El proceso de privatización y mercantilización de las universidades argentinas: sus causas y continuidades. Artículo de Eduardo Díaz de Guijarro. Praxis educativa, Vol. 29, N° 1 enero-abril 2025. E -ISSN 2313-934X. pp. 1-18.

https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2025-290108

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ARTÍCULO

El proceso de privatización y mercantilización de las universidades argentinas: sus causas y continuidades

The privatization and commercialization process of Argentinian universities: its causes and continuities

O processo de privatizaçao e comercializaçao das universidades argentinas: suas causas e continuidades

Eduardo Díaz de Guijarro 

Universidad de Buenos Aires, Argentina

ediazdeguijarro@gmail.com

ORCID 0009-0007-6910-4376

Recibido: 2024-05-21 | Revisado: 2024-08-22 | Aceptado: 2024-09-02

Resumen

A partir de un análisis de lo ocurrido en la educación superior y en el sistema científico de Argentina, en este artículo formularemos el interrogante de si los gobiernos de extrema derecha o neoliberales de las últimas décadas fueron los únicos responsables de su proceso de mercantilización o si existieron diversas causas concurrentes. Mostraremos que la política privatizadora tiene su origen en los grandes capitales y en los organismos financieros internacionales, que fueron apoyados por los gobiernos locales de derecha o neoliberales, y que, por otra parte, los regímenes de carácter progresista que se alternaron en el poder, si bien denunciaron esa tendencia y declararon su intención de atenuarla, no lograron tomar medidas significativas para revertirla. Plantearemos también la probabilidad de que un fenómeno similar haya ocurrido en otros países latinoamericanos.

Palabras clave: universidades, privatizaciones, mercantilización educativa, gobierneos progresistas, Argentina

Abstract

Based on an analysis of what happened in higher education and in the scientific system of Argentina, in this article we will ask the question of whether the extreme right or neoliberal governments of recent decades were the only ones responsible for its commercialization process or whether there were various concurrent causes. We will show that the privatization policy has its origin in big capital and international financial organizations, which were supported by local right-wing or neoliberal governments, and that, on the other hand, the progressive regimes that alternated in power, although they denounced this trend and declared their intention to mitigate it, they were unable to take significant measures to reverse it. We will also raise the probability that a similar phenomenon has occurred in other Latin American countries.

Keywords: universities, privatizations, educational commodification, progressive governments, Argentina

Resumo

A partir de uma análise do que aconteceu no ensino superior e no sistema científico da Argentina, neste artigo questionaremos se os governos de extrema direita ou neoliberais das últimas décadas foram os únicos responsáveis ​​pelo seu processo de comercialização ou se houve várias causas simultâneas. Mostraremos que a política de privatizações tem origem no grande capital e nas organizações financeiras internacionais, que foram apoiadas por governos locais de direita ou neoliberais, e que, por outro lado, os regimes progressistas que se alternaram no poder, embora denunciassem isso tendência e declararam a sua intenção de a atenuar, não foram capazes de tomar medidas significativas para a inverter. Também levantaremos a probabilidade de que um fenômeno semelhante tenha ocorrido em outros países latino-americanos.

Palavras-chave: universidades, privatizações, comercialização educacional, governos progressistas, Argentina

Introducción

Durante las últimas décadas, América Latina estuvo atravesada por fuertes conflictos políticos, económicos y culturales, en los que se enfrentaron concepciones que abarcan un amplio espectro: la extrema derecha, los sectores disruptivos anarcocapitalistas, el neoliberalismo, las diversas versiones del progresismo y la izquierda. Estos conflictos y la alternancia de gobiernos de diferente signo afectaron, lógicamente, los sistemas educativos. Las polémicas sobre el derecho a la educación, sobre la relación entre lo público y lo privado y sobre el papel de la ciencia en la sociedad fueron temas de debate tanto en los ámbitos gubernamentales como en el medio académico.

A pesar de los diferentes enfoques ideológicos, existe consenso sobre que, desde la década de 1990 hasta el presente, se produjo un avance del proceso de privatización de la educación en todos sus niveles y, en particular, el universitario. Ese avance es atribuido, casi unánimemente, a la política de los gobiernos de ultraderecha o neoliberales.

En este artículo, trataremos de indagar sobre la existencia de otros factores que pudieron haber incidido sobre la educación superior y la ciencia latinoamericanas para provocar su paulatina mercantilización, un proceso que incluye la proliferación y el crecimiento de las universidades privadas y la semiprivatización de las públicas y del sistema científico.

Desarrollaremos el caso de Argentina, un país que fue referente continental de la defensa del derecho a la educación y del papel indelegable del Estado en sus tres niveles. Esto fue así prácticamente desde su independencia, pues, en 1821, la Universidad de Buenos Aires fue creada como una institución educativa estatal, más influida por las ideas de la Ilustración francesa que por la tradición de las universidades escolásticas dependientes de la Iglesia Católica. Años más tarde, poco después de unificada la República, en 1884, se estableció por ley la enseñanza elemental común, obligatoria y gratuita. Entrado el siglo XX, la Reforma Universitaria de Córdoba, en 1918, inició una tradición democrática y social de la educación superior y de la ciencia, cuyos ideales se difundieron en toda Latinoamérica y perduran hasta hoy en gran parte de la comunidad estudiantil y docente.

