Fernández Zorrilla, Marcela; Formiglia, Gimena; Molina, Mónica. Mujeres víctimas y sobrevivientes del sistema prostituyente. La extensión como camino a la autonomía. Cuadernos de Extensión Universitaria de la UNLPam, Vol. 9, Nº 1, enero – junio 2025. Sección: Dossier, pp. 50-69 ISSN 2451-5930 e-ISSN 2718-7500.

Mujeres víctimas y sobrevivientes del sistema prostituyente. La extensión como camino a la autonomía

Women victims and survivors of the prostitution system. Outreach as a path to autonomy

Mulheres vítimas e sobreviventes do sistema de prostituição. A extensão como um caminho para a autonomia

Universidad Nacional de La Pampa; Convocatoria Abolicionista Federal, monimmolina65@gmail.com

Este artículo narra la experiencia del Proyecto de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa desarrollado entre el 2022 y 2023, que enfoca la observación participante como estrategia metodológica para el abordaje investigación-extensión del territorio. Para ello, se recupera el aprendizaje experiencial del equipo en conjunto con la Asociación “Juntas para ser libres”, integrada por mujeres víctimas y sobrevivientes del sistema prostituyente. Si bien esta fue la primera intervención extensionista con la organización, el vínculo nos permitió pensar distintos ejes de trabajo, entre ellos, la integralidad y, así, dar los primeros pasos hacia la investigación participativa en territorio. Se explica el proceso de co-construcción de las problemáticas y demandas de la organización, y de las propuestas resolutivas con la Asociación que colaboran con su proceso de transformación hacia la autonomía y empoderamiento. Además, se abordan los conceptos teóricos que atravesaron nuestro proyecto y accionar.

Palabras clave: extensión universitaria; prostitución; integralidad; abolicionismo; observación participante.

This article narrates the experience of the University Extension Project of the National University of La Pampa developed between 2022 and 2023, which focuses on participant observation as a methodological strategy for the research-extension approach to the territory. For this purpose, the experiential learning of the team is recovered in conjunction with the Association ‘Together To Be Free’, made up of women victims and survivors of the prostitution system. Although this was the first extension intervention with the organization, the link allowed us to think about different axes of work, including integrality, and thus take the first steps towards participatory research in the territory. The process of co-construction of the organization's problems and demands is explained, as well as the proposals for solutions with the Association that collaborate with its process of transformation towards autonomy and empowerment. In addition, the theoretical concepts that have been used in our project and actions are discussed.

Keywords: university extension; prostitution; integrality; abolitionism; participant observation.

Este artigo narra a experiência do Projeto de Extensão Universitária da Universidade Nacional de La Pampa, desenvolvido entre 2022 e 2023, que se concentra na observação participante como estratégia metodológica para a abordagem de pesquisa-extensão do território. Para isso, a aprendizagem experiencial da equipe é recuperada em conjunto com a Associação “Juntas para ser livres”, formada por mulheres vítimas e sobreviventes do sistema de prostituição. Embora essa tenha sido a primeira intervenção de extensão com a organização, o vínculo nos permitiu pensar em diferentes eixos de trabalho, incluindo a integralidade, e assim dar os primeiros passos em direção à pesquisa participativa no território. É explicado o processo de coconstrução dos problemas e demandas da organização, bem como as propostas de soluções com a Associação que colaboram com seu processo de transformação rumo à autonomia e ao empoderamento. Além disso, são discutidos os conceitos teóricos que foram utilizados em nosso projeto e ações.

Palavras-chave: extensão universitária; prostituição; integralidade; abolicionismo; observação participante.

El Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) titulado "Empoderamiento legal y abordaje interdisciplinario sobre el sistema prostituyente: Conocer para prevenir y transformar"^[1] estuvo integrado por personas de distintos claustros y unidades académicas de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Participaron docentes de Abogacía, Comunicación Social y del Profesorado de Letras, así como estudiantes de estas disciplinas e Historia. También formaron parte del equipo personas graduadas de Abogacía y personal nodocente. La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas constituyó la unidad académica de ejecución del proyecto.

Se trató de una propuesta de intervención^[2] que se vinculó con un grupo de mujeres, referentas territoriales sociales, que estaban nucleadas informalmente como una delegación local en la organización nacional Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH)^[3]. Con el devenir de la propuesta se convirtieron en la Asociación Civil “Juntas para ser libres”, que se diferencia de la original. Según los temas y contextos, resultó un abordaje multi e interdisciplinario.

Esta iniciativa parte desde un posicionamiento ideológico y teórico jurídico, vinculado con la doctrina abolicionista, el empoderamiento legal, el acceso a derechos y la autonomía económica, que propone generar herramientas para enfrentar los efectos del sistema prostituyente y de las violencias padecidas durante sus vidas.

