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Prácticas digitales en educación primaria: Aportes desde un estudio cualitativo post pandemia. Artículo de Natalia Monjelat. Praxis educativa, Vol. 29, N° 2 mayo - agosto 2025. E -ISSN 2313-934X. pp 1-19. https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2025-290218
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ARTÍCULOS
CONICET y Universidad: un recorrido complejo y contradictorio: Aproximaciones a la relación entre el Conicet y el sistema universitario (1958-1983)
CONICET and University: a complex and contradictory journey. Approaches to the relationship between Conicet and the university system (1958-1983)
CONICET e Universidade: um percurso complexo e contraditório. Abordagens sobre a relação entre o Conicet e o sistema universitário (1958-1983)
Daniel Rubén Natapof
Universidad Nacional de Rio Negro, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Argentina
ORCID 0000-0002-9634-0573
Recibido: 2024-10-14 | Revisado: 2024-12-29 | Aceptado: 2025-01-17
Resumen
El artículo aborda la compleja y conflictiva relación entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y su relación con la universidad pública, a partir de un recorrido socio-histórico que se inicia con la creación del Consejo en 1958 hasta el comienzo del actual ciclo democrático. En esta trayectoria abordada de manera secuencial y ordenada por los cambios institucionales acontecidos en Conicet, se entrelaza el marco histórico y político, así como las relaciones entre el Consejo y el sistema de educación superior.
Palabras clave: sistemas públicos de investigación, consejos de investigación, sistema de educación superior, universidades públicas
Abstract
The article addresses the complex and conflictive relationship between the National Scientific and Technical Research Council of Argentina and its relationship with the public university, based on a socio-historical journey that begins with the creation of the Council in 1958 until the beginning of the current democratic cycle. In this trajectory addressed sequentially and ordered by the institutional changes that occurred in Conicet, the historical and political framework is intertwined, as well as the relationships between the Council and the higher education system.
Keywords: public research systems, research advice, higher education system, public universities
Resumo
O artigo aborda a complexa e conflituosa relação entre o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina e sua relação com a universidade pública, a partir de um percurso sócio-histórico que se inicia com a criação do Conselho em 1958 até o início do atual ciclo democrático. Nessa trajetória abordada de forma sequencial e ordenada pelas mudanças institucionais ocorridas no Conicet, entrelaçam-se o quadro histórico e político, bem como as relações entre o Conselho e o sistema de ensino superior.
Palavras-chave: sistemas públicos de investigação, conselho de pesquisa, sistema de ensino superior, universidades públicas.
Introducción
El artículo presenta los resultados de un trabajo de investigación que realiza una aproximación a las relaciones del CONICET con el sistema de educación superior en Argentina desde la creación del Consejo, en 1958, hasta el fin de la dictadura militar, en 1983. Los métodos utilizados son cualitativos, a partir de técnicas de análisis documental y entrevistas. Se ha privilegiado un recorrido secuencial de los que se consideran los principales hechos y procesos a fin de reconstruir la relación del Consejo con las universidades y, hacia el final del texto, se abordan las principales reflexiones.
Los Consejos de Investigación (CI) constituyen una agencia gubernamental con características particulares, “a medio camino “entre un parlamento de científicos y una burocracia gubernamental”” (Rip, 1996, p. 2). Lo caracterizaba Rip y tal vez hoy merezca ser matizada esa afirmación, en especial en cuanto a esta noción de “parlamento”, que transmite una idea de debate e intercambio público que parece bastante alejada de la dinámica de estos organismos. Más afín tal vez sea la noción de una cultura académica que coexiste y se superpone con una cultura burocrática (Elzinga y Jamison, 1995) o incluso podría tratarse de una “burocracia académica” que coexiste y se solapa, por momentos, con una burocracia tradicional.
Tal vez lo más interesante en la conceptualización de Rip es la noción de una “naturaleza dual” de los CI (1996, p. 2), esa institución mediadora entre patronazgo del Estado y la investigación entendida como ámbito estratégico para la nación y el propio mundo de los investigadores y sus actividades (y cosmovisiones).
Cuando el CONICET se funda en 1958, constituyendo el primer organismo dedicado exclusivamente al quehacer científico con presupuesto propio, la institución universitaria contaba ya con 335 años de existencia en Argentina, siendo la Universidad de Córdoba fundada en 1623 (si bien contaba con actividad en años anteriores), constituyendo una de las 30 universidades creadas entre 1538 y 1812 en todo el espacio hispanoamericano (Buchbinder, 2005). Luego, lo que fue originalmente una universidad conventual se convertiría, durante la Reforma del 18, en el símbolo de la vetustez y el conservadurismo académico. El otro antecedente destacable aquí es el de la Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821; como en el caso de la Universidad de Córdoba, la casa de estudios brindaba una formación fuertemente orientada al ejercicio de la actividad política y la administración del Estado, es decir, de tipo profesionalista y propia del modelo napoleónico.
Habrá que esperar a la fundación de la Universidad de La Plata en 1905, por parte de Joaquín V. González (creador y primer presidente de la Universidad Nacional de la Plata, además de destacado intelectual, académico y político), para que la perspectiva de la investigación científica se haga presente. González aspiraba a superar el conflicto entre universidad profesional y científica, “el modelo no era entonces el de la universidad humboldtiana, orientada hacia la investigación científica pura sino, más bien, el de la educación superior y liberal anglosajona” (Buchbinder, 2005).
El pensamiento y proyecto de González atestigua una mirada que tempranamente aspiraba a constituir un proyecto integral, que contemplaba a la educación y la universidad en particular como aspectos centrales del progreso del país. Una concepción de integración del sistema educativo, con especial atención a la educación media en relación con la educación superior, así como la propuesta de superación de la antinomia de la universidad científica vs. profesionalista.
El de Joaquín V. González fue, probablemente, el único plan integral y sistemático de organización universitaria que se elaboró en la Argentina en toda la primera mitad del siglo XX. (…) Así se abordaba la dicotomía entre la enseñanza científica y profesional, relativizándola e insistiendo en las posibilidades que brindaba la utilización práctica de los conocimientos científicos. (Buchbinder, 2005, p. 84)
Sin embargo, aún en 1955, Eduardo Braun Menéndez, científico, hombre cercano a Houssay, secretario de la Asociación para el Progreso de las Ciencias y presidente de la Sociedad Científica Argentina (1943-1946), expresaba en una carta: “No creo en la posibilidad de convertir a nuestra ‘so called’ Facultad en un centro universitario de verdad. La única solución, a mi juicio, es la universidad privada, y me he impuesto la obligación de trabajar por ella” (Hurtado y Busala, 2002, p. 7). Estos primeros apuntes preanuncian la complejidad de una relación estrecha y al mismo tiempo conflictiva entre el principal organismo científico del país y el sistema universitario argentino, con evidentes implicancias para el sistema público de investigación de la Argentina.
