Vidas respetables, entre el trabajo y la desprotección. Conversaciones sobre "planes sociales" en la Argentina de la pospandemia

Respectable lives, between work and precariousness. Conversations on social assistance programs in post-pandemic Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Argentina. elijterman@sociales.uba.ar

El artículo analiza los dilemas respecto de la protección de la población en edad de trabajar. Mediante grupos focales con personas de distintas categorías ocupacionales, indagamos las circunstancias que hacen legítima la protección, las condiciones del merecimiento y los atributos que deberían reunir las intervenciones estatales. El análisis registra un extendido malestar asociado a las dinámicas de precarización, que moviliza demandas de protección. En este marco, los “planes sociales” son cuestionados como estrategia para hacer frente a un mercado que no garantiza inserción laboral ni reconocimiento social.

Palabras clave: trabajo; protección social; programas sociales; respeto; precariedad

This article explores the dilemmas surrounding the protection of the working-age population. Using focus groups with people in diverse occupational categories, it examines the conditions under which social protection is deemed legitimate, the criteria of deservingness, and the expected attributes of state intervention. The analysis reveals widespread discontent associated with precarious labor conditions, which fuels demands for greater protection. In this context, 'social assistance programs' are commonly criticized as insufficient responses to a labor market that fails to ensure job access or social recognition.

Al calor de las transformaciones contemporáneas en las formas de trabajar y de sus regulaciones políticas, parece volverse cada vez más amplio el reconocimiento de que el empleo típico, enlazado a la seguridad social contributiva, ha dejado de funcionar como vector de integración. La problematización de las condiciones de seguridad y de protección que brinda (o no) el trabajo es de larga data en la región latinoamericana y se ha reactualizado a partir de las dinámicas que asume el mundo laboral en la actualidad (Maurizio, 2019; Maurizio et al., 2023).

En Argentina, las estadísticas laborales evidencian la creciente incidencia de condiciones de precariedad en todas las categorías ocupacionales (Yeyati et al., 2021; Salvia et al., 2024). Jóvenes y mujeres, particularmente aquellas que no trabajan para el mercado sino en tareas domésticas, de cuidado y comunitarias, son los grupos más afectados por la desprotección (Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, 2023; Alfredo et al., 2024). Junto con ello, los ingresos laborales vienen experimentando una caída persistente (Etchemendy et al., 2023). Si bien la volatilidad de ingresos afecta más a las posiciones no registradas y no asalariadas, informes recientes señalan que la pobreza también ha crecido entre quienes cuentan con empleo registrado (Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente, 2024).

Frente a un mundo del trabajo fragmentado y precarizado, la protección social de la población adulta, en edad de trabajar, conforma un asunto dilemático que desafía estructuras cognitivas, políticas y técnicas consolidadas en los modos históricos de organización de la política social a nivel local y regional (Danani et al., 2022; Arcidiácono y Gamallo, 2023; Arza et al., 2024). En Argentina, las controversias sobre las circunstancias en que es legítimo brindar protección a poblaciones presuntamente “autoválidas”, pero que no logran insertarse en el mercado o lo hacen en actividades precarias, así como las modalidades para materializar dicha protección (qué, cuánto, cómo, con qué duración), han seguido un largo derrotero. Se remontan, al menos, a mediados de los años noventa, cuando la desestabilización del empleo ya comenzaba a avizorarse en el marco de una reforma neoliberal que, en el campo de la política social, acabó por residualizar el contenido de las protecciones (Leal Ivo, 2005; Sojo, 2007; Danani, 2017).

Durante la segunda presidencia de Carlos Menem (1995-1999), el Plan “Trabajar” materializó una estrategia de asistencialización del desempleo (Grassi, 2003), que instaló el concepto de contraprestación laboral a la ayuda estatal. Desde entonces, los llamados “planes sociales” han adquirido modalidades diversas (Gamallo, 2022; Arcidiácono y Gamallo, 2022; Hudson, 2022). Cada gobierno le imprimió una orientación singular, con fundamentos y sentidos diferentes (incluso, contrapuestos) respecto del trabajo realizado por los y las titulares, las maneras de reconocerlo, y de los derechos y obligaciones asociados a él (Danani y Lindenboim, 2003; Grassi, 2004; Hopp, 2009, 2010, 2017; Lijterman, 2021; Lijterman y Hornes, 2023). En ese largo trayecto, intervenciones como el Programa “Argentina Trabaja”, el “Ellas Hacen”, el Salario Social Complementario, y más recientemente la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, fueron hitos de un proceso de institucionalización de las políticas de fomento de la economía social y la economía popular (Hopp, 2020), no exento de tensiones, polémicas y contramarchas.

El escenario de la pandemia de COVID-19 y su postrimería relanzó estos debates e imprimió en ellos su marca: entonces ni siquiera el empleo asalariado estaba asegurado. En esa coyuntura, la discusión de alternativas para la protección no solo estuvo signada por el marco de incertidumbre generalizada alrededor del trabajo, sino también por una crisis prolongada que pareció constreñir lo posible de ser pensado. En particular, los pronósticos pesimistas sobre el futuro del trabajo (Lijterman, 2024) y la llamada “restricción fiscal” (Beccaria et al., 2023) parecen haber limitado las alternativas de protección imaginadas, con efectos palpables en la materialidad de las políticas sociolaborales implementadas. Mientras se evidenciaba la amplitud de la vulnerabilidad de la reproducción de la vida y la centralidad de los soportes familiares, sociales, comunitarios e institucionales que el aislamiento había “suspendido”, también se intensificaron los debates públicos sobre los méritos para ser sujeto de protección y su conexión con el trabajo (Ipar et al., 2022; Costa yRottenschweiler, 2024). Si bien los recursos destinados a políticas públicas de sostenimiento del trabajo y de los ingresos fueron amplios durante la pandemia, el apoyo estatal tendió a acotarse al momento más crítico de emergencia, sin tomar nota de la acentuación de las condiciones de precariedad en el ámbito de la economía informal (Beccaria y Costa, 2023; Lijterman y Minteguiaga, 2023).

Este recorrido sucinto a lo largo de casi tres décadas señala que las intervenciones estatales destinadas a un sector de trabajadores y trabajadoras cuya inserción en el mercado laboral es precaria y endeble se han consolidado en el campo de la política social argentina, aun cuando los discursos oficiales insistan en su carácter transitorio. La persistencia en el tiempo de este tipo de intervenciones pareciera poner en evidencia que la emergencia ocupacional trasciende a los episodios de crisis abierta. La expansión de su cobertura poblacional apuntala su creciente visibilidad pública: mientras que las dos ediciones del Plan “Trabajar”, implementadas durante la década de 1990, reunieron alrededor de 600.000 titulares (Neffa y Brown, 2011), el “Potenciar Trabajo”, implementado hasta inicios de 2024, registró un pico de 1.600.000 titulares (Hudson, 2022). Así, los debates sobre los llamados “planes sociales” se han intensificado en los últimos años, profundizando un sentido común que estigmatiza a sus titulares (Quirós, 2006; Cruces et al., 2008; Hopp y Lijterman, 2018; Lijterman, 2021; entre otros), tanto como a los distintos actores sociales e instituciones públicas que participan de su gestión. En ese trayecto, se ha ido reforzando el desprestigio de distintos programas de sostenimiento de ingresos para la población adulta, llegándose a poner en cuestión la existencia misma de una intervención estatal dirigida a las condiciones de vida de un amplio grupo de personas sin trabajo o sin salario.

Este artículo propone contribuir al análisis de estos dilemas en el campo de la política social respecto de la protección dirigida a la población en edad de trabajar, desde el punto de vista de trabajadores y trabajadoras, en distintas posiciones representativas del mundo laboral en la Argentina de la pospandemia. A través de una metodología cualitativa en base a grupos focales, buscamos captar sus miradas sobre las circunstancias que hacen legítima la protección hacia quienes trabajan, las condiciones del merecimiento, y los atributos que deben reunir las intervenciones estatales para considerarse adecuadas y convenientes. La conceptualización de Richard Sennett (2003) acerca del respeto nos permitió interpretar una serie de emergentes en las conversaciones sobre los llamados “planes sociales”. Las demandas de protección enunciadas y los cuestionamientos hacia los apoyos recibidos por otros, formulados en un registro ético y moral, nos llevaron a interrogarnos sobre las condiciones visualizadas por los y las participantes para reproducir la vida en condiciones respetables y cómo se entraman en ellas el trabajo, la política social y la asistencia.

