Las asociaciones deportivas y la conformación del fútbol como un problema público en la Córdoba (Argentina) de entreguerras

The Sports Associations and the Conformation of Football as a Public Problem in Interwar Córdoba, Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Estudios Históricos. Argentina. franco.reyna@unc.edu.ar

El artículo analiza la construcción pública que las asociaciones deportivas hicieron de sus problemáticas sectoriales vinculadas a la práctica del fútbol en la ciudad de Córdoba (Argentina) en el período de entreguerras. En esa época de transformación del deporte en espectáculo, las entidades posicionaron asimétricamente sus demandas particulares en el plano del interés general a fin de acceder a bienes estatales en expansión y mejorar su capacidad asociativa y deportiva. El trabajo identifica a los actores, demandas, estrategias y representaciones que intervinieron en esa escena pública.

Palabras clave: asociaciones deportivas; fútbol; problemas públicos; interés general; esfera estatal; desigualdad

This article examines the public construction of sectoral issues related to football practice by sports associations in the city of Córdoba (Argentina) during the interwar period. In an era in which sports was turning into a spectacle, the associations asymmetrically positioned their specific demands within the realm of public interest to gain access to expanding state resources and to enhance their associative and sporting capacities. The study identifies the actors, demands, strategies, and representations involved in this public sphere.

Keywords: sports associations; football; public issues; public interest; state sphere; inequality

Dentro de la profusa historiografía argentina que aborda el rol de las asociaciones civiles en la configuración de la esfera pública, están cobrando cada vez más importancia aquellas miradas centradas en las diferentes formas en que estas participaron, junto con otros actores sociales y estatales, en la implementación de políticas públicas (Di Stefano et al., 2002; Lionetti, 2009; Marcilese, 2009; Moreyra, 2009; Ortiz Bergia, 2009; Vagliente, 2010; Vidal y Blanco, 2010; Mauro y Lichtmajer, 2014; Acha y Quiroga, 2015; Palermo y Silva, 2016; Agesta, 2019; Cernadas de Bulnes y Agesta, 2021; entre muchos otros). Sin embargo, no han sido muchas las investigaciones que han intentado comprender cómo estos actores construyeron sus problemáticas como hechos de interés general para la producción de bienestar (Lorenc Valcarce, 2005; Schillagi, 2011; Pereyra, 2012; Merlinsky, 2015; Ortiz Bergia, 2016 y 2022; Caneva, 2018; Guerrero Bernal et al., 2018; entre otros).

Particularmente, los estudios del deporte no han escapado de esta tendencia general. Tras el impulso inicial dado por autores como Eduardo Archetti, Pablo Alabarces o Julio Frydenberg a la historización de su práctica y la aprehensión de las identidades y subjetividades producidas en su desarrollo como industria cultural, recién en los últimos lustros adquirieron relevancia los abordajes en torno a los vínculos entre deporte y política. Tal como señala Luciano Arancibia Agüero (2022), algunos de los principales tópicos explorados discurrieron sobre el modelo del asociacionismo civil, el ejercicio de la política, las dinámicas institucionales y redes de sociabilidad en los clubes, y el accionar estatal en la actividad deportiva (Daskal, 2010 y 2013; Moreira, 2010; Gruschetsky, 2012; Rein, 2015; Chiappe, 2016; Reyna, 2016; Daskal y Moreira, 2017; Levoratti, 2017; Hora, 2018; Levoratti et al., 2023; entre muchos otros).

Sin embargo, en el análisis de las políticas públicas en el área, en su gran mayoría estas contribuciones han estado más pendientes de las intervenciones unívocas de las agencias estatales que de la manera en que las asociaciones interactuaron con aquellas para la configuración de temáticas de utilidad colectiva y la elaboración de una agenda política deportiva.

El artículo se adentra en este fenómeno en la ciudad de Córdoba durante los años de entreguerras y se enfoca en la construcción pública que las entidades deportivas hicieron de sus problemáticas sectoriales para volverlas susceptibles de la acción estatal. En esta época, los deportes experimentaron un proceso de expansión y espectacularización a partir de la inclusión de nuevos sectores a su práctica, de la ampliación de la oferta asociativa y competitiva y de la conformación de nuevos mercados de productos culturales. En ese contexto, las entidades civiles que impulsaban y regulaban el ejercicio del deporte activaron diferentes articulaciones con reparticiones estatales y entablaron paulatinos acuerdos, negociaciones y disputas en torno a sus intereses y atribuciones en el área.

Las vinculaciones políticas entre ambas esferas han sido objeto de preocupación de Rodrigo Daskal (2010) en su aproximación a lo sucedido en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires entre 1895 y 1920. Sus observaciones, retomadas en otra publicación del mismo autor junto con Verónica Moreira (2017), ponen el énfasis en las diferentes concepciones que se manifestaron en ese órgano estatal sobre las instituciones deportivas y su propensión al bien común. El presente trabajo adopta ese punto de partida y, desde un enfoque centrado en el plano asociativo y en sus diversos ámbitos de interacción política, procura ofrecer nuevas perspectivas sobre los actores, sus prácticas y representaciones, y las desigualdades implicadas en el proceso de selección y formalización de problemas públicos deportivos en una localidad argentina extracapitalina.

Como señala Joseph Gusfield (2014), los problemas sociales se convierten en públicos en la medida que se vuelven temas de conflictos o de controversia en la arena de la acción pública; es decir, que cuentan con movimientos que trabajan por resolverlos y dependencias que asumen la responsabilidad de atenderlos con el fin de velar por el bienestar general. En las investigaciones sociales hay consenso en reconocer que no son situaciones objetivas las que delimitan esa condición pública, sino que es necesario cuestionarse su emergencia, definición y configuración.

Bajo esos términos, la hipótesis de este trabajo es que las asociaciones deportivas participaron activamente en la construcción de temas de interés público con el fin de acceder a bienes estatales que les permitieran ampliar su accionar y mejorar su posicionamiento dentro del mercado de espectáculos. Al respecto, se sostiene que esas entidades interactuaron con diferentes agentes estatales y, a través de una multiplicidad de prácticas y estrategias, buscaron convertir sus demandas particulares en problemas que concernían al interés general de la comunidad y justificar su merecimiento y prioridad. En ese proceso, no todas las instituciones tuvieron las mismas oportunidades de demandar bienes públicos, hecho que generó grandes desigualdades en las posibilidades de acceso al bienestar y una redefinición de los límites entre lo público y lo privado.