Respecto de la estructura general del artículo, iniciaremos con la caracterización de la Asociación, quiénes la integran, su vinculación entre ellas y con el entorno social, el funcionamiento de la organización y las problemáticas que las atraviesan individual y colectivamente. Luego, desarrollaremos algunas definiciones o conceptos teóricos que fueron transversales en la labor extensionista. Avanzaremos con la propuesta metodológica utilizada durante la experiencia y explicaremos cuáles fueron las actividades realizadas y el modo en el que se concretaron. Por último, abordaremos el impacto institucional, personal y comunitario de la propuesta, así como también los desafíos y puntos críticos hallados en el transcurso.

Esta iniciativa de extensión surgió a partir de un diálogo con las integrantes de la Asociación, previo contacto e intermediación de otras organizaciones y referentas sociales^[4] vinculadas a ellas. Desde el comienzo, se promovió una polifonía de voces que permitió construir en conjunto un diagnóstico como también proponer ideas, soluciones o solo reflexionar sobre el estado de situación. Este proceso permitió la apertura a muchos ejes de trabajo: interdisciplinariedad entre comunicación y derecho, articulación entre docencia, extensión e investigación, vinculación con materias específicas como Prácticas Comunitarias, soporte de gestión ante organismos públicos, entre otros.

A los fines de caracterizar a la Asociación y de esa manera brindar una fotografía del contexto de ese momento y sus problemáticas, explicamos algunos indicios, unos más concretos que otros. En la organización participaban entre diez y doce mujeres que brindaban apoyo y colaboración a otras cincuenta mujeres aproximadamente, que transitaban la situación de prostitución y deseaban abandonarla; o bien, eran sobrevivientes. Estas circunstancias hacían que su participación sea intermitente. Blanca Torino, sobreviviente de prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual, se presentó como militante abolicionista, y es hasta la actualidad la referente principal de la organización y nuestra interlocutora.

La organización, hasta la finalización del proyecto de extensión, estaba ubicada en un espacio físico cedido de manera precaria –sin convenio– por la Municipalidad de Santa Rosa, en la sede de la Comisión Vecinal de Villa Santillán. Allí tenían un ropero comunitario, recibían donaciones o asistencias alimentarias de los organismos públicos que eran distribuidos a sus compañeras, ofrecían un taller de costura y actividades de panificación que un grupo de sus integrantes iniciaron como emprendimiento para aportar a su autonomía económica.

Desde el equipo extensionista nos acercamos a estas realidades individuales y colectivas, en las que la violencia y los entornos hostiles son elementos que están naturalizados en sus vidas. Ellas se percibían como parte de un grupo: víctimas y/o sobrevivientes del sistema prostituyente. De acuerdo con su propia caracterización, la forma de relacionarse es distinta al resto de las personas, especialmente en un proceso judicial o institucional. Se requiere una observación atenta para comprender que han sido mujeres vulneradas en sus derechos; por lo que varias demostraron inseguridad o incomodidad al hablar con nosotras. Muchas de ellas padecían enfermedades producto de la vida a la que fueron sometidas, abusos, maltratos, violencias que van desde lo físico, psicológico o emocional, hasta la privación de la atención de dolencias que han derivado en afecciones crónicas. En las conversaciones, surgió que las adicciones fueron una salida para sobrellevar las situaciones de horror, asco y cansancio. En algunos casos, relataron que consumieron por placer o para conocer. Ellas reconocen la necesidad de contar con apoyo psicológico real y continuo, y para ello no se cuenta con una política pública provincial específica, como tampoco se encuentra implementado el Programa Integral de Asistencia, Prevención y Oportunidades para el Desarrollo para Víctimas de Trata y Prostitución^[5]. Ante esta desprotección estatal y ausencia de respuestas operativas de organismos públicos, se convirtieron en un grupo de acompañamiento y contención para sí mismas y para otras.

En cuanto a su funcionamiento, el grupo de mujeres estaba organizado para gestionar el salón de manera colaborativa. Entre ellas se asignaban tareas y roles específicos que implicaban la administración del local, la organización de las distintas actividades que desarrollaban y la planificación de eventos especiales, como el día de las infancias o de la madre. Asimismo, se ocupaban de la distribución de los recursos materiales que gestionan ante los organismos públicos. Manifestaban multiplicidad de necesidades y problemas jurídicos, judicializados o no, del ámbito civil (responsabilidad parental, cuota alimentaria, régimen comunicacional), penal (abusos, violencia familiar, policial, institucional, etc.) y administrativo (reclamos ante entidades bancarias, y gubernamentales del orden municipal y provincial). También se trataron temas de naturaleza social y económica. Un problema recurrente entre la mayoría de las adherentes era la problemática habitacional. Al no contar con una vivienda o recursos para pagar un alquiler, representaba una situación de desventaja, que las hacía sentir atrapadas y expuestas a situaciones de violencia.

