En este artículo se aborda el vínculo entre cinismo legal y eficacia colectiva en barrios con fuertes desventajas sociales y altas tasas de delito en la periferia de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se constata que los habitantes de estos territorios trasladan sus expectativas hacia mecanismos informales para la resolución de problemas de seguridad y convivencia (delito amateur, robos con violencia, desconfianza generalizada), con diferencias según género y generaciones en las repercusiones concretas y cotidianas de la concentración de la violencia.

This article examines the relationship between legal cynicism and collective efficacy in neighborhoods with severe social disadvantages and high crime rates on the outskirts of the city of Montevideo, Uruguay. Our findings confirm that residents of these areas shift their expectations towards informal mechanisms for addressing security and coexistence issues (such as amateur crime, violent robberies, widespread distrust), with differences according to gender and generations in the concrete, daily impact of concentrated violence.

En el contexto latinoamericano Uruguay ha sido señalado como una excepción en términos de bienestar, equidad e integración (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2010, 2018) y Montevideo, su capital nacional, como un conjunto urbano relativamente integrado (Katzman et. al., 2008). Sin embargo, una serie de transformaciones han afectado la estructura social uruguaya en las últimas décadas y en particular la de su capital. Destaca en este proceso un mayor distanciamiento físico y simbólico entre las distintas clases sociales (Veiga y Lamschtein, 2015), con el consiguiente aumento de la fragmentación y la segregación residencial (Katzman y Retamoso, 2005; Aguiar, 2016), la expansión de las periferias (Borrás, 2019) así como la proliferación y consolidación de asentamientos irregulares (Álvarez Rivadulla, 2019).

En este marco de transformación urbana, desde principios del siglo XXI tiene lugar un aumento sostenido de la violencia delictiva, con connotaciones particularmente graves en algunas zonas de la ciudad. Según cifras oficiales, las tasas de denuncias de violencia doméstica, hurtos, rapiñas y homicidios se dispararon hasta registrar récords históricos entre 2018 y 2019, y la tasa de homicidios de 2019 sitúa a Montevideo entre las ciudades de peor desempeño en Sudamérica.^[1]

Los antecedentes que han explorado la distribución espacial de las denuncias sugieren que la mayor parte del delito en Montevideo se concentra en una pequeña proporción del espacio o “zonas calientes” con tasas mucho más altas que las del promedio (Jaitman y Ajzenman, 2016). Los delitos contra las personas, en particular, tienden a concentrarse en zonas de la ciudad con mayores niveles de pobreza (Jacottet, 2017). En algunas zonas periféricas de Montevideo, por ejemplo, las tasas de homicidios quintuplican las de zonas costeras, donde residen principalmente los sectores medios y altos, alcanzando 24 homicidios cada cien mil habitantes en 2021 (Ministerio del Interior, 2022; Rojido et al., 2023). Según un informe para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de los 93 homicidios a adolescentes ocurridos entre 2012 y 2018 en Montevideo, el 83% ocurrió en los municipios periféricos de la ciudad (Tenenbaum et al., 2021).

Los resultados coinciden en términos generales con los antecedentes internacionales (Cohen & Tita, 1999; Baller et. al., 2001; Sherman, 2013) y regionales (Sánchez Salinas y Fuentes Flores, 2016; Arteaga-Botello et. al., 2019), respecto a la distribución espacialmente desigual del delito y su vínculo con determinadas características demográficas, sociales y económicas de los territorios. En un sentido más amplio, en espacios urbanos caracterizados por la superposición de desventajas (pobreza, deserción escolar, desempleo), se observan niveles más altos de violencia y delito (Wilson, 1987; Sampson, 2012).

El estudio de la relación entre delito, violencia y territorio tiene larga trayectoria en la criminología. Ya desde Adolphe Quetelet (1842), Henry Mayhew (1851) o Charles Booth (1893), en la segunda mitad del siglo XIX la asociación de determinadas zonas con comportamientos “antisociales” resultó frecuente. La Escuela de Chicago, en Estados Unidos, hace un siglo planteaba esa asociación y la conceptualizaba en el conocido trabajo de Ernest Burgess (1928) sobre el crecimiento de la ciudad. El casco antiguo de la ciudad y algunas zonas “de transición”, resultaban “naturalmente” “regiones morales” en el mosaico urbano; espacios donde solía concentrarse la desviación social. La propuesta dominante en el siglo pasado (Shaw y Mackay, 1942) fue la llamada “teoría de la desorganización social” que sostiene, en pocas palabras, que las zonas que presentan mayor nivel de “desorganización” presentan mayores tasas de delitos.

La discusión sobre los vínculos entre desorganización y violencia ha continuado especificándose, alcanzando una síntesis de particular relieve de la mano de Robert Sampson, con los conceptos de “efecto vecindario” y “eficacia colectiva” (Sampson y Groves 1989; Sampson et al., 1997; Sampson et al., 2002; Sampson, 2004, 2012). Un elemento destacable de este enfoque es su parsimonia formal. En primer lugar, se realizan análisis espaciales para dar cuenta de la distribución desigual del delito. Luego, se analiza la relación del delito con “desventajas acumuladas” y se constata la localización de aquel en los sectores más vulnerados socioeconómicamente. Desde esta perspectiva, la falta de oportunidades se asocia con mayor riesgo de conductas delictivas, generando círculos viciosos de desintegración social. En último término se testean cualitativamente factores propios del entorno vecinal, que se demuestra que pueden operar como defensas protectoras del vecindario frente a las conductas delictivas.

El análisis del efecto vecindario y la eficacia colectiva en la década de 1990 supuso un “giro cultural” en las formas de comprender el vínculo entre barrio y delito (Kaztman, 1999). Por efecto vecindario Sampson (2012) hacía referencia al modo en que las desigualdades sociales se hallaban inscritas en el espacio, generando condicionantes fuertes y estables a lo largo del tiempo. Por su parte, el concepto de “eficacia colectiva” sintetiza el vínculo entre confianza social y expectativas compartidas de acción barrial para mantener el orden público (Sampson, 2012). La eficacia colectiva se orienta a tareas concretas, cuando los lazos sociales entre las y los vecinos son activados para la consecución de metas específicas, como el control del delito.