La indagación propuesta se estructura en cuatro partes principales. En primer lugar, se identifican los actores que intervinieron en este proceso de posicionamiento de sus problemáticas deportivas en el ámbito del interés general y al tipo de demandas que elaboraron. En segundo lugar, se examinan las asimetrías que entre estos se evidenciaron en el acceso a la escena pública. A continuación, se analizan las diversas estrategias de las asociaciones para formalizar sus solicitudes y los conflictos que experimentaron en ese trayecto. En cuarto y último lugar, se distinguen los modos retóricos a partir de los que estas definieron y legitimaron sus demandas y buscaron captar el interés público: la identificación con el interés general y la construcción de merecimientos.

El análisis se limita a los clubes de fútbol, que en esta época de gran difusión de la práctica fueron los que, dentro del ámbito deportivo, más demandas (y de mayor grado de formalidad) presentaron al Estado. En ese accionar se pueden avizorar los primeros pasos de la lenta formación de una agenda política del área.

La fuente principal para este estudio fueron los documentos gubernamentales producidos en el ámbito ejecutivo y legislativo de la provincia de Córdoba, ya que este fue el nivel estatal donde los clubes canalizaron la mayor parte de sus demandas. Ello fue confrontado también con material generado en las reducidas intervenciones de las instancias estatales nacionales y municipales. Además, se revisaron los escasos documentos pertenecientes a entidades deportivas que registraron las formas de pensar y articularse con las esferas estatales. De la misma manera, se tuvieron en cuenta los testimonios de esas interacciones asociativas en la prensa periódica local, aunque su relevancia fue muy acotada.

En esta parte del trabajo se examina a los actores del mundo deportivo que interpelaron a las autoridades políticas y los asuntos que estos demandaron con el objetivo de que determinados intereses particulares se convirtieran en problemas públicos atendidos por los entes estatales. Un primer aspecto a considerar, entonces, es quiénes estuvieron involucrados en el planteo de las demandas y sus destinatarios. Al respecto, en esos años de entreguerras, las asociaciones de la sociedad civil seguían disponiendo de la autoridad en el área deportiva para definir, regular y resolver sus problemas: eran las que, parafraseando a Gusfield (2014), asumían la “propiedad” en la formulación de las demandas en la práctica del fútbol y los entes gubernamentales las legitimaban como interlocutores válidos.

Casi la totalidad de las interacciones formales entre el ámbito deportivo y los poderes públicos eran realizadas por personas jurídicas: no respondían a intereses de individuos físicos, sino al de un colectivo con objetivos comunes y capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Este fue un aspecto fundamental en la construcción del sentido público de una demanda: quienes interactuaban con los agentes estatales lo hacían en nombre de la entidad y bajo un interés común, no como socios en carácter personal.

Asimismo, las solicitudes de los clubes amparaban siempre necesidades e intereses específicos de cada entidad, las cuales buscaban obtener recompensas privadas. No se integraban demandas provenientes de actores similares para instalarlas en una agenda estatal permanente que promoviera la difusión de la práctica atlética para beneficio del conjunto de las agrupaciones; más bien, se pretendía conseguir el acceso particular a un bien. Solo en caso de injerencias estatales de índole regulatorias o impositivas, el asociacionismo veía una interferencia en su autonomía y asumía una defensa corporativa, patrocinada por la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF) como única autoridad en el área. Sin embargo, como los bienes estatales que los clubes solicitaban tenían un carácter público, el desafío era, entonces, revestir de un interés general a demandas privadas para posicionarlas en el ámbito de la decisión gubernamental.

En la interacción entre las asociaciones y los agentes estatales se fueron definiendo los aspectos de la práctica deportiva que adquirían un estatus público y debían dirimirse en el plano de la política. Evidentemente, no cualquier asunto era pasible de ser demandado al Estado. Cuestiones como la organización interna de las asociaciones deportivas, sus estructuras de competencia y la conformación de los equipos permanecieron siempre bajo la órbita de la sociedad civil. Por el contrario, las entidades sí recurrieron a los poderes públicos para plantear demandas materiales de diverso tipo, cuyo financiamiento excedía a los ingresos por cuotas sociales. Fundamentalmente, solicitaron apoyo económico (en forma de premios, subsidios o eximición de impuestos) y la cesión de terrenos públicos para el despliegue de su práctica y la construcción de instalaciones.^[2] Además, reclamaron garantías jurídicas que los habilitaran a emprender obras de manera particular u obtener facultades legales para realizar peticiones gubernamentales. Al mismo tiempo, requirieron colaboración para mantener la seguridad en los campos de juego.

Las entidades también demandaron el capital simbólico del Estado para acreditar a una actividad privada como de beneficio colectivo. Eso no dejaba de ser una estrategia para lograr el reconocimiento del carácter público que asumía su accionar y, de ser posible, obtener el beneplácito de las autoridades para acceder a bienes estatales. Una de las gestiones más recurrentes fueron las invitaciones a presenciar los eventos de mayor trascendencia social en la época, como las inauguraciones de campos de juego o los partidos que involucraban la visita de equipos de otras latitudes, lo cual contribuía a prestigiar aún más la reunión. Otra práctica habitual era buscar el patrocinio oficial de los eventos deportivos como una vía para inducir a las autoridades a allegar fondos. Ello sucedía en ocasiones en las que, por ejemplo, requerían el financiamiento de premios para las competencias que organizaban, por lo que decidían nombrar a la copa donada que se ponía en disputa en honor al gobernador u otros mandatarios.^[3]

En las interacciones entre actores sociales y estatales las tensiones fueron constantes. Las entidades deportivas pretendían asegurar el flujo de recursos públicos, pero al mismo tiempo resguardar su gestión privada. En esa puja permanente se delinearon las problemáticas que adquirían sentido público y se demarcaban las fronteras y prerrogativas con los agentes estatales. Esta cuestión de la autonomía se hizo más visible en momentos en que los poderes gubernamentales asumieron responsabilidades e intervinieron en el campo deportivo. Eso pasó cuando las autoridades provinciales proyectaron las primeras agencias deportivas estatales para coordinar la acción de las asociaciones deportivas y difundir la actividad.^[4] Los clubes de fútbol rechazaron estas iniciativas ya que veían en ellas una amenaza a su principio de autonomía y una intromisión en torno a facultades organizativas de la práctica deportiva que consideraban propias. Las también escasas interacciones que las asociaciones deportivas experimentaron con agentes estatales municipales tuvieron un tono parecido, limitándose a contrarrestar los avances impositivos o regulatorios de los poderes públicos y solicitar autorizaciones para sus actividades.^[5]

En ambos casos, las relaciones entre las organizaciones públicas y privadas vivieron momentos de conflicto en torno a la disputa de atribuciones en la práctica. No era un proceso privativo de los clubes de fútbol, ya que, como analiza María de las Nieves Agesta (2020), la preservación de la autonomía fue un problema central para las asociaciones culturales de principios de siglo XX en la Argentina en el marco de un mercado cultural en crecimiento y de un Estado en consolidación. Por más que tanto las iniciativas oficiales como los intentos particulares por acceder a bienes públicos pudieron acarrear condicionamientos sobre la soberanía de las asociaciones civiles, en el ámbito deportivo estas pudieron frenar o atenuar decisiones estatales contrarias a sus intereses. Influyeron en ello, entre otros aspectos, la tradición autónoma del asociacionismo civil, la defensa corporativa de la entidad federativa, la capacidad de llegada a los órganos de decisión estatal cuyas estructuras burocráticas en el área todavía eran precarias.

