento social
y político por la justicia ambiental que es más fuerte en América Latina que en otros continentes”
(Alimonda, 2015, pp. 2).
La justicia ambiental es una corriente que tiene un origen en la lucha de diversos movimientos
sociales por la mejora de las condiciones de su entorno (Mayorga Henao & Vásquez Fuentes, 2017)
y fue impulsada en la década de 1970 en contra del racismo ambiental en Estados Unidos,
conformando una fuerza política en contra de problemas de desigual exposición a riesgos
ambientales. Cuestiona también las formas dominantes del poder político y económico por medio
de expertos que contemplan las consecuencias en la salud de estas exposiciones y con el
empoderamiento de aquellos hasta entonces marginados (Harvey, 2018).
Se destaca además que, a partir de comprender al medio construido en las ciudades como parte
del ambiente, se abren nuevos horizontes de investigación y surge la idea de Justicia Ambiental
Urbana para indagar en las consecuencias de la distribución de los habitantes en las ciudades,
existiendo desigualdades en la accesibilidad a los “bienes ambientales” o amenidades de la ciudad.
Es gracias a esta corriente que no solo se estudian los impactos ambientales de las industrias
contaminantes o rellenos sanitarios, sino que empieza a pensarse que los atributos ambientales
positivos se distribuyen de manera asimétrica (Mayorga Henao & Vásquez Fuentes, 2017).
La Ecología Política, entonces, se trata de una perspectiva a partir de la cual se pueden analizar
los conflictos ambientales o ecológicos distributivos como disputas entre diferentes sectores
sociales en torno a desigualdades en el acceso a los bienes naturales y en la distribución de las
cargas ambientales de determinadas actividades socioeconómicas.
Cabe destacar además que, como se mencionó anteriormente, la Ecología Política analiza los
conflictos desde una articulación entre la naturaleza y los humanos y con las relaciones humanas
mismas, aunque suele confundirse con ciertas disciplinas como la economía ambiental, la
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antropología e incluso la agroecología debido a que, en Latinoamérica como en todo el mundo suele
centrarse en los conflictos ambientales ocasionados por el uso de la naturaleza en áreas rurales
(Toledo, Garrido & Barrera-Basols, 2013).
Sin embargo, existen también conflictos ambientales en las ciudades. Específicamente en esos
casos se puede hablar de Ecología Política Urbana, corriente interdisciplinaria dentro de la Ecología
Política que analiza las relaciones de poder que habilitan una determinada distribución de los
servicios ambientales en las ciudades. Al encontrarse en relación dialéctica la sociedad y la
naturaleza, todo proceso de urbanización es un proceso socioambiental y para comprenderlo es
necesario tener una mirada multiescalar, interpretando la dialéctica entre los procesos
macroeconómicos y estructurales y las microespecificidades existentes en lugares concretos. Es así
como la urbanización no es un sitio (Harvey, 1996), sino que es un proceso metabólico que es
dependiente y moviliza a la naturaleza, integra a la circulación del capital y conduce a la generación
de ambientes urbanos desiguales (Zimmer, 2010 en Lukas, Fragkou & Vásquez, 2020). Es en este
marco en el que podría afirmarse que surgen los conflictos urbano-ambientales, a raíz de estas
desigualdades en espacios con diversos intereses contrapuestos.
Desde esta perspectiva, la urbanización es entendida como un proceso socioecológico
complejo, multiescalar y con efectos en la transformación de la naturaleza y la generación de nuevas
condiciones ambientales. Específicamente América Latina, pese a ser una de las regiones con
mayores niveles de poblaciones urbanas en el mundo, cuenta con altos índices de inequidad social
y económica (Ruiz & Rodríguez, 2016).
Es por estas cuestiones que es necesario desarrollar una Ecología Política Urbana situada para
América Latina. Esto se debe a que la Ecología Política Urbana es un campo de conocimiento
emergido en el “Norte global” que, si bien ha propuesto una visión crítica a la construcción de los
entornos urbanos y a las desigualdades emergentes, desde el “Sur” se completó esta visión con el
objetivo de contar con una perspectiva situada para América Latina, considerando sus contextos y
particularidades. Este enfoque situado surge para ciudades africanas, pero también aplica a ciudades
latinoamericanas, evitando la universalización de las teorías y contemplando procesos a escalas más
locales. De esta forma surgieron elaboraciones teóricas contemplando cuestiones de clase, género,
etnia y se amplió la comprensión sobre la forma en que las comunidades interactúan y confrontan
en las urbanizaciones y en particular en sus cotidianeidades (Ruiz & Rodríguez, 2016).