A pesar de esa tradición, la privatización afectó el sistema universitario y científico argentino a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es notorio que, durante aquellos años, las dictaduras militares comenzaron a aplicar, con métodos sangrientos, planes económicos y culturales antipopulares, y que los gobiernos civiles de extrema derecha o neoliberales mantuvieron esas políticas en todos los niveles educativos. En el presente, el gobierno anarcocapitalista de Javier Milei llevó esas políticas a extremos impensados, provocando una de las peores crisis del sistema educativo y científico.

Sin embargo, durante los cuarenta años transcurridos desde el final de la última dictadura militar y antes de la inesperada irrupción del anarcocapitalismo, la Argentina fue gobernada por partidos de diferentes signos políticos. Luego de seis años de un gobierno radical de características tradicionales, se sucedieron diez años de neoliberalismo, seguidos de una crisis que condujo, en 2003, al inicio de un período de veinte años de gobiernos progresistas, sólo interrumpidos entre 2015 y 2019 por uno de carácter neoliberal. El proceso de privatización y mercantilización educativa, aunque tuvo altibajos e intensidades diferentes, nunca se detuvo ni se revirtió durante todas esas décadas. Cabe, entonces, formularse el interrogante de hasta qué punto los gobiernos de extrema derecha o neoliberales fueron los únicos responsables de las restricciones al derecho a la educación superior, y en qué medida influyeron otros factores, de carácter global, que los gobiernos progresistas no lograron revertir.

Entendemos aquí como “derecho a la educación” no sólo las posibilidades individuales de acceder a las instituciones educativas públicas y permanecer en ellas hasta completar las carreras, sino también las de acceder a los conocimientos socialmente pertinentes y tener la posibilidad de utilizarlos para el desarrollo cultural personal y para el beneficio social, y no para el lucro de quienes detentan el poder económico. Por lo tanto, consideraremos el derecho a la educación no sólo como un derecho humano individual, sino como un derecho social, y la educación y la ciencia como herramientas para el pleno desarrollo humano y para la defensa de la justicia y del bienestar colectivo.

Por último, plantearemos la hipótesis de que el análisis del caso argentino pueda ser extendido al de otros países latinoamericanos en los que, durante las últimas décadas, se alternaron gobiernos neoliberales y progresistas.

Una combinación inesperada; “anarcocapitalismo” y neoliberalismo

Javier Milei, sorprendentemente elegido presidente de la Argentina por el voto popular a fines de 2023, se define a sí mismo como “anarcocapitalista” y discípulo de Murray Rothbard, un miembro prominente de la “escuela austríaca de economía”. Milei opinó reiteradamente que el Estado es una organización criminal.

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Fuente: captura de pantalla del canal LN+, durante una entrevista al presidente argentino Javier Milei. Buenos Aires, 14 de febrero de 2024.

La criminalidad del Estado consistiría en que cobra impuestos compulsivamente, algo que Milei considera un robo. Desde su asunción al cargo en diciembre de 2023, tomó diversas medidas para reducir las obras públicas y los gastos del Estado en salud, educación, salarios y jubilaciones. Frente a la previsible reacción popular, trató de impedir las protestas mediante un régimen fuertemente represivo de las manifestaciones callejeras e intentó prohibir las huelgas, mientras proclamaba, como lema de su gobierno, la irreverente y contradictoria frase “¡Viva la libertad, carajo!”.

Esta destrucción del Estado no apunta justamente a garantizar mayor libertad al ciudadano, sino a eliminar todo aquello que aporta al bienestar común. Mientras, paralelamente, el presidente valora la existencia de empresas monopólicas y entroniza como sus modelos a Estados Unidos y al Estado de Israel.

Al momento de escribir estas líneas, el presidente Milei busca que el Congreso apruebe por ley algunas de sus propuestas, mientras impulsa mediante decretos y redistribuciones presupuestarias un intenso ajuste económico. Grandes movilizaciones populares muestran el descontento de un amplio sector de la población. La mayor de ellas tuvo relación directa con el tema de este artículo: el 23 de abril de 2024, se produjo una de las marchas callejeras más numerosas de la historia del país, en defensa de la universidad pública, amenazada por su grave asfixia presupuestaria.

En un lúcido análisis, Daniel Filmus (2024) muestra que, como parte de su insólita concepción de la sociedad humana, Milei no plantea ninguna función definida para el sistema educativo, sostiene que no es una responsabilidad del Estado, sino de las familias y del mercado. Y que, en consecuencia, “los pocos empleos altamente calificados que requerirá una economía crecientemente concentrada pueden ser cubiertos por los circuitos educativos de élite o de alta calidad, que pertenecen principalmente al sector de la enseñanza privada” (Filmus, 2024).