La escena pública no era un campo en el que, tal como plantea Gusfield (2014), todos los actores podían jugar en términos de igualdad, ya que se evidenciaban diferencias de poder, habilidad y autoridad en la capacidad tanto de definir los problemas como de regularlos e implementar soluciones. Al respecto, no todas las asociaciones accedieron de igual manera a los canales institucionales del Estado. Más bien, las que efectivamente pudieron generar esas interacciones fueron la entidad oficial que regulaba el fútbol en la ciudad (LCF) y los principales clubes que la componían.

De acuerdo al relevamiento realizado para esta investigación en documentos del Ministerio de Gobierno, de las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Córdoba y en documentos del poder ejecutivo y legislativo de la provincia de Córdoba entre los años 1913 y 1943,^[6] se contabilizaron 75 presentaciones de instituciones de fútbol ante agencias estatales.^[7] Si bien no es una cantidad masiva, implicó un marcado incremento respecto a la docena de ellas que se rastrearon en los mismos repositorios desde la década de 1890, cuando aparecieron los primeros registros de la práctica del fútbol en el club pionero de la ciudad (el Córdoba Athletic Club, fundado en 1882).

El contexto político partidario en el que tuvieron lugar tales demandas no fue un factor diferencial para su desarrollo. Al respecto, tanto las formas como la cantidad de presentaciones realizadas no sufrieron variaciones significativas entre los gobiernos demócratas y radicales, quienes se alternaron el poder durante todo este período. Entre ambas fuerzas existía consenso en torno a los beneficios de la promoción de las actividades físicas.

En esos 30 años, se contabilizaron 25 asociaciones que entablaron demandas.^[8] Del 75% de ellas no se hallaron más de tres presentaciones, aunque la gran mayoría presentó solo una (entre las que estaban las únicas tres entidades que no pertenecían a la LCF). El 25% restante concentró la mayor cantidad de demandas a las agencias estatales: además de la LCF, se trataba de los clubes Universitario, Belgrano, Talleres, Juniors y Escuela Presidente Roca. Eran quienes participaban con mayor éxito en los circuitos competitivos más prestigiosos a nivel local y regional y que progresivamente se convirtieron en objeto de consumo cada más masivos; también algunos de ellos pertenecían al sistema educativo estatal y tenían intereses compartidos con las agencias públicas.

En general, estas asociaciones disponían de un alto grado de institucionalización y legalidad, tenían estructuras orgánicas y burocráticas definidas estatuariamente y avaladas oficialmente. A su vez, contaban con una larga trayectoria y visibilidad en el ambiente deportivo local, a través de lo que capitalizaron numerosos vínculos y saberes sociales pasibles de usufructuarse políticamente. Eran clubes que habían nacido como equipos de fútbol para el despliegue de un pasatiempo y que en esos años empezaron a transformarse en entidades sociales y deportivas al incorporar otras actividades sociales, deportivas y culturales que atrajeron cada vez más asociados y vecinos a sus filas. Estas entidades necesitaron acceder a ciertos bienes y recursos estatales con el objetivo de desarrollar una obra recreativa integral y lograr mejoras infraestructurales y competitivas.^[9] A través de ellas podían ampliar su oferta de productos culturales y favorecer su posicionamiento dentro del naciente mercado de espectáculos deportivos, con lo que esperaban captar mayor cantidad de adherentes.

En palabras de Luis Reygadas (2004), en campos de interacción en el que diferentes agrupaciones compiten por recursos se construyen relaciones de poder que permiten el flujo de riquezas de unos hacia otros y dan lugar a desigualdades de mayor magnitud que las que brotan sólo de los diferentes atributos de las personas. En efecto, esas asociaciones que tenían posiciones dominantes en la escena deportiva local legitimaron sus demandas y buscaron acaparar oportunidades de acceso al Estado gracias a las relaciones y capacidades diferenciales que fueron adquiriendo a lo largo de su trayectoria, así como también a la construcción de discursos sobre el mérito de su accionar y la utilidad pública de sus aportaciones, como se verá más adelante.

Esa misma posición jerárquica en el entramado deportivo local facilitó los contados acercamientos de clubes cordobeses a organismos de otra escala estatal como la nacional. Solo Talleres, Belgrano, Universitario y, a finales del período investigado, Instituto, tuvieron la capacidad para generar redes políticas e instrumentar los medios técnicos que le posibilitaron abrir expedientes en el circuito legislativo nacional.^[10] En todos los casos, solicitaron subsidios por montos cuantiosos para la construcción de sus campos de juego. De esta manera, en el espectro de interlocutores oficiales que tenían los clubes de fútbol, el Estado nacional aparecía como una instancia superior y de difícil acceso, a la que se acudía excepcionalmente para bregar por la cuestión edilicia; problemática medular en la vida asociativa cuya atención requería grandes desembolsos.

Sin embargo, la mayoría de las entidades deportivas locales no contaron con las mismas condiciones institucionales y económicas para poder interactuar asiduamente con las agencias estatales. Entre ellas estaban las de menores recursos dentro de la LCF y, principalmente, todas aquellas que fueron surgiendo desde los años veinte y treinta a partir del interés de cientos de jóvenes que participaban de circuitos deportivos independientes de la liga oficial. Estas entidades no tenían adecuados niveles de formalización, encuadramientos legales ni legitimidad histórica para poder recurrir a agencias estatales. Además, dado que los alcances de sus actividades y competencias eran más modestos que los de la liga oficial y no movilizaban públicos masivos, no podían justificar el requerimiento de grandes recursos para sostener su accionar o para obtener o reacondicionar instalaciones. Con relación a este último punto, muchas de estas instituciones estaban emplazadas en locaciones precarias y poco accesibles o ejercían la localía en campos de juego propiedad del ente federativo que patrocinaba sus competencias o de clubes de la LCF.