Los cimientos del sistema público de investigación (los años 50 y 60)
Resulta conveniente contextualizar que, tanto en Argentina como en América Latina, las actividades vinculadas a la investigación científica y tecnológica se iniciaron de manera tardía, en lo que Oteiza describió como “un proceso de acumulación accidentado y aún poco sistemático, signado por frecuentes instancias de destrucción institucional y represión político-ideológica ciertamente perjudiciales” (Oteiza, 1993, p. 54).
Respecto de lo institucional, creado en 1958, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas fue y es el principal organismo de promoción científica y tecnológica del país, siendo su primer presidente el premio Nobel, Bernardo Houssay. A partir de 1955, con el derrocamiento del gobierno del presidente Perón a través de un golpe de estado cívico-militar, comenzó lo que muchos han considerado “los años dorados” de la ciencia en Argentina. Entre 1955 y 1958, el gobierno de la “Revolución Libertadora” creó y refundó organismos descentralizados de Ciencia y Tecnología (CyT) que, hasta nuestros días, resultan de la mayor relevancia en el sistema público de investigación (SPI): el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en 1956, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) en 1957, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) en 1958 y, en 1961, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), luego reemplazada por la CONAE. Algunas de estas instituciones se crearon sobre la base de otras preexistentes creadas por el gobierno peronista (aunque esa vinculación no fuera reconocida por el gobierno de facto): el INTA contaba con el antecedente del Centro Nacional de Investigaciones Agrícolas (CNIA) en 1943; y el INTI, creado a partir del Centro Nacional Tecnológico (1943). Bajo la presidencia de Perón, además, se habían creado, en 1950, la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica); en 1951, el Instituto Antártico Argentino (siendo el primer organismo científico del mundo dedicado a la temática); y, en 1954, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA, actualmente CITEDEF) (Bekerman, 2016).
El CONICET contaba con el antecedente, si bien no puede hablarse exactamente de continuidad, de bienes materiales y personal administrativo de la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas (DNIT) creada en 1950, luego transformada, en 1953, en la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (DNICyT) (Hurtado, 2006). Asimismo, en 1953, Perón crea por decreto el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CNICyT), cuyo objetivo era orientar, coordinar y promover las investigaciones científicas y técnicas en el país, aunque “En la práctica, sesionó en pocas ocasiones y cumplió con funciones puramente deliberativas y de recopilación y organización de información, actuando la DNIT como órgano ejecutivo desde su creación” (Hurtado, 2006, p. 25).
En esa misma etapa, se producen una serie de transformaciones en el campo universitario que afectarán a toda la región y a Argentina de manera particular. Si la reforma del 18 constituyó la llamada “primera generación de reformas”, a pesar de los procesos de democratización del gobierno universitario, la universidad continuaba siendo de elite, ya que no llegaba a albergar más del 15 % de la población entre 20 y 24 años. Esto va a cambiar abruptamente en la década del 50, a partir de una creciente demanda y el paso a una universidad de masas, constituyendo la segunda generación de reformas, caracterizada por el incremento de estudiantes, docentes e instituciones y la reforma del marco académico (Krotsch, 2009).
Asimismo, a partir de la década del 50, se advierte un proceso de diferenciación y complejización del sistema de educación superior, surgiendo el sector privado, hasta entonces poco presente en la región e inexistente en Argentina. Comienza también una creciente diferenciación en las casas de estudios públicas y privadas, dándose una marcada influencia del modelo académico norteamericano en América Latina: carreras cortas, oferta de posgrados, promoción de la investigación y procesos de mejora en la gestión institucional. Sin embargo, en la Argentina, la incidencia de este modelo encontrará resistencias por parte de las universidades tradicionales, contrariamente a países con menor tradición universitaria y, por ello mismo, más permeables a la nueva corriente de influencia (como el caso de Brasil). En Argentina, la masificación comenzó en los 40 y fue mayormente absorbida por estructuras tradicionales. Sin embargo, también durante el período 58-66 se dará la primera oleada de creación de universidades privadas en Argentina (Krotsch, 2009).
Otro fenómeno contemporáneo fue el de la asistencia técnica a centros de investigación y universidades, por parte organismos públicos y fundaciones norteamericanas, así como de Organismos Internacionales (OI) como la UNESCO (Bekerman, 2016, p. 6). El marco en el que se genera esta serie de cambios que serán de gran impacto respecto de la constitución de un SPI estará atravesado por diversas perspectivas, intereses y conflictos, que estarán siempre presentes de manera explícita o tácita; uno de ellos será el de la controversia “peronismo-antiperonismo”. El ámbito de la investigación y el universitario estaban fuertemente atravesados tanto por los hechos acaecidos en la Segunda Guerra Mundial y la postguerra como por las posturas favorables o contrarias al peronismo. “Ciertamente, luego del golpe de 1955, y con la restitución de las autonomías a las universidades y las diversas academias, se produjo el florecimiento de un clima refundacional, cuya oscura contracara era el período peronista” (Feld, 2015, p. 114). Con respecto a la creación del CONICET, tanto el gobierno como diversos actores del campo científico conocían la existencia de organismos de este tipo en EE. UU. y Europa y su creación y características constituían un tema de debate y análisis que, desde el inicio, tomó en cuenta otros modelos.
En 1945, el presidente Roosevelt envía una carta al Dr. Vanevar Bush en la que reconoce la labor determinante de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, bajo su dirección, en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, le solicita sus recomendaciones respecto de la labor científica en tiempos de paz. En respuesta a ello, Bush entrega a Roosevelt su famoso informe “Ciencia, la frontera sin fin. Un informe al presidente, julio de 1945”.
Bajo el acápite “La ciencia es de la incumbencia del gobierno”, Bush expresa que:
Por otra parte, como la salud, el bienestar y la seguridad son actividades de la incumbencia del gobierno, el progreso científico es o debe ser de interés vital para él. Sin progreso científico, la salud pública se deterioraría; no podríamos tener esperanzas de mejorar nuestro nivel de vida o de aumentar el número de puestos de trabajo para nuestros ciudadanos; y no podríamos haber mantenido nuestras libertades contra la tiranía. (Bush, 1999, p. 104)
Por otra parte, Bush expresaba que no existían, en ese momento, organismos públicos a cargo de la formulación y ejecución de una política nacional en la materia, ni comisiones permanentes del Congreso: “la ciencia está entre bastidores”, afirmaba. Al mismo tiempo, señalaba la necesidad de que las facultades, universidades y centros de investigación contasen con libertad para definir y realizar sus líneas de investigación, allí radicaba el desarrollo del potencial científico. El documento claramente indicaba la necesidad de crear una única agencia global dedicada a ese fin y de carácter independiente (Bush, 1999). También puede observarse que las diversas funciones que hoy concebimos como formulación y planificación de políticas públicas, promoción, ejecución y evaluación no se concebían como instancias autónomas unas de otras en términos institucionales.
