Reorganización, auge y crisis del liberalismo. El caso de la Fundación del Tucumán (1985-1995)

Reshaping, rise and crisis of liberalism. The Fundación del Tucumán (1985-1995)

Reorganização, ascensão e crise do liberalismo. O caso da Fundação do Tucumán (1985-1995)

Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones

El artículo aborda la vida de la Fundación del Tucumán en el marco de la reorganización, auge y crisis del liberalismo local en el pasado reciente. Para llevar adelante esta tarea, se analizaron sus intervenciones públicas, emprendimientos editoriales de investigación y divulgación, así como también la recolección de una fuente oral. Además, se ubicó la vida política de la organización en diálogo con actores globales, nacionales y locales en vistas al propósito de reconstruir sus redes de escalas múltiples. De este modo, fue posible analizar la circulación y recepción del ideario liberal en una escala local, las singularidades que asumió la crítica a la forma estatal y los vínculos con el gobierno de la provincia de Tucumán.

historia latinoamericana; liberalismo; difusión de conocimientos; intelectuales

This article addresses the life of the Tucumán Foundation within the context of the reorganization, rise, and crisis of local liberalism in the recent past. To accomplish this task, its public interventions, editorial research and dissemination endeavors, and the collection of oral sources were analyzed. Furthermore, the organization's political life was placed in dialogue with global, national, and local actors with a view to reconstructing its multi-scale networks. In this way, it was possible to analyze the circulation and reception of liberal ideology at a local level, the unique aspects of its critique of the state form, and its ties with the government of the province of Tucumán.

O artigo aborda a vida da Fundação do Tucumán no contexto da reorganização, ascensão e crise do liberalismo local no passado recente. Para levar adiante essa tarefa, foram analisadas suas intervenções públicas, empreendimentos editoriais de pesquisa e divulgação, bem como a coleta de uma fonte oral. Além disso, a vida política da organização foi situada em diálogo com atores globais, nacionais e locais, com o objetivo de reconstruir suas redes de múltiplas escalas. Dessa forma, foi possível analisar a circulação e a recepção do ideário liberal em escala local, as singularidades assumidas pela crítica à forma estatal e os vínculos com o governo da província de Tucumán.

história latino-americana; liberalismo; difusão de conhecimentos; intelectuais

Reorganización, auge y crisis del liberalismo. El caso de la Fundación del Tucumán (1985-1995)

En las últimas décadas, el interés por las identidades sociopolíticas más allá de la vida partidaria se ha convertido en un ámbito fructífero para los estudios históricos. El liberalismo, en sus diversas formas organizativas y matices internos, es un campo de interés para las ciencias sociales. Asimismo, es posible registrar consensos historiográficos y vacancias temáticas, sobre todo al modificar la escala de análisis y el estudio de casos subnacionales. Es por ello que este trabajo busca comprender la reorganización, el auge y la crisis del liberalismo en una escala subnacional, a partir de una de sus organizaciones: la Fundación del Tucumán. Esta organización se ubica en una intersección entre la acción corporativa del empresariado local, la difusión de ideas liberales y el intento de colocar a sus integrantes como parte de los elencos ministeriales del gobierno provincial.

La Fundación del Tucumán tiene su origen en septiembre de 1985, cuando un grupo de empresarios y profesionales de la ciencia económica suscriben el acta fundacional de la organización. A lo largo de una década, transitó por distintos momentos y se vinculó de diferentes maneras con el gobierno provincial y nacional. Por sus filas, pasaron intelectuales, expertos y empresarios que buscaron incidir en la agenda pública para introducir una mirada singular de la economía e impulsar una reforma estructural del Estado provincial. El propósito de este artículo es reponer elementos vacantes en la historización del pasado reciente, atender a los orígenes y trayectorias de los fundadores de la organización como también las distintas formas de intervención pública desplegadas durante el período analizado. De esta manera, se pretende aportar elementos iniciales para un abordaje más exhaustivo de los debates políticos del pasado reciente en el espacio local y el estudio de caso a nivel subnacional en el campo sociohistórico de organizaciones expertas y think tanks.

En el último tiempo, la transición democrática y la postdictadura se han consolidado como campos fértiles para nuevas producciones historiográficas. Sobre el momento de la transición, es posible asegurar la importancia de la tesis desarrollada por Marina Franco (2018) acerca de la pérdida progresiva de legitimidad del gobierno militar frente a acontecimientos claves, como la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1979, el paro general de la Confederación General del Trabajo en el mes de abril, el fracaso del diálogo político, impulsado por la Junta a través del documento “Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional” y la aceleración definitiva luego de la derrota militar en Malvinas. Si bien no es una afirmación novedosa, para los problemas de investigación centrados en las formas de producción y circulación de ideas y conceptos, concebir una mirada procesual que complejiza las condiciones históricas de la reapertura democrática resulta significativo ya que permite reconstruir la actividad de los actores sociales involucrados y sus intervenciones públicas. En ese sentido, para el estudio de organizaciones e intelectuales liberales, es fructífero asumir dos premisas claves. En primer lugar, siguiendo a Mariana Heredia (2006a), el Proceso de Reorganización Nacional (PRN) constituye una “bisagra” para las organizaciones comprometidas con la difusión de ideas liberales en tanto algunos de sus integrantes se incorporan en los elencos ministeriales, a pesar de manifestarse por un liberalismo más puro desde aquella “externalidad comprometida con los principios filosóficos del Proceso” (p. 319). Son actores que, con el retorno democrático, se convirtieron en “los portavoces más dinámicos y eficientes del discurso antiestatista” (p. 316). En segundo lugar, el campo del liberalismo se asemeja a una constelación que “comparten... un núcleo teórico básico, una lógica política, un lenguaje, redes de contactos y –en más de una ocasión– planes de gobierno y actores sociales” (Morresi, 2011, p. 50). Estos dos elementos permiten comprender las relaciones establecidas entre empresarios, intelectuales y la inscripción en una nueva forma de liberalismo. A su vez, la dictadura no fue un período homogéneo ni despojado de problemas internos para la alianza social gobernante, por lo que observar la transición como un umbral de reorganización de los intereses políticos y económicos en juego permite reconocer los matices existentes dentro del liberalismo argentino.

Nos interesan dos conflictos del período: por un lado, los dilemas en torno a la política económica de José A. Martínez de Hoz y la acción corporativa de las organizaciones empresariales que tuvieron relevancia a partir de 1979; por otro, el diálogo entablado con intelectuales liberal-conservadores para trazar condiciones del retorno a la democracia. Ambos elementos se vinculan con el objeto de este artículo ya que una de las características centrales de la Fundación del Tucumán fue el agrupamiento a partir de figuras empresariales y sus demandas específicas, y la difusión de ideas económicas monetaristas.

La publicación de las Bases y la apertura de rondas de diálogos con figuras del mundo de la política, empresariales e intelectuales pone de relieve la participación de estos actores en la discusión local.^[1] Existe un consenso en torno a que la premisa de apertura del gobierno militar a la participación civil llevó a que las rondas fueron protagonizadas por gobernadores e intendentes (González Bombal, 1991; Morresi, 2009). En el caso de la provincia de Tucumán, a fines de abril de 1980, el gobernador Lino Montiel Forzano (1977-1981); su ministro de gobierno, Héctor Guzmán Pinedo; el secretario de Información Pública, Juan Pedro Paulino; y el asesor especial, Juan Esteban Cossio, inauguraron el diálogo político con representantes empresariales. Los primeros convocados fueron Jaime Nougués, Oscar Alanís, Bojos Juan Molaies y Pedro Moraiz.^[2] Si bien la promesa oficial no era “tomar examen a los interlocutores”, sino que expresaran sus opiniones respecto al documento, tampoco hubo disonancia entre los contertulios.^[3] En ese sentido, nos interesa la opinión de Jaime Nougués, uno de los empresarios promotores y más involucrados en el desarrollo de la organización. Nougués asumió una defensa de las bases doctrinarias del documento (en su concepción cristiana de la vida) y coincidió con la propuesta de rediseño del Estado. Su participación puede sintetizarse en tres puntos: “modernización del régimen político, asignación a la propiedad privada el rol de motor y elemento insustituible de la creación de bienes y base del progreso de la comunidad e inspiración de todos los actores en función del bien común”.^[4] En consonancia con el planteo de Morresi (2019), Nougués sostiene que la interrupción del orden democrático en 1976 había restituido el Estado de derecho y, en virtud de ello, era necesario que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) asumieran un papel de control para que “el país no vuelva a vivir la situación que desató la guerra subversiva, acción en que las FF. AA. triunfaron y sobre la cual no cabe revisionismo alguno”.^[5] A fines de mayo, el economista Víctor Elías participó de la sexta ronda del diálogo político. Elías era una voz de consulta permanente para la Fundación del Tucumán, ya que fue uno de los promotores del puente construido entre el Instituto de Economía de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Universidad de Chicago. Es posible registrar su coincidencia general con las bases políticas y el rol que pudieran cumplir las FF. AA. en la sociedad postdictatorial. Por su procedencia del ámbito universitario, la reunión tuvo por objeto el análisis de la nueva ley universitaria y el diagnóstico de la situación previa al golpe de Estado, que refería a una “guerra desatada por la delincuencia subversiva y que puso al país al borde la destrucción”.^[6]

