Iniciativas para el fomento de la investigación y experimentación agropecuaria en el Ministerio de Agricultura de la República Argentina (1936-1948)

Initiatives to promote agricultural research and experimentation in the Ministry of Agriculture of the Argentine Republic (1936-1948)

Iniciativas para o fomento da pesquisa e experimentação agropecuária no Ministério da Agricultura da República Argentina (1936-1948)

Universidad Nacional de La Plata. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales

Este artículo analiza un conjunto de proyectos, debates y realizaciones centrados en la promoción de la investigación y experimentación agropecuaria oficial en la República Argentina, entre 1936 y 1948. El trabajo muestra las iniciativas y discusiones de técnicos y funcionarios políticos del Ministerio de Agricultura de la Nación, que derivaron en la generación de concepciones ampliamente compartidas a propósito de la importancia que tenían estas actividades y los mejores modos de organizarlas, incluyendo, por ejemplo, la necesidad de crear un organismo central y múltiples estaciones experimentales. Asimismo, el trabajo analiza cómo esta actividad confluyó en la sanción, en 1948, de la Ley n.° 13254, centrada en la promoción de la investigación y experimentación agropecuaria. Acorde a esos desarrollos, se plantea la existencia de una acumulación institucional que trascendió los importantes cambios políticos experimentados por el país en esos años, con consecuencias para la posterior creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

This article analyzes a set of projects, debates, and achievements focused on the promotion of official agricultural research and experimentation in Argentina between 1936 and 1948. It presents the initiatives and discussions among technicians and political officials at the Argentine Ministry of Agriculture, which led to the generation of widely shared understandings regarding the importance of these activities and the best ways to organize them, including, for example, the need to create a central agency and multiple experimental stations. It also analyzes how this activity led to the passage, in 1948, of Law No. 13254, focused on the promotion of agricultural research and experimentation. In line with these developments, it suggests the existence of an institutional accumulation that transcended the important political changes experienced by the country in those years, with consequences for the subsequent creation of the National Institute of Agricultural Technology.

Este artigo analisa um conjunto de projetos, debates e realizações centrados na promoção da pesquisa e experimentação agrícola oficial na República Argentina, entre 1936 e 1948. O trabalho mostra as iniciativas e discussões de técnicos e funcionários políticos do Ministério da Agricultura da Nação, que resultaram na geração de conceitos amplamente compartilhados sobre a importância dessas atividades e as melhores formas de organizá-las, incluindo, por exemplo, a necessidade de criar um órgão central e várias estações experimentais. Além disso, o trabalho analisa como essa atividade convergiu para a aprovação, em 1948, da Lei nº 13254, centrada na promoção da pesquisa e experimentação agropecuária. De acordo com esses desenvolvimentos, propõe-se a existência de uma acumulação institucional que transcendeu as importantes mudanças políticas vividas pelo país naqueles anos, com consequências para a posterior criação do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária.

Iniciativas para el fomento de la investigación y experimentación agropecuaria en el Ministerio de Agricultura de la República Argentina (1936-1948)

En este trabajo, analizó un conjunto de proyectos y acciones orientados a incrementar, centralizar y coordinar la investigación y experimentación agropecuaria^[1] dentro del Ministerio de Agricultura de la Nación (MAN), en Argentina, entre 1936 y 1948. En esos años, pese a los vaivenes ideológicos y la inestabilidad política, con cambios consecuentes en la cúspide del organismo –se sucedieron nueve ministros–, hubo una continuidad notable tanto en la progresiva creación y fortalecimiento de áreas destinadas a la investigación y experimentación como en la formulación de proyectos que se proponían organizar estas actividades y asignarles mayores recursos.^[2] Así, por un lado, como resultado de desarrollos progresivos que se remontaban principalmente a la década previa, entre 1943 y 1945 se crearon el Instituto del Suelo, el Instituto de Microbiología y el Instituto de Fitotecnia. Junto con esto, se establecieron nuevas estaciones experimentales a lo largo del territorio nacional y hubo avances en áreas como tabaco, lanas e ingeniería rural. Por otro lado, en 1948, se sancionó la Ley n.° 13254, con el propósito de organizar las investigaciones agropecuarias, cuyos fundamentos y articulado recuperaban discusiones que llevaron adelante funcionarios y técnicos del ministerio, por lo menos desde 1936.

Con pocas excepciones, la literatura académica centrada en la historia de la ciencia y la tecnología en el país ignoró estos desarrollos o les concedió una atención marginal. Como parte de un tema poco estudiado, el tono predominante consistió en otorgarles, a lo sumo, una consideración menor en tanto antecedentes no demasiado significativos para la creación, en 1956, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Myers, 1992; Valeiras, 1992; Hurtado, 2010; Feld, 2015; Gargano, 2022). En los estudios centrados en la historia del sector rural, el análisis de este asunto tampoco encontró mayor espacio. En ese ámbito, se consideró que los esfuerzos estatales para promover la investigación científica y tecnológica cobraron fuerza recién a fines de la década de 1950, en el marco del clima ideológico signado por el desarrollismo (Barsky y Gelman, 2005; Hora, 2018). Por cierto, aunque esta mirada es la de mayor fuerza en relación con estos asuntos, no es la única. Así, en un artículo tan relevante como excepcional, Carlos León y Flora Losada (2002) destacaron la importancia que tuvo la sanción de la Ley n.° 13254 y su conexión con la posterior creación del INTA, en tanto favoreció una incipiente acumulación institucional relacionada con la investigación agropecuaria, usualmente no reconocida. No obstante, los autores no ahondaron en el derrotero que tuvo la sanción de esa ley y no captaron así que ese proyecto y su tratamiento parlamentario actualizaban iniciativas y discusiones desplegadas a lo largo de la década previa.