En este contexto, en 1949, la UNESCO crea, en Montevideo, un Centro Regional para el Avance de la Ciencia en América Latina. Entre 1950 y 1968, surgen consejos de investigación en toda América Latina. En 1956, La DNICYT publicó el documento “Los consejos nacionales de investigación científica en el extranjero” (DNICyT, 1956), basado en un relevamiento de la UNESCO entre 28 de sus países miembros (UNESCO, 1953). En el caso de América Latina, se tendió a tomar como modelo las instituciones jurídico-institucionales europeas, siendo específicamente el Conseil National pour la Récherche Scientifique (CNRS) de Francia el modelo que le sirvió de inspiración (CONICET y Atrio, 2006, p. 41).
La creación de consejos de investigaciones, como el CONICET, es un fenómeno que se reprodujo durante el siglo XX en la mayoría de los países latinoamericanos gracias al impulso generado por la UNESCO y la Organización de los Estados Americanos (OEA) bajo el modelo de organización basado en el consejo de investigaciones francés (CNRS). Así, los consejos, impusieron una estructura organizacional para la comunidad científica en el que se impone la ideología de la “República de la Ciencia”, de modo tal de darle autonomía a la actividad de investigación, con la pretensión de neutralizar presiones de los gobiernos u otros grupos de interés y fondeando económicamente la actividad sin mayores controles. (Del Bello et al., 2007, p. 4)
Los debates previos a la creación del Consejo expresarían distintas concepciones del quehacer científico y tecnológico y su vinculación con el desarrollo, cuyas tensiones, controversias y perspectivas se extenderán en el tiempo en la historia institucional del CONICET y del país. En 1956, la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC) publica su recomendación de creación de un consejo nacional de investigaciones científicas. La relevancia de este posicionamiento viene dada por el carácter de esta asociación, la AAPC fue creada en 1933 e integrada por Houssay y otros científicos de renombre con experiencia de trabajo académico en países desarrollados. Un año después, el Ministerio de Educación comienza a desarrollar un proyecto de comisión nacional de investigaciones, con miembros de la AAPC, como Houssay. La AAPC era financiada por el Estado y las fundaciones Guggenheim y Rockefeller, y por aportes de empresarios locales (Del Bello et al., 2007).
El grupo liderado por Houssay, originario de la Facultad de Medicina, con una concepción tradicional en la cual el organismo tenía la función exclusiva de canalizar fondos hacia investigadores de excelencia, era la cabal expresión de la República de la Ciencia. Sin embargo, había otro grupo de investigadores liderado por Rolando García, proveniente de la Facultad de Ciencias Exactas, el cual se hallaba más vinculado a los ideales de la Reforma Universitaria de 1918, con puntos en contacto con perspectivas desarrollistas y una postura explícitamente orientada hacia la vinculación de la ciencia con el proceso de modernización del país y su desarrollo económico y social (Comastri, 2017). Ambos grupos resultarían representados en el directorio presidido por Houssay en el CONICET.
El CONICET se crea el 5 de febrero de 1958, meses antes de la asunción del presidente Arturo Frondizi, candidato de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente) de orientación desarrollista, el 1 de mayo del mismo año. El decreto ley que crea el CONICET (N° 1.291, de 1958) establece entre sus considerandos el interés nacional respecto de la promoción de las investigaciones científicas, dado que “pueden contribuir al adelanto cultural de la Nación en sus más diversos aspectos”. Destaca su vinculación con temas de seguridad nacional y afirma que estas tienden a la mejora de la salud pública, de la utilización de los recursos naturales, al “incremento de la productividad industrial y agrícola” y al bienestar general. Asimismo, justificaba la creación del organismo, basado en la idea de evitar la dispersión de esfuerzos, y señalaba que esas funciones no podían ser cubiertas en su totalidad por las universidades y otras instituciones públicas y privadas. Resaltaba nuevamente y en forma explícita la relación entre ciencia y la “solución de múltiples problemas nacionales” (decreto ley N° 1.291, 1958).
En su Artículo 1, la ley establece: “Créase el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el que funcionará como ente autárquico del Estado y tendrá por misión promover, coordinar y orientar las investigaciones en el campo de las ciencias puras y de las aplicadas” (decreto ley N° 1.291, 1958). Como se puede apreciar, el Consejo reunía y concentraba tanto funciones de promoción como formulación y coordinación. Si bien en forma posterior este diseño institucional será cuestionado, en ese momento, esta centralización de áreas en los Consejos de reciente creación no era atípica ni considera inadecuada por los funcionarios políticos o las comunidades científicas.
Cuando se definieron los objetivos del Consejo, su ámbito fue restringido al de las ciencias puras y aplicadas, quedando en un margen difuso la investigación tecnológica y la relación de la investigación con el ámbito de la producción de bienes y servicios. En cuanto a la estructura directiva, del acuerdo al decreto, se conformó un directorio con quince miembros, trece designados por el Poder Ejecutivo en consulta con instituciones académicas y científicas, un representante de la Junta de Investigaciones Científicas y Experimentación de las Fuerzas Armadas (JICEFA) y el director general de Cultura del Ministerio de Educación y Justicia (CONICET y Atrio, 2006).
Los trece designados fueron:
Entre los 13 representantes del ámbito científico designados por el Poder Ejecutivo en su directorio, se observan seis doctores en Medicina, tres doctores en Ingeniería, un doctor en Química, un doctor en Matemática, un doctor en Física y uno en Meteorología. Como se advierte, la impronta está caracterizada por representantes del ámbito de las ciencias médicas y las ciencias exactas, en menor medida del sector tecnológico e inexistente representación de las ciencias sociales.
Si bien entre las funciones asignadas por el decreto se incluye “e) Auspiciar por los medios apropiados el desarrollo de las investigaciones en la industria privada y brindar a ésta su asesoramiento en materia científico-técnica” (Decreto ley 1291/1958 de creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 1958), no hay una perspectiva de integración entre ciencia y tecnología y entramado productivo en el documento legal.
La presidencia, como se ha mencionado, recayó en Houssay y la vicepresidencia en Rolando García. Las comisiones asesoras, instancia de evaluación de proyectos y de selección para la asignación de fondos y de becarios, quedaron a cargo de los miembros del directorio. Se crearon comisiones regionales y se creó la Junta de Calificación y Promoción para los investigadores (CONICET y Atrio, 2006).
En ese momento, el CONICET establece una relación estrecha con la universidad, que era fuente de empleo de los investigadores y de reclutamiento de jóvenes investigadores, en especial con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Asimismo, el Consejo crea el sistema de suplemento salarial, constituyendo el primer Sistema Nacional de Investigación en América Latina (Del Bello et al., 2007).