Nuestro estudio reconoce antecedentes en aquellos abordajes de la política social que pretenden captarla “desde abajo hacia arriba” (Rizzo, 2022, p. 24), enfocando el sentido común como una clave para indagar en sus múltiples tramas de significación (Soldano, 2009). Bajo enfoques teóricos diversos,^[1] las investigaciones estimuladas por esa búsqueda han situado a los y las titulares de programas sociales como actores cruciales en las interacciones que dan forma y sentido a las políticas (Maglioni y Hornes, 2021; Rizzo, 2021), indagando en su rol como mediadoras o interlocutoras de las mismas (Zibecchi, 2019, 2019a), así como en sus perspectivas y “experiencias de bienestar” (Soldano, 2018). Sus hallazgos dan cuenta de que las políticas sociales constituyen, a escala cotidiana, un campo de producción de sujetos, identidades y controversias por significados y jerarquías sociales y morales (Hornes, 2015; Wilkis, 2015; Wilkis y Hornes, 2017), en las que también se reinterpretan las normas que condicionan el acceso a transferencias y programas sociales (Hornes, 2017; Pautassi et al., 2014). Retomando estos aportes, el artículo amplía el universo de indagación para contemplar las relaciones que establecen con la protección social grupos que, si bien no son los típicamente vinculados con la asistencia estatal, también participan de los procesos de (des)legitimación de las políticas. Sobre todo, cuando las fronteras entre poblaciones trabajadoras y asistidas se vuelven porosas por las transformaciones recientes en el mundo del trabajo. En esta línea, las consideraciones de Sennett acerca del respeto han resultado una clave analítica fructífera para interpretar las miradas que los grupos focales –realizados con diferentes categorías de trabajadores y trabajadoras– articulan de sí mismos, de otros grupos y del derecho a ser reconocidos y protegidos.

En lo que sigue, presentamos la perspectiva conceptual de análisis y la metodología utilizada. Las siguientes secciones presentan los resultados de la investigación a partir del análisis del material empírico. Argumentamos que las transformaciones en el mundo del trabajo a nivel regional y local, que impulsan dinámicas de precarización y desprotección de las clases trabajadoras, son fuente de un malestar que atraviesa a las distintas categorías de trabajadores/as y movilizan demandas de protección. De manera transversal, los llamados “planes sociales” son cuestionados como una estrategia adecuada para hacer frente a lo que advierten como un mercado laboral en tensión. Bajo ciertos matices, se les asigna una lógica paliativa que prorrogaría la dependencia y que sería responsable de formas de vida por fuera de los códigos del respeto (“vivir del plan” o “del Estado”). Así, la cuestión de “los planes” y de cómo superar sus fallas es tematizada en un registro eminentemente ético y moral, que lo separa de los problemas del registro del trabajo que afecta a estos grupos. Finalmente, las conclusiones sintetizan los principales hallazgos de la investigación.

El respeto constituye una cuestión conflictiva para la protección social y las políticas socio-laborales que la materializan. Si, por un lado, ser protegido dignamente depende del reconocimiento de un individuo como miembro de una comunidad política y, en virtud de tal condición, como un semejante; por otro, la protección se funda en una situación de necesidad o de vulnerabilidad frente a un riesgo, que puede identificarse como una problemática más o menos generalizable al conjunto. La protección social, en suma, encarna una forma de depender de otros y de otras, vínculo especialmente perturbador en una “sociedad de individuos”. Según la expresión de Norbert Elías (2009), una sociedad que reconoce a sus integrantes como entes autónomos y que pide de ellos un comportamiento independiente.

Desde la perspectiva de este autor, la civilización moderna moviliza un ethos particular, el del homo clausus. La fórmula sintetiza una ética según la cual las personas se perciben y experimentan a sí mismas como “mónadas”, seres aislados “frente a los que se encuentra el resto del mundo y, por tanto, también sus congéneres, como ‘mundo exterior’” (Elias, 2009, p. 88). Esta presunta separación entre mundo interior y mundo exterior deniega las relaciones de interdependencia entre ellos en las formas de vida y en la significación de experiencias inherentes a ella, como la vulnerabilidad, la enfermedad y la muerte. En términos de Judith Butler (2017), experiencias que desafían la supuesta autosuficiencia del individuo y ponen de manifiesto la constitutiva dependencia del sujeto respecto de otros. Siguiendo el argumento de Elías, en nuestras formaciones sociales esas mutuas dependencias, que unen entre sí a los miembros de una sociedad, resultan difícilmente representables. Lejos de considerarse un “dato de la propia existencia”, permanecen “tras las bambalinas de la vida social” (Elías, 2009, p. 33). Eso hace de la vulnerabilidad un problema, pero no solo para los vulnerables, sino principalmente para la comunidad “de autónomos”. Aunque la identificación con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad resulta sumamente dificultosa, solo nuestras sociedades han tomado medidas tan sistemáticas de protección contra ellas.

Lo anterior deja lugar a algunas disyuntivas: ¿bajo qué argumentos se vuelve legítima la dependencia de otros/as y en qué circunstancias?, ¿qué formas de vulnerabilidad son admitidas como comunes o generalizables y cuáles no?, ¿en qué condiciones los apoyos o protecciones públicas brindan un trato respetuoso, promotor del reconocimiento entre semejantes antes que del estigma por la pérdida de autosuficiencia? El análisis de Sennett (2003) brinda algunas claves para avanzar sobre estas preguntas. Uno de sus principales aportes es la distinción de tres códigos modernos que cifran el respeto. El primero consiste en “hacer algo por sí mismo”, en tanto la sociedad moderna valora el desarrollo de capacidades y habilidades y su uso eficiente, al tiempo en que ello es fuente de estima personal. En segundo lugar, “cuidar de sí” representa la máxima de no convertirse en una carga para los demás: mientras que las personas que se muestran como autosuficientes son respetadas, manifestar la necesidad de otros se presenta como una acción vergonzante. La exigencia hacia aquellos que requieren protección de demostrar la disposición a hacer algo por sí mismos, se funda en la aversión de la sociedad moderna al “parasitismo”. Así, “retribuir a los otros” se constituye en la fuente de estima “más universal, intemporal y profunda del carácter propio” (Sennett, 2003, p. 74), pues es el modo en que se tejen conexiones mutuas y puede contribuirse a la comunidad de pertenencia.

Hacer algo por sí mismo, cuidar de sí y ayudar a los demás. Estos tres códigos se encuentran empañados por desigualdades, hecho que hace del respeto un asunto problemático para nuestras sociedades. Dicho de otro modo, los recursos y habilidades para la respetabilidad se encuentran desigualmente distribuidos y, además, no permanecen inalterables. Por eso, el mutuo reconocimiento es continuamente negociado en la vida cotidiana, comprometiendo las complejidades del carácter personal tanto como la estructura social. En este sentido, el autor recalca que su reflexión sobre el respeto se mueve entre la experiencia concreta y la teoría social, dejando de lado el análisis de políticas y planes. Esto no es un olvido sino una advertencia al lector contra el intento de llenar ese vacío, ya que, desde su perspectiva, el trato respetuoso no puede conseguirse ordenándolo. Sin embargo, aun cuando el respeto no pueda planificarse, consideramos que se trata de un problema que compete a la vida de las políticas sociales. Evidentemente, no toda protección genera un apoyo capaz de preservar una posición respetable. Son específicas las condiciones en que la dependencia de otros/as no conspira contra el respeto y la propia estima. Así, se trata de una cuestión crucial para pensar las formas en que las políticas modelan las formas de reconocimiento e integración al conjunto social.

Sobre esta base, es posible afirmar que las políticas sociales participan de la producción de las normas que, en nuestras sociedades, rigen la inteligibilidad (Butler, 2009), es decir, confieren reconocimiento o deshumanizan al otro. Claro que la normatividad que estas intervenciones condensan es negociada, disputada y, en ocasiones, expresamente cuestionada. El respeto parece ser un asunto central, también, para comprender los procesos de construcción de legitimidad de las políticas y los problemas que emergen en ellos. La falta de respeto constituye una experiencia movilizadora de cuestionamientos y críticas hacia las intervenciones, los modos de merecimiento que las rigen, el alcance y la cualidad de protección que otorgan, las garantías que brindan. Puede estar vinculada a la percepción de la ausencia o inadecuación de apoyos para sí, o bien, enraizarse en la percepción de injusticias frente a las condiciones de apoyos dados o negados a otros/as.

