ARTICULOS

H�BITAT/ G�NERO/ INCLUSI�N: Reflexiones sobre la(s) desigualdad(es) y los desaf�os de la agenda urbana.

HABITAT / GENDER / INCLUSION: Reflections on the inequality (s) and the challenges of the urban agenda

Czytajlo Natalia

Universidad Nacional de Tucum�n

CONICET

Resumen
El estudio sobre la(s) desigualdad(es) ocupa hoy un espacio relevante en los aportes acad�micos recientes desde miradas que suponen privilegiar categor�as generalmente omitidas, superando un foco tradicional que prioriza las desigualdades de ingresos. Tambi�n se analiza el espacio urbano en la (re)producci�n de la desigualdad social en las ciudades latinoamericanas (Segura, 2014). La predominancia de la desigualdad en el esquema centro-periferia de estructuraci�n metropolitana, se�ala Caldeira (2000), refuerza el modelo de ciudad que no consigue vencer las barreras invisibles colocadas cotidianamente en la vida de la poblaci�n. Tales barreras se redimensionan a partir de la complejidad de las metr�polis produciendo desigualdades en m�ltiples escalas. 
El trabajo hace parte de una investigaci�n sobre pol�ticas p�blicas de h�bitat desde enfoques emergentes. En instancias anteriores abordamos las construcciones de g�nero en los discursos y pr�cticas de las pol�ticas sociohabitacionales implementadas en Tucum�n en el per�odo 2004-2008 (Czytajlo, 2012, 2013). Entre el 2007 y 2015 se sucedieron en Argentina una serie de cambios institucionales, legislativos y jur�dicos con el objetivo de ampliar derechos e igualdad social y de g�nero, que se recuperan como base para pensar los desaf�os en las agendas de equidad en un contexto de giro hacia un modelo neoliberal.
Desde la perspectiva disciplinar del urbanismo, el siglo XXI nos encuentra con problem�ticas y desaf�os planteados a nivel global en torno a la inclusi�n en las ciudades. Instancias de investigaci�n y procesos de reflexi�n colectiva sobre metr�polis latinoamericanas evidencian en el per�odo 2005- 2015, din�micas similares vinculadas a expansi�n metropolitana, desigualdad y vulnerabilidad.
Ambas l�neas de investigaci�n, la que vincula pol�ticas y g�nero y la que relaciona agenda metropolitana y derechos dialogan en este art�culo. Algunos interrogantes que gu�an el trabajo se refieren a: �Qu� implica pensar hoy y en nuestro contexto, en ciudades m�s inclusivas y democr�ticas?�Cu�les son los avances y desaf�os de las pol�ticas p�blicas desarrolladas en la �ltima d�cada?�Qu� desigualdades de g�nero confluyen en los espacios metropolitanos?�Qu� respuestas demanda la agenda urbana?
Este escrito presenta algunas reflexiones en torno a c�mo se expresan las desigualdades de g�nero en el espacio metropolitano de Tucum�n y en el plano de las respuestas, los desaf�os de la agenda urbana y metropolitana^[1] respecto de la incorporaci�n de los derechos humanos y la igualdad de g�nero.

Palabras clave: h�bitat - g�nero - pol�tica urbana

Abstract

This study about inequality(s) occupies a relevant space in therecentacademic contributions from looks that suppose to privilege generally omitted categories, overcoming a traditional area that prioritizes income inequalities. The urban space is also analyzed in the (re) production of the social inequality in the Latin-American cities (Segura, 2014). The predominance of the inequality in the center-periphery scheme of metropolitan structure reinforces the model of city that does not manage to conquer the invisible barriers placed daily in the life of the population (Caldeira, 2000). Such barriers are re-measured from the complexity of the metropolis producing inequalities on multiple scales.
This work is part of an investigation on public policies of habitat from emergent approaches. In previous instances we approach gender constructions in the speeches and practices of the habitat policies implemented in Tucum�n in the 2004-2008. Between 2007 and 2015 a series of institutional, legislative and legal changes took place in Argentina with the aim expandingrights and social and gender equality. These must be considered to think today challenges in the equity agendas.
From the disciplinary perspective of urbanism, the 21st century finds us with problems and challenges raised global level regarding inclusion in cities. From research instances and collective reflection processes on Latin American metropolises, similar dynamics linked to metropolitan expansion, inequality and vulnerability are evident in the 2005-2015 period.
Both lines research, the one that links politics and gender and the one related to the metropolitan agenda and rights, dialogue in this article. Some questions that guide the work refer to: what implies thinking today and in our context, in more inclusive and democratic cities? Which are the advances and challenges of the public policies developed in the last decade? What gender inequalities come together in metropolitan spaces? What answers does the urban agenda demand? This paper presents some reflections on how gender inequalities are expressed in the metropolitan area of ​​Tucum�n and on the level of responses, the challenges of the urban and metropolitan agenda regarding the incorporation of human rights and gender equality.

Keys words: habitat - gender - urban politics

Introducci�n

El escrito que se presenta, hace parte de una l�nea de investigaci�n sobre pol�ticas p�blicas de h�bitat desde enfoques emergentes^[2]. Trabajos anteriores dan cuenta de los aportes del g�nero como categor�a anal�tica en el abordaje de la cuesti�n habitacional - asociada a las condiciones materiales: infraestructura social b�sica, condiciones de vivienda, necesidades b�sicas insatisfechas- para visibilizar desigualdades, cuando se analizan las caracter�sticas de los hogares, variables desagregadas por g�nero, oferta de equipamientos y servicios. La casu�stica en el espacio metropolitano de Tucum�n nos permite reflexionar sobre las m�ltiples formas de exclusi�n (no solo material, sino tambi�n subjetiva y simb�lica) que se expresan en el territorio. Se presentan para ello algunos indicadores^[3] que evidencian tendencias, avances y rupturas. 

Durante el per�odo 2003 a 2015, Argentina implementa un modelo de desarrollo basado en la recuperaci�n del mercado interno, la industria y la ampliaci�n de las pol�ticas sociales, con el objetivo de una mayor redistribuci�n (Fal� et. al, 2015). Diversos trabajos dan cuenta de los alcances de estas pol�ticas en el campo habitacional (Rodulfo, 2015) y en la construcci�n del espacio urbano (Segura, 2014).

A su parte, con la contribuci�n del movimiento feminista, de los gobiernos y los organismos internacionales, se avanza en la construcci�n de una perspectiva de an�lisis propositiva centrada en la titularidad de derechos y la autonom�a de las mujeres como base para la igualdad de g�nero y el desarrollo sostenible (ILPES-CEPAL, 2016). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 5^[4] y ODS 11^[5], representan al menos una renovada oportunidad de permear la agenda p�blica de una manera transversal^[6].

Otras agendas regionales, enfatizan esta sinergia. La Estrategia de Montevideo (documento surgido de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de Am�rica Latina y el Caribe)^[7] incluye acuerdos sobre los instrumentos y medios para avanzar hacia la garant�a efectiva de esos derechos y la autonom�a bajo los principios de igualdad y no discriminaci�n^[8].