Para el “anarcocapitalismo” local, la ciencia y la tecnología no serán necesarias. Bastará apoyarse en los centros mundiales de producción de conocimientos, las grandes universidades del hemisferio norte y las empresas multinacionales. Milei anunció que su gobierno no financiaría las “porquerías” que se investigan en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), lo cerraría, lo privatizaría o lo reduciría a “una oficina de ciencia para limpiar lo que ensuciaron los que escribieron estupideces” (Ámbito, 2023). Estas políticas parecen difícilmente viables, pero, en realidad, son una versión extrema de las que ya fueron aplicadas pocos años antes por sus actuales aliados del PRO, durante la presidencia del neoliberal Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.

En el VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Macri dijo que “las cosas que investigamos y desarrollamos tienen que tener aplicación. No existe que la universidad y la empresa sean dos mundos, somos todos parte de un mismo mundo” (Bosco Producciones, 2015). Por lo tanto, estimulaba las carreras vinculadas a los negocios y algunas ramas de la ingeniería, en detrimento de las ciencias sociales y humanísticas, y mucho más si estas últimas estimulaban el pensamiento independiente. El filósofo Alejandro Rozitchner, estrechamente vinculado al gobierno de Macri, sostuvo que “el pensamiento crítico es un valor negativo” (Alejandro Rozitchner, 2008) y el jefe de gabinete, Marcos Peña, agregó que “en la Argentina ha hecho mucho daño” (PA Video, 2016). Siguiendo estos criterios, en marzo de 2018, el gobierno redujo el ya escaso presupuesto de las universidades públicas (Fornassero, 2018).

El Plan Estratégico Nacional 2016-2021 para los tres niveles de la enseñanza (MEDN, 2016) enfocaba la educación superior con criterios tecnocráticos y mercantilistas. El ministro de Educación Esteban Bullrich se lo dijo abiertamente a los empresarios en la 22ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina:

¿Cuál es el problema de la educación? Que no se ve, lo mismo que la ignorancia… Pero la educación es ganancia y la ignorancia es pérdida desde el punto de vista empresarial… La educación es apertura a nuevos mercados, es mejora de la competitividad, mejora de la productividad… la educación es el tipo de cambio ideal. La buena educación no tiene barreras arancelarias… Queremos que sus empresas sean las mejores del mundo… yo no me paro aquí como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy (Secretaría de Educación, 2016).

En junio de 2018, Mauricio Macri participó de la cumbre anual del IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, perteneciente al Opus Dei, una de las instituciones de élite, donde se forman altos ejecutivos de empresas argentinas y multinacionales, entre ellas, Ford, Movistar, Pepsico, Samsung, Toyota, Volkswagen, Mercado Libre, y los bancos BBVA, ICBC e Itaú (IAE, 2024).  

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En el centro, Mauricio Macri en la IAE Summit 2018, en la Universidad Austral

Fuente: Presidencia de la Nación, https://www.casarosada.gob.ar/component/djmediatools/?view=item&cid=44603&id=0&tmpl=component

En su discurso, Macri dijo que “Hemos comenzado a cambiar la cultura, que es para ustedes tan importante porque son líderes creativos. El sector público y el privado son un mismo equipo. El estado no puede ser una carga” (D´andrea, 2018).

Sin embargo, ni el despropósito de Milei ni la orientación de Macri parecen ser las únicas causas de la mercantilización y la privatización que imperan cada vez más en las universidades y en la ciencia argentinas. No sólo su origen se remonta a muchos años atrás y en las dos últimas décadas los gobiernos de derecha se alternaron con gobiernos progresistas, sino que otros países de la región y del mundo viven procesos similares. Se impone un balance más amplio y cuidadoso del problema.

Los momentos fundacionales de la privatización universitaria en Argentina

Salvo una fugaz Universidad Católica, creada en Buenos Aires en 1907 y cerrada cuando el gobierno no la autorizó a emitir títulos habilitantes, sólo existieron universidades privadas en Argentina después del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955. En 1958, el gobierno radical de Arturo Frondizi les permitió otorgar títulos habilitantes similares a los de las públicas. Sin embargo, la fuerte tradición democrática del estudiantado y de los docentes e investigadores argentinos mantuvo las universidades públicas a la vanguardia indiscutible del sistema de educación superior hasta mediados de la década de 1990.

El segundo momento fundacional ocurrió en 1995, cuando el gobierno neoliberal de Carlos Menem promulgó la Ley Nº 24.521 de Educación Superior (LES, 1995). Su Artículo 1º establece que tanto las públicas como las privadas integran el Sistema Educativo Nacional, otorga el mismo alcance a sus títulos y las somete al control del mismo organismo, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Esta comisión tiene mayoría de representantes estatales, pero también la integran representantes de las universidades privadas, con facultades para controlar el conjunto de las instituciones del sistema. El Art. 44 establece que las evaluaciones externas también podrían ser realizadas por “entidades privadas constituidas con ese fin”.