Los tres códigos diferenciados por Sennett nos permitieron interpelar el material empírico. También alumbrar un problema menos explorado en los estudios sobre la política social argentina, que aporta nuevos elementos para comprender los sentidos en torno a las estrategias de intervención social del Estado, el reconocimiento de sus titulares y el rol de los actores involucrados en su implementación. Se trata de una perspectiva que reconoce la interdependencia como característica constitutiva de la sociedad.

La adhesión o el cuestionamiento hacia las políticas sociales que se plantearon en los grupos focales realizados remiten a los modos en que ellas estimulan u obturan que sus titulares hagan algo por sí mismos, dirimiéndose entre la promoción de la autonomía personal y la exigencia de actividad a quienes, por distintas razones, padecen situaciones de necesidad. También visibilizan o desconsideran la potencia de las intervenciones para habilitar a las personas una participación más activa en las circunstancias de su propio cuidado. Finalmente, los argumentos apelan a los modos en que, quienes son sostenidos circunstancialmente o de manera duradera, retribuyen a la sociedad que les brinda protección.

Para recuperar las miradas y controversias desplegadas en torno al trabajo, la protección social y las circunstancias en que la dependencia adulta es considerada legítima, utilizamos una metodología cualitativa en base a grupos focales, cuyo resultado analizamos desde un paradigma interpretativo que comprende la acción social en el contexto del mundo de la vida, desde la perspectiva de los sujetos (Vasilachis de Gialdino, 1992). A partir de una guía semiestructurada, la técnica de grupos focales construye una situación de interacción social bajo condiciones controladas, destinada a captar las visiones, acuerdos y controversias sobre los temas propuestos por la coordinación. Siguiendo la línea de trabajo de investigaciones previas, este instrumento habilitó la posibilidad de aprehender las articulaciones entre el discurso social, el sentido común y la expresión individual (Grassi y Hintze, 2018).

Todos los grupos estuvieron conformados por personas adultas con distintas formas de vinculación con el trabajo y la política social. Los mismos fueron construidos a partir de categorías ocupacionales definidas en el marco de la investigación, que pudieran dar cuenta de las transformaciones del mundo del trabajo en la Argentina signada por la salida de la pandemia. Entre mayo de 2022 y junio de 2023 realizamos seis grupos focales con:

Este esquema de organización se fundamentó en nuestra hipótesis de trabajo, según la cual la inserción laboral tiene un peso importante en la determinación del lugar social de los sujetos, es decir, de la posición desde la cual estos construyen representaciones y visiones del mundo, y dan sentido a sus condiciones laborales y de vida. Para la selección de los y las participantes, buscamos un balance entre proximidad social y heterogeneidad en las inserciones ocupacionales y en los vínculos que establecen con las políticas sociales. También consideramos las variables de género y edad, pues marcan las experiencias de los sujetos respecto de estas cuestiones. En cuanto al criterio geográfico, la mayor parte de las personas participantes residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en distritos del primer cordón del conurbano bonaerense.

Los encuentros tuvieron lugar en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y en el Centro Cultural de la Cooperación, ambos en la CABA. La guía de pautas estableció una secuencia temática común a todos los grupos. La apertura correspondía a la presentación del proyecto de investigación y de las y los participantes, momento tras el cual seguía un primer bloque que planteaba disparadores sobre el rol del Estado y de las políticas sociales. Para “romper el hielo” y hacer circular la palabra, preguntábamos por sus principales preocupaciones y las prioridades que debería tener el Estado en su intervención. En un segundo momento, una consigna abierta sobre lo que se les venía a la mente al hablar de políticas sociales, que se proponía relevar imaginarios sobre ellas, sus justificaciones morales y normativas. Los ejemplos daban lugar a preguntas más específicas por las políticas que conocían, las que rescataban como positivas, avanzando en la discusión sobre las poblaciones o las necesidades a priorizar por el Estado, los criterios de distribución, los tiempos de duración de las asistencias, entre otros temas. El siguiente bloque se adentraba en las experiencias de los y las participantes con el campo de la protección social, abriendo el diálogo sobre sus condiciones de vida y de trabajo. Finalmente, colocamos el foco en políticas sectoriales: educación, asistencia, economía social y popular, y seguridad. También indagamos en la legitimidad de la organización social para canalizar demandas y consideramos algunas cuestiones vinculadas con los cuidados y la organización doméstica.

Como puede verse, las pautas fueron formuladas de manera amplia, para dar lugar a las conexiones de sentido que establecieran los y las participantes en la interacción grupal. Esto nos permitió captar las maneras en que, desde diversas posiciones, se significaban las intervenciones sociales, para reforzar o poner en cuestión las representaciones dominantes sobre “los planes” y “los asistidos”. En efecto, la cuestión de los llamados “planes sociales” gravitó en todos los grupos focales desde el inicio de la conversación, de manera previa al tratamiento particular de las políticas socio-asistenciales, planteándose como una de las principales y primeras referencias asociadas a la política social. Puesta sobre la mesa por los propios participantes, la cuestión reingresaba de distintas maneras en la conversación grupal, lo que permitió observar diferentes asociaciones temáticas y anudamientos progresivos del diálogo sobre problemáticas ligadas a las fallas de estos programas, su persistencia en el tiempo, las prácticas abusivas a las que dan lugar, los modos de vida que forjan.

En esta línea, el interés asignado a la cuestión del respeto en el proceso de análisis se originó en el hecho de que las discusiones de los grupos focales presentaron un importante registro ético y moral respecto de las responsabilidades individuales y colectivas al momento de afrontar situaciones de necesidad y padecimiento. En dicho registro se inscriben las problematizaciones respecto de las condiciones del sujeto, sus compromisos respecto de su propio cuidado, el aporte que realizan a la comunidad y su disposición a hacer algo por su autonomía. Así como también sobre las obligaciones del Estado y de la colectividad frente a un daño o una necesidad cuyo carácter compartido se encuentra en debate. Desde nuestra perspectiva, las razones esgrimidas, los argumentos articulados y los acuerdos y disensos expresados al respecto, anudan criterios de respetabilidad que fundan demandas de protección y críticas hacia los modos en que otros/as son sostenidos/as públicamente. La estrategia metodológica adoptada resulta adecuada a la indagación propuesta alrededor del respeto pues, como argumenta Butler, entramos en contacto con las normas de reconocimiento cuando se nos pide que respondamos quiénes somos y cuál debería ser nuestra relación con el otro. Pregunta promovida desde la coordinación y latente entre los propios participantes al momento de acoplarse o contrastar las opiniones en la conversación generada.

A partir del diálogo entre el abordaje conceptual y el material empírico relevado, indagamos en las siguientes dimensiones:

En este apartado analizamos las problematizaciones que los y las trabajadoras formularon en los grupos focales sobre sus condiciones laborales, considerando cómo se percibe el trabajo propio respecto del acceso a condiciones de vida socialmente aceptables. A partir de ello, pretendemos aportar a comprender en qué medida el trabajo en la Argentina actual permite realizar proyectos personales o familiares, construir formas de pertenencia colectivas y reconocimiento social de las actividades que se realizan. Estas problematizaciones son parte del marco en el que se dirime quiénes merecen legítimamente ser protegidos y qué formas de intervención resultan adecuadas para atender los problemas de cada sector del trabajo. También son el contexto en el que se negocia cotidianamente el respeto mutuo en nuestra sociedad.

Si bien la condición laboral asalariada-no asalariada, formal-informal, son clivajes fundamentales en el mundo del trabajo, en la organización de las políticas públicas y en el modo en que se (re)producen las desigualdades de acceso a derechos, ingresos y protecciones, el análisis de los grupos focales realizados da cuenta de un malestar que atraviesa al conjunto de trabajadores y trabajadoras, más allá de su ocupación y condiciones de contratación. Este malestar se vincula con cómo es percibido el propio trabajo y sus límites para asegurar condiciones laborales y de vida acordes a las propias expectativas, tanto como para brindar cierta seguridad y previsibilidad para sí y para su familia.

