DOI: http://dx.doi.org/10.19137/pys-2024-310206


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Mujeres habitantes de condominios de vivienda social en Chile: una aproximación desde el enfoque de las pruebas

Women Residents of Social Housing Complexes in Chile: Insights from an Evidence-Based Test Approach

Ana María Álvarez Rojas  

Universidad Católica Silva Henríquez, Chile. amalvare@ucsh.cl

Xenia Fuster-Farfán

Universidad de Concepción, Departamento de Geografía. Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Chile. xfuster@udec.cl

Alexis Carmona Bustamante Icono

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Universidad Católica Silva Henríquez, Chile. acarmonab@ucsh.cl

Camila Yáñez Troncoso Icono

Descripción generada automáticamente

Universidad de Concepción, Laboratorio Urbano, Chile. cayanez2017@udec.cl

Resumen

En los años noventa, Chile redujo su déficit habitacional mediante la producción masiva de viviendas sociales. Una de estas propuestas fue la copropiedad horizontal, caracterizada por su alta densidad, mala calidad constructiva y localización periférica. Mediante un estudio cualitativo con mujeres residentes y a través del enfoque de las pruebas, analizamos el peso de este hábitat sobre sus vidas. Los resultados muestran impactos en la pareja, la familia y los vecinos, la gestión de la enfermedad y la muerte, así como también, su capacidad para intervenir los espacios en su beneficio.

Palabras clave: políticas de vivienda social; condominios sociales; prueba urbana; soportes

Abstract

In the 1990s, Chile addressed its housing deficit through the mass production of social housing. One of the proposed solutions was horizontal co-ownership, characterized by its high density, deficient construction quality, and peripheral locations. Through a qualitative study involving female residents and employing an evidence-based approach, we examine the impact of this living environment on their lives. Findings reveal its effects on their partners, families, neighbors, the management of illness and death, as well as on their ability to intervene in spaces for their own benefit.

Keywords: social housing policies; social condominiums; urban testing; support

Antecedentes y problematización

En el marco de las reformas neoliberales realizadas en Chile por la dictadura militar a fines de la década de los setenta, se destaca la mercantilización de la vivienda social, lo que implicó cambios importantes en los roles jugados por el sector público y privado hasta ese momento. Los ejes de las nuevas políticas de vivienda social serán la gestión de subvenciones directas por parte del Estado hacia la demanda por vivienda, la entrada de empresas privadas en su construcción, el ahorro previo de las familias para la obtención de subsidios –o su aporte en trabajo en el contexto de programas de autoconstrucción– y, finalmente, el uso de la banca privada para el otorgamiento de créditos hipotecarios en caso de insolvencia de los postulantes (Held, 2000).

Con el fin de la dictadura militar a principios de los años noventa, se inaugura una etapa conocida como “transición democrática”. En este periodo se mantiene el subsidio habitacional como mecanismo de acceso a la vivienda en propiedad y se intensifica la producción masiva de vivienda social junto con la tendencia al emplazamiento periférico de los nuevos proyectos habitacionales (Ducci, 1994; Rodríguez y Sugranyes, 2004). Esta estrategia hará que Chile se destaque entre sus pares latinoamericanos por la drástica disminución de su déficit cuantitativo de vivienda, transformándose en un “referente” para la región. Entre los años noventa y principios del dos mil, el Estado chileno construyó más de 340 mil unidades de departamentos en tipología de condominios sociales o conjuntos de vivienda social colectiva,[1] lo que representa alrededor de un 30% del total del parque de vivienda construido en el período indicado (Fernández, 2008).

Un informe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) del 2014 aborda la situación de los condominios sociales identificando problemas de acceso y precariedad de las viviendas y del entorno, principalmente en los espacios metropolitanos de Santiago, Valparaíso y Concepción (MINVU, 2014). Un 56% de los condominios edificados en la década del noventa presentaba vulnerabilidad, frente a un 50% de los construidos entre 2000 y 2009. En Santiago, el 33% de los conjuntos poseía un alto índice de vulnerabilidad; un 29% en Valparaíso y 31% en Concepción.[2] La situación de estos condominios se asocia a lo que el MINVU identifica como déficit habitacional cualitativo, que alcanzaría “las 1.303.484 viviendas, lo que supone un aumento de 85 mil unidades respecto a 2015 (7%). Las viviendas con déficit representan un 23,6% del total nacional” (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, 2021, p. 9).  Como señalan Ana María Álvarez Rojas et al.  (2022):

La desatención del hábitat residencial y el acento cuantitativo, produjeron un conjunto de problemas socio urbanos para los beneficiarios de estas políticas, entre cuyas características principales están el bajo estándar de las viviendas, su instalación masiva en periferias con graves déficits de recursos, servicios, equipamientos y conectividad, con consecuencias importantes en materia de convivencia vecinal y recrudecimiento de la violencia urbana ligada al narcotráfico. (Álvarez Rojas et al., p. 191).

Estos rasgos desencadenaron, además, otros fenómenos sociales, como la baja reputación y el estigma territorial que se construyó en torno a los nuevos barrios. 

A partir del 2002, este modelo es imitado por países como México, Colombia, Costa Rica y Perú (Calderón, 2015). En Chile, el principio de rentabilidad del suelo urbano y el papel del mercado como agente regulador principal del desarrollo urbano se mantiene intacto en los gobiernos de la posdictadura. Se reducen las superficies construidas subestimando la calidad de la construcción, localizando los conjuntos residenciales en zonas periféricas de bajo valor en terrenos residuales, privilegiando la masividad y la homogeneidad (Rodríguez y Rodríguez, 2012).

La copropiedad horizontal como objeto de estudio de la vivienda social[3]

Entre los programas habitacionales desarrollados durante los años 2000 se destaca, por sus evidentes limitaciones, la copropiedad horizontal, también llamados condominios sociales. Según la Biblioteca del Congreso Nacional -BCN– (2022):

Son condominios de viviendas sociales aquellos conjuntos habitacionales acogidos a la Ley N° 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, tanto los conformados por unidades habitacionales en un terreno común como los formados por lotes individuales y áreas comunes. Estos conjuntos deben estar constituidos por viviendas sociales, cuya tasación no supere las 520UF[4] por unidad.[5]

Este modelo se caracterizó por departamentos cuyo tamaño oscila entre los 35 a los 45m2 organizados en bloques opuestos de tres a cuatro pisos que comparten espacios interiores (Iturra, 2016). A pesar de tratarse de un régimen de copropiedad, la instalación de los residentes en sus viviendas definitivas no se acompañó de procesos de inducción a la vida comunitaria (Rodríguez y Sugranyes, 2004). Estos conjuntos experimentan un rápido y sostenido deterioro por la presencia de ampliaciones irregulares realizadas en zonas de uso compartido que dificultaban la libre circulación y el acceso a servicios como bomberos y/o ambulancias, sumado a problemas de convivencia vecinal.

El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) asumió los análisis críticos relativos a los déficits cualitativos de estas edificaciones, para formular una nueva política que supere la aproximación cuantitativa y productivista dominante en la política de vivienda social hasta ese momento. Se introducen aspectos relacionados con la protección social y el mejoramiento de normas de construcción de barrios y localización de las viviendas (Fuster-Farfán, 2019). Entre las primeras medidas desarrolladas en el transcurso de este período, se encuentra el programa de recuperación de barrios denominado “Quiero Mi Barrio” (PQMB) del año 2006. Este programa buscó intervenir los barrios producidos por la política de vivienda social de las últimas décadas en la perspectiva de “rehabilitar el entorno”. A pesar de que el programa buscaba luchar contra la segregación de estos barrios, su acción se focalizó esencialmente en el mejoramiento de espacios públicos. Considerando el carácter multidimensional de la problemática de la vivienda social, el programa resultó insuficiente para mejorar las condiciones de vida de los habitantes pese a que algunas evaluaciones locales, relacionadas con las actividades del programa, revelaron altos niveles de satisfacción de los residentes con los resultados (Aguirre et al., 2008).  

Siguiendo la línea de intervención iniciada por el PQMB y en la perspectiva de disminuir la segregación, el MINVU propuso, a partir del 2015, una gama diversificada de respuestas institucionales orientadas a la regeneración habitacional y urbana, política que se encuentra todavía en proceso de consolidación (Paquette Vassalli, 2020). Entre estas estrategias institucionales está el Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales (PRCH) creado en 2017 y “cuyo enfoque es la recomposición del tejido físico, social y económico, mostrándose como una buena alternativa para abordar la segregación” (Harrison, 2021, p. 71). El Estado demuele las viviendas y reconstruye un nuevo conjunto habitacional destinado a los residentes del barrio destruido.