Por otro lado, si bien “corresponde al Ministerio de Cultura y Educación la formulación de las políticas generales en materia universitaria” (Art. 70), el principal organismo consultivo es el Consejo de Universidades, en el que las universidades nacionales tienen la misma cantidad de representantes que las privadas, mientras otros tantos miembros representan a los Consejos Regionales, donde existe un amplio espectro de instituciones, tanto estatales como privadas (Decreto 499/95). Además, la LES permite que las universidades públicas puedan generar “recursos adicionales a los del Tesoro Nacional, mediante la venta de (…) derechos y servicios, subsidios, contribuciones (…) derechos o tasas por los servicios que presten” (Art. 59).

La LES tuvo, posteriormente, varias modificaciones parciales. Debe destacarse la aprobada en las postrimerías del segundo mandato de Cristina Kirchner, en octubre de 2015, que estableció la gratuidad obligatoria de los cursos de grado. Pero sus rasgos centrales se mantuvieron hasta el presente.

Este segundo momento fundacional de la privatización educativa en Argentina tuvo un rasgo muy particular. Carlos Menem es recordado como uno de los máximos representantes del neoliberalismo en la Argentina, no sólo por haber impulsado la LES, sino por haber privatizado numerosas empresas estatales y por sus estrechos lazos con Estados Unidos. Sin embargo, desde su juventud, fue un militante del Partido Justicialista, por el que obtuvo la gobernación de la provincia de La Rioja y luego sus dos mandatos presidenciales. El Partido Justicialista es la organización política inspirada en el peronismo, movimiento que, durante las décadas de 1940 y 1950, representó un intento de oposición al imperialismo norteamericano y tuvo un fuerte apoyo de la clase obrera argentina. Durante sus diez años de presidencia, Menem mantuvo la dualidad de definirse como peronista, mientras aplicaba una política neoliberal.

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En el centro, el presidente Carlos Menem, el año en que se aprobó la LES, escuchando al senador nacional Antonio Cafiero, una figura histórica del peronismo, en el Instituto Universitario Juan Perón, 1995

Fuente: https://boudewijnhuijgens.getarchive.net/amp/media/cafiero-con-menem-en-el-instituto-universitario-jdp-0d451c (dominio público).

Los síntomas de semiprivatización en las universidades públicas y el sistema científico argentino

Muchas universidades estatales se presentan hoy con sitios web de colores vistosos y diagramación veloz y cambiante, como una publicidad televisiva, un video de las redes sociales o una “marca” comercial. Sus logos son “modernos”, lo mismo que el lenguaje, que pertenece al mundo de los negocios más que al de la academia, como las palabras “gestión”, “cliente” o “mercado”.

La UBA y otras 96 universidades argentinas, desde las privadas de élite Austral, San Andrés e ITBA hasta la mayoría de las públicas, son miembros de Universia, una red del Banco de Santander que agrupa más de 800 universidades en 22 países de Iberoamérica. Sus objetivos son:

Orientación: Acompañamiento personalizado al estudiante para guiar su vocación y orientarle hacia formación de alta empleabilidad.

Formación: Exposición de cursos curados de alta empleabilidad (bootcamps & posgrados) e itinerarios formativos, con acceso a financiación (becas, descuentos, ISAs, préstamos…).

Empleo: Conexión con oportunidades profesionales (prácticas o empleo) y de networking con empresas (competiciones, ferias…). (Santander, 2024)

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El entonces presidente español Mariano Rajoy, junto a Ana Botín, presidenta del Banco Santander, en Universia 2018 – IV Encuentro de Rectores, Salamanca, 22 de mayo de 2018. En segunda fila, a la derecha de Rajoy, Alberto Barbieri, entonces rector de la UBA

Fuente: Pool Moncloa/Diego Crespo.

Durante muchos años, los sueldos de la UBA se pagaron con cuentas del Banco Santander, que tuvo una sucursal dentro de la ciudad universitaria, y actualmente con otro banco privado, el de Galicia.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), segunda del país en tamaño y cuna de la Reforma de 1918, también se vincula hoy con el mundo de las finanzas internacionales, a través de la plataforma edX. Esta fue creada en 2012 para difundir cursos por Internet, propios o de universidades norteamericanas y europeas, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de algunas grandes empresas, como Microsoft, IBM y Google (edX, 2024).

Entre los clientes empresariales de edX, están el grupo hotelero Hilton, la Sony Interactive Entertainment, la automotriz Mercedes Benz y el banco de inversión Goldman Sachs, acusado de haber sido uno de los causantes de la crisis financiera global de 2008 y del ocultamiento de la deuda soberana de Grecia en 2009.

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Luego de incorporarse a edX, la UNC agregó una X a su logotipo

Fuente: UNC, https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/el-a%C3%B1o-en-que-la-unc-se-sum%C3%B3-edx.