Por otra parte, trabajos recientes analizaron cómo, en la década de 1930 –y aun antes, en algunos casos–, se realizaron esfuerzos dentro del MAN para establecer o robustecer áreas de estudio vinculadas con problemas de producción agropecuaria, como ocurrió con la genética vegetal o el estudio de los suelos (Graciano, 2017, 2023; Martocci, 2022), de un modo que permitió un crecimiento modesto pero sostenido de las investigaciones científicas y tecnológicas dentro de dicho ministerio.^[3] Estos aportes, además, conectan con una preocupación amplia por comprender los nexos complejos entre el saber experto –encarnado en figuras que se desempeñaban en universidades, organismos estatales y el sector privado–, las estructuras estatales y la producción agropecuaria entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, un objeto de análisis de relevancia creciente (Rodríguez Vázquez y Martocci, 2023).^[4] Este cuerpo de literatura incluye, entre otros, la investigación pionera de Noemí Girbal-Blacha (1992) sobre la conformación de los agrónomos como un cuerpo profesional que promovió actividades agrícolas con base científica, desde su posición como funcionarios en el Estado o técnicos en el sector privado; los aportes de Djenderedjian (2014a, 2014b, 2019), a propósito de una acumulación progresiva, aunque con retrocesos, en materia de una estatalidad orientada al desarrollo de prácticas de innovación y difusión para el sector agropecuario entre fines del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX; diferentes indagaciones sobre regiones específicas, como las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán, y el Territorio Nacional de La Pampa (Lenis y Rodríguez Vázquez, 2014; Martocci, 2014; Moyano et al., 2011; Moyano, 2014; Cian, 2020, 2022; Cicirello, 2021); y trabajos con foco en aspectos particulares de estos procesos, como el que refiere al papel del ferrocarril en la difusión de conocimientos (Martocci et al., 2023). De igual modo, resultan significativos, en este marco, los estudios sobre la enseñanza superior en agronomía y veterinaria durante las primeras décadas del siglo XX, en tanto espacio formativo de futuros investigadores o técnicos estatales, que incluyó tensiones asociadas a la delimitación de los ámbitos apropiados para el establecimiento de la investigación (Graciano, 1998, 2003, 2017; Moyano, 2014; Rodríguez Vázquez, 2014).^[5]

A partir de estas consideraciones, en este artículo hago foco exclusivamente en un aspecto de esos procesos. Analizó un conjunto de discursos, proyectos y deliberaciones centrados en el incremento y la organización de las actividades de investigación y experimentación agropecuaria oficial, por parte de funcionarios ministeriales y legisladores, desde mediados de la década de 1930. Por esa vía, muestro cómo, en esos años, se lograron concepciones compartidas y avances institucionales que subyacieron a la sanción de la Ley n.° 13254 y, como una consecuencia más amplia, la posterior creación del INTA. Con ello, planteo una hipótesis de continuidad en la formulación de una política científica y tecnológica orientada al sector agropecuario, por la cual los desarrollos acaecidos a mediados de la década de 1950, cuya importancia ha sido destacada en forma recurrente, deben ser integrados a una trama temporal amplia que trasciende los cambios más visibles en el plano de la política nacional y matiza el supuesto origen de un complejo de instituciones científicas y tecnológicas en el contexto posperonista.^[6]

Esta interpretación, considero, llama también a revisar algunos hechos que se toman por válidos a propósito de la creación del INTA, como la influencia decisiva del informe Prebisch o la organización de este organismo sobre la base combinada del Institute Nationale de la Recherche Agricole francés y el extensionismo estadounidense (Valeiras, 1992; Gargano, 2022). A su vez, esta hipótesis permite situar el caso dentro de otras lógicas que lo exceden. En primer lugar, hace posible vincularlo al proceso por el cual la promoción estatal de las actividades científicas y tecnológicas se constituyó como un tema de reflexión y debate público hacia la segunda mitad de la década de 1930, con la cristalización de concepciones y posiciones encontradas que se siguieron discutiendo en los años posteriores, tal como indican algunos trabajos, aunque no reparen en el caso específico del sector agropecuario (Hurtado, 2010; Feld, 2015; Lida, 2022). En segundo lugar, ubicarlo bajo el paraguas de los cambios contemporáneos en cuanto al modo de concebir al Estado y su papel en el ordenamiento de las relaciones sociales, con una mayor intervención en materia económica y social (Caimari, 2012; Cattaruzza, 2012).

El análisis que presento se sostiene principalmente en el uso de fuentes éditas, contenidas en las Memorias del MAN correspondientes al período comprendido entre los años 1936 y 1948; el Noticioso de ese organismo, publicado entre 1936 y 1948; resoluciones del Poder Ejecutivo, publicadas en el Boletín Oficial; proyectos de ley presentados ante el Congreso de la Nación y debates que tuvieron lugar en ese ámbito, publicados en los diarios de sesiones de sus dos cámaras. El artículo cubre un período que se encuentra internamente articulado por la sanción, en 1948, de una ley (n.° 13254) formulada sobre la base de proyectos que comenzaron a discutirse en 1936.

La investigación y experimentación agropecuaria en el ojo de los funcionarios ministeriales: 1936-1945

En 1936, el entonces ministro Miguel Ángel Cárcano dio comienzo a un conjunto de iniciativas para fortalecer, centralizar y coordinar las actividades científicas y tecnológicas dentro del MAN. En ese momento, a instancia suya, se realizaron algunas reuniones que tenían como propósito discutir y definir los mecanismos más propicios para organizar la investigación y experimentación agropecuaria oficial. Así, a través del decreto ley n.° 87466, sancionado el día 5 de agosto de 1936, se designó una comisión encargada de estudiar el tema y dar forma a un proyecto de ley sobre fomento de la investigación y la experimentación. El decreto establecía que los miembros de esa comisión serían expertos y funcionarios vinculados al sector agropecuario, incluyendo autoridades universitarias, técnicos del MAN y un miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (Ministerio, 1937, t. II, pp. 315-316).^[7] Como narra con detalle Pedro Marotta, quien presidió la comisión y era entonces decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, el trabajo duró aproximadamente un año y resultó en la elaboración del proyecto solicitado, que fue presentado en reuniones celebradas en el MAN durante el mes de agosto de 1937 (Ministerio, 1938; Marotta, 1944).

El contenido de las reuniones, el proyecto de ley elaborado y los fundamentos del decreto ley n.° 87466, así como la información adicional proveniente de un discurso emitido por Cárcano durante la inauguración del Instituto de Parasitología de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, dan cuenta de lo que empezó a gestarse en ese momento y las razones subyacentes. Para justificar la relevancia del decreto, se afirmaba la importancia que tenía la actividad agrícola en el país y los problemas que enfrentaba (calidad, sanidad, diversidad y valor de los productos vegetales), los cuales debían ser investigados por científicos y técnicos en laboratorios y estaciones experimentales, dos espacios que, a lo largo de los años siguientes, fueron, junto con el instituto, las formas organizacionales privilegiadas para concebir dónde y cómo llevar a cabo las investigaciones y experimentaciones agropecuarias. Además de esto, se argumentaba que los resultados conseguidos darían sustento a dos actividades fundamentales dentro del ministerio, las de fomento y extensión, por medio de las cuales se orientaba la actividad de los productores. Hasta entonces, cuestionaba el texto, el carácter limitado, esporádico y unilateral de la investigación efectuada, consecuencia de los recursos escasos, había derivado en la ausencia de respaldo técnico para el desarrollo de estas tareas, con el deterioro consecuente de la imagen de sus técnicos ante los productores. Por todo lo anterior, se planteaba la urgencia de elaborar un programa de trabajo que incluyera tanto la creación de estaciones experimentales, institutos y laboratorios como una asignación de recursos acorde para garantizar su funcionamiento (Ministerio, 1937, t. II, p. 315).^[8]