En este marco, diversos autores como Swyngedouw proponen temas de investigación para una
Ecología Política Urbana Latinoamericana (Ruiz & Rodríguez, 2016). Entre ellos se destaca el
metabolismo urbano y la politización de los ecosistemas urbanos latinoamericanos. La noción de
metabolismo urbano desde esta perspectiva hace referencia a la combinación entre las dinámicas
biológicas, geológicas y físicas con las relaciones sociales y la producción de espacios concretos.
Esto se debe a que las relaciones sociales se desarrollan mediante la metabolización del ambiente,
transformando a la naturaleza y a la sociedad. Es así como las elites que cuentan con mayor poder
son quienes deciden y controlan, en función de sus intereses, las condiciones materiales, afectando
a las poblaciones marginadas. La Ecología Política Urbana propone analizar estas cuestiones y
precisar las consecuencias de una urbanización desigual.
El segundo tema propuesto se asocia a las desigualdades socioambientales emergentes de una
urbanización de la naturaleza. En este caso no se apunta a analizar la naturaleza en la ciudad, sino
a comprender la urbanización de la naturaleza como un proceso donde los elementos no humanos
inciden en la producción de las desigualdades socioambientales.
Un tercer tema está asociado a las disputas en la naturaleza y los espacios comunes urbanos y
al surgimiento de los movimientos socioecológicos. Considerando que no todos los actores sociales
se encuentran en igualdad de condiciones en la urbanización y las elites consiguen mayores
beneficios en las diversas prácticas cotidianas que se desarrollan en los entornos urbanos, se
requiere desarrollar una concepción de la naturaleza como parte integral de los espacios comunes
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urbanos, que logren ser aprovechados colectivamente. Debe pensarse en una naturaleza urbana que
debe ser para todos y que garantice lo que Henri Lefebvre (1967) denominó "derecho a la ciudad".
Esta corriente también puede relacionarse con la idea del Buen Vivir urbano que plantea un
proceso de reestructuración de las ciudades bajo las lógicas del Buen Vivir y no está a favor de
acciones paliativas que, si bien pueden mejorar algunas cuestiones materiales puntuales del espacio
físico, suelen profundizar las desigualdades socioambientales existentes. De esta forma, busca un
replanteo de la función de la ciudad, considerando quién produce, de qué manera, en beneficio y
perjuicio de quiénes y contemplando perspectivas futuras y nociones históricas, culturales y
ambientales propias de cada lugar (Ramos, 2015).
Sin embargo, se trata de ideas que se encuentran en construcción en un contexto donde las
ciudades latinoamericanas poseen constantes tensiones y problemáticas que sientan las bases para
el surgimiento de diversas disputas urbano-ambientales.
Los conflictos urbano-ambientales: principales definiciones de una categoría polisémica
Un conflicto puede considerarse como una disputa entre dos o más partes que tienen
necesidades o intereses contrapuestos. Se puede dar si están presentes tres elementos: un campo en
juego que sea el mismo para los actores, es decir, un principio de totalidad; un principio de
oposición por medio del que cada actor se define con respecto a un adversario; y un principio de
identidad, mediante el que cada actor se define a sí mismo. Un conflicto puede contar con distintas
fases, algunas más cercanas a la solución negociada, y otras, marcadas por el escalamiento
(Wieviorka, 2010), por lo que la evolución natural de un conflicto no es necesariamente su solución,
también pueden generarse tendencias a la violencia, así como también fases de latencia.
Existe una gran multiplicidad de situaciones que se pueden considerar como conflictos (ya sea
desde cuestiones bélicas hasta los conflictos vinculados a las estructuras de clase y las relaciones
de poder) así como también múltiples corrientes teóricas que los han abordado a lo largo de la
historia, pero la gran mayoría de ellas coincide en que son inherentes a todas las sociedades y que
son motores de cambio (Silva García, 2008).
Específicamente en los estudios urbanos los conflictos se vinculan principalmente con cuatro
tipos de situaciones: los procesos sociales vinculados con formas ilegales de urbanización; las
movilizaciones a causa de catástrofes; los conflictos relacionados con el uso del espacio público; y
las controversias relacionadas con el ambiente (Melé, 2014). El presente trabajo se enfoca en estos
últimos, entendiéndolos como conflictos urbano-ambientales (Brun Tropiano y Zapata, 2025-en
evaluación).
El surgimiento de la categoría de conflicto ambiental en general y en particular en las ciudades
se remonta a Europa en los años 80, en un contexto de protestas sobre la protección ambiental en
los países desarrollados, “los conflictos sindicales pierden fuerza, señal de que las preocupaciones
materiales (techo, comida, sustento) se encuentran satisfechas y comienza a valorarse otras
dimensiones “no materiales” como el ambiente, la calidad de vida, las libertades sexuales, los
derechos humanos” (Walter, 2009, p.2). Esto ha sido complementado por los movimientos de
Justicia Ambiental (Harvey, 1996) que dan cuenta de que los reclamos por un ambiente sano
permiten evidenciar las íntimas relaciones existentes entre las desigualdades sociales y ambientales.