Ahora bien, es posible invocar un consenso historiográfico para dar cuenta de dos procesos simultáneos: por un lado, las breves, pero intensas presidencias de Roberto Viola y Galtieri que trajeron consigo el fracaso del Diálogo (González Bombal, 1991), la sustitución de elencos de gobierno “moderados” por el sector “duro” de las FF. A.A. (Morresi, 2009) y el inicio de la guerra de Malvinas.^[7] Por otro lado, la mutación de la identidad política de la Multipartidaria y de los partidos confluyentes en este espacio hacia un abierto antimilitarismo, que tuvo el efecto inmediato de abrir una competencia entre los partidos por canalizar la demanda de una recuperación democrática sin tutela de las FF. AA. (Velázquez Ramírez, 2015). Por su parte, Emiliano Gambarotta (2017) analiza a la Multipartidaria desde su configuración discursiva durante el año 1981 y, si bien trabaja desde una perspectiva semiótica del discurso, el trabajo del autor nos interesa en función de que da cuenta de los desplazamientos producidos en ese orden. En el análisis documental, el itinerario de cambios en las demandas se organiza a partir de la división de lo político que construye la Multipartidaria. El uso de conceptos como democracia, libertad, justicia, solidaridad y pueblo cambian en virtud del entorno de enunciación, pero sobre todo permiten entender las mutaciones en el lenguaje político de la sociedad argentina y la legitimación del liberalismo político y sus fronteras. De este modo, es posible conectar las premisas trabajadas por Gambarotta con el planteo de Nicolás Freibrun (2014), quien entiende que la asunción de Raúl Alfonsín en la presidencia del país no solo supuso el retorno del imperio de la Constitución, sino también la reformulación de los debates políticos frente a lo que se presentaba como una novedad. Así, la “hora cero” de la democracia (Feld y Franco, 2015) fue un punto de partida cargado de sedimentos de su propio pasado inmediato. Gambarotta, Martina Garategaray y Ariana Reano (2021) le otorgan importancia a aquellos artefactos que circularon en el espacio cultural, donde se disponían los compromisos públicos o externos al nuevo gobierno. Revistas políticas y culturales constituyen objetos privilegiados para el estudio de la transición y la postdictadura como contextos intelectuales. Este tipo de investigaciones se interesaron por la recomposición del ecosistema partidario, la posición asumida por los intelectuales y las mutaciones de los conceptos políticos fundamentales, como Estado, democracia, liberalismo o socialismo. Sin embargo, consideramos que, para el caso del liberalismo, es posible acceder más allá de sus identidades partidarias.

Una vía de ingreso es a través de los debates económicos, sobre todo aquellos en torno a la naturaleza de la política económica de la dictadura y los posteriores gobiernos democráticos, donde se identifican discusiones entre intelectuales y agencias sobre la situación nacional. Los trabajos de Mariana Heredia (2006a, 2006b) son elocuentes al respecto. De acuerdo a las trayectorias de expertos y profesionales, los elencos económicos de la dictadura fueron objeto de crítica por parte de sectores heterodoxos y, si bien acordaban con el espíritu general del proyecto militar, otros grupos presentaban disidencias frente a las medidas del ministro Martínez de Hoz.^[8] Durante el umbral de la transición democrática –al que consideramos relevante por las características detalladas anteriormente–, los sectores heterodoxos vinculados a los “centros-refugio” (Heredia, 2011b) asumieron una voz preponderante en la opinión pública frente a la situación económica. El descrédito de los economistas liberales, la posibilidad de “evaluar teórica y prácticamente la herencia de la dictadura”, así como el desafío de resolver la inflación, fue la oportunidad de los sectores heterodoxos para ubicarse en el centro de la discusión sobre la política económica e integrarse al gobierno de Alfonsín (Heredia, 2006a). Expertos de la ciencia económica, como Roberto Frenkel y Adolfo Canitrot, radicados en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), promovieron la crítica sobre los objetivos de las FF. AA. de transformar radicalmente –en un sentido regresivo– el esquema de la economía argentina. En ese sentido, Heredia (2006b) sugiere que, en la década del setenta, “una nueva generación de liberales fue ganando prédica hasta lograr ser reconocida... como depositaria de la única alternativa al régimen de intervención estatal en crisis” (p. 314). La gestión económica de la última dictadura permite reconocer la articulación entre el liberalismo tradicional (organizado en partidos políticos y corporaciones empresariales) y el liberalismo tecnocrático (surgido como efecto de la modernización de mediados del siglo y establecido en universidades públicas y privadas, redes internacionales de pensamiento económico liberal y la profesionalización de la ciencia económica, que sirvió como puente articulador entre empresariado e intelectuales). El estudio de Heredia sobre las organizaciones del liberalismo tecnocrático que se consolidaron durante la dictadura es un antecedente sumamente significativo para cotejar, primero, las discusiones económicas en la transición democrática. En segundo término, para comprender las transformaciones del campo liberal (en sus dimensiones políticas e intelectuales) con el retorno del orden constitucional y, en tercer lugar, para establecer miradas comparativas que den cuenta del comportamiento político y la intervención pública de estas organizaciones en una escala local. Con Alfonsín en la presidencia, los sectores técnicos del radicalismo y los expertos radicados en organizaciones transnacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o agencias como el mencionado CEDES, conformaron los equipos económicos. Figuras como Bernardo Grinspun, Juan Vital Sourrouille, José Luis Machinea y Canitrot tomaron relevancia no solo en las definiciones económicas, sino que también expresaron la confrontación de estrategias, intereses contrapuestos y alternativas ofrecidas al presidente ante la crisis económica. En ese sentido, una publicación reciente de Juan Carlos Torre (2021) reconstruye el paso del equipo de Sourrouille por el Ministerio de Economía y, a pesar de no reconocerse en el campo de la historia intelectual, la investigación permite identificar las trayectorias de los actores involucrados, sus inscripciones políticas y técnicas, así como conocer las tensiones internas con Grinspun y los modos de decisión de las estrategias implementadas por Sourrouille.