Cárcano, por su parte, en el discurso que pronunció en la inauguración del Instituto de Parasitología, indicó las razones que justificaban la sanción de la ley anhelada y explicitó algunos de sus lineamientos centrales. Como lo hacía el decreto que promovió, sostuvo que el fomento agrícola y la extensión rural debían asentarse sobre una sólida base experimental. Añadió también que, si bien en el MAN no faltaban antecedentes en esta materia, era necesario realizar una autocrítica, sobre todo al considerar la experiencia extranjera, especialmente la de Estados Unidos –recomendaba esa comparación pues presentaba mayores similitudes con la Argentina que los países agrícolas europeos–, cuyo progreso, al que calificaba de asombroso, se había iniciado a comienzos del siglo XX, según su juicio, por la sanción de dos leyes. En primer lugar, la Ley Adams, de 1906, mediante la cual se reguló la acción y el desarrollo de las estaciones experimentales, con una definición clara de los programas de investigación y la dotación consecuente de recursos. Para Cárcano, la forma en que se implementó esa ley favoreció un cambio de relieve, pues cada estación experimental pasó de investigar numerosos temas a concentrarse en unos pocos, conforme a las necesidades de la economía nacional y las características regionales. En segundo lugar, mencionó una ley de 1914 –aludía a la Ley Smith-Lever, aunque sin referirla por ese nombre–, que amplió los recursos destinados a la investigación agrícola y estableció dos grandes organismos oficiales para organizarlas, discriminando entre las tareas de investigación propiamente dichas y aquellas vinculadas con la divulgación y la aplicación de los resultados. En la recuperación de estos antecedentes, se perfilaban dos temas que cobraron mucho relieve en los discursos, proyectos y discusiones que se sucedieron en los años siguientes. Por un lado, la necesidad de trazar un límite claro entre las tareas de investigación y las de otra índole, reconociendo la singularidad y relevancia de las primeras. Por otro lado, la importancia de focalizar la investigación en tópicos específicos, como un modo de evitar la dispersión y concentrarse en los problemas propios de la región en que se desarrollaban (Ministerio, 1937, t. I, pp. 93-96).

Las ideas del ministro Cárcano, muy amplias, sirvieron de base para las reuniones de técnicos desarrolladas en el MAN durante los años 1936 y 1937, que concluyeron con las siguientes propuestas. En primer lugar, se planteó la necesidad de atender a aquello que se designaba como el “factor regional”, indicando que, en materia agrícola, los conocimientos importados eran inapropiados y, por lo tanto, debían producirse sin descuidar las particularidades del terreno. Por esa razón, se recomendó emplazar los establecimientos destinados a la investigación y experimentación en las diferentes regiones productivas del país y definir los temas en función de la relevancia económica de los cultivos estudiados. En segundo lugar, se discutió la contraposición entre investigaciones de fondo (de largo plazo) e investigaciones centradas en problemas inmediatos (de corto plazo). Al respecto, fue remarcada la conveniencia de privilegiar las primeras y limitar los vínculos con establecimientos privados a las últimas. En tercer lugar, tras debatir sobre la relación entre las actividades de investigación y experimentación y las de fomento y extensión, se indicó la necesidad de establecer un deslinde preciso. El investigador, se entendía, debía abocarse con exclusividad a las primeras y no dilapidar su tiempo atendiendo las otras, que correspondían a profesores de escuelas agrícolas y agrónomos regionales. Con ello, aunque sin plantearlo en estos términos –poco tiempo después, esto sí se haría de esa forma–, se configuraba la idea de una carrera para el investigador científico, con condiciones tales que permitieran y exigieran dedicación exclusiva al cargo. Por último, se postuló que toda la experimentación debía centralizarse alrededor de un organismo vinculado al MAN, conformado tanto por los jefes de los distintos servicios que integraban la Dirección de Agricultura de esa cartera como por representantes de sus institutos de investigación y de las diferentes instituciones vinculadas a la producción rural. Entre los primeros, se constituiría el Consejo Directivo de la entidad, mientras que los segundos formarían parte de un Consejo de Control de la Experimentación. Por lo tanto, de manera resumida, los técnicos convocados por Cárcano destacaron la importancia que tenía delimitar las actividades de investigación y precisar en qué consistían, así como la necesidad de crear un organismo que las centralizara y coordinara, sin que esto último implicase desatender el contexto regional en que se desarrollaban. Por este motivo, afirmaron también que eran fundamentales las estaciones experimentales, los viveros y los campos de experimentación distribuidos a lo largo del territorio nacional, tanto los que ya funcionaban como otros que se crearían en el futuro (Ministerio, 1938).

A fines de agosto de 1937, se presentó ante el Congreso Nacional el anteproyecto de ley para el fomento de la investigación agropecuaria, que resumía y concretaba las posiciones consensuadas en las reuniones analizadas. A grandes rasgos, sus artículos seguían las orientaciones sugeridas por Cárcano y los acuerdos a los que llegaron los funcionarios ministeriales en sus reuniones. Así, en primer lugar, se proponía conformar un régimen unitario de investigación y experimentación en el que los organismos abocados a estas tareas estuviesen centralizados y diferenciados claramente con respecto a los que entendían sobre enseñanza agrícola. Con este fin, se creaba una Comisión Nacional de Investigación y Experimentación, bajo la órbita del MAN, pero con carácter autónomo. Además de las actividades de investigación y experimentación, el proyecto contemplaba otras para la comisión así creada; que, es dable afirmar, eran propias de un trabajo técnico de rutina, como la nomenclatura, clasificación y cartografía de los suelos agrícolas o el control de los ensayos de abonos y productos insecticidas, fungicidas y herbicidas. En segundo lugar, como “llave del sistema”, se establecían un instituto central y una estación experimental anexa, que estarían a cargo de orientar y controlar las actividades conforme a los lineamientos pautados por dicha comisión. En tercer lugar, se planteaba la importancia de respetar el carácter local de la investigación y experimentación agrícola, de modo que pudieran acompañar la diversidad de la producción y sus especificidades regionales. Así, a modo de ejemplo, se definían dos lugares de referencia en los que asentar las principales estaciones experimentales para la zona de producción cerealera (la ciudad de Rafaela para el norte y centro y las ciudades de Pergamino o Guatraché para el sur); y se concentraba la experimentación citrícola en Concordia (provincia de Entre Ríos), con subestaciones en Misiones y Corrientes. En cuarto lugar, con base en el concepto de especialización, se planteaba que tanto el instituto central como las estaciones experimentales y las subestaciones estarían conformados por departamentos y divisiones técnicas en disciplinas o áreas, como genética, botánica, fitopatología, entomología, química y suelos, ingeniería rural, economía y administración rural, climatología y fenología, industria animal y fitotecnia. En quinto lugar, para garantizar el funcionamiento adecuado de los organismos creados, se indicaba la necesidad de contratar personal especializado mediante concursos de antecedentes y títulos, y se incluía la posibilidad de reclutar personal en el extranjero o enviar hacia allí becarios para que recibieran entrenamiento científico. Por último, se especificaban los recursos necesarios para concretar el proyecto y la forma de obtenerlos. Con ese propósito, se solicitaba una suma inicial de 20 millones de pesos para los gastos de instalación –compra de terrenos, construcción de edificios y adquisición de instrumental científico– y fondos adicionales para su sostenimiento, que surgirían de varias fuentes, como, por ejemplo, porcentajes en operaciones de los mercados a término e impuestos al tabaco, entre otras, además de partidas especialmente asignadas dentro del presupuesto nacional. Es decir, los recursos provendrían centralmente del propio sector rural, tema que fue objeto de polémica frente al tratamiento de proyectos similares. Para justificar la suma demandada, alta según los propios autores del proyecto, se argumentaba que era poco significativa en relación con los 3.500 millones de pesos que generaba el sector anualmente, además de que se trataba de un gasto que retornaría con creces. Por último, cabe mencionar que, en el proyecto, como ya lo había hecho Cárcano y como lo harían una y otra vez quienes luego se involucraron en estos temas, se mencionaba la importancia de los antecedentes internacionales. En esta oportunidad, además de Estados Unidos, eran referidos Francia, Inglaterra, Italia, España, Finlandia, Canadá, Australia, China y, sin especificar cuáles, algunos dominios ingleses, belgas y franceses. Según se afirmaba, la copiosa documentación obtenida evidenciaba el claro retraso en que se encontraba el país (Ministerio, 1938).^[9]