En este marco, Sampson & Dawn Jeglum Bartusch (1998) jugaron un rol clave al proponer el término de “cinismo legal” para interpretar la aparente paradoja de la coexistencia, en residentes de barrios pobres de la ciudad de Chicago, de la condena personal al delito, junto a un fuerte descreimiento en las normas legales y agencias de justicia criminal. El cinismo legal se asocia a un estado de anomia barrial frente a la ley y las agencias que la representan, pero no necesariamente a una subcultura de tolerancia a las conductas desviadas, rampantes en barrios racialmente segregados y económicamente vulnerados. De este modo, el giro se fundamentó en un cambio en la forma de comprender la noción de cultura en estos trabajos, desde el foco en valores e internalización de normas como lo hacía la teoría de la desorganización social, hacia la noción de caja de herramientas sujetas al contexto, que orientan el sentido práctico a través de hábitos, habilidades y estrategias de acción (Kirk y Papachristos, 2011).

El término cinismo legal fue originalmente operacionalizado de un modo amplio, intentando capturar aspectos vinculados a diversas conductas anómicas. En contraste, David Kirk y Andrew Papachistros (2011) propusieron una definición más específica centrada en las causas y consecuencias del aspecto legal del cinismo. Se define al cinismo legal como un “encuadre cultural a través del cual las personas perciben la ley y la policía en particular como ilegítima, insensible e incapacitada para asegurar la seguridad pública” (p. 1192). Este encuadre es producto: (a) de las condiciones estructurales del barrio y (b) de las experiencias personales con estas agencias de las y los vecinos, y como tal se conforma en una creencia intersubjetivamente transmitida. El descreimiento profundo en la capacidad de las agencias oficialmente encargadas de traer justicia y seguridad al barrio tiene como consecuencia la proliferación de la violencia como forma de auto-ayuda; como un “código de la calle” (Anderson, 1999) y una “ética popular” (Auyero y Álvarez, 2014).

Hay varias razones por las cuales el cinismo legal puede modular la eficacia colectiva. Debido al cinismo legal, los residentes pueden asumir que los esfuerzos colectivos para liberar al barrio de delincuentes serán infructuosos si hay una “puerta giratoria” en la justicia que devuelve a los ofensores a la calle en poco tiempo. También puede existir temor a las represalias si se duda de la capacidad de la policía para proteger a quien denuncia. En este escenario, las y los vecinos podrían incluso recurrir a los propios delincuentes como una forma de obtener protección (Kirk y Matsuda, 2011). Otros autores muestran cómo en muchas comunidades con altos niveles de cinismo legal, también existen expectativas altas de mayor presencia policial (Carr et al., 2007; Bell, 2016; Hagan et al., 2020; McCarthy et al., 2020).

Los estudios realizados en América Latina en base a la perspectiva de la eficacia colectiva y del cinismo legal muestran diferentes facetas asociadas a la alta concentración del delito en zonas con múltiples desventajas acumuladas. El trabajo de Cecilia Chouhy (2016) con datos del Barómetro de las Américas (LAPOP) de 2012 y 2014 para Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay tomados en conjunto, encuentra que en las comunidades más empobrecidas se observan mayores niveles de eficacia comunitaria, medida como la acción colectiva para resolver problemas barriales, pero menores niveles de confianza entre vecinos. En general, la autora observa que tanto la eficacia colectiva como la subcultura de la violencia y el cinismo legal son teorías complementarias para explicar la variabilidad de la criminalidad en los distintos territorios de la región.

Otros estudios confirman la asociación entre eficacia colectiva y menores niveles de victimización sólo en ámbitos urbanos (Quezada, 2018), o la asociación entre pobreza, eficacia colectiva y menor percepción de violencia en el barrio, pero no con las tasas de homicidio (Cerdá & Morenoff, 2013). En este caso se concluye que no es tanto la fortaleza de los vínculos entre residentes dentro del barrio sino, fundamentalmente, su conexión con el resto de la ciudad, la que puede actuar como protectora de la violencia (Cerdá et al., 2012). Alfonso Valenzuela (2012) tampoco encuentra un patrón claro en las relaciones entre eficacia colectiva, percepción de inseguridad y niveles de criminalidad, y llega a hipotetizar la existencia de “códigos de silencio” que inhibirían a los residentes de ciertas zonas a denunciar situaciones de victimización en el barrio.

Algunos estudios encuentran asociación positiva entre pobreza en los barrios y mayores niveles de cohesión social y densidad de lazos barriales (Villarreal y Bráulio Silva, 2006; Manzano Chávez, 2009; Ruiz Pérez, 2010), aun en contextos de alta incidencia del delito y cinismo legal. Sin embargo, otros encuentran que el delito es un factor que bloquea las posibilidades de conformación de eficacia colectiva (Strickland, 2017) y que el nivel de violencia y delincuencia que las y los vecinos perciben en sus barrios se asocia negativamente con la producción de redes de capital social (Ibarra, 2020).

Esta evidencia contradictoria obtenida en distintos estudios realizados para América Latina ya había sido señalada tentativamente por el propio Sampson, quien en su trabajo más relevante y sintético repasa las aplicaciones exitosas de esta perspectiva en distintos países, constatando su utilidad y resultados convergentes. En este marco, destaca que América Latina podría resultar una excepción:

Latin American countries may prove to be the exception. Research in Brazilian neighborhoods suggests that poverty concentrated in the favelas leads to higher and not lower cohesion, perhaps aiding survival. A similar relationship appears to be emerging in Bogotá, Colombia ... One might also expect collective efficacy to serve a different function in regions of Mexico where drug cartels control many low-income neighborhoods and the police are considered corrupt. Intervening in such contexts means risking one’s life. Here, collective efficacy may serve something of a survival function by which residents band together to protect each other from the organized forces of drug violence. (Sampson, 2012, p. 181)

Ante esta heterogeneidad y la complejidad en los modos en que la relación entre eficacia colectiva, delito y pobreza se especifica en distintos contextos sociales y espacio-temporales en la región, varios trabajos cualitativos en los últimos años han buscado profundizar en la comprensión de la situación en los barrios que aúnan desventajas sociales y altas tasas de delito. Las investigaciones compiladas en Javier Auyero y Katherine Sobering (2021) en barrios pobres periféricos en Argentina muestran cómo la “ética popular” desemboca en una conducta ambivalente de las y los vecinos entre el ejercicio de la justicia por mano propia y la denuncia policial. Por su parte, Andrés Casas Casas y Nathalie Méndez Méndez (2017) constatan que ante el desamparo que sienten frente al accionar policial, los y las vecinas trasladan sus expectativas hacia actores y mecanismos informales para la resolución de problemas de seguridad y convivencia. Auyero y Sofía Servián (2023) destacan el alto nivel de riesgo al que están sometidas las y los vecinos de estos territorios, los altos niveles de corrupción policial, el impacto para las dinámicas barriales de quienes son encarcelados y retornan al barrio, así como los dilemas asociados a la conformación de trayectorias delictivas.