Además, las universidades nacionales tienen múltiples convenios con empresas privadas y entidades transnacionales. Sus dependencias de Vinculación Tecnológica transfieren a las empresas los resultados de sus investigaciones. Las “incubadoras” facilitan a los graduados la fundación de empresas propias. Dos ejemplos ilustran su funcionamiento:

La Universidad promueve las iniciativas emprendedoras que surgen del ámbito de la comunidad universitaria, como así también en distintos sectores de la sociedad y también propicia –a partir de diferentes herramientas- la conformación, incubación y puesta en marcha de empresas entre alumnos, docentes, investigadores y graduados. (UNL, 2024)

Entre los beneficios que ofrece la Incubadora se encuentran: oficinas de trabajo y de reuniones, asistencia técnica y asesoramiento, red de contactos, apoyo institucional, promoción y difusión de proyectos, vinculación con fuentes de financiamiento, coaching para la presentación en concursos, red de mentores y participación de ámbitos para el intercambio de experiencias emprendedoras. (UNCUYO, 2024)

A pesar de que las universidades públicas argentinas conservan un alto nivel pedagógico y científico y sostienen los principios democráticos heredados de la Reforma de 1918, este tipo de actividades puede significar un peligro para ese nivel y para esos principios. Es natural que, viviendo en una sociedad capitalista, la mayoría de quienes egresan de nuestras universidades trabajen luego en una empresa, funden una propia o se desempeñen como profesionales independientes. Pero la función de la universidad pública es formarlos para que todas sus actividades estén guiadas por criterios de rigor científico y de servicio a la sociedad. Para ello, se los debe dotar de capacidad de análisis y de espíritu crítico, y no fomentar el afán de lucro que promueve la ideología individualista que impera en los ambientes empresariales y financieros.

Otro riesgo de penetración de la ideología privatista es que, en lugar de una justa remuneración estatal, los investigadores suelen recibir premios empresarios. En 2022, L´Oréal-UNESCO entregó el suyo, “Por las mujeres en la ciencia”, a trabajos sobre la pandemia de COVID-19. Sugestivamente, entre 2020 y 2021, L´Oréal, que define su rubro como “el mercado de la belleza”, aumentó sus ventas mundiales un 16,1 %. Sus ganancias netas fueron 6.160 millones de euros (L´Oréal, 2022), y su mayor accionista, Francoise Bettencourt, es la mujer más rica del mundo, con un patrimonio de 96.500 millones de dólares (Forbes, 2024). Tampoco debería producir orgullo el premio que otorga la Fundación Bunge y Born, originada en la que fue la corporación más poderosa de la Argentina durante largas décadas del siglo XX.

También los sistemas de rankings que han proliferado en el mundo para evaluar a las instituciones educativas entrañan un peligro no siempre visible. Todas las universidades celebran cuando son ascendidas en el ranking QS, elaborado por Quacquarelli Symonds, que se define como “la fuente principal de conocimiento, experiencia y soluciones para universidades y estudiantes de todo el mundo” (QS, 2024), y ofrece orientación, tanto a los jóvenes como a las empresas, sobre las que considera mejores universidades. El problema es que la valoración de QS se basa principalmente en la opinión de los posibles empleadores, en el campo de las finanzas y de los negocios, y recomienda a los empleadores dónde encontrarán el personal que necesitan y a las universidades cómo mejorar su rendimiento. Que las universidades públicas argentinas consideren válidos estos criterios de evaluación es un indicio de que su cultura, consciente o inconscientemente, se confunde con la de las privadas.

Síntomas similares se manifestaron durante las últimas décadas en el sistema científico argentino. En 2012, durante el gobierno progresista de Cristina Kirchner, entre los objetivos del plan “Argentina Innovadora 2020”, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) proponía “adecuados esquemas de incentivos y marcos regulatorios para promover la disposición de los agentes privados a asumir la innovación como estrategia competitiva o de desarrollo, apoyándose en el conocimiento de base generado por el propio sistema” (MINCYT, 2012, p. 34).

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La presidenta Cristina Kirchner en la presentación del Plan Argentina Innovadora 2020

Fuente: Presidencia de la Nación, https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/el-a%C3%B1o-en-que-la-unc-se-sum%C3%B3-edx.

El documento agrupaba en una sola categoría todas las universidades, denominándolas “universidades públicas de gestión estatal y de gestión privada” (MINCYT, 2012, p. 44). Sostenía que “el sistema público y el privado actúan de modos diferentes pero complementarios” (p.45) y proponía convenios con empresas, dando como ejemplo el firmado con Glaxo-SmithKline Argentina, una de las multinacionales farmacéuticas más grandes del mundo.

La tendencia privatizadora se acentuó durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, de 2015 a 2019, que rebajó el MINCYT a la categoría de secretaría. Se moderó durante el gobierno progresista de Alberto Fernández, de 2019 a 2023, que restituyó el MINCYT como ministerio y presentó el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, cuyo enfoque apuntó, en mayor medida, al papel de la ciencia y la tecnología en la solución de los problemas sociales y del desarrollo independiente.