Nos encontramos con entornos sociales atravesados por vulnerabilidad, carencia de recursos, ausencia de intervención estatal, violencias, red de relaciones de poder de la cual todos han usado y abusado de una necesidad. Fueron historias de madres, hermanas, amigas, vecinas y parientes, que reconocieron la existencia de otra forma de vivir. Muchas de ellas quisieron estudiar, desearon aprender oficios y un futuro distinto para ellas, sus hijas e hijos. Sus relatos nos enfrentaron a situaciones de abusos, maltratos, desigualdad de oportunidades, opresión económica, entre otros tipos de violencias y problemáticas jurídicas en general, distintos a los estudiados o conocidos de casos teóricos. A partir de los problemas planteados por las referentas y los surgidos durante el desarrollo del PEU, se generaron instancias de escucha activa y de diálogo. Estos espacios permitieron crear herramientas eficaces para interactuar y comunicar a la sociedad y a organismos la situación de vulnerabilidad social que atraviesan.

Iniciamos este abordaje desde la perspectiva de la extensión crítica. Se trató de un aprendizaje situado, atravesado por la cultura, factores económicos, sociales y políticos que brindan herramientas para comprender la complejidad que caracteriza la temática, por lo cual requirió conocer el contexto y respetarlo. En ese sentido, este encuentro de saberes favoreció la construcción de otros nuevos y permitió la elaboración de soluciones posibles a las necesidades y demandas del actor social.

Al hablar de extensión, necesariamente debemos recuperar la noción de integralidad (Tommasino, 2022), identificada por Gustavo Menéndez (2023) como un potencial de transformación institucional que permite reflexionar acerca de otras formas de aprendizaje y enseñanza, y de construir espacios de encuentro entre sociedad y universidad donde se dialoguen los saberes. Además, constituye un movimiento que pone en el centro de la formación académica la interacción con la comunidad (Kaplún, 2014).

Son estos parámetros de integralidad, procesos dialógicos y con carácter transformador de la extensión los que permiten profundizar en el conocimiento acerca de la complejidad que entraña el sistema prostituyente. Por ello, conocer sus causas, sus consecuencias se torna necesario a la hora de comprender el impacto que genera en las víctimas y de avanzar de manera consciente de sus procesos individuales en las tareas relativas al recupero de datos.

La prostitución es expresión visible del sistema prostituyente que raramente es cuestionada por la sociedad. Sin embargo, es una institución fundacional del patriarcado y, como explica Carole Paterman (en Cobo 2017), una parte del contrato sexual. Por ello, si bien este proyecto acota su universo con mujeres de sectores vulnerables, pobres; entiende a la prostitución como una institución patriarcal. La subordinación de la sexualidad de las mujeres al dominio masculino y de la lógica de mercado está presente en cualquier clase social.

De esta manera, se cimenta la doble opresión hacia las mujeres, económica y sexual, mediante la cual la masculinidad es dominante y, a la vez, abusiva e indiferente en lo emocional. Así, las mujeres pasan a ser sujetos meramente sexuales. En relación con la opresión económica, Jeffreys (2011) sostiene que a partir de la década del 80 los gobiernos dejan de lado el consenso acerca de que la prostitución no debía legalizarse como trabajo y se produce un cambio, al transformar esa condena internacional en una mirada mercantilista al fragor de las políticas neoliberales. Entonces, el negocio prostibulario, adquirió legalidad y se transformó en una industria.

En Argentina, la prostitución es reducida a un debate dicotómico entre posiciones antagónicas: abolicionista y regulacionista. El abolicionismo considera a las mujeres como seres humanos con plenos derechos y por eso la prostitución no es sexo ni trabajo, sino que se trata de violencia sexual. Asimismo, centra sus ejes en perseguir y sancionar al proxeneta, al prostituyente, eufemísticamente llamado “cliente” y concientizar a la sociedad por la igualdad contra la violencia sexual. En cambio, el regulacionismo concibe a la prostitución como “trabajo” y de esa manera busca legitimarla –la explotación sexual– a través de un andamiaje normativo y la reproducción de mitos sobre la prostitución, entre ellos que “es el oficio más antiguo del mundo” o aquel que sintetizan diciendo: “lo hacen porque les gusta”. Abonando a estos mitos, Rosa Cobo (2017) sostiene que el conjunto de prejuicios y estereotipos es muy amplio y se reelabora para producir nuevas legitimaciones.

No cabe duda de que la expresión “ninguna mujer nace para puta”, de la activista abolicionista y sobreviviente del sistema prostituyente Sonia Sánchez, es una interpelación directa al orden patriarcal.

Además de la dimensión económica que adquirió el sistema prostituyente como parte de la economía global, la dimensión lingüística a través de las narrativas prostibularias fue “normalizando” lo prostitucional como algo inocuo. El lenguaje es parte de ese andamiaje que eufemísticamente otorga legalidad a la violencia sobre los cuerpos y subjetividades de las mujeres. Así, el prostíbulo se transformó en un lugar de esparcimiento, una mujer prostituida en una “alternadora”; un proxeneta o regente de casa de citas en un empresario o empresaria. Estas transformaciones culturales, favorecidas por los vientos de paradigmas económicos de la libertad de mercado, reproducen nuevas formas de captación y explotación de la sexualidad de las mujeres, las adolescentes, las niñas, a través de las plataformas como Only Fans, Sugar daddy, entre otras.