Para el caso de Montevideo, Verónica Filardo y Denis Merklen (2019) muestran el progresivo descreimiento acerca del papel del Estado en los barrios populares de la ciudad y la existencia de un entramado social de cierta cohesión, dispar en el territorio. Por su parte, Gabriel Tenenbaum et al. (2021) apuntan cómo los varones jóvenes en contextos de grandes privaciones y muy pocas oportunidades, acuden a la violencia para hacerse respetar. Lucía Tiscornia y Verónica Pérez Bentancur (2022) observan que los pobres urbanos se enfrentan a un “dilema de sustitución”, porque al mismo tiempo que son víctimas del abuso e ineficiencia policial en mayor proporción que otros grupos poblacionales, también buscan aumentar la presencia policial con la esperanza de que ello reduzca la exposición rutinaria a otras formas de violencia en el espacio público. Marcelo Rossal (2020) se concentran en los asentamientos irregulares de la ciudad, donde la sensación de inseguridad es omnipresente. Luciana Scaraffuni y Rafael Paternain (2023) apuntan hacia las relaciones de las y los vecinos de un barrio con las fuerzas de seguridad, la violencia policial y su incidencia en la vida cotidiana de las personas. Marcos Baudean y Fanny Rudnitzki (2023), al crecimiento de la violencia y el conflicto criminal asociado al mercado de drogas.

En función de los resultados no concluyentes para Latinoamérica y buscando aportar a la creciente literatura en Uruguay sobre la relación entre criminalidad, violencia y desventajas territoriales acumuladas, el objetivo de este artículo consiste en explorar el vínculo entre el cinismo legal y la eficacia colectiva en barrios que aúnan fuertes desventajas sociales y altas tasas de delito.

El diseño metodológico considera dos etapas. En la primera busca abordar sucintamente la relación espacial entre prevalencia de delitos y privaciones sociales en Montevideo. En la segunda etapa, más relevante en la indagación, se profundiza a través de un abordaje cualitativo en las experiencias de residentes en barrios de alta concentración de desventajas sociales e incidencia delictiva. Se indagan los significados, percepciones y estrategias desplegadas por sus habitantes para hacer frente a este fenómeno.

Para la etapa cuantitativa se utilizaron como indicadores para abordar el delito las tasas oficiales de denuncia de homicidios y la de rapiñas (incidentes en que se sustrajo o intentó sustraer, por medio de uso o amenaza de uso de la fuerza, cualquier objeto o propiedad de una persona), en ambos casos para el período 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019. Y para abordar las privaciones sociales el indicador de Pobreza de Ingresos, medida oficial de pobreza (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2009) estimada a partir de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares 2019.^[2] Los tres indicadores se desagregan a nivel barrial –los 62 barrios que reconoce el INE en Montevideo–, de modo de evaluar su distribución y su asociación espacial. Se utilizan datos de 2019 para evitar distorsiones derivadas de la pandemia COVID 19 en los años sucesivos y no alejarse del periodo en el que se realizó el campo cualitativo.

La perspectiva propuesta implica que debería haber, en primer lugar, una distribución espacial diferencial del delito (homicidios o rapiñas en este caso) en el territorio. En segundo término, una correlación entre distintas formas de delito en el espacio, como postulaba la teoría clásica de la desorganización social (o sea, entre homicidios y rapiñas en este caso). Y, en tercer lugar, una correlación espacial entre ambos delitos y la pobreza, como indicador esta última de desventajas acumuladas.

Para el análisis de la autocorrelación espacial de las variables se utilizan indicadores locales de asociación espacial (LISA por sus siglas en inglés) desarrollados por Luc Anselin (1988, 1995, 2005), que permiten graficar en un mapa unidades espaciales donde se rechaza la hipótesis nula de distribución espacial aleatoria de las variables, y clasificarlas como: (i) unidades espaciales de autocorrelación positiva (alta-alta y baja-baja) y (ii) unidades espaciales de autocorrelación espacial negativa, casos atípicos (altos-bajos o bajos-altos).

Esta primera aproximación cuantitativa se profundiza con información cualitativa que se concentra en las dinámicas entre delito, cinismo legal y eficacia colectiva desde la perspectiva de los residentes en dos barrios periféricos de Montevideo. Ambas zonas de estudio se encuentran dentro de las localidades identificadas por el análisis espacial como de alta concentración de pobreza y denuncias de rapiñas y homicidios.

Con el objetivo de preservar el anonimato de los y las participantes, en la presentación de los datos cualitativos se evitan las referencias que puedan derivar en la identificación de las zonas de estudio y de las personas involucradas. La primera zona de estudio, “Zona A”, se ubica hacia el este de la ciudad. Se trata de un asentamiento irregular donde viven alrededor de 280 familias y más de 1200 personas, según datos disponibles de 2015. La población es principalmente joven, con un 48% de personas menores de 20 años y 60% menores de 24 (Programa Integral Metropolitano, 2015). Es uno de los espacios con mayores problemas de riesgo ambiental de la zona, producto de la falta de saneamiento, inundaciones frecuentes y basurales endémicos. Dentro de este marco se identifican problemas de violencia e inseguridad, así como problemas de convivencia entre el asentamiento y los complejos habitacionales cercanos.

La segunda zona de estudio, “Zona B”, es también un asentamiento irregular, en el noreste de Montevideo. Según datos provistos para este estudio por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, en este barrio viven 149 hogares, compuestos por 542 personas, con la estructura por edad de la población más joven en relación con la del total del país. El asentamiento es objeto de una política de realojo parcial por los graves problemas de vivienda que presenta: contaminación ambiental aguda, techo, piso y saneamiento precarios, hacinamiento y emergencia habitacional. Aquí, la mayor parte de los residentes ocupa sin permiso o no es dueño del terreno que habita.