Los años siguientes son especialmente relevantes, debido a las reformas económicas, sus pujas internas y las orientaciones finales que constituyen las características reconocibles del fenómeno menemista. Así, el estudio del campo liberal argentino incorpora una dimensión político-técnica. Respecto a ello, Antonio Camou (2007) propone un acercamiento desde tres vías posibles: en primera instancia, las reformas económicas en la historia reciente involucraron sensibles cambios en el vínculo existente entre conocimiento especializado y procesos de toma de decisiones; en segundo término, a partir de analizar las tensiones existentes entre actores y esferas socioinstitucionales en el entramado discursivo, político-estatal y socioprofesional del Estado; y, por último, la importancia de comprender “la articulación entre la esfera del expertise y otras esferas de producción de políticas públicas todavía lejos de alcanzar un grado satisfactorio de institucionalización” (p. 147). No obstante, en un trabajo anterior, el propio Camou (1997) contempla que el momento de legitimación del consenso en torno a las reformas económicas constituye un escenario caracterizado por el desplazamiento del interés sobre el tipo de régimen político hacia la producción y articulación del diagnóstico económico elaborado por los especialistas y técnicos y sus respectivos programas de ajuste. Estos elementos le permiten al autor entender a los expertos y sus redes de experticia como “nuevos articuladores de hegemonía”, ya que tienden a cumplir una función de amalgama sobre la “producción de visiones y creencias congruentes, y más específicamente de alegatos de políticas públicas que contribuyen a la formación de un conjunto de consensos básicos que aparece en el centro de todo paradigma de gobernabilidad hegemónico” (p. 65). Por otro lado, Sergio Morresi y Gabriel Vommaro (2011) ubican a los expertos como un “dominio de estudio socio-político” que puede ser conocido desde tres modalidades: el primero de ellos surge del análisis de “las trayectorias individuales... así como sus estrategias, recursos, capitales movilizados y espacios de circulación que sirvieron a la imposición de un cierto modo de intervención técnica sobre el mundo social” (p. 29); en segundo término, aquel que enfatiza en “los espacios y arenas de expertise” (p. 30), donde se incluyen los tipos de actividad, las justificaciones políticas y morales de los instrumentos movilizados, los espacios de socialización de nuevos integrantes, etc. El tercero, “los principios ético-políticos y discursos movilizados por los expertos” (p. 30), que aportan elementos para la construcción de los problemas públicos.

Como dijimos, la década de los noventa es un período fértil para el estudio de los expertos y sus modos de incidencia en las decisiones gubernamentales. Nuevamente, Heredia (2011a) realiza aportes sustanciales para entender el papel que cumplieron los expertos en economía en la construcción del orden neoliberal. La legitimidad de las intervenciones públicas de estos economistas estuvo precedida por una operación netamente intelectual, que consistía en escindir la dimensión económica de la dimensión política. Esto les permitió asumir una posición de presunta objetividad para inscribir sus diagnósticos y soluciones a la inestabilidad macroeconómica como única alternativa posible. Por ello, la autora plantea que su verdadera importancia radica en que “fueron parte del círculo íntimo que participó en la toma de decisiones, ubicándose en el desfiladero que media entre la identificación de los constreñimientos y la orientación de la voluntad” (p. 181). A lo largo del texto, la autora recorre distintos aspectos que constituyeron a la Convertibilidad, dispositivo clave de la política económica menemista.^[9] Resulta provechoso repasar sintéticamente dos de ellos: primero, aquel que analiza la construcción del consenso en torno a la instauración del modelo, al plantear que este no fue una “conversión ideológica generalizada” ni “una imposición a sangre y juego” (p. 184), sino que lograron presentarla como la única estrategia posible para obtener estabilidad. Los actores presentados eran individuos que formaban parte del debate público desde hacía por lo menos dos décadas atrás y tenían una amplia trayectoria en el campo, como Domingo Cavallo y Roque Fernández. En ese sentido, la propuesta de Morresi y Vommaro (2011) de analizar sus trayectorias e intervenciones públicas desde sus múltiples pertenencias institucionales permite dar cuenta de la red de establecimientos académicos, organizaciones políticas y empresariales, recursos y capitales movilizados e incluso cómo las redes de circulación se insertan en una trama global. Segundo, la complejidad que reviste al dispositivo de la Convertibilidad en sus dimensiones económicas y jurídicas, pero también política y social, aspecto que es analizado por Heredia (2011a) a través de los debates legislativos. La autora considera que su estudio permite comprender el panorama general de la dialéctica entre aliados y opositores y el impacto del régimen cambiario que modificó la estructura productiva, el sistema bancario y el empleo, además de redefinir los marcos de discusión de la política económica.

En otro trabajo, Heredia (2011b) se propone analizar la génesis, la dinámica y la continuidad de los centros de expertos insertos en el mundo económico. Como vimos anteriormente, los centro-refugio, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL– y el CEDES, fueron protagonistas del diseño de la política económica de Alfonsín, en especial desde el Plan Austral hasta su salida anticipada del gobierno. Durante la presidencia de Carlos Menem, organizaciones que ya habían formado parte de los elencos ministeriales durante la última dictadura volvieron a ser relevantes. La Fundación Mediterránea y el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina ocuparon el gabinete económico de Menem. No obstante, la autora señala que, en el contexto de validación social de estos economistas, también se puso en evidencia el fenómeno de la consolidación de un canal alternativo a la carrera partidaria para el acceso al Ministerio de Economía. Así, se verifica el hecho de que los dos grupos de economistas (liberales y heterodoxos) se dedicaron a asesorar a los partidos mayoritarios, preservando sus filiaciones teórico-profesionales y dejando de lado las preferencias partidarias. Asimismo, Heredia considera que una de las consecuencias de la democracia delegativa fue el debilitamiento de algunas asociaciones intermedias –como los sindicatos–, pero el encumbramiento de centros de expertise que “han aparecido y se ha consolidado como respuesta a la indiferenciación ideológica de las formaciones políticas, la degradación de las capacidades estatales, el deterioro de las instituciones académicas y la creciente influencia política y pública de empresarios y organismos internacionales” (p. 331).

La constelación de dichos centros, sus actores protagónicos y los modos de incidencia en las decisiones públicas han sido estudiados en dos sentidos. El primero de ellos surge en la búsqueda del entendimiento y la tipificación de la decisión política y, por lo tanto, sus aportes más significativos provienen de la ciencia política. En relación con ese primer sentido, Adolfo Garcé y Gerardo Uña (2007) asumen que los think tanks han ocupado un lugar importante entre la ciudadanía y el gobierno. El diagnóstico supone que, en las últimas décadas del siglo XX, se produjo la desafección de la ciudadanía con los partidos y estos perdieron la capacidad de diseño de sus plataformas electorales. Ante esto, surgieron liderazgos presidenciales fuertes y una brecha entre el gobierno y la ciudadanía, ocupada por las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, los centros de pensamiento.^[10] Ahora bien, bajo el amparo teórico y metodológico de las ciencias sociales, los autores buscan tipificar la actividad de este tipo de organizaciones en Argentina. En un trabajo anterior, Uña et al. (2004) ya identificaban a la Fundación del Tucumán como un centro de investigación privado, al compartir sus características centrales con la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y la Fundación Libertad o Nueva Mayoría. Sintéticamente, este tipo de entidades son instituciones de investigación fundadas con capital privado, dedicadas a la realización de estudios principalmente de carácter académico (Thompson, 1994). Por ello, su modelo organizacional, conducción y funcionamiento se asemejan a las entidades del sector privado, lo que les asegura cierta perdurabilidad ante los cambios en el contexto político. Respecto a sus actividades, Garcé y Uña plantean que se centran en la difusión o legitimación de políticas y “constituyen puntos de referencia claros y unívocos que permiten hacer explícita una toma de posición validada y con base técnica y académica en torno a un debate sobre temas públicos” (2007, p. 191), así como en actividades de investigación de temas estratégicos. Además, se ubican “distanciados de la coyuntura, intentando lograr que la atención de diversos actores se centre sobre temas estructurales y de mediano plazo” (p. 202), lo que les otorga legitimidad con el mundo empresarial y les permite insertarse en redes internacionales de producción académica. La conclusión de los autores es que los centros de investigación privados se construyen como ámbitos de difusión dirigidos al sector privado, a los líderes políticos y los sectores académicos vinculados a los procesos de toma de decisiones.

