Cultura, comunicación y creación de consenso. Estrategias de legitimación de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)

Universidad Nacional del Litoral. Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral

El presente dossier constituye una muestra de investigaciones realizadas en los últimos años en torno a la problemática de los consensos sociales surgidos bajo regímenes estatales dictatoriales. En esta publicación, los artículos compilados se centran en el análisis de los consensos relativos a la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) con el objetivo de indagar los procesos de generación, identificar las estrategias específicas y su persistencia o su cambio a lo largo del tiempo. Específicamente, se preguntan por el modo en que, a través de la comunicación y la cultura, el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” intentó provocar la adhesión de la población a su proyecto político.^[1]

El estudio del fenómeno de los consensos sociales y las dictaduras (referidos, en particular, a la existencia en cada régimen político de mecanismos que transmiten a la población confianza en el sistema con el fin de obtener apoyo de sus políticas) ya ha pasado por diferentes etapas. Así como en otros países, en Argentina detectamos una primera etapa, la inmediata posdictadura, en la cual la pregunta sobre cómo se construyó la dominación de la dictadura y cómo se obtuvo obediencia quedó marginada –aunque no fue inexistente–.^[2] El terrorismo de Estado como modalidad de disciplinamiento y la represión extendida a todos los ámbitos, dificultó la comprensión de este fenómeno particular. En cada revisión de la vida social, cultural y político-económica de aquellos años, la coerción estatal se destacó como el principal mecanismo para imponer la obediencia. Aunque el campo académico no siga necesariamente el ritmo de los procesos socio-políticos, es fundamental destacar los contextos en los que se realizaron dichas indagaciones. Estas tuvieron lugar en el marco del Juicio a las Juntas Militares (1985) y la reapertura democrática, durante la cual se centró la atención en reconocer la magnitud de la violencia represiva y dilucidar sus métodos.^[3] Un segundo momento se comenzó a gestar a fines de la década del noventa y principios de los años dos mil. Era un contexto en el cual, pese a ciertos reveses, tuvo lugar un intenso proceso de desgaste del estatuto jurídico de las denominadas leyes de impunidad (de Obediencia Debida y de Punto Final) y de los indultos posteriores. A su vez, este período estuvo signado por la emergencia de nuevos actores sociales (entre otros, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio –H.I.J.O.S.–) y la formación de asociaciones civiles comprometidas con las políticas de memoria.^[4] Entonces, el campo académico (influenciado a la vez por líneas de investigación de otros países focalizadas en lo social en contextos dictatoriales) se abrió a repensar el papel de la sociedad argentina en aquellos años. Si en 1984 el informe Nunca Más la había retratado como “víctima” o “testigo pasiva” de las Fuerzas Armadas (Crenzel, 2008), en esta segunda etapa se comenzaron a explorar roles más activos de ciertos sectores como los partidos políticos, grupos empresariales, sindicales, eclesiásticos, entre otros.^[5] En esta línea de investigación social predominó la incorporación de las voces de testigos y el estudio de las luchas por la memoria. Posteriormente, se centró también en el análisis de las actitudes sociales y la vida cotidiana durante la dictadura de amplios sectores de la población, referidos como estudios sobre la “gente común y corriente” (Carassai, 2013). Una de las señales de esta nueva etapa fue la extensión del uso del concepto “dictadura cívico-militar”, que generó una serie de debates en torno a su pertinencia (Franco, 2016) y evidenció el redimensionamiento del rol que tuvo la sociedad civil anteriormente marginada.

En los últimos veinte años, como resultado del fomento gubernamental a las universidades públicas y a los organismos de ciencia –sin dudas con altibajos y en la actualidad en franco retroceso, lo que hace peligrar la continuidad de muchos de estos espacios–, se fueron creando equipos y redes de investigación que han profundizado el estudio de los consensos sociales bajo la última dictadura. Los trabajos de estos equipos han contribuido con los juicios por crímenes de lesa humanidad;^[6] han difundido y mostrado el impacto social de fondos de documentación desclasificada por el Decreto N° 4 de 2010 referido al accionar de las Fuerzas Armadas (entre 1976-1983) y, a la vez, han realizado aportes al conocimiento científico de la Historia Reciente tanto a nivel nacional como internacional.