En este apartado, se analizan los mecanismos a través de los que se formalizaron políticamente las demandas. Esto implica considerar las prácticas y rutinas mediante las que las entidades privadas se posicionaron en la esfera pública, interactuaron con las organizaciones estatales y confirieron legitimidad a sus solicitudes.

El conocimiento cabal de su propia realidad institucional y deportiva era un requisito indispensable para que las entidades pudieran identificar sus principales problemáticas y necesidades para seleccionar aquellas que instalarían en la agenda pública. Para ello, los órganos directivos se interiorizaban sobre su situación social, política, económica, patrimonial y deportiva mediante diversas instancias administrativas (pedidos de informes, confección de presupuestos, elaboración de balances o redacción de memorias) y la ponían a consideración de sus consocios. Varios registros dejan constancia del respaldo institucional con el que contaban para iniciar las gestiones, ya que obtenían el mandato soberano de las asambleas en las que se legitimaba internamente su actuación y se confería el aval para recurrir a instancias públicas por sus demandas.^[11]

Para dotar de contenido y veracidad al relato que cohesionara una petición colectiva, las entidades recababan datos sobre cuestiones vinculadas a su razón social, localización, actividades, masa societaria, afiliaciones a federaciones deportivas, desarrollo histórico, trayectoria deportiva, recursos financieros, infraestructura y proyección institucional, entre otras.^[12] Paralelamente, se informaban también acerca de los marcos legales y las modalidades existentes para poder presentarse ante las autoridades políticas y realizar propuestas viables.

Los contactos iniciales con las agencias estatales en ocasiones se realizaban a través de encuentros informales o entrevistas particulares entre agentes de los entes implicados con el objetivo de realizar averiguaciones, intentar captar favores personales o reforzar las demandas.^[13] Probablemente, se aprovechaban para ello los vínculos preexistentes entre integrantes de las entidades y de las agencias estatales. Igualmente resultaba eficaz el “multiposicionamiento” de algunos actores, que ocuparon espacios directivos tanto en instituciones públicas como en privadas.^[14] La capitalización de contactos sociales forjados a través de vínculos privados era una forma de volver más cotidiano y accesible el Estado, aunque en ocasiones tornaba difusos los límites entre este y las asociaciones.

El recurso a agentes estatales no necesariamente suponía una práctica novedosa para las instituciones deportivas. Existía un bagaje acumulado de otras asociaciones sociales y culturales que previamente habían recurrido a esas instancias, así como también tenían difusión mediática las experiencias políticas vividas por entidades deportivas a nivel nacional, a las que ponían como ejemplo. De igual manera, integrantes de asociaciones deportivas formaban parte también de otras instituciones de la sociedad civil que tenían antecedentes en entablar contactos con agencias estatales. Era el caso, por ejemplo, del abogado Fontaine Silva, quien en 1937 solicitó un subsidio a la Cámara de Diputados de la provincia como presidente del club Gimnasia y Esgrima^[15] y al año siguiente hizo lo propio ante el gobernador como máxima autoridad de la Liga Amateur de Football.^[16] Quizás influyó en el cambio de destinatario la fallida experiencia que tuvo la demanda en la Legislatura, que se vio entorpecida por una serie de trabas burocráticas y por la ausencia de documentación probatoria.

Cuando una problemática aunaba los intereses de una entidad deportiva con la de otros sectores u organizaciones sociales, se forjaban alianzas con el objetivo de dotar de mayor legitimidad la demanda. De esta manera procedía, por ejemplo, el club Escuela Presidente Roca y la escuela homónima al momento de solicitar terrenos para la construcción de un campo de juego cuyo uso sirviera también a los alumnos del establecimiento educativo.^[17] En términos similares, en 1942 el club Belgrano formó parte de una Comisión del Barrio Alberdi (en donde estaba localizado) para gestionar la construcción de una escuela en el barrio.^[18]

Una vez confeccionada la demanda, las entidades seguían ciertos procedimientos rutinarios para formalizar la interacción con las agencias estatales y enviaban notas hacia las reparticiones cuya competencia fuera requerida. Los destinatarios estaban claramente señalados: la mayoría se dirigían al gobernador y al ministro de gobierno, aunque también comprendieron los ministerios de Obras Públicas y Hacienda, la Contaduría de la Provincia, la Inspección Sociedades Anónimas y Civiles, la Policía y la Legislatura. Esto deja entrever cierto conocimiento de las estructuras estatales por parte de los clubes y el reconocimiento de las diferentes caras que tenía el Estado, con el que se multiplicaban los puntos de contacto. Por fuera del ámbito provincial, la Cámara de Diputados era el principal actor interpelado a nivel nacional, en cuyo contacto intervenían directamente los representantes legislativos provinciales.

Las notas seguían algunas fórmulas comunes, lo que reafirma cierto modus operandi al momento de establecer relaciones. Generalmente, iban membretadas con los emblemas de las entidades y contenían los datos necesarios para identificarse y certificar su existencia legal. Nunca faltaba la rúbrica de sus presidentes y secretarios. Muchas veces las instituciones añadían documentación respaldatoria de su solicitud como actas, nóminas de socios, estatutos y reglamentos, expedientes previos, planos, etc. Esa información les servía como medio para inscribirse dentro de las supuestas lógicas y procedimientos estatales y construir evidencias. Además, las ayudaba en el objetivo de adquirir legitimidad como entidades bien constituidas, con derechos y obligaciones adquiridos y con capacidad para definir problemas públicos en el área y acceder a los beneficios estatales. Ello las diferenciaba de todas aquellas que no reunían esas condiciones y, por lo tanto, no eran pasibles de recibir tal ayuda.