Concretamente en los países del sur, los abordajes sobre el ambiente y sus conflictos también
se remontan a los años 80´ en estudios desde las Relaciones Internacionales que inician con el
tratamiento del tema de la “seguridad ambiental” y reflexionan sobre los conflictos asociados a los
recursos naturales (Walter, 2009, p.3). En esos casos es en donde los conflictos ambientales son
generados por la degradación del ambiente y la escasez de recursos, y se evidencian las relaciones
entre desigualdad social y ambiental, ya que los problemas ambientales afectan negativamente,
sobre todo, a poblaciones que no cuentan con los recursos suficientes para tener garantizada una
adecuada calidad de vida y debieron instalarse en urbanizaciones populares con precarias
condiciones y en territorios ambientalmente degradados (Apaolaza y Venturini, 2020).
Brun Tropiano, A.
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En este marco, Francisco Sabatini considera que existen dos tipos diferentes de conflictos. El
primero se encuentra en relación con el control de los bienes naturales, y el otro está generado por
efectos externos que surgen de cambios ocasionados en los usos del suelo y de actividades nuevas.
Este autor considera también que los conflictos ambientales tienen, en Latinoamérica, una carga
cultural importante, sumada a un componente socio-económico asociado a la pobreza. Así, propone
la existencia una relación cercana entre los conflictos ambientales y los sociales (Orellana, 1999).
El tema del conflicto como inquietud académica no es algo nuevo, pero cuando la cuestión
ambiental se adentra en estos temas, genera cierto desconcierto. Esto se debe a que la literatura de
la sociología suele diferenciar a los conflictos ambientales de los sociales, especialmente de los "de
clase", como si se tratara de dos esferas distintas de la práctica social. A los ambientales se los toma
como una expresión de los nuevos movimientos sociales, y a los de clase, como representantes de
los viejos, cuya transformación en protesta social es cada vez menos frecuente y se encuentra menos
aceptada. Sin embargo, esta dicotomía no tiene sentido desde la Ecología Política porque son dos
caras de la misma moneda debido a que un ambiente sano no es imaginable sin equidad social y
esta no es factible sin un uso ambientalmente consiente de los recursos (Molina et al., 2015).
La Ecología Política es una corriente multidisciplinaria que se interesa por abordar la
multicausalidad de los conflictos ocasionados por el uso, manejo, representación y control de la
naturaleza (Del Cairo, Montenegro-Perini & Vélez, 2014).
Los conflictos ambientales son entonces ámbitos o arenas de disputa donde actores sociales
con diferente poder, preocupaciones e intereses, intervienen para plantear que hay un problema
ambiental, una inequidad y/o usos diferenciados de bienes comunes. Se considera que hay
problemas cuando son percibidos por al menos uno de los actores sociales involucrados, ya sea por
los propios vulnerados como por otro de los actores que tiene algún tipo de poder o incidencia en
esa situación. Por eso es importante abordar estas cuestiones desde la construcción social del riesgo
(Merlinsky, 2014), asociada a considerar que ciertos sectores de la sociedad se encuentran más
vulnerables o más expuestos a determinada amenaza que otros y teniendo en cuenta además que,
muchas veces, en contextos de incertidumbre, son estos actores sociales afectados quienes irrumpen
en el debate con sus argumentos y aumentan el campo de las decisiones técnicas, transformándolas
en cuestiones políticas (Callon et al., 2001).
Por su parte, el espacio público adquiere importancia en el estudio de los conflictos ambientales
(y de los urbano-ambientales) debido a que contribuyen a lo que Merlinsky (2014), citando a
Melucci, hace llamar “espacios públicos intermedios”, es decir nuevos espacios políticos donde son
escuchados los diversos discursos y los mismos inciden en la toma de decisiones políticas. Estos
espacios en donde se desarrollan los conflictos (o controversias) pueden entenderse también como
“foros híbridos”, es decir, espacios abiertos, desarrollados en un momento determinado, donde
ciertos grupos se reúnen a discutir y que pueden albergar a una gran heterogeneidad de actores
sociales y a diversas situaciones o problemas que los atañen (Callon et al., 2001).
Esta diversidad de conflictos puede sistematizarse en la siguiente tabla donde se incluye a los
tipos de conflictos identificados, niveles de análisis, actores involucrados y escalas de disputa
(Tabla 3).
