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DOI: https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2024-280201
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Editorial
Defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional
Maria Graciela Di Franco
Universidad Nacional de La Pampa
ORCID0000-0002-6312-1825
Editorial compartida
Revistas de la Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam
Presentamos este volumen atravesando una situación crítica inédita en la Universidad pública argentina, sometida a una expresa campaña de desfinanciamiento y desprestigio de las Ciencias Sociales y las Humanidades y el desmantelamiento del sistema Científico y Tecnológico realizados por el gobierno de Javier Milei.
En este sentido nos interesa destacar los aportes que hacen las revistas de las UUNN a la ciencia, la investigación y la educación; en particular poner en valor la relevancia que tienen las revistas de ciencias sociales y humanas que desde perfiles internacionales, regionales, nacionales están territorialmente ancladas analizar, problematizar y aportar a mejores modos de comprender e intervenir en el mundo (Freire, 2008). Destacamos también la importancia del desarrollo editorial institucional con la creación de un portal y el acompañamiento en la permanente necesidad de profesionalización de los equipos. Por ello resulta fundamental priorizar la educación pública que iguala y nos hace libres; la formación e investigación universitaria de calidad y el sostenimiento del sistema como modos de defender derechos irrenunciables.
Frente a este contexto adverso decidimos, como grupo editorial y junto con las demás revistas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, sostener la publicación aun sin disponer de ningún recurso económico y haciéndonos cargo de todo el proceso de edición. Elegimos una tapa negra, que pudiera expresar y denunciar la situación que estamos atravesando las revistas científicas en particular y la Universidad pública en general. El color negro no es casual: subjetivamente denota miedo, muerte y temor. Nuestro futuro es incierto y nos preocupa el sostenimiento del derecho a la educación superior de calidad, gratuita e inclusiva en el país. También denota resistencia y desde allí sostenemos con convicción este derecho.
La inexistencia de partida presupuestaria para Ciencia y Tecnología impidió que contemos con un diseño de la tapa y el cuerpo del interior de la revista realizados por profesionales en diseño, por lo que decidimos editar los archivos y publicar el número con nuestras propias herramientas y la colaboración desinteresada de personal universitario. Queremos gradecer especialmente a las docentes del equipo de traducción y colegas de las Secretarías de redacción y edición. Sin el trabajo colectivo no se hubiera podido publicar este volumen.
Esperemos que autores/as y lectores/as entiendan que no somos especialistas en edición gráfica, pero nos resistimos a la desaparición de nuestras revistas de acceso libre que permiten la comunicación de las investigaciones y el conocimiento científico-académico gestados en cada uno de los Institutos de nuestra Facultad. Queremos seguir sosteniendo las revistas porque aportan a la difusión de las investigaciones humanas, sociales, geográficas, territoriales, educativas, gestadas en Institutos y Departamentos de organismos nacionales. Seguiremos reivindicando a la Universidad Pública, luchando por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología y por la continuidad de nuestras revistas.
Resistencia, convicción en los derechos
Como comunidad necesitamos defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional porque está en riesgo la gratuidad en la educación y en la educación universitaria cuyo germen se ubica en los aires reformistas del dieciocho, caracterizados por el anhelo de reforma social y democratizadora. Quienes la protagonizaron cuestionaron su carácter elitista también en el arancel y aunque quedó plasmado en proyecto de ley no llegó a su tratamiento. Se conquistaron libertades en relación a la autonomía, cogobierno, extensión, concursos. Será el Primer Plan Quinquenal Justicialista quien planteó la gratuidad de la enseñanza para estudiantes de bajos ingresos en 1949.
Por decreto N° 29337 /1949 suspende el cobro de aranceles universitarios. Lo hace con considerandos a favor del engrandecimiento y auténtico progreso de un Pueblo estriba en gran parte en la formación y que por ello la primordial preocupación del estado para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones; y en particular amparar la enseñanza universitaria –la encargada de difundir la cultura y formar la juventud- expresados en el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país.
El 11 de enero de 1954 por la Ley orgánica de universidades N° 14297 se aprobó la primera norma sancionada por el Congreso de la Nación que prescribe la misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social, y define entre los objetivos asegurar la gratuidad de los estudios.
De 1955 en adelante se escribieron historias con marchas y contramarchas, siguiendo los ritmos impuestos por gobiernos lectivos y de facto. En 1995 se sanciona y promulga la Ley de Educación Superior enunciando un rol del Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que requieran hacerlo. Se nominaliza el sentido de la educación en contexto de un proyecto neoliberal.
Será en las modificaciones en noviembre de 2015 que se sustituye ese artículo 2 enunciando que el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales y el 2 bis que señala que :
Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.
Prohíbase a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.
La gratuidad no agota el derecho a la educación pero es la condición necesaria, es el sentido de las políticas públicas institucionales y es lo que habilita nuestro compromiso en las aulas y en las calles.
Por ello la marcha del 23 de abril - en defensa de la educación pública- busca defender el acceso irrestricto a una educación de calidad y poner en valor la función democratizadora de la educación superior que construye ciudadanía a favor de una sociedad más justa, equitativa y democrática. Deja en claro también la responsabilidad del estado en las políticas públicas que garanticen el acceso, permanencia y titulación del estudiantado y la función transformadora de la educación en la potencia de poner resolución a problemáticas de los territorios. La marcha fortalece un camino en favor de la apertura, la inclusión y el respeto y marcan un umbral a seguir defendiendo, para persistir en el camino hacia una democracia consolidada.
Mientras se postulan subjetividades violentas, autoritarias, nosotras sostenemos la urgente narrativa que constituye el horizonte de mundos posibles: que la educación pública, la educación universitaria pública es el modo se construir un nosotrxs, único espacio para aprender a vivir juntxs.
Paisaje pampeano, tinta y acrílico. Ana Maria Martin