Entre abril y diciembre del 2020 se realizaron visitas periódicas a ambas zonas, por lo cual el trabajo de campo se llevó adelante en pleno contexto de pandemia COVID-19. El acceso al campo y muestreo de entrevistados se trabajó desde dos vías complementarias. En la primera etapa se realizaron entrevistas con personas que trabajan en el barrio y referentes barriales para introducirnos a las dinámicas de convivencia entre residentes, así como participar de actividades que se desarrollaban en la zona. Se tomó contacto con dos comedores barriales ubicados en las zonas de estudio que repartían, de forma gratuita, alrededor de 300 viandas por día para los y las vecinas del lugar. Una vez establecidos los primeros contactos, en la segunda etapa se realizaron recorridas a pie por distintas zonas de los barrios y se entablaron conversaciones informales con vecinos y vecinas, a partir de las cuales se seleccionó la muestra final en función de criterios de edad, género y lugar de residencia. Se entrevistaron 35 personas, 18 residentes de la Zona A (6 varones y 12 mujeres) y 16 residentes de la Zona B (8 varones y 8 mujeres)

A los efectos de proveer un entorno neutral y con privacidad fuera del barrio, pero próximo a su lugar de residencia, se gestionó un consultorio en la Policlínica barrial para la realización de las entrevistas. Se utilizó una guía de preguntas centrada en la percepción del barrio y del relacionamiento entre vecinos, de las políticas públicas, programas barriales y del delito. Se preguntó sobre sus experiencias personales con la violencia y particularmente con la policía, así como su accionar en el barrio. También se relevaron las demandas para mejorar el entorno barrial y específicamente la seguridad. Las entrevistas fueron transcritas, codificadas y analizadas en relación a las dimensiones y categorías de interés.

Las denuncias de rapiñas en Uruguay han aumentado sostenidamente en las últimas décadas. En 1989, primer año del que se tiene registro, se realizaron 1968 denuncias en todo el país, lo que equivalía a una tasa de 64 denuncias cada 100.000 habitantes. Las denuncias crecieron notoriamente desde entonces, alcanzando su máximo histórico en 2019 con 871 denuncias cada 100.000 habitantes a nivel nacional.^[3] El fenómeno es aún más acuciante en el departamento de Montevideo, que también mostró su récord histórico en 2019, con una tasa de 1758 cada 100.000 habitantes. Si bien a partir del contexto de pandemia las tasas disminuyeron, en 2023 el indicador se ubicó por encima de las 1300 rapiñas cada 100.000 habitantes, tal como puede observarse en la Figura 1.

En relación a los homicidios, durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, la tasa promedio para el país se mantuvo por debajo de los 6,5 homicidios cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el panorama cambió sensiblemente en los años posteriores. Entre 2010 y 2019 la tasa nacional promedio se ubicó en 8,3, alcanzando un récord histórico en 2018, con 12 homicidios cada 100.000 habitantes. Si bien durante los años de la pandemia los valores tuvieron cifras de un dígito, a partir de 2022 volvieron a ubicarse por encima de 10,7, según datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad.^[4] Si bien estos guarismos corresponden a niveles inferiores al promedio latinoamericano, ubican a Uruguay en una posición muy superior al promedio global (Rojido et al., 2023).

De modo similar a las rapiñas, los homicidios también se encuentran fuertemente concentrados en la capital del país. El pico histórico de violencia letal en Montevideo tuvo lugar en 2018, cuando la tasa cada 100.000 habitantes llegó a 16,2. Si bien en pandemia los homicidios en Montevideo descendieron levemente en relación a los años previos, los niveles crecieron notoriamente a partir de 2022, tal como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Evolución de la tasa de denuncias por rapiña y homicidio cada 100.000 habitantes Montevideo (1996-2023)

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay. Para el período 1996-2012 Ministerio del Interior (1996-2004) y Ministerio del Interior (2006-2012); para el período 2013-2023: https://observatorioseguridad.minterior.gub.uy/pentaho /api/repos/:public:observatorio:MININT_Observatorio.wcdf/generatedContent. Las proyeccio-nes poblacionales son del Instituto Nacional de Estadística: https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/datos-y-estadisticas/estadisticas/estimaciones-proyecciones.

Ahora bien, la incidencia de estos delitos no se distribuye de forma homogénea en la ciudad. Es en los barrios periféricos de Montevideo donde se concentran las mayores tasas de denuncias de rapiñas y homicidios. En cambio, en los barrios costeros y centrales predominan tasas bajas y muy bajas. Además, el análisis de autocorrelación espacial (véase Figura 2) muestra que ambas formas de delito violento se asocian entre sí espacialmente de forma significativa, conformando clusters homogéneos, tanto en la periferia (altos niveles en ambos delitos) como en el área central y costera de la ciudad (bajos niveles).

Figura 2. Mapa de autocorrelación espacial entre tasas de homicidio y de rapiña, y diagrama de dispersión, barrios de Montevideo, 2019

Fuente: elaboración propia en base a datos georreferenciados de denuncias de rapiña en 2019, provistos por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.

Por su parte, los diagramas de dispersión de las figuras muestran la relación de la incidencia de cada delito a nivel de barrio, con los niveles de pobreza. Los gráficos sugieren una correlación directa, donde los barrios con mayores tasas de denuncia de rapiña y de homicidio tienden a tener asimismo niveles más altos de pobreza. El análisis de correlación ratifica lo dicho (R de Pearson=0.72 para denuncias de rapiña y pobreza, y R de Pearson=0.67 para denuncias de homicidio, y pobreza).

Figura 3. a) Mapa de autocorrelación espacial entre tasas de denuncia de rapiña y proporción de pobreza, y diagrama de dispersión.

b) Mapa de autocorrelación espacial entre tasa de homicidios con la proporción de pobreza, y diagrama de dispersión, barrios de Montevideo 2019.

Fuente: Fuente: elaboración propia en base a datos georreferenciados de denuncias de rapiña 2019, provistos por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior y Encuesta Continua de Hogares 2019 para las estimaciones de pobreza.

Nuestros resultados se encuentran en línea con los presentados en los antecedentes nacionales, ampliando lo constatado en el estudio de la distribución territorial de los homicidios (Jaitman y Ajzenman, 2016; Jacottet, 2017; Tenenbaum et al., 2021; Rojido et al., 2023; Salamano, 2023): los delitos violentos contra la propiedad y la persona tienden a concentrarse en zonas de la ciudad con mayores niveles de pobreza, consolidando espacios de concentración de desventajas relativas. Como se profundiza en el análisis cualitativo a continuación, el miedo a los robos con violencia en el espacio público y la conciencia de homicidios cercanos o la posibilidad de morir se perciben como elementos centrales de la cotidianeidad que se vive en la periferia urbana de Montevideo.