El enfoque de pruebas y soportes para analizar las repercusiones de la política de vivienda social

La naturaleza estructural de los problemas generados por las políticas de vivienda social en Chile nos remitió, para la realización de este estudio, al enfoque sociológico de las pruebas y los soportes propuesto por Danilo Martuccelli (2006). Las pruebas son situaciones complejas de naturaleza histórica y estructural que afectan la vida de los individuos en un momento particular del desarrollo de una sociedad, a las que no pueden escapar y que los obliga a movilizar respuestas (Martuccelli, 2007). A las pruebas se responde con los medios (soportes) de los cuales disponen los individuos. Estos medios son de diferente naturaleza y han sido labrados por los sujetos durante sus trayectorias biográficas a partir de determinadas posiciones sociales. Ello implica que una de las principales propiedades de las pruebas es que están desigualmente distribuidas en la sociedad (Martuccelli y de Singly, 2012).

Específicamente, el concepto de prueba urbana se refiere a las tensiones que experimentan los habitantes de las ciudades contemporáneas en su vida cotidiana y cuyo origen está directamente ligado a decisiones políticas, económicas, sociales y técnicas que producen y reproducen determinados tipos de ciudad y, por lo tanto, condicionan la experiencia urbana de sus habitantes. Martuccelli (2006) analiza las características de la prueba urbana en la sociedad francesa a partir de un estudio cualitativo con residentes de distintas edades, sexo y origen social de diferentes ciudades, identificando el papel central de la globalización en la constitución de esta prueba. El autor destaca principalmente los problemas asociados a la movilidad y a la dificultad para controlarla, versus la importancia del lugar de habitación como espacio de integración y apego socioespacial. La respuesta a estas tensiones está determinada por los medios que los individuos pueden o no desplegar para aminorarlas en función de sus posiciones sociales y espaciales.

En el caso de las políticas de vivienda social desarrolladas en Chile en los últimos cuarenta años, es posible identificar la presencia de estos factores estructurales e históricos en su concepción e implementación. La experiencia urbana de los beneficiarios de estas políticas, entendida en su dimensión material y social, ha estado condicionada por las características físico-espaciales de los modelos habitacionales propuestos por el Estado, de los que la copropiedad horizontal constituye un ejemplo paradigmático que permite considerar la experiencia como una prueba en el sentido sociológico propuesto por Martuccelli. Decidimos seleccionar a mujeres como informantes principales puesto que numerosos trabajos muestran su capacidad de agencia y proactividad para suplir los déficits vinculados con la precariedad de la vivienda y del entorno, interviniendo activamente en la construcción de sus hábitats residenciales y en la urbanización popular, tanto para el caso de tomas de terrenos como de villas de vivienda social (Bozo, 2021; Zenteno et al., 2023).

Considerando que las pruebas tensionan la vida de los individuos en función de distintas variables, entre las cuales la posición social y los medios individuales juegan un papel central, nos preguntamos ¿qué aspectos de la prueba urbana reconocen mujeres habitantes de condominios de vivienda social de las ciudades de Santiago y Concepción cómo más significativos? ¿qué respuestas movilizaron para enfrentarlos? Los objetivos del estudio fueron, en consecuencia, identificar los principales componentes de la prueba urbana reconocidos por mujeres residentes en condominios de vivienda social en las ciudades de Santiago y Concepción, así como los soportes que movilizaron para hacerles frente.

Marco de referencia

La noción de prueba encuentra su referente teórico en la sociología del individuo que propone una articulación particular entre los niveles micro y macrosociales que obliga a relacionar desafíos colectivos y respuestas individuales (Martuccelli y De Syngly, 2012). Para Martuccelli y François de Singly (2012) “las pruebas serían desafíos históricos socialmente producidos, culturalmente representados, desigualmente distribuidos …. La noción de prueba propone, pues, una articulación analítica particular entre grandes procesos societales y experiencias personales, entre la estandarización estructural y la singularización de experiencias” (p. 76).

Martuccelli (2015) sostiene que el sentido y evolución del concepto de prueba, se apoya en diferentes tradiciones intelectuales. En ocasiones, es empleada como una noción en sí misma, en otras, se utiliza para evocar una fase marcada por ritos de pasaje o para designar una experiencia vital compleja. Más allá de estas acepciones, para el autor, este concepto ha adquirido una importancia central en la sociología en la última década. Pese a haber sido producida en marcos de referencia distintos, la noción de prueba fue adoptada por esta disciplina, convergiendo en una interpretación contingente de los hechos sociales (Martuccelli y de Singly, 2012). Cabe destacar que “la sociología subraya más bien el carácter estructural y común de los desafíos guardando la lógica de la contingencia del lado de las diferentes respuestas aportadas por los actores” (Martuccelli, 2015, p. 54).

Entendido de esta manera los individuos no escapan a las pruebas, no obstante, las enfrentan de manera diferente lo que determina la singularidad de las respuestas. Las pruebas son, en consecuencia, una combinación entre procesos sociales y experiencias individuales (Martuccelli, 2006, 2007). Mediante el empleo de dicho enfoque se pretende restituir “una suerte de historia de vida colectiva propia a un conjunto socio histórico, gracias a pruebas que le son específicas” (Martuccelli, 2015, p. 55). A partir de los elementos descritos, se puede sostener que la historia colectiva de los beneficiarios de las políticas de vivienda social centradas en la cantidad ha estado marcada por la precariedad, lo que determina que la prueba urbana sea significativa para este conjunto sociohistórico.

Con respecto a la prueba urbana analizada por Martuccelli (2006) para la sociedad francesa, el autor concluye que la población migrante y la autóctona en situación de pobreza, comparten una experiencia común de sentirse “clavados” al suelo contra su voluntad. Esta situación cambia la experiencia del apego o de la identificación con el lugar de residencia. Por un lado, se trata de una cohabitación forzada, por otro, el lugar se transforma en un impedimento para la movilidad social y espacial, transformando la ciudad en una jaula (Martuccelli, 2006).

Francisca Márquez (2017) formula esta misma idea en los términos siguientes:

Si las murallas crecen y las relaciones con el entorno se enfrían, es porque el barrio ha desaparecido para transformarse en una trampa de negación a la vida urbana; trampas y jaulas como las que hoy se concentran en las comunas más pobres.  (Márquez, 2017, p. 68).

Para los habitantes de los condominios de vivienda social de copropiedad horizontal esta situación se agrava por las mismas características de la vivienda y del hábitat residencial. Viven lo que Pierre Bourdieu (2000) llama “los efectos de lugar”. Para el autor, la posición social descalificada de las poblaciones en situación de pobreza interactúa negativamente con su condición residencial desfavorable. Como señalamos anteriormente, las villas de vivienda social se caracterizan por su falta de atractivo y de prestigio, sus problemas de equipamiento, servicios y redes de transporte público o privados y finalmente, con el hecho de que la concentración residencial de este perfil de población produce una descalificación del espacio.

En este caso, en lugar de la movilidad espacial, encontramos lo que Catherine Sélimanovski (2008) denomina una “territorialidad del repliegue”, donde se superponen dos procesos espaciales: migraciones residenciales que bloquean el espacio de las prácticas sociales y una movilidad habitual reducida, que suele restringir las prácticas cotidianas al perímetro del barrio habitado. No obstante, los efectos de lugar varían según la edad y sexo del individuo, sus biografías e itinerarios, y favorecen el repliegue y el encierro si no se visualizan otras alternativas para existir en la sociedad y fracasan todas las posibilidades de proyección futura.  

Producidas en y por la vida social, los individuos responden a las pruebas desde sus posiciones sociales y trayectorias vitales a lo que se denomina soportes. Para Alejandro Capriati (2017):

Los soportes son modos en que los individuos se sostienen en la existencia. Pueden ser medios materiales e inmateriales, relaciones u objetos, experiencias o actividades diversas, que permiten a los individuos sostenerse frente a las más diversas circunstancias (Martuccelli, 2007a-b). Esta perspectiva abre el análisis a las dimensiones sociales y existenciales y deja abierto el carácter de los soportes. A diferencia de los recursos, son de tipo relacional, escapan al control unilateral y suponen vínculos intersubjetivos; pueden ser del orden afectivo, material o simbólico. Los soportes tienen distintas legitimidades y no siempre tienen la capacidad de funcionar como amortiguador social ante situaciones adversas o de crisis. (Capriati, 2017, p. 124).

Refrendan la cita anterior Pablo Francisco Di Leo et al. (2011) al señalar que entre los propósitos principales de la sociología de las pruebas y los soportes está el reconocimiento explícito de la presencia de soportes de diferente tipo que sostienen al individuo durante su trayectoria de vida; experiencias que se apoyan, en gran medida, en sus vínculos sociales e institucionales, frente a los que debe dar prueba permanente de su capacidad existencial para desenvolverse en sociedad.