Estudios a nivel regional latinoamericano se refieren a la disminuci�n de las desigualdades (CEPAL, 2015; 2016)^[9]con avances importantes en relaci�n a la disminuci�n significativa de la pobreza, la indigencia y la vulnerabilidad^[10].La desigualdad social representa un rasgo estructural y por tanto un desaf�o fundamental para Am�rica Latina y demanda innovadores marcos conceptuales, anal�ticos e interpretativos.

La evoluci�n del �ndice de Desarrollo en G�nero muestra un crecimiento significativo a partir del 2006 en el pa�s (0,810 frente a 0,781 en 1996) y en la provincia (0,787 frente a 0,756 en 1996), registra para el 2016 un leve ascenso respecto de 2011 en el pa�s (0,841) y una baja para Tucum�n (0,829).

El g�nero se sit�a como categor�a �til para evidenciar desigualdades en tanto construcci�n social, hist�rica, cultural, simb�lica y forma en que la sociedad organiza las relaciones de poder. Dora Barrancos (2017) se refiere a las desigualdades de g�nero como desigualdades hist�ricas y aunque reconoce los importantes avances en materia de igualdad y equidad de g�nero, resalta la importancia de la revisi�n hist�rica para comprender el presente y preguntarse por el futuro, sobre los obst�culos y desaf�os de la incorporaci�n de la perspectiva de g�nero en las pol�ticas, s�ntoma de la estructura patriarcal que nos atraviesa.

El an�lisis de las pol�ticas p�blicas como campo de problemas permite explicitar discursos, mecanismos y tecnolog�as relacionados al papel del Estado en la modelaci�n de las relaciones de g�nero. En Tucum�n a inicios del siglo, las orientaciones de las pol�ticas p�blicas enfatizaban formas tradicionales de organizaci�n familiar proclives a la preservaci�n y afianzamiento del perfil familiar, maternal, reproductivo de la mujer y gestora de la cotidianeidad; en desmedro de reequilibrios en las relaciones de g�nero y mayor autonom�a como sujeto independiente de los roles familiares (Czytajlo, 2013).

El espacio es producido social e hist�ricamente y, como tal, es objeto a ser indagado en el marco de los procesos sociales que lo involucran.

La escala metropolitana emerge como entidad protagonista de las din�micas del presente (expansi�n metropolitana, producci�n del espacio residencial, dificultades de acceso al suelo y a la vivienda), a la vez que requiere de una actualizaci�n anal�tica y plantea la necesidad de instrumentalizar el enfoque de derechos en las pol�ticas urbanas, desde una visi�n prospectiva.

Para ello, se recuperan las reflexiones en torno a las din�micas metropolitanas identificadas en el Sistema Metropolitano de Tucum�n, y sintetiza algunos aspectos abordados en el debate sobre C�rdoba y Curitiba desde una perspectiva comparada^[11].

Pol�ticas p�blicas, h�bitat y g�nero

Los procesos pol�ticos se asumen como procesos complejos donde se ponen de manifiesto diversas relaciones entre actores (Andreanacci, 2005) y como entramado de relaciones de fuerza donde los intereses de dominio y las luchas sociales construyen sujetos, ya sea reforzando derechos, reproduciendo o creando nuevas desigualdades.

El inicio del siglo XXI nos encuentra en una fase de urbanizaci�n vinculada a la financiarizaci�n del mercado inmobiliario, que transforma la vivienda, en uno de los sectores m�s poderosos de expansi�n del capital (Rolnik, 2016). Asimismo, aparece tambi�n como escenario de recuperaci�n de los reg�menes democr�ticos y el fortalecimiento de movimientos sociales que genera las condiciones para que distintos actores planteen sus demandas (Guzm�n, Monta�o, 2012).

En la �ltima d�cada, Am�rica Latina asiste a un contexto de resignificaci�n del rol del Estado. Diversos autores se refieren a la postura activa en diversas pol�ticas y en especial en las infraestructuras econ�mica y social^[12]. Por otra parte, la agenda de derechos humanos y de igualdad de g�nero se consolida a nivel internacional y encuentra en un contexto nacional y regional particular, la posibilidad de transformarse en agenda gubernamental y legislativa^[13].

En el plano nacional, desde el 2004, el Estado busca el reaseguro del sostenimiento de una estrategia de articulaci�n virtuosa entre obra p�blica, movilizaci�n de actividad econ�mica y salarios indirectos que sostengan la demanda efectiva mediante el consumo de bienes semi durables. Sumado a ello, algunas transformaciones como la asignaci�n universal por hijo (AUH), disminuyen los �ndices de indigencia e implican una redistribuci�n progresiva del ingreso.

Junto con la recentralizaci�n del poder del Estado y en consonancia con los objetivos de los niveles pol�ticos, se identifican incipientes iniciativas que buscan modificar la cadena de factores relacionadas con la din�mica urbana y el mercado de suelo^[14]. Sin embargo, y aunque ellas son a�n minoritarias con escasos instrumentos para promover el acceso equitativo al suelo urbano (Di Virgilio, 2012 en Silva, et.al., 2016, Segura, 2014), las discusiones en torno a la equidad territorial sit�an en la agenda legislativa temas como la funci�n social de la propiedad y la recuperaci�n de la plusval�a^[15].

En el modelo de desarrollo implementado en Argentina, la creaci�n de institucionalidad ha sido coherente con el papel del Estado en el desarrollo de una pol�tica integral de vivienda y mejoramiento del h�bitat, orientada a lograr paulatinamente la realizaci�n del derecho consagrado en la Constituci�n Nacional a una vivienda digna y condiciones de habitabilidad adecuados para todos los habitantes. En el per�odo 2003- 2015 hubo un incremento de la producci�n habitacional, logrado por la diferenciaci�n masiva de satisfactores -viviendas nuevas y mejoramientos habitacionales- y la diversificaci�n program�tica^[16]. Las obras se distribuyeron en el territorio nacional en acuerdo con el Consejo Federal de la Vivienda con participaci�n provincial, en el marco del Plan Estrat�gico Territorial^[17].

Seg�n Rodulfo (2015) la Pol�tica Federal de Vivienda, contribuy� a la reactivaci�n econ�mica y a la inclusi�n en el mercado de trabajo y, consecuentemente, al crecimiento de las oportunidades de acceso a los satisfactores habitacionales. Sin embargo, interpela sus resultados en la reducci�n de desigualdades, con bajo impacto de su rol redistribuidor en la construcci�n de un desarrollo equitativo. Tambi�n destaca que la sostenida din�mica incremental de la inversi�n y la producci�n p�blica dieron lugar a metas sociales de satisfacci�n, cuantitativamente crecientes, impulsadas por la diferenciaci�n de productos habitacionales -viviendas nuevas y mejoramientos habitacionales- y la inclusi�n de nuevos programas y fuentes de recursos. A su parte, otros programas sociales introducidos ofrecieron interesantes avances en la mayor aproximaci�n a situaciones sociales cr�ticas, al incorporar pr�cticas de gesti�n potencialmente replicables a mayor escala^[18] (Ib�d., 2015).