En relación con el segundo sentido, el campo sociohistórico ha desarrollado estudios relevantes sobre este tipo de organizaciones y sus modos de intervenir en la agenda pública. Ya hemos sintetizado los aportes esenciales de Heredia, quien abona a una perspectiva de tal tipo de los centros de expertise, sobre todo integrados en los gabinetes económicos de los últimos cincuenta años. Por su parte, Sergio Morresi et al. (2022) realizan un estudio de caso a nivel subnacional de una organización que podría ser catalogada, en la categorización propuesta por Andrés Thompson (1994), como un centro privado de investigación, la Fundación Libertad. Este trabajo nos resulta relevante en tanto combina una mirada sociohistórica de estas plataformas de análisis político y económico en una escala subnacional. Sobre este punto, se señala que el interés aparece en la primera década del siglo XXI y, en el país, se mostró que “la mayoría de los TT [think tanks] privilegiaban su intervención en el gobierno nacional independientemente si estaban orientadas a la investigación... o a la implementación de políticas públicas... y que incluso había dedicados a la intervención local” (p. 26). El vacío, entonces, está en la promoción de ideas liberales y la intervención en un espacio local, por ello, toma relevancia la fundación objeto del artículo. A pesar de la dificultad para proveer una definición sobre los think tanks, preocupación extendida y compartida con la línea de estudios presentada anteriormente, la Fundación Libertad presenta características homologables a la Fundación del Tucumán, en tanto fueron diseñadas con estructuras organizacionales semejantes, con el impulso inicial de economistas y empresarios locales dispuestos no solo a ser un ámbito de consejería técnica, sino a promover sus demandas en el debate público. Asimismo, es posible identificar las narrativas sobre las que se sostiene el ideario de un liberalismo renovado: si en la Fundación Libertad fue la narrativa ligada a la pampa gringa la que dispuso un valor simbólico, en la Fundación del Tucumán ese espacio fue ocupado por la industria azucarera de principios del siglo XX. Por último, la reconstrucción de la entidad santafesina pone en evidencia su inserción en la red internacional de difusión del pensamiento neoliberal. En ese sentido, Atlas Network fue la red de financiamiento y legitimación de la Fundación Libertad en un plano nacional e internacional. Aquí, es posible detectar una diferencia entre ambas entidades, ya que la Fundación del Tucumán, si bien trabó vínculos con los “nuevos héroes” del neoliberalismo (Heredia, 2011a) y entidades académicas privadas, lo hizo sin incorporarse formalmente a redes internacionales ni declararon aportes provenientes de estos circuitos.

En septiembre de 1985, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los empresarios Humberto Sánchez, Jaime Nougués, Ramón Paz Posse y Jorge Esquide decidieron la constitución formal de la Fundación. Todos ellos formaban parte de grupos empresariales que crecieron en la industria azucarera, sin embargo, a esa altura, ya se encontraban en procesos de diversificación. Sánchez y Nougués suscribieron a la Fundación como representantes de entidades financieras (Finaique y Banco Comercial del Norte,^[11] respectivamente); Paz Posse, como parte de una sociedad homónima dedicada al sector agropecuario; y Esquide,^[12] como miembro de la Destilería del Norte, ligada a la reconversión productiva hacia el Alconafta del ingenio Aguilares. Desde su constitución y haciéndose eco del fortalecimiento de las redes profesionales e intelectuales que venían consolidándose desde la década de los sesenta, la Fundación contó con un board con pretensiones de internacionalización, encabezado por Valeriano Francisco García, economista tucumano, y Severo Cáceres Cano, dedicado a la historia económica. Es posible percibir que el impulso inicial no fue solo un espacio de encuentro y negociación para empresarios, sino un ámbito de discusión de economía política, con una mirada tendencialmente neoclásica sobre el diagnóstico de la situación provincial. A su vez, era una organización que, si bien preservaba una impronta local, mantenía vínculos a escala global. La trayectoria de García puede dar cuenta de esta premisa: su formación como economista había sido en la UNT, sin embargo, al igual que otras referencias de la ciencia económica local, como Víctor Elías y Manuel Cordomí, obtuvo el doctorado en Chicago (1973). Julio Elías (2021) reconoció a García como uno de los alumnos que había heredado “todas las cualidades” de Milton Friedman durante su estancia en Estados Unidos (p. 6). Luego del doctorado, y en consonancia con la sugerencia de Carlos Rodríguez –fundador de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA)– (Federalismo y Libertad, 2020),^[13] la carrera de García se había restringido a la enseñanza y la actividad profesional hasta 1985. Presidió la organización hasta 1987 y luego asumió funciones como economista principal del Banco Mundial. Después de diez años en Washington, fue designado por Rodríguez (en ese entonces, secretario de Política Económica) en la “silla del Río de la Plata” en el Banco Mundial, cargo que preservó hasta el 2000. Por su lado, Cáceres Cano también fue un economista que desarrolló sus actividades en la UNT, no obstante, sus trabajos estuvieron orientados a la historia económica, llegando a presidir la Asociación Civil Argentina de Historia Económica durante 1986 y 1987. Su tesis sobre la racionalidad empresarial del proceso colonizador tuvo una relevancia considerable en la producción historiográfica de mediados del siglo XX. Ahora bien, además de los actores locales, la Fundación se ubicó dentro de una red neoclásica, donde Tucumán ya ocupaba un lugar como polo intelectual que vinculaba a Chicago, la UCEMA y, posteriormente, a la Universidad de San Andrés. Es por ello que economistas locales de relevancia nacional, como Manuel Cordomí y Víctor Elías, referencias neoclásicas, como Adolfo Stürzenegger, y la nueva generación de liberales tecnocráticos, como Juan Carlos de Pablo, Manuel Solanet y Guillermo Mondino; otros radicados en Chicago, como Arnold Harberger y Larry Sjastaad, y expertos promotores de las reformas estatales de los años ochenta, como Arturo Fernández (secretario de Comercio y Fomento Industrial a cargo del Programa de Desregulación Económica bajo el gobierno de Salinas de Gortari en México) y Hernán Bücchi (funcionario de Hacienda de la dictadura de Augusto Pinochet, que ocupó varias posiciones entre 1979 y 1989), fueron parte de la red de escalas múltiples que dispuso la Fundación del Tucumán para promover la circulación de ideas y actores e incidir en el debate público local, además de proyectar una generación de intelectuales y expertos vinculada directamente a la organización.

En los años siguientes, otros grupos y dirigentes empresariales se sumaron a la Fundación y es posible aventurarse en que el impulso inicial, centrado en la difusión de ideas neoclásicas y la formación intelectual de economistas, se reorientó hacia la incidencia en las decisiones gubernamentales. Con el ascenso de Menem a la presidencia, la entidad elaboró un programa de “impulso al desarrollo local” que presentaron ante Eduardo Bauzá, recientemente designado ministro del Interior. En el programa, se puede observar la orientación fiscalista que había adquirido el debate económico, así como el consenso en torno a que la solución a la crisis pasaba por resolver el déficit de las cuentas públicas y la emisión monetaria, que producían inflación. Al respecto, Heredia (2006b) sostiene que, desde el retorno de la democracia, la discusión económica se planteó en torno a las salidas posibles para “reactivar, redistribuir y estabilizar”. Sin embargo, hacia finales de la década de los ochenta y ante el fracaso de los programas de estabilización (Austral y Primavera, principalmente), el cuerpo de demandas diseñado por los sectores neoclásicos se convirtió en irreductible e influyó en todo el arco de la política. En el caso tucumano, la Fundación planteaba que el desarrollo estaba condicionado por el tamaño del sector público, siendo necesario el congelamiento de las vacantes existentes, la reforma de las jubilaciones mediante el establecimiento de un “sistema de seguro de retiro”, el autofinanciamiento de todos los entes autárquicos y la transformación del Banco Provincial en una sociedad mixta. Además, solicitaban el arancelamiento de la escuela primaria pública y la reducción de los aportes estatales a municipios y comunas rurales. Por último, para el sector privado, demandaban incentivo en forma de crédito para inversiones garantizadas por el Banco Central y, en la región, la construcción de una ruta que permitiera la circulación y salida de bienes a través del océano Pacífico.^[14]