Metodología   

El enfoque metodológico de esta investigación fue cualitativo y el tipo de estudio, de Casos Múltiples. Como fuentes secundarias, para la construcción contextual de los casos, se emplearon informes relativos a la situación de los condominios sociales en Chile y como fuentes primarias entrevistas a mujeres residentes de dos condominios horizontales de vivienda social en las ciudades de Santiago y Concepción. Los criterios de selección de casos y muestras de informantes obedecen a los principios definidos para lo que se conoce como “muestras teóricas” (Glaser y Strauss, 1967). Ello significa que, tanto los casos seleccionados como los integrantes de la muestra poseen, debido a sus particularidades, un interés intrínseco siendo posible relacionar sus características con los conceptos propuestos en esta investigación. Los casos seleccionados fueron las villas Valle de la Esperanza en la comuna de Maipú, Santiago, y Michaihue en la comuna de San Pedro de la Paz, Concepción. Se decide trabajar con las áreas metropolitanas de Santiago y Concepción porque se trata de ciudades que representan, en mayor proporción que otras, la acción y los efectos de la política habitacional (MINVU, 2014).

La técnica de producción de información fueron las entrevistas semi estructuradas realizadas mediante un naipe y los mapas mentales. El naipe contenía temas generales relacionados con la vivienda y el hábitat frente a los cuales las entrevistadas debían reaccionar, indicando, simultáneamente, cómo habían enfrentado las dificultades relativas a cada tópico abordado. Con ello se buscó desarrollar un proceso de corte inductivo evitando connotar negativamente su experiencia urbana recurriendo, por ejemplo, a conceptos como el de estigmatización territorial y/o segregación. En cuanto a los mapas mentales, Jean-Pierre Paulet (1987) y Sandra Breux et al. (2010) señalan que, aplicados a un contexto urbano, permiten la representación espontánea del espacio por parte de los sujetos que lo habitan. Alexia Sanz Hernández (2005) precisa que el mapa mental debe ser realizado en condiciones materiales similares para todos los participantes de una muestra, quienes deben tener edades parecidas y pertenecer al mismo grupo socioeconómico. Su propósito, según Breux et al. (2010), es la realización bajo ciertas condiciones metodológicas, de la representación espontánea de un espacio por parte de determinados sujetos, identificando la posición que ocupan en él, sus recorridos, sus frecuentaciones principales, su vinculación afectiva con el lugar, entre otros aspectos. Estas representaciones espaciales se alimentan de las percepciones individuales y están mediadas por la experiencia y la cultura, y, por lo tanto, suelen ser compartidas por un grupo social.

Para el análisis de la información obtenida mediante las entrevistas se empleó el análisis categorial con categorías preconcebidas (Bardin, 1991). Los mapas mentales se realizaron en una hoja dividida en dos partes: al lado izquierdo, las mujeres debieron representar sus barrios mientras que, en el lado derecho de la hoja, sus barrios en relación con la ciudad (en estos casos, Santiago y Concepción). Del conjunto de representaciones visuales se escogieron, en cada territorio, aquellas realizadas por mujeres de edades cercanas. En Maipú entre 55 y 70 y en Michaihue entre 48 y 60. Para la interpretación de los mapas mentales se recogió el testimonio de cada entrevistada respecto del sentido de su dibujo, relato que luego fue interpretado a la luz de los conceptos de referencia y los objetivos del estudio. Conforme a las exigencias éticas de una investigación que implica el trabajo con personas, se firmaron consentimientos informados para todas las participantes. 

Los casos

Los casos seleccionados fueron las villas Valle de la Esperanza en la comuna de Maipú, Santiago y Michaihue en la comuna de San Pedro de la Paz, Concepción. Optamos por estas dos ciudades pues constituyen ejemplos importantes de los efectos negativos de la intervención del Estado en materia de vivienda social. Asimismo, ambos territorios han sido objeto de remediaciones espaciales: en el caso de la villa Valle de la Esperanza en 2007 por el PQMB, y en Michaihue por el PRCH actualmente en desarrollo. Estos dos programas son mencionados en reiteradas ocasiones por ambos grupos de entrevistadas.

La villa Valle de la Esperanza localizada en la comuna de Maipú fue fundada en 1994 y con 1692 departamentos y un promedio de 4230 habitantes es uno de los conjuntos de vivienda social con mayor densidad del país (véase Figura 1). La villa se emplaza en una antigua zona de uso agrícola de la comuna de Maipú, que experimentó, en una década, un proceso de poblamiento explosivo con concentración significativa de necesidades sociales (Ilustre Municipalidad de Maipú, 2016). En su mayoría son conjuntos de viviendas sociales creados como zona urbana por etapas, sin un “análisis estratégico de la vialidad estructurante requerida para el sector” (Ilustre Municipalidad de Maipú, 2016, p. 3). Ello produjo una trama vial mal conectada, carencia de espacios públicos, infraestructura y equipamiento, problemáticas que se fueron agudizando con el tiempo. Hoy día, a 30 años de su fundación, las ampliaciones fuera de la norma desarrolladas en áreas de uso común son unas de las principales características de este barrio que ha transformado de manera significativa su fisonomía inicial.

Nuestro segundo caso, Michaihue, se localiza a ocho kilómetros de la ciudad de Concepción, Región del Biobío (véase Figura 2). Este conjunto residencial de 2506 habitantes fue construido en 1990 y cuenta con 44 bloques de edificios distribuidos en un total de 5,68 hectáreas que albergan 716 departamentos de 45 metros cuadrados. La política de vivienda social en la que se inscribe este conjunto planteaba la idea de la ampliación progresiva de la vivienda (Napadensky-Pastene y Link, 2023). Una de las características distintivas de este conjunto residencial es la precariedad y mala calidad de los materiales con los que fue construido, lo que llevó a un deterioro físico sostenido y agravado por las condiciones climáticas de una zona costera. Dadas sus manifiestas deficiencias estructurales, actualmente el conjunto de condominios está en un proceso de regeneración urbana impulsado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la región del Biobío (Napadensky-Pastene y Link, 2023) sumado a la presencia de importantes inequidades sociales: concentración de familias de los más bajos estratos socio económicos, segregación, carencia de servicios y un déficit de equipamiento de calidad junto con la presencia de narcotráfico y violencia que trae consigo el estigma y la discriminación.

En ambos terrenos se entrevistó a mujeres que llegaron a vivir al lugar desde su fundación y otras que nacieron en el sector o que eran niñas cuando arribaron, realizando un total de 20 entrevistas. La mayoría era dueña de casa; otras trabajaban como empleadas administrativas y/o gestionaban un pequeño comercio o emprendimiento. Comenzamos con un muestreo por conveniencia (voluntarios) para transitar a un muestreo por avalancha. Todas las participantes debían residir en el lugar por, al menos, diez años. Las entrevistas, cuya duración promedio fue de una hora y media, se desarrollaron en el caso de la villa Valle la Esperanza de Maipú, en la sede social del sector, y en Michaihue, en los domicilios de las entrevistadas. Las entrevistas fueron transcritas con bajo grado de edición; la información, tanto para la prueba como para los soportes, fue organizada en subcategorías en función de las tendencias de respuesta, y más tarde, analizada en la perspectiva de identificar características específicas de la prueba urbana para cada grupo de entrevistadas y de los soportes desplegados para enfrentarla. Aunque no se trató de una comparación en términos metodológicos, buscamos relevar las similitudes y diferencias entre ambos casos, así como también aspectos particulares a cada situación.

Después de referirse a lo contenido en los naipes, cada entrevistada jerarquizó tres aspectos que habían resultado más complejos de su experiencia en el barrio y su justificación. Las entrevistas finalizan con la elaboración de mapas mentales que representaran su vida en el barrio y la relación de éste con la ciudad.

Figura 1. Villa Valle de la Esperanza, Maipú. Santiago, Chile

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth.

Figura 2. Michaihue, San Pedro de la Paz. Concepción, Chile

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Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth.

Resultados

Los resultados muestran la influencia del hábitat residencial y su emplazamiento periférico en la cotidianidad de las entrevistadas de ambos sectores. Se identifican problemáticas cuya naturaleza e intensidad ha cambiado a lo largo de los años y otras que se mantienen en el tiempo. Esta influencia se extiende a ámbitos que van desde las relaciones de pareja y familiares, la convivencia vecinal, la seguridad, la gestión de la enfermedad y/o la muerte. Cuando se les pregunta por la manera en que hicieron frente a estas dificultades, manifiestan su voluntad y capacidad para buscar revertir, desde que llegaron al lugar, los problemas generados por el nuevo hábitat, entre los que se destacan las intervenciones al interior de sus viviendas y mejoramiento de los espacios comunes, soportes a los que nos referiremos más adelante. A continuación, profundizamos en el contenido de cada dimensión de la prueba urbana identificada.