Los y las trabajadoras de los grupos de economía social, economía popular, plataformas de reparto y transporte, y de baja calificación (obreros y de servicios) comparten condiciones precarias que se expresan en desprotección, vulnerabilidad socioeconómica e incertidumbre, que limitan las posibilidades de planificar y tomar decisiones más allá del día a día. Excepto uno de los participantes del grupo de economía social, asociado a una cooperativa de tecnología que es un rubro de altos ingresos, las dificultades económicas de las unidades productivas o los magros ingresos que perciben los colocan en una situación de dedicación casi total al trabajo. La incertidumbre que provoca vivir al día estalla en un contexto de alta inflación, que licúa los ingresos y lleva a sentir que hoy “todos son lujos”. Frente a la pregunta de la coordinación por el lugar que el trabajo ocupa en sus vidas, Julio (del grupo de trabajadores/as de baja calificación) expresa la tensión que genera el deterioro de las garantías que el mismo ofrece en la propia experiencia:

es casi la prioridad, si no es la prioridad… Porque si no trabajás estás con la soga al cuello, y si trabajás capaz que también, no te alcanza para comer … ¿Para qué trabajo tanto, si no puedo comprar nada a fin de mes?^[2]

Por su parte, aquellos trabajadores de plataformas, que se conciben como autónomos (aunque dependan de las empresas que las desarrollan para acceder al trabajo), en ocasiones valoran la libertad de manejar sus horarios laborales, aunque también la consideran una forma de “autoexplotación” vinculada con “el alto grado de precarización que existe” en la actividad y con la necesidad de aprovechar en el presente una demanda y una disposición laboral sobre las que no hay plena certeza.^[3] La intensidad y plena dedicación al trabajo fue también tematizada en el grupo de independientes, asociadas a su condición de monotributistas. Lejos de contar con la pretendida posibilidad de organizar los tiempos que se le atribuye usualmente a esta modalidad, muchos de los y las participantes expresaron que el trabajo “los maneja a ellos y ellas”:

En un principio uno decía: ‘monotributista, manejas tus horarios’. La verdad que no, mis horarios no, ¡el trabajo me maneja a mí!, es al revés. Y después, ahora que estoy haciendo la jubilación, trabajo mucho más, porque quiero tener algo como para…un colchoncito, ponele. Entonces genero más trabajo y más trabajo … me ocupa el 80% de mi vida, estoy trabajando sábados, domingos, esto de que el horario… nada, no lo manejo. … Yo me di cuenta en la pandemia de que trabajar en relación de dependencia tiene sus grandes beneficios. … No soy monotributista porque haya querido elegir ser monotributista, sino porque el sistema me lo pidió así. Sos profesional, sosmonotributista, no hay otra.^[4]

Ante las dificultades para atender las necesidades vitales más elementales, en el grupo de economía popular observamos otra forma de intensificación del trabajo, ligada a las estrategias de organización colectiva que se despliegan frente a una certeza: “tenés que organizarte, cada uno aportar un poco y así vas a comer, si no, no vas a comer” [destacado propio].^[5] Todas las personas de este grupo focal no sólo realizan extensas jornadas laborales, sino que además dedican largas horas a la organización para poder salir adelante. Trabajar en el comedor comunitario, utilizar la propia vivienda para la olla popular que garantiza el alimento a quienes viven en el barrio o participar en asambleas, entre otras actividades, son parte del trabajo cotidiano de estos/as trabajadores/as que, como explica Jorge, no viven en “el mundo ideal que dice jornadas de ocho horas”, sino que muchas veces tienen que dedicar más tiempo para que su cooperativa crezca y “cargarse” sobre las horas de descanso o de vida familiar la posibilidad de organizarse como aporte a la transformación de la sociedad.^[6] Si bien el compromiso con estos procesos es planteado como una elección deliberada que permite construir formas de pertenencia y reconocimiento ligadas a una identidad colectiva, la precariedad de las condiciones de vida y las dificultades para garantizar necesidades básicas también lo condicionan.

En el grupo de economía social, las dificultades económicas se expresan en los problemas de las cooperativas para generar un ingreso mínimo y en la imposibilidad de atender cuestiones de seguridad básicas en el desarrollo de la actividad. Al respecto Blanca explica que en la cooperativa de comercialización que integra tuvieron “una reflexión colectiva que se disparó por una compañera que se lastimó la cabeza cargando la camioneta”. El cansancio, el estar “re pasades de laburo”, invisibiliza las condiciones y riesgos a los que están expuestos para tener un ingreso que no alcanza el salario mínimo:

Nuestro espacio de trabajo es un galpón en el que nos morimos de frío y nos morimos de calor. Las condiciones de trabajo no están buenas, no están buenas y no se pueden priorizar porque no hay manera de ganarle a la inflación.^[7]

El malestar respecto del trabajo se conecta con la falta de reconocimiento de las tareas que realizan o de la forma de organización mediante la cual las desarrollan. De distintas maneras, la percepción de que sus trabajos son objeto de desvalorización, discriminación y/o exclusión de las políticas de protección disponibles se reitera en distintos grupos focales. En la economía popular la falta de reconocimiento de una actividad sumamente sacrificada se traduce en procesos de exclusión y criminalización del trabajo, tales como el decomiso de la mercadería que sufren sistemáticamente quienes trabajan en la venta ambulante, o la necesidad de salir corriendo cuando se acercan agentes de control del espacio público:

Y sí, tenés que correr. Algunas veces vendés y algunas veces no vendía. Estar parada ahí, cinco o seis horas, te juro que te cansás. … Yo en todo el día no comía. Y otra cosa, si iba sola, ¿a quién le decía ‘cuidame la mercadería que voy al baño y vuelvo’? Me tenía que aguantar todo. Encima si vendía, tenía que estar así, con los ojos [los abre], mirando que no venga el policía y te arranque las cosas, porque te las lleva y listo, ya está.^[8]

En la economía social, la demanda de reconocimiento del valor de las tareas que realizan se anuda con la demanda de políticas de apoyo efectivas y adecuadas a las necesidades del sector, como por ejemplo la simplificación de trámites burocráticos, la adecuación en el pago de impuestos que, desde sus perspectivas, son demasiado altos en relación con los excedentes que producen empresas que no tienen fines de lucro. Políticas que puedan “generar mejores condiciones para que una cooperativa o una empresa autogestiva… pueda de alguna manera estar en las mismas condiciones que una PyME,^[9] que una empresa, a la hora de acceder al mercado”.^[10] Encuentran que la falta de existencia legal se expresa, inclusive, en los censos nacionales de población y otras encuestas que no contemplan el trabajo cooperativo entre sus categorías.

Quienes no son asalariados/as perciben que la centralidad del empleo en la organización de las políticas públicas los y las excluye de prestaciones de la seguridad social, como las licencias o el acceso a una jubilación adecuada al momento del retiro. La condición de trabajadores/as emprendedores/as, independientes o autogestionados/as los hace responsables de su propio cuidado. El género se expresa como una dimensión que profundiza una situación de desigualdad respecto del acceso a la seguridad social que caracteriza a este grupo:

Me estoy dedicando ahora a ser emprendedora y la verdad es que estoy encontrando muchas trabas, se me está haciendo muy difícil. En los diferentes organismos parece que hubiera como un apoyo al emprendedor … pero es muy difícil acceder, después siempre es una traba o te falta esto, no cumplís con lo otro. Yo no siento un apoyo real, con lo cual todo me está costando el doble, el triple, como que parece que todo sigue hecho por ahí para el que está en relación de dependencia y para el otro no…. Yo la remo todos los días y me super cuesta todo, igual que los que trabajan en relación de dependencia, en eso no hay diferencia. Pero siento que tiene más cuidados la gente que está en relación de dependencia…. Sin ir más lejos cuando quedé embarazada no pude tener acceso a ningún tipo de cobertura, no ingresaba dentro de ningún grupo y terminaba relacionándose con: bueno, pero tu marido tiene trabajo ¿Pero mi valor, como mujer, como persona? … Me sentí muy desamparada y me sigo sintiendo así, creo que hay un vacío de leyes en esos aspectos.^[11]

Entre los y las asalariadas de baja calificación, la falta de reconocimiento se percibe a partir de la desvalorización de su labor y el constante control por parte de sus empleadores y de quienes reciben sus servicios, personas respecto de las que experimentan una distancia social y cultural que los coloca en una situación de inferioridad. Héctor, encargado de un edificio, y María, personal de maestranza, intercambian sobre experiencias compartidas:

Héctor: Yo pedí permiso [para ausentarme] y ahora me están llamando para preguntarme ¿dónde estás?, ¿qué hacés que no estás en la puerta? [Risas]. Pero siempre estoy. Es más, ahora vuelvo a sacar la basura y mi horario es hasta las ocho, pero me quedo hasta las nueve barriendo la vereda… Y no te valoran esas cosas.