Sin embargo, no todas las solicitudes se presentaban de manera correcta y, menos aún, tenían un devenir administrativo exitoso. Más bien, las fuentes dejan entrever algunos problemas y deficiencias en su formulación. Algunas veces, las demandas eran imprecisas en sus peticiones o dejaban a criterio de las autoridades la solución que se creyera conveniente. Ese fue el caso de la Liga Amateur de Fútbol al solicitar un subsidio para un viaje de una delegación: la laxitud del pedido seguramente influyera en el fracaso de la gestión.^[19]

Probablemente, este tipo de accionar errático se debía a la falta de experiencia o al desconocimiento que tenían algunas autoridades de las instituciones deportivas frente a los trámites burocráticos. De allí que no fuera inusual que ciertas gestiones ante reparticiones públicas sufrieran retrocesos o impugnaciones e incluso afectaran la credibilidad hacia una entidad. Esto sucedía, principalmente, con relación a la documentación que las entidades debían presentar para homologar su demanda. Frente a un pedido de subsidio, un club como Gimnasia y Esgrima aducía desconocer que el envío de las memorias institucionales se realizaba con anterioridad al inicio del trámite.^[20] De igual manera, dirigentes del club Los Andes enviaban notas al contador general de la provincia solicitando pagos adeudados bajo la suposición errónea (o especulativa) de que las subvenciones acordadas por un año eran válidas también para el siguiente.^[21]

Los clubes citadinos tenían la ventaja de poder realizar averiguaciones administrativas por vías oficiales o canales más informales, ya sea indagando entre pares o recurriendo a contactos gubernamentales. El costo de transacción era mucho menor frente a las instituciones de otras localidades como Bell Ville, que para ahorrarse desavenencias y adaptarse a los requerimientos estatales actuaban más precavidamente y solicitaban formalmente a las autoridades la información pertinente.^[22]

Una vez identificados los actores, sus principales demandas y la manera en que las formalizaron, el análisis indaga en la retórica utilizada por las asociaciones deportivas para presentarse ante las agencias estatales, definir y fundamentar sus problemas. Como plantea Daniel Cefaï al prologar la obra de Gusfield (2014), esos problemas no son solo resultado de actos utilitarios y funcionales, sino también de actos de comunicación dirigidos a auditorios (el público y sus representantes). Se trata de acciones simbólicas que representan dramáticamente una situación bajo la pretensión de interesar a las autoridades, lo que implica un esfuerzo de persuasión para lograr que determinados actores adopten una acción sobre un asunto. De esta manera, la capacidad de argumentación se volvía en un factor de crucial importancia desde el momento en que las entidades competían por el acceso a recursos estatales escasos y apelaban a diversas maniobras para captar la atención de quienes decidían sobre ellos.

En el abordaje de estas solicitudes no importa tanto la autenticidad del testimonio brindado por las entidades como la posibilidad de desentrañar los sentidos que tenían y los fines prácticos que perseguían. Estas presentaciones no dejaban de ser discursos públicos protocolares y sujetos a relaciones de dominación. Tampoco seguían un modelo único, sino que cada una respondía a circunstancias específicas y se adaptaba en función del contexto de producción, las características y la trayectoria de la institución promotora, el tipo de demanda y el destinatario a quien iban dirigidas. A continuación, se desagregan en dos grandes grupos las principales estrategias observadas en las peticiones, que marcaron una novedad respecto a períodos anteriores: aquellas que tendían a identificar a las entidades deportivas y su accionar con el interés general y aquellas cuyo principal objetivo era establecer prioridades entre demandantes con base en el mérito.

El punto de partida asociativo al momento de relacionarse con los poderes estatales era, tal como señalan Daskal y Moreira (2017), “la concepción de los clubes ‒en los discursos formales de sus dirigentes y particularmente al momento de peticionar ante los poderes públicos‒ como actores que cumplen funciones sociales” (p. 18). De allí que una primera operación retórica estaba vinculada a la manera en que las entidades construían su identidad como demandantes en la esfera pública: al momento de dirigir una solicitud a las autoridades, la gran mayoría de las instituciones no se representaban como clubes de fútbol, por más que esa fuera su actividad principal y la única beneficiada de la petición.

Esa dinámica perduraba desde los inicios de la práctica deportiva y de la sanción de sus propias estructuras estatutarias, cuando se anunciaban como asociaciones atléticas dedicadas al fomento del sport, la cultura o los ejercicios físicos. Eso estaba vinculado con las ideas del fair play pregonadas por los pioneros británicos y con las posturas higienistas que permearon el sistema educativo desde finales del siglo XIX. Motivos similares evocaban los clubes de Buenos Aires según se desprende de las investigaciones de Frydenberg (2011) y Daskal (2010), quienes destacan que para muchos sectores el fútbol estaba asociado a lo violento y competitivo y, por lo tanto, alejado de los valores educativos avalados por los poderes públicos; por eso los clubes rehuían de esa clasificación.

En estos años de entreguerras en que se profundizaron ciertas prácticas mercantilistas (como la compra y venta de jugadores en el mercado nacional y transnacional) y se multiplicaron los hechos de violencia en el medio local, las entidades disimularon cada vez más su identificación con el fútbol. Más bien, en sus distintas manifestaciones aparecían como cultoras de una gran variedad de manifestaciones atléticas y de “la noble práctica de los deportes”,^[23] lo que las convertía en actores centrales para la educación física de la población. En la promoción de esas actividades, las asociaciones dotaban de un sentido patriótico^[24] a su accionar, ya que sustraía a las personas de los “malos hábitos” y mejoraba físicamente a la “raza”;^[25] de esa manera, instruían a la población en prácticas saludables y formativas para el sistema productivo y la seguridad nacional.^[26]

Las entidades deportivas atribuyeron parte de la responsabilidad sobre la cultura física al dominio público y reclamaron su atención a los diferentes niveles estatales, ya sea personalizada en la figura del máximo representante político jurisdiccional o dirigida a la repartición competente. En ambos casos, solían apelar a la moral de los agentes públicos mediante el recurso de invocar su “espíritu deportivo”^[27] o su “preocupación”^[28] siempre constante por asuntos que propendían al bienestar colectivo como los deportes. Las asociaciones reforzaban su exhortación a los funcionarios comparando el accionar de estos con los de gobiernos de otras jurisdicciones. En ese tono se expresaba el presidente de la LCF al solicitar la cesión permanente de un terreno que utilizaba como campo de juego:

Córdoba se halla colocada en posición muy inferior respecto a muchas ciudades del país, de bastante menor importancia desde el punto de vista de sus campos de juego. Y mientras la iniciativa privada no puede lograr el objetivo de hacer excelentes campos de juego, dignos del rango que Córdoba ocupa en el deporte del país, creo de necesidad que los poderes públicos, penetrados de las ventajas de todo orden que el fomento del football significa para la formación del pueblo vigoroso, presten decidido apoyo a solicitudes de la índole de la presente.^[29]

Otro ejemplo en el que se instaba a los funcionarios a refrendar su compromiso deportivo se dio cuando la misma LCF gestionaba ante las áreas pertinentes la autorización para que empleados de reparticiones públicas pudieran ausentarse de su lugar de trabajo para poder formar parte de los equipos que competían contra seleccionados de otras localidades. Justificaban su solicitud en el carácter que estos equipos asumían como embajadores del fútbol cordobés, los cuales ponían en juego el prestigio de la provincia.^[30]