El proyecto de ley no recibió tratamiento en el Congreso Nacional y, de esa forma, los intentos iniciales no se concretaron. De todas maneras, sentaron precedentes de los que se valieron otros funcionarios y políticos en los años venideros, en diversas declaraciones y proyectos. En 1941, Daniel Amadeo y Videla, entonces al frente del MAN, pronunció el discurso inaugural de la Primera Reunión Argentina de Agronomía. En sus palabras, se advierte una continuidad explícita con los antecedentes reseñados. Así, planteó que la ciencia tenía una importancia fundamental para el desarrollo de la producción agropecuaria, destacando que los avances en materia tanto de genética animal como de tratamiento y prevención de las enfermedades de plantas y animales constituían grandes conquistas de la época, equiparables a los más importantes avances en biología, medicina humana, física y química. Asimismo, reafirmó el concepto de especificidad regional, y postuló la dificultad que suponía conseguir resultados universales en la investigación agropecuaria y la conveniencia asociada de instalar sedes experimentales en cada país, zona o medio ecológico. También, al igual que antes lo hicieran Cárcano y los técnicos involucrados en la elaboración del proyecto de ley presentado al Congreso, aseguró que los gastos en materia de investigación agropecuaria serían recuperados con los incrementos productivos. Al respecto, repitió que el sector agropecuario generaba anualmente 3.500 millones de pesos moneda nacional y justificó, así, que cualquier cifra invertida en investigación era exigua. De igual modo, comparó la situación del país con la de otros Estados modernos. Ejemplificó, específicamente, con el caso de los Estados Unidos, destacó la importancia de las leyes Hacht (1897), Adams (1906), Purnell (1925) y Bankhead-Jones (1935), y mencionó que la última había autorizado al gobierno federal a invertir solo en el año 1940 una suma equivalente a 45 millones de pesos argentinos. Otro punto de coincidencia consistió en el reconocimiento de antecedentes relacionados con la investigación agropecuaria oficial, a los que evaluó al mismo tiempo como importantes e insuficientes. De esa forma, así como resaltó, entre otros tópicos, la introducción de nuevas variedades de cultivos (trigo, maíz, lino y naranjas), la adaptación de otras (tabaco y vid vinífera) y los avances realizados en el control de plagas, sostuvo que se debía profundizar el apoyo a la investigación agropecuaria, dotarla de mayores recursos y mejorar sus reparticiones. Por último, destacó la importancia de la especialización, pero siempre que fuera acompañada por su contracara, la coordinación central, pues entendía que, sin el panorama amplio ofrecido por esta última, los esfuerzos parciales se verían truncados. A partir de esas consideraciones, Amadeo y Videla concluyó su alocución señalando que el gobierno y los profesionales a quienes les hablaba, mayormente ingenieros agrónomos y veterinarios con desempeño en la universidad, debían comprometerse en elaborar un plan orgánico de investigación agropecuaria con el propósito de reforzar los lazos entre ciencia y economía.^[10]

Al año siguiente, esto último se concretó en la presentación de un proyecto de ley para la organización de las actividades de investigación y experimentación dentro del Ministerio, cuyo autor era Amadeo y Videla. Allí, se proponía la creación de un instituto central —como novedad, se explicitaba que su emplazamiento sería en las cercanías de la Capital Federal— compuesto por departamentos especializados en un problema o conjunto de problemas afines y de veinticuatro estaciones experimentales, una por cada provincia o territorio nacional, algunas de las cuales contarían, también, con subestaciones y campos experimentales. El proyecto, además, establecía la existencia de cinco regiones que agrupaban a diferentes provincias. Para coordinar y supervisar las diferentes dependencias establecidas, se creaba el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria, una entidad equivalente a la Comisión de Investigación y Experimentación propuesta por Cárcano y los técnicos que lo secundaban. Entre las autoridades de este Consejo, cinco corresponderían a jefes de estaciones experimentales, uno por cada una de las regiones identificadas. Todas las provincias, a su vez, contarían con consejos locales de investigación agropecuaria. El proyecto definía también las funciones de cada uno de estos cuerpos. Sin entrar en detalles, resaltan, en este plano, el papel de coordinación que se asignaba a los consejos (por ejemplo, la prerrogativa de establecer los problemas por estudiar), la concentración del instituto central en problemas considerados fundamentales (“aquellos cuya finalidad tienda a aumentar los conocimientos científicos universales y consecuentemente los recursos que se aplican finalmente al mejoramiento agropecuario”) y generales (“aquellos que por su naturaleza afectan a todo el territorio nacional”), y el foco de las estaciones experimentales en problemas de aplicación (“los que afectan a la producción agropecuaria de la respectiva región, de igual manera a sus industrias, mediante principios científicos que conduzcan al mejoramiento y aprovechamiento de la producción en todos sus aspectos”).^[11] Para costear el proyecto, se establecía una partida fija de 9 millones de pesos, destinada a los gastos de instalación –incluyendo la adquisición de terrenos, edificios e instrumental científico– y funcionamiento. Por último, se definía que la designación del personal científico, técnico y administrativo se haría mediante la realización de concursos públicos de oposición y antecedentes. Como excepción, se aceptaba la contratación de personal extranjero de carácter científico y técnico, frente a la necesidad de investigaciones especiales en el instituto central o alguna de las estaciones experimentales.