Tabla 3. Sistematización de
tipos de conflictos
desarrollados. Fuente:
Elaboración propia a partir de
la bibliografía consultada,
2025
.
Table 3. Systematization of
types of conflicts developed.
Source: Prepared by the
authors based on the
bibliography consulted, 2025.
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De estos distintos tipos de conflictos pueden mencionarse algunos ejemplos de casos
latinoamericanos que permiten clarificar en qué consisten cada uno de ellos. En relación con los
conflictos urbanos, un ejemplo representativo es el de ocupación de tierras en el Gran Buenos Aires
y específicamente el caso de la ciudad de Guernica en 2020, donde familias sin acceso a vivienda
ocuparon un predio y en un intento de desalojo, el conflicto escaló entre habitantes, movimientos
sociales, Estado y fuerzas de seguridad (Merklen, 2021). Otro ejemplo de conflicto urbano puede
ser el de las protestas desarrolladas por la “Peatonalización de la Rambla” en la ciudad de
Montevideo, caso en el cual comerciantes y habitantes se enfrentaron por contar con distintos
intereses en torno al uso diferenciado que cada uno deseaba darle al espacio público (Prats, 2018).
En lo que respecta a casos ejemplificadores de conflictos ambientales pueden destacarse, por
un lado, el conflicto del año 2003 por la megaminería en Esquel, el cual enfrentaba al proyecto
minero de Meridian Gold con la ciudadanía que se oponía al mismo por los riesgos en el ambiente,
los recursos y la salud que genera esta actividad (Svampa & Antonelli, 2009). Por su parte, también
se destaca el ejemplo de los “aguatenientes” en México, donde el conflicto principal es en torno al
acaparamiento del agua para agronegocios en detrimento del derecho al agua que poseen las
comunidades campesinas (Martínez Alier, 2004).
Por su parte, en el caso de los conflictos urbano-ambientales, donde se superponen los dos
anteriores se destaca por un lado el caso de las inundaciones en la ciudad de La Plata en el año 2013
y las disputas generadas en torno a reclamos vecinales por la responsabilidad estatal y la necesidad
de planificación urbana (Merlinsky, 2016). Y otro ejemplo es el del barrio Villa Inflamable en la
localidad de Dock Sud de Avellaneda, donde comunidades viven expuestas a contaminación
petroquímica y reclaman justicia ambiental (Auyero & Swistun, 2008). Se trata de un ejemplo muy
representativo de lucha por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que escaló
a niveles judiciales y generó transformaciones en términos políticos, sociales y materiales.
En este sentido, es necesario destacar que no todos estos tipos de conflictos han sido
investigados de la misma forma. Según Azuela y Mussetta (2009) hay dos formas predominantes
en las que se abordan hoy los conflictos ambientales. Por un lado, se encuentran las metodologías
para la “resolución de conflictos” que parten de la premisa de que es necesario realizar algo con los
conflictos, vinculado principalmente a su resolución mediante la mediación. Consiste en una visión
normativa que no acepta que el conflicto es inherente a las sociedades y lo considera como algo
negativo, sin contemplar aspectos y dimensiones significativas y sustanciales.
Por otro lado, están las metodologías que se derivan de la tradición sociológica, quienes los
consideran como procesos de socialización positiva y como partes constitutivas de las relaciones
sociales (Melé, 2016). Reconocen que el conflicto es inherente a la sociedad, permitiendo observar
aspectos “productivos” de los conflictos. También son metodologías que permiten abordar el
conflicto de forma empírica y posicionarlo dentro de determinadas condiciones históricas y sociales
concretas (Azuela y Mussetta, 2009). Se los aborda, de esta forma, como medios de expresión y
como formas de intercambio entre los actores sociales involucrados que poseen diversos discursos
e intereses. En los ambientales, las tensiones surgen en torno a modos de apropiación, producción,
distribución y gestión de los bienes naturales en cada comunidad (Merlinsky, 2014).
Por su parte, hay otros autores vinculados a estas corrientes, como el mencionado Francisco
Sabatini que considera que existen ciertos factores que inciden no solo en el surgimiento sino
también en la multiplicación de conflictos ambientales. Tomando esto de inspiración, Merlinsky
(2014) plantea cinco categorías para el caso argentino: el aumento de la presión exportadora de
bienes naturales, el aumento del ritmo de procesos extractivos, los procesos de urbanización en las
metrópolis, la expansión de instrumentos jurídicos en el ámbito ambiental y los cambios en los
procesos de acción colectiva.