En su interpelación a las agencias estatales, algunos clubes remarcaron su contribución a la reputación del deporte local al destacar la importancia de los éxitos deportivos de sus atletas y equipos. Al respecto, esas entidades refrendaban su posición como promotoras del interés público desde su representación del conjunto de la comunidad deportiva de un territorio. Belgrano, por ejemplo, se colocaba ante la Legislatura local como baluarte futbolístico a partir de los diferentes intercambios que sus delegaciones habían tenido tanto dentro como fuera de la provincia. A través de ellas, ponderaba su exaltación como fiel exponente de los avances del fútbol cordobés a nivel provincial y nacional.^[31] Por el contrario, cuando los clubes recurrían a instancias estatales nacionales, desplazaban el eje representativo desde lo local hacia lo nacional y miraban más allá de sus fronteras: clubes como Talleres postulaban los éxitos internacionales de equipos del interior del país como un medio de propaganda exterior y de reconocimiento del valor del deporte argentino en su conjunto.^[32]

Paralelamente, algunos clubes resaltaban también las bondades que las estructuras edilicias deportivas podían reportar al conjunto del espacio urbano. En efecto, se destacaba su aporte a la urbanización y valorización estética y económica de los territorios y sus aledaños. Fue el caso del club Juniors en 1933, que al solicitar a la provincia la cesión de unos terrenos fiscales para instalar su campo de deporte, señalaba las mejoras que ello reportaría:

rellenamiento y nivelación, limpieza, apertura de las calles de unión proyectadas, arbolado en las costas del Río Primero, etc., todo lo cual ha de contribuir a su valorización en beneficio de la Provincia, que, por el carácter precario de la concesión que solicitamos, podrá retomar nuevamente esta propiedad cuando lo estime necesario u oportuno.^[33]

Los clubes de fútbol, a su vez, buscaron acentuar la utilidad pública de su principal actividad congregante al remarcar el servicio social que podían brindar sus partidos: su capacidad convocante era eventualmente aprovechada para realizar encuentros con fines benéficos que favorecían a diversas organizaciones sociales de gestión privada o estatal, tales como la Casa Cuna, el Hospital Italiano, la Sociedad de Beneficencia, la Caja de Socorros de la Policía, el Centro de Cronistas Deportivos, las bibliotecas populares, la mutual de los Empleados de Comercio u otros clubes deportivos más humildes.^[34] Su obra solidaria se extendía también hacia la organización de otras actividades recreativas que trascendían al deporte, como los festivales artísticos o bailes. En el caso de clubes que no contaban con las instalaciones adecuadas para su desarrollo, eventualmente podían solicitarlas a reparticiones estatales, como las salas de teatro o los gimnasios:^[35] con el éxito de la gestión obtenían, además, el aval oficial y su reconocimiento como entidades de bien público que promovían el beneficio de amplios sectores de la sociedad.

Ese mismo propósito se vio facilitado en el caso de los clubes de fútbol que, entre los años veinte y treinta, ampliaron sus estructuras asociativas e incorporaron nuevas actividades sociales y culturales. Desde esa base, comenzaron a destacar públicamente su dimensión más comunitaria y su anclaje territorial. Al respecto, las entidades justificaban el interés público de su propuesta en que su oferta recreativa alcanzaba no solo a sus asociados, sino a otros sectores de la población. Además, remarcaban que sus instalaciones siempre estaban a disposición de otras instituciones sociales que las necesitaran, lo cual adquiría más peso cuando se especificaba que la zona aledaña no contaba con plazas de ejercicios físicos o cuando los beneficiarios serían establecimientos educativos que carecían de espacios aptos para la instrucción física.^[36] Esta versatilidad de las instituciones habilitaba nuevos argumentos asociados a su potencial comunitario: ya no se amparaban solo en el fin deportivo que las definía, sino que también incorporaban la utilidad social que sus estructuras tenían.

Dentro de este proceso de expansión del fútbol y de su vertiente asociativa como fenómeno de gran arraigo social, las instituciones deportivas comenzaron a invocar en sus demandas al público aficionado, considerado como un nuevo actor colectivo con el que podían ostentar su vocación de masas. Justamente, en estos años de transformación del juego como espectáculo, la asistencia a los eventos se había incrementado notoriamente, en gran parte como resultado de la emergente capacidad de los clubes de la LCF de atraer “fieles” seguidores a sus filas (Reyna, 2018). Y, en ese contexto, los aficionados comenzaron a ser concebidos como un elemento insoslayable del carácter público que asumía la actividad recreativa de los clubes en la naciente sociedad de masas: los alcances de su actuación en el campo ya no se restringían al goce privado de los socios, sino a amplios sectores de la comunidad no institucionalizados por los clubes. Las entidades se presentaban como las encargadas de satisfacer sus necesidades recreativas e intercedían por sus demandas. Por ejemplo, si a un club no se le atendía el reclamo por espacios físicos, esgrimían que el peligro de interrupción de sus actividades institucionales supondría un perjuicio para la afición seguidora.^[37]

Asimismo, la posibilidad de brindarles mayores comodidades y seguridades a estos grupos era uno de los pretextos esgrimidos por las instituciones cuando solicitaban ayuda para construir instalaciones deportivas o mejorar las existentes.^[38] En el caso de las que ya tenían la gracia de contar con estadio propio, como Talleres, subrayaban su innegable contribución para el espectáculo al disponer de escenarios urbanos aptos para las concurrencias masivas. Y más aún, destacaban la posibilidad de que los beneficios de su usufructo se extendieran a la industria del turismo, ya que proveería de nuevas opciones de esparcimiento y atracción a la población.^[39]

En definitiva, todas estas intervenciones discursivas de las asociaciones deportivas fueron formas a través de las que representaron sus acciones y demandas como parte del interés general con el fin de persuadir a los organismos estatales. La nota de agradecimiento que un club dirigió a una repartición gubernamental al recibir una respuesta favorable a una solicitud es reveladora del valor que podían adquirir las interacciones entre ambas esferas sociales: mientras que, por un lado, destacaban el honor al que era acreedor la entidad, por otro lado, reconocían la importancia de un compromiso mutuo en pro de la difusión de la práctica deportiva dado los beneficios que esta significaba para el conjunto de la población.^[40]

Tal como se señaló previamente, existe coincidencia con Daskal y Moreira (2017) en que la apelación a la función social cumplida por los clubes era un factor primordial para el merecimiento de beneficios públicos. Sin embargo, desde el momento en que las entidades trataron de instalar sus demandas particulares en la agenda política como parte del interés general, no solo debieron construir merecimientos, sino también mostrar su preeminencia respecto a las demás. En efecto, tenían que competir por bienes públicos escasos y eran plenamente conscientes de los recursos limitados que el emergente estado social tenía para intervenir en la realidad deportiva.