Hoy, la consolidación de esta línea de trabajo nos libera de la necesidad de justificar que, al centrarnos en el consenso, no proponemos negar el terror dictatorial, sino que exploramos los mecanismos de disciplinamiento social en toda su complejidad. De allí que recurramos al reconocimiento de la “dimensión productiva” del poder dictatorial, tal como fue formulado por Julia Risler (2018).^[7] De esta manera adoptamos un enfoque centrado en la producción de consensos por parte del Estado, de arriba hacia abajo, pero que no exime de responsabilidad a ciertos sectores sociales que estuvieron dispuestos a acompañar, avalar y hasta amplificar los objetivos que la dictadura pretendía alcanzar.

Los trabajos que aquí se publican fueron realizados como parte del Proyecto de Investigación Plurianual –PIP– 2021-2023 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –CONICET–^[8] dirigido por las dos coordinadoras del presente dossier. Desde el comienzo fuimos viendo crecer estas investigaciones a través del aporte del propio equipo, de colegas de otras instituciones y de expertos como las integrantes del grupo a cargo de Stella Segado, cuyos conocimientos de archivística y en temas vinculados al sistema de inteligencia del Ejército y de acción psicológica fueron reveladores. Estos intercambios favorecieron la reflexión sobre objetos de estudio específicos, guiaron la adquisición de un lenguaje con conceptos más propicios y sugirieron documentación y otras fuentes para profundizar el análisis.

El primer trabajo es el de los investigadores Ramiro Manduca y Eugenio Schcolnicov, quienes bucearon en los archivos del Teatro San Martín en busca de respuestas a una serie de dilemas que afrontábamos, tal vez desde que Esteban Buch (2016) propuso la idea de pensar en términos de “islas” a las instituciones culturales públicas (el Teatro Colón, el Teatro San Martín, entre otras) que mantuvieron sus programas y hasta “florecieron” a pesar de la censura, la persecución y la desaparición de artistas. La novedosa propuesta de este trabajo es la de comprender ese florecimiento considerando en particular el rol de su director, Kive Staiff, un símbolo de la cultura nacional más allá de su gestión bajo la dictadura, pero que durante ese periodo demostró su capacidad de establecer una efectiva diplomacia cultural. A través de giras internacionales de su elenco logró exportar al mundo “la imagen de una Argentina democrática y respetuosa de las libertades civiles”, como señalan estos autores.

En línea con dicho trabajo se encuentra la propuesta de Marina Suárez, quien analiza otra institución cultural pública, en este caso municipal: el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires. La autora se concentra en comprender cuáles fueron los acuerdos público-privados que dieron origen a este proyecto. Así, estudia los primeros tiempos de la novedosa sede cultural, que se insertó de manera coherente en el plan modernizador de la Ciudad de Buenos Aires del intendente Osvaldo Cacciatore. Se trata de un trabajo original por la vastedad de aristas que la autora aborda: el proyecto edilicio/arquitectónico, el proyecto cultural en diálogo con otros centros en las principales capitales del mundo y la legitimación de esta institución –vidriera de la cultura en dictadura– con la integración de los principales artistas de reconocimiento internacional en los años 1981-1983.

El tercer trabajo deja atrás el estudio de las instituciones para centrarse en la “productividad” de los discursos oficiales y “oficiosos” durante un contexto específico y clave en la imagen de la dictadura: la Guerra de Malvinas (1982). Sus autoras, Verónica Perera y Cora Gamarnik –que desde hace años, aunque con perspectivas diferentes, vienen desarrollando estudios sobre este conflicto bélico que aceleró el derrumbe del régimen–, se unieron para relevar documentos recientemente desclasificados en un archivo de la Armada. En particular, analizan los lineamientos que este sector de las Fuerzas Armadas profirió para gestionar la comunicación en la guerra. La potencia que adquirió este trabajo conjunto sobre fuentes que han sido poco exploradas da como resultado un estudio que aporta a comprender que, fuera de reconocer la improvisación, también hubo una política cuidada de construcción y difusión de noticias referidas al desarrollo de la guerra en beneficio de la dictadura argentina.