Hacia 1992, la dirigencia de la entidad ya había cambiado: Alfredo Benigno Calvo, por entonces en la Destilería del Norte, asumió como presidente y José García González, empresario de la Compañía Azucarera Concepción, en el rol de director ejecutivo. La gobernación de Ramón Ortega –electo en 1991– contó con el beneplácito de la Fundación, incluso Raúl Paulino Ríos se ubicó como ministro de Economía y las medidas del proceso de reforma del Estado provincial coincidían con el diagnóstico elaborado años atrás.^[15] Es posible afirmar que existía una “comunidad de intereses” entre el justicialismo provincial y la Fundación del Tucumán y, en ese marco,^[16] se organizó en la Capital Federal un encuentro “con el propósito de destacar las oportunidades de inversión que ofrece nuestra provincia”.^[17] Además de los objetivos promovidos por la confluencia entre el gobierno y la Fundación, el evento sirvió para presentar la Escuela de Alta Dirección y su programa de máster en Dirección de Empresas.^[18] El programa de formación estuvo a cargo de Julio Saguir, quien se había doctorado en Ciencia Política en Chicago, bajo la dirección de Adam Przeworski, y había sido invitado por Calvo a oficiar como director de Recursos Humanos. La Escuela de Alta Dirección añadía la “formación de recursos humanos para el desarrollo empresarial” y la movilización de influencias con criterios académicos a una identidad institucional vinculada al programa de investigaciones.^[19] La primera cohorte de la capacitación tuvo de conferencistas a Gerardo della Paolera (por entonces, rector de la Universidad di Tella), Carlos Gabriel Rivas (de origen tucumano, en aquel momento economista jefe del Centro de Estudios Latinoamericanos de FIEL, y que anteriormente había pasado por el Banco Central), Diana Mondino (CEMA) y a analistas políticos como Rosendo Fraga. En 1994, producto de la cooperación con la Universidad Católica de Valparaíso (Chile), se creó el Programa Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas, que fue el producto de mayor relevancia de la Escuela de Alta Dirección. Asimismo, tanto la memoria institucional de la Fundación como Julio Saguir coinciden en que estas iniciativas pretendían abrevar en la creación de un Instituto Universitario.^[20]

Por otro lado, como habíamos mencionado anteriormente, la producción editorial y el programa de investigaciones fueron líneas estratégicas para la organización. Es preciso señalar que la presentación pública de la Fundación fue a través de un conjunto de ensayos y conferencias que conformaron la Serie Divulgación. Estos documentos de trabajo expresaban la voluntad de construir un diagnóstico sobre aquel presente bajo un diáfano lente teórico neoclásico que les permitía explicar los condicionamientos estructurales de la provincia, el país y la región.^[21] Además, en vistas de incorporar empresas patrocinantes y siguiendo los modelos convencionales de las consultoras económicas, realizaban informes sectoriales de industrias con raigambre local, como maíz, azúcar y alconafta. En el marco de los diez años de recuperación de la democracia, la entidad organizó un conjunto de conferencias que fueron editadas bajo la serie Divulgación, donde participaron conferencistas como Víctor Massuh o Manuel Solanet. Allí, se presentaron investigaciones políticas propias, firmadas por Saguir y Osvaldo Meloni.

Después de un vínculo auspicioso, algunas organizaciones identificadas con el liberalismo político y económico asumieron una crítica institucionalista al presidencialismo de Carlos Menem. La Fundación del Tucumán no estuvo exenta de ello: la seguridad jurídica, el rechazo a sus intentos reformistas y la impredecibilidad del sistema normativo fueron asuntos que generaron preocupación. En última instancia, siguiendo los apotegmas del liberalismo “rejuvenecido”, la política era un resultado de la interacción de sujetos y grupos en el mercado, por consiguiente, estaba subordinada a la economía y su función era otorgar incentivos a los destinatarios de la acción pública a través de regímenes jurídicos que no despertaran incertidumbre ni desconfianza.^[22] Para alcanzar el progreso económico, no solo era necesario adecuarse a las recomendaciones de organismos internacionales, sino construir marcos legales que ofrecieran estabilidad a los individuos.^[23] Es así que la Fundación, en consonancia con los planteos de sectores del liberalismo partidario (Natale, 2000) y constitucionalistas liberal-conservadores, se incorporó al debate político de la reforma constitucional, augurando que afectaría la estabilidad económica al interferir con la seguridad jurídica.^[24] La provincia no estuvo aislada de las iniciativas por reformar la estructura institucional del Estado (Corte Suprema, Tribunal de Cuentas y entes reguladores) y la organización, en este período presidida por Julio Colombres,^[25] elaboró un documento crítico sobre estos intentos.^[26] De este modo, la estrategia de la institución frente a la situación política y económica presenta amplias coincidencias con las posiciones asumidas por Cavallo luego de su salida del gobierno de Carlos Menem: la corrupción y las mafias buscaban atentar contra la estabilidad económica y, en última instancia, contra el acuerdo de la Convertibilidad (Castiglioni, 1996). En la publicación periódica de la entidad, se había inaugurado una sección, titulada “Reflexiones del presidente”, donde Colombres establecía imperativos político-morales para encauzar una situación que consideraba crítica. El dilema se hallaba en la “cultura de mentiras, de inflación y de conflictos”, promovida por dirigentes para “esconder oscuros actos”, y tenía expresiones en la educación, la justicia y la seguridad. En las reflexiones de Colombres, pueden señalarse tres elementos constitutivos del discurso que enarbolaba la Fundación: la república había devenido en una “satrapía” por la falta de información, el sostenimiento de empresas con fondos públicos resultaba un “acto esencialmente inmoral” y cualquier prerrogativa adquirida por el Estado era considerada una “subversión del orden natural de las cosas”.^[27] Este momento de la Fundación puede ser analizado desde el marco teórico-político provisto por Sabrina Morán (2019), quien identifica la hibridación entre el lenguaje liberal y el republicano en la América poscolonial. En este sentido, Morán se refiere a republicanismos en plural condicionados por la emocionalización. El republicanismo en América ha sido un movimiento que “evalúa la legitimidad de la democracia representativa vigente” y este pensamiento puede “tomar como eje el gobierno de la ley, o poner el acento en la virtud” (p. 31). Así, el diagnóstico esbozado por la Fundación permite dar cuenta de una recepción de este ideario republicano para incorporarlo a su lectura sobre la economía. Por su parte, Gastón Souroujon (2014) entiende que la tradición republicana volvió a ser parte del lenguaje político en el último cuarto del siglo XX y, en este marco temporal, diferencia tres tipos: el liberal, el radical y el antimoderno. El discurso de Colombres puede ser incorporado en la tradición republicana liberal en los dos sentidos que plantea Souroujon: por un lado, una comprensión singular de los dos conceptos sobre la libertad, propuestos por Isaiah Berlin, donde es el diseño institucional y el compromiso cívico lo que permitiría un ejercicio de la libertad para el individuo; por otro, para esta corriente de la tradición republicana, la virtud se convierte en “un instrumento, como un medio, para el mantenimiento de las libertades individuales y del Estado de derecho” (p. 103). En última instancia, la organización republicana constituyó el núcleo que preservaba a la esfera económica de cualquier pretensión democratizante.

El cambio de gobierno en 1995 supuso un momento de redefinición del lugar ocupado por la Fundación. El justicialismo había perdido las elecciones en Tucumán contra Antonio Domingo Bussi y su nuevo partido, Fuerza Republicana. En este escenario, la Fundación asumió la portavocía de la crisis. En marzo del año siguiente, publicaron un documento donde demandaban ajuste fiscal, reforma económica y una refundación “sin titubeos ni vacilaciones”. Las propuestas eran similares a las del pasado: “simplificar la estructura burocrática”; “reducción y revisión de los escalafones de la administración pública”, “transferencia inmediata del Instituto de Previsión y Seguridad Social”; “privatización de las empresas que permanecen bajo la órbita estatal, como la Caja Popular, el Banco Municipal, el paquete accionario de Canal 10 y el Ingenio Ñuñorco”; eliminación de los impuestos de salud pública y sellos, así como sustituir el impuesto a los ingresos brutos por una tasa sobre el Impuesto al Valor Agregado.^[28] Si bien durante la intervención federal y la administración de Ortega existieron procesos de reforma estatal que siguieron los lineamientos del ajuste y la desregulación, el justicialismo conservaba dispositivos institucionales para la implementación de políticas sociales focalizadas en paliar los efectos de la política económica.^[29] En efecto, con Bussi en el gobierno y un contexto de recesión económica nacional, la solicitud de acelerar las reformas tuvo asidero.^[30] En marzo de 1997, Clemente Babot Eraña y Osvaldo Meloni (a cargo del Programa de Investigaciones) afirmaban que, en los años previos, “la transferencia a la Nación del sistema previsional provincial... y la eliminación de unos 3.500 empleados de la planta de personal a través del sistema de retiros voluntarios” habían incidido en la estabilización de las cuentas públicas. A pesar de ello, la contracción de deuda había comenzado a tener efectos observables ya que abarcaba el 80 % de los recursos anuales y el gasto público destinado al pago de los intereses había crecido casi 770 %.^[31] Para la Fundación, el problema había sido el ajuste desordenado. El fracaso de la implementación del programa se debía a la negativa del Poder Ejecutivo a asumir los costos de la política y, en última instancia, su rechazo a la hipótesis que promovía la entidad acerca de la “insolvencia intemporal del Estado”.^[32]