Componentes de la prueba

La vivienda y el hábitat: algo más que estructuras materiales

El tamaño reducido de los departamentos y la existencia de una sola habitación generó hacinamiento familiar y llevó a la mayoría de las entrevistadas a ceder el único dormitorio con el que contaban a uno o más de sus hijos, instalándose ellas y sus parejas en el espacio común que oficiaba de cuarto de estar y comedor. Varias entrevistadas de la villa Valle de la Esperanza concuerdan que, en este periodo inicial, muchas parejas se separaron pues “no resistieron” el nuevo barrio, mientras que para otras significó una oportunidad para “sacarme de encima al pastel[6] de mi marido” como señaló una entrevistada. No obstante, no fue solo cuestión del tamaño de las viviendas, sino también, la falta de terminaciones, las filtraciones y las malas instalaciones eléctricas que quedaron en evidencia desde un comienzo, apareciendo en forma cíclica y afectando la vida cotidiana de las entrevistadas y de sus familias: “Pero cuando llegamos era desolación, usted veía el puro departamento, ni siquiera pintado”.[7] 

Una entrevistada de Michaihue con un hijo con discapacidad física, enfatiza el impacto del tamaño y diseño de las escaleras que, demasiado estrechas para permitir la circulación de sillas de rueda, ataúdes y/o camillas de ambulancias, afectó gravemente la vida cotidiana de personas con enfermedades, con movilidad reducida o en el caso de algún vecino que fallecía en su domicilio. Para esta entrevistada, la autoridad y especialmente los arquitectos responsables del diseño y construcción de los inmuebles no previeron que los beneficiarios de estos conjuntos tendrían hijos con discapacidad, envejecerían, se enfermarían o morirían: “Aquí no caben las urnas entre las escaleras. A los muertos hay que meterlos a la urna allá afuera porque no cabe la urna ni una camilla. Estas casas no sirven ni para morirse”.[8]

Los conjuntos de vivienda en cada uno de los casos estudiados se emplazaron en terrenos baldíos, en periferias de la periferia, sin trazado de calles ni veredas, sin plazas ni espacios verdes, sin equipamiento comunitario, comercio y/o servicios. Para el caso de la villa Valle de la Esperanza, la vialidad deficitaria o inexistente produjo anegamientos continuos de las calles y veredas durante los meses de invierno, convirtiendo el exterior en “un río” que dificultaba la circulación y aislaba a los residentes. Esta situación se prolongó durante los primeros años de vida de la villa hasta que, a principios del dos mil, comenzó a mejorar por la acción decidida del vecindario, y más tarde, en 2007, por la llegada del PQMB.

En Michaihue los espacios públicos se reducen a dos canchas de fútbol: una en tierra y otra en cemento, mientras que los espacios comunes donde se encuentran y socializan los habitantes son las escaleras y los intersticios al interior de las copropiedades. Estos espacios están ocupados por automóviles, restringiendo la recreación de personas adultas, pero principalmente de niñas y niños. Al ser un espacio cerrado y de control visual, es adecuado para jugar, pero la presencia y circulación de los autos tensionan estas actividades, los que también son instalados por motivos de seguridad. Así, los evidentes déficits de infraestructura y equipamiento en ambas zonas impusieron limitaciones a la libre circulación de niños y niñas lo que, sumado a la inexistencia de espacios comunes, limitaron sus desplazamientos por cuestiones de seguridad obligándolos a permanecer al interior de sus viviendas, especialmente si se trataba de muy pequeños. “Cuando llegamos a esta villa no había nada de nada, solamente la calle y el cierre de la villa. Era espantoso. No veías nada, ni un árbol, ni una vereda, nada. Puras calles de piedras”.[9]

Junto a los aspectos anteriores, las entrevistadas identifican los problemas suscitados por el diseño de los condominios, entre los que destacan su estrechez y la mala calidad del material con el que fueron construidos, la cantidad de unidades habitacionales por piso y el tamaño reducido del terreno donde se ubicó cada edificio. En ambos casos, estos rasgos obligaron a las residentes a una proximidad física extrema con los vecinos, que les impuso la escucha cotidiana de conversaciones ajenas, o que las expuso a ellas cuando se trató de alguna pelea familiar: “Peleabas con tu marido o retabas a tu hijo y se enteraba todo el edificio”.[10] De un momento a otro, personas extrañas se transforman en vecinos con quienes se torna imperativo organizar el uso de los espacios comunes y establecer normas de convivencia, por ejemplo, el tratamiento de la basura domiciliaria, la tenencia de mascotas, la intensidad de la música, entre otros temas.

Espacios comunes: violencias, inseguridad

Hoy día el componente transversal de la prueba urbana para las entrevistadas de ambos casos, con matices según el ciclo de vida, es la criminalidad y otras actividades ilícitas asociadas al tráfico de drogas que se entrelazan con episodios de violencia pública (disputa por el dominio del territorio con uso de armas de fuego). Estas actividades ilícitas, practicadas por vecinos o foráneos que amedrentan a los residentes en el espacio del condominio compartido y/o en los espacios públicos como plazas y pasajes, se ejercen en el territorio que deviene la principal base de operaciones de las bandas. Esto, en opinión de las entrevistadas, restringe su desplazamiento en el espacio público, generando sensación de encarcelamiento y miedo a observar y a hablar de lo que en el espacio público y privado ocurre:

De villa pasó a ser un barrio; mucha venta de droga. Hay una señora que llegó pobre y ahora es rica, se compró cuatro departamentos. Pero vaya a decirle algo a usted. Ni los carabineros pueden entrar … Y si usted le dice baja un poquito la música, la bajan, la suben, o le quiebran los vidrios.[11] 

Entonces igual el ambiente de acá no es como muy apto porque hay alta delincuencia. A veces se ponen a disparar allí mismo.[12]

Relación con el Estado y las instituciones

Si bien la relación con el Estado y las instituciones, especialmente el municipio, aparecen como soportes, también se refieren a este vínculo como fuente de tensiones. En el caso del Valle La Esperanza en Maipú, las mujeres “fundadoras”, como se autodenominan quienes están en esta situación, expresan tener claridad de que llegaron a vivir a una zona producida por una política habitacional que buscó “meter a muchas personas en un espacio pequeño” en “sectores alejados de todo”. La mayoría coincide en señalar que se trató de una institucionalidad que las “maltrató” y que las depositó como “objetos en el espacio”. A las entrevistadas de la villa Valle de la Esperanza, las sorprendió que el conjunto residencial no fuese inaugurado mediante un acto oficial, lo que resintieron como un comportamiento despectivo de parte de la institucionalidad pública que reforzó la sensación de desapego hacia ellos como comunidad: “Fue como: ‘tomen pues claro, cómo eran clases bajas, departamentos básicos’. Fue como si dijeran ‘tomen ahí tienen y si les gustó, le gustó y si no, no, no más’“.[13]

En el caso de Michaihue, la experiencia con las instituciones está fuertemente marcada por el proceso de regeneración urbana que se encuentra en curso. Se trata de una demolición de los blocks de departamentos debido a la mala calidad de la construcción y el reducido tamaño de los espacios residenciales. Así, aparece muy marcadamente el tema de la indignidad, asociado a la actitud negligente del Estado frente a la precariedad de los materiales con los cuales la villa fue construida (latón) y que llevaron a las viviendas a un rápido y sostenido deterioro. La espera (Álvarez et al., 2021), la incertidumbre, pero también la esperanza de un porvenir mejor, atraviesan el habitar cotidiano de sus habitantes. Sin embargo, el desconocimiento sobre la radicalidad de la intervención y los tiempos-espacios donde ocurrirá, tensiona las relaciones con las instituciones:

¿No pensaron en que cada ser humano debe tener una vida digna? no importa que uno sea pobre pero digno, no se preocuparon de que uno no esté molestando al otro y que el otro te molesta a ti porque mientras, tú le pagas subsidio.[14]

Servicios y equipamientos

Pese a los elementos descritos, las entrevistadas de ambos territorios hacen referencia a ciertos cambios que estos lugares han ido experimentando a lo largo del tiempo. Lo que más valoran las mujeres del Valle de La Esperanza, es la instalación de una escuela y la presencia de recorridos del transporte público junto a la aparición de sistemas de transporte privado como los colectivos, lo que mejoró la conectividad entre la villa y el centro de la comuna de Maipú. En Michaihue, la existencia de negocios de barrio y la instalación de un supermercado mayorista ha tenido implicancias en la percepción de proximidad. Las entrevistadas indican que gran parte de sus necesidades cotidianas se suplen en el barrio. En cuanto a la movilidad, la conexión mejoró desde su llegada, teniendo en cuenta la existencia de recorridos de buses y la estación del tren urbano a la entrada del barrio. Sin embargo, el acelerado proceso de crecimiento suburbano que ha vivido San Pedro de la Paz en los últimos años ha impactado en la congestión vehicular de la comuna, que es mucho más intensa en zonas de alta densidad como Michaihue. Por lo mismo, sus habitantes evitan movilizarse en las horas punta en la autopista que une al barrio con la capital regional, Concepción. 