Para seguir en esta línea de estudio, la investigadora Laura Schenquer examina un fondo documental dado a conocer en 2022, que fue producido por la Dirección de Prensa de la Cancillería Argentina. Este artículo, en el cual se combina el análisis institucional y discursivo, propone reconocer huellas en la documentación que indiquen el funcionamiento de esa estructura encargada de la propaganda y la comunicación hacia el exterior, dos ejes centrales en la construcción de consenso. El trabajo descubre que el registro burocrático –realizado por las y los empleados y funcionarios de esta dirección– da cuenta de la existencia de un programa específico de invitación a periodistas extranjeros (de España, Francia, Bélgica y de otros países). Este permite explorar, por un lado, cómo funcionaba el organismo de prensa y, por el otro, qué pautas impartía como parte de la propaganda del régimen hacia el exterior.

Finalmente, como cierre de este dossier, se encuentra la indagación de Cristian Rama sobre las declaraciones en defensa de la dictadura del exjefe de la policía bonaerense Ramón Camps, formuladas para deslegitimar las denuncias que difundió el periodista Jacobo Timerman desde el exilio tras haber sido liberado. El artículo, que entrecruza fuentes de diversa índole, nos permite volver a una época previa al Juicio a las Juntas Militares en la cual ciertos discursos parecían verosímiles, cuando aún era posible negar la existencia de centros clandestinos de detención y el uso de la tortura en los interrogatorios. Más aún, su investigación muestra que la argumentación del militar se basó en pruebas extraídas del propio centro clandestino, como las cintas grabadas durante las sesiones de tortura a Timerman.

En suma, el conjunto de trabajos reunidos en este dossier aporta a un campo de estudio en desarrollo y posibilita reflexionar sobre los modos en los que el aparato estatal buscó construir consenso social en el país y limpiar su imagen en el extranjero, a través de la cultura y la comunicación. Algunos de estos temas y problemas resuenan en la actualidad, en la que emergen discursos reaccionarios que relativizan el terrorismo de Estado de los años setenta y ochenta.

[1] Cabe destacar como indagaciones previas a este dossier, la línea de trabajo desarrollada como miembros del Grupo de Estudio sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente dirigido por Ana Longoni y Cora Gamarnik en el Instituto de Investigaciones “Gino Germani” (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires), que condujo a la obra colectiva Terror y consenso: políticas culturales y comunicaciones de la última dictadura (Schenquer, 2023).

[2] Nos referimos a una serie de trabajos como los de Guillermo O’Donnell (1984) y de Carlos Brocato (1986) que en esos años analizaron a la sociedad y problematizaron los modos de apoyo a la dictadura.

[3] Cabe señalar como paradigma de esta línea de investigaciones el trabajo de Eduardo L. Duhalde (1983).

[4] Para una exploración más compleja y detallada de esta segunda fase, véase la obra Que digan dónde están, de Luciano Alonso (2022).

[5] Citamos a modo de ejemplo, y sin ninguna pretensión de exhaustividad, algunos de los trabajos más emblemáticos entre las líneas mencionadas: Quiroga (1994); Yannuzzi (1996); Jelin (2002); Novaro y Palermo (2003); Pucciarelli (2004); Lvovich (2008); Águila (2008).

[6] Por ejemplo, miembros de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política –RER– han contribuido como peritos en estas causas.

[7] A partir de los estudios foucaultianos, Julia Risler analizó la existencia de una “dimensión productiva” de la dictadura basada en una estrategia castrense, “la acción psicológica”. Esta fue aprendida por las Fuerzas Armadas en el marco de su formación contrainsurgente y utilizada para estimular la adhesión de la población hacia los objetivos de la última dictadura.

[8] Se trata del proyecto titulado “La 'dimensión productiva' de la última dictadura militar argentina (1976-1983): estrategias culturales de legitimación y consenso social” dirigido por Moira Cristiá y codirigido por Laura Schenquer.