Por ello, este sistema prostituyente requiere de una mirada multidisciplinar e integral para comprender su lógica de funcionamiento y por la complejidad que representa. De allí que los abordajes en la esfera de la comunicación deben tender a correr el velo de lo que encubre el sistema para desnaturalizar la prostitución –del cuerpo de las mujeres convertido en mercancía–, explicar sus causas y los nexos con delitos como la explotación sexual y la trata de personas como parte de las modalidades de violencia hacia las mujeres (Decálogo Red PAR, 2020).

En efecto, no hablaremos de “trabajadora sexual”, sino de una mujer o persona prostituida. En esta dimensión del lenguaje interesa analizar cómo es utilizado y cómo cambia según el sujeto que comete la acción. Esta acción de prostituir es llevada adelante por un sujeto que es invisibilizado: el varón prostituyente, al que habitualmente se lo llama “cliente” y es quien paga por sexo. Otro actor que es parte del engranaje es el proxeneta, regente o rufián al que, en un proceso de legalización y naturalización de la prostitución como industria, se lo identifica como “empresario”. Estas narrativas prostibularias encubren la responsabilidad en el delito y reproducen la naturalización de una práctica de violencia y explotación mercantil de los cuerpos de millones de mujeres a escala global.

Otro aspecto para problematizar e interpelar la existencia del sistema prostituyente es el territorio. Por un lado, el propio cuerpo de las mujeres prostituidas es un cuerpo para “servir” a otros/as, en el que se practica el extractivismo de la sexualidad y la subjetividad para generar ganancias, también para otros/as. Por otra parte, el territorio desde una perspectiva amplia no sólo como espacio jurídico político que configura una cartografía delimitada sino también como escenario relacional, donde existe una red de relaciones de quienes son sometidas a la prostitución, primero excluidas y expulsadas, explica Cobo (2017). Aquí, se conjuga la cuestión de clase, se trata de mujeres sin recursos, pobres que son excluidas y luego expulsadas a otros territorios, sea dentro de su propia jurisdicción nacional o bien de países empobrecidos a otros de economías dominantes. En efecto, coincidimos con Cobo (2017) cuando afirma que son despojadas de su propio cuerpo.

Entra en juego en este momento la figura y rol del Estado, que desaparece de sus funciones ante la cuestión de la vulnerabilidad social; es decir, de la condición social de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de las mujeres. Se considera “personas en situación de vulnerabilidad”^[6] a aquellas que, por razón de edad, sexo-género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos^[7].

En relación con el rol del Estado, es necesario considerar que el plexo normativo vigente en Argentina está posicionado desde el paradigma abolicionista. En este sentido, y teniendo en cuenta que este proyecto está centrado en mujeres de sectores populares víctimas del sistema prostituyente, es que conviene considerar la legislación que constituye la base para las políticas públicas. Este aspecto no es menor, puesto que en 1913 se sancionó la primera ley en el mundo contra la explotación sexual de mujeres y niñas, conocida como "Ley Palacios", luego en 1936 la Ley 12331, llamada Ley de profilaxis o de prohibición de los prostíbulos en el territorio nacional. Constituyen la base del paradigma abolicionista en materia de legislación. Por otra parte, el Estado argentino es signatario de la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949. Este tratado internacional de derechos humanos considera en su preámbulo a la prostitución y la trata incompatibles con la dignidad humana^[8].

Ya en el siglo XXI, a la luz del caso Marita Verón, se sanciona en el 2008 la Ley 26364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas; y en el año 2012, producto del escandaloso fallo del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán sobre su desaparición, se aprueba la Ley 26482, mediante la cual se introdujeron cambios en el Código Penal argentino, entre ellos se considera irrelevante el consentimiento de las víctimas mayores de edad.

Además, interesa a este proyecto por la pertinencia respecto de las políticas de Estado la Recomendación General N.º 38 (2020) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) que entre otras consideraciones insta a los Estados a desincentivar la demanda (varón prostituyente) que propicia la explotación y conduce a la trata. Desarrollado el posicionamiento de nuestro país en la temática, avanzamos en el recorrido realizado por el equipo extensionista. Se pretendió afianzar las acciones que devienen de la escucha de las narrativas de las sobrevivientes de prostitución. Así, como en un primer momento observamos la falta de posibilidades reales para ejercer sus derechos, en especial, el acceso a la justicia. Este proyecto sitúa al concepto de acceso a la justicia como uno de los pilares centrales para garantizar y vehiculizar el acceso a los derechos de los sectores más vulnerados^[9]. A pesar de ser considerado un derecho humano fundamental en la práctica, existen un sinfín de barreras (por ejemplo, un excesivo tecnicismo a una comunicación asimétrica) que impiden su concreción efectiva. En otras palabras, obstaculizan y profundizan la vulnerabilidad de las integrantes de la organización. Sin embargo, para reconstruir un camino hacia la restitución de derechos, es necesario afianzar la mirada de la problemática desde un enfoque más abarcativo, puesto que no puede ser interpretado de forma aislada, sino que tiene su correlato con el derecho a la información, definiéndose como la posibilidad de la persona a acceder a un conocimiento suficiente y acabado sobre un derecho (Abramovich y Courtis, 2000). De esta manera, el derecho a la información se entiende como un instrumento para el ejercicio de un derecho.