En ese sentido, la CIC (carrera de investigador científico tecnológico) fue inicialmente abordada contemplando este perfil de docente-investigador, sin que ello implicara una priorización o escisión entre estas dos facetas:
Cuando se crea la carrera, esta no tenía relación de dependencia, los miembros de la carrera no eran empleados del CONICET, eran investigadores que tenían su lugar de trabajo en una institución dada y no era que estas los aceptaban si tenían un cargo en el Consejo como es hoy en día, era al revés. (entrevista a C. Abeledo, 2023)
De esta manera, el CONICET otorgaba un complemento del salario de los docentes con perfil de investigador, combinando docencia y labor científica.
La conducción del Dr. Houssay priorizó de hecho, como se advierte en la asignación de recursos, la investigación básica en ciencias naturales y las biomédicas, en desmedro de otras áreas de conocimiento, al menos entre 1958 y 1966. “Esta orientación constituyó un comienzo de formulación de política científica explícita en la que se tendió a reforzar el status quo” (Oteiza, 1992, p. 29).
Por otro lado, a pesar de las funciones que se le otorgaron,
El organismo careció de una estructura representativa y de una base material suficientes para establecer una política explícita que identificara prioridades sectoriales, disciplinarias, sociales o regionales, y de instrumentos específicos para orientar recursos en función de dichos criterios. Es decir, el Conicet funcionó más bien a modo de agencia de promoción, cuyos instrumentos se organizaron en función de criterios de excelencia. (Feld, 2015, p. 133)
Concentrado en esa misión, dentro de una perspectiva que luego habrá de denominarse como “ofertista”, el organismo debió desarrollar una estructura de evaluación con comisiones disciplinares y regionales. En el caso de las comisiones asesoras por disciplinas, se contaban: Ciencias Biológicas, Ciencias Médicas, Ciencias Matemáticas, Físicas y Astronómicas, Ciencias de la Tierra, Ciencias Tecnológicas y Ciencias Sociales y Humanidades. Luego, en 1960, la Comisión de Química se subdividió en Química y Química Biológica y la Comisión de Ciencias Sociales y Humanidades se dividió en tres comisiones: Ciencias Antropológicas, Arqueológicas e Históricas; Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas; Filosofía, Psicología, Filología y Ciencias de la Educación. Estas comisiones asesoraban al Consejo en el otorgamiento de becas, subsidios y planes para el fomento de la investigación en el país. Evaluaban y elaboraban un orden de mérito, para ser luego considerado en los comités y finalmente elevado al directorio para su consideración.
Los comités se especializaban en: becas, subsidios, carrera del técnico y junta de calificación de la carrera del investigador. En el caso de la Junta de Calificación y Promoción, realizaba la evaluación de los ingresos y las promociones. Las comisiones regionales: litoral, centro, cuyo, noreste, noroeste y sur asesoraban al Consejo, pero tenían, justamente, carácter de nexo entre este y las correspondientes áreas.
La creación de la carrera de investigador científico data de 1961 y la de personal de apoyo a la investigación y desarrollo de 1965. El investigador gozaba de autonomía, mientras que el Consejo controlaba, evaluaba y promovía la actividad científica. Sin embargo, el reglamento contemplaba la colaboración con las universidades nacionales y otras instituciones.
La carrera de investigador estaba ya prevista en la ley de creación del CONICET, la cual, entre sus funciones, en el inciso o, contemplaba que el organismo creara, con intervención del Ministerio de Educación y Justicia, la carrera de investigador científico, con dedicación exclusiva, y contemplaba también la creación de un escalafón (decreto ley N° 1.291, 1958). En ese sentido, el desarrollo de la CIC “contribuyó a estabilizar la categoría de investigador en un contexto donde su definición era aún difusa y su nivel de institucionalización variable entre diversas disciplinas e instituciones” (Svampa y Aguiar, 2022, p. 187).
Las perspectivas de tipo desarrollistas que también eran promovidas por OI, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), establecían una vinculación directa entre formación de recursos humanos altamente calificados y desarrollo tanto en relación con la modernización del Estado como con procesos de industrialización. La prioridad era el incremento de la masa de investigadores, en especial en el ámbito de las ciencias básicas (Svampa y Aguiar, 2022).
Asimismo, además de los subsidios y la carrera de investigador, el Consejo creó institutos propios: el Instituto Nacional de Limnología (1961) en Santo Tomé, provincia de Santa Fe; el Instituto Argentino de Radioastronomía (1962), en acuerdo con el Carnegie Institute; el Centro Nacional de Radiación Cósmica y el Comité Nacional de Oceanografía (1964), al que se le da carácter de instituto en 1966.
Los Institutos, una forma de institucionalización del quehacer científico y de la política de promoción a la vez, no contaron con el pleno apoyo del Directorio durante los años 1958/65. En la década que va desde 1966 hasta 1976, la política de creación de institutos (Unidades Ejecutoras) se intensificó para convertirse finalmente en hegemónica a partir de 1976. (CONICET y Atrio, 2006, p. 52)
En 1962, es derrocado Frondizi, dando lugar a un nuevo gobierno militar, orientado este hacia un desarrollismo autoritario. Desplazó miembros del directorio del Consejo pertenecientes a las ciencias biomédicas y los reemplazó por un mayor número de hombres provenientes de la ingeniería (Del Bello et al., 2007).
Desde la perspectiva de Feld (2015), resulta adecuado analizar la política del Consejo junto a la de las universidades, entre otros motivos, dado que la mayor parte del presupuesto del Consejo fue derivado a estas y, por otra parte, los criterios utilizados por CONICET para evaluar el desempeño de los investigadores presentaban similitudes con los de la universidad, lo cual denotaría objetivos compartidos. Siguiendo con este enfoque, la autora destaca la influencia de la perspectiva desarrollista en las universidades, así como de la corriente de planeamiento educativo impulsado por OI como la UNESCO, la OEA y la OCDE, lo cual se vería reflejado en la creación, en 1964, del sector de Educación del CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo).
Como ya se ha mencionado, este enfoque desarrollista en el plano educativo y científico se caracterizará, entre algunos de sus rasgos salientes, por la vinculación que establecía entre formación de recursos humanos de alta calificación y progreso social y económico como consecuencia de procesos de modernización, el impulso de la formación de carreras científicas y tecnológicas por sobre las profesionalistas, el énfasis en la investigación básica y el uso de indicadores para evaluar impacto, en especial por impulso de la OCDE.
Entre 1958 y 1966, el Consejo contrató en forma directa o colaboró en la contratación de alrededor de 120 investigadores extranjeros, independientemente de aquellos contratados por universidades nacionales, lo cual colaboró en relación con la vinculación de la comunidad académica argentina con la comunidad científica internacional. A estas influencias debe sumarse, como hemos visto, las de los OI y de las fundaciones extranjeras, como Ford y Rockefeller. En el caso de los OI, se destacan, entre otros proyectos desarrollados por el Centro de Cooperación Científica para América Latina de la UNESCO, aquellos relacionados con la creación de centros y laboratorios regionales, como el del Centro Latinoamericano de Matemática (FCEN), creado en Buenos Aires, así como el envío de expertos extranjeros para colaborar en el desarrollo de nuevos campos y disciplinas. Las fundaciones mencionadas otorgaron subsidios para compra de instrumental, bibliotecas y contratación de académicos extranjeros (Feld, 2015).