María: Lo que pasa es que siempre el que tiene plata es como que mira más para arriba, no le importa el de al lado. Gente bien. … Al principio sí estaban atrás mío [en su trabajo], sabían todo lo que hacía, te escuchaban por las puertas. Pero bueno, ahora se tranquilizaron, ya no me joden, pero es como que no te valoran.^[12]

Quienes trabajan en relación de dependencia en el sector público y privado comparten con el grupo de trabajadores/as independientes una posición socioeconómica que algunos de ellos definieron como “de clase media”, a partir de mayores niveles de ingresos propios o de su núcleo familiar. Esto les permite acceder a condiciones de vida adecuadas y planificar en mayor medida sus trayectos y decisiones laborales y de vida, tales como dejar un empleo en relación de dependencia para emprender con la expectativa de hacer algo que les gusta, o de crecer en la actividad que ya hacen, dedicarse al trabajo social voluntario o artístico, entre otras. Salvo alguna excepción, la mayoría expresa estar a gusto con las tareas que desarrollan. En el caso de las y los estatales que participaron de los grupos focales, mostraron responsabilidad e implicación personal ante tareas que implican brindar un servicio o atención ciudadana. Como Fernanda, quien señala que su “compromiso” con el trabajo va más allá de “poder pagar las cuentas”, porque “tiene que ver con las cosas en las que creo y un montón de cosas más a nivel político, ideológico y demás”. El lazo con la tarea y con los equipos de trabajo aparecen como los estímulos que permiten afrontar la precariedad del trabajo en el Estado que, en este diálogo, no se expresó tanto en términos de la insuficiencia de ingresos o del carácter de la contratación, sino de la falta cotidiana de recursos y del “desprestigio” del empleo público, panorama frente al cual se pone “el doble de esfuerzo”. La desvalorización del empleo público parece consolidarse como una nueva condición, asociada con la figura de “ñoquis” u otras expresiones peyorativas, como la de “grasa militante” durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que hacen referencia a personas que perciben un ingreso, pero no trabajan o sus tareas resultan inútiles o peor aún, corruptas. “El trabajo estatal”, concluye Fernanda, “siempre es mala palabra”.^[13]

Si “vivir del trabajo” históricamente ha condensado los códigos del respeto en nuestras sociedades, en las condiciones actuales pareciera una pretensión sumamente ardua de realizar. Los y las participantes en ocasiones encarnan, en otras cuestionan, la ambigüedad que involucra un proyecto de vida cuyas condiciones de realización se encuentran cada vez más individualizadas y, al mismo tiempo, escapan a su control. Los diálogos ponen de relieve que las elecciones laborales se realizan en un margen acotado de acción y que la falta de apoyos colectivos conspira contra la posibilidad de “hacer algo por sí mismo” y de poner en valor lo que hacen por la sociedad. Resulta llamativo el hecho de que posiciones muy diversas del mundo del trabajo se encuentren atravesadas por la invisibilidad, la desvalorización, y/o el desprestigio, lo cual hace del reconocimiento una cuestión sensible. Salvo en aquellos espacios en los que la organización resulta vital para garantizar condiciones elementales de la actividad productiva y de la reproducción, las pertenencias colectivas no aparecieron como un espacio significativo de acogida. Una cuestión elocuente es que los sindicatos prácticamente no han sido mencionados, ni considerados como ámbitos de afiliación o referencia en las discusiones grupales.

Los malestares que rodean la experiencia de trabajar en la Argentina actual hacen crujir los códigos del respeto. Sin embargo, como veremos en el próximo apartado, el diálogo grupal parece encontrar allí la clave para superar la precariedad y vulnerabilidad que, paradójicamente, tienen su origen en el ámbito del trabajo.

“Supuestamente esto de los planes era pasajero”, desliza uno de los participantes de los grupos focales.^[14] En la mayor parte de los grupos relevamos observaciones en la misma sintonía, que problematizan la persistencia en el tiempo de programas sociales cuya formulación les asigna un carácter transitorio. Sobre ellas yace una sospecha; la de una falla. Es que la continuidad de una estrategia de emergencia pone de manifiesto el aplazamiento de las situaciones críticas de pobreza y desocupación que la misma está llamada a atender. Así, el largo derrotero y la expansión de los programas de transferencias de ingresos por trabajo que se vienen implementando en Argentina bajo distintas modalidades, resulta problemático para los y las participantes ya que manifiestan que la promesa de “trabajo genuino” es postergada de forma duradera.^[15] Incluso, quienes reciben un “plan”, aclaran que “es malo que se quede” y enfatizan que “nos encantaría que no existiera”.^[16] ¿En dónde está el problema? ¿Por qué los “planes sociales” se consideran beneficiosos solo de forma transitoria?

Las discusiones de los grupos focales están atravesadas por la percepción de una falla que podríamos caracterizar como estructural y que remite a lo que se percibe como un cambio de época en las formas de trabajo y de vivir de él. Diagnóstico que va en sintonía con las propias experiencias laborales que sistematizamos en el apartado anterior. El cambio afecta especialmente los soportes clásicos del empleo: sus regulaciones, las protecciones derivadas de él y un espectro de servicios más o menos universales que sostenían el nivel de vida. Las vivencias cotidianas de los y las participantes ratifican un cambio de signo en el devenir del tiempo, que separa el presente de un “antes” más previsible. Resulta insoslayable que estamos ante un “mercado laboral tenso”, al decir de un participante,^[17], que ya no promete inserción laboral ni reconocimiento social. En este contexto parece ciertamente inevitable la presencia de programas sociales para la población adulta. Sin embargo, se advierte cierto desajuste entre la naturaleza de la intervención y las transformaciones en curso. En el lema “planes no, trabajo”, habita la idea de que la “solución asistencial”^[18] no se da en el ámbito en el que se origina el problema.

Esta idea fuerza, a la vez, contiene cierto rechazo a la asistencia, entendida como un corrosivo de la autonomía personal, capaz de minar la estima propia y el respeto de otros en caso de prolongarse. No es a través de la asistencia, sino del trabajo, que es posible hacer algo por sí mismo. En algunos argumentos, se reconoce que la existencia de programas sociales se fundamenta en una ausencia previa del Estado que explicaría la situación de desocupación, visibilizándose derechos vulnerados “antes de cualquier instancia de política social que se puede empezar a implementar”.^[19] Sin embargo, de ello no se deriva la adhesión a la lógica “asistencialista” que se adjudica a estas intervenciones.^[20] En palabras de los y las participantes, este tipo de programas solamente “mata el hambre”, “no enseña”,^[21] no estimula a “salir adelante”.^[22] El asistencialismo que se le atribuye hace referencia a una situación de dependencia sin promoción del individuo, a la anteposición de la transferencia monetaria a la capacitación, del pescado antes que la caña de pescar. A contrapelo, aparece una lógica deseable de intervención que, en palabras de Juan, del grupo trabajadores/as en relación de dependencia, debería privilegiar “que tenga la caña para poder pescar, ir y conseguir un trabajo, insertarse activamente y producir algo para la sociedad en su conjunto y para él ser feliz, tener movilidad, objetivos y todo eso”.^[23]