En los fundamentos del proyecto, Amadeo y Videla volvió sobre una serie de temas que tanto él en el discurso aludido como sus antecesores habían considerado. Además, introdujo elementos novedosos. Así, en un contexto en el cual ya eran muy visibles los avances de la industrialización en la Argentina –y se discutían los caminos de desarrollo convenientes–, destacó que la prosperidad del país dependía fundamentalmente del aprovechamiento racional de sus riquezas naturales, especialmente las que ofrecía el suelo para la explotación de la agricultura y la ganadería, y así lo seguiría haciendo al menos durante algún tiempo.^[12] Al discurso, que resaltaba la importancia de organizar las actividades científicas y tecnológicas oficiales, le incorporó dos cuestiones que no se habían mencionado. Por un lado, indicó que, debido a su naturaleza, costo y amplitud, era difícil que estas actividades fueran realizadas por entidades particulares. En estos asuntos, por tanto, no se podía depender de la iniciativa privada. Por otro lado, señaló la inconveniencia de que los descubrimientos a los que podía llevar la investigación científica fueran monopolizados. En relación con la experiencia internacional, planteó que todos los países civilizados se habían preocupado por organizar las tareas de investigación y experimentación agropecuarias como una rama importante del gobierno. En este sentido, ofrecía datos muy detallados sobre los recursos que destinaban a ello países como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Chile, Perú y Brasil. Al igual que en el discurso pronunciado ante los agrónomos, destacó la relevancia de los antecedentes con los que contaba el MAN, pero indicó las deficiencias ocasionadas por la falta de recursos, un plan de conjunto y la coordinación necesaria. Explicó, también, algunos aspectos específicos del proyecto. Así, justificaba la decisión de crear una estación experimental por cada provincia o territorio nacional, pues así se había hecho en los Estados Unidos, y planteaba que la instalación del instituto central en las cercanías de la Capital Federal obedecía a que allí se encontraban concentradas actividades de la misma naturaleza, con las que resultaba conveniente mantener contacto. De esa forma, los investigadores del instituto tendrían fácil acceso a bibliotecas, laboratorios y conferencias científicas en las instituciones que ya existían y se encontraban bien dotadas. Por último, Amadeo y Videla realizó una descripción detallada del tipo de personal que integraría los nuevos establecimientos. En este marco, postuló la necesidad de “desarrollar una ‘política científica’ con la que atraer y mantener a los hombres de talento” y habló de “instituir una verdadera carrera del investigador”^[13] con un sistema de concursos para ingresos y ascensos. Sostuvo, al respecto, que la antigüedad sin aptitud no era un criterio aceptable. Afirmó, por último, que en casos especiales y concretos se podría contratar personal extranjero, en ningún caso para el ejercicio de funciones directivas.

En 1944, durante la gestión como ministro de Diego Mason, se intentó una reorganización profunda del MAN. Según se explicaba, el organismo abarcaba entonces una gran cantidad de tareas vinculadas a múltiples aristas de la actividad económica nacional, tanto agropecuarias como industriales, estas últimas luego de experimentar un crecimiento marcado durante la década previa. Como consecuencia, habían proliferado organismos administrativos de distinta jerarquía (juntas, comisiones, institutos, etc.) sin que esto obedeciera a un plan y esa dispersión atentaba contra cualquier intento de ejecutar una política económica unificada. Frente a esta situación, la reorganización aprobada creó una subsecretaría de la que dependían cuatro direcciones generales (Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio) y estableció ocho direcciones independientes (Administración, Asuntos Jurídicos, Estadística, Investigaciones, Enseñanza, Parques Nacionales y Turismo, Meteorología, Geofísica e Hidrología y, por último, Forestal). Junto a esto, otorgó carácter autárquico a ciertas entidades que entendían sobre los problemas de colonización, energía, granos y carnes. En el marco de estos cambios, se pretendió dar mayor impulso a la investigación y experimentación agropecuaria, marco en el cual fue recuperado mucho de lo afirmado en los años previos. Así, se destacó que el perfeccionamiento y la prosperidad de la agricultura descansaban en la investigación y experimentación llevadas a cabo en el ambiente natural de cada región y se mencionó el contraste entre la situación local y la experiencia internacional, planteando un nexo directo entre el lugar asignado a estas actividades y el progreso alcanzado en la explotación del suelo cultivable. En cuanto a medidas concretas, los decretos n.° 16845 y n.° 16846 otorgaron carácter autárquico a dos creaciones recientes, la Dirección de Estaciones Experimentales –se contempló, además, la inauguración de nuevas estaciones experimentales– y la Dirección de Investigaciones, entidades que unificaban organismos, hasta entonces, independientes entre sí. La primera de estas direcciones quedó bajo dependencia de la Dirección de Agricultura. La segunda, del propio MAN (Ministerio, 1945).^[14] Según datos ofrecidos en 1947 por el senador Alejandro Mathus Hoyos, durante la gestión de Mason se produjo un incremento notable en los fondos destinados a la investigación agropecuaria, que pasaron de 1.500.000 pesos a 8.169.180, y mantuvieron niveles similares durante 1945 (8.198.460).^[15]

En 1945, el nuevo ministro de Agricultura, el coronel Amaro Ávalos, se expresó sobre estos asuntos cuando se firmó la adquisición de los terrenos en que se ubicarían el Instituto Central y la Estación Experimental Central del MAN, situados en la localidad de Castelar, partido de Morón, a unos 25 kilómetros de la Capital Federal.^[16] Es decir, aun a pesar de que no fueran sancionadas las leyes promovidas originalmente por Cárcano y Amadeo y Videla, se creó, de esa forma, una dependencia que centralizaba y coordinaba la investigación dentro del ministerio, con la instalación de sus principales establecimientos en cercanías de la Capital Federal. En su discurso, Ávalos señaló que el progreso y el bienestar agropecuario solo eran posibles a condición de que esta actividad se basara en la investigación científica metódica y persistente, planteó la necesidad de contar con instalaciones adecuadas y recursos suficientes, y destacó la importancia que tenían algunos modelos extranjeros. De hecho, según afirmó, la organización que se estaba dando a las tareas de investigación dentro del MAN se asemejaba a la que habían aplicado los países de agricultura más avanzada.^[17] Al año siguiente, por medio del decreto n.° 15132, se constituyó el Consejo Directivo de la Dirección General de Laboratorios e Investigaciones. Este decreto fue reglamentado poco tiempo después y se estableció que el organismo tendría a su cargo la coordinación y vigilancia de las investigaciones del ministerio, que desde entonces se llevarían a cabo en diferentes laboratorios (Botánica, Fitopatología, Suelos y Agrotécnica, Acridiología, Microbiología Agrícola e Ingeniería Rural), en el Servicio de Estaciones Experimentales Regionales y en la Estación Experimental Central.^[18] No obstante, menos de un mes más tarde, un nuevo decreto (n.° 2906) dio marcha atrás con estos cambios y estableció nuevamente los institutos.^[19]