Respecto de estos fondos, Houssay manifestaba una valoración incondicional de ellos y su perspectiva del CONICET como administrador. En cambio, en el caso de Rolando García, su postura consideraba que el organismo no debía ser un mero administrador, sino que debía tener injerencia, además de considerar la necesidad de distinguir y analizar las características y finalidades de esos subsidios. De esta manera, la controversia alrededor de los fondos evidenció, una vez más, las diferencias entre distintos sectores del ámbito universitario y en el ámbito de la investigación, en especial en el CONICET, en donde las posturas emblemáticas y enfrentadas de Houssay y Rolando García (Comastri, 2017), de nuevo, se pondrían de manifiesto.
Hacia 1962, empiezan a manifestarse una serie de inquietudes en el CONICET en relación con las políticas científicas, que coinciden con cambios que comienzan a darse en otros países, resultando de especial impacto una serie de reformas realizadas por Francia, quien, en 1958, creó nuevos organismos, como el Consejo Consultivo de Investigación Científica y Técnica, el Comité Interministerial de Investigación Científica y Técnica y, posteriormente, la Delegación General de Investigación Científica y Técnica. Estas innovaciones institucionales se orientaban a mejorar las capacidades de planificación y coordinación, modificando incluso el rol del CNRS, hasta ese entonces, el más importante organismo científico de Francia. En un contexto internacional de cambios institucionales, al tanto de ello y habiendo enviado a un informante para elaborar un informe al respecto, el directorio de CONICET comienza a analizar la creación de un organismo de formulación, planificación y coordinación de políticas científico-tecnológicas. Asimismo, comienza una serie de deliberaciones respecto de la dependencia y nivel del organismo a crear. En estas discusiones, además, estaba siempre presente la experiencia de los propios miembros del directorio como funcionarios de organismos internacionales, como el caso de González Bonorino, quien integraba el Comité Consultivo Internacional del Programa de Investigaciones en Ciencias Naturales de la UNESCO, o el de Rolando García, secretario científico de la Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología para el Progreso de los Pueblos en Desarrollo, organizada por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidades en 1963 (Feld, 2015).
Desde su creación hasta 1966, se destacan rasgos propios de un enfoque “ofertista” y con características como la concentración geográfica en Buenos Aires de becas (61,70 %), subsidios (59,4 %) y miembros de carrera (69,4 %). Y concentración disciplinaria en especial en las ciencias médicas, que también debe vincularse con la dinámica poblacional (mayoría de solicitudes provenientes de Buenos Aires) y la tradición de investigación de medicina. Ello es matizado por Feld (2015) con relación a las relaciones de poder y presencia en el directorio de CONICET, como se puede observar en referencia a la primacía de recursos destinados a institutos y laboratorios dependientes del Consejo, destacándose los liderazgos de Houssay en el caso del IBYME (Instituto de Biología y Medicina Experimental) y Rolando García en el de FCEN (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). “Lejos de cualquier organización programática, lo que prevaleció hasta 1966 fue más un conjunto de políticas fragmentadas institucionalmente ―y en ocasiones superpuestas― que una política científico-tecnológica concebida integralmente como parte de un programa de gobierno” (Feld, 2015, p. 136).
Otras perspectivas destacan el carácter dependiente del país, su papel en la división internacional del trabajo como agroexportador y la conformación tardía y trunca de una burguesía industrial que será marginal respecto a la demanda hacia los sectores científico-tecnológicos. “En el laberinto de la industrialización inconclusa, la falta de demanda de conocimiento por parte de un sector productivo extranjerizado explica en buena medida la desconexión entre las agendas de producción de conocimiento y las necesidades socioeconómicas” (Hurtado, 2019, p. 64).
Hacia 1966, se produce un nuevo golpe militar, que derrocó al presidente Illia (UCR), perpetrado por las fuerzas armadas conducidas por el general Onganía, vinculado tanto a sectores católicos y conservadores como a promotores del liberalismo económico. Onganía adscribió, además, como presidente de facto a la doctrina de la seguridad nacional que comenzaba a imponerse en América Latina procedente de EE. UU., en el marco de la confrontación con el bloque soviético y la llamada Guerra Fría. Entre otros hechos de relevancia, que dañarán al SPI, se produce uno de enorme significación, conocido como “La noche de los bastones largos”. Poco después de asumido el poder Onganía, el gobierno militar reprimió una manifestación de docentes, profesores, graduados y autoridades universitarias en contra de las medidas del gobierno de facto que atentaban contra la reforma universitaria. El carácter violento de la represión policial se destacó en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Las famosas escenas, de las cuales sobrevivieron fotos emblemáticas, además de golpizas, involucraron la detención de 400 personas, destrucción de laboratorios y bibliotecas universitarias y culminó en una de las más importantes corrientes de exilio de científicos e investigadores del país.
Asimismo, el gobierno militar realizó un proceso de descentralización de las universidades y se crearon 13 universidades nacionales, el período de mayor expansión universitaria del país, con el fin de despolitizar este ámbito y fragmentar los movimientos estudiantiles (Bekerman, 2016). “La intervención militar ocurrida en 1966, liderada por Onganía, cerró la ‘etapa dorada’ y desde ese momento hasta la recuperación democrática de 1983 la investigación científica ocupó un lugar periférico en las universidades nacionales” (Bekerman, 2016, p. 7).
En 1966, también la fuerte impronta desarrollista, en su versión autoritaria, se advierte con la sanción de la Ley N° 16.964 que crea el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo, el cual contemplaba entre sus objetivos:
a) Determinar las políticas y estrategias directamente vinculadas con el desarrollo nacional., b) Coordinar sus actividades con las del Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad, a fin de procurar el logro conjunto de los objetivos de desarrollo y seguridad. c) Formular los planes nacionales de largo y mediano plazo, los planes regionales y sectoriales; compatibilizarlos; coordinar su ejecución y evaluar y controlar los esfuerzos nacionales para el desarrollo. (Ley N° 16.964, 1966)
En su Artículo 3, definía como componentes del sistema al Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y su secretaría, oficinas regionales de desarrollo, oficinas sectoriales de desarrollo, organismos estatales de información técnica y entes de consulta y participación.
En 1968, se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONACYT), siendo esta, nuevamente, una instancia de planificación y control de la CyT desde la arena gubernamental (Del Bello et al., 2007, p. 10), junto a la creación de una secretaría, la SECONACyT, cuya función era coordinar y centralizar el sector CyT. Constituyó otra decisión estatal que generó rechazo y tensión desde el CONICET, cuya dirección entendía que el Estado no debía incorporar, en la planificación desarrollista, las decisiones en materia de política científica (Bekerman, 2016).