Como se advierte, la distancia a servicios básicos fue, en sus inicios, un componente central de la prueba urbana para las mujeres fundadoras en ambos territorios. No obstante, en los dos casos, mientras el espacio público, la conectividad y el equipamiento se mejora, la vida social se deteriora por diferentes razones. Entre las más importantes están la proliferación de la violencia en las calles, del consumo y el tráfico de drogas, lo que instala una dicotomía en el discurso de las entrevistadas, donde el mejoramiento físico del lugar parece ir de la mano del deterioro del ambiente social, lo que en ambos ejemplos expresan de la siguiente manera: “la villa cambió para bien y para mal”.

Extensiones irregulares

Las extensiones irregulares de los departamentos son un fenómeno particularmente observable en el caso de la villa Valle de la Esperanza, en Maipú. Sobre este punto, las entrevistadas mencionan que algunos propietarios que han puesto sus departamentos en venta, los ofrecen “con estacionamiento”, el que ha sido construido sobre un espacio que no les pertenece. Estas ampliaciones, reducen los espacios comunes achicando drásticamente el tamaño de pasajes y veredas. Las percepciones de las entrevistadas respecto de estos aspectos son disímiles y en ocasiones, contradictorias, pues, junto con percibirlas como acciones que reducen el espacio común y, por lo tanto, son reprobables, también se les atribuye un cierto grado de legitimidad en la medida que las familias: “Tienen derecho a buscar soluciones que les permitan vivir mejor”.[15] Por eso las hemos identificado también como soportes. “Claro, los primeros se agrandaban y cerraban el círculo de afuera y ponían su jardín, se sentaban afuera. Y uno tenía que mirar por la ventana por el segundo piso no más. Casi no podíamos poner nada”.[16] Cabe señalar que estas ampliaciones se siguen realizando en la medida que las familias continúan creciendo. En Michaihue, en cambio, las ampliaciones son excepcionales; restringidas a los primeros pisos. Según mencionaron dirigentes del sector, la calidad del suelo (arena) limitó la instalación de pilotes, razón por la cual sus habitantes mantienen el mismo tamaño de la vivienda original. 

Los soportes

Las entrevistadas reconocieron como soportes principales la propiedad de la vivienda, las ampliaciones irregulares, los vecinos –cuando lograron articularse como comunidad– y las instituciones –pero de forma ambivalente: como apoyo y como obstáculo–, y finalmente, el repliegue en la vida familiar. 

La propiedad de la vivienda

Para las entrevistadas de ambos barrios, el reverso de las dificultades generadas por el tamaño y la precariedad de la vivienda y el entorno es el valor atribuido a la propiedad. Pese a sus deficiencias, la “casa propia” marca la diferencia entre un antes y un después; un momento inaugural que les permite dejar atrás el recuerdo de las humillaciones que vivieron cuando no eran propietarias de sus casas. Al ser percibido como un logro esencial al que se supeditan otras aspiraciones, se constituye en un soporte esencial, un factor estructurante de la experiencia individual:

Yo tenía mi espacio. Ahí entendí la diferencia entre estar de allegado en un lugar, y vivir humillaciones. Yo viví con mi mamá un tiempo y te digo que son los peores años de mi vida. Prefiero 1000 veces el departamento, era pequeño, pero era tuyo.[17] 

Subdivisión de las viviendas y extensiones irregulares

En ambos territorios examinados, las mujeres fundadoras se movilizan individual y colectivamente para cambiar la configuración inicial de la vivienda acondicionando y subdividiendo los espacios interiores      (primero con frazadas y, más tarde, con tabiques y madera) en función de las necesidades y requerimientos de las familias. Esto les permitió autonomizar las acciones propias de cada miembro del grupo familiar: personas adultas, niñas, niños y/o adolescentes. Para realizar estas y otras mejoras, recurren a sus ahorros, debiendo asumir la responsabilidad de hacer frente a las deficiencias de la política habitacional.

Muy tempranamente, las ampliaciones irregulares debutan como soportes en la villa Valle de la Esperanza, sobre todo por parte de los vecinos de las primeras plantas. Estas son vistas como una oportunidad para recuperar espacios, estrategias legítimas de resolución al problema del tamaño y de la distribución, y con ello, de la organización de la vida. En el caso de Michaihue si bien las ampliaciones son excepcionales, como ya se indicó, restringidas a los primeros pisos y se usan mayoritariamente como bodegas, las subdivisiones se vuelven necesarias para la vida en familia, especialmente cuando ésta comienza a crecer con hijos y nietos.

Los vecinos

Otro factor que aparece como un soporte para resistir los embates de la prueba urbana es la comunidad organizada. Para el caso de la villa Valle de la Esperanza, muy rápidamente se generan iniciativas orientadas a organizar a la comunidad en torno al mejoramiento del espacio. Surgen organizaciones vecinales y grupos que se preocupan de embellecer los terrenos baldíos para transformarlos en plazas o arboledas (proyectos autogenerados para crear o rehabilitar plazas, calles, veredas y luminarias). Esta conducta, que algunas entrevistadas llaman proactividad, se sustenta en la buena convivencia, la reciprocidad y la participación en asuntos de interés colectivo. Así, para algunas entrevistadas, particularmente al comienzo, los vecinos fueron un soporte que cambió con el tiempo y cuyas causas serían diversas:

Cuando llegamos aquí todos los vecinos éramos muy unidos. Muy unidos. Se hacían actividades para la Navidad, para el día del niño, pero con el tiempo eso fue cambiando. Muchos han fallecido sobre todo en este tiempo que fue el COVID, se nos fueron muchos vecinos jóvenes. Y ahora se puede decir que ya cada uno vive su mundo.[18]

El Estado y las instituciones

Las entrevistadas también declaran recurrir a ayudas y subsidios del SERVIU para realizar pequeños trabajos de mejoramiento que tuvieron impacto en la estructura original de la vivienda. Las entrevistadas de la villa Valle de la Esperanza en Maipú, recuerdan con cariño y nostalgia al PQMB que ven como un elemento de transformación positiva del sector. “Era maravilloso. Ahí conocí tanta gente fantástica con el Quiero mi Barrio, hicimos tantas actividades. Que ya, vamos a pintar los blocks y nos subíamos a escaleras, nos encaramábamos las mujeres”.[19] 

En Michaihue, si bien el PRCH aparece como una oportunidad de organización donde se establece un sistema de gobernanza vecinal a través de delegados de blocks, debido a distintas controversias nacionales y locales de la institucionalidad de vivienda del país, el proceso se mantiene incierto, lo que ha generado desconfianza y desmotivación ante la organización promovida por este dispositivo.

Aunque con matices, en ambos territorios las instituciones de seguridad, como carabineros y seguridad ciudadana, son percibidas como redes de apoyo, así como también, bomberos:

También hemos tenido años atrás mucho apoyo, mucho apoyo de carabineros en caso de peleas, de cosas así. No ha habido problemas con carabineros.[20] 

Es que tenemos aquí tenemos la cuarta compañía, entonces. Uno igual los ve o sea así como de acción, los bomberos llegan rápido, carabineros depende de la emergencia.[21]

Las instituciones públicas funcionan en mi sector bien ... Ellos sí, sí le responden a la gente. Le han dado canasta familiar. Una gift card les han dado, gas a las viejitas. Cuando se muere alguien contamos con la ayuda de la municipalidad que nos da el cajón, les dan los buses en el cementerio. Con el Serviu sí, nos llevamos relativamente bien, peleamos en algunos momentos, pero nos llevamos bien.[22]

Repliegue en la vida familiar y violencia

Una forma de enfrentar el sentimiento de inseguridad en el espacio público es, en ambos ejemplos, el repliegue en la vida familiar. Ante el aumento de la criminalidad y la inseguridad en el espacio, las más jóvenes optan por el encierro y el de sus hijos (niñas, niños y adolescentes) desarrollando parte de la vida en el interior de la vivienda. La prueba urbana se va dotando de nuevos componentes y entre la imposibilidad de relocalizarse por cuestiones económicas, por el ciclo de vida y/o por el reconocimiento expreso por parte de algunas entrevistadas de haber desarrollado un sentido de pertenencia con el lugar, la resignación resurge como un soporte importante porque es “lo que nos tocó no más”.[23]