Alberto Fernández, al igual que Cristina Kirchner durante sus mandatos, incrementó el presupuesto para ciencia y tecnología, mejoró los sueldos de investigadores y docentes y declaró públicamente su apoyo a las universidades nacionales. En varias ocasiones, anunció que impulsaría una nueva ley universitaria, cosa que no ocurrió, pero, en 2022, redujo el presupuesto educativo, mientras seguían creciendo los vínculos de las universidades públicas con bancos y grandes empresas y las privadas mantenían una fuerte presencia en la educación superior argentina.

A fines de 2019, las terminales automotrices agrupadas en ADEFA (Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Iveco, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot Citroën, Renault, Scania, Toyota y Volkswagen), las concesionarias, las empresas autopartistas y la dirección del sindicato SMATA, con el asesoramiento de la IAE Business School de la Universidad Austral, elaboraron un proyecto de “Acuerdo social y productivo para el sector automotor argentino” para “incrementar la productividad del sector”. Alberto Fernández participó del acto de lanzamiento del proyecto, y dijo:

Saben todos que soy un defensor de la educación pública y de la universidad pública. Y soy un promotor de la universidad pública. Pero celebro que en este trabajo la Universidad Austral haya trabajado junto a los empresarios y a llevar adelante este plan. Todo lo que yo promuevo de la universidad pública no es en desmedro de la universidad privada. La universidad privada deber ser también parte de este plan, de este proyecto y ayudar, como ha ayudado acá en este caso a desarrollar un programa estratégico para los próximos años. Con lo cual, celebro que la Universidad Austral haya trabajado en esto. Y vamos a seguir trabajando juntos. (CRUP, 2019)

De 2003 a 2015, Argentina tuvo doce años de gobiernos progresistas. En 2015, pasó a uno neoliberal; en 2019, a cuatro años de otro progresista; y, en 2023, a uno de extrema derecha. Pero, durante esos 20 años, la LES, salvo las modificaciones parciales mencionadas más arriba, permaneció vigente y la mercantilización del sistema universitario y científico continuó avanzando. Es necesario indagar sobre cuáles pueden ser las causas profundas que generan esta tendencia, para intentar comprender cómo se ubicaron los sucesivos gobiernos frente a ellas.

Un factor global: la política del imperialismo

Los gobiernos locales de derecha o neoliberales aparecen frente a la opinión pública como los principales responsables de las políticas mercantilistas o privatizadoras de la educación y la ciencia. Sin embargo, el hecho de que la tendencia excede las fronteras de un solo país obliga a concluir que existen responsables mayores: los centros del poder económico mundial.

En el caso argentino, es muy ilustrativa la secuencia del año 1995. En marzo, el gobierno de Carlos Menem creó el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC); en julio, se aprobó la LES y, en diciembre, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), miembro del grupo del Banco Mundial (BM), otorgó un préstamo por 165 millones de dólares para financiar el Programa de Reforma de la Educación Superior, ya aprobado por el BM en junio de ese año (BM, 1995a). Las condiciones del préstamo estipulaban que el dinero podría utilizarse para el FOMEC siempre y cuando “su director, sus funcionarios, responsabilidades y funciones fueran satisfactorias para el Banco” y fuera “creada y mantenida la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) (…) con un director ejecutivo permanente (…) aceptable para el Banco” (BM, 1995b).

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La sede central del Banco Mundial está ubicada en Washington DC

Fuente: Skórzewiak, https://stock.adobe.com/ar/images/world-bank-glass-skyscraper-with-mirrored-sky-loop-3d-illustration/358412252?prev_url=detail

El dinero del préstamo, que debería ser devuelto por el Estado con sus correspondientes intereses, se destinaría a ciencias básicas, disciplinas que el Banco Mundial considera que “generan beneficios externos (…) a largo plazo” donde “la inversión privada por sí sola (…) sería menos que socialmente óptima” (BM, 1995c, pp. 10 y 61). En otras palabras, esto significa que el Estado financiaría conocimientos que, a largo plazo, beneficiarían a los inversores privados.

La LES fue parte de una política educativa y científica impuesta por los máximos organismos financieros internacionales. Esto motivó un amplio rechazo de la comunidad universitaria y múltiples declaraciones y manifestaciones callejeras. El Banco Mundial llevaba ya varios años intentando penetrar en la educación argentina. En 1984, durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, propuso adaptarla al mercado empresarial, “reduciendo la producción de aquellas habilidades y profesiones en las que la remuneración relativa está disminuyendo y viceversa” (BM, 1988). Al no llegar a un acuerdo con los funcionarios argentinos, el BM optó por financiar varios programas que no respondían totalmente a sus expectativas, a la espera de que se generaran mejores posibilidades para sus proyectos (Méndez, 2022).