Ese mismo año se formuló un proyecto para crear un Centro de Investigaciones Agropecuarias. De nuevo, se resaltó la importancia que tenía realizar investigaciones con base científica de cara a lograr la diversificación y el mejoramiento de la producción vegetal y animal. Se insistió en recuperar el ejemplo de los “países más evolucionados” –se citaban los casos de Francia, Rumania, Estados Unidos, Canadá y Brasil–, en los que era un patrón común la implantación de una red de estaciones experimentales y laboratorios regionales, tan extensa y variada como lo marcara la diversidad de los ambientes naturales característicos, y el funcionamiento de uno o más organismos centrales encargados de realizar estudios fundamentales –aunque no se usara el término, referían a “ciencia básica”– y coordinar la actividad de las estaciones experimentales y los laboratorios regionales.^[20] El proyecto también consideró aspectos prácticos para su concreción, incluyendo tanto las obras necesarias para la construcción y habilitación de los edificios como la adquisición de equipos e instalaciones para los laboratorios, insectarios, bibliotecas y auditorios, entre otros. El costo contemplado era de 40 millones de pesos, que se imputaría, por medio de cuotas anuales, a los presupuestos de los años 1947 a 1951. Además, se buscó constituir una red nacional de estaciones experimentales, para la cual se invertiría un total de 8.400.000 pesos. Gracias a ello, se afirmaba, hacia 1951 el país contaría con 22 estaciones experimentales instaladas.

Así, a pesar de las fluctuaciones, los hechos reseñados dan cuenta de un ministerio en crecimiento con un reconocimiento ampliamente extendido, entre autoridades ministeriales y técnicos, de la importancia que tenía incentivar y organizar las actividades científicas y tecnológicas. En 1948 se sancionó la Ley n.º 13254, “de Organización de Investigaciones Agropecuarias”. Su impulso obedeció a un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la elaboración del Primer Plan Quinquenal. La forma final que adquirió esta ley, luego de que fueran introducidos cambios significativos durante su tratamiento parlamentario, debía mucho a los proyectos y discusiones considerados hasta aquí.

La Ley n.° 13254 fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 20 de septiembre de 1948, días después de su sanción en el Congreso de la Nación. Entre sus artículos, establecía la creación de un Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, cuya sede se encontraría en los terrenos adquiridos en Castelar y centros nacionales de investigación agropecuaria, en cada una de las cinco regiones naturales típicas del país, aquellas que identificaba el proyecto de Daniel Amadeo y Videla. Asimismo, postulaba que cada provincia contaría con una estación experimental equipada con los laboratorios necesarios y a cargo de subestaciones, si correspondiera. Los organismos creados de esa forma, planteaba la ley, gozarían de autonomía administrativa, dispondrían de un presupuesto acorde a sus funciones, coordinarían sus actividades con centros similares a los del Ministerio de Agricultura e incorporarían personal científico, nacional o extranjero, al que se le debería asegurar una carrera en su especialidad, con recompensas materiales y morales adecuadas. Para las construcciones necesarias, la ley contemplaba una inversión de 40 millones de pesos destinados al Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 46 millones de pesos a las estaciones experimentales y 22 millones de pesos a las subestaciones y laboratorios asociados.^[21]

Esta ley sintetizaba las deliberaciones e iniciativas que tuvieron lugar durante la década previa. Su antecedente inmediato no fue la propuesta presentada por Ávalos, sino un proyecto de ley incorporado al Plan de Realizaciones e Inversiones para el período 1947-1951 del Poder Ejecutivo (Plan Quinquenal), que solo contemplaba la creación de un Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias –solicitaba 40 millones de pesos con ese propósito– y excluía, así, el capítulo referido a las estaciones experimentales. Por medio de un despacho de la comisión especial conformada en el Senado de la Nación para estudiar los proyectos legislativos vinculados al Plan Quinquenal, favorable, pero con modificaciones –fundamentalmente, reincorporaba las estaciones experimentales–, el asunto comenzó a tener tratamiento parlamentario y adquirió estatus de ley luego de dos años de deliberaciones, en las que se introdujeron unos pocos, pero significativos cambios.

El despacho favorable de la comisión especial y el proyecto modificado fueron presentados en el recinto parlamentario por el senador oficialista Alejandro Mathus Hoyos.^[22] Según el principal argumento que propongo en este artículo, sobresalen en su exposición los notables consensos a los que se había llegado entonces, con alusiones a la importancia que tenía fundar la acción ministerial sobre una base científica, los límites asociados a utilizar resultados obtenidos en otros contextos, la necesidad consecuente de promover y organizar las actividades de investigación y experimentación, las características de la experiencia internacional en la materia y las razones por las cuales convenía ubicar el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias en las cercanías de la Capital Federal, entre otras cuestiones.

Además de estas coincidencias, hay, en su discurso, dos cuestiones que deben destacarse. En primer lugar, al explicar cómo había trabajado la comisión para analizar el proyecto enviado por el Ejecutivo y modificarlo, Mathus Hoyos mostraba una dinámica muy propia de las acciones que encararon todos los involucrados en las iniciativas y deliberaciones analizadas previamente, consistente en la búsqueda y sistematización de una gran cantidad de información. En este caso, para reformular el proyecto, los miembros de la comisión encargada de su estudio tomaron contacto con técnicos ministeriales, solicitaron informes a los decanos de las facultades de agronomía, se entrevistaron con banqueros, recorrieron todo el país analizando los problemas productivos de las diferentes regiones –escucharon allí la opinión de técnicos y productores– y acumularon una copiosa bibliografía. Esto último, a partir de un trabajo que incluyó acudir a las bibliotecas del antiguo Instituto Internacional de Agricultura, del Congreso de los Estados Unidos y particulares, como la del ingeniero agrónomo Roberto Millán, un técnico de la División de Agricultura que, en esos años, comandaba la investigación papera en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, y en conexión con la actividad recién mencionada, el nivel detallado de conocimiento que se poseía sobre el país, sus regiones, los diferentes problemas que afectaban la producción y cómo la investigación científica y la experimentación podían ayudar a resolverlos en cada caso. Para dimensionar este hecho, se puede mencionar como detalle la gran cantidad de páginas ocupadas por la transcripción de esos pasajes del discurso de Mathus Hoyos y de las respuestas que encontró entre sus interlocutores.