Aun cuando los programas ensayados en Argentina han incluido modalidades de contraprestación laboral (organizadas de forma individual y luego asociativa), parece registrarse un déficit en el lazo establecido con el trabajo en sentido amplio. En parte, quizás se deba a que esas otras economías (sociales y populares) promovidas durante los últimos veinte años, principalmente desde el Ministerio de Desarrollo Social, no llegan a ser reconocidas por las propias instituciones estatales y el conjunto social como parte del ámbito productivo (Hopp, 2020). El vínculo deseable es pensado de distintas maneras en las discusiones grupales. Entre quienes participan de cooperativas vinculadas a programas sociales, se demanda mayor reconocimiento institucional, soporte técnico y estrategias de financiamiento que apunten a la sostenibilidad de los emprendimientos y, de ser posible, a obtener cierta autonomía respecto del apoyo estatal. En otros grupos, con mayor distancia respecto de la gestión de estas políticas, circulan alternativas algo genéricas de capacitación en oficios, “enseñar a estudiar”,^[24] en las que se deposita la expectativa del despunte de la población asistida. Las diferencias son significativas, pues establecen horizontes muy disímiles para la intervención estatal. Sobre esta base, resulta llamativa la extendida tematización del lazo de los planes sociales con el trabajo en un registro moral, que refiere a la discusión de si estimulan o no la disposición a trabajar de quienes los reciben. Disposición en la que se expresaría la voluntad de hacerse cargo de sí y de hacer algo por los demás, de aportar a la colectividad. Desde este punto de vista, el plan emerge como “esa ayuda básica para el día a día y hasta ahí nomás”.^[25]

Mi abuela me contaba que ella venía de una familia humilde, [pero] la humildad no era sinónimo de pobreza ni de falta de educación, había mucha educación porque se inculcaban los valores, proyectar, crecer, ser ambicioso. Y como que ahora falta mucho eso en las familias en general. Capaz que el Estado podría acompañar un poco más a las clases vulnerables como para devolverles un poco eso, decirles que pueden progresar, que pueden ser más, no solamente la ayuda económica para que puedan comer, alimentarse, abrigarse, tener un techo, sino también alentarlos.^[26]

Alentar, impulsar, progresar. Esta serie de acciones que concretizan el deber ser de la política social hablan de una intervención dirigida a sostener un cambio subjetivo, más que a alterar las dinámicas del mercado laboral o las condiciones estructurales de una economía que atraviesa una larga crisis. El esfuerzo propio y la transformación cultural y subjetiva se visualizan como elementos insustituibles para la movilidad social. En esta clave se inscriben las exigencias de actividad para los y las titulares de programas sociales. Se trata de brindarles herramientas para una posible salida laboral, también de sostener una disposición que define, ella misma, una posición respetable. Esta lectura es compatible con otras miradas, que relativizan lo que pueden hacer los individuos en el marco de tramas sociales de vulnerabilidad. “Lo que no me termina de cerrar”, subraya Silvina, “es que ser social no es solo dinero para comprar pan o harina, un ser social es un montón de otras cosas”.^[27] El matiz advierte el hecho de que una asistencia mínima puede privar de un trato respetuoso cuando no brinda oportunidades de participación social valoradas a quienes atraviesan una situación de necesidad. También emergen contrapuntos más nítidos, cuando se enfatiza la “obligación del Estado de garantizar que todos los habitantes puedan tener algún tipo de posibilidad, ya sea de trabajo o de asignación”,^[28] de dar “contención a los que no pueden acceder a los mínimos recursos sociales para subsistir”.^[29]

Entre matices y disensos, resalta el horizonte deseable de un mayor o quizás una nueva forma de compromiso del Estado con el pasaje de la asistencia al trabajo. Como resumía un participante, “no me parece que el problema sea el [Programa] Potenciar Trabajo”, “sí me parece que se deberían generar mejores condiciones para que las cooperativas no debieran depender de ese Potenciar Trabajo”.^[30] En esta misma línea, quienes reciben los programas que suscitan tanta controversia destacan los “cinco mil palos en la rueda” que pone el Estado y “no te dejan avanzar y no te dejan crecer” como sector cooperativo.^[31] La idea se reitera entre quienes son parte de este universo: aunque el apoyo sea valorado, la futura autonomía respecto de éste resulta más prometedora. La relación con el sostén estatal es ambivalente: nadie quiere ser asistido para siempre. “Lo utilizamos porque lo necesitamos, pero lo criticamos también y querríamos no tenerlo más”, aclara Luciana en este sentido.^[32]

Los contrapuntos amplían la mirada sobre las condiciones para la promoción personal, para el cuidado de sí y la contribución al colectivo; también logran cuestionar el carácter residual de los apoyos colectivos. Sin embargo, resulta claro en la conversación que la responsabilidad individual se presenta como un elemento irremplazable para los procesos de reinserción y movilidad social. En este sentido, otro código que los y las participantes parecen compartir es el valor que tiene renunciar a la asistencia cuando ésta ya no es indispensable; se insiste sobre ello entre quienes son titulares de programas sociales. En palabras de Alicia, “[el Estado] debería apoyarnos por un determinado tiempo, a que vos generes algo, tu productividad, y después dar espacio a otro”. Dar paso a “quien de verdad necesita”, agrega, es una acción significativa “como sociedad”. Decir “yo ya está, hasta acá llegué, gracias” es una afirmación de su propia estima y del respeto que se espera de otros.^[33] La transitoriedad de los apoyos constituye un valor.

En suma, la existencia de una respuesta ante la emergencia no es lo que resulta problemático en sí mismo para las personas participantes de los grupos focales. Sino la prolongación indefinida de una intervención al amparo de la cual se reproducen formas de vida por fuera de los códigos del respeto. Vistos de este modo, en su persistencia en el tiempo los programas sociales se vuelven parte del problema de la pobreza y no de la solución. Por eso “el plan” en ocasiones es aludido casi como una forma de vida, una opción vital, que expresaría una moralidad cuestionable de sus titulares, lo que se condensa en aquella expresión de uso corriente en el debate público de “vivir del plan” o “del Estado”. En contraposición con esa opción moral, una participante relata el momento en el que, pudiendo ampararse en el Estado, ella “optó por trabajar”.

Yo me acuerdo cuando recién empezó lo que era el tema del trabajo en esa época, hace como veinte años atrás. … Yo no tenía plan en esa época, trabajaba en la iglesia, dábamos la leche, todo eso. Nos mandaban a cortar la ruta, me acuerdo, pero no teníamos planes. Hasta que yo dije: no, yo no quiero para mí venir a cortar la ruta y estar acá. Dije: no. Entonces ahí la opción fue venir a Buenos Aires y empezó mi marido a trabajar hasta que yo pude también trabajar. Y opté por trabajar.”^[34]

En el transcurso de las conversaciones grupales, las apreciaciones estructurales que hacen los y las participantes se superponen con una mirada del problema del trabajo eminentemente individual y asentada en el registro moral, que resulta sumamente productiva en la imaginación de alternativas al plan o de sus posibles reformulaciones. En este punto, el problema de los planes se torna el problema de un otro.

Queda claro que “vivir del plan”, según expresiones corrientes de las y los participantes, no es lo mismo que ser beneficiario de un programa social. La expresión condensa una forma de vida caracterizada por la aceptación pasiva, el acostumbramiento, a depender del apoyo estatal y, ligado a ello, por el abuso del sostén que la comunidad brinda, sin disposición de retribuirla, de dar algo a cambio. La figura del “abuso” es clave en la delimitación de una frontera moral, pues se presenta como la ocasión que pone en juego una decisión individual: la elección personal entre pedir un plan o decidir trabajar, esforzarse para “salir del plan” o permanecer en una situación de dependencia,^[36] realizar acciones en condiciones de heteronomía (como asistir a una marcha por dinero) o alinearse con el respeto propio más allá de las ventajas momentáneas. La figura que condensa el estigma es la de la “gente que está cómoda en su casa esperando la plata de arriba, porque tienen muchos hijos y sacan plata”,^[37] evocada en el diálogo a partir de experiencias cercanas a las y los participantes. “Es una ayuda que sirve, pero…”, dice un participante y otro completa la frase: “que sirve, pero la gente a veces se abusa. Yo lo vivo, lo conozco y se abusan”.^[38]