La concentración territorial de la violencia encuadra al delito y la inseguridad como una preocupación constante en las entrevistas realizadas. La inseguridad se configura como el clivaje central en la apreciación del barrio, más allá de las malas condiciones de infraestructura y medioambientales. En este marco de altos niveles de delito, precariedad residencial, laboral y educativa y vulnerabilidades sociodemográficas, tienen lugar una serie de experiencias, valorizaciones y significados sobre el barrio y sus dinámicas que caracterizan el vínculo con la violencia y la criminalidad.

Una primera distinción que surge en el relato de las y los vecinos es entre el “delincuente amateur” y el delincuente profesional (Kessler, 2010). El delincuente amateur se asocia a varones jóvenes con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas (en particular, pasta base de cocaína). Es el tipo de criminalidad más disruptiva en el barrio. En contrapartida, el delincuente profesional es aquel que roba afuera del barrio. En los discursos de vecinas y vecinos la proliferación de la delincuencia amateur se asocia a una pérdida de códigos y valores; se critica que se robe al humilde, al vecino, al trabajador.

En algunos casos, el robo en el barrio es visto como una práctica para iniciarse en el mundo del delito: “son como ensayos que hacen los gurises [adolescentes], van probando, hasta que un día se profesionalizan”.^[5] En este sentido se entiende que robar afuera, en entornos de clase media y alta, demanda mayores recursos y habilidades; sortear mayor inversión privada en seguridad: cámaras, rejas, policías. Esta idea del delincuente amateur cristaliza en la imagen del “rastrillo”:

Rastrillan acá en el perímetro … Te puede aparecer con un cuchillo, lo más probable. Pero no, el que roba-roba, roba afuera. El que anda robando-robando roba afuera, no acá. Y está cada vez más difícil para los ladrones. Acá lo que hay es un problema importante con el narcotráfico. Sacar las bocas de pasta base es imposible.^[6]

La proliferación del delito amateur afectó profundamente las formas de utilizar el espacio público. Los varones jóvenes transmiten en las entrevistas un uso más extensivo del barrio en la vida cotidiana. Mencionan partidos de fútbol, identifican esquinas como puntos de encuentro para el ocio y “pasar el rato”. Distinguen nítidamente en el espacio barrial dónde se ubican los diferentes grupos; diferenciándose a sí mismos de “los pandilleros”: grupos de jóvenes con códigos delictivos y que hacen uso de armas de fuego. Las estrategias de apropiación del espacio público se vinculan al mercado simbólico de la masculinidad y sus “códigos de la calle”: la gestión de la seguridad tiene que ver con formas de “ganarse el respeto” de sus congéneres, a través del reconocimiento por su antigüedad y trayectoria en el barrio, así como por sus reacciones defensivas violentas ante situaciones de hurto, agresión o agravio previo (Tenenbaum et. al., 2021). Además, la violencia se utiliza para poner freno a otras manifestaciones de violencia, como una herramienta que orienta el sentido práctico. Esta estrategia es difícil de sostener, tiene límites y costos, según la hora del día considerada:

Hay mucha gente que está quemando el barrio y quiero que haya paz en el barrio. De noche no importa nada. Le roban a cualquiera. Te conocen y te roban igual. Inclusive de tarde. A mi madre la acompaño todos los días ... No hay chicas casi, es todo hombres. Hay mujeres, pero no salen.^[8]

Entre las mujeres son más frecuentes las menciones a un sentimiento generalizado de desconfianza respecto de las y los vecinos y la autoreclusión hacia el espacio privado. Las referencias al espacio público barrial se ven drásticamente reducidas: se habla de pasar el rato en el patio de la casa o en la puerta de la casa. Paradójicamente, las mujeres son también quienes más se involucran en iniciativas de ayuda comunitaria: la solidaridad y el cuidado les permite ampliar su proyección del barrio y se transforma en una vía para “ganarse el respeto”. En este marco, tal como analizaremos más adelante, la primacía de bajos niveles de confianza interpersonal no inhibe el desarrollo de acciones colectivas y coordinadas (que podrían entenderse bajo el paraguas de la “eficacia colectiva”) frente a ciertas situaciones más o menos recurrentes que amenazan el bienestar de las poblaciones:

Nos juntamos en el patio de mi casa o adentro de mi casa o de la de mi amiga. A veces vamos a la esquina a la entrada de mi casa. Y nos sentamos ahí y tomamos mate cuando está lindo.^[9]

Le ruego a Dios que nunca tenga una urgencia y tenga que dejar mi casa sola. … siempre hay alguien, siempre. La semana pasada a las 4 de la tarde tenía que ir a buscar a la nena al jardín y acá en mi casa quedó una nena de siete años. Porque el código es así: haya un nene de dos años a esa casa no se entra. Ahora, si vos dejaste la casa sola, fuiste.^[10]

Vos tenés que saber con quién hablar y con quién dejar de hablar, y qué vas a hablar. Yo aprendí muchas cosas desde que vine; pensé que esto era como el lugar donde vivía antes y empecé a confiar en las personas y después me fui desilusionando y por eso ahora soy así. Hago las cosas de corazón, trato de no confiar en nadie; desconfío de todo el mundo.^[11]

Este sentimiento de desconfianza generalizada incluye a vecinos y policías, que a menudo son retratados por los residentes como un actor que, lejos de defender y respaldar al vecindario, representa una fuente de peligro alternativa y refuerza los procesos de estigmatización. Varios de los jóvenes entrevistados mencionan sentirse discriminados u hostigados por ella. A menudo, las y los vecinos se perciben como rehenes que quedan (literal o metafóricamente) en medio de un conflicto entre delincuentes y fuerzas del orden:

La vez pasada nomas, eran las tres de la tarde y entre los milicos [policía] y ellos estaban meta tiroteo y estaban todos los gurises afuera. Bajan con los chumbos esos, la escopeta esa, corriendo por la bajadita esa de ahí. Como decíamos nosotros si se caen y tropiezan con las piedras que pusieron en el camino y se les escapa un tiro y le da a un niño, ¿cómo lo arreglamos?^[12]