El g�nero, como construcci�n discursiva, se despliega tambi�n en el orden social, legislativo, institucional y material y se constituye en herramienta de transformaci�n pol�tica, por ello resulta especialmente importante presentar tambi�n a algunos procesos desarrollados en ese sentido. Este "orden de g�nero" se evidencia tambi�n en la estructura organizativa y trama institucional (secretar�as-oficinas) y normativa (discursos, acciones) en torno a organismos que funcionan en distintos niveles (objetivos, programas). En Argentina un contexto de "transiciones", a partir de nuevas legislaciones, cambios jur�dicos y culturales en lo relativo a derechos e igualdad social y de g�nero, hace parte de un escenario din�mico con el reconocimiento de sujetos de derechos. Son algunas de ellas, las leyes de protecci�n integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los �mbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (N� 26.485 /2009), de Matrimonio Igualitario (N� 26.618 / 2010), Ley de Identidad de G�nero (N� 26.743 /2012), as� como algunas estrategias referidas al registro de datos censales, como el registro de parejas convivientes del mismo sexo (INDEC, Censo 2010).

El enfoque de equidad no desplaza al de bienestar o asistencial, pero incorpora la importancia del rol productivo de las mujeres y abre la perspectiva a la igualdad de oportunidades en las relaciones entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, enfatizando la independencia econ�mica de las mujeres como sin�nimo de igualdad.

En este sentido cabe mencionar las medidas orientadas a la universalizaci�n como la Asignaci�n Universal por Hijo, que redundan especialmente en la condici�n de las mujeres. De las m�s de 2.500.000 de personas que accedieron a la jubilaci�n, el 86% fueron mujeres, por lo que se conoci� la medida como "la jubilaci�n para amas de casa"^[19]. Programas como el Programa Ellas Hacen implementados a partir del 2013, implicaron revertir la l�gica, involucrando en capacitaciones no tradicionales al g�nero femenino.

Respecto a las estructuras e instituciones para promover la "igualdad de g�nero" y la "autonom�a de la mujer", se registran avances y retrocesos; a nivel Nacional suponen la creaci�n del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), ente descentralizado en jurisdicci�n del Ministerio de Desarrollo Social de la Naci�n, que reemplaza al Consejo Nacional de las Mujeres, primer organismo nacional establecido en 1992, que depend�a de la presidencia y ten�a participaci�n provincial. Mientras, en la provincia de Tucum�n, emerge con rango de Secretar�a de Estado, la Secretar�a de la Mujer, con la misi�n de coordinar, orientar y supervisar la ejecuci�n de pol�ticas p�blicas destinadas a la promoci�n, desarrollo y protecci�n de los Derechos de la Mujer^[20].

Los desaf�os de equidad e inclusi�n en el campo de las pol�ticas se ponen en el centro de la escena.

Desigualdades estructurales y emergentes

En el abordaje de los procesos de configuraci�n metropolitana, la producci�n de h�bitat, los sujetos y actores, el bienestar urbano, la equidad y la inclusi�n, se identifican como temas claves (LEM- DAMI, 2016).

El seguimiento de las pol�ticas y programas sociohabitacionales implementados, da cuenta de una mayor diversificaci�n -en Tucum�n aument� el porcentaje de las obras del Programa de mejoramiento de vivienda (PRO.ME.VI.) y de mejoramiento barrial (PRO.ME.BA)-, sin embargo, la producci�n de vivienda nueva con tipolog�a de vivienda unifamiliar en terreno propio fue la predominante. Por otra parte los recursos extrapresupuestarios de la ANSES (fondos de fideicomisos a ejecutar por las provincias) y la activaci�n de una esfera de acceso al financiamiento hipotecario que culminar�a en el Programa de Cr�dito Argentino PRO.CRE.AR, en Tucum�n con una d�bil reglamentaci�n de los instrumentos de regulaci�n de suelo urbano, propician una elevada oferta de terrenos perif�ricos y redundan en el aumento del consumo de suelo (LEM-DAMI, 2016).

Algunos impactos analizados en metr�polis latinoamericanas evidencian din�micas similares en torno a: i) periferizaci�n y segregaci�n residencial de la poblaci�n de baja renta; ii) inexistencia de una pol�tica urbana y articulada a escala metropolitana que dificulta la universalizaci�n del derecho equitativo a la ciudad; iii) falta de priorizaci�n de las metr�polis y los gobiernos municipales en el destino de los recursos (CZYTAJLO, et.al., 2016).

El esquema de estructuraci�n metropolitana refuerza el modelo de ciudad latinoamericana que no consigue vencer las barreras invisibles de la vida cotidiana de la poblaci�n. Se advierte la persistencia y consolidaci�n de una estructura urbana polarizada y segregada con periurbano difuso. Emerge una estructura polic�ntrica que presenta conflictos ambientales, p�rdida de atractividad del espacio p�blico y calidad y bolsones de pobreza (LEM- DAMI, 2016).

El an�lisis de indicadores de vulnerabilidad y desigualdad en el espacio metropolitano muestra que a�n en un escenario con pol�ticas activas, el conglomerado hace parte de un proceso donde la periferia urbana supone la acumulaci�n de desventajas econ�micas y sociales asociadas a asimetr�as de poder, de clase y tambi�n, de g�nero (Czytajlo, 2017).

Sin duda, la atenci�n de las condiciones materiales de la vivienda a partir de las pol�ticas p�blicas de h�bitat que puede advertirse en el per�odo intercensal (2001- 2010) contribuye al mejoramiento de las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres jefas de hogar (Czytajlo, 2013).

Ciertas variables manifiestan una mejora en las condiciones de equidad del espacio metropolitano (Czytajlo, 2017):

-          distribuci�n territorial del �ndice de Calidad de Materiales IV, variable que da cuenta de las viviendas con mayor grado de precariedad, consecuente con la inversi�n de la pol�tica p�blica de vivienda.

-          mejora en la cobertura de agua considerado un imperativo de la equidad.

-          el �ndice de Privaci�n Material de los hogares que permite una aproximaci�n que reconoce el car�cter estructural o coyuntural de las carencias (DPE, s/f)) disminuye en forma sustantiva.

Otras variables ponen en cuesti�n una preocupaci�n a largo plazo: una periferia metropolitana con altos porcentajes de jefas de hogar y de j�venes. Ello en consonancia con lo que se�ala el an�lisis del poblaci�n en proceso de envejecimiento, mientras que su estructura en la periferia muestra un predominio muy claro de poblaci�n joven. Puede advertirse el crecimiento de los porcentajes de las jefas de hogar j�venes en las �reas de principal crecimiento y expansi�n metropolitana en comunas rurales aleda�as (Czytajlo, 2013).

Todo ello requiere estrategias de atenci�n renovadas desde las pol�ticas p�blicas, pol�ticas relacionadas a la localizaci�n de servicios y equipamiento.� Asimismo, la tensi�n de localizaci�n de las jefas de hogar de m�s de 60 a�os implican desaf�os relacionados con la modificaci�n de los arreglos de convivencia familiar, el acceso a un ingreso estable a trav�s de pensiones y jubilaciones, los cambios del estado de salud, y la autonom�a f�sica e intelectual.