Los abusos de ciertos titulares se postulan como el último eslabón de una larga cadena que los hace posibles. Un engranaje fundamental es el de “los punteros”,^[39] que logran acomodar a “su gente” entre quienes perciben programas sociales.^[40] Los “metidos en la fila”^[41] expresan la anulación de principios de justicia valorados para la distribución de las ayudas, tipificados en la noción de “necesidades verdaderas” (Soldano, 2018) y, así, configuran una dependencia ilegítima. Para quienes trabajan en el ámbito de la economía popular, marcar una distancia con esa figura se vuelve acuciante: “vos trabajás en un comedor y por ahí te pagan un plan como cualquier persona que no hace nada, que solamente van a las marchas”.^[42] Con una marcada distancia respecto de lo que se pone en juego en estos escenarios, Adrián, un trabajador independiente opina: “no me gusta la parte de intermediación entre efector y quien lo recibe, me parece que no tiene que estar”.^[43]

La arbitrariedad que se le adjudica a la gestión de programas sociales se ve reforzada por las demandas de protección irresueltas que expresan los y las participantes de diferentes categorías del mundo del trabajo. Ello se observa, especialmente, en los grupos que atraviesan situaciones laborales de alta precariedad, cuyos participantes han estado próximos a la asistencia pública en distintas oportunidades. “Yo me anoté, pero nunca salí en ningún lado”, afirma José, “pero vos veías que el tipo que te anotaba se hacía la casa, se compraba el auto”.^[44] En el mismo grupo, María se lamenta porque “el que no tiene nada tiene que hacer mucho papeleo, mucha burocracia para poder conseguirlo”.^[45] En estas experiencias se reafirma un “nosotros”, que se refuerza con la percepción de la arbitrariedad del Estado, al no recibir los apoyos que se esperan de él, los cuales no refieren a su cara asistencial. Entre quienes trabajan de forma independiente y a través de plataformas digitales, se subraya que el monotributista está en condiciones de desventaja respecto de las protecciones que recibe el trabajador formal en relación de dependencia. “Yo no siento un apoyo real”, sentencia Clara,^[46] mientras que Alex concluye que las ayudas “siempre van mal dirigidas”.^[47] La clase política es señalada como garante de esta cadena de arbitrariedades burocráticas y abusos:

Y después el tema de los políticos también. O sea, ¿qué haces en el país para terminar con esa situación? Porque nosotros estamos hablando de las personas que cobran planes, pero no hablamos de lo que están haciendo ellos como para que estas cosas mejoren, porque no lo vamos a resolver nosotros, eh”.^[48]

Como señala Víctor, “el límite entre tener trabajo y no tener trabajo es muy finito”, pero no por ello la frontera moral con quienes reciben planes sociales y hacen mal uso de ellos pierde nitidez.^[49] La construcción de un otro moral permite separar los problemas del registro del trabajo que experimentan las y los participantes de los grupos focales, y el problema de los planes. Aunque pueda existir cierta proximidad social con ese sujeto, la distancia se imprime en los modos de nominarlo. Son las “clases vulnerables”, en palabras de Melina.^[50] “La masa”, que percibe planes sociales reversionados, pero “es siempre la misma”, al decir de Alejo.^[51] Son otros, no nosotros. La distancia inclusive es trazada por quienes perciben estos programas:

Está bueno que nos organicemos entre nosotros, creemos articulaciones y todo eso de la economía popular, pero con los buenos principios. … Hay la realidad de los que dicen, que sí son choriplaneros y todo eso. Por ahí hasta nosotros mismos estamos entre esos.^[52]

La construcción de una otredad moral, no interesada en hacer algo por sí misma ni por los demás, que saca ventaja de la ayuda de otros, explica en parte la dificultad por asumir una responsabilidad compartida frente a un problema que no se plantea en el ámbito del trabajo, sino que hace parte de su exterior, de su negación. A diferencia de lo analizado hace seis años (Hopp y Lijterman, 2018), ese otro, por fuera de los códigos del respeto, suscita expresiones de rechazo y de violencia que, aunque son limitadas, son llamativas por su animosidad. “Nos volvimos todos caprichosos de repente”, dice Juan^[53] aludiendo a la supuesta pretensión de quienes reciben planes de trabajar de “lo que se les da la gana” y no de “lo que sea”. “Se acostumbraron a los planes y eso no lo sacás más”, dictamina Ernesto.^[54] Frente a ello, frente a ellos, María es ganada por sus “ganas de salir afuera y decirles ¡la puta madre, laburá carajo!”.^[55]

La falta de estima respecto de este otro se extiende hacia las intervenciones en cuyo seno, se considera, ha emergido un sujeto tal. En años anteriores advertíamos el desprestigio de los programas sociales y la simultánea dificultad para pensar alternativas superadoras “al plan” (Hopp y Lijterman, 2018). Situación dilemática y generadora de malestar que se expresa en la opinión de Martín, trabajador de plataformas: “yo no sé si estoy a favor de los planes, estoy en contra de que los saquen”.^[56] El nuevo trabajo de campo muestra un sutil deslizamiento. Aunque es minoritaria, se expresa una duda: “no sabés si seguir porque ayuda gente o no seguir porque hay gente que se aprovecha.^[57] La posibilidad de poner en duda la asistencia acaso señale un quiebre en los procesos de deslegitimación de las intervenciones sociales del Estado y en los modos de concebir el respeto en nuestra sociedad.

A lo largo de estas páginas recorrimos miradas, puntos de encuentro y disensos a propósito de las políticas sociales dirigidas hacia los grupos de personas que, estando en condiciones de trabajar, no logran insertarse de manera satisfactoria. Lo hicimos inquietadas por el problema de la (i)legitimidad de estas intervenciones que en Argentina, han seguido un largo derrotero, y por las condiciones que se sedimentan para merecer protección, en una sociedad atravesada por modalidades de individualización y desigualación cada vez más acuciantes. La problematización de Sennett (2003) sobre el respeto provocó la reflexión, al presentarse como una cuestión central en el debate de los grupos focales el trato que la política social debe dispensar a diferentes grupos de trabajadores, al de pertenencia y a los otros. Consideramos, entonces, que las demandas de protección y las circunstancias que hacen a la reproducción de la vida se sitúan como un espacio de negociación (o denegación) del respeto.

El diálogo de los diferentes grupos ha insistido en colocar al trabajo no sólo como el medio legítimo de obtener ingresos (aunque en el contexto actual éstos ni siquiera alcancen para sostener condiciones de vida aceptables) sino como articulador de una posición respetable. No obstante, la ardua realización de la pretensión de “vivir del propio trabajo” irrumpe y tensiona esa premisa. Históricamente, el empleo había condensado esos tres códigos del respeto que Sennett identifica, al articular la generación de ingresos, la institucionalización de derechos sociales y el reconocimiento derivado de identidades colectivas estructuradas a partir del espacio laboral. En este esquema, hacerse cargo de sí mismo y, simultáneamente, aportar a la colectividad se realizaba bajo circunstancias compartidas de la reproducción de la vida, aun cuando se plasmaran en ellas desigualdades propias de la segmentación de los derechos y las protecciones. Sostener una posición respetable en las condiciones actuales de trabajo y de vida es un desafío que se enfrenta a circunstancias crecientemente individualizadas, sobre las que no se tiene pleno control.

No se trata de un problema acotado a los ingresos laborales en caída y frágiles frente a los procesos inflacionarios. Sino de una incertidumbre que amenaza trayectos vitales esperables y expectativas futuras de desarrollo. En este contexto, los y las trabajadoras de distintas posiciones, pero que tienen en común cierta exterioridad respecto de los sistemas protectorios, enuncian demandas de reconocimiento y de protección irresueltas; también denuncian trabas burocráticas e injusticias distributivas, que prorrogan la falta de atención. Mientras que los y las asalariados “estables”, percibidos por otros grupos como los más beneficiados por la disposición de las políticas, no están exentos de la desvalorización y el desprestigio de su labor. Los malestares parecen extenderse, por razones heterogéneas, a lo ancho y a lo largo del mundo laboral.