El proyecto elaborado por los senadores, sostuve, contenía diferencias significativas con respecto al que había presentado el Poder Ejecutivo en el plan quinquenal. La más importante era que introducía nuevamente las estaciones experimentales. Aunque no fueran explicitadas las razones, no es difícil imaginar que, de esa forma, el proyecto resultaba más aceptable para los representantes de las provincias del “interior” del país. Al respecto, en su alocución, Mathus Hoyos señaló que un proyecto de esa naturaleza no podía limitarse a contemplar el territorio comprendido por la “gran pradera argentina”.^[23] Así es como, en una gestión que prosperó, los integrantes de la comisión revisora se entrevistaron con los ministros de Agricultura y de Hacienda y con el propio presidente de la nación para que comprendieran la importancia de los fondos adicionales solicitados. A pesar de esta modificación, este asunto fue el único que todavía generó alguna objeción durante la discusión en el Senado. Vicente Saadi y Felipe Gómez del Junco, respectivamente senadores por las provincias de Catamarca y Córdoba, criticaron lo que veían como un desequilibrio entre los fondos destinados al Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias y los que se asignaban a las estaciones experimentales. Según plantearon, no parecía justificado otorgar 40 millones de pesos para la construcción de un solo centro y 68 millones para gran cantidad de estaciones experimentales, subestaciones y laboratorios. Pese a los intercambios que ocasionaron estas intervenciones, los defensores del proyecto original hicieron valer su punto de vista, destacando que seguía los lineamientos de la experiencia internacional y se basaba en cuidadosos estudios realizados por técnicos de los ministerios de Agricultura y de Obras Públicas. Argumentaron, con base en el último punto, que no correspondía a los legisladores improvisar al respecto. Así, con los cambios referidos, el proyecto obtuvo media sanción.

En la Cámara de Diputados, el proyecto encontró una oposición más dura. El tema ingresó al recinto el día 16 de septiembre de 1947, luego de ser revisado por la Comisión de Legislación Agraria, que produjo dos despachos, uno a favor por la mayoría y otro en contra por la minoría. Esa disidencia anticipó la discusión que sobrevino. El despacho por la mayoría acompañaba el proyecto aprobado por los senadores, con modificaciones menores. En el informe con el que fue presentado, aparecían, una vez más, todas las consideraciones por las que, según mostré a lo largo del trabajo, se justificó en esos años la importancia que tenía promover la investigación y la experimentación agropecuaria oficial.

El despacho por la minoría, firmado por cuatro integrantes del “bloque de los 44”, como se conoció a los diputados de la Unión Cívica Radical opositores durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, rechazaba el proyecto de ley aprobado por el Senado y proponía, como alternativa, la sanción de otro, presentado por el disputado radical Ricardo Balbín, cuyo eje era la creación de una Comisión Nacional para la Investigación, Fomento de la Producción Agropecuaria y la Industrialización de los Subproductos de la Tierra, bajo dependencia del Consejo Agrario Nacional. El proyecto de Balbín dividía el país en zonas productivas (ganaderas, agrícolas, azucareras, vitivinícolas, algodoneras, yerbateras y forestales) y planteaba que, en cada una de ellas, funcionaría una comisión regional integrada por dos ingenieros agrónomos, dos veterinarios y dos químicos, bajo la presidencia de un representante designado por el Consejo Agrario Nacional. Las comisiones regionales serían las encargadas de las tareas de investigación y extensión. La Comisión Nacional, por su parte, se encargaría de supervisar la actividad de las anteriores y avanzar en diferentes aspectos concernientes a la industrialización de los subproductos de la tierra, incluyendo la elaboración de un proyecto de ley referido a este asunto, el asesoramiento a quienes quisieran montar establecimientos de esas características, la realización de campañas publicitarias y el otorgamiento de becas a profesionales dispuestos a trabajar en esos temas. El proyecto no decía nada sobre los recursos necesarios para concretarlo. Se limitaba a señalar que el Ministerio de Agricultura propondría los sueldos percibidos por los miembros de las distintas comisiones y establecía que los gastos asociados a la ejecución de esta ley saldrían de rentas generales, hasta tanto fueran incorporados al presupuesto nacional. Por último, asignaba un límite temporal preciso a la comisión, de cinco años, sin aclarar cómo se organizarían las actividades a partir de ese momento.

El despacho por la minoría, acorde al proyecto que apoyaba, consideraba innecesario fundar el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias en las inmediaciones de la Capital Federal, pues existía la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que contaba con los elementos adecuados. A lo sumo, argumentaba, podían conferirse mayores y mejores instrumentos y personal a esa institución, en caso de que esto fuera necesario. A su vez, opinaba que era mucho más importante la instalación de este tipo de organismos en el interior del país, donde se encontraban radicadas las producciones básicas. Esta posición fue defendida en el recinto por dos figuras destacadas de la Unión Cívica Radical: además del ya citado Balbín, el diputado porteño Arturo Frondizi. Sus críticas se concentraron en dos dimensiones clave del proyecto. Por un lado, una que lo atacaba en sus fundamentos y cuestionaba la falta de consideraciones significativas a propósito de la industrialización de los subproductos de la tierra, eje de la propuesta legislativa elaborada por Balbín. Según consideraban estos legisladores, el país estaba perfectamente adelantado en su producción agropecuaria, pero se encontraba retrasado en el aprovechamiento de los subproductos, asunto que el proyecto oficialista no consideraba. Por otro lado, se impugnaba la financiación del proyecto, que sería costeada por el campo. Con ironía, Balbín afirmaba: “es la primera vez que viene una iniciativa tendiente a proteger al campo, a tenderle una mano para mejorarlo, para lustrarlo… y se le dice esta noticia terrible: usted tiene que pagarla, después de haberlos estado desposeyendo durante un año”.^[24] La primera crítica no fue considerada y el proyecto se aprobó, en ese aspecto, tal como lo proponía la mayoría. Hubo, no obstante, una modificación en relación con la segunda de las críticas, puesto que, en la ley aprobada, se rebajó el porcentaje solicitado al sector agropecuario para financiar las actividades contempladas por el proyecto, que pasó, así, del 3 % al 1 % sobre el total de lo producido.

A lo largo de este trabajo, analicé cómo, durante el período considerado, se consolidaron importantes consensos a propósito de la relevancia que tenía fortalecer la investigación agropecuaria oficial y los modos de organizarla, de mucho significado en años posteriores. En términos estilizados, algunos rasgos centrales dentro de estas concepciones compartidas fueron la necesidad de crear un organismo central que cumpliera funciones de coordinación –que se concretó en los terrenos adquiridos en Morón– y organizarlo en torno de divisiones centradas en la especialización disciplinar –esto se hacía por momentos en abstracto, pero mayormente en relación con los desarrollos institucionales existentes–, establecer estaciones experimentales para atender a problemáticas productivas regionales, definir con precisión las tareas de investigación –y diferenciarlas de otras– y promover carreras laborales asociadas. Junto con esto, la creencia subyacente de que la conformación de una base técnica sólida era indispensable para orientar la actividad de los productores rurales.