A lo largo de este artículo, intentamos explorar la reorganización, auge y crisis del liberalismo desde una escala local y más allá de las identidades partidarias. El caso de la Fundación del Tucumán puede ser útil para ilustrar los enclaves e intersecciones de un think tank interesado en construir una opinión de referencia ineludible para los asuntos políticos y económicos, desde sus orígenes, como un pliegue derivado de la construcción del polo neoclásico en el Instituto de Economía de la UNT, hasta sus años críticos, cuando la vinculación al gobierno de Bussi disolvió la autonomía intelectual que supieron esgrimir desde su creación.

Ahora bien, en el marco de las conclusiones del trabajo realizado, es preciso indicar cuatro aspectos. El primero de ellos es que, entre la historia institucional y la reconstrucción oral, existe una diferencia significativa: Carlos Rodríguez, Domingo Cavallo, Osvaldo Meloni y otros economistas que se vincularon a la Fundación durante sus años iniciales entienden que la iniciativa principal de la organización reposó en el tándem García-Cáceres Cano,^[33] mientras que la posición institucional fue otorgar preeminencia a los empresarios asociados, quizás como estrategia de legitimación en los ámbitos donde pretendían recaudar financiamiento. Asimismo, durante la reconstrucción de las fuentes documentales, no se pudo consignar registro alguno del día en el que la memoria institucional dice haber suscrito su creación. En segundo lugar, es posible diferenciar el objeto de la Fundación de los propósitos que efectivamente persiguió, ya que, mientras el acta constitutiva indica como objetivo “efectuar y promover la realización y divulgación de estudios y conferencias sobre temas de economía social, los derechos de propiedad, las economías regionales y formación de recursos humanos, para contribuir al mejoramiento y desarrollo material e intelectual de los argentinos”,^[34]a la luz de las acciones públicas de la Fundación, los temas fueron mucho más amplios. Se involucró en la difusión de ideas y el desarrollo de una oferta de posgrado, especialmente programas de capacitación en dirección empresarial. En tercer término, la autonomía intelectual, técnica y profesional que la organización afirmaba fue resguardada hasta la crisis del modelo de la Convertibilidad. A lo largo del texto, fueron registrados aquellos miembros, eminentemente profesionales de la ciencia económica devenidos en funcionarios de la administración provincial, que formaron parte de la cartera ministerial. El caso más elocuente es el de Paulino Ríos, quien no solo condujo el Ministerio de Economía durante todo el gobierno de Ortega, sino que también adquirió un protagonismo inusitado. La prensa de la época lo llegó a considerar como un potencial sucesor en el Ejecutivo y, ante la escisión temprana del bloque legislativo del peronismo, era presentado como una figura que condensaba la fidelidad al programa fiscalista y una procedencia del ámbito experto. En un momento crítico para el gobierno nacional por la renuncia de Gustavo Béliz a la cartera de Interior, y para los ministros políticos del gobernador Ortega, Ríos era ponderado por su “frescura e inusual cintura política”.^[35] El programa económico consistía en la suscripción al pacto fiscal, la reforma del Estado y la captación de financiamiento externo para las pequeñas y medianas empresas locales, siendo el mismo Ríos el actor encargado de conseguir el apoyo legislativo. El periodismo político sostenía que había tenido más consenso con las agremiaciones empresariales y la oposición de Fuerza Republicana que en el interbloque oficialista.^[36] No es un dato menor, y viene a ratificar el apartado de los usos del republicanismo situado de la Fundación, que legisladores de Fuerza Republicana encuentren en Ríos una “actitud que le da cierta armonía a las instituciones y al sistema republicano”, a diferencia de la valoración que tenían con los ministros procedentes del peronismo tradicional.^[37] Además de Ríos, otros hombres vinculados a las redes intelectuales de la Fundación se insertaron en el gobierno provincial, como Eduardo Garvich (ministro de Economía hasta 2023).

Por último, el enfoque atento a la circulación y la recepción en un momento global permite trazar los centros de producción del conocimiento –en este caso, en la ciencia económica–, sus puntos de contacto y transferencia –como podría considerarse a las instituciones universitarias involucradas–, los actores sociales que asumen roles de “difusores” e inciden en determinados ámbitos culturales y, dentro de este itinerario, cómo seleccionan, operan y desarrollan los conceptos albergados en los discursos que circulan. En ese sentido, Mariano Plotkin nos ofrece una definición que permite operativizar el proceso multidimensional de la recepción, en tanto es aquella “circulación de ideas en un espacio diferente a aquél en el que las mismas fueron producidas originalmente” (Plotkin, en Dotti et al., 2009, p. 104). Asimismo, la circulación no solo traslada ideas, conceptos y prácticas a ámbitos culturales distintos de su espacio originario, sino que también puede ser observado como una textura veteada, que nos permite dar cuenta de las “variaciones prismáticas que van construyendo y deconstruyendo el corpus ‘recepcionado’ según las alternativas del cambiante campo intelectual en cada caso receptor” (García, en Dotti et al., 2009, p. 106). Por su parte, Pierre Bourdieu clasifica a los agentes que hacen posible la circulación de las ideas de acuerdo a la posición que ocupan en las jerarquías culturales de cada ámbito nacional. Para ello, retoma la noción de interés, que lo entiende como la afinidad posicional en diferentes campos, coaligado por la identidad. Estas afinidades electivas pueden condensarse en los consagrados, que ejercen un “poder de tipo temporal en el orden cultural” (2002, p. 3), y marginales, quienes realizan “importaciones heréticas, importan un mensaje que tiene fuerza en otro campo y tienen como efecto reforzar su posición de dominados en el campo” (p. 4). Ahora bien, estos elementos pueden inscribirse en la dimensión discursiva o textual (de acuerdo al enfoque predominante) del proceso de recepción. Sin embargo, siguiendo los planteos de García (2009), la historia intelectual presenta dos instancias de delimitación de su terreno de incumbencias: la primera deviene del giro lingüístico que expresa un umbral de “historización radical de las ideas”; la segunda surge a partir de los interrogantes sobre las materialidades que permiten la circulación de esas ideas, los artefactos de cultura. En este sentido, Alejandro Blanco (2009) indica que, en la recepción de ideas, existe una dimensión discursiva, pero también es posible reconocer las operaciones culturales que se presentan como modalidades del mismo fenómeno. Entonces, hay una dimensión extratextual en la que se albergan las mediaciones culturales y que involucra vehículos y agencias comprometidas con la circulación y sus centros de difusión.

El caso de la Fundación del Tucumán puede ser analizado bajo el prisma de estos aportes al campo de la historia intelectual. En primera instancia, porque en sus años iniciales fue una agencia comprometida con la difusión de ideas, conceptos y prácticas propias de un liberalismo en refundación, que combinaba sus apotegmas clásicos –se analizó en sus intervenciones editoriales en el marco del proceso de reforma constitucional– con reformulaciones en los atributos del propio Estado –por ejemplo, la demanda de arancelamiento de la escuela primaria–. La Fundación, por impulso de intelectuales y empresarios locales, se inscribió en una red de múltiples escalas, se remitió a las apoyaturas existentes –como la vinculación entre el Instituto de Economía y la Universidad de Chicago– para dar lugar a un espacio “novedoso” de investigaciones y formación académica por fuera de las instituciones universitarias clásicas. Consideramos que los “difusores” estuvieron más comprometidos con el desarrollo institucional que los empresarios involucrados, y fueron los actores claves en el contacto, la recepción y la transferencia del enfoque neoclásico como lente teórico para los problemas locales.