Ellos [los policías] incluyen a todos en la misma bolsa. La otra vez pasaron y uno de ellos, desde adentro de la camioneta, dijo “a estos hay que matarlos desde chicos”. Entonces te queda doliendo porque meten a todos en la misma bolsa. Y si saltás te dicen que defendés a los pichis [ladrones] y sos un pichi más. Si ellos vieran lo que nosotros pasamos ahí, no nos tratarían así.^[13]

La desconfianza en el accionar policial tiene largo arraigo dentro de la comunidad. Las habitantes de mayor antigüedad recuerdan la continuidad de la violencia policial que caracterizó el fin de la dictadura cívico militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985, fenómeno popularmente conocido como “las razzias”: operativos policiales donde se cerca una zona y se trasladaba en forma forzosa a la gente atrapada en esos espacios a comisarías u otras dependencias policiales. Las razzias, frecuentemente denunciadas por la violación de derechos procedimentales, fueron una práctica común de la policía del periodo post dictatorial en el Cono Sur (Lvovich, 2020). El próximo fragmento deja de manifiesto el carácter dilemático (Tiscornia y Pérez Bentancur, 2022) de las perspectivas de los habitantes de estos territorios respecto del accionar policial:

Entre el 80 y el 90, habían operativos que te sacaban tal cual como en la época de la dictadura, en calzoncillos y en bombacha, te entraban a las 5 de la mañana y no tenían delicadeza ninguna con nadie, se gritaba ´¡ahí viene la razzia!´ y el que se avivaba se escondía, y el que no se escondía marchaba, no importaba si eras bueno o eras malo. Y está bien: no te digo la época de la dictadura si te digo la época de la razzia de ese entonces, porque era lo que limpiaba el barrio y era lo que te dejaba descansar.^[14]

Así, la concentración territorial de los robos con violencia en barrios populares del Cono Sur se traduce en formas ambivalentes de percibir la violencia y la legitimidad policial (Auyero y Sobering, 2021). Existe una demanda amplificada de mayor presencia policial, independientemente del descrédito efectivo en su proceder cotidiano. Incluso al preguntarles sobre sus perspectivas a futuro, varios de los varones jóvenes entrevistados proyectaban ellos mismos pasar a ser parte de la policía. La violencia, que se vive omnipresente, se experimenta en una doble faceta: un uso injusto e ilegitimo de parte de los “pandilleros” y un uso injusto pero legítimo de la violencia por la policía (Scaraffuni y Paternain, 2023). La percepción de la violencia policial también se encuadra como una herramienta que orienta el sentido práctico, porque, aunque “no importaba si eras bueno o eras malo” si era efectiva, “limpiaba el barrio y te dejaba descansar”.

En otros casos, el sistema de justicia se percibe incapaz de garantizar la protección de aquellos que eventualmente quieran realizar una denuncia. Aun cuando exista la intención de denunciar en la policía victimizaciones, muchas veces se opta por el silencio debido al miedo a represalias en caso de que la denuncia se conozca en el barrio. De modo concordante con lo planteado por la literatura (Kirk y Papachristos, 2011), para el caso montevideano queda también de manifiesto que el cinismo legal, dado por el descrédito barrial frente a la ley y sus agencias, no implica necesariamente la adhesión a una subcultura delictiva:

Íbamos a hacer [la denuncia], pero... no confío nada, son corruptos. Se pueden abusar de una manera increíble de vos y no importa. Te pueden pegar y hasta dar un tiro y no pasa nada ... Se entiende que tengan que poner un punto y que estén para eso en la sociedad, para poner límites a quien infringe la ley, pero no de esa manera.^[15]

Pasa que si hago la denuncia después tengo a toda la familia en contra en el barrio, sos una alcahueta, tenés a tu hijo preso y mandás a la gente en cana. Entonces no puedo.^[17]

En este escenario de cinismo legal, la inseguridad imperante se vive con desesperanza. Así, la muerte y la cárcel aparecen como fenómenos próximos, del orden de lo posible, naturalizados, que van “ajustando” –de modo violento, parcial y pasajero– la conflictividad barrial. Como contracara, el egreso carcelario y el retorno al barrio de ciertos individuos conocidos, provoca la alarma y la preocupación de las y los vecinos. Al respecto, cabe remarcar que Uruguay es el país con los mayores niveles de prisionización de América del Sur, alcanzando en 2022 una tasa de 408 personas presas cada 100.000 habitantes. Al estar el encarcelamiento fuertemente concentrado en ciertos grupos poblacionales (básicamente: hombres jóvenes y pobres), y la población general uruguaya estar envejecida, ocurre que, para el grupo poblacional que tiene entre 21 y 33 años hay más de una persona presa cada 100 habitantes (Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, 2022). Este fenómeno genera un fuerte impacto negativo, tanto en el corto como en el largo plazo, en las comunidades y territorios que albergan a estas poblaciones.

En este marco cultural de acción, emergen códigos del barrio y éticas populares de cuidados que estructuran en gran medida la vida cotidiana de las y los vecinos. La población adulta mantiene una actitud de desconfianza permanente con su entorno, que se materializa en rutinas como permanecer en sus hogares, reducir el contacto con personas vecinas, y una circulación cotidiana concentrada en “circuitos seguros” del barrio; circunscrita a determinadas calles y determinados horarios. Pero también el problema del delito activa a veces estrategias de eficacia colectiva. De este modo, vecinas con más trayectoria, valiéndose de los códigos tradicionales asociados al respeto hacia las mujeres cuidadoras y a las personas mayores, llevan adelante acciones de “justicia por mano propia”, confrontando ellas mismas a los agresores y desarrollando acciones reparatorias hacia las víctimas. Aquí también, la violencia se utiliza para poner freno a otras manifestaciones de violencia, como una herramienta que orienta el sentido práctico. Tal es el caso del robo al Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) presente en la Zona A:

En un momento casi me cago a trompadas con la chica que robó, que armó toda la cuadrilla de robo. Pero ta, me agarré tremenda calentura con todos los del barrio después, porque claro, todos ven y nadie dice nada. … Y después cuando se calmó todo un poco, hice una colecta en el barrio, entonces conseguimos las tres garrafas que les habían robado y un par de cosas más. Fuimos y se las dimos a la gente del CAIF, les pedimos disculpas literalmente, sin tener nada que ver, porque no era la gente de todo el barrio, la gente valora lo que ellos hacen.^[18]