También hacia fines de los 60 se destacan una serie de científicos que reflexionan desde distintas perspectivas, que luego serán denominados PLACTED (Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo), en general, originarios del campo de las ciencias básicas y aplicadas. Tenían en común, a pesar de su heterogeneidad y diversidad de miradas, una actitud esencialmente crítica hacia la asunción de una visión “lineal” de la CyT como modelo aplicable a los países periféricos y subdesarrollados. Para ello, además, establecían un análisis crítico y de tipo sociológico y estructural (también emparentado con la perspectiva de los teóricos de la dependencia), a fin de explicar lo que, entendían, eran magros resultados de la CyT. Entendían que ello no se debía meramente a errores de gestión o temas presupuestarios (Hurtado, 2019).
Entre 1966 y 1976, el Consejo experimenta un giro respecto de la creación de institutos y los impulsa. En 1970, contaba con siete institutos dependientes; en 1973, eran treinta y dos; en 1975, ascendía a cuarenta y ocho, superando los cien en el año 1981. Los subsidios fueron dejando de ser orientados al investigador y exclusivos para investigación para ser destinados con fines de mantenimiento global a los institutos (CONICET y Atrio, 2006).
El CONICET fue creado como institución para promover la investigación científica (…) no era un instituto de investigación, era la tendencia de ellos, de alguna de la gente de ese entonces [se refiere al grupo fundacional] y ahora, de alguna manera, se ha vuelto a la idea de “vamos a hacer el gran instituto de investigación”. (Entrevista a C. Abeledo, 2023)
Para ese entonces, habiendo transcurrido algo más de 10 años desde su creación, el CONICET era indiscutiblemente la institución científica central. Sin embargo, había atravesado diversos períodos de inestabilidad política y alternancia entre gobiernos de facto y democráticos (inconclusos). Su relación con las universidades había sido más estrecha en sus inicios, si bien la creación de la carrera de investigador iniciaría un camino que, a la vista desde el presente, sería el inicio de un progresivo distanciamiento. Por otra parte, se daba un contexto dominado tanto en el plano internacional (en occidente) como nacional por una serie de concepciones que, en forma laxa, pueden denominarse como “desarrollismo”, promovidas en la región por los OI. Y, de una u otra manera, impulsadas por los gobiernos nacionales (por los democráticos y los de facto, por vía autoritaria) que tensionaban la relación con el CONICET.
La creación de nuevas estructuras institucionales fue realizada desde la perspectiva de las concepciones propias del desarrollismo, con el propósito de brindar coherencia, coordinación y planificación a las políticas públicas. En relación al sector de CyT y, además, dichas medidas ponían de manifiesto el incumplimiento por parte de CONICET de su objetivo fundacional, establecido por la ley de creación en su artículo primero, de “promover, coordinar y orientar las investigaciones”(Decreto ley 1291/1958 de creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 1958). Es importante mencionar que, en cierta forma, la incompatibilidad se hallaba presente desde la creación del Consejo, estableciendo estas tres directivas (en especial, “coordinar y orientar”) bajo una conducción fundacional que tenía una mirada propia de la “República de la Ciencia”.
La era de los institutos de investigación y la brecha CONICET-Universidad (los años 70 y tempranos 80)
En 1970, el CONICET contaba con 500 investigadores, 200 becarios y 100 integrantes de la carrera del personal de apoyo que se desempeñaban fundamentalmente en la universidad y los siete institutos propios mencionados. En 1971, muere Houssay y se suceden distintos presidentes del CONICET, Orlando Villamayor en 1972 y Juan Burgos en 1973, año en que es intervenido el organismo, trasladada su dependencia de presidencia al Ministerio de Educación y su directorio es reemplazado por un comité asesor intervenido, situación que perduró hasta 1981 (Svampa y Aguiar, 2022).
Con el paso del tiempo, la labor de promoción de CONICET se transformó en la de ejecución (SECyT, 1989), centrado de manera destacada a partir de 1972, como se ha mencionado, en la creación de institutos y centros. La orientación de las investigaciones no fue realizada por CONICET, excepto en la formación de recursos humanos. La asignación de recursos sólo se guio por el nivel académico. Este enfoque ofertista, entre otras cosas, también se evidencia en el hecho de que, hasta 1989, el organismo tampoco había realizado estudios de demanda. En 1983, Sadosky afirmaba retrospectivamente:
Por su parte, el CONICET, que logró una estabilidad mucho mayor ante los cambios políticos del país, no suplió de manera alguna la falta de lineamientos orientadores. Así, el organismo que canaliza un tercio de los recursos nacionales de ciencia y tecnología, se ha conducido sin un marco explícito de política científica y prioridades de ningún tipo. (SECyT, 1989, p. 30)
Dentro de un proceso de reforma administrativa, en 1973, el Ministerio de Economía crea, entre otras, las secretarías de Coordinación e Industria y de Planificación Económica, comenzando su involucramiento en áreas vinculadas a la cuestión científico-tecnológica. Se crean también los programas nacionales, que establecieron una política explícita de promoción de investigaciones científicas en áreas de interés nacional prioritario. Ese mismo año, la SUBCYT sale de la órbita de la Secretaría de Planeamiento y pasa a ser una secretaría dependiente del Ministerio de Educación, al igual que CONICET (Del Bello et al., 2007).
El 23 de mayo de 1973 se establece, a través de la Ley N° 20.464 bajo la firma de Lanusse, presidente de facto, el nuevo estatuto de las carreras de investigador científico y tecnológico y del personal de apoyo a la investigación y desarrollo, el que luego será complementado por el Decreto N° 1.572 del 30 de julio de 1976 sobre el escalafón. Mediante este marco normativo, se produce un cambio relevante, ya que la CIC y la CPA cambia el régimen de otorgamiento de subsidios como complemento salarial y el investigador pasa a ser empleado a tiempo completo de CONICET y a estar bajo las normas del Estatuto y Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional. Es decir, que el investigador se convierte en un empleado público y se produce un quiebre que tendrá impacto hasta nuestros días respecto de la universidad (Svampa y Aguiar, 2022).
También, en 1973, el gobierno electo del presidente Cámpora interviene las universidades y el CONICET y, al asumir la presidencia Perón, se promulga la Ley Universitaria Orgánica y de Normalización N° 20.654. Luego de la muerte de Perón, con la asunción de Ivanissevich como ministro de Educación, se impone una perspectiva ultraconservadora que constituirá un adelanto de lo que será la política universitaria a partir del golpe de estado del 76 (Bekerman, 2016).
El 24 de marzo de 1976, a través de un golpe cívico-militar, se destituye a las autoridades electas y comienza el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura más sangrienta que conociera la Argentina. En materia de políticas públicas de CTI, la junta militar se destacó, entre otras, por la persecución a científicos y docentes por motivos ideológicos. Las cesantías de investigadores y docentes por parte del gobierno militar se valieron de diversos elementos normativos, como leyes de facto, y otros como el artículo 11 del Estatuto del investigador y del personal de apoyo, utilizando, asimismo, procedimientos secretos, habilitados por una resolución del CONICET (Bekerman, 2010).