Sin embargo, la problemática presencia de programas sociales, cuya prolongación en el tiempo es advertida, no se ha asociado en la conversación de los grupos focales al conglomerado de circunstancias vinculadas al trabajo. Por el contrario, se disocia en el diálogo del registro laboral.Aun cuando se trata de un carril de intervenciones que se inició, precisamente, con los procesos de desestabilización del empleo regular y de expulsión de fuerza laboral, durante la década de 1990. A pesar de las significativas diferencias de orientación de las estrategias desarrolladas desde entonces, el retorno al mercado laboral (de forma autónoma o en relación de dependencia) ha gravitado en los horizontes de transformación que estas iniciativas proponen, tensionando la progresiva institucionalización y el reconocimiento del trabajo que se realiza en las economías populares, bajo estos programas. El trabajo en el sector privado reiteradamente ha sido colocado como “solución” por los discursos oficiales, como la puerta de salida de los llamados “planes”. Mucho menos ha sido visibilizado como la puerta de entrada, como el origen de los problemas que generan la necesidad de asistencia de la población adulta autoválida. No resulta llamativo que las miradas (y sus puntos de fuga) que atravesaron la gestión de los programas sociales y las discusiones públicas a propósito de ellos, también estén presentes en los grupos focales, en los que el problema de los planes se presenta en un registro diferente al de los malestares que experimentan quienes pretenden vivir de su propio trabajo.

El “problema de los planes”, en el devenir de las discusiones grupales, parece anidar en la propia lógica que adquieren estas intervenciones. De carácter meramente paliativo, su prolongación en el tiempo favorecería la cristalización de formas de vida dependientes, que conspiraría contra toda iniciativa individual resiliente. Los “choriplaneros”, denominación peyorativa que habita el debate público y de los grupos, encarnan una otredad moral surgida de las formas de “vivir del plan”, del Estado, de la comunidad. Y devuelven una paradoja para los y las participantes de los grupos focales: se trata de un sujeto que ha sido privado de un trato respetuoso por parte del Estado pero que, al encarnar formas de vida percibidas como ilegítimas, se vuelve objeto de escarnio. Las largas cadenas de abusos que articulan a la clase política, los intermediadores sociales y, finalmente, los y las titulares, resultan aún más condenables frente a las demandas de protección irresueltas de quienes sí pretenden hacerse cargo de sí y aportar a la colectividad. En este punto, el presente trae un quiebre, pues ha llegado a ponerse en cuestión la legitimidad de estas intervenciones y su continuidad. Los estigmas acumulados en el desarrollo de los programas y los modos de desconocimiento del trabajo que realizan sus titulares parecen volver como un búmeran que arremete contra la legitimidad de las políticas sociales.

Este escenario abre un interrogante urgente para abordar la relación entre vida, trabajo y protecciones: ¿qué tienen en común y cómo se conectan los distintos malestares que experimenta el conjunto de la clase trabajadora? Las fronteras sociales y simbólicas, tematizadas como morales, contribuyen a que tal experiencia sea vivida como una situación individual, frente a la que los modos de afrontarla emergen como distinciones que separan a cada uno “del de más abajo” o lo acercan “al de más arriba”. Esbozar una respuesta requiere una perspectiva capaz de hacer visible y colocar en el debate público las causas socioeconómicas y estructurales de los problemas, tanto como el valor social de las tareas que realizan los grupos que habitan distintos sectores del mundo del trabajo. Reconocer la interdependencia, la necesidad de protección y cuidados a lo largo de la vida como condiciones constitutivas de toda persona, pareciera ser un necesario punto de partida para encontrar, reconstruir o reinventar los lazos que nos unen, los códigos del respeto que organizan nuestra sociedad y mejores estrategias de política social. También una clave para construir nuevas expresiones ético-políticas que propongan alternativas capaces de conjurar esos malestares, en un contexto de crisis del trabajo y demandas de protección irresueltas.

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[1] Entre ellos, la fenomenología de la vida cotidiana, la economía moral del dinero, la antropología económica, incorporando la perspectiva de género, entre otros.

[2] Julio, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación, realizado el 13 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[3] Víctor, grupo focal de trabajadores de plataformas, realizado el 12 de diciembre de 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[4] Cristina, grupo focal de trabajadores/as independientes, realizado el 12 de junio de 2023, de manera virtual mediante la aplicación Meet.

[5] Alicia, grupo focal de trabajadores/as de la economía popular, realizado el 24 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[6] Jorge, grupo focal de trabajadores/as de la economía popular, realizado el 24 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[7] Blanca, grupo focal de trabajadores/as de la economía social, realizado el 27 de mayo de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[8] Gabriela, grupo focal de trabajadores/as de la economía popular, realizado el 24 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[9] Pequeña y mediana empresa.

[10] Pedro, grupo focal de trabajadores/as de la economía social, realizado el 27 de mayo de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[11] Clara, grupo focal de trabajadores/as independientes, realizado el 12 de junio de 2023, de manera virtual mediante la aplicación Meet.

[12] Diálogo tomado del grupo focal de trabajadores/as de baja calificación, realizado el 13 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[13] Fernanda, grupo focal de trabajadores/as en relación de dependencia, realizado el 30 de mayo de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[14] José, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación, realizado el 13 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[15] Las expresiones corresponden a Luciana, del grupo focal de trabajadores/as de la economía social y de Martín, del grupo focal de trabajadores de plataformas, realizados el 27 de mayo y el 12 de diciembre de 2022 respectivamente, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[16] Respectivamente, Santiago y Luciana, del grupo focal de trabajadores/as de la economía social, realizado el 27 de mayo de 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[17] Jorge, grupo focal de trabajadores/as de la economía popular.

[18] Pedro, grupo focal de trabajadores/as de la economía social.

[19] Marina, grupo focal de trabajadores/as en relación de dependencia, realizado el 30 de mayo de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[20] Luciana, grupo focal de trabajadores/as de la economía social.

[21] Silvina y Ernesto, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación, realizado el 13 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[22] Clara, grupo focal de trabajadores/as independientes, realizado el 12 de junio de 2023, de manera virtual mediante la aplicación Meet.

[23] Juan, grupo focal de trabajadores/as en relación de dependencia, realizado el 30 de mayo de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[24] Ernesto, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación, realizado el 13 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[25] Andrés, grupo focal de trabajadores/as de la economía popular, realizado el 24 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[26] Melina, grupo focal de trabajadores/as en relación de dependencia, realizado el 30 de mayo de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[27] Silvina, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación, realizado el 13 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[28] Marcelo, grupo focal de trabajadores/as de la economía social, realizado el 27 de mayo de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[29] Jorge, grupo focal de trabajadores/as de la economía popular, realizado el 24 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[30] Marcelo, grupo focal de trabajadores/as de la economía social.

[31] Luciana y Marcelo, grupo focal de trabajadores/as de la economía social.

[32] Luciana, grupo focal de trabajadores/as de la economía social.

[33] Alicia, grupo focal de trabajadores/as de la economía popular, realizado el 24 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[34] María, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación, realizado el 13 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[35] Expresión tomada del grupo focal de trabajadores/as de baja calificación.

[36] Alejo, grupo focal de trabajadores/as en relación de dependencia, realizado el 30 de mayo de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[37] María, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación.

[38] Ernesto y Héctor, respectivamente, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación, realizado el 13 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[39] El término “puntero” hace referencia a actores territoriales que median entre la dirigencia política y sus bases sociales en el ámbito local.

[40] José, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación.

[41] Alicia, grupo focal de trabajadores/as de la economía popular.

[42] Alberto, grupo focal de trabajadores/as de la economía popular, realizado el 24 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[43] Adrián, grupo focal de trabajadores/as independientes, realizado el 12 de junio de 2023, de manera virtual mediante la aplicación Meet.

[44] José, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación.

[45] María, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación.

[46] Clara, grupo focal de trabajadores/as independientes, realizado el 12 de junio de 2023, de manera virtual mediante la aplicación Meet.

[47] Alex, grupo focal de trabajadores de plataformas, realizado el 12 de diciembre de 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[48] José, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación.

[49] Victor, grupo focal de trabajadores de plataformas, realizado el 12 de diciembre de 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[50] Melina, grupo focal de trabajadores/as en relación de dependencia, realizado el 30 de mayo de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[51] Alejo, grupo focal de trabajadores/as en relación de dependencia.

[52] Alicia, grupo focal de trabajadores/as de la economía popular.

[53] Juan, grupo focal de trabajadores/as en relación de dependencia, realizado el 30 de mayo de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[54] Ernesto, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación.

[55] María, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación.

[56] Martín, grupo focal de trabajadores de plataformas, realizado el 12 de diciembre de 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[57] Julio, grupo focal de trabajadores/as de baja calificación, realizado el 13 de junio de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.