Cambios en los niveles de escolarizaci�n y participaci�n en el mercado de trabajo en las �ltimas d�cadas han reducido significativamente el modelo de proveedor �nico y masculino. Los roles asignados a hombre y a mujeres tambi�n inciden en las desigualdades. Por ello, analizar la distribuci�n de los hogares seg�n el sexo del jefe y la presencia de menores adquieren un significado para mirar la relaci�n entre g�nero y pobreza. Las tareas del hogar y aquellas vinculadas al cuidado siguen siendo atendidas predominantemente por las mujeres e inciden como restricciones en el mercado laboral. Estas cuestiones se conectan, a su vez, con el acceso a los servicios y a la vivienda, influyendo en el acceso a la ciudad.

La vulnerabilidad se incrementa en el caso de las mujeres de grupos sociales con menor poder social porque persisten mayores responsabilidades en el hogar -cuidado y tareas cotidianas- que condicionan su posibilidad de tener acceso a la propiedad y a una vivienda con buenas condiciones, al mercado laboral y a los ingresos (acceso a los recursos), as� como su acceso a la ciudad.

La dependencia econ�mica constituye un factor limitante de las oportunidades laborales de las mujeres. En este sentido, la distribuci�n del �ndice de dependencia potencial (porcentajes de poblaci�n entre los 0 y los 14 a�os), que evidencia los mayores porcentajes en la periferia del municipio polo y en la mayor�a de las administraciones linderas, coincide con los sectores de mayores privaciones.

Figura.� Distribuci�n territorial de la poblaci�n de 0 a 14 a�os 2001 (GSMT) y 2010 (SiMeT)

Fuente: elaboraci�n propia con base Czytajlo, 2013 y a datos de Base de Datos REDATAM-INDEC (2010).

El estudio de las desigualdades de tiempo tiene algunos antecedentes en las estad�sticas regionales. En Am�rica Latina el tiempo dedicado al trabajo no remunerado por parte de las mujeres se incrementa de forma pronunciada entre los 25 y los 45 a�os, mientras que el tiempo que los hombres dedican a estas actividades es mucho menor y presenta menos variaciones a lo largo del ciclo de vida. La carga del trabajo no remunerado tiene un sesgo de g�nero marcado y la brecha es mayor durante las etapas en las que es m�s probable la presencia de menores de edad dependientes. As�, la participaci�n masculina reducida en esas actividades y la ausencia de sistemas asequibles de cuidado tienen como contrapartida menores posibilidades para que las mujeres puedan acceder a un trabajo remunerado, en particular en la etapa adulta (CEPAL, 2015).

Seg�n la Encuesta sobre trabajo remunerado y uso del tiempo desarrollada por INDEC (2014), como m�dulo de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) durante el tercer trimestre de 2013, el total nacional urbano de la tasa de participaci�n femenina en el trabajo remunerado ronda en un porcentaje de 88,9 y el tiempo promedio dedicado por las mujeres al mismo es de 6,4 horas. En la provincia de Tucum�n el porcentaje es mayor: 93,4% y el promedio es de 7,3 horas. Las exploraciones sobre el uso del tiempo en el caso metropolitano se�alan valores similares. El tiempo promedio de las mujeres en quehaceres dom�sticos es de 3,69 (4,1 para la provincia de Tucum�n), las horas dedicadas al apoyo escolar es de 1,88 y al cuidado de personas es de 7,5. Cabe se�alar que ello se produce en un contexto en el que el tiempo promedio de las mujeres en el trabajo remunerado alcanza las 8 horas.

Figura. Gr�fico que representa la proporci�n de tiempo de dicado por las mujeres sobre un m�dulo de 12 hs seg�n actividad.

Fuente: Czytajlo, N. p/ Observatorio de Fen�menos Urbanos y Territoriales (2017) Encuesta Exploratoria Uso del Tiempo

El an�lisis de las pol�ticas p�blicas sociales y habitacionales implementadas entre 2008-2015 a la luz de la literatura feminista referida a las necesidades pr�cticas e intereses estrat�gicos^[21], evidencia avances en relaci�n a las primeras. Ello, en tanto los principales impactos de las pol�ticas responden a las necesidades inmediatas de las mujeres, a menudo vinculadas con las carencias e insuficiencias de servicios y bienes materiales b�sicos, que sufren las familias, los ni�os, las comunidades. Las respuestas son formuladas a partir de las condiciones concretas que viven las mujeres en el terreno dom�stico y se dirigen a la supervivencia humana, sin cuestionar necesariamente la subordinaci�n ni la inequidad de g�nero.

Sin embargo, las modificaciones en la agenda legislativa y el movimiento feminista instalan en la agenda p�blica lo referido a intereses estrat�gicos[22].

Por otra parte, el proceso desigual de ocupaci�n urbana refleja una centralizaci�n de equipamientos y servicios p�blicos junto a periferias desprovistas, que redunda en una apropiaci�n diferencial de la poblaci�n de tales elementos. La expansi�n bajo la modalidad de urbanizaciones cerradas de los sectores de ingresos medios y altos, grandes extensiones del territorio quedan desconectadas de las �reas centrales, por la dificultad de atravesamiento que los emprendimientos privados comportan. Asimismo, este tipo de expansi�n, requiere de inversiones p�blicas de readecuaci�n, ampliaci�n y mantenimiento de la red vial, a cargo de los gobiernos provinciales y/o municipales, recargando sus gastos en detrimento a la atenci�n de otros sectores sociales que requieren una mayor acci�n del estado.

Estas demandas se dan en espacios donde los patrones de crecimiento extienden la superficie urbanizada y recargan los costos en los gobiernos locales, en el sistema vial, por la mayor demanda en la red, en la extensi�n de las redes de infraestructura, en la cobertura de transporte p�blico. La calidad de vida de la poblaci�n que reside en las �reas de la periferia se ve resentida y los gobiernos locales quedan deslegitimados ante la dificultad de cubrir las necesidades diferenciales.

Desaf�os y oportunidades de incorporar la perspectiva de g�nero en la agenda urbana

La planificaci�n de las intervenciones en la ciudad implica una concepci�n de la vida cotidiana que responde, por lo general, a la divisi�n sexual del trabajo y se dicotomiza en espacios p�blicos y privados, productivos y reproductivos, ligados al trabajo y a la familia, e hist�ricamente adjudicados al g�nero masculino y femenino respectivamente. A ello se yuxtaponen visiones esencialistas que atribuyen a las mujeres caracter�sticas que las ponen en situaci�n de inferioridad y estereotipos que la diluyen como sujeto social en el concepto de familia: a trav�s formas de delimitaci�n casa-calle, el dise�o de espacios verdes p�blicos masculinos, carencia de servicios y equipamientos que contribuyan a la interrelaci�n de las vidas comunitaria, familiar (Czytajlo, 2013).

La Nueva Agenda Urbana propone la creaci�n de mecanismos que promuevan la inclusi�n social y reduzcan las desigualdades. Cuenya (2016) menciona tres categor�as respecto a pol�ticas inclusivas:

a) distribuci�n de vivienda social y mixtura de usos;

b) articulaci�n de vivienda social con nuevos instrumentos de gesti�n urbana

c) urbanizaci�n de asentamientos informales.

La distribuci�n de la vivienda y la mixtura de usos aparece en el centro de las pol�ticas urbanas ya que remite a la relaci�n entre necesidades y localizaci�n de los satisfactores de �stas, a la relaci�n vivienda/ lugar de trabajo, acceso a servicios y equipamientos- de salud, educaci�n, recreaci�n en relaci�n a los roles asignados a los g�neros y expresados en el territorio.