De esta forma, para comprender el conflicto, es necesario reconocer a sus actores más
importantes y el contexto en el que se produce; revisar el giro que dio el conflicto a lo largo de los
años, considerar el entorno institucional donde fueron procesadas esas demandas; el rol que se le
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dio al derecho ambiental y las cuestiones jurídicas en el conflicto; el eje territorial del conflicto;
considerar los efectos del conflicto en las diferentes escalas; tener en cuenta las otras cuestiones
además de la ambiental que están presentes en el conflicto; identificar la productividad social del
conflicto en el espacio público; ver el origen de la resonancia del conflicto; y para comprender la
especificidad del conflicto puede servir compararlo con otros conflictos (Azuela y Mussetta, 2009).
Existen además distintas escalas desde las cuales se abordan los conflictos urbanos y
ambientales. Dependiendo el enfoque hay corrientes que abordan los conflictos a escalas regionales,
nacionales e incluso mundiales, poniendo énfasis en procesos políticos más amplios y otros que se
centran en mayores especificidades y los abordan desde escalas locales, también entendidas como
comunales o incluso barriales, que son los propuestos para esta investigación (Fuenzalida & Quiroz,
2012; Sabatini, 1994).
Hoy en día se estudian los conflictos en las relaciones entre los residentes y la acción pública,
así como en las relaciones entre los habitantes y su espacio próximo. Es necesario además
reflexionar sobre sus efectos en la recomposición de las modalidades de territorialización de la
acción pública y de la ubicación de infraestructuras, sobre el rol de los habitantes en la apropiación
del espacio próximo, y en la relación de los grupos movilizados con lo jurídico y lo político (Azuela
& Cosacov, 2013; Melé, 2016).
Azuela y Cosacov (2013) sostienen que poner el conflicto en el centro del análisis implica
adoptar una perspectiva que reconozca tanto las limitaciones como los aportes de las visiones
consensualistas de lo social. Proponen reflexionar sobre el antagonismo, pero no desde una
“sociología cínica” que lo reduzca únicamente a relaciones de poder, sino también teniendo en
cuenta los recursos cognitivos, los marcos argumentativos y las normas morales que los actores
emplean para buscar imponerse en la disputa. El enfoque que plantean se sitúa dentro de una
sociología de las controversias colectivas, que considera las relaciones de poder y los argumentos
utilizados por los participantes en el conflicto.
Melé (2014) agrega que es necesario además considerar la importancia del arraigo y la
resistencia locales, incluso en un contexto de comunicación “globalizada”. Esto se asocia con
considerar la tradición de movilización y lucha social y la cultura política de cada lugar, identificar
el motivo de las movilizaciones y el rechazo de la comunidad, diferenciando si es algo unánime o
no, y también indagando en cuáles fueron las acciones llevadas a cabo por los diferentes actores.
Esto comienza a instalar la necesidad del abordaje de los conflictos desde la cercanía, para poder
comprender todas sus aristas.
En síntesis, los conflictos constituyen fenómenos inherentes a la vida en sociedad. En
particular, los urbano-ambientales evidencian la forma en que las tensiones entre actores, intereses
y recursos se expresan en contextos urbanos, donde la degradación ambiental, la inequidad social
y la planificación del territorio se intersectan. Abordarlos desde múltiples escalas —desde lo barrial
hasta lo estructural— y reconocer su dimensión política, histórica y cultural resulta clave para
entender cómo se generan, se transforman y, eventualmente, se gestionan y construyen de nuevas
formas de interacción social y territorial en las ciudades.
Los conflictos urbano-ambientales abordados desde la proximidad en las ciudades
latinoamericanas
Para poder abordar el surgimiento de estas disputas o enfrentamientos en términos urbano-
ambientales en las principales ciudades del sur del continente americano, primero es necesario
considerar qué ocurre en estos países en términos ambientales en las últimas décadas. Si bien ya
existían problemas ambientales en diversos ámbitos en décadas anteriores, fue desde los años 70 y
80 el momento a partir del cual los problemas ambientales se extendieron de manera tal de aumentar
sus costos hacia la periferia.
A su vez, con la acentuación de las políticas neoliberales de los años 90, la preservación
ambiental no fue entendida como un eje fundamental. Este contexto de neoliberalismo urbano (Del
Cairo, Montenegro-Perini & Vélez, 2014), surgido a partir de la década del 70 (Theodore et.al.,
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2009), representó formas de articulación público-privada donde confluyeron la liberalización de los
mercados del suelo, la concentración del capital inmobiliario y el surgimiento de inversiones para
el desarrollo de megaproyectos con alto impacto territorial (Pintos, 2011), incrementando el uso del
ambiente e impactando sobre ciertos grupos sociales por sobre otros (Martinez-Alier, 2006), en el
marco de una globalización informacional y financiera (Mattos, 2016).