En esos términos, la principal carta de presentación que tenían para introducir una demanda era exhibirse desde sus carencias. Es decir, legitimaban su pedido con base en una necesidad concreta que sufrían y la falta de medios propios para poder dar una solución cuyos alcances beneficiaran también a amplios sectores de la comunidad. La falta de encuadramiento de una gestión como situación apremiante (estrategia habitual en las entidades con mayor pericia en estas lides), podía influir en su fracaso, ya que se daba a entender que la actividad en cuestión seguiría su curso más allá de la potencial ayuda estatal.

Así, para solicitar un subsidio y lograr la atención de los poderes públicos, la mayoría de los clubes construía un relato en torno a sus orígenes humildes y la precaria condición en la que se encontraban. Era el caso, por ejemplo, del club Mariano Moreno, que al momento de solicitar la donación de un premio a las autoridades expresaba: “no dudamos de que su alto espíritu deportivo salvará a esta institución de un momento relativamente crítico, pues está ya organizado el campeonato y los fondos son escasos para los correspondientes trofeos”.^[41] Aún las instituciones más importantes lo hacían. Cuando en 1943 Talleres solicitó un subsidio al gobierno de la provincia destacaba que, pese a su origen modesto entre obreros, había asumido el compromiso de ofrecer instalaciones de vanguardia para disfrute del mundo deportivo local; por esa razón, se había endeudado al punto de sumirse en una situación apremiante.^[42] La alusión a la carestía aparecía como una categoría maleable que se ajustaba a la dimensión, las condiciones y las aspiraciones de cada entidad. Al mismo tiempo, el lenguaje político empleado por las entidades habilitaba el uso de nuevas formas de identificación entre los clubes, ausentes en sus fórmulas estatutarias: la apelación a la condición obrera, por ejemplo, ejercía como expresión de las privaciones sufridas y el esfuerzo como vía de superación. El discurso público fue un espacio en el que las representaciones identitarias de las instituciones mostraron una gran capacidad adaptativa a los diversos contextos situacionales.

El peligro de desaparición era otro recurso habitual del que se valían los clubes para valorar su situación y conmover a las autoridades. Muchas veces, ese tono dramático era utilizado por aquellos que tenían dificultades para conseguir terrenos y solicitaban la cesión de predios fiscales. Al respecto, la disposición de campos de juegos era un factor fundamental que definía la continuidad de las instituciones. Como casi ninguna tenía la propiedad de los terrenos, estaban a merced de las decisiones de sus dueños. En una ciudad en pleno proceso de urbanización, la ejecución de obras públicas o la especulación inmobiliaria llevaban a que las entidades cambiaran frecuentemente de locación. Muy pocas contaban con la posibilidad de que privados les cedieran terrenos (como por ejemplo algunos clubes ferroviarios). La única vía que veían posible era recurrir a los poderes gubernamentales. Ese fue el caso del club Escuela Presidente Roca en diferentes ocasiones durante los años treinta. Con la pretensión de obtener una ventaja comparativa sobre el resto, se apropiaban de sus vínculos directos con una organización estatal (la escuela homónima) y se presentaban como “hijos legítimos de los poderes públicos, situación que nos coloca en una posición de privilegio con respecto de nuestros congéneres”.^[43] De esa manera, también el mismo carácter público de una entidad, retóricamente construido, era objeto de competencia.

Sin embargo, no todos los carentes se presentaban de la misma manera. El carácter “amateur” era esgrimido como un factor de distinción y disputa entre ellos, ya que era asociado a instituciones que se desenvolvían únicamente gracias a las cuotas y el sacrificio de sus socios. El hecho de vivir en una situación de constante escasez justificaba la invocación a los agentes públicos.^[44] Entidades de divisiones menores incluso apostaban por diferenciarse por su condición aún más “amateur” y demandaban que la ayuda oficial fuera proporcional a las necesidades blandidas. Bajo esa estrategia, clubes como Racing buscaban ser incluidos entre las entidades beneficiadas por los subsidios acordados por la provincia en 1929.^[45] Con la profesionalización de algunos clubes de la LCF desde 1933, las entidades que permanecieron por fuera de ella, como la Liga Amateurs de Football, acentuaron esta estrategia de reconocimiento como amateurs al momento de recurrir a instancias estatales.

En definitiva, todas fueron formas mediante las que las asociaciones deportivas fundaron sus méritos y prioridades por sobre sus pares, ya que para acceder a los bienes públicos había que ser y parecer pobres. Sin embargo, no era esta la única forma de hacerlo, ya que también consideraban valioso la posibilidad de demostrar su nivel de organicidad y legalidad, cuya mayor certificación era la adquisición de la Personería Jurídica. A partir de ella obtenían el reconocimiento estatal que, tal como sostiene Agesta (2019) para el caso de otras asociaciones culturales como las bibliotecas populares, implicaba beneficios simbólicos y materiales: al mismo tiempo que las proyectaba como actores legalmente capacitados para interactuar con agentes estatales y procurar el bien común de la población, las habilitaba para obtener subsidios estatales regulares y poder adquirir o usufructuar bienes.

La LCF en 1917 y algunas de sus entidades más poderosas ‒Universitario en 1911, Juniors en 1919, Belgrano en 1921 y Talleres en 1922‒ fueron las primeras que pudieron acceder a ese beneficio, al que con el correr de los años se fueron sumando las demás del círculo oficial. A partir de su posesión podían exhibir responsabilidad jurídica y garantías legales de su existencia y permanencia en el tiempo. Ese aval como asociaciones civiles aptas para presentarse ante el Estado era ponderado por las entidades como un valor diferencial sobre otras al momento de gestionar bienes y servicios públicos.

En este trabajo se analizaron las diferentes maneras en que las instituciones deportivas de la sociedad civil convirtieron sus problemáticas sectoriales en demandas públicas dirigidas a los poderes gubernamentales. En ese marco, se pudo demostrar que esas entidades fueron un actor central en la construcción de los temas de interés público en el ámbito recreativo. Principalmente, plantearon demandas de apoyo material y garantías legales para poder subsistir y ofrecer mejores productos y prestaciones culturales a la población. En sus discursos públicos concebían al Estado como representante del interés general, por lo que se le atribuía la responsabilidad de velar por el desarrollo de prácticas que promovían la cultura física y el ejercicio democrático, siempre y cuando la autonomía asociativa no fuera puesta en discusión.