Los resultados obtenidos suman evidencia a un conjunto de trabajos que, centrados en la historia de las políticas científicas y tecnológicas en el país, plantean la relevancia de algunos procesos que se iniciaron a mediados de la década de 1930, orientados hacia el establecimiento de incipientes políticas públicas en ese ámbito, ya sea mediante la conformación de grupos que presionaron en esa dirección o por el apoyo estatal a la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia (Hurtado, 2010; Feld, 2015; Lida, 2022). Aquí, en particular, presté atención a un fenómeno hasta ahora no atendido, concerniente a un conjunto de proyectos y deliberaciones para fortalecer, centralizar y organizar la investigación y experimentación agropecuaria. Estos resultados parciales, en relación con los antecedentes bibliográficos referidos, llaman a revisar las interpretaciones que destacan la creación de instituciones estatales para la promoción de la ciencia y la tecnología a mediados de la década de 1950, sin considerar en forma debida su conexión con desarrollos previos. Así, con respecto a los proyectos analizados, se aprecia que, por debajo del agitado clima político de esos años, hubo fuertes convergencias y continuidades en cuanto a la importancia asignada al fomento de la investigación agropecuaria y la forma de entender cómo debía organizarse, aun cuando esto no necesariamente se plasmara en realizaciones efectivas.

El artículo se concentró exclusivamente en el análisis de los proyectos y discusiones que derivaron en la sanción de la Ley n.° 13254, con una forma de concebir la organización de la investigación agropecuaria estatal que tuvo efectos importantes en la posterior creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En el trabajo, no realicé una caracterización sociológica de los actores involucrados en estos procesos, ya fueran legisladores o autoridades y técnicos ministeriales. A propósito de estos últimos, aparece una cuestión especialmente significativa en conexión con la bibliografía citada con relación a los nexos entre saber experto y la configuración de estructuras estatales orientadas al sector agropecuario entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Esta literatura, al igual que investigaciones recientes dentro del área de estudios sociales del Estado, abordó de manera más amplia y dio cuenta de un refuerzo mutuo entre la formación de cuerpos técnicos (científicos y profesionales) y la creación y funcionamiento de áreas estatales, por el cual los técnicos formados en universidades contribuyeron a la identificación y definición de problemas relevantes para el Estado. Asimismo, encontraron allí un canal para implementar las soluciones propuestas y dar curso e impulso a sus carreras laborales y los dominios de saber en los que se inscribían. En los resultados presentados, se observa que estos mismos técnicos no solo participaron en la configuración de espacios de intervención estatal estrictamente vinculados con su pericia, sino, de manera más general, en el diseño de una política de fomento a la investigación y experimentación agropecuaria. De esta forma, caracterizar a estos actores constituye una vía significativa de exploración ulterior, que contribuirá a una comprensión más detallada de los procesos descritos y su conexión con la configuración de una estatalidad orientada al sector agropecuario entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, estrechamente vinculada con la conformación de un cuerpo de técnicos especializados en los problemas del sector.

[1] Utilizo el término investigación y experimentación agropecuaria para referir en forma indistinta a las iniciativas orientadas a promover las prácticas de investigación agrícola y ganadera. Esto en pos de una mayor fluidez narrativa y debido a que los propios actores, por momentos, usaron en forma poco precisa esos términos, indicando, por ejemplo, que se sobreentendía que la expresión investigación agrícola también comprendía las que hacían foco en la ganadería. Pese a ello, es de destacar que esto no siempre fue así –es decir que, en muchos casos, hablaron exclusivamente de investigación agrícola– y que los proyectos y deliberaciones aquí analizados estuvieron mayormente enfocados en las primeras. Julio Djenderedjian (2019) ofrece una buena explicación a propósito de las razones por la cuales desde fines del siglo XIX la promoción estatal se enfocó en la investigación agrícola y no tanto en la ganadera, consecuencia de la mayor actividad desplegada en ese último caso por el sector privado.

[2] Estos vaivenes estuvieron asociados a las importantes transformaciones que experimentó el país en esos años, que incluyeron el declive de un patrón de crecimiento económico centrado en la exportación de materias primas y la consolidación de otro con eje en la industrialización orientada al mercado interno, el ocaso del orden político liberal-conservador, el ascenso del nacionalismo y la posterior consolidación del peronismo. No obstante, según se muestra en el trabajo, estas diferencias no resultaron significativas en relación con los proyectos formulados.

[4] El crecimiento de esta área de estudios forma parte de una renovación en los estudios sociales del Estado en Argentina, dentro de la cual el nexo entre saber experto y configuración estatal como objeto de preocupación teórica adquirió un lugar de privilegio. La literatura sobre el tema es amplia y, solo a título de orientación general, se pueden mencionar algunos libros que combinan reflexión teórica y estudios de caso (Frederic et al., 2010; Plotkin y Zimmermann, 2012; Di Liscia y Soprano, 2017).

[5] Aunque en este trabajo no abordo esta cuestión, hubo, en torno de los proyectos analizados, discusiones que tenían como eje el ámbito institucional en el cual debía emplazarse la investigación, con posiciones encontradas entre quienes se manifestaban en favor del MAN y quienes lo hacían por las universidades.

[6] La hipótesis coincide con las indicaciones realizadas por Federico Martocci (2020), quien advierte sobre la necesidad de revisar las interpretaciones que enfatizan la marcada discontinuidad que introdujo el INTA, mayoritarias a su criterio, y de considerar la relevancia de experiencias previas en experimentación, educación agrícola y extensionismo, tanto del sector privado como público, en distintas regiones del país. En la misma dirección se manifiesta Micaela Silvestro (2023), a partir de analizar el caso de la Unidad Integrada Balcarce del INTA y las continuidades en la investigación papera. En el trabajo aludido de Martocci, se pueden encontrar referencias bibliográficas que amplían el marco de discusión sobre este punto.

[9] Se proyecta una ley nacional de fomento de la investigación y experimentación agraria (3 de septiembre de 1937). Noticioso del Ministerio de Agricultura (Noticioso), pp. 5-7. Centro de Documentación e Información Agropecuaria de la Secretaría de Bioeconomía, Biblioteca Central. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

[11] Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones (CD. DS). 25 de agosto de 1942, p. 964. Biblioteca del Congreso de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[14] Para dar mayor amplitud y eficiencia a sus funciones, se ha asignado carácter autárquico a dos dependencias de ministerio (10 de julio de 1944). Noticioso, pp. 76, 78.

[17] No hay progreso ni bienestar agrícola si el desarrollo de esta importante industria no se basa en la investigación científica de sus problemas (30 de junio de 1945). Noticioso, p. 49.

[18] Han sido reglamentadas las funciones del Consejo Directivo de la Dirección General de Laboratorios e Investigaciones (30 de junio de 1946). Noticioso, pp. 49-50.

[19] Volverán a tener categoría de direcciones e institutos las actuales inspecciones generales técnicas y laboratorios del ministerio (25 de julio de 1946). Noticioso, p. 57.