La protección entre miembros del barrio ante situaciones de tiroteo es otra estrategia de cuidado que se menciona reiteradamente. Los motivos detrás de los enfrentamientos armados se identifican en disputas por la construcción de una reputación violenta, que mantenga el monopolio de la violencia en el barrio:

Creo que porque los del otro barrio fueron a robar a una zona y a los de esa zona no les gustaba que quemen ahí. Entonces corrieron a la madre de uno de los gurises del otro barrio y le tiraron un par de tiros a él y así se cruzaron y se tiraron a matar.^[19]

Los eventos vinculados a la exposición a armas de fuego fueron más recurrentes en la Zona B. Desde edades muy tempranas se impone la violencia comunitaria y la muerte como un elemento propio del entorno barrial. Estos eventos generan rápida acción conjunta, especialmente para la protección de niños, niñas y adolescentes, a través de una comunicación rápida y eficaz y la posibilidad de ingresar a domicilios de vecinos para ponerse a resguardo. También existe consenso en torno a que las personas externas al barrio circulen acompañadas por parte de quienes lo habitan, coordinando acciones entre vecinos para minimizar el riesgo de hurtos y agresiones:

El otro día tiraron del otro lado... Los gurises ya saben, escuchan y salen corriendo, no ves a nadie afuera, avisan, como que se cuidan entre ellos.^[20]

Te roban todo, bajás con la mochila y te la llevan. Tenés que andar siempre con alguien conocido del barrio.^[21]

No solo la protección frente al acoso delictivo y policial despierta estrategias colectivas, garantizar la supervivencia cotidiana también demanda la acción conjunta de vecinos y vecinas. En un contexto de graves privaciones materiales y riesgo medioambiental, una y otra vez los residentes “dejan los problemas a un lado” para superar dificultades que amenazan su integridad física. Las inundaciones del arroyo y distintas situaciones de riesgo vinculadas a la infraestructura deficiente son móviles consensuados para la acción colectiva en pos del bien común. Ante episodios críticos, se activan distintos mecanismos, dejando de lado eventuales diferencias interpersonales:

Y si teníamos problemas con unos vecinos que no nos hablábamos, no importa, [cuando llueve y se desborda el arroyo] se hacen los problemas aparte. Agarramos los niños... Por ejemplo, con mi tío que no nos hablamos, se llevó a mi hijo. Cuando hay problemas así nos hablamos todos, nos juntamos y tratamos de ayudar lo más posible. Hasta los perritos, que andan nadando ahí los subimos pa’rriba de las casas. Yo soy uno de los primeros que apenas empieza a llover salimos a limpiar canaletas.^[22]

Anoche nomás viste el agua que cayó... el puente estaba hasta el tope. Estábamos todos los vecinos a las 11 de la noche levantados afuera. Ya salen casi todos los hombres a hacer zanjas y canaletas para ver dónde pueda escapar … Nos mandábamos mensajes para avisar y mandábamos los niños para arriba.^[23]

A partir de los relatos queda claro que la niñez es uno de los asuntos fundamentales en su capacidad de activar respuestas colectivas. En ambas zonas se identifican las iniciativas en torno al bienestar de las infancias como generadoras de gran compromiso organizado en el territorio. Éstas comprenden celebraciones de días festivos, intervenciones del espacio público para mejorar la seguridad vial, y apoyos para proteger a niños y niñas en situaciones de riesgo alimentario. En este caso, son las mujeres quienes en general toman protagonismo liderando la acción colectiva barrial.

De este modo, para el caso estudiado, y en forma concordante con otros antecedentes que abordaron el contexto latinoamericano (Chouhy, 2016), este tipo de eficacia colectiva se vive complementariamente al sentimiento de desconfianza generalizada. De ellos depende en gran medida garantizar niveles mínimos de bienestar, ya que el Estado y sus programas de política pública se perciben como insensibles a sus apremios cotidianos.

El artículo se propuso indagar en la concentración territorial de la violencia y la criminalidad en Montevideo y sus vínculos con las privaciones sociales, a través de un análisis de la experiencia de la vida cotidiana en dos barrios periféricos de Montevideo donde se concentran ambos factores. El análisis se orientó a través de las nociones de cinismo legal y eficacia colectiva.

El análisis cuantitativo dio cuenta de la heterogeneidad espacial del delito en la ciudad de Montevideo. Los barrios periféricos tienden a concentrar tasas de denuncia más altas, mientras que las áreas costeras y centrales presentan niveles notoriamente más bajos. Los resultados coinciden con los antecedentes, que se concentran en el caso de los homicidios (Jacottet, 2017; Tenenbaum et al., 2021; Rojido et al., 2023) y muestran que también los delitos violentos contra la propiedad tienden a concentrarse en zonas de la ciudad con mayores niveles de pobreza.

La concentración en algunos territorios de las denuncias de rapiña y homicidios se acompaña evidentemente de numerosas dinámicas de microescala que escapan a las estadísticas oficiales. Pone de relieve experiencias, expectativas, valorizaciones y construcciones de sentido en torno al barrio y la violencia, que atraviesan la vida cotidiana de vecinos y vecinas de las periferias montevideanas.

En el análisis cualitativo se constató que la violencia y la inseguridad resultan aspectos centrales, como un tipo de acoso recurrente en las zonas observadas. Los residentes identifican un entorno cotidiano donde predomina un tipo específico de delito amateur, de bandas locales asociadas con la comercialización y el consumo de drogas, en particular pasta base de cocaína. Las y los vecinos identifican también otro tipo de delito, calificado como más experto que tiene lugar fuera del territorio, en las zonas más prósperas de la ciudad.

La gravedad de la situación intensifica el sentimiento de aislamiento de las y los residentes de estas zonas respecto del resto de la ciudad. Entre las principales consecuencias de la violencia dentro del barrio destacan las restricciones en el uso del espacio público, dificultades para dejar sola la vivienda, restricciones en el acceso a servicios, o a que personas externas puedan entrar al barrio si no son acompañadas. Todos estos elementos refuerzan los procesos de segregación espacial ya consolidados desde hace varias décadas en estos territorios, como una nueva faceta de la desigualdad (Katzman et al., 2008; Aguiar, 2016; Álvarez Rivadulla, 2019).