Ahora bien, ¿de dónde proviene?, ¿cómo llega y qué “nuevo” cuerpo teórico es producto de esta recepción? En primera instancia, la influencia de la Escuela de Chicago, no solo en el análisis económico, sino en la construcción de un diagnóstico sobre la situación local, es clara y evidente. El laudo a la figura de Milton Friedman y el proceso de reforma económica en Chile (a través de Hernán Bücchi) permite encontrar mayores sintonías con la tradición norteamericana del proyecto transnacional del neoliberalismo. En ese sentido, Rob van Horn y Philip Mirowski (2009) reconstruyen las innovaciones doctrinarias del pensamiento neoliberal en la posguerra y concluyen que, con la llegada de Friedman a Chicago, se produce su reformulación. Para los autores, el punto de partida de la corriente estadounidense es asumir la condición no-natural del libre mercado y, por ello, un programa político puede triunfar en tanto se reconozcan y construyan sus condiciones de posibilidad. Asimismo, señalan que, en el locus de este programa, se había resuelto la tensión del liberalismo clásico entre el interés individual y el deber patriótico del ciudadano con el hecho de ubicar al Estado y al mercado en un mismo nivel ontológico, y estos subsumidos a un modelo neoclásico de la economía. La crisis de la intervención estatal en la década de los setenta avecinaba la conveniencia para incidir en los mecanismos de su reconstrucción y el diseño de sus propósitos ulteriores, con la particularidad de haber eludido los preceptos democráticos del ciudadano, preeminentes en la confección original del discurso político liberal. Existen dos elementos señalados por Van Horn y Mirowski que se conectan con nuestra investigación y nos permiten dar cuenta de la influencia de la Escuela de Chicago en la Fundación del Tucumán. El primero de ellos es la necesidad de formar una élite de cuadros expertos que se conviertan en actores decisivos en la formación de políticas públicas. Este imperativo puede explicar dos iniciativas concretas: la colocación de técnicos propios en áreas estratégicas de la administración económica provincial y, por otro, una apuesta de largo alcance vinculada a la formación académica. La segunda es que los seguidores de Friedman abrazaron las estadísticas, y sus evocaciones a una mistificación de la ciencia se convirtieron en uno de los principios del neoliberalismo y carta de presentación de la Escuela de Chicago. En nuestro caso de estudio, desde sus primeros emprendimientos editoriales, es posible hallar una justificación irreductible, apoyada en decisiones empíricas que se presentan como irrefutables, y que evocan un dilema en torno a lo político,^[38] o bien aportan elementos para la construcción de un diagnóstico.^[39]

Respecto a cómo estas ideas abrevan en la Fundación, el panorama parece más claro. Retomando los aportes de Heredia, la construcción de un polo neoclásico en Tucumán durante los años cincuenta y sesenta se tradujo en la internacionalización de sus académicos y el fortalecimiento de los lazos entre el Instituto de Economía de la Universidad Nacional y la Universidad de Chicago. Figuras ya mencionadas, como Víctor Elías, Manuel Cordomí y Valeriano García, pueden ser considerados actores claves en el contacto y la transferencia del bagaje teórico de Chicago en la provincia. En efecto, hemos señalado el rol protagónico de García en la creación de la Fundación del Tucumán, por lo que es posible presentarlo como un difusor de aquel liberalismo “rejuvenecido”, que interactuó entre el mundo experto-académico y el mundo empresarial en favor de la legitimación pública de la organización.

Sobre el último interrogante planteado: si bien a lo largo de la década analizada se presentan matices sobre la percepción del quehacer gubernamental y, como tales, condicionaron la posición institucional, en las intervenciones editoriales de sus dirigentes (presidentes y secretarios ejecutivos), puede entreverse el corpus recepcionado, la selección y apropiación del credo liberal. Consideramos que puede sintetizarse en tres aspectos: uno, en consonancia con los planteos de Heredia, desde 1975 en adelante, se había construido un consenso fiscalista sobre la resolución de la crisis económica argentina, singularizada por el fenómeno de la inflación que, a su vez, era entendido consuetudinariamente bajo la óptica ortodoxa. La Fundación, como parte de una red de “escalas múltiples” del liberalismo “rejuvenecido”, asumió el enfoque neoclásico como lente teórico de los problemas de la sociedad local, la opción ortodoxa sobre las soluciones posibles y, progresivamente, el modelo de shock como acción política capaz de estabilizar la economía y reconstruir las expectativas. Segundo, replicaba fielmente la igualación ontológica entre Estado y mercado, para entender a la democracia como la competencia entre individuos por maximizar sus utilidades y que, en última instancia, la existencia de la democracia liberal esté sujeta a la capacidad de esta de satisfacer las necesidades de los individuos (Van Horn y Mirowski, 2009). Además, al establecer su equivalencia en el plano ontológico, existían dominios ya establecidos del Estado y del mercado. Retomando las reflexiones de Julio Colombres, cualquier atribución del primero sobre el segundo “subvierte el orden natural de las cosas” y, ante cualquier incumplimiento de sus funciones (educación, salud, justicia, seguridad y obra pública), “pierde su justificación de existir”.^[40]

El tercer aspecto pone en ejercicio la premisa sobre que la recepción contempla la “circulación de ideas en un espacio diferente a aquél en el que las mismas fueron producidas originalmente” (Plotkin, en Dotti et al., 2009, p. 104), en tanto la Fundación, como referencia para un sector de la opinión pública, estuvo atravesada por los acontecimientos coyunturales. De este modo, es posible entender que el interés por la seguridad jurídica, el rechazo a cualquier pretensión de reforma institucional y el juicio sobre la corrupción no son solo demandas inscriptas en el terreno de la moral pública, sino que expresan la singularidad de la apropiación del ethos liberal que les sirve para potenciar el argumento de “un Estado chico pero fuerte que cumpla sus roles, castigue los delitos y contribuya al bienestar potenciando el esfuerzo privado”.^[41]

[1] El 19 de diciembre de 1979, la Junta del gobierno militar hizo público el documento “Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, en el cual se sintetizaron los objetivos estratégicos del gobierno de facto y el programa tentativo de la transición hacia la democracia. El anuncio de la victoria militar en la “guerra antisubversiva” es el punto de partida del documento y, con ello, el diseño institucional del Estado postdictatorial. El documento está organizado en tres “bases”: doctrinarias, programáticas e instrumentales. Según plantea Sergio Morresi (2009), es posible entenderlo como un “proceso de compatibilización que permitiera un bosquejo general de proyecto político que fuera aceptable para todos los protagonistas y que sirviera para delinear el rol de los militares en los gobiernos que sucederían al PRN” (p. 2). En marzo de 1979, el presidente Jorge Rafael Videla convocó a las rondas de diálogo político, encabezadas por el ministro del Interior Albano Harguindeguy. Los trabajos sobre el diálogo político son escasos, pero tremendamente valiosos. Todos ellos asumen la tesis de Inés González Bombal (1991) al señalar que fue una estrategia del gobierno militar para delinear las condiciones de la transición y el futuro gobierno democrático, pero que implicaba cambios constitucionales que reorganizarían la relación entre el Estado y las Fuerzas Armadas. Estas rondas se extendieron hasta finales de 1981, momento en el que coincidieron distintos factores para el cierre de la posibilidad abierta. Luego de la conflictividad interna reinante, el “retorno a las fuentes” de la línea dura de las FF. AA. se expresó en la designación de Leopoldo Galtieri en la presidencia, la definición de una identidad antimilitarista de la Multipartidaria y la acuciante crisis económica. El último hecho que cierra definitivamente las rondas, virtualmente cesantes desde fines de 1981, es la declaración de guerra al Reino Unido.