Las mujeres, integrantes de la reciente Asociación Civil “Juntas para ser libres”, avanzaron en la constitución de su propia organización afirmando su condición jurídica. Obtener su personería jurídica les demostró que, a través del saber, la información y el acompañamiento de instituciones públicas como la Universidad era posible consolidar objetivos como el acceso a la vivienda y modos de producción colaborativos como mecanismos de ingresos para alcanzar su autonomía.

En miras a operativizar la integralidad de las funciones frente a las conexidades que las acciones o temas presentaban, se fomentaron alternativas de trabajo bajo la premisa esencial de crear ambientes colaborativos de aprendizaje mutuo y acción conjunta.

El equipo extensionista se organizó en grupos de trabajo, cada uno de ellos, de forma interdisciplinaria, desarrolló sus actividades de acuerdo a su modalidad específica de trabajo. Paralelamente a esta estructura interna, se mantuvo una mesa de trabajo constante con las referentas de "Juntas para ser Libres", coordinadoras, directora y codirectora del PEU. Este espacio fue fundamental para que ellas expresen los intereses y necesidades específicas de la organización, asegurando que las acciones y enfoques se alineen de manera directa con sus demandas y objetivos. En esta primera etapa todas las integrantes o referentas participaron de un taller introductorio sobre los mitos que rodean a la prostitución y al sistema prostituyente.

En la esfera de la comunicación, se definieron pautas de trabajo e integración del grupo, se acordó con la organización sobre las necesidades comunicacionales prioritarias y la realización de producciones en distintos formatos para su socialización.

Respecto de las demás áreas (Abogacía, Licenciatura en Administración con Orientación en Emprendedurismo, Contador/a Público/a, Profesorados de Historia y Letras), se propuso co-construir espacios de diálogo y creación de nuevas estrategias que faciliten el trabajo colaborativo y horizontal dentro de la Asociación, mantener la escucha activa y receptiva para planificar futuros encuentros-talleres de índole jurídica; colaborar en el desarrollo de habilidades de redacción y técnicas de comunicación que les permitan desenvolverse en los espacios públicos y burocráticos estatales.

Si bien la labor extensionista estuvo distribuida por grupos de trabajo, el propósito del equipo ha sido realizar las intervenciones y tareas desde una mirada interdisciplinar y transversal. Las actividades planteadas fueron interpeladas por todas las personas que integramos la propuesta.

Por otro lado, la multiplicidad de aristas que presentó esta realidad y contextos permitió la concreción de las prácticas territoriales comunitarias como espacios de aprendizaje obligatorios para el estudiantado de las carreras de grado. Las prácticas les propusieron vínculos con el medio desde la praxis, a partir de las que se ejercitan sobre los conocimientos teóricos adquiridos y se enriquecen con los saberes y la experiencia de la comunidad (Boffeli y Sordo, 2016).

En cuanto a la estrategia metodológica de la línea investigativa, y teniendo en cuenta los avances y límites, consideramos que la experiencia realizada en este tiempo nos colocó ante un aprendizaje que nos interpela respecto de la percepción de la temática y la técnica metodológica para abordarla (entrevistas), en distintas dimensiones. Por un lado, consideramos el aspecto del tiempo del equipo extensionista como parte de un proceso que requirió profundización conceptual y de comprensión de la complejidad objetiva y subjetiva de diversos contextos propios del grupo social que, a priori, manifiesta reticencia por falta de confianza. Por otro lado, es necesario saber que las personas que han vivido situaciones traumatizantes como la violencia de la prostitución utilizan como mecanismo de defensa la disociación, puesto que en sus vivencias se les hace necesario olvidar, adormecer determinadas dolencias para seguir con su vida. A su vez, este aspecto vinculado a la confianza para relatar hechos de su vida les genera angustia. Si bien estos nudos que surgían en el transcurso de los diálogos podrían haber sido definidos como obstáculos, pensamos que también constituyeron parte del proceso de aprendizaje conjunto.

En el apartado anterior se mencionó que el equipo extensionista acordó distribuir las tareas en grupos de trabajo. Cada grupo, coordinado por una integrante, diseñó las actividades e informó sobre los avances y contingencias que sucedían en la diaria. Esto permitió evaluar y pensar nuevos caminos de acción según los casos. En el desarrollo de las labores, se confeccionó un registro de campo que incluye las actividades, observaciones, resultados y desafíos, organizados cronológicamente.