Para poder instalar sus problemáticas en la agenda política, procuraron definir sus intereses privados como generales y diseñaron estrategias en las que evidenciaban su vocación pública, movilizaban acuerdos, lograban el beneplácito de los poderes gubernamentales y construían merecimientos para la obtención de los bienes estatales. En la interacción pública con esos agentes, las asociaciones definieron atribuciones, construyeron nuevas formas de identificación e impulsaron mecanismos internos de modernización e institucionalización para delinear sus demandas y adaptarse a los requerimientos oficiales. En ese proceso, las entidades deportivas ayudaron a delimitar los alcances de la intervención estatal en el área. Esa operación simbólica de revestir demandas sectoriales de un efecto público fue un elemento imprescindible en el proceso de asimilación del Estado como parte del interés general, más allá que el beneficio resultante fuera particular.

La posibilidad de activar lazos con los poderes públicos y promover demandas sociales estuvo principalmente circunscripta a un número pequeño de entidades que progresivamente fueron adquiriendo mayor éxito deportivo, capital social y estructuras institucionales. A partir de ello, disponían de mayor capacidad para ofrecer prestaciones que beneficiaran al conjunto de la población y lograr concitar así el interés público, lo que generaba nuevas asimetrías entre los clubes. La disposición de esos bienes estatales fue fundamental para mejorar su posicionamiento dentro del mercado de espectáculos deportivos, del que quedaron excluidos la gran mayoría de las entidades deportivas de la ciudad. Así, a pesar de que la formación de demandas para la ejecución de políticas públicas se pensaba en términos de un bien general, terminaban focalizando en el beneficio particular y no apuntalaron procesos más equitativos. De esta manera, el acercamiento de las asociaciones civiles a la política terminó profundizando algunas desigualdades ya existentes en el universo deportivo. Sin embargo, habilitaron el acceso de nuevos actores colectivos de la cultura de masas al juego democrático en la esfera pública.

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[1] Una versión previa de este trabajo fue presentada (sin publicar) en las VI Jornadas “Política de masas y cultura de masas en América Latina: conexiones, circulación y redes transnacionales”, organizadas en modalidad virtual por la Red Interuniversitaria Política de Masas y Cultura de Masas en América Latina el 28 y 29 de octubre de 2021.

[2] Esa misma tipología de peticiones asociativas es observada por Daskal y Moreira (2017) para el caso de Buenos Aires.

[3] Universitario propuso estamparle a una copa la inscripción “Premio Gobernador de la Provincia-Día del Estudiante 1925” (Ministerio de Gobierno, 1925, f. 44. Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba ‒AHPC‒, Córdoba, Argentina), mientras que en 1936 la Comisión Directiva del Club Mariano Moreno decidió denominarla “Premio Ministro de Gobierno Doctor Santiago H. del Castillo” (Ministerio de Gobierno, 1936, f. 308. AHPC).

[4] La Federación de Deportes y Atletismo en 1925 y la Dirección General y Federación Provincial de Educación Física y Deportes en 1929. Finalmente, en 1939 se creó la Dirección General de Educación Física de la Provincia, aunque sin la participación de clubes de fútbol.

[5] Se pide la derogación del impuesto al foot-ball profesional (17 de junio de 1935). Los Principios, p. 9. Hemeroteca de la Legislatura de Córdoba (HLC), Córdoba, Argentina.

[6] Existentes en el AHPC y en la Biblioteca de la Legislatura de Córdoba (BLC), Córdoba, Argentina.

[7] Los expedientes incluyen notas, memorias, informes, estatutos y reglamentos presentados por las asociaciones.

[8] En dicho lapso, poco más de 60 clubes formaron parte (no todos contemporáneamente) de las competiciones oficiales promocionadas por la LCF; por fuera de ella, fueron más de 300 los equipos que participaron en las diferentes ligas de carácter alternativo creadas en la ciudad de Córdoba.

[9] Por ejemplo, la disposición de fondos e instalaciones sociales y campos de juego amplios y cómodos para facilitar la participación de los equipos en eventos locales e internacionales y la adquisición de premios para las competencias.

[10] Patrimonio Legislativo, Expedientes, años 1900-1943. Archivo Parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina (APHCDN). https://apym.hcdn.gob.ar/

[11] Por ejemplo: Ministerio de Gobierno, 1929, f. 273. AHPC; Serie Gobierno, Hacienda y Obras Públicas, 1936, f. 308. AHPC.

[12] Varios de estos aspectos aparecían en las presentaciones públicas de las entidades al momento de dirigirse a entes estatales.

[13] Ese fue el caso, por ejemplo, de una comisión de la LCF que se reunió con el jefe de Policía para solicitar cooperación para limitar el ingreso de personal no autorizado en los campos de juego (La permanencia del público dentro de los fields locales (15 de abril de 1934). Los Principios, p. 11. HLC); también, de dirigentes del club Escuela Presidente Roca ante una solicitud de cesión de terrenos fiscales en 1938 (Ministerio de Gobierno, 1938, f. 73. AHPC).

[14] En 1943, el diputado Laje Weskamp reconocía la satisfacción que sentían quienes alguna vez habían dirigido asociaciones deportivas en poder conseguirles aportes públicos para desenvolverse. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 1942, p. 887. BLC.

[15] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 1937, p. 565. BLC.

[18] Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, 1942, p. 207. BLC.

[20] Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, 1937, pp. 466-467.

[26] En el caso de la LCF, y dado el carácter asociativo y soberano que la definía en torno a la práctica concreta del fútbol, esta institución matriz local sí se reconocía públicamente como ente oficial encargado del fomento “de uno de los deportes más populares, sanos y éticos”. Su condición de entidad que afiliaba a numerosos atletas y clubes es lo que, según sus propios criterios, la hacía merecedora del amparo estatal (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 1924, p. 418. BLC).

[29] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 1924, p. 419. BLC.

[31] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 1923, pp. 386-387. BLC.

[33] Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, 1933, p. 526. BLC.

[34] Belgrano hizo gala de esto en su presentación ante la Legislatura en 1923 (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 1923, p. 386. BLC).

[35] Así lo hizo el Club Universitario en 1929 (Ministerio de Gobierno, 1929, f. 180. AHPC).

[36] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 1923, pp. 385-386. BLC. La cesión de los espacios físicos no era privativa de los clubes de fútbol, ya que otro tipo de asociaciones deportivas también lo hacían. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, 1937, p. 467.