La política imperialista de privatización de la enseñanza universitaria y de la ciencia, a nivel internacional, había comenzado mucho tiempo antes. Desde fines del siglo XIX, grandes magnates estadounidenses, como Ezra Cornell, Leland Stanford, Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt y John Rockefeller, fundaron o financiaron grandes universidades privadas y las orientaron para que fueran funcionales a sus intereses económicos. Para ello, priorizaron la formación de posgrado y la investigación. Los dueños de esas universidades eran, a su vez, dueños de los conglomerados empresariales y también formaban parte de los gobiernos estatales o federales o influían fuertemente sobre ellos, haciendo borrosos los límites entre lo privado y lo público.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasó a ser la potencia hegemónica global y el modelo empresarial de universidad se difundió en Europa Occidental y, luego de la caída de la URSS, en casi todo el resto del mundo, incluida América Latina (Rüegg, 2011). En 1995, la Organización Mundial del Comercio incluyó la educación entre los bienes transables, es decir, como mercancía (WTO, 2023). Los nuevos conocimientos científicos y los asombrosos adelantos tecnológicos de las últimas décadas, surgidos principalmente de las universidades y de los institutos de investigación del hemisferio norte, no resolvieron la pobreza, el hambre ni la preservación del planeta. Mientras tanto, generaban gigantescas fortunas para unos pocos multimillonarios y se deterioraba en las universidades la formación de intelectuales autónomos y críticos y la producción de cultura humanística.

La política global del imperialismo fue aplicada fielmente por los gobiernos de derecha de Carlos Menem, de Mauricio Macri y de Javier Milei, pero no parece suficiente razón para explicar por qué no se lograron o al menos no se intentaron cambios de fondo en las políticas de educación superior y de ciencia durante los gobiernos progresistas, que abarcaron dieciséis de los últimos veinte años en la Argentina. Durante ellos, aunque con altibajos, se mantuvo la tendencia mercantilista.

Además de las diferencias, hubo continuidades y contradicciones

Un aspecto poco explorado, que puede responder al interrogante que acabamos de formular, es la trayectoria de varios actores importantes que ocuparon cargos en gobiernos de diferente signo político durante las últimas décadas. El redactor de la LES fue Juan Carlos del Bello, quien, en 1995, era secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Este funcionario, calificado por Miguel Laborde (2021) como “un hacedor peronista”, ya en 1992 “formuló y negoció el primer préstamo con el BID (PMT I) destinado a la Modernización Tecnológica, creándose el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) en jurisdicción del Ministerio de Economía” (del Bello, 2023), y luego, en 1999, el Préstamo BID PMT II.

Pero la carrera de del Bello no se limitó al período del menemismo. En 2002, fue designado director del Instituto de Estadística y Censos (INDEC) por el presidente también peronista Eduardo Duhalde. Al asumir el progresista Néstor Kirchner, en 2003, “fue asesor del secretario de Ciencia y Tecnología (…) para la formulación y negociación del PMT III con el BID y el inicio de las negociaciones con el BIRF para un préstamo de Ciencia y Tecnología” (del Bello, 2023). Finalmente, en 2007, formuló el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). En 2008, ya bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Educación designó a del Bello rector organizador de la UNRN. Esa universidad pública del sur argentino fue la primera en incorporar en sus órganos de gobierno a representantes del “sector empresario” (UNRN, 2017), una norma estatutaria que rige hasta el presente. Del Bello fue su rector hasta su fallecimiento en 2021.

También resulta llamativo que el propio Carlos Menem, luego de convertirse en abanderado del neoliberalismo, continuó su carrera política dentro del Partido Justicialista y fue senador nacional por la provincia de La Rioja, elegido por ese partido, desde 2005 hasta su muerte, en 2021. Menem tuvo, inicialmente, una postura crítica frente a Néstor y a Cristina Kirchner, pero, en diciembre de 2019, al comenzar el gobierno de Alberto Fernández, se integró al bloque del Frente de Todos (Ybarra, 2019), presidido por Cristina Kirchner.

Otro cruce inesperado de las fronteras políticas ocurrió en 2015. Lino Barañao, hasta entonces ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del gobierno progresista de Cristina Kirchner, fue confirmado por el nuevo presidente, Mauricio Macri, declaradamente neoliberal, para continuar con sus funciones en la misma dependencia, rebajada a secretaría. A pesar de las críticas recibidas de numerosos colegas, Barañao adujo que su continuidad era natural, y permaneció en su cargo hasta el final de su mandato. Su política, ya privatizadora durante el período anterior, se acentuó entre 2015 y 2019.

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Lino Barañao (derecha) recibe a Jim Kim, presidente del Banco Mundial. Buenos Aires, agosto de 2017

Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Noticias, 16/8/2017, http://tux.iar.unlp.edu.ar/prensa/2017-08-16mincyt.pdf

La continuidad de los funcionarios que cruzaron las fronteras entre gobiernos neoliberales y progresistas y viceversa incluyó recientemente un caso extremo. Daniel Scioli, ex candidato a presidente progresista en 2015, es hoy Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del gobierno anarcocapitalista de Javier Milei. Esos cruces son una muestra de que, más allá de matices o altibajos, la orientación general de las políticas educativas y científicas se encuadró, a lo largo de las últimas décadas, dentro de los criterios generales fijados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le continuó pagando montos millonarios en virtud de una deuda cuyo origen fraudulento nunca llegó a investigarse.