Posteriormente, con un reposicionamiento de algunos países “emergentes”, se dio una nueva
reconfiguración del poder internacional, apostando éstos a tener un rol de economías fuertes,
aplazando el debate sobre el desarrollo sustentable que estaba emergiendo y retomando el camino
economicista vinculado al desarrollo (Merlinsky, 2014). Sin embargo, ha ido emergiendo a fines
del siglo pasado una preocupación ambiental producto de la necesidad de defender ciertos cuerpos
y territorios.
Un ejemplo representativo que surge de la revisión bibliográfica realizada es el del Área
Metropolitana de Buenos Aires, el principal conglomerado urbano de Argentina. A lo largo del
siglo XX, esta región experimentó un notable crecimiento en términos demográficos, políticos y
económicos. Desde la década de 1930, desempeñó un papel central en el proceso de
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), consolidándose como un polo productivo
clave. Este período se caracterizó por el fortalecimiento de la industria nacional, el aumento de la
producción y el empleo, la atracción de inversiones extranjeras y la migración de trabajadores
provenientes de zonas rurales. Como consecuencia, se intensificó el proceso de urbanización en los
grandes centros urbanos, acompañado del desarrollo de infraestructura.
Con el tiempo, muchas industrias se desplazaron hacia el primer y segundo cordón del área
metropolitana, buscando mayores comodidades y ventajas logísticas. Estas se establecieron tanto
en proximidad a importantes vías de comunicación como en los márgenes de los arroyos de las
cuencas existentes, aprovechando su valor estratégico, la disponibilidad de agua y la posibilidad de
eliminar residuos. Sin embargo, esta dinámica también provocó procesos de contaminación y
degradación ambiental (Rougier, 2023).
En las últimas décadas, el avance del modelo neoliberal introdujo nuevas formas de expansión
urbana, generando dos tendencias principales. Por un lado, se produjo la suburbanización de los
sectores medios-altos y altos, mediante el desarrollo de barrios cerrados en zonas periféricas con
buena accesibilidad y elevados niveles de confort (Vidal Koppmann, 2001; Torres, 2001). Por otro
lado, los sectores de menores recursos se expandieron en urbanizaciones populares informales,
caracterizadas por condiciones precarias y ubicadas en territorios ambientalmente degradados
(Apaolaza y Venturini, 2020; Clichevsky, 2002).
Esto produce la expulsión de población de sectores bajos, la concentración de riquezas por
sectores altos, la apropiación de lo público y la generación de daños ambientales, destruyendo la
diversidad natural y profundizando el monopolio de tierras en pocas manos (Svampa, 2013), ,
acompañado de la generación de crisis económicas y habitacionales y de daños ambientales
(Acosta, 2011; Duplat, 2016).
Es así como, en esta y en múltiples áreas con características similares, se desarrollan
conflictividades urbano-ambientales que pueden producirse a causa de diversos problemas, los
cuales pueden estar asociados a situaciones demográficas y socio-económicas adversas, acceso
informal al suelo, acceso deficiente a infraestructura y equipamiento, condiciones inadecuadas de
habitabilidad y condiciones ambientales degradadas (Brun Tropiano y Zapata, 2025-en evaluación).
Estas situaciones afectan principalmente a los barrios populares ya que la mayor concentración
de habitantes de bajos recursos se localizó en las zonas más degradadas en ambientalmente, como
aquellas que son zonas inundables, cercanas a basurales o puntos de disposición de residuos, con
suelos contaminados o en las riberas de los principales cursos de agua. Estos sectores condiciones
precarias de vida y habitabilidad, informalidad urbana y falta de intervenciones del Estado (Bidinost
y Davenport, 2019). Esto evidencia lo desarrollado por la Ecología Política, donde los sectores de
Brun Tropiano, A.
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menores recursos son los más expuestos a los problemas urbano-ambientales en el marco de una
lógica desigual de uso del ambiente y de ocupación de las ciudades.
En este marco, y tomando como base a la teoría existente sobre las formas de analizar un
conflicto urbano-ambiental, estudiar en una única investigación todos los conflictos existentes en
áreas tan complejas como alguna de las principales ciudades latinoamericanas puede resultar
inabarcable. Por ello, si el interés se centra en identificar los problemas urbano-ambientales
existentes, reconocer a los actores sociales involucrados y analizar las transformaciones que se
generan en los barrios a partir de estos conflictos, también es importante determinar los factores
que favorecen u obstaculizan el surgimiento de estas dinámicas. En este marco, el abordaje de la
Ecología Política permite investigar los conflictos desde la proximidad, utilizando metodologías
adaptadas a esta escala.