En la concepci�n de nuestras ciudades se concibe a la vivienda (aunque en t�rminos de proceso) escindida de los dem�s componentes barriales y urbanos. Las �reas residenciales monofuncionales de baja densidad son el mejor ejemplo de esta concepci�n simplificada y sectorial del mundo. La materializaci�n de la divisi�n de espacios y tareas por g�nero es muy extrema, utilizando el imaginario del suburbio americano (Valdivia, et.al., 2010). Las dificultades de acceso y los altos costos de los servicios y del transporte, a los que en muchos casos se suman altos �ndices de violencia y de percepci�n de inseguridad, agregan una carga desproporcionada a las personas responsables de cuidado, principalmente mujeres, pero tambi�n a aquellas personas que no se auto identifican dentro de las categor�as heteronormativas.

La discusi�n en torno a los instrumentos de gesti�n urbana est� planteada. Los lineamientos estrat�gicos para el �mbito metropolitano de Tucum�n (LEM DAMI, 2017) articulan un conjunto de programas y proyectos de actuaci�n con propuestas de instrumentos. El primer lineamiento se propone dejar establecida una serie de iniciativas p�blicas tendientes a orientar el crecimiento metropolitano a partir de dos grandes ejes de actuaci�n territorial. Uno, asociado a la necesidad de contener la expansi�n de la mancha urbana sobre el borde pedemontano en los municipios y comunas del oeste; el otro, relacionado con acondicionar el territorio en relaci�n a la infraestructura, normativa urbana y cargas fiscales, fundamentalmente en el arco este, para el crecimiento y la ocupaci�n del suelo en las pr�ximas d�cadas. El segundo lineamiento vinculado a la consolidaci�n de la estructura urbana, identifica una parte considerable de tierra ociosa que se explica tanto por la presencia de grandes parcelas de tierra fiscal como por tierra vacante que se encuentra en manos privadas, ya sea por especulaci�n inmobiliaria, abandono calificado o impedimentos para el desarrollo o la comercializaci�n del inmueble por problemas sucesorios. En tal sentido, el Estado municipal encuentra all� una oportunidad para desarrollar proyectos de urbanizaci�n tendientes a satisfacer una mayor equidad en la distribuci�n de oportunidades ambientales, habitacionales, de servicios.

La propuesta reconoce y adhiere a la movilizaci�n suelo ocioso en pos del principio b�sico del derecho urban�stico de "distribuci�n justa de costos y beneficios de la urbanizaci�n". En ese sentido, se requiere repensar un enfoque regional para la provisi�n de los servicios, que permita redistribuir los costos de las infraestructuras entre las �reas consolidadas y las �reas que presentan d�ficits. La conformaci�n de los bancos p�blicos de inmuebles asume una condici�n estrat�gica en el marco de las pol�ticas urbanas y habitacionales, tanto a nivel local como metropolitano, no solo porque permite poner en valor el conjunto de activos f�sicos de los inmuebles p�blicos de dominio privado, sino tambi�n porque facilita a) la concreci�n de las intervenciones urban�sticas, b) la recuperaci�n de la valorizaci�n del suelo que genera el Estado por la inversi�n en obra p�blica y su accionar normativo, c) la concreci�n de usos del suelo en localizaciones que la l�gica del mercado impedir�a, d) la generaci�n de reservas f�sicas o financieras de car�cter estrat�gico para el desarrollo urbano y e) la conformaci�n de un stock f�sico de inmuebles que permitir�a revertir la especulaci�n inmobiliaria (asociada a la demanda de suelo p�blico para usos sociales y ambientales) y posibilitar�a intervenir en los mercados de suelo para regulaci�n de los precios.

Los enfoques basados en el �nfasis en la regularizaci�n dominial y la tenencia son limitados si no se indaga en las desigualdades y en las condiciones de las mujeres. La "integraci�n urbana" es entendida tradicionalmente en t�rminos de la provisi�n de servicios de infraestructura b�sica y legalizaci�n de la tierra. La seguridad de la tenencia involucra derechos tales como: al disfrute de la ciudad y los poblados, a la seguridad tanto privada como colectiva, a la salud, a la educaci�n, al trabajo, a la recreaci�n y al resguardo del derecho a la vivienda y la tierra, que no se vinculan exclusivamente con la propiedad (Fal�, 2000 cit. Czytajlo, 2013).

Estas tres cuestiones hacen parte de lo que supone el modelo de ciudad inclusiva. El urbanismo feminista plantea ciertas cualidades urbanas (Ciocoletto, 2014):

●       Proximidad: ubicaci�n cercana en el espacio y el tiempo, conectividad peatonal libre de obst�culos de los espacios de relaci�n, equipamientos cotidianos, de forma que sea posible para todo tipo de personas efectuar las actividades cotidianas con recorridos que enlacen los diferentes usos.

●       Diversidad: mixtura social f�sica y funcional que permite la variedad de personas en funci�n del g�nero, sexo, edad, diversidad funcional, origen, cultura y condici�n social, entre otros factores. Los espacios que incorporan esta condici�n tienen en cuenta la variedad de experiencias y cotidianidades de las personas y la pluralidad de necesidades que derivan de ellas.

●       Autonom�a: las personas gozan de autonom�a cuando los espacios que ocupan son percibidos como seguros, generan confianza para ser utilizados sin restricciones de ning�n tipo y cuando las condiciones de accesibilidad son universales a los espacios del barrio y de la red cotidiana teniendo en cuenta las particularidades f�sicas.

●       Vitalidad: surge de la presencia simult�nea y continua de personas y de la densidad de actividades y usos en las calles, espacios de relaci�n y equipamientos que favorecen el encuentro, la socializaci�n y la ayuda mutua entre las personas.

●       Representatividad: se percibe reconocimiento y viabilidad real y simb�lica de toda la comunidad de modo que se valore la memoria, el patrimonio social y cultural con equidad y la participaci�n de las personas en las decisiones urbanas. La falta de visibilidad de las personas que han formado parte del pasado de la sociedad como las que forman parte de su presente en los espacios p�blicos del barrio, en especial las mujeres que han sido mayoritariamente invisibilizadas de la memoria hist�rica y cotidiana, impide construir una sociedad m�s igualitaria y justa

El mantenimiento de la vida cotidiana no se realiza s�lo en el espacio dom�stico interior de las viviendas, sino tambi�n en los lugares donde se llevan a cabo las distintas tareas vinculadas a la reproducci�n: la educaci�n, la salud, el deporte, el ocio, las compras, los recados y gestiones administrativas, etc. Algunos datos evidencian que la mayor�a de los movimientos de las personas se vinculan a trabajo y educaci�n. Entre las formas de movilidad, las mujeres en mayor porcentaje que los varones se mueven en colectivo y a pie (PTUMA, 2011).

La construcci�n del espacio urbano est� m�s orientada a mantener a las mujeres en los espacios destinados a los roles familiares que a promover su incorporaci�n a la sociedad en general. Las restricciones para el acceso y apropiaci�n (uso y control) de recursos (vivienda, trabajo, etc.) la planificaci�n y el dise�o de los espacios barriales, inciden obstaculizando y posibilitando oportunidades que var�an en funci�n de los roles y relaciones de g�nero, la monofuncionalidad y la zonificaci�n, las divisiones p�blico/privado.