La planificación de las distintas actividades respondió a las necesidades y demandas de la organización e inclusive, del equipo de trabajo. Es así como se crearon cuatro (4) grupos, y cada uno abordó una de las temáticas acordadas. El primer grupo atendió aquellas cuestiones vinculadas a los organismos públicos y, específicamente, a la necesidad de aprender sobre los medios de vinculación, como son las notas, recursos, entre otros.

El segundo grupo trató la problemática habitacional, a través de la redacción de un proyecto legislativo que contempló el cupo habitacional en planes de vivienda para víctimas y sobrevivientes del sistema prostituyente en condiciones de vulnerabilidad. En este caso, la propuesta tuvo su presentación oficial, tanto en el Poder Legislativo provincial donde se explicó en cada bloque partidario la necesidad e importancia de establecer un tratamiento desigual mediante una ley de acción positiva, que favorezca al grupo vulnerable de mujeres en recomposición a sus derechos, al momento de adjudicación de las viviendas sociales. También se realizó una actividad de divulgación dirigida a la comunidad universitaria y sociedad en general, en el Día Internacional de la Mujer en el 2023, acompañadas por la activista abolicionista Sonia Sánchez.

El tercer grupo trabajó sobre los problemas jurídicos y comunicacionales, el cual tuvo dos (2) líneas de actuación. La primera de ellas estuvo enfocada a tareas de comunicación tanto para las integrantes del equipo extensionista, mujeres de la organización, como también al público en general. A partir de septiembre de 2022, se realizó un taller introductorio, cuyo objetivo fue interpelar y reflexionar sobre el lenguaje prostibulario, es decir la construcción de narrativas sociales y jurídicas que naturalizan la prostitución como “trabajo” (algunos ejemplos: “oficio”, ejercicio de la profesión más antigua del mundo”, “cliente”, “servicio”, “trabajadora sexual”, “alternadora”, “copera”, “creadora de contenido”), y comenzar así el camino de transformación de nuestras prácticas culturales y normativas legales, que forman parte de un entramado social, político y jurídico. Mientras que, la línea de actuación restante se dedicó a realizar actividades de tipo jurídico referido a asuntos civiles, penales y administrativos, y otras, de naturaleza económica y social. Por ello, se propiciaron espacios de diálogo para pensar estrategias de acción que fomenten su autonomía económica (presentación a una convocatoria nacional^[10]) y fortalezcan su percepción como personas con derechos^[11].

El último grupo, con la intención de integrar la investigación, realizó entrevistas a las integrantes de la Asociación.

Como se explicó en el apartado anterior esta labor no fue concluida debido a las dificultades de la técnica de entrevista elegida ya que no hubo un vínculo afianzado que propicie una mayor apertura de las personas entrevistadas. Asimismo, no todas las mujeres accedieron y respondieron, algunas se mostraron arrepentidas por revivir situaciones de violencia, que niegan, o minimizan al momento de contar su historia, con expresiones tales como: “yo lo hago porque quiero”; “a mí nadie me obliga”; “puedo dejar cuando quiera o lo puedo manejar”; “hay familia involucrada no quiero quede en la entrevista”; “era la mayor pero me casé y me fui sino me tocaba a mí”; a su vez, relatan situaciones de violencia de las que han escapado como anécdotas divertidas, como “una aventura” según sus propias palabras. En síntesis, revisamos el método y técnicas seleccionadas, y elaboramos una nueva propuesta de investigación acción participativa a partir de la técnica de observación participante directa y en contextos naturales en términos de Yuni y Urbano (2014).

Por último, se destaca la estrategia de vinculación con las Prácticas Comunitarias, consistente en un eje de trabajo pautado a medida que se desarrollaba la propuesta de intervención y frente a demandas concretas de la organización. En vista a la intención de crear su propia Asociación, en el 2022 un grupo de estudiantes de la carrera de Abogacía participó de la orientación y diseño estatutario, así como en la gestión del trámite administrativo para la inscripción de la Asociación Civil, el cual fue seguido desde el equipo del PEU ante escribano, hasta la inscripción y número de registro final. En el segundo semestre del 2023, otro grupo de estudiantes de la carrera de Tecnicatura Contable Impositiva y de la Licenciatura en Administración con Orientación en Emprendedurismo intervinieron en acompañar al grupo dedicado a emprender la producción de panificados, para quienes diseñaron una propuesta de gestión de costos y confeccionaron una guía para la solicitud y rendición de subsidios provinciales. Ambas iniciativas se articularon con el estudiantado que se postuló y construyó un diagnóstico con ellas, supervisadas desde la dirección de este proyecto de extensión.