[2] El diario La Gaceta reconstruyó las trayectorias de estos empresarios convocados: Nougués fue presidente del ingenio Cruz Alta y del Centro Azucarero Regional, además cumplió funciones directivas en el Banco Comercial del Norte y su fundación homónima; Alanís, por entonces, ocupaba varias posiciones: la presidencia de la Cámara Metalúrgica, era director del Banco Empresario, miembro de la Comisión Reorganizadora de la Unión Industrial Argentina y parte del Consejo Provincial del Trabajo. Años más tarde, fue candidato a intendente de San Miguel de Tucumán por la Alianza del Centro y asumió la presidencia de la Federación Económica local. Moraiz ejercía la presidencia de la Unión Industrial de Tucumán y Bojos Molaies era un dirigente azucarero de prolongada actividad en el sur de la provincia, que ocupó la presidencia del Centro de Defensa Comercial del Sur y el Banco Concepción Cooperativo, así como también de la Sociedad Sirio Libanesa. El país que queremos (24 de abril de 1980). La Gaceta, p. 3. Archivo del diario La Gaceta, San Miguel de Tucumán, Argentina

[7] La bibliografía existente sobre Malvinas es cuantiosa y diversa. Federico Lorenz (2017) plantea que “la superposición entre el final de la dictadura y las demandas sociales en torno a las responsabilidades de la guerra; el impacto de las amplias revelaciones públicas sobre las violaciones a los derechos humanos que el descrédito en el Atlántico Sur habilitó por parte de la prensa; las rápidas evidencias de la desaprensión con la que la guerra había sido conducida (ya que no planificada en el nivel estratégico), generaron una primera sensación de estupor colectivo para la que no hubo una rápida respuesta por parte del Estado (la falta al día de hoy de una historia oficial del conflicto es un síntoma, si no de los más graves, seguramente emblemático)” (p. 1). En este sentido, Sabrina Morán (2018) señala que la causa Malvinas produjo transformaciones claves en la relación del gobierno con la sociedad civil y las actitudes asumidas por los partidos respecto a la transición democrática y el discurso desmalvinizador. De este modo, “la crisis desatada al interior de las FF. AA., sumado al proceso de ‘olvido’ o progresiva desmalvinización de la sociedad, repercutieron de manera contundente en el horizonte de posibilidades del gobierno de Alfonsín —acaso excesivamente optimista respecto de la ruptura con el pasado y las garantías de la restitución de la institucionalidad democrática.” (p. 204).

[8] La autora incorpora en su análisis el quiebre que significó la Convocatoria Nacional Empresaria de febrero de 1981 para la relación entre el gobierno y las asociaciones empresariales, donde la demanda por la situación industrial del país se convirtió en una “condena a la orientación... que subordinaba todo objetivo de política económica a la estabilización” (2006a, p. 160).

[9] La Convertibilidad fue el régimen monetario implementado en Argentina entre 1991 y 2002. Su propósito era fijar el valor de la moneda local en paridad con el dólar estadounidense y limitar la emisión de dinero a las reservas disponibles. El estudio del auge y crisis de la Convertibilidad ha sido abordado desde distintas disciplinas de las ciencias sociales y con diversos enfoques metodológicos. Para una mirada panorámica al respecto, véase Mario Damill et al. (2002).

[10] Es importante señalar que los autores no pretenden desarrollar una conceptualización unívoca sobre los think tanks, sino que su definición surge en el estudio de casos de la compilación. Asimismo, insisten en que, en un contexto de sobrado interés en este tipo de organizaciones, “a medida que se multiplican los estudios de caso va quedando de manifiesto la existencia de una gran variedad de instituciones a las que solemos designar con esta etiqueta” (Garcé y Uña, 2007, p. 10). A pesar de ello, sí toman recaudo al incluir definiciones elaboradas por Diane Stone y Donald Abelson, con la intención de construir un marco referencial que sirva de punto de partida para ingresar en las singularidades concluyentes de los estudios de casos realizados.

[11] Finaique S. A. fue una empresa dedicada a los servicios financieros. Pertenecía a dos firmas del mismo sector (NORDAY y RACUZA) que, a su vez, componían el capital social de la Compañía Azucarera Concepción. Por su parte, el Banco Comercial de Tucumán fue fundado en 1911 y en 1960 fue renombrado. Durante el período analizado, el Banco Comercial del Norte perteneció a la firma Garovaglio y Zorraquín y su dirección estuvo a cargo de: Pablo José Terán Nougues, Federico J. L. Zorraquín, Alejandro Ephtyneos, Juan Bautista Peña, Jorge Niklison Aldao, el suscriptor Nougués, Máximo José Paz, Enrique Ricardo Delor, José Luis Rodríguez Artusi, Serafín Martínez Rial, Esteban Pedro Villar, José Alanís y Ángel Pozzoli. En 1989, por resolución n.° 111 del Banco Central, fue intervenido y luego su paquete accionario fue adquirido por el Banco Río de la Plata (Quintela, 2003). Además de su participación en el sector financiero, el Banco Comercial del Norte creó una fundación que tuvo una importante actividad editorial y artística desde mediados de la década de los setenta hasta su extinción en 1989.

[12] En 1995, bajo el gobierno de Antonio Bussi, Jorge Rubén Esquide –ingeniero químico de profesión– fue designado como subsecretario de Comercio, Industria y Minería de la provincia. Además, se incorporó como representante provincial alterno ante el Consejo Federal de Minería. Gobierno de la Provincia de Tucumán. 22 de febrero de 1996. Decreto n.° 273/3, Exp. 17/310. Registro Oficial de Leyes y Decretos, Archivo Histórico Provincial, Tucumán.

[15] A pesar de que la versión pública era que el financista Aldo Ducler aconsejó a Ortega para designar a Paulino Ríos, lo cierto es que, desde su creación, Ríos había estado vinculado al programa de investigaciones de la Fundación. En 1991, formó parte de la Comisión Directiva, presidida por Alfredo Calvo. Nuevo presidente (5 de junio de 1993). La Gaceta, s.p.

[16] Gastón Souroujon (2012) ha trabajado sobre las ideas fuerza del neoliberalismo y las formas bajo las cuales fueron presentadas por la “clase política menemista”, así como “las estrategias argumentativas con que esta teoría científica [en referencia a la teoría socioeconómica neoliberal] fue traducida para que logre consenso ante la sociedad” (p. 213). El autor considera que el rol de los think tanks es clave para comprender la propagación de las ideas fuerza neoliberales en Argentina “en el seno de empresarios y tomadores de decisiones”, así como también en “los medios masivos de comunicación” (p. 219). En este contexto, el consenso en torno a la búsqueda de la estabilidad, así como la reconstrucción del orden luego de la crisis de 1989, se simbolizó en la figura de Menem, quien además produjo una transformación radical de las alianzas del peronismo, aspectos trabajados en profundidad por Alfredo Pucciarelli (2011) y Paula Canelo (2011).

[21] En total, se publicaron diez trabajos: “Anatomía del subdesarrollo”, de Valeriano García, en mayo de 1985; “Marco institucional, costo de transacción y crecimiento económico”, una conferencia de Douglass North; “Monetarismo y crisis económica”, del ya mencionado García; “El maíz en la Argentina” (con una introducción a la Fructosa), de Jacobo Chalón, todos ellos en junio de 1985. En los meses siguientes, salieron a la venta: “Inflación y Desarrollo”, de Osvaldo Meloni; “Cuatro ensayos sobre azúcar”, de Héctor Ávila, García y Hugo Juan Ramón; “Alconafta”, de Eduardo Garvich y Carlos Pucci; y “Promoción Industrial y recursos de propiedad común”, firmado por Danial Artana, Mario Salinari y Luis Alberto Soto. Posteriormente, se publicaron conferencias impartidas por Larry Sjaastad, bajo el nombre “Fracaso del liberalismo económico en el cono de América Latina”, y de Arnold Harberger, titulada “Crecimiento, industrialización y estructura económica: Latinoamérica y el Este Asiático comparadas”.