En la periferia del aglomerado tucumano es notable la escasez de oferta p�blica y gratuita de instituciones de cuidado de la salud, de jardines de ni�os en edades preescolares; las condicionalidades de este y otros programas similares suponen la existencia de una infraestructura y de condiciones de acceso que no forman parte de la geograf�a social de la poblaci�n en situaci�n de pobreza. Los sistemas de salud, en especial los servicios incipientes de cuidado que existen en Am�rica Latina, deben considerar los efectos a largo plazo de las din�micas de cambio demogr�fico, sobre todo el proceso de envejecimiento de la poblaci�n, y reorientar su enfoque hacia la prevenci�n y atenci�n de enfermedades no transmisibles y cr�nicas.

La planificaci�n del tiempo y la coordinaci�n de las rutinas diarias seg�n Horelli (2008) a�n no figuran en las agendas de los pa�ses, porque �stos han invertido m�s en la infraestructura social y material de la vida cotidiana. Existen diferentes iniciativas basadas en los antecedentes de mujeres n�rdicas a favor de la conciliaci�n del trabajo y la vida familiar, inspiradas en los textos cr�ticos de Gortz (1980) y Lefebvre (1971), adem�s de las primeras feministas ut�picas y en las feministas materialistas estadounidenses tales como Hayden (1982) que pueden retomarse a la hora de pensar en c�mo operativizar la agenda de derechos en la ciudad. Emerge la necesidad de favorecer un mayor sentido de pertenencia, reducir la inseguridad, facilitar una estructura de servicios y equipamientos que permita una distribuci�n m�s equilibrada del trabajo dom�stico y de cuidado de ni�os y mayores, flexibilizando los dise�os y tipolog�as de las viviendas.

Conclusiones

Las nuevas l�gicas y tipolog�as del espacio construido revelan que nuevos agentes integran la producci�n del espacio metropolitano. Act�an a escala global, con nuevos intereses y estrategias, produciendo metr�polis donde las diferencias socio espaciales son m�s profundas y polarizadas. La valorizaci�n de la tierra de manera ampliada y difundida por toda la aglomeraci�n urbana, deriva de la racionalidad que conduce a la formaci�n social del precio de la tierra y explica la ampliaci�n de las desigualdades socio espaciales y las nuevas formas de segregaci�n residencial observada en las metr�polis latinoamericanas (Silva, 2016).

El an�lisis de las pol�ticas como campo de problemas en relaci�n a las din�micas intra metropolitanas evidencia algunas tensiones que, si bien, implican una mejora en las situaciones de privaci�n material, tambi�n denotan la sumatoria de desigualdades y asimetr�as para ciertos sectores y sujetos.

En este contexto, la primera parte enfatiza la relaci�n de las pol�ticas p�blicas y las necesidades pr�cticas e intereses estrat�gicos de g�nero. La estrategia gubernamental desarrollada en la �ltima d�cada, desde el enfoque de la pol�tica de vivienda como pol�tica social, implica un impacto positivo en la situaci�n de las mujeres en tanto se verifica una articulaci�n con otras pol�ticas p�blicas con tendencia a la universalizaci�n y discriminaci�n positiva.� Por otra parte, en el marco de las din�micas identificadas en las ciudades latinoamericanas, las discusiones sobre el rol del Estado y de las pol�ticas p�blicas para garantizar el goce efectivo de los derechos, los desaf�os de gesti�n urbana en los espacios metropolitanos como entidades desiguales y excluyentes, aparece como sustantiva. El neo urbanismo da prioridad a la regulaci�n sobre la administraci�n.

Respecto al an�lisis de las desigualdades, el enfoque de g�nero permite abordar aquellas que quedan diluidas en la consideraci�n de los procesos socioespaciales vinculados a la expansi�n metropolitana y la producci�n del espacio residencial enriqueciendo la discusi�n y dan algunas pistas sobre algunas que faciliten el acceso a la ciudad. �Qu� respuestas demanda la agenda urbana y metropolitana?

Los lineamientos y programas analizados para el caso tucumano (LEM, 2016), proveen algunas herramientas con potencial de inclusi�n que permiten operativizar los compromisos vinculados a las agendas nacional, regional e internacional. La discusi�n sobre ciudad extendida versus ciudad compacta pone en cuesti�n los desaf�os de equidad e inclusi�n en tanto se refiere al principio de proximidad. Quienes trabajamos en arquitectura y urbanismo, necesitamos un pensamiento y una pr�ctica de la proximidad, de lo peque�o. Una ciudad que perdure y mejore en el futuro es una que otorgue mayor sentido de pertenencia y posibilite una mayor diversidad. Ello en una sociedad hipertexto, compuesta de multipertenencias, movilidades y territorios sociales e individuales. La diversificaci�n de situaciones y necesidades hace necesaria una mayor variedad y una personalizaci�n de las soluciones. Pero para ello, dice Ascher, el neo urbanismo se apoya en una gesti�n m�s reflexiva, y requiere de m�s conocimientos, m�s experiencias y m�s democracia.

Bibliograf�a

ANDRENACCI, Luciano (comp.) (2005). Problemas de pol�tica social en la Argentina contempor�nea. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros.

ASCHER, Francois. (2001). Los nuevos principios del urbanismo. (Mar�a Hern�ndez D�az, Trad.) Madrid: Alianza Editorial).

CALDEIRA, T. P. R. Cidade de Muros: Crime, Segrega��o e Cidadaniaem S�o Paulo. 1. ed. S�o Paulo: Editora 34 e Edusp. v. 1. 399p., 2000.

CEPAL. (2016). La matriz de la desigualdad social en Am�rica Latina. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas. Recuperado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40668/S1600946_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y

CEPAL. (2015). Panorama del desarrollo territorial en Am�rica Latina y el Caribe, 2015. Pactos para la igualdad territorial. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas. Recuperado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39223/S1500808_es.pdf?sequence=1

CIOCOLETTO, Adriana (2014) Espacios para la vida cotidiana. Auditor�a de Calidad Urbana con perspectiva de G�nero.

CUENYA, Beatriz (2016) "La pol�tica urbana frente a la mercantilizaci�n y elitizaci�n de la ciudad: algunas reflexiones y referencias a la situaci�n argentina". En Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad. Vol. 21, N.� 21.

CZYTAJLO, Natalia (2013). Espacio, g�nero y pobreza. Discursos, pr�cticas y subjetividades. Pol�ticas sociohabitacionales en Tucum�n (2004-2008). CI[ur] Cuadernos de Investigaci�n Urban�stica, 6 (90): 1-87. Recuperado de: http://polired.upm.es/index.php/ciur/article/view/2098/2174

CZYTAJLO, Natalia; SILVA, Madianita; CASARES, Marta (2016) Pol�ticas habitacionales en las metr�polis de Tucum�n, Argentina y Curitiba, Brasil. Elementos para unabordaje comparado (2000 - 2010)". EnFIRKOWSKI, Olga et.al. (2016) Oportunidades e desafios da pesquisa comparada. Tucum�n, Argentina: Ed. Universidad Nacional de Tucum�n.