La noción de proximidad en los estudios urbanos se ha desarrollado desde múltiples
perspectivas que permiten comprender la complejidad de las relaciones en la ciudad. Lefebvre
(1991) plantea que el espacio es socialmente producido y que la proximidad combina dimensiones
materiales y simbólicas, atravesadas por tensiones y conflictos. Massey (2005) amplía esta visión
al concebir la proximidad como una construcción relacional y dinámica, basada en redes de
conexiones sociales, económicas y culturales que trascienden la mera contigüidad geográfica.
Barthé (2012) por su parte, resalta la dimensión social y comunitaria, vinculada al capital social, la
pertenencia y la participación ciudadana en la vida urbana. De esta forma, se puede entender la
proximidad como un fenómeno físico, social y simbólico, relacional y dinámico, que constituye un
eje clave para analizar tanto la cooperación como los conflictos en el espacio urbano.
Para poder comprender a qué hacen referencia, se podría afirmar que, según Azuela y Mussetta
(2009), los conflictos de proximidad son conflictos que movilizan a personas damnificadas por
determinadas iniciativas que afectan negativamente su entorno inmediato. Los mismos están
asociados a procesos de acción colectiva, que son los que incluyen no solo las relaciones entre los
habitantes y el espacio cercano a sus viviendas sino también las relaciones que desarrollan con los
objetivos y procedimientos de las acciones de los poderes públicos (Melé, 2016).
Desde la perspectiva de algunos autores del grupo de investigación Confurb (Conflits de
proximité, dynamiques urbaines), red de investigación de la Universidad de Tours, existen diversos
autores que han sistematizado metodológicamente el estudio de conflictos de proximidad en
entornos urbanos. Su enfoque se basa en el análisis de estudios de caso detallados, que permiten
comprender la forma en que se configuran los conflictos en la vida cotidiana de los barrios a partir
de dinámicas locales y de la participación de actores comunitarios e institucionales. Su
investigación se caracteriza por el trabajo en la microescala, focalizado en situaciones tensionales
cotidianas como protestas, peticiones, bloqueos o controversias puntuales que, aunque a menudo
poco visibles, resultan decisivas en la organización y transformación de los espacios urbanos (Melé,
2013).
Además, así como existen perspectivas teóricas y metodológicas que consideran que los
conflictos urbano-ambientales pueden generar productividades, desde el Confurb han desarrollado
una metodología de análisis de los conflictos de proximidad donde se puede observar la
productividad social de los mismos en tres tipos de procesos: la territorialización, la formación de
espacios públicos y la actualización local del derecho.
La territorialización (Melé, 2006) implica los arreglos sociales que el conflicto pone en juego
en relación al territorio en disputa. Incluye los cambios en las representaciones por las que las
comunidades locales crean su relación con el territorio, es decir las diversas maneras de
“apropiación simbólica” que se refuerzan o modifican por un conflicto. También se incluyen las
modificaciones en las formas concretas de control del territorio.
La formación de espacios públicos intermedios se asocia a los cambios en las formas de
deliberación pública en las cuales son procesados socialmente los conflictos. Cuando se observa la
deliberación en distintos contextos espaciales, es decir en las diferentes escalas, un mismo conflicto
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se define de manera diferente. En esos casos no es uno, sino que son diversos conflictos, que se
vinculan entre sí de formas impredecibles (Azuela & Cosacov, 2013).
Por último, la actualización local del derecho, similar a las “productividades jurídicas”
mencionadas anteriormente, es una manera de analizar la juridificación de los conflictos. Esto
refiere al proceso social a partir del cual los conflictos son resignificados cuando son dirigidos al
ámbito legal (Azuela y Mussetta, 2009).
A su vez, existe un cuarto tipo de proceso para abordar las productividades de los conflictos
ambientales de proximidad que no es tan difundido pero que es muy importante en la presente
investigación que es el de transacción. Según Melé (2014) las transacciones territoriales son las
mediaciones que deben establecerse entre los actores sociales involucrados en un conflicto
ambiental, donde las comunidades locales, las autoridades gubernamentales y las empresas
negocian y reconfiguran sus intereses y posiciones para alcanzar acuerdos o soluciones prácticas.
Es así como los conflictos de proximidad también pueden contribuir a la transformación de
realidades, y no solo se denominan “de proximidad” porque se producen en un espacio próximo,
sino también debido a que generan proximidad entre los actores involucrados (Stamm & Aliste,
2014). Esta perspectiva además permite estudiar a los conflictos desde un enfoque crítico ya que
no solo se centra en las particularidades locales, sino que también cuestiona las lógicas actuales de
uso del ambiente urbano y comprende a la degradación ambiental como un problema político,
considerando que los problemas ambientales-urbanos están asociados con la pobreza y la
marginación de ciertos sectores sociales.