En el caso de Michaihue, el repliegue al interior de la vivienda es más evidente. De hecho, las entrevistadas buscan estrategias para moverse por el barrio en ciertas calles y horarios, para evitar tiempos y espacios de inseguridad. Además, señalan realizar intervenciones en las viviendas para sentirse más seguras, como rejas y reforzamiento a las puertas. Durante el trabajo de campo, se visitó un departamento de primer piso donde sus habitantes realizaron mejoras asociadas con la seguridad. No obstante, sostienen que la sensación al interior de la vivienda era de encierro, similar a un espacio carcelario o búnker. Asimismo, el miedo al contagio con el mundo de lo criminal que está en el “afuera”, se traduce, para algunas entrevistadas del Valle de la Esperanza, en la legitimación de episodios de violencia física y verbal hacia las y los adolescentes y/o jóvenes cuando sus comportamientos pusieron en riesgo la continuidad de los estudios, el trabajo y/o la pareja. La violencia ocasional se percibe como una conducta que contribuye a proteger un proyecto de movilidad social cuando los hijos e hijas se apartan del camino socialmente aceptado: 

Porque yo en primer lugar le doy gracias a Dios, yo tengo cuatro hijos, un varón y 3 mujeres y los supe apretar.[24]

Entonces, ¿qué pasó? que un día mi hija se me perdió la fui a encontrar de Renca acá en la Pincoya porque unos compañeros le dijeron que tomara trago, pero ahí delante de todos, le pegué. Yo le dije, tú no tienes que hacerle caso a nadie, tú tienes que hacer lo que yo te diga. De ahí nunca más se me perdió mí hija, nunca más pasé susto.[25]

Este ejercicio de la autoridad a veces violento, se extiende, en el caso de algunas entrevistadas, al espacio público como un mecanismo para regular y contener el tráfico y el consumo de drogas. Esta actividad se vuelve problemática sobre todo si se practica al interior del hábitat compartido, instancia en la que, de acuerdo con varias entrevistadas, sí es posible apelar al respeto de un cierto orden convenido entre vecinos:

Así que le dije que yo no quería tener gente así adentro de mi block, si tú quieres vender tu droga, véndela afuera. Haz lo que quieras con tu vida, mientras mi entorno no esté en esto a mí no me interesa lo que hagas con tu vida. Pero sí me interesan los vecinos.[26]

“Ellas” como soportes principales

En ambos ejemplos la mayoría de las entrevistadas reconoce que su rol de sostén de sus parejas y familias fue esencial para adaptarse al nuevo hábitat residencial a pesar de sus limitaciones. Algunas entrevistadas indican que esto no fue vivido de la misma manera por sus parejas masculinas, quienes perdieron fuentes laborales, redes de amistad y, como ellas mismas señalan, costumbres propias de las sociabilidades de la época atribuidas al género masculino: el fútbol, la cantina, las relaciones laborales que se daban en el contexto de empleos más estables. De hecho, en la mayoría de los relatos en ambos casos, las menciones sobre las parejas masculinas son débiles. Aparecen en anécdotas o complemento de argumentos. En ocasiones, se construye como una figura itinerante, que aparece en labores asociadas al mejoramiento estructural de la vivienda. En otras, como fuente de tensión o conflicto ante las condiciones materiales de la familia. Ahí, el rol de la mujer se constituye en un soporte en tanto garante de la sobrevivencia cotidiana de la familia y el barrio:

Él sufrió mucho, se encerró ya no podía ir a jugar a la pelota con el amigo, con el compadre y tuvo que dejar su trabajo en la mina La Africana. Varios vecinos hombres no se adaptaron a estar encerrados en un cajón porque los departamentos son chicos. Pero para mí estuvo bien, éramos 5 y yo quería lo mío.[27]

Manuel, se suponía que llegaba a las 6:00 de la tarde para estar con sus hijos. Pero como llegaba cansado del trabajo, yo le daba comida para que se acostara, él se bañaba y se acostaba. Se quedaba dormido, y ahí mis hijas salían a la calle.[28]

Representaciones visuales de la prueba urbana

Respecto de los mapas mentales, estos reflejaron aspectos interesantes de destacar. Las entrevistadas del Valle de la Esperanza en Maipú, cuyas representaciones fueron seleccionadas para el análisis, dibujan el barrio como un lugar idílico que contradice las tensiones ligadas al espacio público destacadas durante el trabajo con el naipe (ver Figuras 3, 4 y 6). Los comentarios hacia la villa son todos favorables, explican que es un refugio, un espacio de contención, un lugar óptimo para el desarrollo de relaciones sociales y lo representan con más vegetación que aquella que identifican en el juego de naipes. Para estas entrevistadas la aglomeración urbana de referencia es la Comuna de Maipú, específicamente el centro representado en la plaza, que no sería parte de la ciudad de Santiago, la que aparece en sus dibujos como un lugar distante, congestionado, frío y peligroso (ver Figuras 4, 5 y 6). La Figura 3 en el lado derecho, “el barrio en la ciudad”, representa para esta entrevistada la diferencia de medios económicos entre el habitante de la ciudad que posee un auto para “trasladarse al mall [gran superficie comercial]” mientras que el trabajador de la villa lo hace en una bicicleta “a pesar del frío”. La figura 5 muestra una percepción del espacio a tres escalas: el barrio, la comuna y la ciudad. El dibujo del barrio representa solo el bloque donde la entrevistada habita, destacando la homogeneidad de los departamentos y las escaleras. En el lado derecho dibuja la comuna de Maipú que caracteriza con mucha vegetación, dotada de todos los servicios y el equipamiento que ella requiere, siendo la villa “su patio trasero” y finalmente dibuja la ciudad: torres en altura y flujos.

Figura 3: Yo en el barrio y el barrio en la ciudad

Pizarrón blanco con texto en letras negras sobre fondo blanco

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Fuente:  Señora Sole en entrevista realizada por Ana María Álvarez y Alexis Carmona, el 17 de marzo de 2023 en Villa Valle de la Esperanza, Santiago.

Figura 4: Yo en el barrio y el barrio en la ciudad

Diagrama

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Fuente: Señora Juanita en entrevista realizada por Ana María Álvarez y Alexis Carmona, el 21 de abril de 2023 en la Villa Valle de la Esperanza, Santiago.

Figura 5: Yo en el barrio y el barrio en la ciudad

Un pizarrón negro con texto en letras negras sobre fondo blanco

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Fuente: Señora Elsa en entrevista realizada por Ana María Álvarez y Alexis Carmona, el 26 de mayo del 2023 en Villa Valle de la Esperanza, Santiago.

Figura 6: Yo en el barrio y el barrio en la ciudad

Texto

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Fuente: Señora Julia en entrevista realizada por Ana María Álvarez y Alexis Carmona, el 14 de abril de 2023, en Villa Valle de la Esperanza, Santiago.

Para las entrevistadas de Michaihue, Concepción no representa necesariamente un centro. Esto se debe a la importante congestión vehicular cotidiana en la principal ruta que une a Concepción con San Pedro de la Paz. En efecto, como se puede observar en las Figuras 7, 8 y 9 un elemento destacado de Concepción es la presencia de vehículos y el puente que une a estos sectores, el que parece representar una frontera entre ambos. Ahora bien, de todas las entrevistadas solo una reconoce a Concepción como un lugar de referencia mayor, debido a que debe viajar cotidianamente a dicha ciudad.

Con los años, Michaihue ha sabido abastecerse con lo básico: comercios pequeños, supermercados mayoristas, ferias libres y servicios públicos básicos como escuelas y establecimientos de salud.  Sin embargo, Concepción sigue siendo representado como una zona donde se concentran los espacios de consumo destinados a clases medias y acomodadas, como es el caso de los centros comerciales (ver Figura 7). De hecho, en la explicación de los dibujos, Concepción se presenta como un espacio “moderno”, “desarrollado” y “ordenado”, en contraste con Michaihue, que solo se representa con calles, automóviles y viviendas. Un ejemplo claro de lo anterior es que las Figuras 7 y 8 resaltan que en Concepción existen estacionamientos para automóviles, lo que está ausente en los dibujos de Michaihue.