CZYTAJLO, Natalia (2017) Desigualdades socio-territoriales y de g�nero en espacios metropolitanos. En Bit�cora Urbano Territorial, Volumen 27, N�mero 3, p. 121-134, 2017. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/66484.

DAMI Lineamientos Estrat�gicos para la gesti�n territorial del �rea Metropolitana de Tucum�n. Ministerio del Interior, Obras P�blicas y Transporte. Unidad Ejecutora Central. Programa de Desarrollo de �reas Metropolitanas del Interior DAMI (BID 2499 OC AR). Gobierno de la provincia de Tucum�n. Ministerio de Econom�a. Unidad Ejecutora Provincial.� Unidad Ejecutora del Proyecto. Universidad Nacional de Tucum�n. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Observatorio de Fen�menos Urbanos y Territoriales.Disponible en: http://www.dami.uec.gov.ar/wp-content/uploads/2017/03/informe-final-lem-tucuman.pdf. Fecha de consulta 2018.

FAL�, Ana, et. al. (2015). "La pol�tica habitacional del Programa Federal de Construcci�n de Viviendas: su implementaci�n en la ciudad de C�rdoba". Revista Vivienda & Ciudad, 2: 72-77. Recuperado de: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/article/view/13194/13391

FAL�, A. (2016) "�Quo vadis nueva agenda urbana?: acerca del proceso y los contenidos". En Revista INVIHAB. UNC.

FAL�, A. (2014) "Inclusi�n y derecho a la ciudad. El ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres" en "Monogr�fico - Asociaci�n Internacional de Ciudades Educadoras". Otros autores: Xavier Bonal, SaskiaSassen, Lo�cWacquant, QuimBrugu�, Inti Bertocchi, Agust�n Estrada Ort�z, Moon Dong Shin, Em�dio Sousa. ISSN 2013-3634. Pp. 58-67. Barcelona, Espa�a. Noviembre 2014. 

FERN�NDEZ WAGNER, Ra�l (2015) El sistema de la vivienda p�blica en Argentina. Revisi�n desde la perspectiva de los reg�menes de vivienda. En Barreto, M. y lentini, M. (2015) Hacia una pol�tica integral de h�bitat. Ciudad Aut�noma de Buenos Aires, Argentina: Caf� de las Ciudades.

GUZM�N, Virginia; Monta�o, Sonia. (2012). Pol�ticas P�blicas e Institucionalidad de G�nero en Am�rica Latina. Santiago de Chile: CEPAL.

ILPES, CEPAL (2016) Manuales de la CEPAL N� 4 Territorio e igualdad: planificaci�n del desarrollo con perspectivas de g�nero. Santiago de Chile: CEPAL.

NACIONES UNIDAS. Nueva Agenda Urbana. 2016. (Consultado en abril 2018) En:www.habitat3.org

NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Consultado en abril 2018) En: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

MENDEZ, 2013

RODULFO, Mar�a Beatriz y BOSELLI, Teresa (2015) Pol�tica habitacional en Argentina y desigualdades territoriales. En Revista VIVIENDA & CIUDAD. Volumen 2: 30-41.

ROLNIK, Raquel (2015) Guerras dos lugares: a coloniza��o da terrana era das finan�as. S�o Paulo, Brasil: Boitempo.

SEGURA, Ramiro 2014: "El espacio urbano y la (re)producci�n de desigualdades sociales. Desacoples entre distribuci�n del ingreso y patrones de urbanizaci�n en ciudades latinoamericanas", desiguALdades.net WorkingPaper Series 65, Berlin: desiguALdades.net International Research Network onInterdependentInequalities in LatinAmerica

SILVA, Madianita; CZYTAJLO, Natalia; MONAYAR, Virginia (2016). Favelas e Villas: resili�ncias e inova��esna (re)produ��o das metr�poles de Curitiba, Tucum�n e C�rdoba. ENANPUR 2017.

VALDIVIA GUTI�RREZ, Blanca, CIOCOLETTO, ORTIZ ESCALANTE,Adriana (et.al.) Entornos habitables. Auditor�a de seguridad urbana con perspectiva de g�neroen la vivienda y el entorno. Col�lectiuPunt 6:Barcelona.

^[1] PICT 2016 / 2027.� Desaf�os metropolitanos de Tucum�n. Instrumentos para un nuevo programa urbano. ciudad- inclusi�n-derechos. Financiamiento: Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a- Agencia Nacional de Promoci�n Cient�fica Fondo para la Investigaci�n Cient�fica y Tecnol�gica (FONCyT). Periodo 2017-2020. Sede: Observatorio de Fen�menos Urbanos y Territoriales - C�tedra Urbanismo I - IPDU - FAU. UNT.

^[2] La l�nea de Investigaci�n CONICET (OFUT - FAU - UNT) avanza en relaci�n a tres ejes anal�ticos: a) estudio de los procesos contextuales sobre la situaci�n socio-habitacional con �nfasis en las persistentes desigualdades de g�nero; b) an�lisis de pol�ticas como construcciones institucionales; c) capacidad de gesti�n urbano/habitacional e iniciativas de inclusi�n.

^[3] En el Observatorio de Fen�menos Urbanos y Territoriales (OFUT), se analizan las din�micas metropolitanas y los procesos de desigualdad socio-territorial a la que se puede acceder desde la plataforma de Observatorio Metropolitano disponibilizada en www.observatoriofau.org.

^[4]ODS 5. Lograr la igualdad entre los g�neros y empoderar a todas las mujeres y ni�as.

^[5]ODS 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

^[6]En lo que respecta Tucum�n, ya en 2006 el gobierno hab�a suscrito a una serie de lineamientos internacionales respecto al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, reconociendo el aporte de an�lisis de indicadores desagregados por sexo para indagar en las desigualdades de g�nero. Sin embargo la tendencia ha sido el trabajo sectorial y no se han logrado respuestas trasnsversales. Actualmente el Portal de los Lineamientos Estrat�gicos para la provincia para el desarrollo, recoge los avances en relaci�n a los ODS: http://led.tucuman.gob.ar/

^[7]En 1975 la primera conferencia mundial en M�xico, en 2016 la (Guzm�n, Monta�o, 2012).

^[8]Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminaci�n, Derechos sexuales y reproductivos, Derechos econ�micos, sociales y culturales, Derechos civiles y pol�ticos, Derechos colectivos y medioambientales.

^[9]Para analizar las desigualdades sociales es necesario identificar tanto a quienes se les ha vulnerado el acceso a este nivel b�sico de bienestar, como la distribuci�n de activos, los medios y oportunidades, los ingresos, y el poder e influencia que inciden en estos resultados. En este sentido, la desigualdad hace referencia a las asimetr�as en la capacidad de apropiaci�n de los recursos y activos productivos (ingresos, bienes, servicios, entre otros) que constituyen o generan bienestar entre distintos grupos sociales (CEPAL, 2016)

^[10]Algunas cuestiones remiten a la reducci�n de la desigualdad del ingreso, las mejoras del mercado de trabajo, la disminuci�n del desempleo y de la informalidad, el aumento del salario m�nimo, los ingresos y la participaci�n laboral de las mujeres, los progresos en materia de salud (entre los que se destaca la disminuci�n de la mortalidad infantil) y de educaci�n (como los avances hacia la universalizaci�n de la educaci�n primaria, la ampliaci�n de la matr�cula y la conclusi�n de la educaci�n secundaria) (CEPAL, 2016)La pobreza a�n afecta a ciento sesenta y ocho millones de personas en Am�rica Latina, de los cuales, setenta millones est�n en situaci�n de indigencia (CEPAL, 2016). El riesgo de regresi�n y de incremento de ambos indicadores es un desaf�o constante.