Algunos ejemplos concretos en donde la Ecología Política de proximidad ha sido utilizada para
el abordaje y análisis de conflictos urbano-ambientales pueden ser un estudio sobre las
desigualdades locales en la exposición a la contaminación del aire generada por el tráfico vehicular
en distintos vecindarios de Los Ángeles (Boeing et al, 2023), una investigación donde se analizó la
disputa por el suministro de agua potable entre autoridades municipales y estatales en Ecatepec,
México en el contexto de COVID-19 (Navascués, 2017), entre otros casos de disputas a escala local
que han sido abordados de esta forma.
En este apartado se pudo identificar que el enfoque de proximidad abre nuevas lecturas de los
conflictos urbano-ambientales al permitir situarlos en la intersección entre las dinámicas
territoriales, las experiencias cotidianas y las disputas políticas. Esta perspectiva no solo indaga en
las desigualdades sociales que se materializan en los espacios urbanos y en la gestión del ambiente,
sino que también muestra la capacidad de los actores locales para disputar, negociar y transformar
sus territorios. Al centrarse en la microescala y en las productividades que emergen de los
conflictos, la proximidad es una herramienta analítica clave para comprender la complejidad de las
ciudades latinoamericanas y las formas de resistencia existente en barrios concretos.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A partir del trabajo realizado se puede reflexionar en primer lugar acerca de la importancia de
comprender a la Ecología Política como forma de abordaje de los conflictos urbano-ambientales y
no solo como una corriente de pensamiento. Esto resulta especialmente significativo en regiones
como Latinoamérica, donde los problemas ambientales se encuentran muy explícitos y es muy
evidente la forma en que se manifiestan sobre los sectores más desprotegidos de la población.
Asimismo, se trata de una corriente muy importante debido a su enfoque integral y
transdisciplinario, capaz de analizar problemas complejos existentes en la actualidad en términos
urbanos y ambientales, considerando el reduccionismo que poseen otros abordajes de la cuestión
ambiental.
En este contexto, los conflictos ambientales —y particularmente los urbanos— deben
entenderse como procesos que generan transformaciones sociales y territoriales, y no solo como
cuestiones negativas a resolver. Se trata de procesos muy complejos que incluyen múltiples
dimensiones, por lo que abordarlos desde la Ecología Política Urbana ayuda a entenderlos en su
totalidad. En este sentido, la categoría de conflicto urbano-ambiental resulta muy útil para
Brun Tropiano, A.
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interpretar las tensiones que atraviesan las ciudades latinoamericanas, donde la degradación
ambiental y la inequidad social se entrelazan en procesos de urbanización desiguales.
El enfoque de proximidad, por su parte, aporta una mirada situada que permite reconocer las
especificidades de cada caso desde su anclaje territorial concreto, en la escala barrial y cotidiana,
donde se expresan desigualdades, prácticas de resistencia y productividades sociales, jurídicas y
territoriales. En este sentido, el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires funcionó como
ejemplo ilustrativo de estas dinámicas: allí, la localización de barrios populares en áreas degradadas
y la coexistencia con procesos de suburbanización de élites evidencian la desigual distribución de
cargas y beneficios ambientales, así como la importancia de emplear un análisis de la proximidad
para captar los efectos diferenciales de tales procesos.
Este recorrido teórico no estuvo orientado a validar empíricamente los marcos analíticos, sino
a abrir un campo de discusión que habilite futuras investigaciones comparativas, estudios de caso
en clave multiescalar y metodologías participativas situadas en barrios específicos. De esta forma,
el aporte central de esta revisión consiste en mostrar que la Ecología Política, al incorporar la
dimensión de la proximidad, ofrece claves para interpretar los conflictos urbano-ambientales desde
una mirada situada, crítica y transformadora. Por todo esto es que se ha logrado alcanzar el objetivo
propuesto y se ha podido reconocer la importancia de la Ecología Política en el estudio de conflictos
urbano-ambientales de proximidad, asociada a las potencialidades que la misma tiene para
comprender la realidad y las relaciones entre las sociedades y las naturalezas en el marco de la
Justicia Ambiental.
AGRADECIMIENTOS
Esta revisión se ha realizado en el marco de una beca interna doctoral cofinanciada CONICET-
UNLa por lo cual se agradece a ambas instituciones, así como también a la Licenciatura en Gestión
Ambiental Urbana (GAU), el Centro de Estudios Urbano-Ambientales (CEURBAM) y el Instituto
de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos “Manuel Ugarte” de la misma universidad y al
Doctorado en Estudios Urbanos (DEU) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS),
por ser espacios de trabajo y de formación de la autora.
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