Debe destacarse que el gobierno militar tuvo como objetivos centrales de su accionar represivo a los sectores sindicales y educativos: 21 % de las desapariciones serán de estudiantes, 6 % de docentes, obreros el 30 % y empleados el 18 %. En 1977, la “Operación Claridad” resultará en la cesantía e inhabilitación de más de 8000 docentes de niveles primario, secundario y universitario; muchos de ellos, luego, serán secuestrados (Novaro, 2021).
Asimismo, se favoreció la concentración de recursos en CONICET en desmedro de las universidades públicas, lo cual iniciará un paulatino y pronunciado alejamiento entre esos dos ámbitos. La creación de numerosos institutos de investigación en todo el país mencionada produjo cierta desconcentración de la zona metropolitana, pero, al mismo tiempo, favoreció, respecto del campo de la investigación, el vaciamiento de las universidades públicas, vistas por el gobierno militar como un ámbito propicio para actividades “subversivas” (SECyT, 1989, p. 30). Sólo para tener una noción del escenario descripto, baste decir que, en 1976, el Consejo contaba con 55 institutos y, en 1983, ascendían a 117 institutos, 75 programas, 13 servicios y 9 centros regionales (Bekerman, 2016).
Se dio una concentración en sí mismo del CONICET, que no es el concepto de Houssay (…) Houssay no era eso, siempre dio mucha importancia a la investigación en la universidad… a partir del 76 el Consejo se retrae, se mete dentro de sí mismo y crea toda una serie de estructuras que lo aíslan en general y de las universidades, aunque algunos de los institutos que se crean están en las universidades, pero no está inmerso en la vida universitaria como era el CONICET original. (Entrevista a C. Abeledo, 2023)
Originalmente, CONICET había sido concebido como un organismo de promoción que realizaba su labor a través de programas de subsidios a la investigación, becas de formación de investigadores y la creación de las carreras de investigador y de personal de apoyo a la investigación y, para ello, trabajaba en estrecha colaboración con las universidades. Sin embargo, el régimen militar transformó radicalmente esa relación: “CONICET comenzó a aislarse respecto de las universidades, creó un centenar de institutos propios y otros tantos programas institucionalizados y concentró en estos institutos y programas sus acciones de financiamiento, becas y nuevas incorporaciones” (Abeledo, 2009, p. 76).
Simultáneamente, se dará un proceso de concentración de poder alrededor de unos pocos nombres, un reducido grupo de investigadores, que acapararon lugares en distintos roles y ámbitos del CONICET. Esta política de multiplicación y “feudalización” de institutos y concentración de recursos en CONICET, junto a la derivación de subsidios a través de fundaciones privadas, se vio acompañada de procesos evaluatorios (administrados por lo que Abeledo calificó como “sistema dual” de comisiones asesoras) y administrativos opacos, todo lo cual implicará, asimismo, hechos de corrupción de diversa índole, como será comprobado en las auditorías realizadas durante el primer gobierno democrático (Abeledo, 2009).
La conducción de Sadosky y Abeledo debió afrontar el saneamiento de una lucha pesada que había en torno al CONICET. Y el poder de los directores, el poder del mundo de los directores de institutos. Esos son aspectos donde ellos lograron muchas cosas. Hicieron pública la corrupción, la gente supo lo que ocurrió e iniciaron los procesos judiciales… la plata para financiar investigación no iba a los proyectos. Iba en paquetes a los directores de institutos… Claro, había mucha discrecionalidad, favoritismos y todo tipo de cosas. (Entrevista a M. Albornoz, 2023)
Es significativo destacar que el CONICET no sufrió desfinanciamiento durante la dictadura militar ni reducción de su planta, sino lo contrario. Luego de la “depuración” inicial, fue beneficiado con un incremento progresivo de sus partidas por parte de la dictadura, lo cual tendrá impacto en el crecimiento destacable de su personal y de su infraestructura, a diferencia de lo ocurrido en las universidades nacionales (Bekerman, 2010).
Como consecuencia de estas políticas, se produjo una importante redistribución de fondos en el complejo CTI, del cual el CONICET fue el principal beneficiario, quien aumento su participación en la finalidad ciencia y técnica del presupuesto nacional, del 13 % al 26 % en 1976, descendiendo, en el caso de las universidades, del 26 % al 8 % (Bekerman, 2016). Mientras que las universidades, el INTA y el INTI veían mermar sus partidas presupuestarias, la CNEA, el Ministerio de Defensa y el CONICET se vieron favorecidos en este replanteo de los recursos estatales (Bekerman, 2010).
Asimismo, existían, desde 15 años antes del período democrático, dos sistemas diferenciados: la Subsecretaría de Ciencia y Técnica (SUBCYT), dependiente de la Secretaría de Planificación, y el CONICET, dependiente del Ministerio de Educación. Ambos organismos divorciados con evidente “disfuncionalidad y marcadas incoherencias” (SECyT, 1989).
Señalan Albornoz y Gordon que la consideración de los gobiernos militares como “anticientíficos” recorta el aspecto represivo sobre las universidades, dejando de lado el hecho de que la inversión en ciencia y tecnología fue relativamente alta, especialmente en áreas vinculadas a defensa y seguridad, como la investigación en temas nucleares y espaciales (Albornoz y Gordon, 2011). Este proceso de orientación de la investigación hacia áreas que el gobierno militar priorizó, esencialmente defensa y seguridad, tuvo su acompañamiento en un incremento del financiamiento de las partidas presupuestarias, a contramano del vaciamiento de fondos del sistema universitario público (Bekerman, 2010). Esos fondos, que permitieron el robustecimiento de CONICET en diversos aspectos, también fueron fortalecidos por un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en 1979, a fin de favorecer la descentralización de la investigación científica (SECyT, 1989).
Reflexiones finales
En una mirada general del período abordado, se puede observar que, de una instancia de relación estrecha entre el recién creado CONICET y las universidades, se va a dar un progresivo distanciamiento que, en principio, no parece tener un origen ni intencional ni sistemático, aunque sí se podría pensar que se vincula con concepciones de ciertas elites respecto de la ciencia y la universidad.