^[11]Resultado de actividades desarrolladas en la modalidad de Di�logos Urbanos que coordin� oportunamente, junto a investigadoras de universidades argentinas y brasileras Actividad financiada: Proyecto Misiones VI N� 39-0282 (Financiamiento: Secretar�a de Pol�ticas Universitarias - SPU) (Res. 5276/15).

^[12]La CEPAL (2016) se refiere a este contexto pol�tico regional, de los primeros quince a�os de este siglo, caracterizado por la prioridad que los gobiernos nacionales de los pa�ses de la regi�n dieron a los objetivos de desarrollo social y a la promoci�n de pol�ticas activas en el �mbito social y del mercado de trabajo (de car�cter redistributivo e incluyente).

^[13] Fern�ndez Wagner (2016) se refiere a un cambio o reajuste de la matriz de desarrollo socio econ�mico, con una fuerte inversi�n en educaci�n e infraestructuras sociales, que tensa la pol�tica p�blica pues se centra el objetivo en la redistribuci�n del ingreso por medios indirectos y directos. Las pol�ticas econ�micas y sociales retoman elementos de pol�ticas p�blicas con un avance en t�rminos de reconocimiento de derechos (tendencia a la universalidad y reparaci�n de desventajas de individuos).

^[14]Se crea el Ministerio de Planificaci�n Federal, Inversi�n P�blica y Servicios (2007).

^[15] Entre los Anteproyectos de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo y Reforma del C�digo Civil. S e desarrolla tambi�n toda una literatura en torno al rol de la pol�tica urbana y herramientas de gesti�n frente al contexto de mercantilizaci�n de la vivienda y el suelo (Cuenya, 2016)

^[16]El Plan Federal de Construcci�n de Viviendas -PFCV- registr� la mayor cantidad de emprendimientos y de unidades producidas. Alcanz� una inversi�n de $ 40.363.297.476 Mill., mostrando una evoluci�n incremental que triplic� la base de distribuci�n del Sistema Federal de Vivienda con base en el FONAVI. Alcanz� en el per�odo 2003-2013 las 769.956 Soluciones Habitacionales terminadas (397.650 Viviendas nuevas y 372.306 Mejoramientos habitacionales), con un promedio cercano a las 62 mil SH/a�o, el m�s alto de la actuaci�n p�blica hasta la fecha. (Rodulfo, 2015).

^[17]Este Plan que comienza a gestarse con la Subsecretar�a de Planificaci�n Territorial de la Inversi�n P�blica constituida en el a�o 2004, mediante el decreto 1824, con la finalidad de implementar la Pol�tica Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, cuyo objetivo es construir un pa�s integrado, equilibrado, sustentable y socialmente justo a trav�s de la consolidaci�n de la planificaci�n territorial como pol�tica de Estado.

^[18]Entre las mismas se destaca la atenci�n de la emergencia laboral y la promoci�n del modo de producci�n cooperativa. Las asignaciones presupuestarias crecientes a estas iniciativas van desde un 34.2% (a�o 2008) al 52.7%(a�o 2012), constituyendo una ampliaci�n de las oportunidades de acceso de los grupos desfavorecidos.

^[19]En 2004, el entonces presidente N�stor Kirchner lanz� una moratoria previsional por la cual todas las personas que no tuvieran aportes (varones y mujeres) pod�an iniciar los tr�mites jubilatorios por situaciones laborales informales, cumpliendo con los requisitos de edad. El Sindicato de Amas de Casa de la Rep�blica Argentina (SACRA) fue otro de los organismos que avanz� con peso en el �ltimo tiempo. Su titular sostiene que las mujeres son quienes llevan adelante a las familias, cuidando los ni�os, los enfermos. Por cada hombre que sale a trabajar, hay una mujer que realiza las tareas del hogar para que ese hombre pueda dedicarse al trabajo. Incluso cuando la mujer es la que sale al mercado laboral, en lo general contrata a otra mujer que se encargue de las tareas dom�sticas. Ac� es donde se ve lo imprescindible de las labores dom�sticas, desde all� reconocidas.

^[20]Aunque avanza con una estructura gubernamental que busca transversalizar la perspectiva de g�nero y ha implicado una mayor jerarqu�a, a�n los dos espacios institucionales de la mujer, se encuentran en la esfera del Ministerio de Desarrollo Social (Secretar�a de la Mujer y Observatorio de la Mujer) El Observatorio de la Mujer, se concibe como un espacio intersectorial e interinstitucional que surge como una experiencia innovadora desde el Ministerio de Desarrollo Social con la creaci�n de la "Comisi�n Coordinadora de Acciones para la Mujer" formada por representantes de diferentes �reas gubernamentales: Educaci�n, Salud P�blica, Pol�ticas Sociales, Justicia, Desarrollo Productivo y Seguridad. De dicha comisi�n, a trav�s del Decreto N� 1446/05, depende el observatorio; dedicado al an�lisis, estudio de la realidad social de las mujeres; sus grupos de convivencia, prevenci�n en las �reas m�s significativas de la condici�n femenina. El Objetivo central es generar conocimiento y acopiar informaci�n a los fines de contribuir a la formulaci�n de pol�ticas, difusi�n de informaci�n, y elaboraci�n de herramientas apropiadas para el seguimiento e implementaci�n de aquellas; con una perspectiva de convergencia disciplinaria, cuyo eje transversal ser� el enfoque de g�nero.� Los programas con los que cuenta el Observatorio de la Mujer son: Prevenci�n de C�ncer de mama, Prevenci�n de C�ncer de Cuello Uterino, Control de enfermedades Cardiovasculares, Observatorio de Violencia Contra la Mujer.

^[21] El t�rmino Intereses de G�nero fue inicialmente desarrollado por MaxineMolyneux (1985), CarolineMoser (1991) y Kate Young (1997) trasladan dicha conceptualizaci�n a la planificaci�n de los procesos de desarrollo humano, llam�ndolas Necesidades Pr�cticas e Intereses Estrat�gicos de G�nero. Las necesidades estrat�gicas se derivan de las condiciones en las que viven las mujeres y responden a la percepci�n de una necesidad inmediata, generalmente asociada a las funciones de madre, esposa y responsable del bienestar familiar (las funciones con respecto al rol de g�nero vigente). Los intereses estrat�gicos derivan no de los esfuerzos de las mujeres por cumplir con sus obligaciones tradicionales, sino de su creciente toma de conciencia acerca de que las estructuras de dominio y privilegio masculino son imposiciones sociales y, por tanto, susceptibles al cambio". Ver en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/112

^[22] Cabe mencionar las marchas y movilizaciones a nivel nacional, del 8M por el d�a de la Mujer, Ni una menos, y las movilizaciones m�s recientes por el aborto legal.