Durante el desarrollo de la propuesta se presentaron desafíos tales como los acontecimientos propios del contexto socio económico y político nacional que paralizaron actividades relacionadas a emprendimientos, sumado a la suspensión de programas sociales con los que sobreviven, y se acrecentó la intermitencia en la participación de las mujeres que forman parte de la Asociación. Esto detuvo por un tiempo o dilató, según los casos, la concreción de los objetivos para avanzar hacia una autonomía económica y empoderamiento personal, como también retrasó el proceso de integración completa de la organización.

Al mismo tiempo, se percibieron fortalezas para continuar el trabajo conjunto, entre las que destacamos la intervención multi e interdisciplinar, los lazos de confianza que establecimos con Juntas para ser Libres y el compromiso en el acompañamiento y colaboración para su autonomía integral. Con el transcurso de la propuesta, se ha logrado con algún sector una verdadera vinculación con organismos públicos y organizaciones colectivas relacionadas a la realidad, lo que generó redes de contacto y contención para las mujeres.

En la próxima etapa de interacción e investigación, en la que hemos establecido vínculos y canales de comunicación con otras integrantes del grupo, con espacios de diálogos, la observación participante será la técnica adecuada para tener un registro detallado de entornos y conductas en situaciones diversas durante las actividades de la organización; no de manera aislada, sino que se pretende como afirma Lucía Sanjuán Núñez, siguiendo a Guasch: “realizar un esfuerzo por desarrollar una mirada consciente, orientada y entrenada que trata de aprehender la realidad en su contexto completo” (2019, p. 7).

Esta experiencia extensionista ha reforzado la cohesión entre diferentes actores de la sociedad y ha permitido un intercambio valioso de saberes y perspectivas, mediante espacios de divulgación y reflexión sobre las problemáticas que atraviesan, en los que participaron estudiantes, docentes y nodocentes de otras unidades académicas, que se interesaron en el fomento del proceso de transformación participativa y colaborativo para empoderar de manera integral a las mujeres involucradas. Así, se favoreció un cambio de percepción respecto de la accesibilidad al espacio institucional universitario, ello si tenemos en cuenta expresiones como “increíble para nosotras estar acá”.

Consideramos que la propuesta, desde lo curricular, nos ha interpelado en cada respuesta u opinión, por tratarse de una realidad ajena a lo disciplinar, escondida u oculta en tanto no figura en los estudios de casos de violencia, de delitos o de afectación de derechos. La temática presenta visiones que suelen estar fracturadas ideológicamente –reglamentarismo, prohibicionismo, abolicionismo–, con lo cual se evita tomar posicionamientos desde lo jurídico e impide estudiar una realidad atravesada por todo tipo de violencias, que padecen la exclusión social y la falta de políticas públicas que las contenga y considere preferentemente vulnerables.

El impacto alcanzado fue significativo y alineado con los objetivos generales. En primer lugar, logramos colaborar en el empoderamiento de derechos, especialmente en el acceso a la justicia. Si bien la medición cualitativa de este resultado requerirá tiempo a largo plazo para manifestarse plenamente en el desenvolvimiento organizacional e individual, es posible anticipar que el acompañamiento, la escucha y las respuestas brindadas serán fructíferos en el fortalecimiento de sus autonomías. Nos referimos a acciones que podrán llevar adelante de manera colectiva o individual, como por ejemplo participar en el funcionamiento de su organización; vincularse y gestionar formalmente ante organismos públicos o privados; al ejercicio de derechos como presentaciones ante defensorías públicas; calcular costos de los insumos para definir precios en la actividad de producción que emprendan, entre otras.

Por otro lado, en relación con contribuir desde la comunicación para la prevención y transformación, abordamos nociones conceptuales esenciales para la formación de buenas prácticas con perspectiva de género y abolicionista en la deconstrucción de los discursos prostibularios sobre la complejidad del sistema prostituyente.

La incorporación del derecho a la información y el uso del lenguaje no sexista, abordados desde el paradigma abolicionista, posibilitó la introducción de herramientas narrativas necesarias para la comprensión de la complejidad de la problemática. Esto se debe a que el sistema prostituyente está arraigado como un constructo naturalizado en distintos ámbitos de formación y en la sociedad en su conjunto.

En cuanto a la autogestión, brindamos apoyo en incentivar y acompañar las iniciativas de emprendimientos que hacen a su autonomía económica, que nos muestran la necesidad de trabajar de manera colectiva, profundizando el acceso a derechos y la prevención para proporcionar herramientas de empoderamiento, prevención y transformación de la realidad del grupo vulnerable, para aminorar las desigualdades de género presentes en cada comunidad.

Respecto de la curricularización de la extensión (prácticas comunitarias), nos permitió conocer a las actoras sociales, sus necesidades y construir distintos ejes problematizadores. En este sentido, el resultado ha sido positivo para quienes intervenimos de manera consciente sobre la responsabilidad social universitaria, nos sentimos parte del problema, protagonistas de las decisiones junto a ellas, y desde ese rol desde cada disciplina y profesión pensamos y propusimos soluciones para transformar y mejorar sus realidades.