Junto a la concentración de desventajas, la experiencia directa e indirecta con las agencias de justicia redundan en un fuerte sentimiento de cinismo legal (Kirk y Papachristos, 2011). Fueron frecuentes los testimonios de experiencias personales y vicarias de violencia de parte de la policía, y este tipo de vivencias se remontan de muchos años atrás. Complementariamente, existe un descrédito generalizado en que, independientemente de la justicia de los procedimientos, las agencias policiales logren contener la proliferación de los mercados de sustancias ilegales.

Así y todo, en la orientación hacia la violencia prevalece el sentido práctico, en lógicas similares al dilema de la sustitución observado en investigaciones anteriores (Carr et al., 2007; Hagan et al, 2020; Tiscornia y Pérez Bentancur, 2022). En el contexto uruguayo el vínculo entre policía, violencia y legitimidad es complejo, distinguiéndose dos tipos de violencia que rigen la vida cotidiana en el barrio: la violencia injusta pero percibida como relativamente legítima en manos de la policía y la violencia ilegítima en manos de los delincuentes amateurs y de los “pandilleros”.

Esta relativa legitimidad policial convive con la desconfianza en el sistema de justicia e instituciones públicas, agravando la sensación de que quienes cometen delitos son impunes y de que el Estado no es un actor capaz de garantizar la seguridad de los habitantes de los barrios con mayores desventajas acumuladas (Manzano Chávez, 2009; Chouhy, 2016). Una derivación del cinismo legal puede materializarse en una menor disposición a denunciar hechos violentos sufridos o presenciados, debilitando aún más la confiabilidad de las denuncias policiales como indicador de delito en ciertas zonas de la ciudad.

A su vez, en entornos de alto cinismo legal, la acción colectiva barrial recurrente también convive con sentimientos generalizados de desconfianza hacia los propios vecinos (Chouhy, 2016). En el caso de nuestro estudio, no encontramos que el crimen organizado suplante las formas de cohesión o las suprima, como se plantea en contextos de alta incidencia de este último (Strickland, 2017), aunque sí evidencia de ciertos códigos de silencio (Valenzuela 2012), de los códigos de la calle (Anderson, 1999) y de la ética popular (Auyero y Sobering, 2021).

Ante la baja credibilidad en que el Estado podrá proteger a las víctimas de delitos y evitar represalias ante denuncias, los y las vecinas trasladan sus expectativas hacia mecanismos informales para la resolución de problemas de seguridad y convivencia (Casas Casas y Méndez Méndez, 2017), aunque con diferencias significativas según género y generaciones. Quienes se autoperciben más vulnerables, mujeres jóvenes y personas mayores, reducen su movilidad a circuitos diurnos seguros, y son siempre acompañadas de otras personas. Los varones en cambio muestran un mayor uso del espacio público, en particular durante el día, recurriendo a la violencia como medio de ganarse el respeto en el barrio. Paradójicamente, son las mujeres el principal motor de la organización local y la amplificación de las tareas de cuidado hacia el barrio aparece como una forma específica de ganarse el respeto entre ellas. Las relaciones de parentesco en los entornos barriales e incluso en el propio crimen organizado (Manzano Chávez, 2009) resultan factores que se plasman en mayor cohesión y colaboración entre vecinos; mayor acción colectiva, aún en zonas con alta prevalencia de delitos.

Frente a un Estado que se percibe injusto, contradictorio y volátil, en los momentos de crisis, la desconfianza generalizada convive con manifestaciones de eficacia colectiva en torno a diversas problemáticas barriales. El desborde de un arroyo por la tormenta, el ingreso de personas externas al barrio, la seguridad alimentaria de niños y niñas son ejemplos donde la unión vecinal es la que garantiza condiciones mínimas de subsistencia. Del mismo modo, la relativa legitimidad policial convive con sentimientos de descreimiento y cinismo legal.

Como observamos para el caso de Montevideo y se señala en la literatura, las expectativas de acción conjunta por parte de los habitantes de barrios con altas desventajas acumuladas no descansan sobre un supuesto de relativa estabilidad y confianza entre vecinos o hacia las instituciones, como podría suponer la perspectiva de la eficacia colectiva, sino más bien en el abandono por parte del Estado y en el reconocimiento de los habitantes del barrio de su interdependencia y de su incapacidad para lograr sortear situaciones críticas relativas a la supervivencia cotidiana si no es de modo colectivo.

A su vez, el cinismo legal se sustenta en recurrentes y cotidianas constataciones de falta de resultados, una sensación de resignación, pero la denuncia de violencia policial se acompaña, en forma paradójica, de cierta legitimidad y demanda de políticas represivas y punitivas.

Una correcta especificación de las diferencias de género y entre generaciones en el acceso al espacio público, así como la doble ambigüedad entre eficacia colectiva y confianza entre vecinos o hacia las instituciones, por una parte, y el cinismo legal y la demanda de punitivismo, por otra, aparecen como elementos criminológicos particulares dentro del sur global (Carrington et al., 2019).

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[2] Disponible en Instituto Nacional de Estadística: https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/politicas-y-gestion/microdatos-metadatos-cuestionarios-manuales-ech-edicion

[3] Según datos del Ministerio del Interior, disponibles en: https://www.gub.uy/ministerio-interior/violencia-criminalidad

[4] Disponibles en: https://observatorioseguridad.minterior.gub.uy/pentaho/api/repos/:

public:observatorio:MININT_Observatorio.wcdf/generatedContent

[5] Entrevista a mujer adulta, residente en Zona A.

[6] Entrevista varón adulto, residente en Zona B.

[7] Entrevista a varón joven, residente en Zona B.

[8] Entrevista a varón joven, residente en Zona B.

[9] Entrevista a mujer joven, residente en Zona B.

[10] Entrevista a mujer adulta, residente en Zona B.

[11] Entrevista a mujer adulta, residente en Zona B.

[12] Entrevista a mujer joven, residente en Zona B.

[13] Entrevista a mujer joven, residente en Zona B.

[14] Entrevista a mujer adulta, residente en Zona B.

[15] Entrevista a mujer joven, residente en Zona B.

[16] Entrevista a mujer joven, residente en Zona B.

[17] Entrevista a mujer adulta, residente en Zona B.

[18] Entrevista a mujer adulta, residente en Zona A.

[19] Entrevista a varón joven, residente en Zona B.

[20] Entrevista a mujer adulta, residente en Zona B.

[21] Entrevista a mujer adulta, residente en Zona B.

[22] Entrevista a varón joven, residente en Zona B.

[23] Entrevista a mujer adulta, residente en Zona B.