En breve resumen, desde el marco legal-funcional, el investigador pasó de recibir un subsidio para docentes que realizaban investigación (1958) a constituir una carrera en sí misma (1961) y, posteriormente (1973), a ser empleado a tiempo completo de CONICET y a estar bajo las normas del personal civil de la Administración Pública Nacional. Todas estas medidas tomadas bajo distintos gobiernos de facto y sostenidas por gobiernos democráticos. Este recorrido alteró la construcción de un SPI basado en la interacción Consejo-Universidades, desplazando a estas últimas. Por otra parte, los vaivenes institucionales signados por golpes de Estado cívico-militares se caracterizaron, entre otras políticas, por su ataque a sectores de la ciencia y la tecnología, destacándose la dictadura de Onganía, que generó la primera gran fuga de cerebros y el proceso ampliamente descripto de cooptación de CONICET por parte de la última dictadura y su política de debilitamiento de las universidades públicas en materia de investigación. Si bien accidentado, en el largo plazo, el período parece atestiguar un proceso de escisión progresiva de ambos sistemas (universitario-científico).
En el campo de las ideas y las concepciones, además de la mirada de los gobiernos de facto (y elites que estos representaban), también los investigadores han prestado atención a las miradas de las elites científicas. De forma preliminar, uno podría pensar que, desde un inicio, la relación entre investigación y universidad ha sido en Argentina al menos problemática. Podríamos ser más precisos y decir que el conflicto parece presentarse entre la tradición argentina en materia de investigación que fue predominante (con Houssay como su representante por excelencia) y la tradición universitaria, caracterizada tanto por la reforma del 18 como por el “interregno” peronista. Si bien estas dos tradiciones universitarias aparecen como contrapuestas, ambas tienen en común, en primer lugar, la idea de primacía de la universidad pública. En segundo lugar, hay nociones ligadas a las tradiciones democráticas tanto del radicalismo y del socialismo como del peronismo: unas hacen hincapié en aspectos republicanos relacionados con la “autonomía” y el cogobierno y, otras, en el acceso de los sectores populares. En el caso del radicalismo, se trata de un abordaje más afín a una concepción de democratización política de la universidad y, en el del peronismo, vinculado a una concepción de democratización social de dicha institución (Pis Diez, 2019, p. 31).
No se niegan aquí sus diferencias, sus enfrentamientos y los imaginarios y culturas desarrollados alrededor de estas posiciones: “Por esto, podemos decir que el reformista y el peronista fueron proyectos contrarios al modelo autoritario de universidad que, claro, no murió en 1918 ni en 1945, sino que pervivió con modificaciones a lo largo del siglo XX argentino” (Pis Diez, 2019).
Tampoco se trata de etiquetar nombres; diversos referentes académicos del período abordado permiten ver, en sus concepciones, elementos reformistas y autoritarios, lo mismo dentro de la tradición universitaria peronista. Sin embargo, se trata de explorar cómo estas ideas incidieron en la configuración de las relaciones entre investigación y universidad. En ese sentido, es difícil, por ejemplo, ignorar la postura de varios de los miembros fundadores del CONICET respecto de la universidad pública. Nótese que Houssay, primer presidente, y Braun Menéndez, Deulofeu y Leloir, miembros del primer directorio en 1958, fueron integrantes como miembros de la AAPC de la Comisión creada por el gobierno de facto en 1956, para reglamentar el Artículo 28 del decreto ley N° 6.403 (Hurtado y Busala, 2002). El artículo de la citada ley expresaba, por primera vez en la historia universitaria argentina, que: “Art. 28º. – La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente” (Organización de las Universidades Nacionales, 1955).
Entonces, si bien, como se ha manifestado, en el momento de la creación de CONICET había una relación cercana entre el organismo y las universidades (el Consejo tampoco tenía mayores alternativas en ese momento), resulta difícil escindir el paulatino distanciamiento del Consejo respecto de las universidades públicas de las ideas y juicios previos de sus directivos… Es válido preguntarse hasta qué punto, circunstancialmente al menos, no hubo coincidencias de intereses entre gobiernos militares y ciertos sectores del ámbito científico, aún motivadas por distintos fines. En unos, el motivo era la desconfianza de la universidad pública como ámbito de subversión y, en otros, era la crítica a la universidad profesionalista, de dedicación parcial, masiva y “contaminada” con la actividad política.
Luego de La noche de los bastones largos (29 de julio de 1966), es simbólico y representativo que, el 2 de agosto, Houssay realizará una visita al dictador Onganía en la casa de gobierno, tal como se refleja en una entrevista que posteriormente concediera al diario La Razón:
Tengo plena confianza ―dijo― en que los problemas del ámbito universitario serán resueltos cuando se hagan más comprensibles para todos los fines que persigue el gobierno en esta materia. El general Onganía me ha ratificado su decisión de dar a la universidad nacional un régimen legal y el apoyo económico necesario para asegurar óptimas condiciones en el ejercicio de la docencia y la investigación científica, sin interferencias de orden político ni ideológico… («La ménsula», 2016).
La crónica periodística expresaba que Houssay:
Agregó también que le satisfacían profundamente las garantías recibidas del presidente en el sentido de que la estabilidad del personal docente y de aquel dedicado a la investigación científica en nada se vería afectada por las disposiciones que se dicten («La ménsula», 2016).
Finalmente, lo que parece estar ausente desde los inicios ha sido una concepción con la adecuada complejidad requerida para la construcción de un sistema público de ciencia y tecnología, que, desde ya, hubiese exigido una articulación de múltiples actores, como CONICET, universidades, organismos de planificación, organismos de investigación estatales, centros privados de investigación y sector productivo, entre otros. Si bien se podría objetar que, en ese momento, la noción de SPI como tal no existía, ya pueden advertirse en el pensamiento temprano y destacado de Joaquín V. González nociones que, en forma germinal, se orientaban en ese sentido, destacándose sus propuestas de integración entre los diversos niveles educativos, la perspectiva no antinómica del carácter científico y profesional de la universidad y la relación directa entre educación, ciencia y progreso nacional. Esto se señala ya que es absolutamente improbable que los conductores del Consejo desconocieran un pensamiento como el de González, por lo tanto, existían antecedentes intelectuales, ni más ni menos que de uno de los exponentes más destacados de la generación del 80. Y, como se ha señalado, en forma contemporánea a Houssay, otros científicos y cofundadores del CONICET como Rolando García, expresaban perspectivas que postulaban la ineludible relación entre la actividad científica, el sistema universitario y el desarrollo social y productivo. Si bien escapa a este análisis, se advierte que, desde el retorno a la democracia, bajo las diversas gestiones (Alfonsín, Menem o Néstor y Cristina Kirchner), hubo intentos, con mayor o menor éxito y desde miradas muy distintas, de restablecer el vínculo entre CONICET y la universidad pública e incluso de constituir un sistema público de investigación. Más allá de los aciertos y falencias propios de cada una de estas gestiones, se advierte, en todas ellas, la dificultad para transformar tendencias que se fueron constituyendo previamente, las cuales dejaron estructuras y “marcas” visibles hasta el presente.
Serie Otros Mundos, acuarela. Maria José Pérez
Notas
El presente artículo es parte de una tesis doctoral que realiza una investigación sobre políticas públicas comparadas de Ciencia, Tecnología e Innovación de España y Argentina entre 1982 y 2015, con foco en el análisis del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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