Además de las continuidades, también existieron contradicciones, pues algunos sectores de los gobiernos progresistas buscaron honestamente salidas superadoras, aunque el marco político general las hacía inviables. Un ejemplo fue el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, elaborado por el MINCYT mientras fue ministro Daniel Filmus. Su documento preliminar, de septiembre de 2020, afirma que su “marco general estará dado por los lineamientos gubernamentales en materia económica y social” (MINCYT, 2020, p. 15). El texto final del plan, en 2022, desglosa esos lineamientos, explicando que:

La construcción del futuro deseado (…) requiere de una profunda revisión de las caracterizaciones de las nociones de Estado y mercado promovidas durante las últimas décadas a nivel global, que han perjudicado a los países en desarrollo y que el escenario actual de crisis financiera, climática y sanitaria torna perentorio resignificar. (MINCYT, 2023, p. 29)

El “futuro deseado” incluía “erradicar la pobreza y reducir la desigualdad, (…) alcanzar la soberanía alimentaria, (…) fortalecer la democracia, (…) construir una educación inclusiva y de calidad, (…) lograr una salud accesible, equitativa y de calidad” (MINCYT, 2023, p. 35).

Pero cabe preguntarse si estos loables objetivos, muy correctamente formulados en el plan, estaban contemplados realmente en “los lineamientos gubernamentales en materia económica y social” del gobierno. Baste considerar, por ejemplo, que el plan fue presentado oficialmente en agosto de 2022 y que, en enero de 2023, Alberto Fernández designó Jefe de Asesores de la Presidencia a Antonio Aracre, quien había sido durante los últimos 12 años director ejecutivo (CEO) para Latinoamérica Sur de la multinacional agrícola Syngenta, y en cuya formación académica se cuenta un MBA en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y el Programa de Alta Dirección del IAE Business School de la Universidad Austral. Es difícil imaginar que Aracre compartiera con los directivos del MINCYT la necesidad de revisar “las nociones de Estado y mercado promovidas durante las últimas décadas a nivel global”.

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El presidente Alberto Fernández (derecha) con su jefe de asesores, Antonio Aracre, el 3 de enero de 2023

Fuente: Presidencia de la Nación, https://www.casarosada.gob.ar/informacion/actividad-oficial/9-noticias/49514-alberto-fernandez-se-reunio-con-antonio-aracre-nuevo-jefe-de-asesores-de-la-presidencia .

Dos meses después, Aracre renunció a su cargo y, al acercarse las elecciones de octubre, anunció que apoyaría a Patricia Bullrich, en ese momento candidata de Juntos por el Cambio y, más tarde, ministra de Seguridad de Javier Milei, a quien también Aracre pasó a apoyar en los primeros meses de 2024.

La continuidad de funcionarios que cruzan las fronteras partidarias, las contradicciones de los gobiernos progresistas y las sinuosas trayectorias de muchos políticos argentinos permiten inferir que la explicación simplista que atribuye a los gobiernos de derecha o neoliberales la responsabilidad exclusiva sobre la mercantilización educativa es insuficiente. Luego del triunfo electoral de Javier Milei en 2023, varios destacados ex funcionarios de los gobiernos progresistas y personalidades cercanas a su concepción ideológica reconocieron públicamente que la irrupción del mandatario anarcocapitalista no obedecía solamente a un nuevo y difícilmente explicable fenómeno ideológico de masas. También era, en parte, el resultado de errores cometidos por el progresismo. Su actitud autocrítica es un indicio que permite acercarse a una explicación más completa del fenómeno que describimos en este artículo. Y puede ser también un factor que ayude a comprender cuál debería ser la forma de revertirlo.

Conclusiones

Los hechos mencionados en este artículo permiten inferir que los gobiernos locales de derecha o neoliberales no fueron los únicos responsables de la mercantilización o privatización de la enseñanza superior y de la ciencia en la Argentina. Existió, en primer lugar, una fuerte presión de agentes externos, especialmente del Banco Mundial, de otras entidades financieras y de empresas multinacionales, para introducir en el país la tendencia que ya se había difundido en casi todo el mundo en el siglo XX: el modelo empresarial de universidad y el uso de la educación y de la ciencia para satisfacer, principalmente, las necesidades del capital imperialista.

En segundo lugar, los gobiernos progresistas que se sucedieron en la Argentina, y que abarcaron la mayor parte de las dos últimas décadas, no pudieron o no supieron contrarrestar esa tendencia y, aunque en menor medida, fueron partícipes de ella. La existencia en otros países latinoamericanos de situaciones similares, con alternancia de gobiernos de derecha y progresistas, mientras la privatización educativa continuó acentuándose, sugiere que estas conclusiones podrían extenderse a casi toda la región.

Nuestro análisis permite inferir que una alternativa verdaderamente independiente, que oriente la educación, la ciencia y la tecnología hacia la resolución de los problemas básicos del conjunto de la sociedad, sólo será posible mediante el rechazo de los condicionamientos económicos, políticos o culturales provenientes de las grandes potencias dominantes en el mundo y de los organismos financieros que responden a sus intereses.

Luz de humo, anilina y tinta. Carola Ferrero Alonso

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