La tipología de las viviendas y los elementos presentes en el entorno residencial es otro aspecto que destacan los mapas. Al representar Michaihue, todas las participantes replican los blocks de vivienda, donde la vegetación es prácticamente ausente, a excepción de la figura 8 que muestra solo una flor. Destacan dos mapas donde se resalta la presencia de perros en las calles (Figuras 8 y 10), a diferencia de Concepción donde solo un dibujo presenta un perro, pero con correa (Figura 10). Lo anterior podría evidenciar una sensación de mayor control sobre el fenómeno de los perros callejeros en la ciudad, lo que es habitual fuente de conflicto entre los vecinos/as de Michaihue. La figura 10, por su parte, ilustra la concentración de bolsas de basura en las calles y la existencia de pozas de agua en Michaihue, las que son frecuentes en zonas con deficiente diseño urbano. En contraste, Concepción muestra mayor diversidad de tipologías de vivienda (edificios y casas), con equipamiento público y grandes árboles, destacando la vegetación presente en la ciudad (Figuras 7 y 10).

Finalmente, la representación de las personas que habitan estos espacios es otro elemento que se destaca de los mapas mentales. El dibujo “Yo en Michaihue” muestra personajes con rostro, mujeres con niños/as, cuya expresión facial evidencia una aparente neutralidad como ellas mismas señalaron: “ni feliz, ni triste” (ver Figuras 7, 8 y 9). Por el contrario, Concepción es representado por más personas, pequeñas y sin rostro (Ver Figuras 7 y 10), reforzando la distancia percibida con esta ciudad y sus habitantes. La Figura 9 es la única en que se advierte el rostro de un habitante de Concepción, cuya expresión es de “felicidad” o, al menos, satisfacción.

Figura 7: Yo en el barrio y el barrio en la ciudad

Imagen de la pantalla de un computador

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Fuente: Señora Sonia en entrevista realizada por Xenia Fuster y Camila Yáñez, el 23 de marzo de 2023 en Michaihue, Concepción.

Figura 8: Yo en el barrio y el barrio en la ciudad

Diagrama, Texto

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Fuente: Señora Lidia en entrevista realizada por Xenia Fuster y Camila Yáñez, el 6 de abril de 2023 en Michaihue, Concepción.

Figura 9: Yo en el barrio y el barrio en la ciudad

Diagrama

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Fuente: Señora Lola en entrevista realizada por Xenia Fuster y Camila Yáñez, el 19 de mayo en Michaihue, Concepción.

Figura 10: Yo en el barrio y el barrio en la ciudad

Diagrama, Dibujo de ingeniería

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Fuente: Señora Blanca en entrevista realizada por Xenia Fuster y Camila Yáñez, el 29 de junio de 2023 en Michaihue, Concepción.

Análisis de los resultados

Los resultados de esta investigación confirman que el hábitat residencial resultante del énfasis cuantitativo y el emplazamiento periférico se erige como un componente central de la prueba urbana para ambos grupos de entrevistadas.  Factores estructurales, como las reglas del juego de las políticas de vivienda social, indujeron tensiones para las entrevistadas en ámbitos que van desde las relaciones de pareja, la familia y los vecinos, hasta la gestión de la enfermedad y la muerte.

No obstante, a partir de los relatos de ambos grupos se deduce que las entrevistadas de Michaihue en Concepción, son económicamente más precarias y vulnerables que las de la villa Valle de la Esperanza en Maipú, Santiago. De acuerdo con lo descrito por las residentes, el sector estaría muy afectado por la delincuencia, la presencia de personas en situación de calle en los espacios comunes y la violencia ligada al tráfico de drogas, a lo que se suma el menor equipamiento e infraestructura comunitaria, como, por ejemplo, la inexistencia de sedes sociales y un mayor aislamiento físico y social que en el caso de la villa Valle de la Esperanza. Este conjunto de factores las hace altamente dependientes de los servicios que ofrece la ciudad de Concepción u otras aglomeraciones aledañas, a las que les resulta difícil acceder por la alta congestión vehicular, la inseguridad, la ineficiencia del transporte público y sus costos.

En el caso de villa La Esperanza, la comuna de Maipú oficia como la “ciudad de los servicios” cuya accesibilidad mejoró notablemente con el tiempo. Estas diferencias se advierten desde el momento en que Michaihue califica para el programa de regeneración urbana por su alto grado de vulnerabilidad, mientras la villa Valle de La Esperanza se mantiene como un sector donde las intervenciones del Estado son de menor envergadura, como el programa Quiero Mi Barrio. Se observa, además, mayor acción comunitaria que todavía se mantiene, pero con tendencia a debilitarse de manera importante con el paso del tiempo.

Las escaleras de acceso a los departamentos, mencionadas frecuentemente por las entrevistadas, ameritan un análisis particular. Estas juegan un papel en la convivencia cotidiana de las residentes puesto que se convierten en espacios de disputa por el uso que le dan algunos para guardar objetos personales como bicicletas, apilar alimento para mascotas, fumar, consumir alcohol o, directamente, como barreras de accesibilidad para un desplazamiento seguro y expedito. Los diseños residenciales propuestos se caracterizan por su homogeneidad, sin considerar temporalidades familiares y/o situaciones particulares, lo que agravó la magnitud y persistencia de la prueba urbana para niños y/o adultos con movilidad reducida. Esto también puede ser interpretado desde una perspectiva de género, donde los espacios residenciales se proyectan siguiendo un modelo patriarcal, que no considera las labores de cuidado, imponiendo una imagen de familia tradicional, jerárquica y atemporal (Reus et al., 2022)  

La introducción masiva del tráfico de drogas parece ser una de las principales razones que para las entrevistadas explican el deterioro de la convivencia social. Ambos barrios se han vuelto más inseguros, lo que se dio en forma concomitante a la pérdida de unidad entre vecinos y a una falta de compromiso colectivo con el espacio común. Las dinámicas sociales de ayuda mutua, solidaridad y trabajo comunitario que se establecieron al comienzo, especialmente en villa Valle de la Esperanza, estaban en directa relación con la percepción compartida de que era necesario actuar mancomunadamente para mejorar el hábitat residencial al que arribaron. La llegada de la droga y la violencia que le está asociada, habrían favorecido el repliegue progresivo en la intimidad de la vivienda. 

En ambos ejemplos, la prueba urbana es continua, adquiriendo distintas expresiones e intensidades a lo largo de los años. Las residentes de Michaihue tienen grandes dificultades para satisfacer necesidades de atención en salud, educación, trabajo y condiciones mínimas de seguridad, lo que no se advierte de la misma manera en villa Valle de La Esperanza. Si bien este sector está estigmatizado por el resto de los habitantes de la comuna de Maipú, como señalan las entrevistadas, es desconocido a escala metropolitana, lo que no ocurre con el ejemplo de Michaihue donde el barrio está estigmatizado a nivel de la metrópolis. Otra diferencia es la presencia de ampliaciones irregulares, que, en el caso de Villa Valle de la Esperanza, alcanza dimensiones que modificaron el entorno construido y las características iniciales del barrio. Estas modificaciones ayudaron a los habitantes a contrarrestar las limitaciones asociadas a la falta de espacio. 

Para la mayoría de las entrevistadas el espacio reducido, la aceptación de convivir sin privacidad, la experiencia de segmentar los espacios interiores, se sostiene en un “bien superior” que son los/las hijos/as. El modelo de departamento inicial de la política de vivienda de la época se modifica con las ampliaciones irregulares aparentemente sin conflictos significativos entre vecinos, aunque, como indicamos, se reconocen distintas posiciones. Las normas se subvierten con el propósito de alivianar la presión inducida por el hacinamiento. Esta transgresión a las reglas, en la práctica, oficia de soporte, el que es asimilado y vivido por los residentes con un bajo nivel de conflictividad. Al mismo tiempo que existe una relación de dependencia con el Estado, porque requieren de él para obtener y mejorar la vivienda y el barrio, también se autonomizan de sus prescripciones, modificando drásticamente el hábitat residencial original. 

El estudio revela con claridad el grado en el que, para este conjunto socio histórico, es decir mujeres habitantes de condominios sociales, pruebas y soportes se entrelazan dinámicamente en distintos momentos de sus trayectorias vitales, lo que las confronta a oposiciones permanentes. Por ejemplo, la satisfacción de acceder a una vivienda en propiedad es percibida como un logro fundamental, pero simultáneamente una decepción al recibir un producto de muy bajo estándar en un entorno deficitario y excluido de la ciudad de los servicios. No obstante, la propiedad de la vivienda es un atributo que se impone por sobre los aspectos deficitarios como el tamaño, la falta de terminaciones, los problemas con algunas conexiones de agua y electricidad, que son descritos como tensiones menores frente a la experiencia de “vivir de allegado” o “de no tener una casa propia”. Otro elemento importante de destacar en este entrecruzamiento entre pruebas y soportes es el hecho que, aunque el acceso a la propiedad las libera del yugo del allegamiento –asociado a la vivencia de humillaciones y restricciones–, la vivienda las vuelve a oprimir por el hacinamiento y la falta de privacidad característicos del nuevo hábitat. El allegamiento, componente central de la prueba urbana para esta población, desaparece provisoriamente para volver a escena ante la imposibilidad de las y los hijos de independizarse por los problemas de acceso a la vivienda en grandes metrópolis como Santiago y Concepción.