Por último, la experiencia permitió recuperar aprendizajes de las distintas líneas de intervención y proponer como equipo la profundización de las acciones de extensión, en la intersección de saberes acerca de la existencia de la prostitución como institución patriarcal extendida en nuestra sociedad. Por lo tanto, lejos de ser un oficio, y mucho menos 'el más antiguo de la humanidad', la prostitución constituye, en realidad, una de las formas más antiguas de violencia contra las mujeres.

Boffelli, M. y Sordo, S. (2016). Fundamentos y perspectivas desde donde pensar la integración de la docencia y la extensión en la Universidad Nacional del Litoral. +E: Revista De Extensión Universitaria, 6 (6), 16–23. https://doi.org/10.14409/extension.v1i6.6309.

Cobo Bedía, R. (2017). La prostitución en el corazón del capitalismo. Editorial Catarata.

Jeffreys, S. (2011). La industria de la vagina. La economía política de la comercialización global del sexo. Editorial Paidós. Entornos 11.

Menéndez, G. (2023). Una mirada crítica a la integralidad de las funciones sustantivas. Interrogantes y desafíos en torno a una perspectiva en construcción. +E: Revista De Extensión Universitaria, 13 (19), 1-21. https://doi.org/10.14409/extension.2023.19.Jul-Dic.e0004.

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Sanjuán Núñez L. (2019). La Observación Participante. Editorial Universitat Oberta de Catalunya.

Tommasino, H. (2022). Modelos de extensión e integralidad en universidades públicas. En V. Parenteli (Coord.). Integralidad revisitada: abordajes múltiples y perspectivas (pp. 15-37) Doble clic-Editoras. https://bit.ly/43m9466.

Yuni, J. A. y Urbano, C. (2014). Técnicas para Investigar: recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación. Editorial Brujas.

[1] El proyecto fue aprobado por la Resolución Nº 117/2022 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa. Fue dirigido por la docente Esp. Marcela Fernández Zorrilla y codirigido por la Lic. Mónica Molina.

[2] El PEU inició en septiembre de 2022 y culminó en agosto de 2023. Se continuó con las labores en Proyecto de Extensión (PEU) titulado “Juntas para empoderar, formar y multiplicar. Hacia una autonomía integral de víctimas y sobrevivientes del sistema prostituyente”, aprobado por Resolución N.° 475/2023 del Consejo Superior.

[3] AMADH es una organización no gubernamental que se dedica a luchar contra la violencia hacia las mujeres. https://mujeresporlosderechoshumanos.wordpress.com/.

[4] Foro Pampeano por el derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito: https://abortolegal.com.ar/ y Convocatoria Abolicionista Federal https://convocatoriabolicionistafederal.blogspot.com/ .

[5] Aprobado por Ordenanza Municipal N.° 4477/11. Publicado en el Boletín Oficial Municipal de Santa Rosa, Año XVI N°210, 9 de noviembre de 2011.

[6] Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Sección 2 punto 1.

[7] De acuerdo con el Programa Integral para la Prevención, Asistencia y Oportunidades para el Desarrollo para Víctimas de Trata de Personas por Explotación Sexual y Prostitución (aprobado por Ordenanza Municipal de Santa Rosa N.º 4477/11), se considera que “estas personas, cuyos cuerpos son invadidos permanentemente, a través de los años sufren consecuencias de tal gravedad que sólo son comparables a las de quienes han sufrido tortura física y psicológica”.

[8] La Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1949) establece que se castigará a toda persona que para satisfacer las pasiones de otra concerte o explote la prostitución de otra persona (art. 1) y a toda persona que mantenga una casa de prostitución, administre, la sostenga o participe en su financiamiento (art. 2). https://bit.ly/4134UC6.

[9] Según la Organización de Naciones Unidas, “el acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones”. https://bit.ly/3WivaEX.

[10] El Programa Producir fue una propuesta del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de Nación que busca fortalecer la independencia económica de las mujeres y LGTBIQ+ que atravesaron o atraviesan situaciones de violencia de género, a través del financiamiento y el apoyo técnico a proyectos productivos que llevan adelante las organizaciones comunitarias –con o sin personería jurídica– que integran en todo el país. Esta fue aprobada por la Resolución Ministerial N.º 186/2021. Este Programa se enmarcó en una política de género, igualdad y diversidad implementada a partir de la Ley N.º 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y la Ley N.º 26743 de Identidad de Género.

[11] En abril de 2023 se realizó el encuentro “Rompiendo el silencio: taller sobre violencia de género y abuso infantil”, organizado y diseñado por el grupo de índole jurídica. El tema fue a solicitud de las integrantes de la organización, como parte del devenir de la dinámica extensionista territorial propuesta, no habiendo reconocimiento institucional específico. Se realizó en el local de Villa Santillán, donde funcionó la Asociación.