Otro ejemplo de esta tensión entre pruebas y soportes está dado por la relación con el Estado. Este las favorece con subsidios que les permiten acceder a viviendas muy precarias, pero rápidamente las abandona luego de la entrega de los departamentos, para reaparecer años después con propuestas de intervención como el PQMB y el PRCH. Este último de alcances y tiempos de intervención importantes y cuyos habitantes, como en el caso de Michaihue, no tienen otra alternativa que aceptar. Sus viviendas serán destruidas y aunque exista el compromiso de construir un “nuevo barrio” (Fuster-Farfán, 2023), la incertidumbre sobre el devenir de sus familias y de sus viviendas fija a las residentes en una posición de extrema dependencia que se prolonga indefinidamente. Las promesas de mejoramiento asociadas al programa de regeneración urbana son, además, percibidas por las entrevistadas con desconfianza y temor a la pérdida y al despojo de lo construido con esfuerzo.  

En cuanto a las tensiones que identifica Martuccelli (2006) como propias de las ciudades contemporáneas, principalmente la hípermovilidad, las mujeres del estudio son más bien ajenas a este fenómeno pues tienden al repliegue en sus espacios residenciales, tal como lo reconocen Sélimanovski (2008) y Márquez (2017). Para la mayoría de las entrevistadas de ambos territorios, especialmente para quienes tienen un comercio en sus domicilios o están al cuidado de terceros, el tiempo para la movilidad u otro aspecto de la vida que no sea reproducirla, es escaso. Martuccelli (2006) plantea como alternativa para morigerar los problemas de vivir en una metrópolis, la posibilidad de identificación afectiva e identitaria con el lugar de residencia. En el caso de este grupo de entrevistadas la experiencia constante de la inseguridad, sumada al estigma territorial que pesa sobre ambos territorios, hace que este compromiso afectivo se viva con contradicción y ambivalencia. Por una parte, reconocen la necesidad de ese compromiso para “resistir” la prueba urbana; por otra, las limitaciones físicas y sociales del lugar hacen que el apego cueste. La omnipresencia de la violencia empuja al desapego, lo que muestra, una vez más, hasta qué punto pruebas y soportes se entrelazan en la experiencia urbana de este perfil de entrevistadas, lo que abre múltiples preguntas respecto a cómo sostienen sus existencias y el lugar de la precariedad urbana en sus trayectorias.

Con relación específicamente a los soportes, cabe señalar que, en ambos ejemplos y desde el inicio, las fundadoras asumieron un rol central en la transformación de sus viviendas y sus hábitats, actuando en favor del mejoramiento de los espacios públicos que pasaron de ser terrenos baldíos, sitios eriazos y/o microbasurales a plazas, jardines y/o canchas de fútbol. Especialmente en el caso de villa Valle de La Esperanza las entrevistadas lideran acciones que significaron construir soportes colectivos relacionados con el mejoramiento urbano, el equipamiento y la activación de la participación comunitaria. Este comportamiento proactivo, se erige como uno de los contrapuntos principales de la prueba urbana. Las mujeres se activan frente a las limitaciones de la vivienda y el hábitat, lo que fue puesto de relieve por investigaciones recientes. Los resultados del estudio de Álvarez et al. (2022) en la comuna de La Pintana, dan cuenta del protagonismo de las mujeres en el enfrentamiento de las consecuencias del deterioro de la vivienda y del entorno. Los resultados del presente estudio corroboran estos hallazgos. Cerramos este análisis indicando que también aparece como soporte la resignación, como una alternativa a la adversidad que se tolera por el resguardo de la familia y la violencia sobre los hijos, como “mal menor”, puesto al servicio de este mismo propósito.  

Conclusiones

El artículo buscó mostrar los elementos que constituyen la prueba urbana y los soportes movilizados por mujeres residentes de conjuntos de vivienda social en dos de las metrópolis más grandes de Chile. Los resultados muestran que, a pesar de los avances experimentados gracias a las intervenciones del Estado y las iniciativas vecinales centradas en el mejoramiento y hermoseamiento de los espacios comunes, se advierte persistencia y continuidad de la precariedad urbana como prueba bajo nuevas formas y dinámicas sociales. Así, el barrio y el hábitat residencial constituyen una prueba constante en el espacio-tiempo, cambiando el tipo de tensiones y/o frustraciones que induce, pero persistente en tanto factor opresor y limitante de la experiencia urbana y del desenvolvimiento cotidiano de las residentes. Las mujeres construyen su vida en el barrio bajo la impronta de la incertidumbre sobre su propia integridad física y la de los suyos. Para algunas entrevistadas no es solo la violencia social lo que permite comprender este repliegue, sino también, una desafección con lo público, un desinterés creciente en lo común, en lo colectivo, una comunidad que pareció perderse en el camino.  Finalmente cabe señalar que, a nivel metodológico, los mapas mentales constituyeron una herramienta muy apropiada considerando el propósito del enfoque teórico adoptado que busca relacionar respuestas individuales con factores estructurales. Los mapas, permitieron abordar este vínculo desde la representación visual individual del espacio habitado.

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Notas

[1] Fernández, O. (23 de enero de 2014). Plataforma Urbana. https://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/01/23/un-tercio-de-condominios-sociales-en-las-principales-urbes-esta-en-mal-estado/   

[2] Fernández, O. (23 de enero de 2014).

[3] En Chile, la noción de propiedad horizontal, originalmente establecida en 1937 por la Ley 6071 y modificada con posterioridad, no está centrada en la tipología del inmueble, sino que, junto con reconocer la propiedad individual de cada unidad habitacional, establece el carácter compartido del uso y goce de los espacios comunes. Biblioteca del Congreso Nacional, Ley Chile - Ley 6071. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=256753

[4] 520 unidades de Fomento (UF) equivalen a marzo del 2023 a aproximadamente U$ 20.000.

[5] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2022). Condominios de viviendas sociales - Ley Fácil. https://www.bcn.cl/portal/leyfacil/recurso/condominios-de-viviendas-sociales

[6] “Pastel” refiere a una persona con comportamientos erráticos que termina siendo una carga.

[7] Entrevista a Señora Sole realizada por Ana María Álvarez y Alexis Carmona, el 17 de marzo de 2023 en villa Valle de la Esperanza, Santiago.

[8] Entrevista a Señora Sonia realizada por Xenia Fuster y Camila Yáñez, el 23 de marzo de 2023 en Michaihue, Concepción.

[9] Entrevista a Señora Lidia realizada por Xenia Fuster y Camila Yáñez, el 6 de abril de 2023 en Michaihue, Concepción.

[10] Entrevista a Señora Julia realizada por Ana María Álvarez y Alexis Carmona, el 14 de abril de 2023 en villa Valle de la Esperanza, Santiago.

[11] Entrevista a Señora Juanita realizada por Ana María Álvarez y Alexis Carmona, el 21 de abril de 2023 en la Villa Valle de la Esperanza, Santiago.

[12] Entrevista a Señora Lola realizada por Xenia Fuster y Camila Yáñez, el 19 de mayo en Michaihue, Concepción.

[13] Entrevista a Señora Pepa realizada por Ana María Álvarez y Alexis Carmona, el 11 de mayo de 2023 en Villa Valle de la Esperanza, Santiago.

[14] Entrevista a Señora Sonia.

[15] Entrevista a Señora Sole.

[16] Entrevista a Señora Elsa realizada por Ana María Álvarez y Alexis Carmona, el 26 de mayo del 2023 en Villa Valle de la Esperanza, Santiago.

[17] Entrevista a Señora Juanita.

[18] Entrevista a Señora Pepa.

[19] Entrevista a Señora Luisa realizada por Ana María Álvarez y Alexis Carmona, el 16 de junio del 2023 en Villa Valle de la Esperanza, Santiago.

[20] Entrevista a Señora Juanita.

[21] Entrevista a Señora Lidia.

[22] Entrevista a Señora Lola.

[23] Entrevista a Señora Juanita.

[24] Entrevista a Señora Sole.

[25] Entrevista a Señora Ruth realizada por Ana María Álvarez y Alexis Carmona, el 23 de junio de 2023 en Villa Valle de la Esperanza, Santiago.

[26] Entrevista a Señora Ruth.

[27] Entrevista a Señora Luisa.

[28] Entrevista a Señora Blanca realizada por Xenia Fuster y Camila Yáñez, el 29 de junio de 2023 en Michaihue, Concepción.